CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BIBLIOTECA JUDICIAL "DR. RICARDO GALLARDO"


BIBLIOGRAFÍA DE TESIS

CLASIFICACION T
342
O59i
AÑO 1976.
INVENTARIO 4516 PAGINA(S) 239 h.
EJEMPLAR CM 27 cm.
AUTPPAL Orellana, Melvi Rigoberto CARRERA Optar al grado de Dr. en Jurisprudencia y Ciencias Sociales,
AUTOR(ES) Melvi Rigoberto Orellana TITULO Impugnación de planillas electorales : análisis jurídico-político
PAIS San Salvador, El Salv. UNIVERSIDAD Universidad de El Salvador.
FECHA 18/02/1998
DESCRIPTORES
1. DERECHO CONSTITUCIONAL I. Título
MATERIA DERECHO CONSTITUCIONAL
TÍTULO Impugnación de planillas electorales...
TOPOGRÁFICA Orellana, Melvi Rigoberto
CONTENIDO Requisitos para ser candidato, Análisis del marco constitucional de la ley electoral, Procedimientos y plazas para la incripción de planillas de candidatos, Causales de impugnación.


Texto
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales

Impugnación de Planillas Electorales:
Análisis Jurídico Político.

TESIS DOCTORAL

PRESENTADA POR:

MELVI RIGOBERTO ORELLANA

PARA OPTAR AL TITULO DE:
DOCTOR EN JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

OCTUBRE 1976

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTROAMÉRICA.

_____________________

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR


RECTOR EN FUNCIONES:
Dr. CARLOS ALFARO CASTILLO

SECRETARIO GENERAL.:
Dr. MANUEL ATILIO HASBUN

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES


DECANO: Dr. LUIS DOMÍNGUEZ PARADA
SECRETARIO: Dr. MAURO ALFREDO BERNAL SILVA.

TRIBUNAL EXAMINADOR DE PRIVADOS

Presidente: Dr. Rodolfo Mauricio Alvergue
Primer Vocal: Dr. José Salvador Soto
Segundo Vocal: Dr. Luis Alfonso Salazar
MATERIAS PROCESALES Y LEYES ADMINISTRATIVAS

Presidente: Dr. Rodolfo Antonio Gómez
Primer Vocal: Dr. Francisco Callejas Pérez
Segundo Vocal: Dr. José Luis Ayala García
MATERIAS CIVILES, PENALES Y MERCANTILES

Presidente: Dr. José Ernesto Criollo
Primer Vocal: Dr. Juan Portillo Hidalgo
Segundo Vocal: Dr. José Roberto Ayala
TRIBUNAL CALIFICADOR DE TESIS

Dr. Pablo Mauricio Alvergue
Dr. Alfredo del Tránsito Monje Menjivar
Dr. Carlos Rodolfo Meyer García
ASESOR DE TESIS

LIC. RUBEN IGNACIO ZAMORA RIVAS.
__________________________


A MI MADRE:
María Isaura Orellana de Carranza.
________________________


ÍNDICE


INTRODUCCIÓN

CAPITULO I
REQUISITOS PARA SER CANDIDATO A PRESIDENTE, DIPUTADO Y MIEMBRO DEL CONSEJO MUNICIPAL.

1. REQUISITOS PARA SER CANDIDATO
1.1. Requisitos positivos
1.2. Requisitos negativos

2. ANÁLISIS DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y DE LA LEY ELECTORAL
2.1. Nacionalidad y Ciudadanía
A. Nacionalidad
B. Ciudadanía
2.2. La Edad
2.3. La profesión
A. Estado Seglar
B. Los Militares
2.4. Por razón de cargo o de las funciones Públicas.
2.5. Incompatibilidad de Intereses
2.6. La Vecindad y el Origen
2.7. Idoneidad Intelectual y Moral
2.8. Requisitos Varios.

3. PRUEBA DE LOS REQUISITOS, INTERPRETACIONES A SU FORMA
A. La Nacionalidad del Candidato
B. La ciudadanía
C. Que el candidato sabe leer y escribir
D. La Ciudadanía
3.2.1. Requisitos de Validez de la Cédula
3.3. Solvencia de Renta y Vialidad
3.4. Solvencias de Impuestos Municipales
3.5. Constancia de Corte de Cuentas de la República.
3.6. Prueba de la Identidad
3.7. Designación del candidato por el partido político Postulante.
3.8. Cualquier otro documento indispensable

NOTAS DEL CAPITULO

CAPITULO II
PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE PLANILLAS DE CANDIDATOS (MARCO DE LA LEY ELECTORAL)

1. PROCEDIMIENTOS
1.1. inscripción
1.2. Recursos
1.2.1. Recurso de Queja
1.2.2. Recurso de Revisión
1.2.3. Recurso de Apelación
1.3. Nulidades
1.3.1. Impugnación de Inscripción (nulidad de Inscripción)
1.3.2. Nulidad de elección

2. PLAZOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE PLANILLAS DE CANDIDATOS

3. CASOS Y ANÁLISIS POLÍTICO.
3.1. Reformas a los Procedimientos
3.1.1. A la inscripción
a) Presentación de solicitud de Inscripción
b) Resolución de la solicitud
3.2. Reformas a los plazos
3.3. Casos Especiales
1) Caso de falta de firmas de los candidatos en la solicitud de Inscripción
Conclusión
2) Presentación extemporánea de la solicitud
Conclusión

CAPITULO III
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICO POLÍTICO DE LA IMPUGNACIÓN DE LAS PLANILLAS ELECTORALES

1. Derecho Público y Derecho Privado.

2. La Institución de la Nulidad de Inscripción

3. Nulidad por quebrantamiento de las formas en el procedimiento

4. Nulidad por error de fondo

5. Fundamento de la Nulidad de la Inscripción de las planillas electorales

NOTAS DEL CAPITULO

CAPITULO IV
ANÁLISIS JURÍDICO POLÍTICO DE LAS CAUSALES DE IMPUGNACIÓN

1. ANÁLISIS JURÍDICO POLÍTICO DE LAS CAUSALES DE IMPUGNACIÓN DE QUE SE HA HECHO MAS USO

2. CAUSALES DE IMPUGNACIÓN DE QUE MAS USO SE HA HECHO
2.1. Por ser Militar de Alta
2.2. Por falta de identidad
2.3. Por defectos legales de la Partida de Nacimiento

a) Que la certificación de la partida de nacimiento no reúne los requisitos de l
b) Que la Partida de Nacimiento no compruebe el estado civil del candidato
c) Haber sido asentada la partida en año que no corresponde al del nacimiento

CONCLUSIÓN

2. ANÁLISIS JURÍDICO POLÍTICO DE LAS IMPUGNACIONES DE MAYOR TRASCENDENCIA POLÍTICA.

A. IMPUGNACIÓN DE PLANILLAS DE CONCEJOS MUNICIPALES
1. Nulidad porque los candidatos son funcionarios que ejercen la jurisdicción
Análisis de Impugnación.

2. Nulidad porque entre los candidatos existe parentesco en grado prohibido por la ley electoral para integrar una planilla.

3. Nulidad porque el candidato no tiene la nacionalidad salvadoreña.

4. Nulidad por existir contradicción entre la Partida de Nacimiento y la Cédula de Identidad Personal sobre el lugar de nacimiento de el candidato.

B. IMPUGNACIÓN DE PLANILLAS DE DIPUTADOS

1. Nulidad por no ser candidato originario o vecino del departamento por el que se postula

2. Nulidad por existir contradicción en cuanto al lugar de nacimiento entre la Partida de Nacimiento y la Cédula de Identidad Personal.

3. Nulidad por ser el candidato contratista de obras públicas que se costea con fondos del municipio

NOTAS DEL CAPITULO IV

CAPITULO V

CONCLUSIONES

NOTAS DEL CAPITULO V
______________________


INTRODUCCIÓN


Dentro de las reglas del juego establecidas por la Ley Electoral vigente en El Salvador, sobre todo en las ultimas tres elecciones de Diputados y Consejos Municipales ha hecho su aparición una institución que incide decisivamente en los resultados electorales, la llamada impugnación de las planillas electorales para solicitar la nulidad de la inscripción de los candidatos. La presente tesis constituye un primer acercamiento al estudio de dicha modalidad política.

Para plasmar en las paginas del presente trabajo la situación política que se ha derivado de la interpretación jurídico política que se ha dado a las regulaciones establecidas por la Ley Electoral en materia de inscripción de candidatos y sus recursos, insistentemente he tenido que recurrir a los ejemplos que ha planteado la lucha política por los cargos de elección popular y la solución, interpretación y uso que se le ha dado al Derecho Político Salvadoreño para resolver de acuerdo a determinados intereses y objetivos políticos las situaciones que se han presentado. Esto indiscutiblemente ha dado un matiz casuístico a la presente tesis, situación por demás difícil de evitar, en el intento de esquematizar la enmarañada situación que se ha derivado del uso inmoderado de la nulidad de la inscripción de candidatos, como medio de definir las elecciones sin contar con el voto popular.

El esfuerzo que aquí he realizado para analizar un segmento de la realidad política del país, probablemente a momentos tomará el apasionamiento que suelen tener los hechos vividos por las personas, que en el presente caso se resumen a diez años de militancia en el partido Demócrata Cristiano. Sin embargo, considero que la valoración efectuada ha logrado ser lo mas imparcial posible, hasta donde lo permite una concepción democrática y pluralista de la sociedad, frente a hechos que son su negación.

No ha sido posible realizar un análisis mas exacto de los fenómenos que trata esta tesis, debido no solo a limitaciones personales, sino también a que se ha obstaculizado el acceso a los registros electorales que lleva el Consejo Central de Elecciones; a pesar de que tal consulta es un derecho establecido por la Ley Electoral a favor de los ciudadanos y que reiteradamente lo solicité en forma verbal y por escrito, se me respondió negativamente, usando excusas que van desde que no podía permitirse tal consulta debido, según palabras del Presidente del organismo electoral, a no existir un registro adecuado, pasando por decirme que era necesario realizar una consulta previa para dar la autorización hasta que finalmente, el CCE se limitó a guardar silencio. En definitiva no se tuvo acceso a los registros, los que no existen o si existen desordenadamente, malo para la máxima autoridad en materia electoral encargad por la ley de llevarlos. Si a esta circunstancia agregamos el hecho de no permitir el acceso a los registros que por la ley son públicos, lo menos que se puede decir es que se está actuando contra la ley. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la única publicación hecha por el Consejo Central de Elecciones(CCE), acerca de sus resoluciones fue editada en 1968 por los miembros que en marzo de ese año finalizaron sus funciones; esta publicación solamente se refiere a resoluciones dadas por el CCE en las elecciones de 1966, hace 10 años y no así a las de 1968.

A pesar de todas estas limitaciones, alguna información se logró recopilar, recurriendo sobre todo a los partidos de oposición y a los candidatos que se vieron involucrados en los acontecimientos , quienes en no pocos casos también tuvieron dificultades en facilitar alguna información, sobre todo lo más de las veces por haberse destruido en los acontecimientos del fallido golpe de Estado del 25 de marzo de 1972.

Valioso auxiliar en la recopilación de información ha sido la Prensa Nacional, desgraciadamente a partir de 1970, se evidencia la tendencia a no dar importancia a la noticia política y poco a poco, las pulgadas dedicadas a estos reportajes han sido cada vez menores, circunscribiéndose cada vez mas las noticias, en lo que a la anulación de planillas se refiere, a los campos pagados en los partidos.

Esta tesis consta de cinco capítulos, el primero que se refiere a los requisitos de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular, tiene como objeto presentar una visión global de los mismos como han sido interpretados por los organismos electorales. Establecido este panorama, se podrá constatar con el que se ha dado en la impugnaciones electorales, de las cuales presento en el Capítulo IV las que con mayor regularidad han sido usadas y las que mayor impacto político han tenido. Además, en los Capítulos II y III, me he referido a aspectos importantes para la comprensión de las nulidades electorales referentes a la inscripción de candidatos, ellos son una breve presentación en el Capítulo III me refiero a la fundamentación de las nulidades, tanto desde el punto de vista jurídico como del político, puntos de vista que también se han tenido en cuenta en los demás capítulos de la tesis.

Soy consciente de que la presente tesis tiene grandes limitaciones, comenzando porque presenta solo una parte del proceso electoral, siendo necesario aclarar que no radica su naturaleza en ser un ataque en contra del régimen o del Concejo Central de Elecciones, sino en tratar de presentar la realidad de El Salvador en la dimensión jurídica del proceso electoral, la que a su vez es una consecuencia de las diferentes facetas que presenta la estructura jurídica en nuestro país, tiene como objetivo crear la conciencia necesaria para dar paso a una verdadera democracia representativa y a un Estado de Derecho.

Las aceptaciones de las abreviaturas usadas son:

Concejo Central de Elecciones CCE; Junta Departamental, JED; Junta Electoral Municipal, JEM; Junta Receptora de Votos JRV; Partido Demócrata Cristiano, PDC; Partido de Conciliación Nacional, PCN; Partido Revolucionario de Evolución Nacional, PREN; Partido Acción Renovadora, Par; Partido Popular Salvadoreño; PPS; Frente Unido Democrático Independiente; FUDI; Movimiento Nacional Revolucionario; MNR; Unión Democrática Nacionalista; UDN; Unión Nacional Opositora; UNO (Coalición Electoral de MNR, UDN y PDC, en las elecciones presidenciales y de Diputados y Concejos Municipales efectuadas en 1972, 1974 y 1976); Código de Procedimientos Civiles, Prc, Código de Procedimientos Penales Pr.Pn., Ley Electoral L. E.; Código Civil C.; Constitución Política; Cn; y Código de Justicia Militar C. de J.M.
_____________________________

CAPITULO I


REQUISITOS PARA SER CANDIDATO A PRESIDENTE, DIPUTADO
Y MIEMBRO DEL CONSEJO MUNICIPAL.


1. REQUISITOS PARA SER CANDIDATOS.
1.1. Requisitos positivos
1.2. Requisitos negativos

2. ANÁLISIS DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y DE LA LEY ELECTORAL
2.1. Nacionalidad y Ciudadanía
2.2. La Edad
2.3. La profesión
2.4. Por razón de cargo o de las funciones Públicas.
2.5. Incompatibilidad de Intereses
2.6. Vecindad y el Origen
2.7. Idoneidad Intelectual y Moral
2.8. Requisitos Varios.

3. PRUEBA DE LOS REQUISITOS, INTERPRETACIONES A SU FORMA
3.1. Certificación de la Partida de Nacimiento
3.2. Cédula de Identidad Personal
3.3. Solvencia de Renta y Vialidad
3.4. Solvencias de Impuestos Municipales
3.5. Constancia de Corte de Cuentas de la República.
3.6. Prueba de la Identidad
3.7. Designación del candidato por el partido político Postulante.
3.8. Cualquier otro documento indispensable


CAPÍTULO I

REQUISITOS PARA SER CANDIDATO:


Para iniciar el análisis de las impugnaciones que se le hacen a los candidatos a los cargos de elección popular, previamente tenemos que dejar establecido cuales son los requisitos que deben llenar.

Tanto nuestra constitución, como la Ley Electoral establecen requisitos en sentido positivo y en sentido negativo es decir, establecen que debe ser y que no debe ser el candidato.

1.1. REQUISITOS POSITIVOS (1)


REQUISITO
PRESIDENTE
DIPUTADO
CONCEJO MUNICIPAL
1. NacionalidadSalvadoreño por nacimiento: hijo de padre o madre salvadoreña.Salvadoreño por nacimientoSalvadoreño.
2. Edad30 Años25 Años21 Años
3. CiudadaníaEstar en su ejercicio y haberlo estado en los 6 años anteriores.Estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos y no haberlos perdido en los 5 años anteriores.Estar en su ejercicio
4. Idoneidad MoralMoralidad Notoria.Notoria HonradezMoralidad Notoria
5. Idoneidad IntelectualInstrucción notoriaNotoria Instrucción Saber leer y escribir.
6. Estado ReligiosoSeglarSeglarSeglar
7. Origen y VecindadEl SalvadorCircunscripción Electoral (depto.)Municipio correspondiente


1.2. REQUISITOS NEGATIVOS


REQUISITO
    REQUISITO
    PRESIDENTE
    DIPUTADO
    CONCEJO MUNICIPAL
    PARENTESCO4º Grado de consanguinidad o 2º de afinidad de quien haya ejercido el cargo.4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad del PresidenteParientes entre si en el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad en un mismo cargo.
    POR RAZÓN DEL CARGO O FUNCIÓN PÚBLICA.Quien haya Sido Ministro O Subsecretario En El Año Inmediato Después Del Periodo Presidencial Anterior.
    Quien haya Sido Presidente en el periodo Presidencial anterior.
    Presidente, Ministros y Subsecretarios, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios de organismos electorales y todo funcionario que ejerza jurisdicción.Presidente, Ministros y Subsecretarios, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios de organismos electorales y todo funcionario que ejerza jurisdicción.
    POR RAZÓN DE LA PROFESIÓNMilitar de alta y que lo haya estado en los 6 meses anteriores a la elección.
    Los militares de alta
    Los militares de alta
    POR RAZÓN DEL INTERÉSLos contratistas y causioneros de obras y empresas públicas costeadas con fondos del Estado o del Municipio; y los que resulta de ellas tengan pendientes reclamaciones de interés propio.

    Los que tengan pendientes contratos o concesiones con el Estado para explotación de riquezas naturales o servicios públicos. Sus representantes o apoderados.
    Los contratistas de obras o empresas públicas, que se costeen con fondos del Municipio respectivo, sus causioneros y los que de resultas de tales obras o empresas tengan pendientes reclamaciones de interés propio.
    POR INSOLVENCIALos que hubiesen manejado o administrado fondos públicos y no hayan obtenido el finiquito de sus cuentas.

    Los deudores de la Hacienda Pública o Municipal que estén en mora.
    El candidato a Alcalde no debe tener responsabilidades establecidas por sentencia ejecutoriada, pendiente de pago, como resultado del manejo de fondos u otros bienes públicos o municipales.
    Los deudores de la Hacienda Pública o Municipal.
    POR INCAPACIDAD
    FÍSICA
    Los ciegos, los mudos y los sordos.
    POR SU EMPRESA O EMPLEOLos patentados para la fabricación y expendió de aguardiente, sus administradores y dependientes. En la respectiva comprensión municipal
    POR SU IDEOLOGÍALos que propugnen doctrinas anárquicas o contrarias a la democracia, o sean individuos de filiación comunista.


    2. ANÁLISIS DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y DE LA LEY ELECTORAL


    2.1. NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.


    No es intención de esta tesis, hacer un estudio exhaustivo de la nacionalidad y la ciudadanía, sino únicamente sentar los conceptos necesarios para el objeto de la misma.

    Muchas veces se confunde el concepto jurídico de nacionalidad y ciudadanía por lo que hacer una distinción tiene no solo una importancia teórica sino también practica, porque siendo distintos es distinta su reglamentación jurídica positiva.

    Nuestra Constitución no define lo que es nacionalidad ni ciudadanía; el concepto de nacionalidad mas conocido y acorde a lo establecido por los tratadistas es el de que nacionalidad es el vinculo jurídico que una a una persona a un estado determinado. La ciudadanía se ha definido como la capacidad jurídica necesaria que habilita a un individuo para intervenir en los asuntos políticos de su estado (3)

    La nacionalidad puede adquirirse por nacimiento por naturalización , por ministerio de ley y por anexión.

    La ciudadanía en relación a la nacionalidad el Dr. Oscar de Jesús Zamora la caracteriza así:

    1) Personalidad individual. A diferencia de la nacionalidad, que se extiende no solo a personas morales sino hasta cosas animadas, la ciudadanía requiere la persona natural que es la única que posee una voluntad y un intelecto.

    2) Nacionalidad: como se ha insistido, la ciudadanía aparece incrustada en la nacionalidad. La ciudadanía presupone una nacionalidad determinada que vincula a la persona natural a cierto estado, respecto al cual aquella faculta a intervenir en sus asuntos políticos.

    El concepto de nacionalidad es mucho mas extenso que el de ciudadanía... de lo expuesto un ejemplo adecuado es el de que un impúber puede ser de nacionalidad salvadoreña y no es ciudadano.

    3) Poder Político, constituye este poder la característica esencial de la ciudadanía. Por ello puede intervenirse en la vida política del Estado, al extremo de participar activamente en el ejercicio del poder público. Mas tal poder esta condicionado a la satisfacción de diversos requisitos según los diferentes criterios cualificadores determinantes de la calidad ciudadana. La ciudadanía en resumen va inherente a la nacionalidad. (3)

    A. NACIONALIDAD.

    La nacionalidad como requisito para ser candidato presenta diferentes graduaciones y requisitos según sea el cargo para el que se opta, así:

    a) Para ser Presidente de la República es necesario que el candidato sea salvadoreño por nacimiento e hijo de padre o madre de nacionalidad salvadoreña.

    Según el Art. 12 de la Constitución son salvadoreños por nacimiento:

    1) Los nacidos en el territorio de El Salvador, hijos de padre o madre salvadoreña u originario de alguna de las república de Centro América, o de padres desconocidos;

    2) Los hijos de padre o madre salvadoreño o nacidos en el extranjero

    3) Los descendientes de hijos de extranjeros nacidos en El Salvador, que dentro del año siguiente a su mayoría de edad no opten por la nacionalidad de sus padres y,

    4) Los originarios de los demás Estados que constituyeron la República Federal de Centroamérica, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten ante la autoridad competente su voluntad de ser salvadoreños.

    De acuerdo con lo preceptuado no podrá ser Presidente el nacido en el territorio salvadoreño hijo de descendientes de hijos de extranjeros mientras sus padres no sean salvadoreños.

    Desde la Constitución de 1950 la nacionalidad de los padres del candidato puede ser por nacimiento o naturalización, únicamente en la Constitución de 1939 y 1944 sobre exigió a los candidatos a Presidente el ser hijo de padre y madre salvadoreños por nacimiento.

    En Centroamérica, solo Costa Rica establece nacionalidad por naturalización para los originarios de Centroamérica. (4) el resto de países del área establecen diferentes requisitos, pero siempre establecen la nacionalidad por nacimiento para los centroamericanos, por ejemplo Nicaragua en el artículo. 18 numeral 4º de la Constitución la concede así: “siempre que exista reciprocidad en el país de origen y hasta donde esta se extiende.

    En las constituciones de 1841, 1871 y 1872 se permitió el derecho a ser Presidente a los originarios de Centroamérica.

    b) Quien quiera optar al cargo de Diputado a la Asamblea Legislativa bastará que sea salvadoreño por nacimiento. (ver los numerales del Art. 12 Cn. Antes transcritos)

    Por no exigírsele al candidato a diputado el que sus padres sean salvadoreños, se facilita la prueba de su nacionalidad como expondremos en detalle en el punto 3 de este capitulo. Solo en las constituciones de 1841 y 1871 se permitió a los centroamericanos ser diputados, en 1944 se exigió que el candidato fuera hijo de padre y madre salvadoreños por nacimiento.

    c) Para ser miembros de un Concejo Municipal, es decir Alcalde, Sindico o regidor, se exige únicamente la calidad de salvadoreño es decir que puede serlo por nacimiento o por naturalización. El Art. 13 de la Constitución Política dice que son salvadoreños por naturalización:

    1º. Los hijos de extranjeros, nacidos en El Salvador, que dentro del año siguiente a su mayoría de edad, manifiesten ante autoridad competente que optan por la nacionalidad salvadoreña:

    2º. Los españoles e hispanoamericanos de origen, que prueben ante la autoridad competente su buena conducta y un año de residencia en el país;

    3º. Los extranjeros de cualquier otro origen, que de conformidad con la ley comprueben su buena conducta, cinco años de residencia en el país y tener profesión, oficio, u otro modo honesto de vivir;

    4º. Los que por servicios notables prestados a la República obtengan esa calidad del Poder Legislativo.

    5º. El extranjero que teniendo dos años de residencia en el país, contraiga matrimonio con salvadoreña y la extranjera que en igual condición lo contraiga con salvadoreño, cuando al celebrarse el matrimonio optaren por la nacionalidad salvadoreña; y los extranjeros que casados con salvadoreños, tengan dos años de residencia en el país y soliciten autorización ante autoridad competente.

    Este mismo artículo no permite la doble nacionalidad pues establece que las personas que se naturalicen deben renunciar expresamente a toda otra nacionalidad.

    Por la causal de la nacionalidad ya se han anulado planillas, como en 1970 en que se anulo por el Concejo Central de Elecciones la inscripción de la planilla de Concejo Municipal de Usulután ya electa por considerar que el alcalde electo no era salvadoreño, en el numeral referente a la prueba hablaremos de este caso.

    B. CIUDADANÍA

    La capacidad jurídica necesaria para intervenir en los asuntos políticos que implica la ciudadanía, se obtiene en nuestro país de acuerdo al Art. 23 de la Constitución Política cuando se llega a los dieciocho años de edad.

    Para el ejercicio del sufragio pasivo la ciudadanía es exigida a todos los candidatos que quieren ser electos a un cargo de elección popular, pero de acuerdo al cargo que se quiera optar, se ha determinado un tiempo anterior a la elección durante el cual el candidato debe haber estado en el goce de esta capacidad jurídica política. Tal regulación tiene diferencias que es necesario dejar claramente establecidas en su alcance para una comprensión exacta del requisito.

    Quien quiera ser candidato a la Presidencia de la República deberá estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos y deberá haberlo estado en los 6 años anteriores al día en que se efectúe la elección. En cambio para quien quiera postularse como candidato a Diputado a la Asamblea Legislativa la Constitución exige que no haya perdido los derechos de ciudadano en los 5 años anteriores a la elección (5). O sea que para ser inscrito como candidato a la presidencia, el postulado no debe por ningún motivo haber perdido el ejercicio de sus derechos ciudadanos durante el tiempo establecido. En cambio quien quiera ser candidato a diputado, bien puede haber perdido el ejercicio de sus derechos ciudadanos en los 5 años anteriores a la elección lo q se le exige es que no haya perdido sus derechos, lo cual implica que puede haber sido suspendido en el ejercicio de sus derechos ciudadanos.

    A los miembros de los Concejos Municipales no se les exige el cumplimiento de un periodo previo durante el cual estén en el goce de los derechos de ciudadanía, únicamente se establecen que para ser inscritos en el registro de candidatos quien se postule al cargo, deberá estar en el ejercicio de su derechos ciudadanos. (6)

    El Art. 26 de la Constitución Política da como causas de suspensión de los derechos de ciudadanía a las siguientes:

    1º. Auto de prisión formal;
    2º. Enajenación mental;
    3º. Interdicción Judicial;
    4º. Negarse a desempeñar sin justa causa, un cargo de elección popular, en este caso, la suspensión durará todo el tiempo que debiera desempeñarse el cargo rehusado.

    La perdida de los derechos ciudadanos esta regulada en el Art. 27 de la Constitución que dice:

    Pierden los derechos de ciudadanos:

    1º. Los de conducta notoriamente viciada;
    2º. Los condenados por delito
    3º. Los que compren o venden votos en las elecciones;
    4º. Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medio directos encaminados a ese fin;
    5º. Los funcionarios, las autoridades y los agentes de estas que coarten la libertad de sufragio.

    Gramaticalmente los términos suspensión y pérdida, son diferentes, pero en cuanto a los efectos de la Constitución Política les da con relación a los derechos ciudadanos no existe diferencia dado que en ambos casos pueden recuperarse y ambos implican el no ejercicio de los derecho ciudadanos.

    Se ha sostenido en base al inicio final del Art. 27 Cn., anteriormente trascrito, que la diferencia entre una y otra es que para recuperar los derechos ciudadanos en la perdida es necesario rehabilitación expresa declarada por autoridad competente, mientras que en la suspensión los derechos se recuperan de pleno derecho al terminar la causal de suspensión. Esta fue la razón que manifestó el constituyente del 50 cuando estableció la diferencia, argumentación que es valedera para la actual de 1962 por ser aquella su base. Considero que esta es la diferencia fundamental a pesar de que aparentemente el legislador secundario la hizo desaparecer al establecerse en la ley orgánica del Poder Judicial (Art. 48 No. 15), promulgada el 3 de septiembre de 1953 que corresponde a la Corte Suprema de Justicia rehabilitar a quienes se les haya suspendido en el ejercicio de los mismos. Sostengo tal criterio porque de acuerdo con la misma Constitución los principios por ella establecidos no pueden ser alterados por la ley que regulan su ejercicio porque no puede ser de otra manera si analizamos por ejemplo la situación que se plantea al aplicar la causal 4ª de suspensión de los derechos de ciudadano a quien se niegue a desempeñar sin justa causa un cargo de elección popular, pues la suspensión durará todo el tiempo que debiera desempeñarse el cargo. Terminado este la persona se rehabilita de pleno derecho, la única ventaja que se obtiene de la atribución establecida por la L.O.P.J., es que a partir de la reforma de diciembre de 1972 el Art. 48 de dicha ley, establece claramente que el procedimiento de rehabilitación es con conocimiento de causa.

    Hay dos causales por la que se pierde los derechos ciudadanos que no se encuentra en la enumeración del Art. 27 Cn., la de pérdida de la nacionalidad salvadoreña por adquisición de otra y la establecida en el Art. 151 Cn. Como sanción al que trafique con esclavos, causal que opera de mero derecho.

    2.2. LA EDAD

    Una persona puede ejercer el derecho de ser electo a un determinado cargo de elección, si cumple el requisito de tener la edad mínima establecida para ser candidato. Esta edad ha sido determinada considerando la madurez de juicio necesaria para desempeñar el cargo, así se establece que para ser electo Presidente de la República se requiere ser mayor de 30 años, Diputado mayor de 25 y Miembro del Concejo Municipal mayor de edad es decir de 21 años.

    La edad mínima para desempeñar el cargo de Diputado ha tenido variantes habiéndose exigido edades de 21, 23 y 25 años. Para ser Presidente de la república se ha establecido edades de 30, 32, 33 y 35 años. En algunas ocasiones se ha regulado edades máximas para ser Presidente tales como 40 a 65 años. (7)

    No basta ser racional y tener la edad para ser ciudadano, es necesario cumplir determinada edad para poder ser inscrito como candidato. La ciudadanía concede ciertos derechos políticos para los que nos da la capacidad de ejercicio.

    Por no cumplir la edad los candidatos ya se han anulado planillas y se han tenido que repetir elecciones como en 1970 en San Matías, Departamento de La Libertad, en que se anuló la planilla porque el Alcalde electo del PCN era menor de edad. En 1966 se denegó al PPS la inscripción de las planillas de Diputados por los Departamentos de La Libertad y Sonsonate porque en la primera se nominaba a un candidato de 23 años y en la segunda a uno de 24. (8)

    2.3. LA PROFESIÓN

    A. ESTADO SEGLAR

    Para los ministros de cualquier culto religioso existe la prohibición de no poder obtener cargos de elección popular, disposición general que se aplica a los candidatos a diputados ya que de acuerdo con las disposiciones que enumeran los requisitos que deben llenar los candidatos a los cargos de elección popular, encontramos que también para ser candidato a la Presidencia, Vice Presidencia y Miembro del Consejo Municipal, existe como requisito ser del estado seglar, cosa que no sucede con la enumera los requisitos para ser diputado. (9) esto no quiere decir que en relación a los candidatos a Presidente, Vicepresidente y Miembro del Concejo Municipal, por el hecho de establecerse el estado seglar como requisito de elección a los cargos, vayamos a concluir que tal prohibición es únicamente para los clérigos de la iglesia católica, si alguien fuera de este criterio, la prohibición general establecida para los ministros de todos los demás cultos, hace que estén inhabilitados de optar a un cargo de elección popular.

    B. LOS MILITARES

    Para el militar no existe prohibición para ser candidato a cualquier cargo de elección popular SIEMPRE QUE NO ESTE DE ALTA, así para el Presidente de la República, la Constitución ordena que no podrán serlo “los militares de profesión que estuvieren de alta o que lo hayan estado en los seis meses anteriores a la elección. Para ser diputado o miembro de un Concejo Municipal la prohibición se hace a los militares de alta”m o sea que podrán estar de alta los que quisieran ser candidatos a munícipes hasta el día anterior a la presentación de su solicitud de inscripción pero los militares que quieran ser diputados tres meses antes de la elección deberán estar de baja (Art. 42 inciso final Cn.) esto es bien claro en relación a los miembros de los Concejos Municipales pues la Ley Electoral dice que no se inscribirán como candidatos, en cambio para los diputados la Constitución habla de que no podrán ser diputados es decir no podrán ser electos, pero en la practica para inscribir a un candidato a diputado se prueba que no esta de alta ni lo ha estado en los 3 meses anteriores o sea desde el segundo domingo de diciembre solo así el Concejo Central de Elecciones y el pueblo salvadoreño tienen la certeza de que la persona que se elige no está impedida legalmente.

    Ha sido cosa frecuente de parte del Partido Oficial (PCN) el impugnar planillas de candidatos miembros de Concejos Municipales porque están formadas con miembros que son soldados del patrullas militares, cantonales y de barrio, argumenta que por tal circunstancia son militares de alta y que consecuentemente hay que anular las planillas de oposición. Han llevado a tales extremos el uso de esta prohibición que en gran cantidad de casos ya sea como recurso para paralizar la actividad procesos ya sea como recurso para paralizar la actividad proselitista de los miembros de la planilla de Oposición, o para crear confusión o para reprimirlos, se les hace aparecer como soldados de una patrulla militar con fecha anterior a la elección. Hay un caso claro sucedido en las elecciones de 1976 en el Departamento de La Paz con la planilla a Concejo Municipal de San Luis Talpa, por la Unión Nacional Opositora (UNO) que para impugnar su inscripción se alegó por parte del representante del PCN que uno de los candidatos estaba de alta por ser miembro de una patrulla militar, en el incidente de nulidad el representante de la UNO pidió que se compulsará el libro de la Comandancia Departamental en donde se encontraba la orden que le daba de alta al Candidato, allí se comprobó por los miembros de la Junta Electoral Departamental que el nombre del candidato había sido entrelíneado, con letra y tinta diferente y a la vez no había sido salvada las entrelíneas del nombre. Esto es para dar ejemplo del uso arbitrario por parte del Partido Oficial de esta ficticia inhabilidad (10)

    El CCE ha sentado como jurisprudencia de que los miembros de la patrulla no eran militares de alta y que por lo tanto podían ser candidatos, sin embargo a pesar de esta tesis del máximo organismo electoral el PCN ha insistido en elección tras elección en hacer uso de ese argumento para impugnar planillas de oposición.

    El fundamento jurídico para sostener que los miembros de las patrullas militares no son militares de alta parte de establecer que para que un militar pueda ser candidato a cualquier cargo de elección popular tendrá que estar de baja y que en el caso de optar a la Presidencia tendrá que estarlo 6 meses antes.

    ¿Quiénes son militares? ¿Cuándo están de alta o baja?

    Diferentes disposiciones lo establecen claramente. Comenzaremos por la Constitución que en el Art. 115 dice: “La Carrera Militar es profesional y en ella solo se reconocen los grados obtenidos por escala rigurosa y conforme a la ley. Quien haya obtenido legalmente un grado militar lo conservará de por vida, y no podrá ser privado de el sino por sentencia ejecutoriada.

    El Artículo 113 establece que el servicio militar es obligatorio para todos los salvadoreños, quienes en caso de guerra son soldados.

    En el Art. 43 del Código de Justicia Militar dispone que: “se entiende por militar a todos los oficiales Estado individuos de tropa que con propiedad de empleo o asimilación forman la Fuerza Armada”.

    El Art. 2 de la Ordenanza del Ejército dice: Militar es la persona que ha obtenido un grado o título en la escala Jerárquica del Ejército, de acuerdo a la Ley de Ascensos Militares.

    La Ley de Ascensos Militares en los Arts. 2 y 3 reafirma el carácter profesional de la carrera militar establecido por la Constitución y además dice que: en ella solo se reconocen los grados militares obtenidos por rigurosos ascenso” y que el grado militar será adquirido y conservado personalmente en propiedad y de por vida”. En el numero 1º del Art. 20 de la Ley de Ascensos Militares clasifica a los militares por escala ascendente así: “la tropa: que comprende desde soldados hasta Sargento Segundo.

    El Código de Justicia Militar, dice: Art. 40 están de alta: 1º. Los que fueren nombrados para cargo o sustitución de la Orden General del Ministerio de Defensa, 2º. Los que fueren nombrados con cargo o situación en la Orden de un cuerpo 3º. Los que sean nombrados por acuerdo del Ejecutivo en el ramo de Defensa Nacional para cualquier actividad relacionada con el servicio militar; y 4º. Los individuos de las reservas que fueran llamados para el servicio activo.

    El inc. 1º del Art. 39 del Código antes citado define el servicio activo como el que desempeña todo militar funcionario o empleado que esté de alta en la Fuerza Armada. En el inc. 2º define señala que el servicio activo para los individuos de tropa comenzará desde el momento que se les haya hecho conocer su nombramiento en el cuerpo donde causaran el alta.

    En el Art. 28 del C. de J. M., define que “bajo la expresión Fuerza Armada, se comprenderá: el Ejercito, la Fuerza Armada, la Marina Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía de Hacienda.

    De acuerdo con todas las disposiciones citadas, los militares son: a) Militar Profesional y b) Militar con carácter temporal (113 cn.)

    El militar Profesional lo es de por vida y conserva su grado aun estando de baja. Los temporales, los son mientras prestan el servicio.

    En el caso de miembro de la Patrulla Militar de acuerdo con lo determinado en las disposiciones anteriores no puede ser calificado como militar profesional, ni temporal por no estar en caso de guerra, eso si podemos decir que es un civil que esta de alta prestando un servicio especial.

    Esto mismo sucede con el personal civil de alta en el Ministerio de Defensa y en las diferentes brigadas, destacamentos militares y cuerpos de seguridad. Ellos son civiles de alta sujetos a régimen militar y por lo tanto al igual que los miembros de las patrullas, pueden ser candidatos a cualquier cargo de elección popular.

    Sobre el caso de los empleados civiles de alta se dio un caso importante cuando en las elecciones de diputados y Consejos Municipales de 1976, el PCN impugnó la planilla de Diputados del Departamento de la Unión por la UNO por considerar que el 3er candidato a Diputado Propietario era militar de alta y por ser “soldado nombrado en el Ramo de Defensa y Seguridad Pública. (11).

    Con la misma prueba presentada por el PCN se comprobó que el candidato era del “Personal Civil Administrativo del Ministerio de Defensa y Seguridad Pública; nombrado como soldado administrativo de la 1ª clase (Ordenanza Mensajero), por lo que de acuerdo a las disposiciones transcritas y criterios expuestos, no puede ser considerado como militar de alta (12)

    Sin embargo la impugnación antes comentada fue base de sendos campos pagados por el PCN y lo que es mas grave, de causa de atropello a los Derechos Humanos y constitucionales del candidato, por el delito de ser miembro de una planilla de Oposición, lo que le hizo merecedor de su respectiva penqueada, detención sin causal legal y al definir el CCE que no había lugar a la unidad, fue dado de baja. (13)

    2.4. POR RAZÓN DEL CARGO O DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS.

    En los Arts. 42 No. 1 y 67 CN. Y 69 literal d) de la Ley Electoral, el Presidente y Vicepresidente de la República, los Ministros y Sub Secretarios de Estado, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los funcionarios de los organismos electorales y los funcionarios que ejercen jurisdicción, están por razón del cargo que desempeñan en la imposibilidad legal por incompatibilidad de optar a determinados cargos de elección popular.

    El Art. 42 Cn. Dentro de los requisitos para ser electo Diputado establece esta inhabilidad para los funcionarios que hayan desempeñado los cargos indicados dentro de los tres meses anteriores a la elección. En cambio para ser candidato a miembro de un Concejo Municipal, la inhabilidad se determina al momento de inscribirse como candidato. Por eso los partidos políticos cuando proponen ternas para integrar los organismos electorales tienen cuidado de no proponer a los miembros que probablemente serán sus candidatos a Diputados o miembros de Consejos Municipales. Si por haberlo propuesto otro Partido, el CCE designa a un candidato para integrar un organismo electoral, la costumbre seguida es que se notifica inmediatamente al CCE quien sin necesidad de tramite alguno designa a otro de los propuestos por los partidos políticos inscritos.

    La realidad política de nuestro país hace que una vez que el CCE ha designado a alguien para fungir en un organismo electoral, aunque se haya pensado en los partidos de oposición que esa persona sería un buen candidato, si existe otro miembro de igual caudal electoral se le sustituye por este en la candidatura y se le deja en el cargo designado, esta decisión es consecuencia de la parcialidad atribuida al CCE que ha dado como resultado que en muchas ocasiones la persona nombrada como sustitución del pretendido candidato, lo es de acuerdo a las necesidades electorales del Partido Oficial en el Departamento o Municipio de que se trata. (14)

    Al comparar las inhabilidades por incompatibilidad con los cargos o funciones desempeñadas para los distintos cargos de elección popular, vemos que inexplicablemente las inhabilidades establecidas para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los funcionarios de los organismos electorales y los funcionarios que ejerzan jurisdicción en el Art. 42 No. 1, de la Constitución y en el Art. 69 literal d) de la Ley Electoral que es su copia, para ser electo Diputado e inscrito como candidato a un Concejo Municipal, no se extienden para ser Presidente de la República. Esta omisión e incongruencia inexplicable, permite por no existir prohibición legislada, para que un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cualquier juez o miembro de CCE pueda inscribirse como candidato a la Presidencia de la República.

    La técnica jurídica aconseja que un requisito establecido para cargo de menor jerarquía indiscutiblemente deberá figurar para el de mayor, como es la Presidencia de la República. Para llenar este vacío legal habría que establecer dicha prohibición en la Ley Electoral, con lo cual no se estaría contrariando la Constitución sino supliendo una de sus lagunas.

    Contrasta la falta de preocupación por la ausencia de legislación antes planteada con el criterio restrictivo y violatorio de la Constitución que aplica el CCE a los miembros de los Consejos Municipales al determinar que para reelegirse deben de dejar de desempeñarlo y depositar el cargo al momento de presentar la solicitud de inscripción. Este punto es analizado con amplitud en el Capítulo IV.

    2.5. INCOMPATIBILIDAD DE INTERESES.

    En base a lo regulado por la Constitución y la Ley Electoral no podrán ser candidatos a Presidente de la República, diputados o miembros de Consejos Municipales, aquellas personas que tuvieren interés económico que haga presumible que el candidato al llegar a desempeñar cualquiera de los cargos mencionados, se prevalezca de los mismos para obtener una ventaja económica derivada de las siguientes situaciones:

    a) Los contratistas de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del Municipio y los que de resultas de tales obras o empresas, tengan pendientes reclamaciones de interés público.

    Por encontrarse un candidato de la Unión Nacional Opositora como contratista de la construcción de una cancha de balompié que sería financiada con fondos de la municipalidad de Tonacatepeque, fue anulada la inscripción de la planilla de Diputados de San Salvador de dicha coalición, en las elecciones de 1976; las circunstancias especiales que rodearon el incidente de nulidad, que evidenciaban la corrupción y la nulificación de las elecciones, así como la determinación del gobierno y del Partido Oficial para barrer con la oposición por cualquier medio y obtener una aplastante victoria electoral a toda costa, hizo de esta anulación una de las causas de la decisión de la coalición mencionada para retirarse de las elecciones.

    Esta es la única oportunidad en que se ha anulado una planilla de circunstancia de ser el candidato un contratista de una obra costeada con fondos del municipio. Considero que solo a través de la construcción de la causal podrá darse en el futuro, tal y como sucedió en 1976, por ser muy difícil que un partido político corra el riesgo de presentar un candidato a un cargo de elección popular que se encuentre en la situación que nos ocupa, pues es improbable que los partidos ignoren esta circunstancia, así como improbable es que un partido contrario la conozca, si no es a través de los medios que da el estar en el poder.

    La resolución que declaró la nulidad antes mencionada será objeto de análisis en el numeral posterior y en otros capítulos de esta tesis por lo que a ellos nos remitimos: y

    b) Los que tengan pendientes contratos o concesiones con el Estado para la explotación de riquezas nacionales o de servicios públicos así como los representantes o apoderados de aquellos, o de compañías extranjeras que se hallen en los mismos casos.

    Los que explotan la industria camaronera serían un ejemplo del primer caso planteado; del segundo caso presentamos como ejemplo a la compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador.

    No se conoce ni un caso en que se haya anulado una candidatura por estar el candidato en la situación referida.

    c) Para los Consejos Municipales se agrega una imposibilidad por incompatibilidad para ser el candidato a miembro de dichos cuerpos colegiados, es la que niega la inscripción a los patentados para la fabricación y expendio de aguardiente, sus administradores y dependientes en la respectiva comprensión municipal.

    Esta compatibilidad es evidente, porque es a los Consejos Municipales a quienes corresponde dentro de las funciones de policía y de orden público en la comunidad, llevar un control de los lugares en donde se expende aguardiente. También corresponde a la Municipalidad el control del cumplimiento de las diferentes regulaciones establecidas para los lugares en donde se fabrica licores. Es evidente que un munícipe no puede a la vez ser juez y parte, de allí la incompatibilidad.

    2.6. LA VECINDAD Y EL ORIGEN

    Este requisito es exigido únicamente a los candidatos a Diputados y a miembros de Consejos Municipales, estableciéndolo de acuerdo a lo regulado por el Art. 198 de la Ley Electoral que considera vecino a quien haya residido o tenga su domicilio en la circunscripción electoral correspondiente, por lo menos, durante el año inmediato anterior a la fecha de su inscripción.

    El Art. 199 de la Ley Electoral entiende por domicilio electoral “la comprensión municipal donde reside habitualmente el lector.

    En 1966 el Concejo Central de Elecciones estableció la siguiente doctrina: “Si de la planilla de candidatos a diputados compuesta de cinco propietarios y cinco suplentes, todos reúnen los requisitos de ley, menos un candidato, debe denegarse la inscripción de la planilla completa. Un candidato a diputado no reúne los requisitos dichos si no se comprueba que es originario o vecino del Departamento por lo cual se postula. (15) en base a esta tesis es que se ha denegado la inscripción de muchas planillas tanto de diputados como de Consejos Municipales.

    El problema de esta inhabilidad reside en la comprobación de la vecindad, problema que se agranda por las diferentes interpretaciones que se han dado tanto por las Juntas Electorales Departamentales como por el Concejo Central de Elecciones. Esto ha sido hábilmente explotado en el campo político y como consecuencia se ha anulado la inscripción de planillas que el Concejo Central de Elecciones había inscrito aceptando determinada prueba de residencia tal y como sucedió con la anulación de la inscripción de la planilla de Diputados del UDN por San Salvador en 1970, que se hizo con el objetivo de impedir que fuera diputado el Doctor Roberto Lima, ex Vicepresidente de la República. Cosa parecida sucedió en el mismo año en Cuscatancingo en que se anuló la elección de una planilla declarada electa por la Junta Electoral Departamental. Al analizar la prueba haremos referencia a estos casos.

    La vecindad esta íntimamente relacionada con el origen, ésta se exige cuando se trata de un candidato a diputado o concejal, que no es originario del Departamento o del Municipio respectivo.

    El origen consiste en el hecho de que el candidato haya nacido en el Departamento o Municipio de que se trate según sea la candidatura de Diputado o Miembro de una Municipalidad.

    Al no comprobarse el origen al igual que la vecindad, se ha denegado tanto planillas de Diputados como de Consejos Municipales, y aquí también ha variado la apreciación de la prueba de acuerdo a las circunstancias políticas, siendo los casos que mejor ejemplifican esta situación los que se presentaron con las planillas de Diputados de la Unión Nacional Opositora, por los Departamentos de La Paz, y San Miguel, en las elecciones de 1974 (16)

    2.7. IDONEIDAD INTELECTUAL Y MORAL

    El requisito mínimo en cuanto a la preparación intelectual del candidato se exige que al que quiere ser inscrito como candidato a miembro de un Concejo Municipal, la Ley Electoral pide que debe “saber leer y escribir”.

    Un grado mucho mas alto se exige para los que quieran ser candidatos a presidente de la República o Diputado, la Constitución pide para ambos instrucción notoria.

    La determinación de cuando una persona sabe leer y por lo tanto esta facultada para ser candidato a munícipe se da en la Alcaldía Municipal cuando el candidato llega a sacar su cédula, en ella el funcionario encargado determina si la persona sabe o no leer. Algunas planillas han sido impugnadas por considerar los partidos que presentaban la nulidad, de que los candidatos no sabían leer. (17)

    La instrucción notoria fue definida por le legislador constitucional, por lo que trataremos de establecer en que consiste, Don Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual”, define la palabra Instrucción así: “adquisición o transmisión de conocimientos, Enseñanza, doctrina. norma regla”.

    Muchas veces se ha definido la Instrucción como sinónimo de Educación, sin embargo algunos establecen diferencia entre ellas, José Ingenieros por ejemplo en el libro el Hombre Mediocre dice lo siguiente: “Mientras la instrucción se limita a extender las nociones que la experiencia actual considera más exactas, la educación consiste en sugerir ideales que se presumen propicios a la perfección.

    Como requisito para ser candidato a la Presidencia o Diputado, la Instrucción no es ninguno de los momentos que se ha definido anteriormente sino que tal y como lo aprecio el legislador del 50 es el conjunto de conocimientos, principios y enseñanzas de índole moral y técnico, que le dan a la persona un nivel de formación que hace que se le de por persona instruida. Ahora bien, esta instrucción de acuerdo con la Constitución deber ser Notoria, lo cual en base a lo definido por el Diccionario de Derecho Usual de Don Guillermo Cabanellas quiere decir que debe ser un hecho, público y de todos sabido. El problema reside en que lo evidente en un lugar o en un medio puede no serlo en otro”. Lo notorio no deja de ser una facilidad y una dificultad en cuanto a la prueba.

    La Constitución exige para el candidato a Presidente además de la instrucción, la moralidad notoria. Moralidad para Cabanellas, es “cualidad de las acciones humanas inspiradas en el bien. Adecuación entre la conducta y la ética. Honestidad . honradez. Como regla de las costumbres, la moralidad se basa en estos principios: (18)

    a) La noción del bien y del mal;
    b) El deber de practicar el primero;
    c) La obligación de evitar el segundo;
    d) La noción de mérito o convicción de que obrar bien se hace digno del premio;
    e) La noción del mérito, o creencia en el castigo como condición de la maldad;

    La moralidad y mas aún notoria muy pocos candidatos lo han llenado, lejos de eso, muchos candidatos podríamos decir que han sido incapacitados por falta de moralidad para serlo. Pero la circunstancia de que los hechos constitutivos de la inmoralidad de un candidato, se vuelven de acuerdo con los criterios formalistas y políticos que inspiran al organismo que las califica, difícil, sino imposible de establecer, lo que por otra parte de no comprobarse haría responsable al denunciante de responsabilidad penal.

    La moralidad notoria también es exigida como requisito de los candidatos a miembros de los Consejos Municipales por el Art. 68 de la Ley Electoral. Llama poderosamente la atención que un requisito tan necesario para asegurar el manejo de los asuntos públicos no se haya exigido a los candidatos a Diputados, dado que el Art. 41 de la Constitución solo pide que sean de “notoria honradez”, concepto que no exige el candidato las condiciones mas regidas y estrictas que presupone el de moralidad notoria. Es mas restringido el concepto de honradez y se presta las interpretaciones literales y políticas que tanto se dan en lo que a inscripción a candidatos se refiere, dado que hace mas relación a la probidad y rectitud de actuar, no haciendo referencia a la actitud frente a la vida que da la moral.

    2.8. REQUISITOS VARIOS:

    a) Los ciegos, los mudos, los sordos y los enajenados mentales; de acuerdo al Art. 69 literal b) de la Ley Electoral, no podrán ser inscritos como candidatos a Consejos Municipales.

    b) De acuerdo con el literal f) del Art. 69 de la Ley Electoral tampoco se inscribirán a “los que propugnan doctrinas anárquicas o contrarias a la democracia, o sean individuos de filiación comunista”.

    He considerado conveniente comentar por separado estos impedimentos por las graves incongruencias que se encuentran en su legislación.

    REGULACIÓN

    La prohibición referente a los enajenados mentales no era necesario que se consignara para los miembros de Consejos Municipales, ese mismo criterio se estableció en relación a los candidatos a la Presidencia y a Diputados a la Asamblea Legislativa, al no especificar el impedimento cuando se refirió a la Constitución a esos cargos. Ello es bien claro cuando se determina que para ser candidato a cualquier cargo de elección popular, es necesario estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos y no lo están los enajenados mentales, cuando están declarados judicialmente quienes en base al Art. 26 numero 2 de la Constitución tienen suspensos los derechos de ciudadano y que su situación de acuerdo al Art. 9 numero 2 de la Ley Electoral se define como incapacidad de ejercicio de los derechos ciudadanos. Es una redundancia entonces que se prohíba a los enajenados mentales ser inscritos como candidatos a Consejos Municipales.

    Para los ciegos, los mudos y los sordos, la Ley Electoral niega que se deba inscribir como candidatos a Consejos Municipales y va mas allá del criterio de la constitución que no establece para dichas personas ninguna inhabilidad para cargos de mayor responsabilidad como son los de Presidente de la República y de Diputados a la Asamblea Legislativa. Esta incongruencia se evidencia en una cuantía mayor si consideramos que la disposición de la Ley Electoral fue dada por el Directorio con anterioridad a la aprobación de la constitución por la asamblea constituyente en 1962 (19).

    En cuanto a la prohibición del literal f) del Art. 69 de la Ley Electoral, la considero restrictiva de los derechos establecidos por la Constitución, la cual a los candidatos a la Presidencia y a Diputados no les establece esta prohibición; de acuerdo al Art. 158 inciso 2º la prohibición se refiere a “la propaganda de doctrina anárquicas o contrarias a la democracia”, no habla que deberá prohibirse a “individuos de filiación comunista” o a los que propugnen doctrinas anárquicas o contrarias a la democracia, el acceso a los cargos de elección popular, no es motivo ni de suspensión ni de pérdida de los derechos políticos la ideología de una persona. Lesiona los derechos constitucionales.

    Si consideramos que la Ley Electoral fue aprobada por el Directorio en Septiembre de 1961 y que la Constitución se dio en enero de 1962, el legislador constitucional si hubiera creído conveniente establecer esta prohibición la habría establecido para los cargos de Presidente y Diputado a la Asamblea Legislativa, tenía la puerta abierta para hacerlo con el Art. 158 inciso 2º de la Constitución que podría justificar una prohibición en este sentido, es evidente entonces que el criterio normativo del director cívico militar excede lo consignado en la Constitución y se vuelve inconstitucional al violar los derechos otorgados por la Constitución al ciudadano.

    Al establecer tal prohibición, la Ley Electoral dio paso a la subjetividad y a la arbitrariedad, pues se hace necesario contestarnos ¿con que prueba se acreditaría? ¿Cómo configuramos la figura y la afiliación antidemocrática?

    Al régimen actual de El Salvador, los diferentes sectores le dan calificativos diferentes, en ellos lo consideran de tendencia antidemocrática, y sin embargo miembros relevantes del engranaje político del Partido de Gobierno se eligen como diputados y miembros de Consejos Municipales.

    c) Existe otro requisito que establecen las regulaciones de la Ley Electoral para las inscripciones de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular, es la que debe de ser designado por un partido político, por esta regulación es que se exige que el candidato acompañe a su solicitud la certificación del punto de acta que haga constar la designación del partido porque se postula.

    En 1962 para las elecciones Presidenciales, fue objeto de planteamiento público la alternativa de que se permitiera a grupos de ciudadanos presentar sus candidatos a elección. Esta proyección no prohibida por la Constitución fue planteada sobre todo en diferentes artículos publicados en El Diario de Hoy. Seria importante para una mayor facilidad del ejercicio del sufragio incluir dentro de las regulaciones de la Ley Electoral, esta forma de optar aun cargo público de elección popular.

    d) Hay requisitos procesales que los candidatos deben de reunir para ser inscritos, entre los mas importantes podemos mencionar:

    1. La identidad del candidato, cuando surgen diferencias en cuanto a hombres, apellidos y fecha de nacimiento del candidato se debe de establecer su identidad, bien por medio de juicio o por diligencias de identidad, el primero seguido ante juez de lo civil y las segundas seguidas de acuerdo a artículo 202 de la Ley Electoral, que faculta al Alcalde Municipal del domicilio del candidato para establecer su identidad cuando hubiere las diferencias mencionadas.

    2. La identidad de los padres del candidato, cuando opte a la Presidencia de la República y existiere diferencias de nombre y apellido entre los datos que le aparecen en la partid de nacimiento del candidato y la propia de sus padres.

    3. Estar inscrito en el Registro de Ciudadanos, hecho que se comprueba con la cédula de Identidad Personal, que se exige para proceder a la inscripción de un candidato a un cargo público de elección popular. Arts. 62 inciso 28, numero 2 y 7 de la Ley Electoral.

    3. PRUEBA DE LOS REQUISITOS, INTERPRETACIONES A SU FORMA

    Los diferentes requisitos referidos a los dos números anteriores, se establecen ante el organismo electoral por medio de prueba instrumental, que se encuentra enumerado en el Art. 62 de la Ley Electoral que dice: Son documentos necesarios para la inscripción.

    1. Certificación de la Partida de Nacimiento del candidato o la prueba supletoria en su caso e igual atestado de su padre o madre cuando se trate de elecciones para presidente y vicepresidente de la república y los documentos de naturalización si no se tratara de salvadoreños por nacimiento.

    2. Cédula de Identidad Personal;

    3. Solvencia de Renta y Vialidad;

    4. Solvencia de Impuestos Municipales relativa al domicilio electoral del candidato.

    5. Constancia de la Corte de Cuentas de la República a que se refiere el Art. 70;

    6. Certificación de la sentencia judicial o en caso que la ley lo permita, de la resolución pronunciada por el Alcalde Municipal competente, relativa a la identidad de la persona;

    7. Certificación del punto de acta en que conste la designación del candidato, verificada por el Partido Político postulante, de conformidad con sus estatutos; y

    8. Cualquier otro documento que legalmente fuere indispensable para poder optar al cargo de que se trate.

    Esta enumeración de documentos fue introducida por reforma hecha a la Ley Electoral en agosto de 1971, indiscutiblemente ha traído claridad en el establecimiento de los documentos necesarios, porque anteriormente al no existir regulación quedaba todo al criterio subjetivo de los partidos y de los integrantes de los organismos electorales y los problemas eran tantos que en las elecciones de 1968, el Concejo Central de Elecciones pidió a los Partidos Políticos que instruyeran a sus Directivas al respecto. Sin embargo, a pesar de ello las exigencias del Concejo y de las Juntas Electorales Departamentales no eran extremas como hoy existe esta disposición.

    Hay países donde determinar que un candidato reúna las condiciones exigidas por la Ley es más viable que en El Salvador, por existir registros de nacionales, estar centralizado en un órgano apolítico el Registro Civil y existir como criterio, de que es obligación del Estado el viabilizar y cooperar con los ciudadanos, para que puedan ejercer el derecho de optar a cargos públicos, eso hace que la mayor parte de los requisitos se comprueben por el organismo electoral encargado de la “inscripción, sin ir muy lejos, Costa Rica puede darnos un ejemplo de colaboración para los partidos y candidatos en su inscripción.

    Aquí existe el criterio, en algunas oportunidades sostenido por miembros del Concejo Central de Elecciones de que toda actuación de oficio por parte de un organismo electoral, para comprobar si un candidato reúne los requisitos de ley, no tiene validez, ley o que la tiene son los documentos presentados por el candidato. Tal tesis fue sustentada por el Doctor Carlos Enrique Castro Garay, en la resolución que ordenó inscribir la planilla de candidatos a diputados por el PCN por el Departamento de Santa Ana, en las elecciones de 1966. A un candidato se le había dado una constancia de la Corte de Cuentas condicionada, a no ser una persona homónima que aparecía con faltantes y que consecuentemente no esta solvente. El Presidente del Concejo Central de Elecciones, solicitó a la Corte de Cuentas que determinara claramente si el candidato no tenía cuentas sin finiquitar como dicha dependencia contestara que no las tenia procedió a inscribir la planilla. Esta actuación motivo el voto particular que en lo pertinente dice: por otra parte, admitir la actuación de oficio del Consejo en tales situaciones significaría, ni más menos, que los partidos políticos tendrían solicitudes de inscripción de candidatos en forma, con solo indicar los nombres de éstos, y corresponde al Código Civil, recoger los documentos necesarios para establecer la edad, domicilio, origen y solvencia de los candidatos, lo cual es totalmente contrario a la letra y al espíritu de la ley. (20).

    La posición anterior coloca al proceso electoral sujeto eminentemente al impuso de las partes, en este caso los partidos y los candidatos, tesis totalmente equivocada pues precisamente por los derechos que regula y el interés público, se debe agilizar el ejercicio de Derecho Electoral, los derechos ciudadanos y no por el hecho de que la teoría democrática y el Derecho Constitucional, admite restricciones o requisitos a los ciudadanos para ser electos vayamos a concluir que una cuestión que es de índole práctica, la impida ejercer su derecho.

    Por otra parte el espíritu del legislador no puede ser nunca el poner trabas para el ejercicio de un derecho, no es lógico que así sea, muy por el contrario el espíritu debe ser de canalizar el proceso electoral hacia procedimientos jurídicos que den facilidades, por ello considero acertada la doctrina establecida por el Concejo Central de Elecciones en el caso que he comentado anteriormente la cual dice: La constancia extendida por la Corte de Cuentas de la República a favor de un candidato a Diputado, relativa a éste se encuentra solvente en relación al manejo de fondos públicos o municipales, no es aclarar si al pie al reverso de la misma aparece que una persona del mismo nombre no esta solvente. En tal caso, para resolver con acierto, procede solicitar a la autoridad que la expidió que informe si el referido candidato esta o no solvente; y si la corte informa que el ya mencionado candidato esta solvente desde antes de cerrarse el período de inscripción de candidatos, no hay obstáculos para la inscripción de la mencionada persona, y por consiguiente, de la planilla de candidatos de que forma parte.

    Si los candidatos a diputados por los catorce departamentos que postula un partido político reúnen los requisitos de ley, es procedente ordenar la inscripción de todos los candidatos postulados, (21). Sin embargo, y aunque con ello adelante conclusiones, en El Salvador los procedimientos y la interpretación de las normas que lo regulan, parecieran hechas para obstaculizarlos.

    3.1. CERTIFICACIÓN DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO

    Por medio de este documento se comprueba:

    a) La nacionalidad del candidato

    Según criterio sustentado en la actualidad y de acuerdo a la costumbre y requerimiento de la ley, los candidatos probarán su nacionalidad así:

    1) Si se trata de un candidato a la Presidencia deberá presentar además de la certificación de su partida de nacimiento, la de cualquiera de sus padres que sea salvadoreño u originario de alguna de las repúblicas de Centroamérica. Si los padres fueren nacionalizados se deberá presentar los documentos que comprueben tal calidad.

    2) Si es un candidato a Diputado, desde 1964 se ha llegado a establecer el criterio por el CCE de común acuerdo con los partidos (22), de que para comprobar su nacionalidad por nacimiento, basta que la nacionalidad salvadoreña de cualquiera de sus padres conste en el texto de la certificación de la Partida de Nacimiento del candidato, a ese efecto se acepta que en ella aparezcan frases como : hijo de Juan y Pedro, de este origen y domicilio.. hijo de Antonia Originaria de Santa Tecla por ejemplo, hijo de Sutano y Mengano, ambos salvadoreños, cualquier otra frase similar indicaría la nacionalidad salvadoreña de los padres. Si no dice nada al respecto o lo que se diga acerca de los padres no indican la nacionalidad salvadoreña, pues necesariamente el candidato tendrá que presentar la partida de nacimiento de cualquiera de sus padres que sea salvadoreño.

    Si cualquiera o ambos padres del candidato fuere originario de alguna de las repúblicas de centroamericanas, si se postulare a diputado bastará que así conste en la certificación de la Partida de Nacimiento, pero si no es así o se tratare de un candidato a la presidencia o vice presidencia de la república, tendrá que presentar la certificación de la Partida de Nacimiento de cualquiera de sus padres debidamente autenticada de acuerdo al ordenamiento del Código de Procedimientos Civiles (22).

    Hasta 1970 se aceptó por el CCE, cuando no fuere posible presentar la Certificación de la Partida de Nacimiento de los padres, ya sea porque no se encontrare o por cualquier circunstancia, se aceptaba como comprobación de la nacionalidad de ellos, la certificación del asiento de su partida de defunción.

    También se acepta, en aquellos casos en que el nacimiento de los padres se hubiere efectuado antes de la creación del registro civil, que se presente como documento supletorio de la certificación de la Partida de Nacimiento, la fe de bautismo.

    Si los padres del candidato son salvadoreños por naturalización, es necesario que se adjunte a la solicitud la certificación de la resolución de la Gobernación Política del Departamento, en que conste su nacionalización. También podrá presentarse el Diario Oficial en que se pública dicha concesión de nacionalidad.

    3) Para los candidatos a miembros de los Consejos Municipales, la Ley Electoral exige la nacionalidad salvadoreña como requisito, no calificando su calidad, por lo que un salvadoreño naturalizado no esta impedido para optar a dicho cargo, por no impedirlo la ley. entonces, los candidatos a miembros de Consejos Municipales comprobarán su nacionalidad con la certificación de su partida de nacimiento en que así conste, o con los documentos a que nos hemos referido en el párrafo anterior, que deberán presentar los naturalizados salvadoreños.

    Si el candidato fuere hijo de padres desconocidos, tendrá al igual que en los casos anteriores que establecerse el hecho del texto de la Certificación de la Partida del candidato, si simplemente no da los nombres de los padres, tendrá que establecer la circunstancia antes dicha con prueba supletoria. Pero si de la certificación se comprueba que el candidato es hijo de padres desconocidos, no será necesario, si la inscripción fuera para candidato a la presidencia, que se presente ningún otro documento para comprobar la nacionalidad. Tampoco habrá necesidad de esta para los candidatos a diputados.

    Los candidatos a miembros de Consejos Municipales basta que presenten la certificación de su Partida de Nacimiento para que se tenga por establecida su nacionalidad salvadoreña, la Ley Electoral no les pide que sean salvadoreños por nacimiento; solamente si de la certificación de la partida de nacimiento se deduce que el candidato es hijo de extranjeros y en consecuencia, el también lo es, tiene que comprobar su naturalización como salvadoreño.

    El CCE en las elecciones de Presidente de la República efectuadas en 1967, al denegar la inscripción de los candidatos del PAR, estableció la siguiente doctrina:

    1º. Para comprobar la calidad de salvadoreño por nacimiento es necesario adjuntar la certificación de la Partida de Nacimiento propia y la de cualquiera de los padres que sea salvadoreño.

    2º. No se comprueba que es HIJO de padre o madre salvadoreño si no se presenta la certificación de la Partida de Nacimiento o de la partida de bautismo en su caso, de los mencionados padres o madre, según aparece en las certificaciones de las partidas de nacimiento de los candidatos.

    3º. En tal caso, debe denegarse la inscripción de los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República que no comprueben tal calidad. (23)

    necesaria para la prueba de la nacionalidad del candidato a Presidente o Vicepresidente es la identidad de los padres, el CCE en la nueva solicitud hecha a raíz de la denegatoria fundada en la doctrina anterior al inscribir la planilla de candidatos a presidente y vicepresidente del PAR, sentó esta otra doctrina:

    2º. Se comprueba que el padre o la madre de un candidato es salvadoreño, por nacimientos si se presenta la certificación de la Partida de Nacimiento o de la partida de bautismo en su caso, de los mencionados padre o madre, según aparece en las certificaciones de las Partidas de Nacimiento de los candidatos.

    3º.En tal caso, debe denegarse la inscripción de los candidatos a presidente y vicepresidente de la república que no comprueben tal calidad. (23)

    necesaria para la prueba de la nacionalidad del candidato a presidente o vicepresidente es la identidad de los padres, el CCE en la nueva solicitud hecha a raíz de la denegatoria fundada en al doctrina anterior al inscribir la planilla de candidatos a presidente y vice presidente del PAR; sentó esta otra doctrina:

    2º. Se comprueba que el padre o madre de un candidato es salvadoreño, por nacimiento si se presenta la certificación de las partidas de dicho padre o madre de lo que aparece que nacieron en El Salvador, y certificaciones de la sentencia ejecutoriada pronunciada por el juez respectivo en la que declara que la persona a que se refiere la partida, es la misma persona que según la certificación de la Partida de Nacimiento del candidato aparece como padre o madre del mismo (23).

    Esta identidad obligatoria para los padres del candidato a la Presidencia o Vice Presidencia de la República, se comprueba en cumplimiento del requisito constitucional que pide se establezca en forma indubitable que los padres del candidato son salvadoreños, circunstancias que no se da con los candidatos a Diputado, el CCE desde 1964 por acuerdo de los partidos no ha exigido esta identidad, la cual ha extendido como necesaria con la cédula de identidad, en las elecciones de 1976 resolvió: que esa falta de concordancia, en los nombres de los padres, no tiene relevancia jurídica necesaria para desestimar la identidad de los interesados, plenamente establecida con el conjunto de elementos de juicio consignados en todos sus documentos personales que fueron analizados en su oportunidad. (24)

    No existe en El Salvador, un Registro de Nacionales, por lo que el único documento que comprueba la nacionalidad por nacimiento es la certificación de la partida respectiva.

    Siendo la certificación de la Partida de Nacimiento el documento que tiene la calidad de prueba por excelencia de la nacionalidad, su no presentación trae consigo la no comprobación por el candidato de la nacionalidad. Así ocurrió en 1968 cuando el Concejo Central de Elecciones denegó la inscripción de la planilla de candidatos a Diputado por el PDC por el Departamento de San Miguel porque no fue presentada la certificación de la Partida de Nacimiento del candidato a 2º diputado propietario.

    En relación a los candidatos a Consejos Municipales, se ha dado varias demandas tanto de nulidad de inscripción como de nulidad de elecciones por considerar los impugnantes que los candidatos no habían establecido su nacionalidad, por su importancia jurídica y política presentaré los casos que se dieron de 1974 con relación a las planillas de candidatos a Diputados por los departamentos de la Paz y San Miguel por la UNO, que fueron impugnados por el PCN y obtenida la nulidad de la inscripción.

    Ambas planillas de candidatos fueron inscritas por el Concejo Central de Elecciones, el PCN las impugnó por varias causales que eran una cortina para la principal que se refería a la nacionalidad y que en resumen se fundamento así: (25)

    1) En la planilla de candidatos a Diputados de San Miguel el cuarto candidato propietario Agustín González Flores, según su partida aparece que nació en Jocoro y según su Cédula de Identidad Personal en San Miguel, por ser un hecho físicamente imposible, decía el impugnante que establece plenamente que la certificación de la partida de nacimiento presentada no corresponde ala persona del candidato, por consiguiente no se ha llenado el requisito de su presentación y en consecuencia no se ha establecido la nacionalidad de salvadoreño por nacimiento.

    2) En la planilla de candidatos a Diputados de La Paz, el segundo Diputado suplente, Emilio Bolaines Saravia, en su Cédula de Identidad Personal aparece que nació en San Miguel y en su Partida de Nacimiento que en Chinameca, hacía el análisis hecho en el numero anterior y concluía que o se había establecido la nacionalidad del candidato; y

    3) En relación a esta misma planilla de La Paz, el demandante decía que el tercer diputado suplente señor Víctor Manuel Alvarado, no ha establecido su nacionalidad por nacimiento, pues no aparece en su respectiva Partida de Nacimiento el origen de sus padres.

    La contradicción a aparecía en los dos primeros casos se trató de subsanar, haciendo una modificación al registro de ciudadanos en que se hacía constar que la persona del candidato que según la cédula aparecía nacido en tal parte, lo que en tal otra de acuerdo a la Partida de Nacimiento. Se certificó el asiento en registro con la modificación y se presentó al Concejo Central de Elecciones, quien resolvió que tal documento a “su juicio” no era eficaz legalmente para el objeto de determinar que se trata de la misma persona, pues tal modificación debería de aparecer en la Cédula de Identidad Personal, del interesado (26)

    En cuanto al tercer caso, la Partida de Nacimiento y la certificación presentada decía claramente que el candidato es “hombre ladino salvadoreño” o sea que la Partida de Nacimiento decía la nacionalidad del señor Alvarado. Se mantuvo por la UNO que al querer negar lo establecido por el documento auténtico y pedir un medio de prueba innecesario por estar probada la nacionalidad era malicioso. Al declarar la nulidad de la planilla el Concejo Central de Elecciones solamente se refirió para declararla a la contradicción existente en el caso del señor Bolaines Saravia, que según el no había sido subsanada, por lo que aceptó el criterio expuesto en el caso del candidato Alvarado. (27). En los casos de los candidatos González de San Miguel y Bolaines Saravia de La Paz, es evidente que lo que existía era una contradicción en la identidad de los candidatos y no una falta de prueba de la nacionalidad de los mismos, pero es necesario decir que la nulidad que estamos relacionando no tenía ningún fundamento jurídico sino eminentemente político. Si el Consejo hubiera estado interesado en establecer la verdad del caso, pudo actuar de oficio y establecer la realidad de la contradicción, pero la verdad es que se dedicó a obstaculizar a la UNO para que esta no lograra una solución favorable al problema.

    Para hacer la modificación en la Cédula de Identidad Personal, se le pidió en el primer escrito que presentó la UNO en el incidente de nulidad, que certificara las cédulas de las diligencias y que se devolvieran, tal petición no fue aceptada, cuando lo correcto Estado imparcial era que inmediatamente hubiera procedido a ello, sin embargo al sentenciar declaró la nulidad por no haberse efectuado la modificación del lugar de nacimiento en la cédula de los candidatos. La actitud del Consejo de impedir realizar la modificación y después declarar la nulidad de su falta, denotaba el estar obedeciendo una línea política trazada por el régimen, sin importar la voluntad popular y el establecimiento de una verdadera democracia. El PCN quería obtener a toda costa la seguridad de que la UNO no obtendría el tercio de los Diputados electos a la Asamblea Legislativa y la oportunidad se la había dado la misma UNO al permitir la contradicción en los documentos, hecho que indiscutiblemente hizo variar el resultado de la elección.

    Fue evidente como antes de ser inscritas las planillas los representantes del PCN tuvieron acceso a ellas, no fue así con los representantes de la Uno a quien se les obstaculizo el establecer su representación, para que hicieran lo propio con la documentación del PCN, sino con posterioridad a la finalización del plazo de impugnación.

    Hay varios casos de impugnación de planillas a Consejos Municipales por no comprobación de la nacionalidad, de las resoluciones dadas en estos casos jurídica y políticamente merecen análisis aparte las que se refieren a la impugnación de la candidatura como síndico de la ciudad de San Salvador el Dr. Arturo Zeledón Castrillo, por el PDC en 1966 y la de nulidad de la inscripción de la planilla de miembros del Concejo Municipal del municipio de Usulután en 1970, porque el alcalde electo en la planilla del UDN, Farid Handal, no comprobó su nacionalidad.

    El PCN consideró que no había presentado la certificación de la Partida de Nacimiento del Dr Arturo Zeledón Castrillo, por lo que debería anularse la inscripción de la planilla en la que aparecía la candidatura a Síndico de la Alcaldía Municipal de San Salvador, presentada por el PDC, los argumentos en que basó su petición en síntesis fueron: (28)

    1º. La certificación presentada era del asiento No. 280 de la pagina 263 del Libro 2º de Partida de Nacimiento que el Registro Civil de la Alcaldía de San Salvador llevó en 1935, Estado la que aparece por escritura pública el 13 de julio de 1935 se reconoció como hijo natural al Dr Carlos Arturo Zeledón Castrillo conocido por Arturo Zeledón Castrillo, nacido el 27 de mayo de 1914 en San Salvador.

    2º. Que de acuerdo con los Arts. 311 y siguientes del Código Civil, 52 y 53 de la Ley del Ramo Municipal; y 967 Pr. se debe: a) Inscribir en el Libro de Nacimientos que llevan las Alcaldías Municipales dentro de los 15 días de nacida una persona, correspondiendo tal obligación a los padres y parientes del recién nacido; b) Dicha inscripción se hará en el libro correspondiente al año de nacimiento. Tal libro principia y concluye en el mismo año; c) Si no realiza tal inscripción, se deberá establecer el estado civil del recién nacido ante Juez de lo civil de la jurisdicción en que debió registrarse la partida respectiva; debiendo presentarse la certificación de la sentencia ejecutoriada y no el documento que se presentó ya que de acuerdo a los Arts. citados no es certificación de Partida de Nacimiento.

    En el término de prueba correspondiente el PDC alegó en defensa de la validez de la inscripción en resumen lo siguiente (29)

    1) La Ley no exige que el candidato debe probar su estado civil, para ser inscrito candidato ya que nada tiene que ver en materia electoral, que el estado civil subsidiario que se establece de acuerdo al 967 Pr., procede cuando no existe Partida de Nacimiento que para obtener su inscripción el candidato presentó la certificación de su Partida de Nacimiento.

    2) Que no existe disposición alguna ni en el Código Civil, ni en la Ley Electoral que prohíban que se asiente una Partida de Nacimiento en un libro posterior al año en que aquel nacimiento se ha efectuado; que si se asienta en año posterior no existe tampoco disposición alguna que la declara nula; que la disposición administrativa del inciso final del Art. 53 de la Ley del Ramo Municipal que dice: Que cada libro principia con el año y concluye con el, no contiene prohibición de que se asiente un nacimiento en año posterior al que ocurrió y que además de incumplir el plazo de 15 días establecido por el Art. 311 C. para poner en conocimiento del alcalde el nacimiento, no tiene como sanción la nulidad de la partida sino que el Art. 336 C. castiga con multa de ¢5.00 a ¢25.00 al a persona obligada por la ley a hacerlo. Mas aún en el caso de omitirse alguna de las condiciones exigidas por la ley del Ramo Municipal, la sanción que se da en el Art. 58 inc. 2º de dicha ley es la multa y determina que su falta no produce nulidad.

    3) De acuerdo al Art. 31 C. Estando en la debida forma se presumirá la autenticidad y la pureza de la certificación de la Partida mientras no se establezca su nulidad en juicio contradictorio.

    Dentro del término de prueba el PDC presentó certificación de Partida de Nacimiento del candidato inscrita el 2 de junio de 1914 con razón al margen que decía: Rectificada por partida No. 2280 al folio No. 263 de libro segundo de 1935.

    La nulidad no fue resuelta en el tiempo anterior a la elección por lo que se fue a elecciones en la ciudad de San Salvador con la plantilla del PDC impugnada de nulidad, esto no fue impedimento para que la ciudadanía de San Salvador eligiera a sus integrantes como miembros de Concejo Municipal que fungiría para el periodo de 1966 a 1968.

    El que en los días anteriores al a elección el PDC realizara la mas fuerte concentración de la campaña de todos los partidos contendientes; el que por los periódicos se emitieran opiniones a favor o en contra de la nulidad. Así como el que en los días posteriores a la elección la indignación de muchos sectores profesionales se evidenció al manifestar su desacuerdo a la petición de nulidad y las conversaciones sostenidas con representantes del régimen y sobre todo por el incontrastable triunfo electoral obtenido por el PDC, de 42.961 votos contra 16.011 del PCN, dio por resultado que el PCN desistiera de su demanda de nulidad de la inscripción (30) la Junta Electoral Departamental de San Salvador, integrada por dos abogados de gran capacidad y prestigio profesional los doctores Reynaldo Galindo Pohl y José Enrique Córdova, después de analizar las certificaciones presentadas por el PDC que eran documentos auténticos y de considerar que se encontraban amparados por la presunción de autenticidad mientras no se declare lo contrario por un tribunal civil, así como de que las autoridades electorales no pueden desestimar el contenido de tales instrumentos a menos que la Ley expresamente les confiera dicha facultad, la cual no le es dada, resolvió tener por desistida la acción de nulidad promovida por el PCN y aceptada por el PDC, acordando en consecuencia mantener la candidatura de síndico municipal impugnada y la inscripción de la planilla (31)

    Considero como grave error jurídico el que la Junta Electoral de San Salvador haya aceptado el desistimiento de la acción de nulidad presentada por el PCN aunque dicha renuncia se encuentre elevada por la aceptación del Partido a que pertenecía la planilla incoada.

    Es fuera de toda duda que el ámbito de aplicación de la Ley Electoral se encuentra enmarcado dentro de las regulaciones llamadas Derecho Público, de donde una vez presentada la demanda de nulidad del tribunal electoral esta obligado a tramitarla e impulsarla de oficio, pues es de interés del estado y de todos los ciudadanos el que la persona reúna los requisitos legalmente establecidos. Actúa en violación a la Ley el organismo electoral que existiendo causal del nulidad de inscripción de una candidatura, comprobada en el término de prueba del incidente de nulidad, no la declara por haber desistido antes de la sentencia la parte demandante. En el caso que comentamos la JED debió haber declarado sin lugar al desistimiento y procedió a pronunciarse sobre la nulidad que en el caso analizado considero no procedía, criterio que fue mantenido también por la JED de San Salvador y por el Concejo Central de Elecciones en las elecciones de 1976, en situación similar que se presentó en la nulidad solicitada por el PCN de la planilla a Concejo Municipal de Ilopango presentada por la UNO, porque uno de los candidatos según dicho partido, no podría acreditar su condición de hijo ilegítimo, debido a que su partida de nacimiento es inexistente, por haber sido asentado treinta años después de nacido. Se sostuvo que la certificación de la Partida de Nacimiento era un instrumento auténtico que conservaba su valor legal mientras no se declare judicialmente lo contrario. (32)

    La nulidad de la inscripción de la planilla del UDN al Concejo Municipal de Usulután se dio al ser inscrita por la Junta Electoral Departamental de Usulután, dentro del término legal el PCN impugnó de nulidad dicha inscripción por no reunir algunos miembros de la planilla los requisitos legales establecidos por la ley, siendo el motivo principal el de que el candidato a Alcalde no era salvadoreño. La planilla fue anulada por el CCE, después de conocido el resultado electoral por el cual el UDN había ganado las elecciones por un margen de 229 votos al obtener 2.917 tribunal el PCN 2688 votos, la Junta Electoral Departamental de Usulután declaró sin lugar la demanda de nulidad de inscripción pedida por el PCN por considerar que el alcalde electo si era salvadoreño, el PCN apeló ante el Concejo Central de Elecciones de la resolución (33)

    En el tiempo que duró la tramitación de la apelación hubo protestas y publicaciones del UDN, una de las cuales iba acompañada por mas de 400 firmas. (34)

    El 8 de abril el CCE resolvió la apelación revocando la resolución de la Junta Electora Departamental y anulando la inscripción de la planilla, por considerar que el candidato a Alcalde no era salvadoreño ni por nacimiento ni por naturalización. (35)

    La resolución del CCE demuestra un criterio eminentemente político y no jurídico para resolver el problema de no dejar llegar a una persona de ideología progresista a una Alcaldía Municipal tan importante como la de Usulután. Para lograr tal objetivo político el único camino que quedaba era la anulación de la planilla, ya no era posible anular la diferencia tan pequeña de votos, la Junta Electoral Departamental ya había definido el triunfo electoral del UDN y en 1966 cuando el mismo señor Handal era el candidato del PAR a la misma alcaldía, se había hecho uso de la represión y el fraude para impedirle ser electo, no se quería con esta ocasión repetir la historia. (36)

    El Consejo comenzó por hacer caso omiso del análisis presentado por el UDN y fundamentó su resolución en la argumentación hecha por el PCN.

    Sostiene el Concejo Central de Elecciones en síntesis lo siguiente: (37)

    1º. Que como al momento de nacer el candidato sus padres eran extranjeros, tal circunstancia le daba al candidato únicamente la nacionalidad por naturalización.

    2º. Que tal circunstancia no cambiaba por haber obtenido los padres del candidato la nacionalidad salvadoreña con posterioridad.

    3º. Que el candidato como consecuencia de lo anterior debería a su mayoría de edad haber manifestado que optaba por la nacionalidad salvadoreña. Como lo hizo, tampoco tenía la nacionalidad por naturalización.

    4º. Que tanto en la Cédula de Identidad del candidato, como en su partida de nacimiento aparecían confusiones con relación al nombre de los padres que no establecían ni la identidad, ni la nacionalidad caso pudiera establecerse.

    Es evidente que el CCE resolvió con criterio de obstaculizar la elección formal del candidato, porque en las urnas ya no había sido, tal hecho se evidencia cuando al analizar los nombres de los padres y del candidato mismo los tergiversa y confunde.

    Para analizar la nacionalidad, no le da ningún carácter retroactivo al hecho de que los padres adquirieran la nacionalidad salvadoreña, cuando siendo materia de orden público lo tiene de acuerdo con la Constitución.

    Cuando el Concejo Central de Elecciones dice en su sentencia que el candidato “nació cuando los padres aun no eran salvadoreños, cualquiera de los dos que aparecen en las diligencias, se deduce que no es salvadoreño, por nacimiento tal como lo establecen las leyes, está haciendo uso de un criterio equivocado en relación con la nacionalidad salvadoreña, se funda en un criterio formalista y gramatical restrictivo del ejercicio del derecho a ser electo que tiene todo salvadoreño, pues cuando la Constitución en su Art. 12 No. 1º. Dice que son salvadoreños por nacimiento, “los nacidos en el territorio de El Salvador, hijos de padre o madre salvadoreño”, lo que pide es que la persona que nace en El Salvador para ser salvadoreño por nacimiento debe ser hijo de salvadoreño, no pide que necesariamente sus padres lo sean al momento de que tal persona nazca, si ese hubiera sido el criterio que se tuvo al dar la Constitución se hubiera exigido en el No.3 del mismo artículo constitucional, que los padres de los descendientes de hijos de extranjeros deberían ser salvadoreños cuando estos nacieran; por el contrario lo que se establece en este caso, es que son salvadoreños por nacimiento”. 3º. Los descendientes de hijos de extranjeros nacidos en El Salvador, que dentro del año siguiente a su mayoría de edad no opten por la nacionalidad de sus padres.

    En manifiesto que publicó la planilla electa del UDN el día 11 de abril de 1970 en La Prensa Gráfica bajo el titulo “LA VOLUNTAD DEL PUEBLO USULUTECO NO VALE”, presenta una interesante interpretación del Art. 150 de la Ley Electoral que establece que cualquier clase de elección se declarará nula: Si el candidato o candidatos electos no reúnen las condiciones legales. Si esto es así, dicen ellos al anular nuestra planilla debió anular también la elección y convocar a una nueva. Al no hacerlo así, el Concejo Central de Elecciones demuestra su parcialidad a favor del PCN.

    Por las circunstancias que fueren, la verdad es que al momento de la elección la planilla estaba inscrita y el pueblo de Usulután votó valientemente por ella, la eligió. Si el consejo sostiene que aquí lo que anula es la inscripción y no la elección, al verdad es que tal argumento es eminentemente formalista, falso y burla la voluntad manifestada por una colectividad, en beneficio de un grupo determinado, en este caso el PCN, y la finalidad de la Ley Electoral no es esa.

    Hay otro elemento importante en esta nulidad, es de que el Consejo en su sentencia analiza contradicciones existentes entre los nombres de los padres del candidato según aparecen en su cédula y como aparecen en la certificación de la Partida de Nacimiento, falta de identidad que he expuesto antes no se ha aplicado en muchos casos.

    En relación a la declaratoria de nulidad por no haberse probado la nacionalidad me pregunto: ¿Acaso no es necesario ser previamente nacional para ser ciudadano? ¿No es únicamente a los nacionales a quienes se les inscribe en el registro de ciudadanos y a quienes se les extiende la Cédula de Identidad Personal? Si el candidato se le extendió Cédula de Identidad Personal es necesario concluir que es salvadoreño, si no es así el Consejo debería haber resuelto al sentenciar el caso, lo pertinente sobre la inscripción del candidato en el registro de ciudadanos, cosas que no hizo.

    B. La Ciudadanía.

    En la tesis doctoral “los ciudadanos y el cuerpo electoral”, del Dr. Oscar de Jesús Zamora en la pagina 41 a la 49 transcribe discusión entre dos abogados y la Corte Suprema de Justicia en una demanda de inconstitucionalidad en la que se consideró por la Corte Suprema de Justicia que la ciudadanía se determina por tres elementos: a) La persona natural; b) la nacionalidad y c) la edad. Que si bien los Tribunales y oficinas públicas han aceptado la certificación de la partida de nacimiento como prueba de la nacionalidad y de la ciudadanía, esto ha sido así por falta de otro medio mejor de prueba, porque el ser natural y la edad son elementos que se prueban plenamente con la certificación de la partida, pero la nacionalidad hay casos en que no se comprueba con ella, como es la naturalización.

    La Corte Suprema de Justicia no a da la Cédula de Identidad Personal valor probatorio de la ciudadanía, por ser este documento como su nombre lo indica de identidad, además de que al mismo tiempo que se extiende la cédula se hace el registro de ciudadanos (Art. 4 Ley de Cédula)

    La Corte da como instrumento que prueba plenamente la ciudadanía, la certificación del registro de ciudadanos.

    Sin embargo en materia electoral se toma como instrumento que prueba la ciudadanía a la certificación de la Partida de Nacimiento.

    c) La edad

    La certificación de la Partida de Nacimiento es prueba plena de la edad del candidato, no existe otro medio aceptado electoralmente para comprobarla, esto es así porque necesariamente se tiene que presentar la certificación de la Partida de Nacimiento por parte del candidato, o la prueba supletoria en su caso y al hacerlo esta determinando su edad, fue así como en 1966 el primer candidato a Diputado suplente por el PPS en Sonsonate se comprobó que tenia 24 años e hizo que el Concejo Central de Elecciones en base al Art. 41 Cn. Denegara la inscripción de la planilla de candidatos. (38)

    d.) El origen.

    El que los candidatos sean originarios de la circunscripción electoral correspondiente en el caso de los diputados, o del municipio respectivo en el caso de los concejos municipales, solo puede ser establecido mediante la certificación de la Partida de Nacimiento del candidato. Cualquier prueba supletoria que se establezca ante juez competente relacionada con el origen tiene que ser inscrita en el libro correspondiente del registro civil y la certificación que a su vez se extiende será necesariamente la que compruebe el origen del candidato. Como he dicho ya, este requisito se encuentra íntimamente ligado a la vecindad, así que cuando el candidato es originario de otro departamento o municipio, según el caso, del que va como candidato, entonces deberá presentar la prueba de ser vecino del departamento o municipio por el que se postula; así lo han detenido los organismos electorales y así consta en las resoluciones que se han emitido en relación a este requisito.

    ¿Qué requisito debe llenar la Partida de Nacimiento y su certificación?

    La respuesta nos la da la Ley del Ramo Municipal en los Arts. 52, 54, 58, 59 y 62 inciso 1º y 2º que dicen:

    Art. 52. El Alcalde Municipal de cada población y su Secretario, son los encargados de llevar el registro civil de las personas y para este efecto, se formarán cuatro libros de papel común: uno de nacimiento, uno de matrimonio, uno de defunciones y otro de divorcios.

    Art. 54. En el primer libro se asentarán todas las partidas de nacimiento con expresión de nombre, apellido y sexo del recién nacido, el día y la hora en que se verificó el nacimiento y los nombres y apellidos, origen y domicilio de los padres si aquel fuese legítimo, o el de la madre si fuese legítimo.

    Art. 58. Todas estas partidas serán numeradas por su orden, deberán asentarse unas a continuación de otras, sin dejar espacio en blanco, y serán firmadas por el Alcalde, el Secretario y la persona que de el dato u otras a su favor debiendo salvarse las enmendaduras, testaduras y entrerrenglonaduras y darse cuenta de ellas en cada junta municipal ordinaria.

    La omisión de alguna o mas de las condiciones exigidas en los artículos 54, 55, 56 y 57, no producen nulidad, y los funcionarios respectivos incurrirán en la multa que indica el siguiente artículo.

    Art. 59. Cada infracción de las formalidades prescritas para el registro en los artículos anteriores, será penada con diez pesos de multa, que impondrá la Municipalidad a los encargados de llevar aquél.

    Art. 62. Las certificaciones de las partidas a que se refieren los artículos anteriores se extenderán en papel sellado de ¢0.30 por el Jefe del Registro Civil, y en los lugares en que no existiere dicho funcionario, serán firmadas por el Alcalde y su Secretario.

    Estas certificaciones serán las únicas por que se compruebe ante los Tribunales y demás funcionarios del Estado la edad, el nacimiento, el matrimonio, el divorcio y la muerte, respectivamente, y para efectos puramente civiles y criminales.

    El artículo 260 Pr., en lo pertinente dice: Hacen plena prueba, salvo los casos expresamente exceptuados, los instrumentos auténticos. Se entiende por tales: 3º. Las Certificaciones sobre nacimientos, matrimonios y defunciones, dadas con arreglo a los libros por los que los tengan a su cargo. Los instrumentos a que se refiere el presente artículo, podrán ser extendidos usando sistemas fotográficos de acuerdo con las practicas administrativas que el Gobierno adopta en sus distintas dependencias. En tales casos el valor del papel sellado que corresponde al instrumento se compensará con Timbres Fiscales.

    3.2. CÉDULA DE IDENTIDAD PERSONAL

    a) Identidad

    Como su nombre lo indica y de acuerdo al Art. 7 inc. 1º. De la Ley de Cédula de Identidad Personal este documento comprueba la identidad del candidato; esto está terminantemente expresado así: “La Cédula de Identidad Personal es el documento necesario y suficiente para establecer la identidad de la persona en todos los actos públicos y privados en que la presente”... este mismo es el criterio expresado por la Corte Suprema de Justicia y que expusimos al hablar de la Prueba de la Ciudadanía.

    El CCE sostiene este mismo criterio, es más a partir de la reforma que se hizo al Art. 62 de la Ley Electoral en 1971, en que se estableció la Cédula de Identidad Personal como documento necesario para a inscripción, el Concejo Central de Elecciones no acepta como prueba de la identidad ningún otro documento, aunque este contenga exactamente los mismos datos que la Cédula y sea un documento auténtico extendido por el mismo funcionario que pide la Cédula de Identidad Personal, como es la certificación del Registro de ciudadanos, esto sucedió en 1974 en las elecciones de Consejos Municipales y Diputados cuando la UNO presentó en lugar de la Cédula dicha certificación para 3 candidatos de la planilla de Diputados por San Salvador, circunstancias por la cual denegó la inscripción manifestando que no habría presentado el documento exigido por el Art. 62 numeral dos de la Ley Electoral (39)

    El criterio restrictivo del Consejo se contradice con el sustentado por el mismo organismo, electoral que en 1964 en las elecciones de Diputados y Consejos Municipales permitió que se presentara certificación de Registro de Ciudadanos, posición que también contradice planteamiento hecho por este mismo consejo en las mismas elecciones de 1974 cuando en varias demandas de nulidad de inscripción resolvió: CONSIDERANDO II. Que la Identidad Personal de un candidato es un elemento imprescindible para poder valorar la documentación necesaria que se acompaña a fin de poder estimar que dicha persona reúne los requisitos legales que la Constitución Política y demás leyes pertinentes requieren para su inscripción, fundamentalmente en lo relativo a las condiciones y requisitos que determinan su capacidad legal para optar al cargo de elección popular a que ha sido postulado. Esta identidad, por su propia naturaleza surge de varios elementos de juicio a individualmente pueden ser intrascendentes, pero que en su conjunto si lleva al convencimiento jurídico de que la persona postulada es la misma a que se refiere toda la documentación que con respecto a ella se presentó. Fue con este criterio que el Concejo Central de Elecciones ordenó la inscripción de la planilla impugnada. (40)

    El criterio del Consejo sobre la identidad de los candidatos que hemos expuesto, no se aplicó en la nulidad que demandó el PCN de las planillas de candidatos a diputados por la Paz y San Miguel en las elecciones de 1974, sino como ya dijimos al plantear esta nulidad al exponer lo relativo a la nacionalidad, únicamente el Consejo se limitó a decir que la certificación del registro de ciudadanos, en la cual se había subsanado la contradicción base de la nulidad, no era para dicho organismo electoral, legalmente eficaz para el objeto indicado, pues tal modificación debería aparecer en la Cédula de Identidad Personal del interesado.

    En el término de prueba de la nulidad la UNO; alegó que la Identidad no era causal de Nulidad, su argumentación fue: “Las nulidades en materia de procedimientos son de derecho estricto, tal como lo reconocen unánimemente la doctrina y legislación procesal. Con mayor razón, cuando dichos tramites se refieren a materia de derecho público, como lo es la Ley Electoral que regula los derechos políticos de los ciudadanos, particularmente de elegir y ser electo a cargos públicos como ejercicio de la soberanía del pueblo. Por eso es que la ley exige que las nulidades sean expresadas, es decir, debidamente especificadas; que puedan causar perjuicio y que se aleguen por el interesado. La falta de identidad ni siquiera esta regulada en el derecho sustantivo, menos indicado en la ley procesal ni en la Ley Electoral como motivo de nulidad. Aun más, ninguna ley de la República establece que se deben usar uno o dos nombres y/o apellidos de la persona; con mayor razón no puede concebirse que signifique nulidad de una inscripción un motivo que se le ocurra a cualquier presunto interesado.

    Por encima del interés del Partido de Conciliación Nacional esta el interés del pueblo a elegir entre candidatos inscritos ya legalmente. Y este pueblo si sale perjudicado, se le causa perjuicio, si por motivos intrascendentes se le niega la oportunidad de ejercer su derecho soberano.

    Declarada la nulidad, el representante de la UNO solicitó revisión de la sentencia, en su alegato razonó entre otras cosas lo siguiente:

    “De acuerdo con la ley de la materia, la Cédula de Identidad Personal, sirve para acreditar el nombre y apellido de una persona. Ese es el criterio que han seguido siempre no solo los organismos electorales, sino las Oficinas administrativas y sobre todo los notarios, para establecer la identidad del otorgante de un instrumento público. La Ley establece que dicho documento debe extenderse en el domicilio del interesado y no en el lugar de origen. Todos los demás, datos como edad, nombre de los padres, etc., deben establecerse y probarse con otros documentos, como la certificación de la partida de nacimiento. Así el interesado esta unido en matrimonio con otra persona, le será indispensable establecer su estado civil de casado con la respectiva certificación de la partida de matrimonio La Ley del Ramo Municipal, en su Art. 62 inciso segundo, establece: “Estas certificaciones serán las únicas con que se compruebe ante los Tribunales y demás funcionarios del Estado, la edad, el nacimiento, el matrimonio, el divorcio y la muerte, respectivamente, y para efectos puramente civiles y criminales. Vemos pues, que la certificación de la Partida de Nacimiento es prueba del lugar de origen y no la cédula.

    Cuando un ciudadano ejercita el derecho al voto, con su Cédula de Identidad se identifica y por instrucciones de ese mismo consejo, en los instructivos correspondientes basta la concordancia el numero de la Cédula con el nombre del votante y el que aparece en las listas electorales. Para ser congruentes, el Concejo Central de Elecciones, tendría que hacer nuevas listas de electores, con todos los datos que aparecen en las respectivas Cédulas de Identidad, con la salvedad de que si alguna discrepancia hubiera entre la Cédula de Identidad y la Partida de Nacimiento correspondiente, ese ciudadano no podría votar. Donde hay las mismas razones, deben haber las mismas disposiciones; el derecho ciudadano comprende no solo el hecho de elegir sino el de ser electo.

    Por las razones anotadas, es que, para votar, ejercer derechos ante Organismos Estatales, otorgar instrumentos públicos ante notario, etc., no se requiere la presentación de la certificación de la Partida de Nacimiento, sino que basta con la Cédula de Identidad Personal. Ello significa que la certificación de la Partida de Nacimiento, es prueba como su nombre indica, del hecho del nacimiento y su filiación, esto es, del nombre de sus padres y lugar de origen para determinar si es o no salvadoreño”.

    La identidad del candidato Agustín González Flores, está completamente determinada con la documentación que he presentado. Su nombre y apellido es el mismo en su Cédula de Identidad, solvencias, certificación y su Partida de Nacimiento, actas de elección del Partido y Coalición que lo postulan. Dudar de su identidad con tales atestados es negarle su propia existencia; si se tratara de otra persona, y de que su identidad no estuviera suficientemente establecida, correspondía al abogado impugnante la prueba y eso no se ha hecho, pese a que la carga de la prueba corresponde a quien hace la afirmación de la causal de nulidad.

    Queda evidenciado lo antes expuesto, por el hecho de que ese mismo Consejo ordenó la inscripción de la planilla de candidatos, por considerar correcta y suficiente la documentación presentada. La manera mas fácil de impedir la participación de un Partido político en elecciones, seria impugnar toda inscripción. Precisamente la ley concede plazos para reparar defectos cuando una planilla es denegada en su inscripción. La nulidad alegada se basa en situaciones que no constan en las diligencias correspondientes y n o en vicios que este Tribunal estaba obligado a estimar al momento de decidir la inscripción de una planilla.

    En la audiencia que se dio al representante de la UNO de conformidad al Art. 186 de la Ley Electoral, este recalcó lo siguiente: (43)

    Si a lo anterior agregamos que la Ley de Cédula de Identidad Personal, debido a una serie de vacíos, plantea muchas interrogantes, entre las cuales destacamos las siguientes: 1)¿Cuándo es nula la Cédula de Identidad Personal?; 2) ¿Que elementos deben faltar o resultar errados para que una cédula sea nula o inexistente?; y 3) ¿qué elementos deben faltar o resultar errados para que una cédula carezca de eficacia y produzca al contrariar otro documento un resultado tan grave como el de nulificar una planilla de candidatos y privar a un conjunto de partidos de la participación en la contienda electoral de un departamento determinado? Cualquiera que fuere la respuesta, tendría que comenzar por darle la calidad que el suscrito le da al asiento de la Cédula”.

    b) La Vecindad y el Domicilio Electoral:

    LA Constitución para los Diputados y la Ley Electoral para los miembros de los Consejos Municipales, en caso de que el candidato no sea originario del Departamento o Municipio por el que se postula le exige la vecindad, esta se comprueba con la Cédula de Identidad Personal.

    La Cédula de Identidad Personal se extiende en base a la Ley de Cédula de Identidad Personal aprobada en diciembre de 1960 y que vino a sustituir la Ley de Cédula de Vecindad fue promulgada en Julio de 1940, la cual tenía como antecedentes la ley del mismo nombre promulgada en 1932.

    La Ley de Vecindad establecía que cada municipio tenía que llevar un libro denominado Registro de Vecindad en el cual se asentaban los datos de los vecinos domiciliados en el municipio mayores de dieciocho años, de nacionalidad salvadoreña.

    La vecindad así concebida coincide con lo prescrito por la Ley Electoral que en el Art. 199 considera vecino a quien haya residido o tenga su domicilio en la circunscripción electoral correspondiente. Pero para efectos de candidatura, tanto el domicilio como la vecindad deben anteceder por lo menos un año a la fecha de elección.

    La Ley de Cédula establece que todo ciudadano salvadoreño al cumplir los 18 años, debe obtener su Cédula de Identidad en la alcaldía de su domicilio y que cuando cambie de domicilio es obligatorio que se presente dentro del sociedad 30 días siguientes del traslado, a la alcaldía municipal de su nuevo domicilio a efectuar tal cambio, entregando la Cédula anterior que le será substituída por otra que contenga el numero de clave de su municipio y el correlativo de la Cédula (Arts. 1 y 10 Ley de Cédula de Identidad Personal, Art. 5 Decreto No. 160-d.o. No. 219 tomo 229)

    Con anterioridad a 1970 el Concejo Central de Elecciones y los demás organismos electorales aceptaban como prueba de la vecindad la Certificación de resolución de diligencias seguidas ante el alcalde municipal, en que se declaraba en base a prueba testimonial y el conocimiento del alcalde, que una persona tenía un tiempo determinado, mayor de un año de residir en el municipio por el que el candidato se postulaba.

    El CCE en 1971 , anuló la inscripción de la planilla de candidatos a diputados por San Salvador por el UDN, en que figuraba como primer candidato propietario el Dr. Francisco Roberto Lima, a quien el Oficialismo no perdonaba el que se volviera en su contra después de haberlo hecho Vicepresidente de la República durante el periodo Presidencial del Coronel Rivera (44)

    Resulta evidente el criterio político del Concejo Central de Elecciones, que inscribe la planilla referida aceptando como prueba de la vecindad de la circunscripción electoral de dos candidatos a diputados, la resolución del alcalde que he referido antes dictaba el funcionario municipal en donde residía el candidato, por aparecer tales candidatos con cédula emitida en Ahuachapán y en San Miguel. Resalta mas el asunto cuando planillas del PCN y otros partidos presentaron esta misma prueba de vecindad y les fue aprobada. Sin embargo por demanda de nulidad presentada por el PCN se declaró nula la inscripción de los candidatos mencionados, alegando que no llenaron el requisito establecido por la Ley de Cédula de Identidad Personal, cuando a esa fecha no estaba establecido en la Ley Electoral que debía presentarse como documento necesario para la inscripción la Cédula de Identidad Personal. No es sino a partir de la reforma de la Ley Electoral efectuada en 1971 que se determina cuales son los documentos necesarios para la inscripción, anteriormente el Art. 62 de la Ley Electoral decía que: las solicitudes de inscripción y todos los documentos necesarios se presentarán al Concejo Central de Elecciones o al organismo electoral correspondiente.

    En este caso de nulidad se evidencia la inconveniencia del criterio sustentado de declarar nula la inscripción de toda una planilla inscrita y que así fue a elecciones, con un recurso extraordinario pendiente de resolución.

    Como la inscripción se efectúa por planillas y la votación es por emblemas de partidos, en un caso como el presente el pueblo vota por un partido, declara su voluntad a favor de el, eligiendo en consecuencia a un Diputado. Si un candidato integrante de esa planilla no reúne los requisitos legales y además no es electo, ya sea por ocupar uno de los últimos puestos o por ser suplente, no es lógico, ni justo, ni democrático, que al candidato electo por voluntad popular se le impide el acceso al mismo por un simple criterio de un organismo electoral, si este además tiene las capacidades de ley.

    Si la inscripción se efectúa por planilla, no es justo, ni lógico y a mi entender jurídico que se le impida a todos sus integrantes el desempeñar un cargo por algo que no es su culpa, cual es que otro candidato no reúne las cualidades establecidas por la Ley, en Costa Rica por ello, cuando algún candidato de una planilla electa por imposibilidad legal o natural no puede desempeñar el cargo se llama al siguiente que le sigue en el orden de su planilla. La concepción del proceso democrático costarricense es considerar que las minorías tienen que tener representación y la realidad es que de ningún partido puede obtener el 100% de los votos, consecuentemente siempre habrá candidatos de la planilla que no se eligen, por eso no se necesitan suplentes, solamente propietarios y son éstos los que entran a fungir en orden ascendente y los que por cualquier causa no pueden desempeñar el cargo, ya que la planilla del partido obtuvo los votos necesarios para obtener determinados puestos.

    En 1971 para evitar en lo posible que los organismos electorales se prestaran a la “movida” de inscribir un candidato y después por cualquier motivo legal o no, ya de común acuerdo con el otro partido la anulan, se propuso que cuando se anulara una inscripción por un motivo que el organismo electoral debería conocer en base a la documentación presentada, se debía condenar a los integrantes de dichos organismos al pago de una multa entre ¢500.00 y ¢1.000.00, propuesta que por venir de todos los partidos de oposición, no fue incluida en el Proyecto de Reforma a la Ley Electoral que presentó el Ministerio del Interior. A pesar de ello los partidos de oposición PDC, PPS, UDN, y MNR, presentaron la moción a la asamblea directamente, la cual por no convenir a los intereses políticos del PCN y al régimen, se archivó por la mayoría de diputados oficialistas, es decir que ni tan siquiera se discutió.

    El otro caso por el que se anuló una inscripción por no haberse probado la vecindad fue el de la planilla a miembros de Consejos Municipales del municipio de Cuscatancingo, por el PDC, esto ocurrió en las mismas elecciones de 1970, que eran las primeras en que actuaba el actual CCE y fue la confirmación de la nulidad de esta inscripción una de las causas por las que los diputados democristianos pidieron en ese año la destitución de tal Consejo.

    La planilla fue inscrita por la Junta Electoral Departamental de San Salvador, uno de los candidatos, aparecía con la Cédula de Identidad Personal extendida el día 7 de enero de 1970, pero se había agregado constancia del alcalde de que el candidato tenía mas de un año de residir en el Municipio, el PCN impugnó la inscripción por considerar que había sido hecha en violación a la ley, en el término de prueba el PDC presentó prueba testimonial, de que el candidato residía en el municipio, que allí tenia su residencia la Junta Electoral Departamental practicó inspección en la casa de habitación del candidato situada en el municipio, comprobó por medio de los vecinos que allí vivía el candidato. El problema se presentó el que al comprobar la vecindad del candidato se le agregó un nombre más que no le aparecía en las diligencias de inscripción. La JED, consideró que se había comprobado la vecindad de otra persona que no era el candidato y declaró la nulidad. Se apelo y llegó al Concejo Central de Elecciones, allí el consejo no le dio validez a la prueba presentada para la vecindad. (45)

    La cuestión estriba en que de acuerdo con criterio sustentado por este mismo consejo en relación a la identidad, esta surge de varios elementos de juicio que individualmente pueden ser intrascendentes pero que en su conjunto si llevan al convencimiento jurídico de la persona postulada es la misma a que se refiere toda la documentación; entonces en relación al caso de identidad estaba comprobada y consecuentemente su vecindad. Pero el Concejo Central de Elecciones desestimó como no idónea la prueba vertida.

    Es necesario que a estas alturas comente la posición que en 1966 planteó el PDC en relación al Concejo Central de Elecciones, la actitud de la asamblea y la del mismo Concejo Central de Elecciones, con lo sucedido en 1970 en la solicitud de destitución del Concejo Central de Elecciones por el Partido Demócrata Cristiano.

    En 1966 el PDC pidió a la Asamblea voto de censura Moral al Concejo Central de Elecciones “por no haber cumplido a cabalidad con la alta responsabilidad que se había confiado”... la Asamblea cursó la solicitud, llamó al Concejo Central de Elecciones a dar las explicaciones el caso y por ultimo rechazo la petición. A su vez el Concejo Central de Elecciones con la dignidad que corresponde al cargo dio las explicaciones Decreto Legislativo caso a la Asamblea y al Pueblo en cartas publicadas en La Prensa Nacional (46)

    En 1970, la situación de avance hacia el logro de una amplia democracia había cambiado, muy por el contrario experimentaba un retroceso y el Concejo Central de Elecciones se consideró tal factor importante en este deterioro que ameritó solicitud de su destitución por el PDC a la Asamblea Legislativa, la situación política del país había variado tanto en tan poco que ni tan siquiera se investigó los cargos hechos, por parte de la Asamblea, lejos de eso el Concejo Central de Elecciones en cartas publicadas en los periódicos parecía al referirse al asunto un enemigo más de la Oposición, que la autoridad imparcial que por lo menos en estos casos se debería demostrar. (47)

    En 1968 la Junta Electoral Departamental declaró nula la elección de Atiquizaya de Consejos Municipales por demanda del PPS, porque uno de los candidatos a miembros del consejo de la planilla del PCN, no tenía su residencia en esa localidad y haberse comprobado que residía en San Salvador, el CCE la declaró sin lugar por estimar como prueba del domicilio electoral a la Cédula de Identidad Personal. (48)

    c) Que el candidato sabe leer y escribir.

    La ley de Cédula de Identidad Personal en el Art. No. 12 establece que la Cédula contendrá el dato sobre que el candidato sabe leer y escribir, o si sabe solo firmar.

    La afirmación hecha en la Cédula de que el candidato a miembro de Concejo Municipal sabe leer y escribir es suficiente para que por parte del organismo electoral correspondiente, se tenga por establecido el cumplimiento por parte del candidato del requisito establecido por el Art. 68 de la Ley Electoral de que para ser miembro de los Consejos Municipales se debe saber leer y escribir.

    Demandas de nulidad de inscripción y de elección por que uno o varios de los candidatos no saben leer y escribir únicamente conozco 3 importantes por el precedente político y jurídico.

    La 1ª. Pedida por el PDC de nulidad de las elecciones efectuadas el 13 de marzo de 1966 en el municipio de San Vicente, porque dos regidores integrantes de la planilla electa del PCN no sabían leer ni escribir, además de otras causales tales como la identidad de los padres y de los candidatos mismos por diferencias en el nombre, que según mi criterio en este caso no procedían. La cuestión se centraba en la incapacidad de los candidatos de no saber leer ni escribir. La Junta Electoral Departamental de San Vicente aceptó la demanda y le dio el tramite de ley, en el término de prueba el PDC solicitó que Junta Electoral Departamental hiciera comparecer a los candidatos para ser examinados por los miembros del organismos electoral y que se determinará si sabían leer y escribir. La Junta Electoral Departamental al fallar declaró sin lugar la nulidad por considerar que el candidato sabía leer y escribir, aunque con dificultad. (50)

    En 1976 el PCN impugnó la inscripción de la planilla de candidatos a miembros del Concejo Municipal de El Paisnal de la UNO por considerar que un miembro de ella no sabía leer ni escribir, en el término de prueba el PCN presentó prueba testimonial de que el candidato no sabía leer ni escribir. A la Junta Electoral Departamental le constaba que el candidato sabia leer, porque al momento de que los candidatos presentaron personalmente la solicitud el representante de la UNO, que en ese momento se había enterado de que el candidato iba a ser impugnado con posterioridad, tomo la Ley Electoral y lo puso a leer a presencia de los miembros, demostrando que podía hacerlo y además estampó su firma en la solicitud delante de los miembros (51)

    A pesar de ello y con animo malicioso y evidenciado únicamente como objetivo causar molestias a la UNO, traer a confusión en los electores de dicha coalición y más que todo explotarle con animo publicitario, el PCN presentó solicitud de nulidad en la inscripción, la que después de ser presentado el candidato en el término de prueba y haber leído en presencia de los miembros de la Junta Electoral Departamental, fue declarada sin lugar. Considero que en casos como el expuesto la Junta Electoral Departamental no debe de admitir la demanda de nulidad y expresar que no se admite por considerarse maliciosa y entorpecedora del proceso electoral, además de hacer constar el conocimiento que tenía de que el candidato reunía el requisito de ley.

    En todos estos casos la Cédula de los candidatos decía que sabían leer y escribir, en base a una afirmación hecha ante al funcionario municipal encargado del registro de la Cédula de Identidad Personal y que este asentara en el documento de identidad, lo cual es considerado como circunstancia que comprueba que el candidato llena el requisito de saber leer y escribir que exige la Ley Electoral.

    Hay un caso raro que se dio en las elecciones recién pasadas de 1976 de Consejos Municipales y Diputados, en que el Concejo Central de Elecciones había inscrito a un candidato a Diputado por el departamento de La Paz del PCN, quien había presentado una cédula en que decía que no sabía leer, pero el candidato era profesor y además de que la ley no pide para los Diputados que sepan leer y escribir sino que tengan instrucción notoria, hecho que para algunos representa una diferencia. Pero lo cierto es que el caso que citamos caía de peso, que el que la Cédula la dijera que el candidato no sabía leer se debía a un error del funcionario encargado de expedirla, pero que la realidad es que el candidato llenaba el requisito legal, circunstancia que se deducía de su profesión.

    d) La Ciudadanía

    Cuando analizaba que con la certificación de la Partida de Nacimiento se prueba la ciudadanía, hice referencia a discusión transcrita en la tesis doctoral del Dr. Zamora, y que sostenida por dos abogados en recurso de inconstitucionalidad, en ella sostenían los letrados que la cédula de identidad es un documento idóneo para probar la Ciudadanía, de los argumentos por ellos presentados presentó algunos párrafos (52)

    Según pasamos a demostrarlo, no fue ignorancia ni menos necedad la nuestra al presentar las Cédulas para establecer la calidad de ciudadano que nos acredita capacidad en la solicitud de inconstitucionalidad ante este Supremo Tribunal. No procedimos al acaso; mas bien, por xi acaso se aviene nuestro Poder Judicial al abandono de ciertas practicas engorrosas, como innecesariamente de los tiempos idos, en que la mente judicial no alcanzaba con la claridad necesaria el deslinde entre la relación privada y la pública.

    Nuestra Constitución define como ciudadanos a todos los salvadoreños mayores de dieciocho años. Esta definición contempla dos supuestos para adquirir la calidad dicha: a) la nacionalidad, y b) la edad. Estos son los dos extremos que debe comprobar quien reclama para si la ciudadanía.

    El Art. 303 C., define el estado civil como la calidad de un individuo, en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones civiles. Y el Art. 322 del mismo Código establece, en su inciso final, que: LA EDAD y la muerte PODRÁN probarse por las respectivas partidas de nacimiento y de muerte. El principio sobre el particular es, pues que la edad se puede probar por diferentes medios.

    La Ley no determina la prueba de la nacionalidad.

    Lo cierto es, que ni con mucho, no es la regla que el nacido en determinado lugar sea por esa circunstancia nacional de ese lugar. Y no es permitido aplicar el derecho civil para la prueba de la nacionalidad, sino es con las reservas de excepción calificadas por la Ley.

    La Ley de Cédula de Identidad Personal, en su Art. 1º; subsana este vacío técnico jurídico al establecer: todo salvadoreño mayor de dieciocho años residente en la República, debe estar provisto de su Cédula de Identidad Personal; documento que, según se verá mas adelante tiene fuerza y efectos de CARNET DE CIUDADANO, considerando las cosas lógicas y jurídicamente.

    La Cédula de Identidad Personal tiene, pues, crédito fundado como prueba de la ciudadanía. No solo sirve para acreditar o identificar la unidad física de la persona, sino, además la de la persona ciudadano, esencialmente, entre otras calidades, del sujeto capaz de derechos y obligaciones. Los Arts. 3,. 4 y 5 de la Ley de Cédula de Identidad Personal fundamentan, en lo esencial, este criterio. El Art. 3 prescribe: Todo ciudadano mayor de dieciocho años tiene la obligación de presentarse a la alcaldía de su domicilio, a solicitar la extensión de su Cédula de Identidad Personal, acompañando dos fotografías actuales, tamaño pasaporte y los datos necesarios para su INSCRIPCIÓN. ¿inscripción para que? El Art. 4 dice “Al mismo tiempo de ser extendida la Cédula de Identidad Personal, la Alcaldía Municipal hará un REGISTRO DE CIUDADANO, en el cual se pondrán los mismos datos que lleva la Cédula... el Art. 5 remite a la máxima autoridad electoral un duplicado de tales datos..

    El Art. 7 reza: “La Cédula de Identidad Personal es el documento necesario y suficiente para establecer la identidad de la persona, en todos los actos públicos y privados en la presente. Pero el legislador no excluya, respecto a este documento, otros fines probatorios distintos a os de la identidad personal. Tanto es así que el ordinal quinto del mismo Art. 7 establece como obligatoria la presentación de la Cédula para la emisión del voto ¿por qué? Porque la cédula identifica al votante COMO CIUDADANO. El Legislador especificó este efecto probatorio en razón de ser el sufragio la mas alta manifestación de la ciudadanía. Y el aforismo jurídico lo dice: cuando la ley concede lo más, se entiende que concede lo menos atinante”.

    Luego, no se podría suponer jamás que quien se identifique con la Cédula COMO PERSONA NATURAL, no se este identificando a la vez COMO CIUDADANO INSCRITO. Esta relación de preceptos legales. Insoslayable, es concluyente en el sentido de que la Cédula hace OBLIGATORIAMENTE las veces del CARNET DE CIUDADANO, de respetarse el principio jurídico de derecho, diríase mejor, en el sentido de que los documentos no tienen otro valor probatorio mas que el que les da la ley.

    No es necesario, entonces, pretender, desconociéndose la ratio legis de la ley comentada, que exista algún precepto que exprese que la Cédula de Identidad Personal es un carnet de ciudadano, puesto que se extiende solo al ciudadano todo salvadoreño mayor de dieciocho años residente en la República, debe estar provisto de su Cédula de Identidad Personal. Art. 1º se le extiende dicho documento; siendo intrascendente, para el caso discutido, que la propia ley no obligue al alcalde que lo expide comprobar previamente los elementos de la ciudadanía, que la Honorable Sala enuncia con base en el Art. 23 de la Constitución Política, al principio de su resolución. Habría indiscutiblemente, una incongruencia jurídica manifiesta, en el razonar de la Honorable Sala, denegar comprobada la calidad de ciudadano al portador al Cédula, si esta no puede expedirse de no ser salvadoreño, persona natural y mayor de dieciocho años, elementos de la ciudadanía quien la presenta y limitarse a afirmar que solo acredita su identidad física y no su carácter de ciudadano, con base en el Art. 7 y no en los preceptos todos de dicha ley.

    Estas consideraciones adquieren mayor relevancia al corroborar su alcance con disposiciones de la Ley Electoral vigente. En efecto, los Arts. 6, 7 y 8 de dicha ley prescriben, en esencia: a) Que el registro de electores lo constituirán los duplicados a que se refiere el Art. 5 de la Ley de Cédula de Identidad Personal que deberán remitir inmediatamente las Alcaldías Municipales respectivas al Concejo Central de Elecciones, b) que la inscripción de los ciudadanos se hará en el momento en que éstos obtengan su Cédula, aun cuando para los efectos del sufragio será necesario que este registrado en el Concejo Central de Elecciones; c) Que para sufragar los electores deberán presentar su Cédula de Identidad Personal y deberán aparecer en la nomina electoral. Concluyese, entonces, que el SOLO ACTO de obtener la Cédula engendra A LA VEZ el registro de ciudadano y de electores, por la sencilla razón de que dicho documento es privativo de los salvadoreños mayores de dieciocho años, vale decir, de los ciudadanos. De otra manera no se explica como un simple documento identificador, cual es la Cédula, a juicio de la Honorable Sala justifique la formación de los registros del ciudadano y del elector; calidad indispensable para el ejercicio de los derechos políticos, potestativos solo de la ciudadanía.

    Al parecer la Honorable Sala de Amparos, a pesar de reconocer la ineficacia de la certificación de la Partida de Nacimiento como prueba de la nacionalidad o de la ciudadanía. Tolera la practica judicial que la admite como prueba sucedánea. ¿dónde quedan, entonces, las reglas sabias que dirigen al arbitrio del Juez, reconocido en el mundo jurídico?. Si la Honorable Sala de Amparos reconoce nosotros no, la falta de medios específicos legales para la prueba de la ciudadanía, debió, lógica y jurídicamente, haber acudido, en el caso, a la interpretación integral de las leyes citadas que acuerda, como prueba mejor del hecho discutido, la Cédula.

    Considero jurídicamente validos los argumentos expuestos y estimo que la Cédula de Identidad Personal debe considerarse como instrumento auténtico, que comprueba la ciudadanía. Tal criterio se impone de la interpretación sistemática de la Ley de Cédula de Identidad Personal, aunque no exista disposición expresa de la Ley que de la calidad de documento probatorio de la ciudadanía a la Cédula.

    3.2.1. Requisitos de Validez de la Cédula.

    Me refiero a este punto porque en las elecciones de Diputados y Concejos Municipales efectuadas en 1972, 1974 y 1976, se dieron casos irrisorios de interpretación de los requisitos de validez de la Cédula de Identidad Personal, casos que no viene al momento de analizar pero que dieron pauta a demanda de nulidad de inscripción de la planilla de la Oposición.

    Existen doctrina del CCE, que fue establecida a raíz de que en la planilla de candidatos a Diputados por el PAR en el departamento de Chalatenango, se presentó Cédula de una candidata sustituta que a criterio del consejo no reunía los requisitos de ley y no hacía fe debido a que estaba rota en parte sustancial, la correspondiente a las firmas del Alcalde Municipal y Encargado del Registro de la Cédula, las cuales de acuerdo a la Ley de Cédula de Identidad Personal deben aparecer en el documento.

    La doctrina dice: (52)

    1. Cuando un candidato a Diputado presenta una Cédula de Identidad Personal que no hace fe, no procede su inscripción Art. 41 Constitución Política.

    2. La Cédula de Identidad Personal llevará la firma auténtica o en facsímil del Alcalde Municipal que la extienda y la firma auténtica del empleado que la ha extendido. Art. 3, Ley de Cédula de Identidad Personal.

    3. El documento que aparezca roto en parte sustancial no hace fe. Art. 263 Pr.

    4. Cuando no puede inscribirse a uno de los candidatos a Diputados que integra la planilla por el Departamento de que se trate, se deberá denegar la inscripción de la planilla completa. Art. 71 Ley Electoral. (4)

    3.3. SOLVENCIA DE RENTA Y VIALIDAD

    Con la presentación de este documento el candidato comprueba que no es deudor de la Hacienda Pública, si acaso lo fuera su presentación implica que no está en mora, cumpliendo con lo preceptuado por el Art. 42 Cn., que establece que no podrán ser Diputados los deudores de la Hacienda Pública o Municipal que estén en Mora.

    El CCE ha establecido, en las elecciones de Diputados y Consejos Municipales de 1966, la siguiente doctrina; (54)

    Si de planilla de candidatos a Diputados compuesta de dos propietarios y dos suplentes, todos reúnen los requisitos de ley, menos un candidato, debe denegarse la inscripción de la planilla completa. No reúne los requisitos de la ley un candidato respecto del cual no se ha probado que esta solvente con la Hacienda Pública.

    Este criterio se dio a raíz de considerar que el 2º candidato suplente a Diputado por el Para PDC por el departamento de Cabañas no había comprobado estar solvente con la Hacienda Pública.

    El PDC sostuvo que había presentado en tiempo dicha solvencia, ya que la documentación había sido presentada dentro del plazo legal de inscripción de candidatos, el voto razonado del Sr. Gerardo Ramos, miembro del Consejo confirma lo alegado por el PDC al decir: No autorizo la sentencia anterior en cuanto a la denegación de la inscripción de la planilla de Diputados que el Partido Demócrata Cristiano presenta por el Departamento de Cabañas; referente al señor Domingo Luis Rogelio Miranda, como Diputado Suplente, puesto que dicho señor esta solvente, pues tengo a mi vista la solvencia de Renta y Vialidad, extendida por la Dirección General de Contribuciones Directas, fechada el día 14 de febrero del corriente año y el Partido Demócrata Cristiano presento la documentación hasta el día quince de febrero de este año; y la Constitución Política dice que no podrá ser elegido Diputado si fuere deudor de la Hacienda Pública o Municipal o que este en mora, y hay que tomar en cuenta que dicho señor todavía no ha sido elegido Diputado, sino simplemente en candidato para optar a dicho cargo y no esta en mora. Por lo antes expuesto y creyendo que es justicia inscribir la Planilla de Candidatos a Diputados por el Departamento de Cabañas, presentado por el Partido Demócrata Cristiano me opongo a dicha sentencia y no la autorizó con mi voto. (55)

    El criterio sostenido por el CCE al denegar la inscripción contrasta enormemente con el mantenido por el mismo organismo en relación con la Planilla de candidatos a diputados por el PCN en el departamento de San Miguel, en donde al presentar el PCN una solvencia de la Corte de Cuentas condicionada de un candidato, es decir, no tener solvencia, ordenó la investigación del caso de oficio, hecho que me parece acertado y que comentamos al inicio del análisis de la prueba, sin embargo en el caso del PDC no se aplicó un criterio amplio para determinar la solvencia del candidato, a pesar de que según el testimonio trascrito anteriormente la solvencia había sido presentada.
    Este hecho motivó protesta del representante del PDC, Dr. Roberto Lada Velado, quien calificó de inexplicable el rechazo de la inscripción y solicitó del Concejo Central de Elecciones unidad de criterio (56)

    Tanto el Art. 52 No. 5, como el Art. 67 No. 5 de la constitución, establecen esta inhabilidad de optar al cargo público a los deudores de la Hacienda Pública o Municipal que estén en mora, para los cargos de elección popular de Presidente, Vicepresidente y Diputados. No encontrándose regulado en forma expresa para los miembros de los Consejos Municipales, que se debe esta solvente con la Hacienda Pública, como requisito para ser candidato a tal cargo. Sin embargo antes de la reforma a la Ley Electoral efectuada en 1971, que determinó que se debería presentar la solvencia de renta y vialidad como documento necesario para la inscripción de un candidato a cualquier cargo de elección popular, el CCE tenía como criterio en base al Art. 71 No. 1º, de la Ley Electoral, que si no es comprobada la solvencia con el es y el municipio se deberá denegar la inscripción y si se realiza entonces lo ha sido en transgresión de ley y por lo tanto tal inscripción no se ha efectuado legalmente, en consecuencia procede declararse nula.

    A partir de agosto de 1971, cuando se reformó el Art. 62 de la Ley Electoral estableciendo los documentos necesarios para la inscripción y se incluyó dentro de ellos a la solvencia de renta y vialidad, se estableció sin lugar a dudas la obligatoriedad de comprobar la solvencia con la Hacienda Pública por parte de los candidatos a miembros de los Consejos Municipales. Al expresar lo relativo a la solvencia de impuestos municipales haré referencia a doctrina del CCE, que se aplica al presente caso.

    3.4. SOLVENCIA DE IMPUESTOS MUNICIPALES:

    Con este documento el candidato prueba que se encuentra solvente con el municipio correspondiente al domicilio electoral del mismo, sea cual fuere su candidatura, pues en el caso del candidato a Miembro del Concejo Municipal se ha considerado que es con relación al Municipio en que se presenta que existe la obligación de comprobar la solvencia de pago de impuestos municipales. Pero en cambio con el candidato a Diputado muchos consideran que la comprobación de la solvencia para con el municipio debe ser en relación de todos aquellos que componen la circunscripción electoral porque se postula, es decir por el departamento que va, sin embargo, por razones practicas, únicamente se exige el candidato a diputado que presenta la solvencia municipal del municipio de su domicilio electoral, dado que el exigirle que presente solvencias de todos los municipios del departamento por el que se postula, traería como consecuencia de volver casi imposible su inscripción, por las dificultades existentes para obtener dicho documento, esto es así actualmente que solo se exige la presentación de una solvencia, la del municipio que corresponde a su domicilio electoral, y los partidos y los candidatos tienen serios problemas para presentar la documentación. Imaginémonos lo que pasaría si se exige al candidato las solvencias municipales del departamento porque se postula, entonces prácticamente solo el partido oficial y con serias dificultades, inscribirá candidatos a diputados, porque en departamentos como Chalatenango en donde habría que obtener 33 solvencias municipales, la cosa sería muy difícil. No es raro que dentro de la tendencia del actual régimen de poner cada día mas trabas para la inscripción de candidatos, se establezca la exigencia de las solvencias municipales en la forma expresada.

    Pero si lo anterior es problemático, lo que sucedía con los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República era imposible de salvar, pues tenían que presentar solvencias municipales de 261 municipios del país, además de las que comprobaran estar solvente con el estado y todas las instituciones autónomas y semi autónomas, así comprobar que no se era contratista de obras o empresas públicas que se costearon con fondos del Estado o del municipio, ni caucionero de tales obras, o no tener como consecuencia de ellas reclamaciones de interés público, ni tampoco tener pendiente contratos o concesiones de explotación de riquezas nacionales o de servicios públicos etc.

    En las elecciones presidenciales de 1962 no hubo ningún problema dado que fue candidato único a la Presidencia de la República el candidato del PCN, quien recién había dejado de ser miembro del Directorio Cívico Militar que gobernaba el país y tenía en sus manos el poder necesario para que le fuera sumamente fácil presentar toda la cantidad de solvencias necesarias. Pero en 1967 el problema se presentaba muy difícil para todos los partidos, e hizo que la Asamblea Legislativa emitiera decreto dando un artículo transitorio que establecía que el CCE en las siguientes 24 horas de presentada la solicitud de inscripción de candidato a la Presidencia y Vice Presidencia de la República, debería duplicar anuncio en dos periódicos de mayor circulación por el que se pedirá a los Poderes del Estado, Secretarías del Estado, Instituciones Autónomas y Municipales, que dentro de un plazo de quince días informaran al Concejo Central de Elecciones si los candidatos que piden su inscripción se encuentran en mora por cualquier concepto con la respectiva oficina, si eran contratistas o caucioneros para la ejecución de obras o empresas públicas que se costearan con fondos del Estado o del Municipio, o si tenían pendientes reclamaciones de interés propio como resultado de tales obras o empresas. Y por ultimo si los candidatos referidos tenían pendientes contratos o concesiones con el Estado para la explotación de riquezas nacionales o servicios públicos. La obligación de contestar se establecía para aquellas entidades autónomas o municipales u organismos del Estado en que con respecto al candidato se dieran las circunstancias descritas. Presumiéndose como negativas las respuestas de todas las instituciones si dentro del plazo de quince días no se recibía respuesta alguna.

    En vista de los resultados buenos se dio la disposición transitoria antes expuesta, a iniciativa del Diputado Juan Ricardo Ramírez Rauda, el 12 de enero de 1968 la Asamblea Legislativa emitió decreto por medio del cual en forma definitiva se adicionaba el Art. 204 a la Ley Electoral, artículo que contenía el tramite a que nos hemos referido. Los considerandos del decreto dicen: Que es necesario facilitar el proceso de inscripción de candidatos a los distintos cargos de elección popular, dando nueva vigencia a disposiciones que demostraron su eficacia en la recién pasada elección para Presidente y vicepresidente de la República. (57)

    El CCE estableció en relación a los Consejos Municipales las siguiente doctrina:

    Si el candidato o candidatos electos no reúnen las condiciones legales, es nula la elección de Consejos Municipales en la cual ellos triunfaron.

    No reúnen las condiciones legales para ser electos, los candidatos que fueron inscritos mediante presentación de solvencias municipales de su domicilio faltas de veracidad.

    En tal caso, procede declarar nulas las elecciones del Concejo Municipal de la población correspondiente y nula la inscripción de la planilla de candidatos electa. (58)

    La anterior doctrina fue establecida en la nulidad de las elecciones de Consejos Municipales de Ciudad Arce, promovida por el PPS en base de que el candidato a Alcalde y dos regidores más, eran deudores amorosos de la Alcaldía Municipal y que las constancias municipales que se había presentado eran falsas. La Junta Electoral Departamental de La Libertad proveyó resolución declarando sin lugar la nulidad solicitada, por considerar que no existía obligación legal para los candidatos a miembros de los Consejos Municipales de presentar solvencia municipal de la Alcaldía de su domicilio. El CCE conoció en apelación, ordenó practicar inspección acompañado de peritos para constatar si al momento de su inscripción y al de que se efectuaba la diligencia, los candidatos estaban solventes, el resultado de la inspección fue de que los candidatos eran morosos al momento de su inscripción y continuaban siéndolo. En base a ello revocó la resolución apelada, declaró nulas las elecciones por no reunir los candidatos las condiciones legales y declaró en consecuencia nula la inscripción de la planilla de candidatos a Consejos Municipales presentada por el PCN, la Argumentación presentada por el Concejo Central de Elecciones fue: (59)

    Es necesario pues para resolver el caso cuestionado, determinar el alcance del Art. 60 y del numeral 1º, del Art. 150 de la Ley Electoral.

    El primero dice: Para optar a un cargo de elección popular es necesario reunir los requisitos que establecen la Constitución y leyes de la República y estar inscrito en el Registro de Candidatos.

    El Art. 68 de la Ley Electoral dice textualmente: son requisitos para ser miembro de los Consejos Municipales: ser salvadoreño, de estado seglar, mayor de edad, estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos, de moralidad notoria, saber leer y escribir y ser originario o vecino del municipio correspondiente. Luego, las condiciones legales que deben reunir los candidatos a Consejos Municipales, son: 1) las señales en el Art. 68 que se acaba de trasmitir; 2) estar inscrito en el Registro de Candidatos; debe entenderse, estar legalmente inscritos.

    Con la inscripción practicada se ha constatado que los señores José Valencia Buendía, Dionisio Antonio Solís Escalón y Juan José Salazar Restrepo no estaban solventes con la municipalidad de Ciudad Arce a la fecha de la elección y la fecha de su inscripción. Resulta pues, que no estaban legalmente inscritos y por consiguiente, no han reunido las condiciones legales. La solvencia municipal es necesaria para ser inscrito como candidato por que así lo prescribe el numeral 1º del Art. 71 de la Ley Electoral, el cual se aplica a toda clase de candidatos porque no distingue , y por tanto, se aplica a los candidatos para Consejos Municipales.

    Las solvencias municipales presentadas por los candidatos discutidos adolecen de falta de veracidad; de ellos son responsables los funcionarios que las extendieron por lo cual debe certificarse lo conducente y remitirse al señor Juez de 1ª Instancia del distrito de San Juan Opico y al señor fiscal General de la República para que procedan a las investigaciones del caso a fin de determinar si los funcionarios que extendieron las solvencias indicadas han incurrido en infracciones penadas por la Ley. por lo dicho debe declararse nula la elección y también la inscripción de la planilla de candidatos en que figuran las mencionadas personas.

    Cualquier candidato a cargo de elección popular puede presentar una solvencia condicionada, sin que ello implique que se encuentra en mora, así se difinió en la resolución que diera el CCE en la demanda de nulidad de la planilla de Diputados por el Departamento de San Salvador presentada por la UNO en las elecciones de 1976. Entre los motivos alegados por el PCN como causales de nulidad se encontraba de que un candidato a diputado había presentado solvencia extendida por la Alcaldía Municipal de San Salvador, al reverso de ella se había estampado con sello la siguiente razón: NOTA: ha convenido pagar por abonos a esta Alcaldía Municipal, impuestos por mora y se le puede extender solvencia condicional según Decreto Legislativo No. 183 de 20 de enero /65, publicado en el D.O. No. 21 de 1º de Febrero/65. esta razón prueba decía el demandante, que el candidato esta en mora y consecuentemente su inscripción se hizo en contravención a la Ley.

    Por el decreto que se menciona en la razón arriba mencionada, se adicionó el Art. 99 de la Ley del Ramo Municipal un inciso que textualmente dice: Las municipalidades podrán conceder plazo hasta dos años, para pagar por cuotas mensuales escalonadas, las deudas a su favor provenientes de impuestos, tasas, derechos, multas y demás contribuciones Municipales. Para este efecto, el interesado se presentará por escrito al consejo, indicando el plazo que desea y la cuota mensual que se obliga a pagar. En estos casos y en cualquier fecha comprendida, dentro del mismo plazo, si el contribuyente hubiera cubierto las cuotas mensuales correspondientes, y no aduanera impuestos, tasas, derechos, multas y contribuciones, se entenderá que esta solvente, y, en consecuencia tendrá derecho a que se le extienda constancia de tal solvencia.

    Al sentenciar la nulidad y analizar en sus consideraciones los diferentes motivos de nulidad invocados por el Partido impugnante y al referirse al caso que analizamos el consejo mantuvo el siguiente criterio: “Con la solvencia municipal que acompañó en su solicitud de inscripción probó plenamente no estar en mora con el Municipio de San Salvador por deudas pendientes de pago, que es precisamente lo que la constitución requiere para poder optar al cargo. Una persona puede deber a la Hacienda Pública o al Municipio, pero si no está en mora en el pago, no se encuentra inhibido por la Ley para ser Diputado. El documento de referencia fue extendido en cumplimiento del mandato legal contenido en el Decreto Legislativo No. 183 del 20 de enero de 1965, publicado en el Diario Oficial No. 99 de la Ley del Ramo Municipal que, como tal mandato es de inexcusable acatamiento. (60)

    El motivo de la nulidad a que nos hemos venido refiriendo, fue invocado con afán malicioso, pues lo primero que hace un abogado si no sabe de que se trata un determinado decreto, es leerlo, cosa que supongo hizo el abogado demandante antes de interponer la demanda e incluir tal circunstancia como motivo de la nulidad. Siendo así al presentar ese caso el PCN no tuvo en mente sino que el objetivo de desprestigiar al candidato y de ocupar el motivo de impugnación como hecho de explotación publicitaria, cosa que así sucedió en el presente caso.

    Un Concejo Central de Elecciones, que vela realmente por la limpieza de un proceso electoral debería haber llamado al orden al Partido impugnante.

    3.5. CONSTANCIA DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA:

    Con este documento el candidato prueba estar solvente con el Estado por el manejo de fondos públicos o municipales, en el caso de que sea un candidato a la Presidencia de la República o a Diputado de la Asamblea Legislativa. Si se trata de un candidato a Alcalde comprueba de que no tiene responsabilidades establecidas por sentencia ejecutoriada, pendientes de pago, como resultado del manejo de fondos u otros bienes públicos, fiscales o municipales. (Art. 70 de la Ley Electoral). Los demás candidatos a miembros de un Concejo Municipal no tienen necesidad de presentar este documento.

    La exigencia constitucional de que los candidatos a Presidente y a Diputado, no tienen que tener pendiente ninguna responsabilidad como resultado del manejo de fondos públicos o municipales, y la planteada por la Ley Electoral de que tal responsabilidad para los Alcaldes debe ser establecida por sentencia ejecutoriada, en la practica tiene una diferencia fundamental, y es de que el primer caso, si a raíz de haber manejado el candidato fondos públicos o municipales no se le ha dado el finiquito por estar pendientes de resolución, entonces no puede dársele la constancia de solvencia sino hasta que se determine que no tiene tal responsabilidad o la pague si la tiene, en cambio el candidato a Alcalde puede tener un tramite la aprobación de las cuentas por manejo de fondos públicos o municipales y no ser este impedimento para que se le de la constancia de solvencia, pues la exigencia de la Ley Electoral es de que la responsabilidad no esta determinada por sentencia ejecutoriada. Esta circunstancia ha terminado con las aspiraciones de candidatura a Diputado de muchas personas, que por la imposibilidad real de poder examinar y aprobar sus cuentas en tan corto tiempo no ha sido posible extenderles la solvencia requerida. En cambio para los candidatos a alcalde existe la obligación legal de que si no se ha establecido la responsabilidad por sentencia ejecutoriada, la Corte de Cuentas tiene que expedirla a mas tardar dentro de ocho días contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

    En las elecciones de Alcalde y Consejos Municipales que se efectuaron el año de 1966, el PPS no acompañó a la solicitud de inscripción de la planilla de candidatos a Diputado por el departamento de San Vicente, la solvencia de la Corte de Cuentas a favor de un candidato, en esta misma situación se encontró la planilla de candidatos a Diputado por el departamento de Chalatenango por el PAR, el CCE, estableció la siguiente doctrina:

    3. Cuando un candidato a Diputado no comprueba estar solvente con el Estado por el manejo de fondos públicos o municipales (Constancia de la Corte de Cuentas de la República), no procede su inscripción, Art. 42 No. 2 Constitución Política.

    4. Cuando no puede inscribirse un candidato a Diputado que integra la planilla por el departamento de que se trata, se deberá negar la inscripción de la planilla completa. Art. 71 Ley Electoral. (61)

    Esta doctrina contradice otra q comentamos al inicio de este punto relativa a la prueba y q hacía referencia a la actuación de oficio del consejo para determinar si el candidato esta o no solvente, en relación a la inscripción de la planilla de candidatos a Diputado por el PCN en el departamento de Santa Ana. Con lo anterior el consejo evidenció una falta de criterio unánime para la inscripción de la planilla del PCN que se use la actuación de oficio del Consejo y que para los partidos de oposición no se establezca, pone una seria presunción de parcialidad en la actuación del máximo organismo electoral. (62)

    Es necesario tener en cuenta que una nulidad de una inscripción de una planilla muy difícilmente podrá ser declarada, por insolvencia porque a partir de 1968 se adicionó la Ley Electoral el Art. 203 que dice: “Si se impugnara la nulidad una inscripción para cualquier candidatura, por insolvencia con la Hacienda Pública o las Municipalidades, el Consejo prevendrá al partido político respectivo que presente la solvencia correspondiente dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la notificación respectiva. Si dentro de dicho lapso no se presentare la solvencia, se procederá a declarar la denegatoria de inscripción, fíjese bien, que el Art. habla de denegatoria y no de nulidad.

    3.6. PRUEBA DE LA IDENTIDAD

    Cuando hubiere diferencias en cuanto al nombre, apellido y fecha de nacimiento de los candidatos, en los documentos presentados para su inscripción, también será necesario establecer la identidad del candidato, prueba que varia según sea el cargo a que se opte.

    Si el candidato es a la Presidencia o vice Presidencia de la República, entonces la prueba de la identidad solo puede ser hecha por medios de dos documentos, la certificación de la sentencia judicial que declare la identidad del candidato, o por medio de marginación que se haga en la Partida de Nacimiento del candidato de la identidad establecida en acta notarial o en Juicio seguido en el Tribunal competente.

    Si el candidato opta a ser Diputado o miembro de un Concejo Municipal, entonces la identidad se prueba por medio de tres documentos, bien por cualquiera de los dos mencionados para la candidatura de Presidente o Vicepresidente de la República, o bien por medio de la Certificación de la resolución dictada por el Alcalde Municipal del domicilio del candidato, en las diligencias de identidad seguidas ante él.

    El establecimiento de la identidad del candidato ante un Alcalde Municipal, se efectúa únicamente para efectos electorales en base al Art. 202 de la Ley Electoral que dice: Para las elecciones de Diputados a la Asamblea Legislativa y de Miembros de los Consejos Municipales, los candidatos en cuyos documentos personales hubiere diferencia en cuanto al nombre, apellido o fecha de nacimiento, podrán establecer su identidad comprobando que tales datos corresponden al interesado, mediante el testimonio de dos personas rendido ante el Alcalde Municipal de su domicilio , quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas de iniciada las diligencias sobre tal identidad, concediéndola o denegándola y extendiendo en el primer caso, certificación de la resolución respectiva, para ser presentada al organismo electoral correspondiente.

    Este Art. fue adicionado a la Ley Electoral en 1964, durante las elecciones de Diputados y miembros de Consejos Municipales, tiene como antecedente el Decreto 395 que dio el Director Cívico Militar, publicado en el D.O. del 9 de nov. De 1961, para facilitar la inscripción de los candidatos a diputados de la constituyente. Llama poderosamente la atención que esta reforma no aparece en las ediciones de la Ley Electoral que ha hecho el CCE, así como tampoco la fecha y el decreto en que se efectuó la edición de la Ley Electoral.

    Las diligencias de identidad referidas han venido a solucionar un grave problema que confrontaba los candidatos a los cargos dichos, muy pocas personas en El Salvador no tienen problemas de diferencias en cuanto a su nombre, apellido y fecha de nacimiento en sus documentos, especialmente entre la Cédula y la Partida de Nacimiento.

    Siempre se ha tenido por norma que cuando el candidato es conocido además del nombre y apellido que le aparecen en sus partidas de nacimiento por otro nombre social que es hecho constar en la Cédula de Identidad Personal, juntamente con el primero, entonces no necesita que se pruebe su identidad y los documentos necesarios para la inscripción del candidato pueden ser extendidos con cualquiera de los nombres que le aparecen.

    Aunque el PCN se basa para inscribir sus candidatos en el criterio antes expuesto, siempre con animo de entorpecer el proceso electoral, ha presentado demandas de nulidad basadas en supuestas faltas de identidad que contradicen tal criterio, como la que se presentó en 1976 a la planilla de diputados por San Salvador presentada por la UNO, el Consejo no aceptó como fundamento para declarar la nulidad lo determinado por el PCN y dijo: “Que a juicio de este Tribunal la identidad personal de los candidatos señores Mario Enrique Rodríguez Inclán, conocido por Mario Enrique Inclán; Pedro Agustín Cañas o Pedro Agustín Magaña Cañas; Jorge Alberto Flores Rodríguez, conocido por Jorge Alberto Rodríguez; y Marianela García o Marianela García Villa, está plenamente probada con la documentación que acompañaron con sus respectivas solicitudes de inscripción, que con relación al primero, su primer nombre aparece consignado completo en la certificación de su Partida de Nacimiento; lo mismo ocurre con relación al señor Cañas, quien, por ser hijo de maría Cañas y de Jesús F. Magaña, el cual lo reconoció como hijo natural, esta en su legitimo derecho, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, a usar como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre; el nombre de Jorge Alberto Rodríguez aparece completo en la certificación de su partida de nacimiento y como nada hay con respecto al nombre es potestativo de su parte usar los apellidos de sus padres o solamente el de su madre, que se llama María Rodríguez En cuanto a la señorita Marianela García, que es hija legítima de don Mariano García Villas, abogado y notario, y de doña María Antonia Saravia, no se encuentra razón alguna para que o pueda usar los dos apellidos de su padre.

    Consecuentemente con lo expresado, las personas nominadas se encuentran en su legitimo derecho, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, conocida o presuntamente conocida por todos los abogados de la República, de usar los dos nombres con que son conocidos según sus respectivas Cédula de Identidad Personal, incluso en las oficinas publicas donde les fueron extendidas sus solvencias de la Corte de Cuentas de la República y Alcaldía Municipal respectiva.

    La exigencia del certificado de identidad a que se refiere el Art. 202 de la Ley Electoral en los casos planteados es inoportuna e innecesaria por lo que se hace caso omiso de tales agregados a este proceso. (63)

    En las elecciones de Consejos Municipales y de Diputados a la Asamblea Legislativa, efectuadas en 1974, el PCN presentó una variedad grande de demandas de nulidad por no haberse comprobado la identidad de los candidatos de oposición, un caso de lo mas interesante fue el que se dio en la demanda de nulidad de la planilla de candidatos a miembros de Consejos Municipales de la UNO por el municipio de Chalchuapa, el representante del PCN alegó que la UNO había presentado una certificación de resolución de diligencias de identidad que era falsa, para comprobarlo presento otra certificación de resolución de diligencias de identidad del mismo candidato, extendida por el mismo Alcalde que emitió la que presentó la UNO, en la que variaba en un apellido del nombre del candidato, posteriormente en el término de prueba el demandante presentó una constancia del mismo alcalde en que se decía que en la Alcaldía existía únicamente diligencias de identidad a nombre de la persona que decía el PCN, por lo que la Junta Electoral de Santa Ana consideró que se había probado la falsedad del documento presentado por la UNO, que por ello se había efectuado la inscripción de la planilla en contravención a las leyes y que procedía declarar nula la inscripción. El Dr. Gustavo Ernesto Enrique Vega Argueta abogado, y miembro propietario de esta Junta no estuvo de acuerdo con el fallo que daban los otros miembros, por lo que al razonar su voto en contra de tal fallo manifestó lo siguiente: siendo mi opinión que no se han llenado todos los requisitos procesales y rendido la prueba necesaria que para ese caso deberían de haberse seguido y establecido para declarar dicha falsedad, por lo siguiente I. Que la documentación presentada se refería a instrumentos auténticos emanados de un Funcionario Público en funciones. Art. 260 No. 2 por lo tanto esos eran dos documentos auténticos de igual valor. II. Que con la constancia presentada por el Representante del Partido de Conciliación Nacional extendida por el Alcalde y Secretario de la Alcaldía Municipal de Chalchuapa, que dicho sea de paso no es ninguna certificación, sino que es una simple constancia que no es de los instrumentos a que se refiere el Art. 262 No. 1 Pr., sino que dicha constancia únicamente se podría enmarcas en las que se refiere al Art. 262 Pr., que dice: que únicamente tienen valor del instrumento privado, o sea que no tienen ni siquiera igual valor que los instrumentos auténticos, significando con esto que al anteponerse un instrumento privado a un instrumento auténtico es de mayor valor el instrumento auténtico, privado éste sobre el privado. III. Es mas, de conformidad al Art. 321 inciso 2º del Código de Procedimientos Civiles se requiere que: para probar la falsedad de un instrumento se necesitan cuatro testigos idóneos o sin excepción si fuere público o auténtico y dos si fuere privado, cosa que en este incidente no se estableció pues no corre agregados en dicho expediente ninguna solicitud por parte interesada de señalamiento para examen de testigos como consecuencia tampoco se presentaron, no habiéndose establecido este requisito procesal. IV. De conformidad al Art. 2243 Pr., en relación con el 1569 C. las pruebas se hacen con instrumentos, con informaciones de testigos con inspección ocular de ellos, o de las cosas, con presunciones, etc., teniendo en el caso de las pruebas mencionadas por este artículo, únicamente el valor de semiplena prueba, las presunciones, y de plena prueba llenados los requisitos establecidos de conformidad con la ley, las otras pruebas en consecuencia de lo dicho, siempre quedamos en presencia de dos instrumentos auténticos firmados por la misma autoridad competente y de igual falsedad de dicho documento, requisito que de conformidad con la ley tiene que estar establecido plenamente para sentenciar en un determinado sentido, resultando como consecuencia que al no haberse llenados los requisitos procesales, ni establecido plenamente la falsedad del documento, de conformidad con el Art. 422 Pr., que dice: es necesaria la prueba plena y perfecta en todo género de causas para resolver por ella la cuestión. En mi criterio pues, no era procedente declarar la falsedad de dicho documento con la consecuencia de no estar establecida la identidad del candidato y por esa razón decretar la nulidad de la inscripción. (64)

    La UNO apeló de la resolución que declaro nulidad de la planilla, en la apelación mantuvo el criterio jurídico que hemos trascrito, agregando que no era jurisdicción de los organismos electorales el declara la nulidad o falsedad de un documento auténtico, que de acuerdo al Art. 83 de la Constitución y el 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial este es una facultad del juez que conozca en lo civil.

    El Concejo Central de Elecciones dio resolución revocando la sentencia proveída por la JED de Santa Ana, suscitando el siguiente criterio: CONSIDERANDO II. Que la prueba presentada por el Representante del partido de Conciliación Nacional, no es suficiente legalmente, para demostrar la falta de identidad personal del candidato Alfonso Morán, porque ambas certificaciones relativas a la identidad de dicha persona, son igualmente auténticas y para este Tribunal hacen igual valor probatorio, ya que la razón puesta al pie de la fotografía agregada a fs. 16 de este incidente es solo una manifestación del Alcalde Municipal, que no tiene valor de documento auténtico. CONSIDERANDO III. Que si algún documento presentado aparecen alteraciones que hagan dudar de su autenticidad, no es este el Tribunal competente, para conocer de ellas, por lo que las razones que fundamentan la declaratoria de nulidad de mérito no son jurídicamente válidas en relación con la prueba que obra en el proceso, y debe revocarse el fallo apelado. (65)

    3.7. DESIGNACIÓN DEL CANDIDATO POR EL PARTIDO POLÍTICO POSTULANTE.

    Los ciudadanos al emitir su voto lo hacen por los diferentes candidatos que postulan los partidos legalmente inscritos, por ello es necesario que el candidato que solicita su inscripción compruebe que realmente el Partido por el que se presenta lo ha postulado, el documento a través del cual se determina dicha circunstancia, es la certificación del acta de la reunión de miembros del Partido Postulante que designaron a quien solicita la inscripción, como candidato.

    De acuerdo con los estatutos del Partido Postulante, será distinto el funcionario del Partido que firma la certificación de la elección y el organismo que efectúa esta elección, este hecho, ha sido indebidamente usado por las Juntas Electorales Departamentales, con mayoría de miembros del Partido Oficial, que sociedad las mas, para obstaculizar la inscripción de las planillas de la oposición alegando que la certificación esta sellada con un sello que tiene color de tinta que no corresponde al del partido, y que además se debe de comprobar la personería jurídica de la persona que extiende la certificación. La JED que se ha llevado la palma tanto en las elecciones de Consejos Municipales y Diputados de 1974, como en las de 1976, ha sido la de Santa Ana, que llegó a sostener basándose en una interpretación traída de los cabellos del inc. 2º del Art. 197 de la Ley Electoral, que si una enmendado por insignificante que fuera, en parte no sustancial de la certificación del Acta en que se designó el candidato no se encontraba salvado, entonces declaraban inadmisible la planilla, por ser nula la elección. (66). Son realmente ridículos los casos que se dieron en dicha Junta y a ella colaboró el CCE que permitió semejantes desafueros.

    El Art. 62 No. 7 de la Ley Electoral, lo que pide es la certificación del punto de acta, cosa que tampoco ha sido interpretada bien por algunas Juntas Electorales Departamentales, que han solicitado certificación del acta completa.

    No conozco a la fecha ningún caso de denegatoria, ni de nulidad de inscripción de una planilla, tanto de candidatos a Diputados como de miembros del Consejos Municipales, que haya sido declarada por falta del ante dicho documento.

    Es necesario, que los partido tengan cuidado al levantar el acta, de poner exactamente el nombre del candidato porque si hubiera alguna diferencia entre los nombres que le aparecen en la documentación al candidato y al que le aparece en el acta de elección por el partido postulante indiscutiblemente que el partido ha electo a otra persona.

    3.8 CUALQUIER OTRO DOCUMENTO INDISPENSABLE

    ¿Que documentos podríamos considerar como legalmente indispensables para optar al cargo de elección popular y que no ere enumerado anteriormente?

    Si el candidato, por ejemplo, es militar de profesión, será necesario que comprueba con la certificación respectiva la fecha desde la que se encuentra de baja, para determinar según sea su candidatura si se ha llenado el requisito de ley, para el candidato a la Presidencia o Vice Presidencia de no estar de alta en los 6 meses anteriores a la elección, si su candidatura no es para Diputado pues entonces es 3 meses antes o para miembro de un Concejo Municipal, al momento de su inscripción.

    Considero que un candidato que no es militar de profesión, no tienen necesidad de comprobar que no lo es y que no ha estado delata, sin embargo todos los candidato civiles a la Presidencia y Vice Presidencia inscritos en la elecciones Presidenciales de 1967, presentaron constancias del Ministro de Defensa en las que constaba que los candidatos no eran militares de profesión, que no estaban y no habían estado de alta en los seis meses anteriores a la elección. Pero el Concejo Central de Elecciones, no considera necesaria tal constancia para los candidatos no militares de profesión, tal ocurrió con José Napoleón Duarte y Guillermo Manuel Ungo, que no presentaron tal constancia y fueron inscritos como candidatos por la UNO, a la Presidencia y Vice Presidencia en 1972. en casos de militares de profesión que han sido candidatos del PCN a Diputados, el Consejo no ha exigido la prueba de que no se encuentran de alta, o dicho de otra manera que se encuentran de baja, eso me consta en las elecciones a diputados y miembros de Consejos Municipales efectuadas en 1974 y 1976.

    También en 1967 los candidatos a la Presidencia y Vice Presidencia, presentaron constancias de la Presidencia de la República, de la que constaba que no habían sido Ministros o Sub Secretarios de Estado desde el primero de julio del año anterior a la elección. En mi opinión el hecho de que una persona desempeña un cargo como los apuntados, es un hecho notorio, que considero debe probar únicamente que no lo desempeña la persona que o ha desempeñado. Esta constancia tampoco fue presentada por los candidatos de la UNO en la elección arriba mencionada y fueron inscritos por el CCE.

    Aquí entramos a la Consideración de los hechos notorios, que no se deben, en mi opinión probar. Por ejemplo que una persona tiene moralidad notoria o instrucción notoria.

    Sin embargo la consideración de los documentos necesarios varía según el criterio de quien presenta la inscripción, por ejemplo los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República del PPS en 1967 presentaron certificación extendida por la Corte Suprema de Justicia sobre que los candidatos no tenían antecedentes penales. Caso único bajo el imperio de la actual Ley Electoral en que se prueba tal circunstancia.

    Cada situación de un candidato es distinta de la de otro según las circunstancias propias, porque una persona que ha sido suspendida en sus derechos ciudadanos, en los meses anteriores a la Campaña Electoral, tiene que comprobar que al momento de presentar su solicitud de inscripción por ejemplo como candidato a miembro de un Concejo Municipal, que tales derechos le han sido rehabilitados, presentará la certificación de la resolución de rehabilitación del juez que la dictó, que es aquel a quien correspondió la ejecución de la sentencia condenatoria

    _____________________________

    NOTAS DEL CAPITULO I


    1) Arts. 25, 41, 66 y 103 de la Constitución Política y 68 de la Ley Electoral.
    2) Arts. 42, 67 y 103 inc. 2º de la constitución, 69 y 70 de la Ley Electoral.
    3) Tesis doctoral del Dr. Oscar de Jesús Zamora “Los Ciudadanos y el Cuerpo Electoral”. Pag. 5
    4)Constitución Política de Costa Rica, Art. 14 numeral 14 numeral 2º. Digesto constitucional centroamericano, publicación de la Secretaría General de la ODECA.
    5) Art. 66 y 42 de la constitución.
    6) Art. 68 de la Ley Electoral.
    7) Constituciones Políticas de El Salvador, de 1841, 1864 y 1871
    8) El Diario de Hoy. Domingo 3 de mayo de 1970. pag. 3 Resoluciones del Concejo Central de Elecciones. 1965/1968 pags. 134
    9) Art. 42, 66 y 68 de la Constitución.
    10) Manifiesto de la UNO LA VERDADERA CAMPAÑA DEL PCN. EL FRAUDE, LA MENTIRA, EL TERROR Y LA REPRESIÓN: 24 de febrero de 1976. ver acta en incidente de impugnación promovido por el PCN de la planilla de candidato de la UNO por el Municipio de San Luis Talpa. La resolución de este incidente fue denegando la nulidad.
    11) Demanda de la nulidad de inscripción presentada por el Dr. Jaime Alberto López Nuila, al CCE como representante del PCN, a las 10 horas del día 10 de febrero de 1976.
    12) Ver certificación agregada al incidente de nulidad de inscripción de la planilla de candidatos de la UNO por el departamento de La Unión. Extendida y remitida al consejo por el señor sub secretario de defensa a petición de organismo electoral.
    13) Los hechos fueron denunciados por TV por personeros de la UNO y el manifiesto de la coalición antes citado publicado en la Prensa Gráfica el 24 de febrero de 1976. El autor de la tesis conversó personalmente con el candidato impugnado, José Matero Martínez, quien le relato las torturas sufridas.
    14) Esta impresión fue indiscutible en las elecciones presidenciales y de Consejos Municipales de 1972. este criterio se resumen en el texto de El Salvador, año político 1971/1972, en la pag. 77 que dice: la reacción del Presidente del CCE ante la actuación de la Junta Electoral de San Salvador, al comunicar esta los datos reales de su departamento, y otros detalles estudiados en nuestro texto anterior, no hace sino reforzar la impresión de que el CCE había decidido que el PCN ganara las elecciones a cualquier costo.
    15) Resoluciones del Concejo Central antes citada, pag. 129
    16) Ver caso planteado en el 3.1 de este capitulo.
    17) Ver 3.2. literal c) de este capitulo
    18) MORALIDAD definida en Diccionario de Derecho Usual tomo II de Guillermo Cabanellas.
    19) La Ley Electoral fue aprobada por el Directorio Cívico Militar por Decreto No. 292 del 12 de Septiembre de 1961, fue publicada en el D.O. de ese mismo día, tomo No. 192 No. 166
    20) Resoluciones del CCE antes citada, pag. 123. Sentencia de 23 de Febrero de 1966.
    21) Resoluciones del CCE antes citada, pag. 119. Sentencia de 23 de Febrero de 1966.
    22) El día 15 de noviembre de 1963, por medio de su decreto numero UNO, el CCE señaló los requisitos de los candidatos, tanto para diputados como para concejales. Posteriormente, según publicaciones aparecidas en La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy durante el mes de diciembre de ese año, enero y febrero de 1964, se efectuaron muchas reuniones de los representantes de todos los partidos para llegar a acuerdos con el CCE sobre la comprobación de los requisitos.
    El entendimiento era tal que el jueves 12 de marzo de 1964, los partidos firmaron un pacto de honor, que se refería a que los escrutinios se realizarían en base a las actas. (Ver Prensa Gráfica, 13 de marzo de 1964).
    23) Resoluciones del CCE; libro citado, pag. 148. sentencia de 21 de febrero de 1966. pag. 155 Resolución del 27 del mismo mes.
    24) Sentencia del CCE del 11 de febrero de 1976.
    25) Ambas demandas fueron presentadas por el Dr. José Mario Bolaños, en representación del PCN. La de la Paz el día 8 de la San Miguel, el día 7, ambos de febrero de 1974. En ellas se dan los argumentos que se resume.
    26) Incidentes de Nulidad de las planillas de candidatos a diputados por la UNO, por los departamentos de San Miguel y La Paz. La nulidad fue declarada en base al criterio expuesto, en sentencias dadas el 25 de febrero de 1974, al sobre 8 y 9 horas, respectivamente
    27) Ver considerando de la resolución en el incidente de nulidad del departamento de La Paz, antes mencionada.
    28) Incidente de nulidad de la planilla de candidatos a Concejales a la Alcaldía de San Salvador por el PDC en las elecciones de Consejos Municipales de 1966. los argumentos que se resumen se presentaron en demanda por el representante del PCN Dr. Roberto Galdámez Morán, el 2 de marzo del mismo año. Fue publicado en El Diario de Hoy del 8 del mismo mes y año.
    29) Incidente de nulidad citado. Escrito presentado en el término de prueba el día 8 de marzo por el Dr. Carlos Herrera Rebollo, contiene argumentación que se resume. Fue publicado el día siguiente en manifiesto del PDC en Diario de Hoy, pag. 19
    30) Diferentes noticias y campos pagados en El Diario de Hoy, la Prensa Gráfica, con posterioridad a las elecciones del 13 de marzo de 1966. Resultado final de ella en el departamento de San Salvador, cuadro en pag. 9. de la memoria de labores realizadas por el CCE en el periodo abril/1965 marzo/1968. Desistimiento de la demanda de nulidad de la planilla de candidatos a concejales del PDC por San Salvador, publicada en el Diario Oficial de 26 de marzo de 1966, pag. 2 y 18
    31) Fallo de la JED de San Salvador de fecha 17 de abril de 1966, publicada en El Diario de Hoy de 18 del mismo mes, pag. 9
    32) Resolución recurso de apelación de nulidad citada, dada por el CCE el 1º de marzo de 1976.
    33) El Diario de Hoy 19 de marzo de 1970, pag. 37, pronunciamiento de LOS USULUTECOS ANTE LA CONCIENCIA NACIONAL. La Prensa Gráfica, de ese mismo día pública noticia de la resolución que declaró sin lugar la nulidad, dada por la JED, ambos periódicos citados el 9 de abril del mismo año publican texto de resolución del Consejo que anula la inscripción.
    34) El Diario de Hoy. Pag. 37, 19 de marzo. También realizaron concentraciones en Usulutan y Zacatecoluca.
    35) El Diario de Hoy. 9 de abril.1970. pag. 2, La Prensa Gráfica de esa misma fecha. Pag. 2
    36) Ver demanda de nulidad de elecciones del PAR, de las elecciones realizadas el 13 de marzo de 1966. resoluciones del CCE 1965/1968, citadas, de la pag. 188 a 194. la Prensa Gráfica 25 de marzo de 1966. pag. 3
    37) Resolución CCE publicada en La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy 9 de abril de 1970, ya citada.
    38) Resoluciones del CCE citadas, doctrina en pag. 132 hechos en pag. 135, considerando c.
    39) Resolución de 5 de febrero de 1964. dada en diligencias citadas.
    40) Resolución de 18 de febrero de 1974. incidente de nulidad de inscripción de planilla de candidatos a diputados por Morazán de la UNO.
    41 ) Resolución 25 de febrero de 1974, citada Nota No. 26
    42) Escrito presentado por representante de la UNO el 27 de febrero de 1974, en incidente citado.
    43) Escrito presentado en incidente citado, el día 1º de marzo de 1974.
    44) Resolución del CCE en incidente citado, dada el 3 de marzo de 1974. párrafos de ella pueden encontrarse en La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy del 4 de marzo de ese año. Sobre posición contraria, ver manifiesto en que UDN emplaza al CCE, publicado el 14 de marzo del mismo año.
    45) Incidente de nulidad de inscripción citado, resolucion de 23 de abril de 1970.
    46) La Prensa Gráfica y Diario de Hoy, días, 21, 22, 27 y 31 de mayo de 1966.
    47) El Diario de Hoy y la Prensa Gráfica, 14 y 15 de mayo de 1970.
    48) La Prensa Gráfica. 3 de abril de 1968. pag. 59
    49) Incidente de Nulidad de inscripción citado. La Prensa Gráfica 13 de abril de 1966.
    50) Incidente de nulidad de inscripción citado. La Prensa Gráfica, de 5 de marzo de 1968. pag. 21. El Diario de Hoy de 22 de febrero y 1º de marzo, ambas noticias en pag. 3
    51) Incidente de nulidad citado
    52) Tesis doctoral citada, pags. 41 a 47
    53) Resoluciones del CCE, 1965/1968,. Pag. 139
    54) Resoluciones del CCE, 1965/1968,. Pag. 124
    55) Resoluciones del CCE, 1965/1968,. Pag. 127
    56) El Diario de Hoy. Sábado 5 de marzo de 1966. pag. 3 escrito presentado al CCE por el profesional citado.
    57) DO. No. 556 del 12 de enero de 1968. D.O. 25 del mismo mes y año.
    58) Resoluciones del CCE, 1965/1968,. Pag. 197
    59) Resoluciones del CCE, 1965/1968,. Considerando IV de la sentencia del CCE de 27 de abril de 1966. pags. 198
    60) Considerando IV Literal A, de resolución del CCE de sentencia de 11 de febrero de 1976. Incidente de nulidad de inscripción de la planilla de candidatos a Diputados por la UNO en el departamento de San Salvador.
    61) Resoluciones del CCE, 1965/1968,. Pags. 132 y 136.
    62) Final introducción No. 3 ver nota 21
    63) Incidente citado. Considerando IV, literal C. de resolución de 11 de Febrero de 1976.
    64) Incidente de nulidad citado. Voto razonable de sentencia de la JED Santa Ana, de 28 de febrero de 1974.
    65) Apelación de sentencia declarando nulidad de la inscripción de los candidatos a concejales por el municipio de Chalchuapa, de la UNO, Resolución del CCE de 8 de marzo de 1974.

    CAPITULO II

    PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE
    PLANILLAS DE CANDIDATOS, (MARZO DE LA LEY ELECTORAL.

    1. PROCEDIMIENTOS
    1. Inscripción
    2. Recursos
    3. nulidades

    2. PLAZOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE PLANILLAS
    a) Para Presidente y Vice Presidente
    b) Para Diputado y Miembro del Concejo Municipal.

    3. CASOS ANÁLISIS POLÍTICO
    1 Reforma a los procedimientos
    2. Reforma a los plazos
    3. Casos especiales

    _____________________

    CAPITULO II


    PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE PLANILLAS
    DE CANDIDATOS. (MARCO DE LA LEY ELECTORAL)


    1. PROCEDIMIENTOS

    1 . INSCRIPCIÓN

    La Ley Electoral vigente, establece el siguiente procedimiento para inscribir a los candidatos a los diferentes cargos de elección popular.

    a) EL Concejo Central de Elecciones señalará y convocará a inscripción de candidatos, fijando los plazos correspondientes (Art. 51 L.E.)

    b) Dentro de este periodo los candidatos presentarán sus solicitudes de inscripción y los documentos necesarios a los diferentes organismos electorales, de acuerdo al cargo a que opte el ciudadano. Si su solicitud de inscripción es para Presidente Vicepresidente de la República o Diputado a la Asamblea Legislativa o constituyente, deberá presentarla al Concejo Central de Elecciones, pero si la solicitud es para optar a ser miembro de un Concejo Municipal deberá presentarla a la Junta Electoral Departamental correspondiente (Arts. 62 y 30 L.E.)

    c) La solicitud de inscripción a un cargo de elección popular deberá ser presentada personalmente por el candidato, pudiendo hacerse esta presentación en forma individual o colectiva. (Art. 63 L.E.)

    d) Si se trata de una candidatura a Diputado o miembro del Concejo Municipal, la solicitud será considerada inmediatamente por el organismo electoral a quien se presente, debiendo resolverla dentro de los diez días siguientes a aquel en que se haya presentado toda la documentación necesaria para la inscripción (Art.

    e) Si los candidatos a Diputados o Miembros de Concejo Municipal llenan los requisitos exigidos por la ley, el organismo electoral correspondiente ordenará su inscripción en el libro de Inscripción de candidaturas, según sea el caso, ordenando al mismo tiempo su publicación en el Diario Oficial por lo que en el caso de candidaturas a Miembros del Concejo Municipal las Juntas Electorales Departamentales enviarán lo conducente al Concejo Central de Elecciones.

    Si se trata de inscripción a un candidato a Presidente o Vicepresidente de la República previamente y dentro de las 24 horas siguientes de presentada la solicitud de inscripción en aviso publicados en dos de los periódicos de mayor circulación se pedirá a los Poderes y Secretarías del Estado, instituciones autónomas y Municipales, que dentro de un plazo de 15 días contados a partir de la primera publicación, informe al Concejo Central de Elecciones, si los solicitantes están en mora por cualquier concepto con la respectiva oficina; si son contratistas o caucioneros en la ejecución de obras o empresas costeadas con fondos del Estado o del Municipio, si como resultado de las obras y empresas mencionadas tienen reclamaciones de interés propio; y si tienen pendiente contratos o concesiones con el Estado para la explotación de riquezas nacionales este aviso únicamente para los organismos estatales en donde se encuentren los candidatos en la citación dicha. Si transcurridos los 15 días del plazo no existe ninguna contestación se presume que las respuestas de todos los organismos estatales son negativas, por lo que si los solicitantes llena los requisitos de ley, se ordenará su inscripción en el libro de registros de candidatos.

    Siempre que se ordene la inscripción de un candidato a cualquier cargo de elección popular, además de ordenar la publicación de toda la planilla en el Diario Oficial, se publicará en carteles que será fijado en lugar visible del local que ocupa el organismo electoral.

    Esta inscripción servirá solamente para la elección en que se verifica, a menos que por cualquier circunstancia se anule la elección, en cuyo caso tendrá validez en la nueva elección que ordene celebrar el Concejo Central de Elecciones (Art. 77, 204, 205, 78 y 72 L.E.)

    f) La solicitud de Inscripción será denegada, si los candidatos no reúnen los requisitos exigidos por la ley, si la solicitud de inscripción ha sido hecha extemporáneamente, o si los candidatos integrantes de la planilla a cualquiera de los cargos de elección no se han presentado en su totalidad, faltando uno de ellos, por lo cual la planilla esta incompleta, o si la solicitud no reúnen las formalidades requeridas por la Ley Electoral (Art. 71 L.E.)

    g) Siendo denegada la solicitud de inscripción esta podrá ser hecha nuevamente en los 5 días siguientes al a denegatoria, cuántas veces fuere necesario, con los mismos requisitos y formalidades la primera, si el plazo de inscripción no ha vencido. Si por el contrario dicho plazo ya transcurrió, entonces la solicitud podrá ser hecha una sola vez, siempre en los 5 días siguientes a la denegación. (Art. 71 y 75 L.E.)

    1.2. RECURSOS
    1.2.1. RECURSO DE QUEJA

    Se interpone frente al retardo o negativa de inscripción, modificación o sustitución de candidatura, por las Juntas Electorales Departamentales. Dentro de las siguientes veinticuatro horas de interpuesto el recurso el Concejo Central de Elecciones, solicitará a la Junta Electoral Departamental correspondiente que rinda informe, el cual deberá ser rendido inmediatamente por la Junta y el consejo en vista del mismo y de la documentación de las diligencias de inscripción a que se refiere el recurso y que deberán haber sido enviadas por el organismo de que se recurre, dictará resolución dentro de tercero día, dando cuenta al Tribunal competente para su juzgamiento de quieren resultaren culpables, cuando fuere procedente.

    Si el presente recurso fuere contra provincias del Concejo Central de Elecciones, de acuerdo a lo regulado por la Ley Electoral, solo podrá interponerse recurso de revisión ante el mismo consejo, con lo cual se desnaturaliza la finalidad del mismo recurso. (Art. 74 L.E.)

    1.2.2. RECURSO DE REVISIÓN

    Este recurso únicamente es interpuesto de resoluciones del Concejo Central de Elecciones , el plazo de interposición es dentro de las 48 horas de notificada la resolución una ves interpuesto en los casos en que fuere procedente, el consejo lo admitirá y señalará las dos audiencias siguientes para que los partidos por medio de sus representantes acreditados presenten por escrito sus alegatos, y presentados o no, sentenciará dentro del segundo día, sin mas tramite ni diligencia. (Art. 186 L.E.)

    1.2.3. RECURSO DE APELACIÓN

    Al igual que el recurso anterior se interpone dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la resolución de que se recurre. Se presenta ante el organismo electoral que dio la resolución impugnada, si éste lo admite, deberá remitir las diligencias a que se refiere el recurso dentro de las siguientes veinticuatro horas al Consejo, el que una vez recibidas las diligencias señalará una audiencia común para que los partidos por intermedio de sus representantes acreditados ante el, presenten los alegatos que estimen convenientes, y con o sin ellos, pronunciará resolución en el término de dos días (Art. 185 L.E.)

    Si una Junta Electoral Departamental negare el recurso de apelación, podrá el partido por intermedio de su representante acreditado ante el Concejo Central de Elecciones dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la negativa interponer el recurso de hecho ante tal organismo electoral, el cual deberá admitirlo y librar provisión con las inserciones pertinentes a la Junta Electoral Departamental correspondiente, y si la negativa del recurso fuere cierta, la junta deberá remitir inmediatamente originales los autos al Consejo, y si el Consejo consideraré indebida la negativa al recibirlos se pasarán a la Secretaría para que el apelante exprese agravios y se emplazará el apelado para que este a derecho, con la intervención de los interesados o sin ella, transcurridos los tres días que les corresponde a cada partido para usar de su derecho, dictará en el término de dos días la sentencia a que hubiere lugar (Art. 185 y 201 L.E.; 1028 al 1032 Pr.)

    Si la negativa a la apelación fuere falsas, bastará que la Junta Electoral Departamental lo informe así al Consejo (Art. 1029 Pr.)

    Si la apelación no procede, el Concejo Central de Elecciones ordenará que los autos se devuelvan a la Junta Electoral correspondiente.

    1.3. NULIDADES

    1.3.1. IMPUGNACIÓN DE INSCRIPCIÓN (Nulidad de Inscripción)

    Los partidos políticos contendientes pueden demandar, por escrito y por medio de sus representantes acreditados que se declare por el organismo electoral correspondiente la nulidad de la inscripción de cualquier candidatura que ese mismo organismo efectúo.

    La demanda se presentará dentro de las 48 horas siguientes a la fijación de cartel en que se publique la inscripción de la planilla de candidatos, que de acuerdo al Art. 78 L.E. se fija en un lugar visible del organismo que ordena la inscripción de la candidatura. Interpuesta y admitida la demanda, en el término de cuatro días, con citación de partes, se recibirá la prueba que la parte impugnada e impugnante, presenten para firmar su pretensión sentencia dentro de los dos días siguientes, resolución de la cual se admite apelación si es una Junta Electoral Departamental la que resuelve y revisión si el Concejo Central de Elecciones (Art. 148 L.E.)

    1.3.2. NULIDAD DE ELECCIÓN

    De acuerdo al Art. 150 de la Ley Electoral existen cinco causales por las cuales se puede declarar la nulidad de una elección, de las cuales para efecto de nuestro estudio, únicamente nos referiremos al a primera y es la que se refiere a que se podrá declarar la nulidad de una elección si el candidato o candidatos electos no reúnen las condiciones legales, es decir, no llena los requisitos establecidos por la ley para poder optar al cargo de elección popular y a los cuales nos referimos en el capitulo I de la presente tesis.

    Si la demanda de nulidad se refiere a elecciones de Diputado o miembro de Consejos Municipales, entonces deberá ser presentada ante la correspondiente Junta Electoral Departamental, si se trata de elecciones presidenciales, quien conoce de la demanda es el Concejo Central de Elecciones.

    La demanda debe interponerse dentro de los cinco días siguientes a la elección por los partidos políticos contendientes por medio de representante especial y legalmente autorizado.

    Recibida la demanda se dará audiencia común a los mas partidos contendientes para que dentro de las 48 horas presente sus alegados, terminadas las cuales en el término de cuatro días hábiles se recibirán las pruebas, expirado dicho término se dictará sentencia a mas tardar dos días después.

    De esta resolución se admite recurso de apelación si es dictada por una Junta Electoral Departamental, si es el Consejo quien resuelve únicamente se admite la revisión.

    Declarada ejecutoriada la resolución declarando la nulidad de las elecciones, se mandará publicar el Diario Oficial, debiendo el Concejo Central de Elecciones de convocar a nuevas elecciones en día de que no pase de los 20 con posterioridad a la declaratoria de ejecutoria. (Art. 150 y 154 L.E.)

    2. PLAZOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE PLANILLAS DE CANDIDATOS.

    La Ley Electoral establece que los plazos para inscripción de candidatos no podrá ser menor de 40 días.

    En relación a los diferentes cargos ha establecido regulaciones que hacen variar las fechas en las cuales se inicia y termina el periodo de inscripción de candidatos a cargos de elección popular, siendo ellas las siguientes:

    a) Para la inscripción de candidatos a presidente y Vicepresidente de la República se establece:

    1. El período de inscripción quedará cerrado 45 días antes de la fecha de las elecciones; y

    2. Las elecciones se efectuarán el tercer domingo del mes de febrero en que termina el periodo de los funcionarios a elegir.

    b) Para la inscripción de los candidatos a Diputado y Miembros de los Consejos Municipales se regula:

    1. Que el periodo de inscripción quedará cerrado 30 días antes de la fecha de elecciones a los cargos y

    2. Las elecciones para Diputado y Miembros de los Consejos Municipales, se efectuarán simultáneamente el segundo domingo del mes de marzo. (Art. 14, 15 y 61 L.E.)

    3. CASOS ANÁLISIS POLÍTICO

    He presentado en forma breve los procedimientos para la inscripción de las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular y los plazos de inscripción, tal y cual se encuentran en la actualidad, pero tanto los procedimientos y los plazos han sufrido reformas obedeciendo a circunstancias e intereses políticos del momento electoral, por ello bajo ese lente analizaremos las variantes mas importantes sufridas tanto por los procedimientos como por los plazos.

    3.1. REFORMAS A LOS PROCEDIMIENTOS

    3.1.1. A LA INSCRIPCIÓN

    a) PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN.

    La Ley Electoral en inciso primero del Art. 67, establecía: Las solicitudes de inscripción, ACOMPAÑADAS de todos los documentos necesarios, se presentarán al Concejo Central de Elecciones o al organismo electoral correspondiente, dentro del periodo de inscripción señalado.

    Lo dispuesto implicaba que al presentar la solicitud, debería necesariamente de hacerse conjuntamente con todos los documentos comprobatorios de que el candidato llenaba los requisitos de ley.

    El día 18 de noviembre de 1966 se reformó este inciso por decreto No. 187 Diario Oficial numero 221 tomo 213 del 1º de diciembre de ese año, cambiándose al inciso referido por el siguiente: Las solicitudes de inscripción y todos los documentos necesarios, se presentarán al Concejo Central de Elecciones o al organismo electoral correspondiente, dentro del periodo de inscripción señalado.

    Es indiscutible que el objeto de la reforma fue dar facilidades a los partidos para presentar la documentación necesaria para la inscripción.

    Posteriormente, y tal cual expusimos en el numeral 3 del Capitulo anterior, a este artículo por reforma efectuada en 1971 se le agregó la enumeración de los documentos necesarios para la inscripción, lo cual también se consideró que era para traer claridad en la determinación de los documentos necesarios para la inscripción, lo que realmente sucedió fue que desde las elecciones de 1972, fue usada esta enumeración como un instrumento de obstaculización a los partidos de oposición, pues la amplitud de criterio que existía antes de la reforma se tornó en una actitud contraria.

    La circunstancia anterior últimamente fue complementada con las reformas que se efectuaron en 1975 a la Ley Electoral y que para mayor comprensión las explicaremos en el tiempo.

    Cuando se promulgó la actual Ley Electoral en Septiembre de 1961, se estableció que las solicitudes de inscripción a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados a las asambleas constituyentes y legislativa, y para Concejo Municipal, podrá ser presentados por los candidatos, individual o colectivamente, o por el representante designado previamente por el partido político postulante.

    Anteriormente en la Ley Electoral dada en Noviembre de 1959 publicada en el Diario Oficial numero 220 del 2 de Diciembre del mismo año, se establecía en el Art. 61 que Las solicitudes de Inscripción como candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República y Diputados a las Asambleas Constituyentes y Legislativa deberán presentarse personalmente por los interesados, individual o colectivamente. La de cargos concejiles será firmada por todos los candidatos y podrá ser presentada por el representante, designado previamente, del partido postulante, o por los propios interesados.

    Es notorio entonces que el Directorio Cívico Militar al ampliar en 1961 la facilidad de presentar la solicitud de inscripción por medio del representante de los partidos políticos, a los candidatos a Presidente, Vicepresidente y Diputados, y que por la Ley Electoral de 1959 solo se daba a los candidatos a miembros de Concejo Municipal, estaba facilitando el proceso de inscripción de candidatos a los distintos cargos de elección popular y con ello propiciar la participación de mayor numero de partidos y de candidatos, o sea lo que he dado en llamar la escala democrática.

    Pero que es lo que sucede en 1975, o sea 14 años después, cuando la Asamblea por medio del Decreto Legislativo No. 375, de 21 de octubre de 1975, reforma la Ley Electoral y establece en el Art. 63 que para todos los cargos de elección popular las solicitudes de inscripción deberán ser presentados personalmente por los respectivos candidatos individual o colectivamente.

    La justificación que se da para esta reforma tanto por los Diputados del PCN, como por el Presidente de la Asamblea Legislativa, quien a su vez es Secretario Ejecutivo del PCN, es que con ello se evitaba que los candidatos fueran engañados por los partidos o que fueran forzados a ser candidatos (1) esta argumentación dada en la Televisión resulta infantil y no oculta la verdadera razón, cual es que se quiere impedir la participación de ciudadanos que no sean del Partido oficial como candidatos a los cargos de elección popular, el precio político no importa aunque se llegue a situaciones que no se daban hace más de quince años, o sea no permitir la facilidad de que los candidatos presentaran por intermedio del representante del partido político la solicitud de inscripción.

    En 1966 se reformó el inciso ultimo del Art. 75 que permitía que una vez finalizado el plazo de inscripción de candidatos, se pudiera presentar cuantas veces fuera necesario nueva solicitud de inscripción, cuando esta fuera denegada, el inciso decía: “cuando la modificación sea motivada por la denegatoria de la inscripción, la nueva solicitud se presentará dentro de los cinco días siguientes de notificada la resolución de deniegue la inscripción, aunque el plazo de inscripción haya concluida”.

    Esta disposición fue la que permitió que en 1966 el PAR pudiera participar con sus candidatos a Diputados por el Departamento de Chalatenango, a pesar de que habiéndose vencido el plazo de inscripción de candidatos, la solicitud de inscripción le fue denegada 2 veces, lo que significó solicitudes de inscripción fuera del plazo, habiéndose obtenido al final la inscripción (2)

    Con la reforma al inc. Ultimo del Art. 75 se limitó la presentación de la solicitud de inscripción una vez vencido el plazo, a efectuarse una sola vez al ser denegada la efectuada en término. La reforma en lo pertinente estableció: concluido el plazo de inscripción la solicitud se podrá hacer una sola vez. (3) Esta limitación ha sido mal interpretada y usada para impedir participación de planillas de candidatos a Diputados, como ocurrió en las elecciones de 1976 con la planilla de Diputados por San Salvador, caso que veremos en el Capítulo IV.

    b) RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD

    Considero importante y que fue tendiente a garantizar en mayor grado la pureza de las elecciones, la reforma efectuada en noviembre de 1966 al Art. 67, que haciendo referencia a las solicitudes de inscripción decía: Las mencionadas solicitudes serán consideradas inmediatamente por los respectivos organismos electorales, los que resolverán lo procedente dentro de los diez días siguientes de recibidas.

    La reforma aludida estableciendo que los organismos electorales, resolverán lo procedente dentro de los diez días siguientes al que se haya presentado toda la documentación. (4)

    Con esta reforma se preveía que no se dieran casos como el que se dio en las elecciones de 1976 con la planilla de candidatos a miembros del Concejo Municipal de Acajutla por la UNO, en donde se secuestró un candidato y se detuvo a otro para que no se presentara a solicitar personalmente su inscripción, siendo puestos de libertad una vez concluido el periodo de inscripción. Además algunos candidatos que se habían presentado no habían acompañado toda la documentación. La arbitrariedad no terminó con lo relatado, sino que la Junta Electoral Departamental siendo evidente que la planilla no estaba completa y en contradicción del Art. 64 inciso 3º; que ordena que la inscripción de candidatos a cargos concejiles se hará la planilla este completa, y del Art. 67 ya mencionado, procedió a inscribirla para que el PCN pidiera la nulidad y posteriormente se declarara por la Junta Electoral Departamental, como realmente sucedió (5).

    3.2. REFORMAS A LOS PLAZOS

    Los plazos para inscripción de candidatos han sido reformado en varias ocasiones, de tal suerte que el Art. 61 de la Ley Electoral ha sufrido 7 reformas ampliando el periodo de inscripción para los cargos de elección popular.

    Desde que la actual Ley Electoral entró en vigencia, en todas las elecciones efectuadas hasta 1970 se reformó el plazo de inscripción, y no es sino a partir de 1972 que no se ha ampliado el plazo referido. Esto nos dice claramente la tendencia y los intereses políticos diferentes que se han dado en las elecciones celebradas en El Salvador desde 1961.

    Los considerandos de los Decretos Legislativos que establecieron las prórrogas del plazo de inscripción, evidencian como poco a poco el Partido en el poder ve debilitarse su posición y cambia su actitud de dar facilidades a los partidos de oposición, para propiciar la instauración de la democracia, por una posición en la que de lo que se trata es de impedir que participen con candidatos los partidos de oposición y lentamente se fue poniendo obstáculos hasta llegar por ejemplo a ya no ampliar los plazos de inscripción, porque la no ampliación del término no era una circunstancia que unida a la impugnación y anulación de las planillas, coadyuvara a reducir las posibilidades de participación de la oposición.

    En las elecciones de Diputados y Miembros de los Consejos Municipales, el plazo máximo que se dio fue de 19 días en 1964, en que por primera vez dentro de la vigencia de la actual Ley Electoral y de la representación proporcional participaron realmente los partidos políticos de oposición.

    Para efectuar esta ampliación los representantes de todos los partidos de oposición se reunieron el día 28 de enero de 1964, en el despacho del Ministro del Interior, juntamente con los miembros del Concejo Central de Elecciones y el Ministro del Interior Coronel Fidel Sánchez Hernández, para discutir propuesta del PAR solicitando la ampliación, la crónica de El Diario de Hoy al referirse al suceso decía: “Los miembros de Concejo Central de Elecciones dijeron que la prorroga pedida por el PAR será atendida, ya que ese organismos esta interesado en facilitar a los partidos los medios legales para que desarrollen su campaña e inscriban sus candidatos. Este punto de vista también fue compartido por el Ministerio de Interior. (6) evidenciando al interés del gobierno y en cumplimiento de este acuerdo se presentó por el Ministerio del interior un proyecto de reformas que fue aprobado por la Asamblea.

    Sin embargo antes de 1961, sin necesidad de que los partidos solicitaran la reforma El Director Cívico Militar amplió el término de inscripción que tres días y al hacerlo hizo el siguiente considerando: I. Que por la limitación del tiempo en la preparación de las elecciones que deben celebrarse el 17 de diciembre próximo entrante no ha sido posible a los partidos políticos Militares reunir en el término que expira el día 16 de este mes a las 12 de la noche, toda la documentación necesaria para la inscripción de candidatos a Diputados a la Asamblea Constituyente y Legislativa, y siendo de suma gravedad esa falta de inscripción, porque se desnaturalizaría el evento electoral, es necesario prorrogar por tres días el término para presentar las planillas con su respectiva documentación. (7) en los medios políticos se comentó que era el partido Oficial quien tenía dificultades para la presentación de algunas planillas, por eso dio decreto mencionado. Pues a pesar de encontrarse inscrita la coalición UPD su participación en estas elecciones no puede calificarse de tal.

    En las elecciones sucesivas de Diputados y Miembros de Consejos Municipales efectuadas en los años de 1964, 1966, 1968 y 1970, la reforma de ampliación del plazo de inscripción se ha fundamentado mas que todo en argumentos tales como de “Que es deber cívico la participación de todos los partidos inscritos, en las próximas elecciones para Diputados y Consejos Municipales. (8) y de que los partidos no han podido completar la documentación de sus candidatos, por lo que es de urgencia dictar las disposiciones legales que den una mejor oportunidad a los partidos políticos para participar en las elecciones mencionadas (9)

    De las elecciones presidenciales efectuadas en el país en 2 se han ampliado el plazo de inscripción de candidatos, no habiéndose prorrogado el plazo en las realizadas en 1972.

    De sumo interés político son los considerandos que dio la Asamblea Legislativa al ampliar el plazo de inscripción de los candidatos a presidente y vicepresidente de la República, señalando por el Concejo Central de Elecciones con base en el Art. 61 y 203 M (TRANSITORIO) de la Ley Electoral vigente, concluye a las 24 horas de este día; y hasta el momento un solo partido político ha hecho uso de dicho plazo, pues los demás partidos inscritos han decidido condiciones para decidir su participación en los próximos comicios.

    II. Que en la solicitud de las condiciones exigidas se encuentra interesado el Concejo Central de Elecciones pues estima que el abstencionismo electoral resta el pueblo salvadoreño la oportunidad de escoger mediante el ejercicio del sufragio las personas que serán titulares del Poder Ejecutivo razón por la cual ha invitado a los expresados partidos a discutir pública y personalmente las condiciones propuestas, sin que hasta ahora hayan acudido a la invitación, no obstante la reiteración de la misma.

    III. Que es necesario que la conclusión del plazo de inscripción de candidatos no sea obstáculo a la patriótica gestión del Máximo Organismo Electoral, interesado en garantizar una participación igualitaria y efectiva a los partidos contendientes durante el proceso electoral, por lo que es preciso prorrogar dicho plazo, dando tiempo a los partidos abstencionistas a reflexionar, con sentido político, sobre la conveniencia pública de discutir y resolver sus condiciones dentro de lo racional y lo patriótico; y además, porque un partido lo ha solicitado ya ante el Concejo Central de Elecciones.

    IV Que es deber de los poderse públicos propiciar, por los medios a su alcance, toda medida tendiente a fomentar el ejercicio irrestricto del sufragio, base de la auténtica democracia y único medio efectivo de manifestación de la soberana voluntad del pueblo salvadoreño (10)

    Toda esa tendencia iniciada en 1961 e incrementada en 1963 con la aprobación de la representación proporcional, termina en 1968 cuando el régimen tiene que usar el fraude para impedir que la oposición gane la mayoría. En 1970 comienza la regresión en formas antidemocráticas que se creía superadas y se evidencia cuando al no poder presentar la UNO 4 planillas de candidatos a Diputados, de Departamentos importantes como San Miguel, Sonsonate, La Unión y San Vicente, que representaban 14 candidatos de los 52 puestos a elegir, o sea el 26% de ellos, la UNO solicitó ampliación del periodo de inscripción petición que fue rechazada por la mayoría del PCN, nos preguntamos entonces, todas las manifestaciones hechas anteriormente, ¿Dónde quedaron? Y todas las buenas intenciones que en 1964 planteara el que en 1972 ocupaba la Presidencia de la República, ¿Qué se hicieron ¿, es indiscutible que los intereses políticos habían cambiado, ya no estábamos frente a una instauración progresiva de la Democracia, sino frente a la decisión de mantener el poder por la fuerza si fuere necesario.

    3.3. CASOS ESPECIALES

    Este capitulo ha sido dedicado al análisis jurídico político de los procedimientos de inscribir planillas de candidatos, por lo cual estimo de importancia entrar a analizar dos casos sucedidos en las elecciones de Diputado y miembros de los Consejos Municipales de 1972 y que dada su trascendencia jurídica y política, al faltar, el presente capítulo no estaría completo y sería un elemento que al incluirse no permitiría tener la fundamentación necesaria para el juicio final de la presente tesis.

    En síntesis los casos son los siguientes:

    a) Al vencerse el plazo de inscripción en las elecciones de Diputados y Miembros de Consejos Municipales la UNO presentó su planilla de candidatos a Diputados por el Departamento de San Salvador, al a cual le faltaban las firmas de dos de sus candidatos suplentes. El Concejo Central de Elecciones, declaró inadmisible la solicitud. La UNO fuera del término legal de inscripción de candidatos presentó nueva solicitud de inscripción, a la cual el consejo resolvió no se accede a lo solicitado.

    b) La UNO en las mismas elecciones citadas no puedo presentar dentro del plazo legal su inscripción, a las planillas de sus candidatos a Diputado por los Departamentos de San Miguel, La Unión, San Vicente y Sonsonate por lo que las presentó con posterioridad a la terminación del plazo de inscripción, nuevamente la resolución del Consejo fue: No se accede a lo solicitado. (12)

    Para tratar de dar mayor claridad expondré por separado los dos casos jurídicos que se presentan en las situaciones planteadas:

    1) CASO DE FALTA DE FIRMAS DE LOS CANDIDATOS EN LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN.

    La UNO argumentó jurídicamente a su favor lo siguiente 813)

    a) Que ciertamente faltaban las firmas de 2 de sus candidatos en la solicitud colectiva de inscripción; que de acuerdo con el Art. 63 de la Ley Electoral las solicitudes de inscripción deben cumplir con la formalidad de ser firmadas por los candidatos.

    b) De acuerdo a lo anterior el Consejo no debió de declarar inadmisible la solicitud, sino que de conformidad al Art. 71 No. 5 que establece que será denegada la solicitud de inscripción, 5º Cuando no reúne las formalidades requeridas por esta ley, al resolver la solicitud debió denegarla.

    c) Refuerza al planteamiento de denegatoria de la solicitud, el que si el Consejo consideró que por falta de dos firmas en la planilla no estaba completa, entonces en lugar de declarar la inadmisibilidad, debió denegarla en base al numeral 4º del Art. 71m de la Ley Electoral que manda que se deniegue la solicitud cuando “no esta completa la planilla de los candidatos.

    d) Considera la UNO que la falta de dos firmas es no cumplimiento de la formalidad establecida en el Art. 63 L.E. SI la ley contempla como caso de denegatoria (nunda de inadmisibilidad) el hecho de que la planilla no este completa, a mayor razón debe contemplarse como denegatoria un caso menos grave como es el de que estando completa la planilla únicamente falten firmas.

    La argumentación anterior fue publicada por la UNO en manifiesto publicado en Diario Latino, el Consejo guardó silencio, pero salió en su defensa el PCN quien argumentó lo expuesto a continuación (14)

    1. El Art. 63 L.E. exige que: En todo caso, las solicitudes serán firmadas por los candidatos.

    2. Si una solicitud le falta la firma del que la hace, el documento es anónimo; por ejemplo. Si a una demanda de divorcio le falta la firma de uno de los 2 cónyuges que desean divorciarse, el juez no entra a conocer del asunto la declara inadmisible

    3. Con su firma en la solicitud de inscripción, el candidato hace ante las autoridades electorales aceptación expresa de ser candidato por el partido que lo postula y que en tal carácter pide se le inscriba.

    4. Que de aceptarse el criterio de que es una formalidad, puede llegarse al absurdo de presentar una solicitud por personas que no están de acuerdo en ser candidatos por el Partido que lo postula y tengan desconocimiento de su inclusión en la planilla, y sin embargo tener que resolver el Tribunal sobre ella. (15)

    CONCLUSIÓN:

    Al analizar ambas argumentaciones no se puede mas e que concluir que la Denegatoria de la inscripción se imponía claramente, si aceptando la argumentación de la UNO se concluyera que es una formalidad la falta de firmas en la solicitud, entonces tendría que denegarse la inscripción, si no se acepta la argumentación de la UNO y se concluye de acuerdo con el PCN que la falta de firmas afecta la esencia misma y la existencia de la solicitud de inscripción se tendría que concluir, que no existe solicitud de candidatos de quienes falta la firma, y entonces la planilla colectiva presentada será incompleta, y estamos frente al supuesto previsto por el Art. 71 No. 4 de la L.E. que ordena que se deniegue la solicitud si no esta completa la planilla de los candidatos.

    Considero falso el caso planteado por el PCN, pues no se trata de una demanda de inscripción sino de una solicitud que no puede ser considerada como anónimo, dado que fue presentada por el representante del Partido que de acuerdo con la Ley se encontraba autorizado para hacerlo y porque además se encontraba firmada la solicitud colectiva de los restantes 16 candidatos integrantes de la planilla de Diputados.

    Sostengo que la declaratoria de “INADMISIBILIDAD” no procede en este caso y que al hacerlo se actúa antijurídicamente.

    Fundamento este criterio en lo siguiente:

    1. La Ley Electoral permite recurrir a la ley común según el Art. 201 en los casos que ella no haya previsto. Esta demostrado que cualquiera que sea la posición que se tome, el caso esta contemplado en el Art. 71 de la Ley Electoral.

    2. Las disposiciones de la Ley Electoral no han sido dadas para perjudicar a los partidos políticos, ni a los ciudadanos que quieren inscribirse para optar al cargo de elección popular, sino que sus disposiciones han sido dadas para facilitar su ejercicio por lo tanto sus disposiciones deben ser interpretadas con el criterio de orden público, es decir favorable a la participación de los partidos y de los ciudadanos. No se olvide que en el caso que comentamos había 16 ciudadanos que habían firmado su solicitud y a ellos se les perjudicaba con una resolución contraria.

    2) PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA SOLICITUD.

    Tanto para la 2ª presentación de la planilla de diputados por el Departamento de San Salvador, como la 1ª de San Miguel, La Unión, San Vicente y Sonsonate, se dieron las argumentaciones que expondré:

    La UNO argumentó lo siguiente: (15)

    a) Que la presentación de las planillas referidas fue efectuada concluido el plazo de inscripción correspondiente, es decir, “extemporáneamente” o sea fuera de su tiempo propio y oportuno (Diccionario de la Real Academia Española).

    b) De acuerdo a lo preceptuado por el Art. 71, caso 3º de la Ley Electoral, si la solicitud es presentada extemporáneamente, será denegada la inscripción.

    c) Denegada la solicitud por el Consejo los solicitantes tienen derecho a presentar una nueva solicitud de inscripción, aunque el plazo de inscripción haya concluido, basándose en el inc. 3º del Art. 75 que dice: cuando la modificación sea motivada por la denegatoria de inscripción, se podrá presentar nueva solicitud dentro de los cinco días siguientes a la notificación que la deniegue, aunque el plazo de inscripción haya concluido. En dicha solicitud se podrá hacer cambios de las personas postuladas en las planillas respectivas, o bien sustituir o completar documentos de las personas a que se refiere la solicitud inicial, concluido el plazo de inscripción la solicitud se podrá hacer una sola vez.

    d) Que al resolver el Concejo Central de Elecciones no se accede a lo solicitado, viola la Ley Electoral al negarse a aplicar el Art. 71 que lo obliga a denegar la inscripción. Siendo el término no se accede a lo solicitado, una modalidad política del Consejo para impedir la participación de los partidos.

    El PCN por su parte sostuvo que la resolución del Concejo Central de Elecciones era correcta por las siguientes razones: (16)

    1) Si bien es cierto que el Art. 71 prescribe que será denegada la solicitud de inscripción cuando esta es presentada extemporáneamente no es menos cierto que el mismo artículo tiene un segundo inciso que los sabios asesores jurídicos de la UNO, intencionalmente, no lo citan en su argumentación . este inciso dice: Cuando se hubiere denegado dicha solicitud y AUN NO SE HUBIERE CERRADO EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN, podrá presentarse nueva solicitud como los requisitos y formalidades legales. Esta es regla fundamental para los casos de denegatoria .

    2) En base a la regla expresada, en los casos de denegatoria por ser extemporánea la solicitud no puede invocarse el Art. 75, que en forma clara e inequívoca sobre refiere a la MODIFICACIÓN POR PARTE DEL PETICIONARIO CON EL FIN DE HACER CAMBIOS DE LAS PERSONAS POSTULADAS EN LA PLANILLA O PLANILLAS RESPECTIVAS, y no a los casos en los que la solicitud fue presentada fuera del plazo fatal estipulado por la Ley, y

    3) Si se interpreta la Ley de otro modo, se caería en el absurdo de que un día antes de la elección se estuvieren haciendo solicitudes de inscripción y el plazo que da la ley para la misma se volvería totalmente nugatorio, burlándose así los sagrados intereses electorales.

    CONCLUSIÓN:

    El PCN publicó su manifiesto para atacar la posición de la UNO, defendiendo la posición del Concejo Central de Elecciones, pero al leer su argumentación vemos que esta de acuerdo con ella en que jurídicamente y de acuerdo al Art. 71 No. 3 de la Ley Electoral, la resolución que debe darse es la de DENEGATORIA DE LA INSCRIPCIÓN y no la proveída por el Concejo Central de Elecciones al resolver “NO SE ACCEDE A LO SOLICITADO”.

    En lo que el PCN no esta de cuerdo con la UNO es en lo que se refiere a los efectos de denegatoria de la inscripción, manifiesta que de acuerdo al inciso 2º del Art. 71 de la Ley Electoral, una vez concluido el plazo de instrumento, al denegarse la solicitud de inscripción por extemporánea no puede invocarse la facilidad dada en el Art. 75, pues esta se refiere a los casos de modificación con el fin de hacer cambios de las personas postuladas en la solicitud denegada, por circunstancias de los candidatos a inscribir.

    El planteamiento de la Uno es que dada la denegatoria, procede presentar nueva solicitud de inscripción, porque lo que el Art. 75 inc 3º establece es que cuando la modificación de la planilla sea motivada por DENEGATORIA DE INSCRIPCIÓN, entonces se podrá presentar nueva solicitud dentro de los 5 días siguientes a la notificación que la deniegue.

    Considero que la nueva solicitud procede y no solo en los casos de modificación de la planilla, dado que el Art. 75 en el inciso 3º se dice claramente que En dicha solicitud se podrá hacer cambios de las personas postuladas en las planillas respectivas, o bien sustituir o completar documentos de las personas a que se refiere la solicitud inicial, refiriéndose a los 4 casos de denegatoria.

    Hay un planteamiento que hace el PCN en su argumentación que me merece comentario especial y es el referente a que de permitirse nueva presentación de solicitud, por la denegatoria de la inscripción debida a la extemporaneidad de la misma, se caería en el absurdo de que un día antes de la elección se estuvieren haciendo solicitudes de inscripción y el plazo que da la Ley para la misma se volvería totalmente nugatoria, burlándose así los sagrados intereses electorales (16)

    El PCN habla de los sagrados intereses electorales, para fundamentar que no se debe permitir nueva solicitud por la denegatoria de la 1ª solicitud por extemporánea, planteamiento que debe ser objeto de detenido análisis.

    Semejante planteamiento me merece absurdo y da efectos a la denegatoria que la Ley no contempla, los sagrados intereses electorales de un partido jamás podrá ser el que por una medida eminentemente administrativa se coarte el derecho que tiene el ciudadano de optar a un cargo público, lo que a su vez significa que se priva al pueblo del derecho de elegirlo. No puede concebir que esa sea la finalidad del establecimiento del plazo para la inscripción de candidatos, considero que su objeto es otro, que podría resumir en los siguientes efectos que le da la ley;

    a) El primer efecto del término de inscripción es que a su finalización y de acuerdo al Art. 51 de la Ley Electoral inciso 2º, el derecho de propaganda electoral “quedara limitado a ser ejercido solo por los partidos que hubieren presentado oportunamente solicitud de inscripción de sus respectivos candidatos y tal derecho quedará sin efecto si la inscripción fuere denegada.

    b) En segundo efecto lo dan el Art. 34 de la constitución en relación con el 39 de la Ley Electoral, por el primero que se da a los PARTIDOS POLÍTICOS CONTENDIENTES, el derecho de vigilancia sobre el proceso electoral, derecho que de cuerdo con el segundo artículo mencionado, puede ser ejercido por cualquier partido político inscrito, desde la convocatoria a elección hasta la fecha del cierre del periodo de inscripción de candidatos. De esta fecha en adelante solo los partidos contendientes tendrán el derecho de fiscalización del proceso electoral.

    El Art. 40 L.E. inciso 1º dice: “son partidos políticos contendientes aquellos que tienen candidatos inscritos para determinadas elecciones.

    c) El tercer efecto lo da el Art. 148 de la L.E., que da solo a los partidos contendientes la facultad de demandar las nulidad de cualquier inscripción de candidaturas.

    Entonces tenemos que si un candidato no se presenta a solicitar su inscripción en tiempo, tiene como sanción que mientras no se le inscriba no le puede hacer propaganda a su candidatura, ni puede vigilar el proceso electoral y mucho menos impugnar a otro candidato inscrito, pero considero que no podrá negársele por esa causa el derecho de optar a un cargo de elección popular.

    Podría decirse por alguien que el consejo necesita saber con tiempo las candidaturas para imprimir las papeletas de votación. este problema es inexistente en nuestro país, pues cualquier candidato necesita ser postulado por un partido político inscrito y basta que vaya el Partido en un Municipio del país para que su sigla aparezca en todas las papeletas de votación de la República y los partidos para participar en una elección toman su decisión con anticipación, pues no van a participar en un solo municipio del país para perder la elección, a menos que se haga para evitar la cancelación , en cuyo caso la participación seria forzosa, ahora bien, si el Consejo no permitiera que el emblema de un partido no aparezca en las papeletas de votación en al circunscripción electoral en donde llevará candidatos. Entonces si que existiría un problema que habría que resolver adecuadamente.

    NOTAS DEL CAPITULO II


    1) La Prensa Gráfica, 22 de Octubre de 1975, pags. 3 y 66, Versión de las intervenciones de los diputados. El programa referido fue el asignado al Dr. Rodríguez en la campaña.
    2) Resoluciones el Código Civil 1965/1968 Sentencias de 25 de Febrero, 9 y 11 de marzo de 1966, de final pag. 136 a 141.
    3) D.L. No. 187 del 18 de noviembre de 1966. D.O. No. 221, Tomo 213 de 1º de diciembre de 1966.
    4) Decreto Legislativo citado.
    5) Los hechos fueron relatados en manifiesto de la UNO en La Prensa Gráfica de fecha 24 de Febrero de 1976, bajo el titulo: LA VERDADERA CAMPAÑA DEL PCN, EL FRAUDE, LA MENTIRA, EL TERROR Y LA REPRESIÓN. Además ver diligencias de inscripción e incidente de impugnación a la planilla de candidatos al Concejo Municipal de Acajutla.
    6) Diario de Hoy de miércoles 29 de enero de 1964.
    7) D.O. Tomo 193, Fs 10386, decreto 387, firmado el 14 de Noviembre de 1961 y publicado ese mismo día.
    8) Decreto Legislativo No. 573 de 8 de febrero de 1968.
    9) Decreto Legislativo No. 610 del 29 de enero de 1970.
    10) Decreto Legislativo. No. 26 de 9 de mayo de 1962. D.O. No. 40, tomo 194.
    11) Manifiesto de la Coalición Electoral UNO, “LOS HORRORES JURÍDICOS DEL CONCEJO CENTRAL DE ELECCIONES, Diario Latino 6 de marzo de 1972. pag. 21
    12) Manifiesto UNO, citado anteriormente.
    13) Manifiesto citado
    14) Manifiesto PCN: LAS MONSTRUOSIDADES JURÍDICAS DE LOS ASESORES DE LA UNO. Publicado en el Diario Latino de 8 de marzo de 1972. pag. 16
    15) manifiesto UNO antes citado
    16) Manifiesto PCN antes citado.

    ________________________________


    CAPITULO III

    FUNDAMENTO JURÍDICO POLÍTICO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS PLANILLAS ELECTORALES
    .
    1. DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO

    2. LA INSTITUCIÓN DE LA NULIDAD DE INSCRIPCIÓN

    3. NULIDAD POR QUEBRANTAMIENTO DE LAS FORMAS EN EL PROCEDIMIENTO

    4. NULIDAD POR ERROR DE FONDO

    5. FUNDAMENTO DE LA NULIDAD DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS PLANILLAS ELECTORALES.

    ______________________________


    CAPITULO III

    FUNDAMENTO JURÍDICO POLÍTICO DE LA IMPUGNACIÓN DE LAS
    PLANILLAS ELECTORALES

    Para establecer el fundamento jurídico político de la impugnación de una planilla electoral, previamente es necesario referirse a una distinción que es argumentada frente a cada situación en relación al ordenamiento a aplicar, tanto por el Consejo como por los partidos, es la referencia a la distinción de Derecho Público y Derecho Privado, recientemente cuando la UNO decidió retirarse del proceso electoral de 1976 en la resolución en que el Consejo declaraba sin lugar la petición de cancelación de la inscripción de candidatos de la UNO, decía: .. Es ocioso expresar que todos los ordenamientos jurídicos referentes al proceso electoral son de derecho público y, en consecuencia, los casos controvertibles, deben resolverse en base a las normas y principios que regulan aquella área del derecho (1)

    Inicialmente, pues, me referiré a la distinción de Derecho Público y Derecho Privado, para después referirme a las diferentes facetas que presenta el análisis de la fundamentación de la nulidad de las planillas electorales, debida a su impugnación.

    1. DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO.

    La distinción entre Derecho Público y Derecho Privado data desde la época romana antigua y se ha mantenido hasta nuestros días en los países influidos por el Derecho Romano, la línea de distinción entre los derechos se demarcaba diciendo que el Derecho Público estudia las relaciones del Estado, y el Privado las relaciones entre los particulares, sin embargo, esta distinción no negaba una interconexión entre ambos derechos. En la imposibilidad de establecer una línea de demarcación clara entre los derechos públicos y privados, los autores establecen clasificaciones que enumeran las ramas del derecho que comprende cada una de las denominaciones, habiéndose sostenido que el Derecho Público estaba conformado por el Derecho Constitucional, el Administrativo, el Procesal, el Penal y el Internacional Privado. Por su parte el Derecho Privado se integraba por el Derecho Civil, el Mercantil y el Internacional Privado. Estas clasificaciones se han acrecentado según han aparecido ramas especializadas del derecho y en algunos casos, dada la inexistencia de un criterio fundamental que de certeza a las clasificaciones que se apuntan los autores, nos encontramos con ramas en donde no es posible encontrar acuerdo en su ubicación, tal sucede con el Derecho de Trabajo y con el Derecho Agrario, a quienes nos ubican dentro del Derecho Privado y otros dentro del Derecho Público, y hay quienes sustentan una tercera posición y hablan del Derecho Social. (2) frente a estas distinciones que no dan una certeza en la delimitación de los ámbitos del Derecho Público y del Privado se alza la concepción de Kelsen que considera al Estado como el centro de imputación del orden jurídico al sostener que el Estado no es mas que el sistema del orden jurídico vigente (3)

    Modernamente se sostiene que la distinción entre Derecho Público y Privado obedece a una razón de carácter ideológico, dado que el método del primero es el mismo del seguido por el segundo, el fundado en el método positivo. El fundamento a este planteamiento lo encontramos en el siguiente párrafo: se enseña que las instituciones del derecho público no pueden tratarse con el mismo método que las de derecho privado, por lo que es preciso aplicar a su tratamiento un método de interpretación no fundado en el derecho positivo; y que constituye un principio de la teoría del Estado, que los actos de los órganos supremos de la comunidad política tienen a su favor la presunción de juricidad, con lo cual se comete el abuso de convertir una norma general no fundada en el orden jurídico positivo, en una modificación fraudulenta del mismo, en beneficio de los hombres que tienen a su cargo la ejecución de ciertas funciones orgánicas del Estado, pues se pretende que todos sus actos valgan como jurídico, sin consideración a la ley, a pesar de que aquellos hombres no pueden ser considerados como órganos estatales sino en tanto que obran jurídicamente (Kelsen). Es decir, que se trata de una vulgar justificación ideológica de la dictadura, vestida con los ropajes de la teoría, por cuanto se pretende postular que lo hecho por el Jefe de Estado, el Congreso o el Tribunal Supremo de un país, es jurídicamente recto mientras no se demuestre lo contrario... (4)

    Actualmente se considera que las diferentes doctrinas que fundamentaban la distinción entre Derecho Público y Derecho Privado, tales como las de la del interés que protegen a regulan; la de la naturaleza de las relaciones ya sean de coordinación o de supraordinacion, sostenida por autores alemanes; la doctrina de la naturaleza de los sujetos, planteada por el maestro Frances Paul Roubier y la teoría de la diversidad de sanciones mantenidas por Leon Duguit, no son valederas para sostener la separación entre ambos derechos, por eso autores como Fausto Estado Vallado Berron, después de analizar las diferentes teorías y establecer su falta de fundamento plantean que es imposible sostener que Estado y Derecho sean cosas distintas y aquel, como realidad natural, sea el supuesto y garantía del derecho como deber (autocracia política); y tampoco, que el derecho sea el supuesto del Estado, en el sentido de que éste solo es tal cuando tiene un contenido específico (democracia política o Estado de derecho en sentido técnico); porque para el conocimiento normativo todo Estado es Estado de Derecho en sentido teorético.. “ahora bien, y tal como lo reconoce Vallado Berron, en la política la cosa es distinta pues nos encontramos frente al problema de las democracias neoliberales, de determinar las garantías concretas que hay que exigir tanto a los gobernantes como a los gobernadores para que su conducta sea ajuste al derecho, y poder entonces hablar de un Estado de Derecho (5)

    2. LA INSTITUCIÓN DE LA NULIDAD DE INSCRIPCIÓN.

    La Constitución en el titulo III, bajo el epígrafe de LOS CIUDADANOS Y EL CUERPO ELECTORAL, establece entre otras cosas, regulaciones relativas a los derechos políticos de los ciudadanos, de las cuales me permito mencionar las siguientes:

    a) El sufragio, es un derecho y un deber de los ciudadanos, para ejercerlo es condición indispensable estar inscrito en el registro electoral que de acuerdo a la Ley de la materia lleva el Concejo Central de Elecciones (Art. 80 No. 7 L.E.)

    b) Todo ciudadano, tiene el derecho de optar a cargos públicos según sus capacidades, sean o no dichos cargos de elección popular. No se establece en la Constitución, ninguna norma que determina en forma directa que los candidatos tengan que inscribirse en un registro para deber de optar a un cargo público, sino que lo concluimos de aquel el sufragio puede ser activo y pasivo, y que para ejercerlo hay que estar inscrito en el registro correspondiente,. (Art. 30 Cn.)

    Si un ciudadano es electo en un cargo de elección popular, se puede sin justa causa negarse a desempeñarlo. Si lo hace, pierde el tiempo que dure el cargo, sus derechos de ciudadano.

    c) Son cargos de elección popular, los de Presidente y Vicepresidente de la república, los de Diputados a las Asambleas Constituyentes y Legislativa y el de miembro de las Municipalidades.

    d) La Ley de la materia deberá determinar la forma, tiempo y condiciones para ejercer el sufragio, debiendo también establecer los organismos necesarios para la recepción, recuento y fiscalización de los votos y demás actividades que se refieran al ejercicio del sufragio. Siendo el Concejo Central de Elecciones, la autoridad suprema en esta materia.

    Como ya lo hemos expuesto en el capítulo primero de esta tesis, tanto la Constitución como la Ley Electoral, establecen requisitos que los ciudadanos deberán cumplir para optar a un cargo de elección popular. Indiscutiblemente quien no los llene, no podrá ser electo al cargo.

    Cumpliendo disposición constitucional en la Ley Electoral se regula que además de los requisitos establecidos en la Constitución y Leyes de la República, se deberá cumplir con la formalidad de estar inscrito en el Registro de Candidatos (Arts. 30 constitución y 60 L.E.)

    Si la inscripción de un candidato se hubiere efectuado en contravención a lo establecido tanto en la Constitución como en la Ley Electoral, será declarada NULA. Esta declaratoria, podrá ser demandada por cualquier partido político contendiente. (Arts. 147 y 148 L.E.)

    La inscripción de una persona como candidato, es la consecuencia de haberse calificado por el organismos electoral correspondiente que la persona que lo ha solicitado en las diligencias de inscripción, llena los requisitos establecidos por la ley para ser electo en el cargo. Estas diligencias, son de carácter administrativo y no de naturaleza jurisdiccional. Son el reconocimiento por parte del órgano electoral de que la persona puede ser inscrita en el registro de candidatos, por no tener ningún impedimento para ejercer su derecho reconocido por la constitución.

    La nulidad establecida por la ley secundaria a la resolución que declara la inscripción no puede tener otros efectos mas allá de su naturaleza, debiendo declararse cuando exista vicio en la resolución de inscripción por que se ha violado, interpretando en forma errónea o aplicado indebidamente la ley, o porque en la apreciación de la prueba se haya cometido error de derecho o de hecho, en lo referente al cumplimiento por parte del candidato de los requisitos legales necesarios para optar al cargo de elección popular. (6)

    Por error cometido por el organismo electoral en la sustanciación de las diligencias de inscripción, se declarará la nulidad de la inscripción, ordenándose además reponer las diligencias desde el primer acto válido (7)

    De lo dicho resulta que si la nulidad en materia procesal es de derecho estricto con mayor razón en materia electoral, en donde se ventilan no derechos privados si no derechos políticos de carácter público. Tiene efectos diferentes según si la contravención a la Ley fuere por quebrantamientos de la forma establecida para inscribir a los candidatos, o si se refiere al no cumplimiento de los requisitos establecidos para cada uno de los cargos de elección popular, según se vera a continuación:

    3. NULIDAD POR QUEBRANTAMIENTO DE LAS FORMAS EN EL PROCEDIMIENTO.

    Un organismo electoral, se ciñe al resolver y tramitar una solicitud de inscripción, a los plazos, términos y resoluciones ordenadas por la Ley Electoral, de acuerdo a cada uno de los casos, no pudiendo recurrir a las leyes comunes si el caso planteado se encuentra resuelto en la Ley Electoral, de lo contrario su resolución será nula, dándosele a la resolución apuntada la sanción de inexistencia. (8)}

    No todos los quebrantamientos a las formas en el procedimiento de inscripción se sancionan con la inexistencia pues hay omisiones a la forma que son subsanables por convalidación, un caso que podríamos mencionar es por ejemplo de cuando una JED admite la apelación de la resolución que deniega la nulidad de inscripción de una planilla, llegados los autos al Consejo este fija la audiencia común para que apelante y apelado presenten sus alegatos, no se notifica a uno de los representantes de los partidos interesados, sin embargo este se presenta con su alegato dándose por notificado de la resolución.

    Para determinar el efecto que se de al quebrantamiento de la forma, es necesario tener en cuenta si tal violación se refiere a requisitos esenciales o a accesorios y si el interés y el orden público es manifiesto o No. también habrá que considerar si la desviación o apartamento tiene trascendencia mas o menos grave sobre las garantías esenciales del derecho del ciudadano a optar un cargo. (9)

    Entonces, si el órgano electoral encargado de inscribir al candidato toma resoluciones como la de declarar inadmisible la solicitud de inscripción, estará efectuando un apartamiento de la forma establecida por la Ley Electoral en el Art. 71, que es la de la denegatoria, la sentencia que declara la nulidad de tal resolución debe ordenar que se dicte la que procede conforme a derecho.

    Por la Denegatoria de la solicitud de inscripción, los candidatos si aun no han vencido el periodo de inscripción de acuerdo al Art. 75 de la L.E., podrán hacer nueva solicitud de inscripción, si ya venció dicho término de acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la misma ley, se podrá presentar nueva solicitud dentro de los 5 días siguientes a la notificación que la deniegue, pudiendo modificarse la solicitud de inscripción en relación a las personas postuladas en la respectiva planilla o bien substituir o completar documentos de las personas a que se refiera la solicitud inicial. En cambio con la resolución de inadmisibilidad las personas no pueden hacer uso de la facilidad establecida en los Artículos antes mencionados; al declarar inadmisible una solicitud el organismo electoral entra a conocer del fondo de la petición.

    Declarar la inadmisibilidad de una solicitud, procede cuando esta no llena los presupuestos necesarios establecidos por la Ley Electoral, para iniciar la acción, de la demanda de nulidad de elecciones. Esa fue la doctrina sentada por el Consejo en las elecciones de 1966 al declarar inadmisible la demanda de nulidad de las elecciones efectuadas el 13 de marzo en el municipio de Usulután, el fundamento de dicha doctrina fue de que no se había dado cumplimiento a lo establecido por la Ley Electoral en el Art. 152, de que la solicitud debería ser presentada por el partido contendiente por medio de representante especial y legalmente autorizado a más tardar cinco días después de haberse practicado la elección. (10)

    Las doctrinas, tanto del recurso de apelación como del recurso de explicación de la sentencia decían:

    Es inadmisible la demanda de nulidad de elecciones presentadas por una persona que no acredite dentro del plazo fatal de cinco días subsiguientes a la fecha de celebración de las elecciones, su calidad de representante especialmente autorizado de un partido político contendiente. La sentencia de una Junta Electoral Departamental que resuelva así: merece confirmarse. (11)

    Si una sentencia de una Junta Electoral Departamental se limita a resolver sobre la admisibilidad de la demanda y no sobre el fondo del asunto, es una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva y no sentencia definitiva. Es inadmisible la demanda de nulidad de elecciones si no se presenta con todas las formalidades de ley dentro del plazo perentorio de los cinco días sub siguientes a la fecha de las elecciones.

    Si una persona que impugna las elecciones no presenta en dicho plazos los documentos que lo acrediten como representante especialmente autorizado por un partido político contendiente para demandar la nulidad de las elecciones, la demanda es inadmisible” (12)

    En la declaratoria de inadmisibilidad de la solicitud de inscripción no estoy de acuerdo y la considero nula por no aplicar la Ley Electoral, que establece como resolución a las solicitudes de inscripción que no cumplan los requisitos, la denegatoria. En cambio en lo que se refiere a declarar inadmisible la demanda de nulidad de elecciones sin dar cumplimiento a las formas establecidas por el Art. 152 L.E. estoy completamente de acuerdo pues por no existir la Ley Electoral disposición aplicable al caso procede aplicar las leyes comunes de conformidad al Art. 201 L.E. (13)

    4. NULIDAD POR ERROR DE FONDO

    Esta nulidad se da cuando la inscripción de una planilla de candidatos es anulada, por considerársele que la resolución contiene violación, interpretación o aplicación indebida de las leyes, por aplicación de normas inconstitucional, por existir error de derecho en la apreciación de las pruebas o error de hecho resultante de documentos auténticos, públicos o privados reconocidos (14)

    Todo en relación a la determinación de reunir los requisitos legales el candidato a que se refiere la inscripción.

    Esta nulidad tiene como efecto declarar la inexistencia del acto que declaró la inscripción, es el grado máximo de nulidad, la llamada por muchos nulidad radical, en base a la cual el acto de la inscripción no tienen consecuencias jurídicas por lo que debe considerársele como un simple hecho material, sin trascendencia jurídica, ese fue el criterio del CCE en las elecciones de Diputados a la Asamblea Legislativa y Concejales efectuadas en 1966 en donde sentó la siguiente doctrina: 1. cuando se declara nula una elección para Concejo Municipal, por no reunir un candidato los requisitos necesarios para su inscripción, se debe declara nula la inscripción de candidatos que integran la planilla por dicho Concejo Municipal. 2. Declarara nula la inscripción de una planilla de candidatos a cargos concejiles, vuelven la cosas al Estado en que se encontraban antes de ser revueltas, la solicitud de inscripción, quedando en consecuencia esta pendiente de resolución. 3. Toda la planilla de candidatos puede ser modificada con el fin de hacer cambios de las personas postuladas, antes de que resuelva el organismo electoral correspondiente la solicitud de inscripción pendiente (15)

    Para mayor claridad de la doctrina arriba transcrita es bueno traer a cuenta que la resolución fue dada en la apelación de la resolución de la Junta Electoral Departamental de La Libertad, que denegaba la inscripción de los candidatos del PCN a miembros del Concejo Municipal de Ciudad Arce, en las segundas elecciones que se efectuaron por anulación de las primeras por no reunir los candidatos las condiciones legales.

    Es importante fijarse en el presente aludido pues el Consejo al dar el efecto de inexistencia al acto anulado, estableció que la situación de la solicitud era de encontrarse pendiente de resolución, por lo que el PCN podría hacer uso de la facultad de sustituir candidatos, cosas que así hizo, se le inscribió la nueva planilla y ganó las nuevas elecciones convocadas por anulación de las primeras. (16)

    Este criterio sustentado por el Consejo lo estimo correcto, enmarcado dentro de la función que le corresponde a la ley secundaria y al Estado para realizar los preceptos constitucionales y poner en vigencia los principios de representatividad de la democracia neo liberal, cosa diferente sucedió en 1976, o sea 10 años después, en que el CCE resolvió en una posición diametralmente opuesta la petición en que se le hacía nueva solicitud de inscripción de los candidatos a Diputados por el Departamento de San Salvador por la UNO, por declaratoria de nulidad de la inscripción de la primera planilla; en relación al punto en los considerandos de la resolución de inadmisibilidad mantuvo el siguiente criterio:

    De acuerdo con lo expresado, cuando se ha declarado nula la inscripción de determinada planilla de candidatos, máxime si esta nulidad ha quedado firme por acuerdo de las partes, como ocurre en el caso de autos, es legalmente inadmisible nueva solicitud de inscripción de otra planilla o de sustituir candidatos inscritos. (17)

    Posteriormente en el recurso de revisión de la sentencia anterior en lo pertinente manifestó: 3º ante todo debe dejarse claramente establecido que el Consejo no ha declarado sin ningún valor jurídico la primera solicitud de inscripción de candidatos como el recurrente afirma. Lo que el Consejo ha declarado nulo es la inscripción de la planilla de candidatos inscritos, lo que, como consecuencia, carece de eficacia jurídica. Lo dicho significa que la Coalición no tiene candidatos inscritos para el Departamento de San Salvador, porque la inscripción que de ellos se hizo en su oportunidad fue declarada nula; pero esto no significó que la solicitud que motivó la mencionada inscripción sea nula, que deba considerarse inexistente. Al contrario, es válida y además fue correctamente hecha, a tal grado que fue admitida y resuelva favorablemente. La nulidad de la inscripción fue decretada por un vicio probado posteriormente y del cual no se tenía conocimiento cuando se admitió y resolvió la solicitud respectiva. Este vicio, la incapacidad del candidato LUIS ANTONIO LÓPEZ GARCÍA (contratista de obra que se costea con fondos del municipio de Tonacatepeque) fue conocido por el Consejo hasta que se alegó y aprobó en el proceso de nulidad, mas adelante decía en la misma sentencia; Concretando: LA UNIÓN NACIONAL OPOSITORA no tiene facultad legal para presentar una segunda solicitud de inscripción de candidatos a Diputados por el Departamento de San Salvador porque jurídicamente no tiene candidatos POSTULADOS ante este Organismo Electoral. No importa el caso que se especule sobre si se trata de sustitución de uno o varios candidatos o de que se trate de postular otros distintos a los postulados en la primera solicitud, la que ha sido resuelva favorablemente, porque fue correcta y sin vicios, pero que a la postre, lamentablemente, tuvo resultados adversos a la Coalición interesada, al ser anulado el fallo de conformidad con la ley. (18)

    La incongruencia notoria de los considerandos de la sentencia evidencia el desesperado esfuerzo de justificar jurídicamente una decisión política, hecho que analizaremos adelante.

    5. FUNDAMENTOS DE LA NULIDAD DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS PLANILLAS ELECTORALES.

    Estando establecido que no nos es posible echar mano de la concepción imprecisa de la distinción entre derecho público y Derecho Privado, como argumento de diferenciación de la materia electoral, nos queda por determinar como la nulidad de una inscripción electoral nos da la garantía de que los actos del tribunal electoral se ajusten a lo preceptuado por nuestro derecho constitucional, base de la concepción ideológica del Estado de Derecho Salvadoreño, este análisis no puede ser eminentemente jurídico pues nos proporcionaría una visión parcial que en definitiva sería falsa.

    Si la Constitución en su texto y por su mandato en algunos casos en la ley secundaria, establece los requisitos que el ciudadano deberá cumplir para poder ejercitar el derecho que ella misma le da de optar a un cargo de elección popular, será obligación de los mismos ciudadanos y del Estado que tales regulaciones se cumplan, desde este punto de vista la nulidad establecida como consecuencia de una impugnación, para la inscripción del candidato que no reúna tales requisitos se convierte en garantía de cumplimiento de derecho.

    Pero no podrá ser nunca la impugnación electoral, un instrumento para que a través de la sanción de nulidad de la inscripción, se impida la realización del derecho de toda persona de ser electa en un cargo de elección popular, lo cual no quiere decir que se mistifique este derecho convirtiéndolo en instrumentos de arbitrariedades. La impugnación es una garantía tanto para el ciudadano como para el Estado de que quien llegará a un cargo de elección popular cumple con los condicionamientos establecidos , además de ser un control jurídico al uso del poder del Estado para imponer candidatos.

    La impugnación de la Inscripción y la nulidad que es consecuencia de su comprobación, se presenta a la colectividad que elige al candidato con su voto, como un elemento de legitimación del funcionario electo, por eso soy de parecer que no se debería limitar el ejercicio de este derecho únicamente a los partidos contendientes, porque tal restricción no permite que un partido al cual no se le han inscrito sus candidatos en determinada circunscripción electoral o a determinados cargos, no puede en razón de no ser partido contendiente, solicitar la nulidad de la inscripción de un candidato que no reúna las condiciones legales requeridas. Es más, cuando las condiciones políticas del país sean democráticas y la conciencia política de los salvadoreños haga que no se presta a abusos, se debería de ampliar esta facultad a todos los ciudadanos.

    Estando en acción de impugnar la inscripción y la nulidad de una elección únicamente en manos de los partidos contendientes, el riesgo de que una persona sea electa sin llenar las condiciones de ley es evidente, puede suceder y dada la mentalidad formalista que priva en la tramitación de las inscripciones y de las impugnaciones a ellas, es perfectamente posible de que a pesar de ser del conocimiento del organismo electoral la incapacidad de un candidato se le inscriba y se le elija, por no parecer tal circunstancia en la documentación presentada y todo por no aplicar el criterio de la oficiosidad. Es indiscutible que en estos casos debe primar el interés público.

    Pero también el criterio de la oficiosidad debe aplicarse en sentido contrario, es decir, cuando el tribunal electoral tienen la robustez moral de que la impugnación es improcedente y maliciosa y sin otra intención mas que la de impedir la elección de un candidato, a cualquier precio y entonces debe de desecharse la solicitud de nulidad.

    Siempre que prive el interés colectivo se justifica la impugnación, pero desgraciadamente y tal cual se presenta la realidad electoral en El Salvador, no podría sostener que se justifique el mantener la impugnación de la inscripción de las planillas electorales, los últimos 6 años son prolijos en ejemplo de cómo se ha instrumentalizado esta institución para los fines electorales del régimen. Quien observa detenidamente el panorama político se dará cuenta de esta desalentadora realidad de la democracia representativa salvadoreña.

    Hasta 1968 y mientras la oposición no representaba un serio peligro y la hegemonía política del partido oficial y su régimen, no se usa esta arma política y hasta se da el lujo el PCN de desistir las nulidades iniciadas, como sucedió en 1966 con la planilla del PDC para el Concejo Municipal de San Salvador (19). En 1968 tribunal 1970 se ensaya por el Partido Oficial dos estrategias para impedir los triunfos electorales de la Oposición, la primera que se ensayó descaradamente, fue la de invertir los resultados adversos que sufrieran el PCN a través del fraude realizado con posterioridad a la elección; y la segunda la de impedir que la oposición presentara candidatos inscritos a la elección, ambos métodos demostraron ser efectivos y que no existía por parte de la oposición capacidad de respuesta que echara al traste con ellos, me referiré a ellos por separado planteando los casos concretos:

    a) El Fraude posterior a la elección:

    En las elecciones de miembros del Concejo Municipal de La Unión efectuadas el 10 de marzo de 1968, los resultados electorales fueron de 1937 votos para el PCN y de 2.382 votos para el PDC, es decir que el PDC ganaba por un margen de 445 votos sobre el PCN, resultando que fue confirmado por escrutinio de acuerdo al Art. 137 de la L.E., practico la JED al día siguiente de la elección. Posteriormente y sin motivo legal, según la oposición, la JED practicó nuevo escrutinio y recuento de votos, en el los resultados variaron y el ganador fue el PCN por 1956 contra 1868 del PDC (20). Los hechos que antecedieron al recuento efectuado el 18 de marzo, demuestran que los resultados del mismo son el efecto de una operación planificada y decidida a nivel de Poder Ejecutivo, establecen la decisión del régimen de cambiar los resultados y son el antecedente del fraude que se realizó en esta misma ciudad de la Unión en 1972, para la campaña presidencial los hechos tal y como fueron relatados por la oposición fueron: 1) El día 11 de marzo después de que el primer escrutinio la JED dio el triunfo al PDC, el Comandante Departamental, Coronel Agustín Martínez Varela, invitó al candidato triunfante a celebrar en el regimiento de la ciudad su triunfo; 2) El día 12 de ese mismo mes, a partir de las siete de la noche, tropas bajo el mando del Comandante Departamental antes mencionado, rodean la manzana donde se encuentra la JED y establecen zona militarmente controlada a la que se impide el acceso de toda persona particular, 3 ) el día 13, el PCN solicita nuevo recuento. 4) El día 15, se realiza el recuento solicitado, en donde papeletas con marca a favor del PDC aparecen con otra señal en la bandera del PPS que no era contendiente en el municipio, el nuevo resultado favorece al PCN. Ese mismo día a solicitud del PDC el Consejo establece criterio que se comunica telefónicamente a la JED, de que tales marcas no deben tomarse en cuenta y que las papeletas marcadas a favor del PDC le deben ser adjudicadas aunque tengan señal en la bandera del PPS, la JED solicita tal interpretación por telegrama que es enviado por el Consejo, pero a pesar de gestiones del PDC no fue transmitido sino hasta el día siguiente. Mientras se realizaba la gestión dicha, se envía emisario con oficio del Consejo conteniendo la interpretación solicitada, el cual al llegar a La Unión no encuentra a nadie en local de la JED, por haberse retirado sus miembros debido a balacera promovida por cuerpos de seguridad, (21). Esta nulidad de elecciones fue declarada, es mas el Alcalde electo fraudulentamente recibió su credencial a pesar de estar impugnada su elección. (22)

    El PCN nuevamente en 1970 no quería el peligro de perder los dos tercios de la Asamblea y recurrió para evitarlo a fraudes mas refinados pero no por eso no claros ni demostrables. Para mayor claridad y brevedad omitiré los hechos y detalles sucedidos, planteados por la oposición y me referiré a sus resultados. La Prensa Nacional, desde el día posterior a la elección de Diputados y Consejos Municipales establecía que el PDC había ganado un Diputado en el Departamento de San Vicente, posteriormente el mismo Consejo da resultados oficiales a la prensa que fueron publicados en El Diario de Hoy el día 14 de marzo y La Prensa Gráfica el 17 del mismo mes , los resultados eran en dicho departamento así: PCN 12.750 votos, PDC 4.667 y UDN 366, ganaba el PDC un Diputado por residuo. El día 18 del mismo mes aparecen los resultados de nuevo escrutinio de la JED que es: PCN 14.135 votos, PDC 4.502 y UDN 490, gana así el PCN el segundo diputado por residuo (23) la nulidad de el segundo escrutinio no fue tramitada debidamente pues sin permitir la presentación de pruebas fue declarado sin lugar por el Concejo Central de Elecciones. (24)

    En los dos casos planteados existía una prueba irrefutable de la realidad de los resultados electorales, es la certificación del acta del escrutinio efectuado por las juntas receptoras de votos, la cual coincidía con las actas de los libros que obraran en poder de las JED en las diligencias correspondientes, en el fraude de las elecciones presidenciales de 1972 se cambiará a demás de los votos las actas de las JRV (25)

    b) Impedir que la oposición tenga candidatos inscritos.

    Antes de que los partidos de oposición presenten la solicitud de inscripción, según la oposición reiteradamente la ha denunciado, el Partido Oficial haciendo uso de los medios que le permiten el poder ha tratado siempre de obstaculizar que se integran las planillas o que se reúnan la documentación necesaria, son frecuentes en la política salvadoreña los hechos de coacción, amenaza, denuncias por delitos falsos en los tribunales, etc., de las personas por delitos falsos en los tribunales, etc., de las personas que se sabe en las localidades serán candidatos de oposición, son innumerables por los medios de difusión de casos de este tipo, sucedidos sobre todo en las elecciones de Consejos Municipales. Al mismo tiempo se hace difícil o se imposibilita la obtención de documentos tales como Cédula, las Partida de Nacimiento, las solvencias municipales, etc. como este método demostrar no tener la eficacia necesaria al objetivo se ha recurrido a la impugnación de la inscripción de las planillas inscritas de los partidos de oposición.

    El uso de la nulidad de la inscripción de las planillas de candidatos, como instrumento para impedir la participación o anular la elección de candidatos de la oposición, demostró ser un método eficaz en las elecciones de Diputados y miembros de Consejos Municipales de 1970, en ella el ejercito había recuperado prestigio a raíz de la guerra con Honduras y consecuentemente el régimen se encontraba en posición privilegiada, sin embargo a pesar de ser innecesaria para evitar perder los dos tercios parlamentarios se hizo uso de ella para impedir la elección de personas a quienes no se quería que fueran Diputados o Alcaldes, o simplemente con afán prepotente.

    Las anulaciones de las inscripciones de las candidaturas del Dr. Francisco Roberto Lima, como candidato a Diputado por San Salvador y de Farid Handal, como candidato a Alcalde de Usulután, son casos que ejemplifican lo anteriormente dicho, lo que corroboraba cuando 3 días antes de las elecciones de 1970 el consejo decía que tenía 51 demandas de nulidad de inscripción pendientes de resolución. (26) En Sonsonate la situación fue llevada a extremos increíbles que después en 1972 y en mayor escala en 1974 y 1976, les toco vivir a los partidos de oposición, el caso es que a la Junta Electoral Departamental de Sonsonate en las elecciones de 1970 se le presentaron 24 demandas de nulidad de inscripción, de las cuales 4 eran planillas del PPS, 9 del PDC y 1 del UDN. En el municipio de Sonsonate se impugnaron las planillas de candidatos de los tres partidos de oposición contendientes y la impugnación que demostró el carácter de prepotencia con que se hacían era la hecha al PPS, se impugnaba la planilla porque el señor Antonio Comandari Zimeri, se decía no era salvadoreño, caso ridículo cuando el impugnado siendo Alcalde electo en 1968 iba a reelección. Posteriormente el PCN se ufanaba que tanta impugnación había sido posible que el primer candidato a Diputado, había contado con un equipo de 14 abogados. (27) El cuadro anterior no estaría completo si no mencionara que el Departamento de San Vicente la JED utilizando maniobras que fueron denunciadas y criticadas duramente por la oposición impidió la inscripción de las planillas de candidatos a miembros de Consejos Municipales del PDC en todos los municipios del departamento. (28)

    El fraude aparece como elemento decisivo a los objetivos del PCN en la elección presidencial de 1972 y a partir de las elecciones de Diputados y de Consejos Municipales, celebradas el mismo año, la impugnación es también un factor que inclina los resultados electorales a favor del partido de gobierno. (29) Desde entonces la impugnación ha sido usada por el PCN como instrumento que cumple diferentes estrategias y objetivos en el proceso electoral. Hace que los partidos dediquen gran parte de tiempo y esfuerzos que deberían ser dedicados a la campaña y a asegurar los votos, a la defensa de las planillas inscritas; la seguridad de un candidato de realmente serlo le impide desarrollar una actividad proselitista que de seguridad a los electores y militantes, con el consiguiente desaliento, además de no lograr la adhesión de sectores y lideres independientes que acompañan siempre al ganador, el candidato mismo no invierte todos los recursos al ganador, el candidato mismo no invierte todos los recursos necesarios. Y finalmente, ya sea eliminando a la oposición antes de la elección o anulando las elecciones que le fueren favorables, se convierte una posición de desventaja en una victoria.

    Dentro de esta concepción que hace el partido oficial del objetivo de las impugnaciones, no existe ningún fundamento para defenderlas sino para pedir que sean ilimitadas por ser contrarias a un verdadero desarrollo de un proceso democrático, son un obstáculo al establecimiento de una democracia representativa convirtiendo el proceso electoral en una farsa de legitimación de dictaduras.

    Como ya lo hemos manifestado en varias oportunidades en la presente tesis, considero que el establecimiento de la nulidad de una inscripción de una persona en el registro de candidatos, como una garantía de interés público y que consecuentemente debe beneficiar a cada uno de los ciudadanos, siendo como es, una regulación de tipo administrativo dada por la ley secundaria para dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales que establecen el derecho de opción a cargos públicos de elección popular y para el ejercicio del sufragio, en este caso sufragio pasivo, regulan primero la condición de estar inscrito en el Registro correspondiente y segundo que para el cumplimiento de tal actividad será la ley secundaria la que determinará las condiciones para su ejercicio, no pudiendo tales regulaciones alterar el principio que establece el derecho a ser elegido en un cargo de elección popular. (30). Si la regulación de la ley secundaria vulnera el Estado de derecho establecido por la Constitución, ya sea por que sus disposiciones al regular el ejercicio de los derechos que aquellas establece, realmente impide su concreción, o porque los organismos encargados por la ley secundaria de regular esta actividad electoral no cumplen con su cometido por estar al servicio de intereses que no son los del pueblo. O porque quienes detectan el poder hacen la disposición secundaria un arma para impedir la realización de los derechos electorales del ciudadano, con la complicidad de quienes están obligados a hacerlos efectivos. Entonces nos encontramos frente a un Estado que no es de derecho, ya que su sistema normativo no pasa de ser un sistema de legalidad, que de ninguna manera le da la legitimidad para que se hable de un Estado de Derecho.

    No puede serlo de esta manera, por ello conviene ubicar la impugnación de las inscripción electoral en su verdadero sentido:

    1) Si la impugnación se refiere a quebrantamiento de las formas, la nulidad jamás deberá implicar impedir que el ciudadano pueda ser electo, sino que subsanar el vicio a costa del funcionario culpable, quien deberá responder por ello. Si esta nulidad ya ha sido subsanada por el pueblo depositario de la soberanía, al elegir con su voto al candidato, no puede declararse la nulidad de la inscripción. Hacerlo seria violentar su voluntad manifestada en las urnas.

    2) La inscripción de las candidaturas a los cargos de elección popular se realiza por planillas, esta es una disposición de orden procesal que hace referencia a las condiciones necesarias que deben existir para que de acuerdo a las regulaciones establecidas en el orden administrativo, se permita el ejercicio de voto marcando el ciudadano en las banderas de los partidos que aparecen en las papeletas de votación determinando así a quien elige. No puede entonces concluirse, que esta disposición que es una consecuencia de la regulación de la actividad electoral, para facilitar el ejercicio de sufragio, tenga como efecto impedir que se elija o que pueda optar a un cargo cualquiera ciudadano. Si como sucede actualmente, al anular una inscripción por no cumplir un integrante de la planilla los requisitos establecidos por la ley, se tenga que impedir a los restantes miembros que forman la planilla, el derecho de optar a un cargo de elección popular, por no permitir una nueva solicitud de inscripción sustituyendo en la planilla al candidato que no cumplía los requisitos legales, se le da a esta disposición secundaria un efecto mayor del querido en la norma constitucional, entonces habrá que adecuar la norma secundaria a los requerimientos y principios de la disposición constitucional.

    Deberá entonces, quedar circunscritos los efectos de la nulidad obtenida por la impugnación de la inscripción a separar de la planilla o a no permitir el acceso al cargo del candidato que no llena los requisitos que preceptúa la ley, para ello podrá hacerse uso de cualquiera de estos dos procedimientos:

    a) Si la nulidad se declara antes del día de las elecciones, deberá permitirse que se sustituya en la planilla al candidato, causante de la nulidad, en cualquier tiempo aun después de concluido el periodo de inscripción de candidatos.

    b) En cualquier tiempo que se declare la nulidad de la inscripción, ya sea antes o después de las elecciones, deberá regularse que el candidato que le sigue en el orden correlativo de la planilla, entre a cubrir la vacancia dejada por quien no cumple los requisitos y que motiva la nulidad de la inscripción. En este caso no será necesario ni tan siquiera que se ordene la nulidad de la inscripción en relación a toda la planilla, sino que solo en relación al candidato cuya falta de requisitos se comprobó. De tal manera que aunque se declare incapaz de ejercer el cargo con posterioridad a la elección, como el pueblo ha votado por una planilla, entonces entra a sustituirlo el que el sigue en el orden correlativo de la misma sin violentarse con ello su voluntad manifestada por medio del voto.

    Este segundo procedimiento me parece el mas adecuado, dado que en un régimen democrático y representativo, que ha establecido como uno de sus pilares la representación proporcional, no puede un partido obtener el cien por ciento de los puestos llevados a elección, ello significa que las planillas nunca se elegirán en forma completa por lo que siempre habrá uno de los integrantes a disposición para sustituir a quien no reúne las condiciones requeridas. Sobre por cualquier circunstancia política un partido elige su planilla, para sustituir al que no reúna los requisitos, estarían los suplentes.

    Además de esto da vigencia al principio constitucional de que quien reúna los requisitos puede optar al cargo y a quien no, se tiene una seguridad que el afán de impedirle postularse, no nos llevará a impedirles ser candidatos a quien si tiene las capacidades necesarias.
    NOTAS DEL CAPITULO III

    1) Resolución del Concejo Central de Elecciones de 9 de marzo de 1976.
    2) Derecho Mexicano del Trabajo, Mario de la Cueva, 9ª edición pag. 209 a 236 Tomo I, Epígrafe: Derecho Público y Derecho Privado. Introducción al Estudio de Derecho. Eduardo García Maynes, 22 Edición, pag. 131, cap. X. Derecho Público y Derecho Privado. Teoría General del Derecho. Fausto E. Vallado Berron. 1ra. Edición. Pag. 194. Derecho Público y Derecho Privado. Teoría General del Estado. Francisco Porrúa Pérez. 2da. Edición – Capitulo IX. Derecho Público y Derecho Privado. Pag. 132 y 138.
    3) Pag. 124. obra citada de Francisco Porrúa Pérez
    4) pag. 194 y 195 de obra citada de Vallado Berron.
    5) Pag. 198 y 199 de obra citada de Vallado Berron.
    6) Arts. 147 y 201 de la Ley Electoral en relación con los Arts. 2, 3 y 19 de la Ley de Casación.
    7) Arts. 147 y 201 de la Ley Electoral en relación con los Arts. 2, 3 y 19 de la Ley de Casación.
    8) Art. 201 Ley Electoral, 10 C. y 3, 4, 18 de la Ley de Casación.
    9) 24/220/221 cn. 115 Pr. 4/19 y 20 Ley de Casación
    10) Sentencias del Concejo Central de Elecciones de fechas 11 de mayo y de 8 de junio de 1966, que aparecen en la pagina 188 a la 196 de la publicación resoluciones del Concejo Central de Elecciones: 1965/1968.
    11) Pag. 188 de “resoluciones del Concejo Central de Elecciones de 1965/1968.
    12) Pag. 195 de la publicación mencionada en el numero anterior.
    13) Para ver argumentación contraria sobre inadmisibilidad de solicitud de inscripción ver la resolución del Concejo Central de Elecciones a la 2da. solicitud de inscripción de la planilla de candidatos a Diputado por San Salvador, presentado por la UNO en las elecciones de 1976. solicitud de fecha 16 de febrero del mismo año. Vease también los considerandos de la sentencia en el recurso de revisión de la resolución citada anteriormente, sentencia emitida con fecha 24 de febrero de 1976.
    14) Relacionar el Art. 147 de la Ley Electoral con el Art. 3 de la Ley de Casación.
    15) Resoluciones del Concejo Central de Elecciones 1965/1968 pag. 161
    16) Art. 175 de la Ley Electoral, pag. 164 de la publicación del consejo antes citada. Pag. 74 y 85 de la Memoria de Labores del Concejo Central de Elecciones 1965/1968.
    17) Resolución del Concejo Central de Elecciones de 16 de febrero de 1976 en las diligencias de inscripción de la 2da planilla de la UNO presentada por nulidad de la inscripción de la primera.
    18) Sentencia del Concejo Central de Elecciones de 24 de febrero de 1976 en recurso de revisión de la citada anteriormente.
    19) Capítulo I de esta tesis. 3.1. lt. (b) Sobre Nacionalidad.
    20) Prensa Gráfica. Jueves 21 de marzo de 1968. demanda de Nulidad de Elecciones en escrito presentadas por el PDC a la Junta Electoral Departamental de La Unión, publicado en Prensa Gráfica de 27 de marzo de 1968. manifiesto PDC en Prensa Gráfica de 24 de marzo de 1968.3 pag. 9
    21) Relato en escrito de la demanda de nulidad de elecciones presentado por el PDC a la Junta Electoral Departamental de La Unión, el 26 de marzo de 1968.
    22) Prensa Gráfica de 27 de abril de 1968. pag. 4
    23) Prensa Grafica, 17 de marzo de 1968. pag. 58 y del 18 de marzo del mismo año, pag. 3, Diario de Hoy, 14 de marzo de 1968 Pag. 45. manifiesto del PDC publicado en Diario de Hoy el 16 de marzo del mismo año, pag. 51.
    24) Solicitud del PDC de destitución del Concejo Central de Elecciones presentada a la Asamblea Legislativa. Puede encontrarse incompleta en El Diario de Hoy, 14 de marzo de 1970. pag. 2
    25) Ver documentos y publicaciones mencionadas en las notas 19/21 y 22 de este Capítulo. El Salvador año político, 1971/1972 No. 2 Campaña Electoral para Presidente y Vicepresidente pag. 23 y sigtes. APÉNDICE. 1/ 1.3. a pag. 217 tribunal 1.3 pag. 221 publicaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
    26) Prensa Gráfica 2 de marzo de 1970 pag. 2
    27) Diario de Hoy lunes 9 de marzo de 1970.
    28) Solicitud de destitución del Concejo Central de Elecciones antes citada.
    29) El Salvador año Político, 1971/1972 No. 3, las elecciones para Diputados y Consejos Municipales pag. 99 y sigtes. Publicaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
    30) Art. 24, 30,34 y 220 de la Constitución Política .

    ________________________


    CAPITULO IV

    ANÁLISIS JURÍDICO POLÍTICO DE LAS CAUSALES DE IMPUGNACIÓN

    I. ANÁLISIS JURÍDICO POLÍTICO DE LAS CAUSALES DE IMPUGNACIÓN DE QUE SE HECHO MAS USO.

    1. Formas distintas de la impugnación para impedir la inscripción de planillas.

    2. Causales de impugnación de que mas uso se ha hecho.
    1. Por ser militar de alta
    2. Por falta de identidad
    3. Por defectos legales de la Partida de Nacimiento.

    II. ANÁLISIS JURÍDICO POLÍTICO DE LAS IMPUGNACIONES DE MAYOR TRASCENDENCIA.
    1. Nulidad porque los candidatos son funcionarios que ejercen jurisdicción
    2. Nulidad porque entre los candidatos existe parentesco en grado prohibido por la Ley Electoral para integrar la planilla.
    3. Nulidad porque el candidato no tiene la nacionalidad salvadoreña.
    4. Nulidad por existir contradicción entre la Partida de Nacimiento y la Cédula de Identidad Personal sobre el lugar de nacimiento del candidato.

    B. IMPUGNACIÓN DE PLANILLAS DE DIPUTADOS.

    1. Nulidad por no ser el candidato originario o vecino del Departamento por el que se postula.
    2. Nulidad por existir contradicción en cuanto al lugar de nacimiento entre la Partida de Nacimiento y la Cédula de Identidad Personal.
    3. Nulidad por ser el candidato contratista de obras públicas que se costea con fondos del municipio.


    ________________________________

    CAPÍTULO IV


    I. ANÁLISIS JURÍDICO POLÍTICO DE LAS CAUSALES DE IMPUGNACIÓN DE QUE SE HA HECHO MAS USO.


    Como se expuso en la introducción de esta tesis, la falta de un registro adecuado y las restricciones a la información, en las oficinas del CCE se hacen posible dar un análisis cuantitativo exacto, pero la información que he podido recopilar permite sin embargo determinar cuales han sido las causales de que con mayor incidencia se ha echado mano para impugnar las planillas de candidatos.

    1. FORMAS DISTINTAS DE LA IMPUGNACIÓN PARA IMPEDIR LA INSCRIPCIÓN DE PLANILLAS.

    Si como hemos visto, el PCN considera a las impugnaciones como medios que permiten obstaculizar la inscripción de determinada planilla, dentro de esa concepción podemos encontrar muchas resoluciones de Juntas Electorales Departamentales, que son inspiradas por el interés partidista, tratando consecuentemente con ellas, de impedir que se inscriban las planillas de los partidos de oposición.

    Aparece la modalidad política, iniciada por el CCE en 1972, la inadmisibilidad, así como también la denegación sin fundamento jurídico.

    El primer caso se da en 1970, con la JED de San Vicente, que sin ordenarlo la ley, da traslado al PDC para que complete documentación de las planillas por considerar incompleta la presentada. Es mas, sin pedirlo el Partido y sin permitirlo la ley, devuelve la documentación y solicitud que le habían sido presentadas. Posteriormente al devolver al PDC la documentación la JED, basándose en que esta era nueva solicitud denegó la inscripción de las planillas de los 13 municipios del departamento. El CCE confirmo esta resolución. (1)

    El CCE se fundó en que tal traslado no existía, sin embargo el PDC insistió en que la Junta Electoral Departamental lo resolvió, pero lo que si consta en las diligencias de inscripción y se desprende de las mismas declaraciones del CCE, es de que el PDC no solicitó tal devolución para completar documentación y que la JED obró indebidamente al actuar como lo hizo.

    Nuevamente en 1974 la JED de San Vicente se niega a inscribir 4 planillas de la UNO y a 3 que tenía inscritas lesa anuló la inscripción, aduciendo sin fundamento jurídico, como después lo resolvió el CCE que el representante de la coalición ante tal organismo no tenía personería legal. Es importante destacar que la JED había visado entes la credencial del representante (2) Posteriormente en 1976, se vuelven a presentar serios obstáculos a la inscripción de los candidatos de 9 planillas de la UNO en el Departamento de San Vicente, la JED aducía de nuevo la falta de personería, pero esta vez en resolución a los integrantes del Comité Nacional y Departamental de la Coalición, nuevamente el CCE en recurso de queja de la UNO, interpuesto antes de decidir el retiro de la contienda electoral, tiene que ordenar a la JED que inscriba dichas planillas. (3)

    El ejemplo es imitado en 1974 en las elecciones de Diputados y miembros de Consejos Municipales que se efectuaron ese año, en ellas aparece la JED de Ahuachapán resolviendo al Partido Frente Unido Democrático Independiente (FUDI) denegatorias e inadmisibilidades de inscripción completamente ridículas, así se hizo famoso el ejemplo de la denegatoria porque la madre de un candidato en su Partida de Nacimiento aparecía con el nombre de Ana y en su Cédula como Anita, el de que se denegara una inscripción porque en una solvencia de renta y vialidad el nombre de un candidato aparecía como OVDULIO en vez de OBDULIO. (4)
    En estas mismas elecciones la JED de La Unión, declaró inadmisible las planillas del PPS de los municipios de la Unión y Bolívar porque decía en la solicitud, regidor sustituto en vez de suplente. (5) Esta misma JED a la UNO le declaró inadmisibles sus planillas alegando falta de personería de los representantes de la coalición teniendo el CCE, que declarar nulas tales resoluciones por antijurídicas, según se estableció en los recursos de quejas correspondientes (6) pero también estos hechos sucedieron en el Departamento de Morazán en donde la JED también denegó, la inscripción de las planillas de la UNO por motivos que el Concejo Central de Elecciones también tuvo que declarar ilegales en los recursos interpuestos. (7)

    La actitud asumida por algunas Juntas Electorales Departamentales en varios de los casos planteados llegó a tornarse delictiva, cuando llegaron incluso a desobedecer las resoluciones del CCE el cual sin embargo, apañó tales situaciones, como sucedió con la Junta Electoral Departamental de San Vicente, en 1974.

    2. CAUSALES DE IMPUGNACIÓN DE QUE MAS USO SE HA HECHO.

    2.1 POR SER MILITAR DE ALTA.

    Una de las causales mas reiteradas usada es la de que los candidatos son militares de alta, por ser soldados de patrullas como ya he expuesto se ha usado sobre todo por el PCN a sabiendas de que no procede, simplemente con el animo de causar perjuicio y sin embargo en muchos casos las Juntas Electorales Departamentales, sabedoras de esta situación han anulado las planillas de candidatos. En las elecciones en donde mas alto índice de esta causal he encontrado es en las de Diputados a Consejos Municipales de 1974, en donde mis informaciones llegan a establecer catorce demandas por esta causa. En muchos casos el formalismo y la ilegalidad ha llegado a extremos inconcebibles, llegando a confirmarse resoluciones por el CCE, que a él mismo le han constado de ilegales, no aplicándose el criterio tantas veces sostenido de Derecho Público. Eso sucedió en las elecciones de 1974 con la planilla de la UNO para Concejales de San Francisco Chinameca , a la que la JED de la Paz anuló la inscripción por demanda del PCN porque uno de los candidatos era integrante de una patrulla militar según su resolución, militar de alta. El CCE conoció en recurso de queja de esta situación, sin embargo aplicando un criterio eminentemente formalista se negó a resolver aplicando los principios del Derecho Público, que ese mismo organismo en múltiples ocasiones ha dicho se aplican al proceso electoral. Se amparó en que el recurso procedente era el de apelación, no el de queja y allí paro su intervención, como bien pudo hacerlo, se hubiera evitado los acontecimientos sangrientos tan conocidos que sucedieron en la población mencionada al no respetarse el veredicto popular que dio el triunfo a la planilla anulada. La intervención del CCE es muy criticable por haberse sucedido cuando ya se conocían los resultados electorales. (8)

    2.2. POR FALTA DE IDENTIDAD

    Otra causal que se ha presentado mucho como motivo de impugnación de planillas, tanto de Diputados, como de Consejos Municipales, es la que se refiere a la Identidad de los candidatos, la cual ya aparece como uno de los fundamentos en la petición de nulidad de elecciones de Consejos Municipales efectuadas en La Unión en 1964 presentada por el PAR (9) Esta motivo de nulidad que en principio se refirió únicamente a la identidad del candidato, aparece extendida en las impugnaciones que presentó el PCN en las elecciones de Diputados y Concejales de 1974, a los padres de los candidatos. En estas elecciones se impugnó por el PCN y por falta de identidad tanto inscripciones de planillas de Consejos Municipales como planillas de candidatos a Diputado de la Oposición. Según la información obtenida, fueron alrededor de 24 planillas de Consejales y 8 de Diputados, las impugnadas por este causal y en ningún de los casos que conozco el Concejo Central de Elecciones anuló una planilla por este motivo.

    Las impugnaciones del Partido Oficial, sobre todo a partir de 1974, obedecen a un solo patrón, ello se evidencia en la redacción y conclusión de los escritos de sus representantes, que después de analizar las circunstancias por las cuales se considera que no existía la identidad del candidato o de sus padres se llegaba a la conclusión por demás absurda de que el candidato no ha presentado su Partida de Nacimiento. (10)

    La Oposición, sobre todo la UNO, alego fundamentándose en que las nulidades por ser de derecho estricto deben estar previamente determinadas por la ley, la nulidad por falta de identidad considera que no se encuentra regulada por ninguna ley, en consecuencia se trata de una laguna legal concluyendo que jamás puede declararse una nulidad por un motivo que no existe legalmente (11)

    Párrafo importante dentro de la argumentación de la UNO es el siguiente: Las nulidades en materia de procedimientos son de derecho estricto, tal como lo reconocen unánimemente la doctrina y legislación procesal. Con mayor razón, cuando dichos trámites se refieren en materia de Derecho Público, como es la Ley Electoral que regula los derecho políticos de los ciudadanos, particularmente de elegir y ser electos a cargos públicos como ejercicio de la soberanía del pueblo. Por eso es que la ley exige que las nulidades sean expresas, es decir, debidamente especificadas; que puedan causar perjuicio y que se alegue por el interesado. La falta de identidad ni siquiera esta regulada en el derecho sustantivo, menos indicado en la ley procesal ni en la Ley Electoral como motivo de nulidad. Aun mas, ninguna ley de la República establece que se deben usar uno dos nombres y/o apellidos de la persona; con mayor razón no puede concebirse que signifique nulidad de una inscripción, un motivo que se le ocurra a cualquier presunto interesado. (12)

    Algunas Juntas Electorales Departamentales no tuvieron unidad de criterio frente al problema de identidad como por ejemplo cito o resuelto por la Junta Electoral Departamental de La Paz, que denegó la inscripción de las planillas de la UNO a candidatos a concejales por los Municipios de Olocuilta y Rosario de La Paz, por no existir identidad de los padres de algunos candidatos integrantes de tales planillas, sin embargo, cuando conoció los recursos de nulidad de inscripción presentados por el PCN contra las planillas de mi misma coalición de los Municipios de Zacatecoluca, San Pedro Masahuat y Santiago Nonualco, en los dos primeros casos declaró sin lugar la nulidad y en el tercero declaro nula la inscripción. El Concejo Central de Elecciones al conocer en los casos de denegatoria mencionados se negó a subsanar el error cometido por las JED por haberse interpuesto recurso de apelación, mientras en los restantes si resolvió de acuerdo con el criterio antes expuesto de la improcedencia de la nulidad por falta de identidad, pero tal como se le criticó la oposición, en 1974 se negó en la redacción de las sentencias a dar las razones y fundamentos legales que estimaba procedentes, así como a citar las leyes y doctrinas aplicables. Escuetamente en los considerandos de las resoluciones manifestaba: Que la sentencia venida en apelación esta arreglada a derecho en base a la documentación correspondiente que corre en el proceso, por lo que dicha sentencia debe ser confirmada (13) según el caso resolvió lo contrario. Esto sucedió con las apelaciones de resoluciones dadas por las Juntas Electorales Departamentales. Pero también en los incidentes de nulidad de inscripción de las planillas de diputados por esta misma causal resolvió de la misma manera y cuando hizo fundamentación solamente dijo “Esta identidad, por su propia naturaleza, surge de varios elementos de juicio que individualmente pueden ser intrascendentes, pero que en su conjunto si lleva al convencimiento jurídico de que la persona postulada es la misma a que se refiere toda la documentación que con respecto a el se presento. (14)

    La Oposición sostuvo el criterio de que si la nulidad no procedía por la identidad del candidato, mucho menos procedía si ésta se refería a la identidad de los padres de esta, dado que la inscripción no se refería a ellos.

    A pesar de que sobre todo las resoluciones del CCE no aceptaba el criterio del PCN planteado en los recursos de nulidad presentados por esta causa, este con evidente animo de causar perjuicio a la Oposición, volvió a usar de este motivo de impugnación en las demandas de nulidad de inscripción que presentó a las planillas de su único oponente en las elecciones de Diputados y Consejos Municipales de 1976. la UNO.

    El CCE con relación a la identidad de los candidatos en ese año en el incidente de nulidad de inscripción de la planilla de Diputados por el Departamento de San Salvador, resolvió: como nada hay con respecto al nombre, es potestativo de su parte usar los apellidos de sus padres o solamente el de su madre, consecuentemente con lo expresado, las personas nominadas se encuentran en su legítimo derecho, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, conocida o presuntamente conocida por todos los abogados de la República, de usar los dos nombres con que son conocidos según sus respectivas Cédulas de Identidad Personal, incluso en las oficinas públicas donde les fueron extendidas sus solvencias de la Corte de Cuentas de la República y Alcaldía Municipal respectivas (15)

    De acuerdo con lo transcrito, si en la Cédula de Identidad del candidato aparecen los nombres porque es conocido, no necesita seguir las diligencias de identidad a que se refiere el Art. 202 de la Ley Electoral, solamente habrá necesidad de presentar tal certificado de identidad cuando hubiere diferencias en el nombre que no se hubieren hecho constar en la Cédula, o cuando las diferencias en la identidad se refieran a la fecha de nacimiento del candidato.

    Sobre la exigencia de la identidad de los padres del candidato, planteada por el PCN en sus demandas de nulidad de inscripción de las planillas de la Oposición, en el mismo incidente antes mencionado y refiriéndose a este punto el CCE resolvió: no es aceptable bajo ningún sentido ya que esa falta de concordancia en los nombres de los padres, no tiene relevancia jurídica necesaria para desestimar la identidad de los interesados, plenamente establecida con el conjunto de elementos de juicio consignados en todos sus documentos personales que fueron analizados en su oportunidad. La argumentación de que tal diferencia de nombres conlleva a la idea de que se trata de personas distintas y que por lo mismo vicia de identidad del candidato, no es lógica ni es jurídica. (16)

    Una resolución totalmente inconexa con el criterio sustentado por el CCE en relación a la identidad, fue la dada a la solicitud de inscripción de la planilla de Diputados del Departamento de Sonsonate de la UNO, en las elecciones de 1974, que denegó la inscripción fundándose en criterio sobre la identidad del candidato, radicalmente contrario al que hemos expuesto, la fundamentación de la denegatoria decía: “Uno de los solicitantes es el señor RICARDO ALFREDO CACERES HIDALGO, quien se identificó plenamente por medio de certificación de su Partida de Nacimiento, Cédula de Identidad Personal, resolución municipal pronunciada con base en el Art. 202 de la Ley Electoral y solvencias correspondientes, en los que aparece completo el indicado nombre; pero en las certificaciones del Punto de Acta en que consta la designación del candidato por el Partido Demócrata Cristiano y por la Colación UNION NACIONAL OPOSITORA, la persona en que ellos aparece solamente se lama RICARDO SAMUEL HIDALGO, lo que trae consigo falta de identidad del solicitante. Igual situación ocurre con el señor JUAN ANTONIO ESCOBAR, quien, según Partida de Nacimiento, es hijo ilegítimo de ISABEL ESCOBAR, en tanto que en su Cédula de Identidad Personal es hijo de ISABEL ESCOBAR RODRÍGUEZ Y DE JUAN RODOLFO MARTÍNEZ (17)

    2.3. POR DEFECTOS LEGALES DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO.

    a) Que la certificación de la Partida de Nacimiento no reúne los requisitos de Ley.

    Han existido varias demandas de nulidad de elección fundamentándose que al extenderse la correspondiente certificación, no se han llenado los requisitos establecidos, de ellas considero la más ejemplificativas las presentadas a las planillas de la UNO a integrantes de los Consejos Municipales de Ilobasco y Puerto El Triunfo.

    La primera, o sea la de Ilobasco, se impugnó por el PCN en base a la certificación de la Partida de Nacimiento del candidato a Alcalde, aparecía hecha en copia de papel carbón por lo que se considera que no cumplía las disposiciones establecidas por la Ley del Ramo Municipal por lo que no tenía fuerza probatoria ninguna.

    Por parte de la Coalición se alegó diciendo que no existía ninguna disposición que le negara las certificaciones presentadas la fuerza probatoria que tenía, circunstancia que se reforzaba por el hecho de que se encontraban firmadas por los funciones que mandaba la ley. (18)

    La planilla de Puerto El Triunfo fue impugnada también por el PCN fundándose en que algunos candidatos habían presentado certificaciones de las Partidas de Nacimientos con errores y las que se decía que tampoco habían sido extendidas correspondientemente, por lo que no llenaba los requisitos necesarios para efectos probatorios. (19)

    En los términos de prueba de los incidentes de nulidad, la Coalición presentó nuevas certificaciones de las Partidas de Nacimiento de los candidatos que habían sido impugnados. Sin embargo las Juntas Electorales Departamentales tanto de Cabañas, como de Usulután, atendiendo únicamente las razones expuestas por los representantes del PCN anularon la inscripción de las planillas de la oposición. El CCE conoció en apelación de dichos casos, desgraciadamente al igual que en otros casos, no sustanció su criterio y aunque revocó las resoluciones de la JED , únicamente se limitó a decir que las razones que fundamentaban las declaratorias de nulidad no eran jurídicamente válidas en relación a la prueba que obraba en el incidente, por lo que era procedente revocar el fallo apelado. (20)

    Tanto por los motivos alegados como por la argumentación que se uso para fundamentar las impugnaciones, éstas demandas de nulidad evidenciaron nada mas el propósito de obstaculizar la labor de la Oposición, obligándola a dedicar su tiempo y la utilización de sus recursos, no a la campaña electoral sino a la actividad legal de la inscripción de planillas.

    b) Que la Partida de Nacimiento no comprueba el Estado Civil del Candidato.

    En relación a las planillas de Miembros de Consejos Municipales, el caso mas importante que conozca en que se impugnara una planilla por esta causal, es que se presentó en la planilla de Santa Ana por la UNO en las elecciones de 1974, en donde el PCN alegó que no se había comprobado el estado civil de uno de los candidatos, entre muchos motivos de la impugnación de dicha planilla. Por considerar de sumo interés lo debatido y lo resuelto trasladaré la síntesis de los hechos.

    El PCN en su demanda de nulidad en síntesis manifestó: (21)

    1. Como documento necesario, para su inscripción se ha presentado certificación que en lo pertinente dice: “Que a la Pagina ciento tres, del Libro de Partidas de Nacimiento que esta Oficina llevó durante el año de mil novecientos treinta y cuatro, se encuentra la que literalmente dice: P. No. 408. Raúl Francisco Villalta, varón, hijo legitimo de Francisco León Villalta, Zapatero, originario de esta ciudad y de Cojutepeque respectivamente, ambos de este domicilio. Nació a las ocho de la mañana del veintiuno de septiembre del año de mil novecientos diez y ocho, en el Barrio de Santa Lucía, de esta ciudad. De este modo se rectifica la Partida equivocada que aparece al folio 427, partida 1696, del Libro de Partidas de Nacimiento del año ya citado, por haber contraído matrimonio sus mencionados padres, el año de mil novecientos veintiséis, reconociéndolo de conformidad con el Art. 218 C.

    2. Presentó certificación de la Partida que se menciona en la anteriormente transcrita, en esta aparecía que “Raúl Francisco”, era hijo ilegítimo de “Encarnación Villalta”.

    3. El representante del PCN alegaba que la segunda partida, o sea la asentada en 1934, su certificación no reúne los requisitos de ley, debía rechazarse como tal ya que no estaba en la forma debida y no puede presumirse su autenticidad y pureza no probando el estado civil del candidato. Que apareciendo en la certificación de la Partida de Nacimiento que el presentaba como hijo ilegítimo de otra madre, entonces tampoco tenía identidad en cuanto a su persona, por lo que su inscripción se efectúo contra ley expresa y terminante.

    El representante de la UNO alego lo siguiente: (22)

    1. Que de acuerdo a lo establecido en los Arts. 311 C. 54 y 62 de la Ley del Ramo Municipal, reúne los requisitos de Ley por lo que sí es suficiente para comprobar el estado civil del candidato, además de ser un documento auténtico emanado de funcionario competente por disposición de ley para emitir tal documento, que si se le quiere negar valor probatorio habrá que presentar por parte del representante del PCN la certificación del fallo del juez competente que así lo declaró.

    2. Que no habiendo presentado la certificación de la sentencia antes dicha, la Junta Electoral Departamental no puede negarle validez por no ser éste su competencia.

    3. Que en el presente caso podría plantearse la discusión de que el registro no fue hecho correctamente, pero en este caso tendría que ventilarse tal asunto ante el Juez de lo Civil competente, pero que tal atribución no la tiene el JED. Que únicamente en base a la declaratoria de nulidad de dicho asiento sobre le puede negar valor, certificación de cuya resolución no se ha presentado en el incidente por lo que no procede declarar la nulidad.

    La JED al resolver manifestó que procedía la declaratoria de nulidad por la causal alegada al declararlo lo fundamentó así: (23)

    Con relación a esto la Junta Concluye: Que efectivamente la certificación presentada no reúne los elementos que establece el Art. 312 C. en relación con el 201 de la Ley Electoral, por lo que, como bien lo afirma el señor Rivera Magaña, no puede presumirse la autenticidad expresa del documento antes dicho. Art. 323 C.

    Por otra parte sabido es que para la rectificación y cancelación, de un asiento del Registro Civil es necesario que este se haga en cumplimiento de sentencia judicial que si lo ordene y no antojadizamente por cualquier Alcalde o funcionario Municipal, por lo que la certificación presentada carece, también por este motivo de la autenticidad y pureza que son necesarios para no rechazarla.

    Se ha agregado a folios 17 la certificación según el documento relacionado anteriormente, se rectificaba. Con esta ultima se prueba plenamente que Raúl Francisco Villalta es hijo ilegítimo de Encarnación Villalta como aparece en la documentación presentada por la UNO para su inscripción, por lo que debe ser rechazada por esta Junta la certificación presentada con la solicitud inicial de inscripción. Art. 324 C.

    Un miembro de la JED razonó su voto y en lo fundamental aceptó el criterio jurídico planteado por la UNO.

    El CCE al confirmar la nulidad decretada por la JED de Santa Ana, el cual en sus considerandos en lo pertinente estableció: (24)

    Aparece fotocopia certificada de la Partida en que consta que RAÚL FRANCISCO, hijo ilegítimo de ENCARNACIÓN VILLALTA nació... veintiuno de Septiembre de mil novecientos dieciocho.

    Corre agregada certificación... de la que aparece que Raúl Francisco, hijo ilegítimo de Francisco León Villalta y de GUADALUPE CRUZ MOLINA, nació... veintiuno de septiembre del año de mil novecientos dieciocho. En la certificación de este asiento aparece además de que este modo se “rectifica” la partida “equivocada”, de que se ha hecho referencia en el anterior considerando dando como razón de la rectificación el hecho de haber contraído matrimonio entre sí los señores Francisco León Villalta y Guadalupe Cruz Molina, nombre de sus padres según esta Partida, quienes lo reconocieron como su hijo”.

    Comparando ambos documentos, el primero de los cuales fue asentado en la época del nacimiento del señor Raúl Francisco Villalta y de acuerdo con lo que al respecto manda la ley, claramente se ve que la madre de este señor es ENCARNACIÓN VILLALTA y no GUADALUPE CRUZ MOLINA como aparece en la certificación de la partida de que se ha hecho referencia.

    La rectificación del asiento de una Partida en el Registro Civil se hace con vista de la sentencia ejecutoriada pronunciada en el Juicio Civil correspondiente, por el Juez de lo Civil competente, lo cual no consta en las tantas veces mencionada certificación de Partida de Nacimiento de rectificación; que bajo ningún punto de vista se puede tener como tal, en relación a la Partida que consta que la madre del interesado se llama Encarnación Villalta y que en la forma indicada se pretendió rectificar como se ha dicho. Lo más que puede deducirse del documento con que se ha pretendido hace la rectificación de Partida de Nacimiento legalmente asentada, es que los señores Francisco León Villalta y Guadalupe Cruz Molina, se atribuyen el estado civil de padres legítimos del hijo ilegítimo de la señora Encarnación Villalta.

    El CCE no quería declarar al nulidad de esta planilla únicamente por la otra causal que aceptó en su sentencia y que mas adelante analizaremos y es la que se refiere a los funcionarios que ejercen jurisdicción; el Consejo con los considerandos transcritos contradice criterios que sostiene en casos de diferencias en los asientos como el a analizaremos en siguiente literal de este número.

    En los artículos 323 y 324 C., se establece que en documentos como los que trata el incidente en comento, se presume su autenticidad y pureza estando en forma debida y que podrá rechazarse tales documentos solo cuando se pruebe la no identidad personal.

    En el presente caso tal falta de identidad no existía lejos de ellos los dos documentos se referían a la misma persona y ambos son auténticos, para declarar la nulidad o falsedad de cualquiera de ellos habrá que acudir ante Juez competente que así lo declare. En la presente nulidad no existía tal declaratoria. La cuestión se centra en el hecho de la que la inscripción se fundamentó en un documento auténtico, para anular tal inscripción se tiene que probar la falsedad de la declaración que el contiene, falsedad que solo se puede obtener ante Juez competente, competencia que no tiene ningún organismo electoral. No puede por lo tanto el CCE quitarle el valor que tiene pues excede su competencia. Si bien es cierto que existe una contradicción entre los dos documentos auténticos presentados, no puede negar la veracidad de lo aseverado en la partida que fundamentó la inscripción y dársela a la que presentó el representante del PCN, porque de acuerdo a lo que establece la Ley tampoco hay seguridad de que la declaración hecha en esa partida sea cierta. El Art. 325 dice que tales documentos “atestiguan la declaración hecha por los contrayentes de matrimonio, por los padres”, pero no garantizan la veracidad de esta declaración en ninguna de sus partes. Entonces la determinación del cual es el documento veraz solo compete a un JUEZ y el CCE no tiene tal calidad.

    La imparcialidad del CCE ha sido tan cuestionada, que difícilmente se puede creer que el criterio que sustento en el presente caso no haya obedecido a una razón de conveniencia política del régimen.

    c) Haber sido asentada la Partida en año que no corresponde al nacimiento.

    El primer caso que se presenta se da en 1966 por impugnación que hiciera el PCN a la planilla de consejales del PDC por San Salvador, por haber sido inscrita la partida de nacimiento de uno de los candidatos en 1935, siendo el año de nacimiento del candidato en 1914. posteriormente el PCN desistió de su demanda. Este caso fue presentado detalladamente en el número 3.1 literal a) del Capitulo I de esta tesis por lo que me remito a lo allí expuesto.

    Otro caso importante se dio en las elecciones de 1974 con la planilla de candidatos por la UNO a munícipes de San Bartolomé Perulapía, la que se impugnó por el PCN porque tal y como constaba en la Partida de Nacimiento el candidato, cuya certificación se agregó en las diligencias de inscripción, el candidato a Alcalde aparecía inscrito en el Libro correspondiente al Registro Civil 18 días antes de su nacimiento, el nació el 23 de agosto de 1941 y aparecía asentado el día 5 del mismo mes y año. La JED de Cuscatlán al declarar la nulidad de la inscripción consideró que el candidato debería haber seguido juicio de identidad, cosa que según su criterio no había seguido el candidato. La posición de la JED coincidía con la petición hecha por el representante del PCN. (24)

    Siempre que las elecciones de Consejos Municipales y Diputados efectuadas en 1974 el PCN impugnó la planilla de la UNO por el Municipio de Zacatecoluca porque el candidato al Alcalde aparecía en la certificación de su Partida de Nacimiento que en el libro del año de 1935 se había asentado su partida con fecha de nacimiento en el año de 1939. En el termino de prueba se presentó certificación correcta subsanando el error mecanográfico cometido en la primera. La Junta Electoral Departamental de La Paz, denegó la nulidad y confirmó la inscripción. (25)

    Un caso mas reciente se dio en las elecciones de 1976 cuando el PCN impugno la planilla de la UNO por Ilopango sosteniendo que uno de los candidatos no había acreditado su condición de hijo legitimo porque su Partida de Nacimiento había sido asentada 30 años después de su nacimiento. De acuerdo con la certificación presentada el candidato había nacido en 1915 y se había asentado la partida en 1945. La Junta Electoral Departamental de San Salvador declaró sin lugar la nulidad de la inscripción. (26)

    La oposición ha sostenido que no existe prohibición ni en el Código Civil, ni en la Ley del Ramo Municipal que prohíba que se asiente una Partida de Nacimiento en un libro posterior al año en que el nacimiento se ha efectuado así como tampoco prohíbe que se efectúe en fecha anterior.

    El Art. 53 de la Ley del Ramo establece: Cada libro principia con el año y concluye con él., esta disposición de ninguna manera contiene prohibición de que se realice el asiento de la partida en años posteriores o en fecha anterior. El Art. 54 de la misma ley solo contiene regulación de lo que deberá expresar la partida.

    El Art. 10 C. regula: los actos que la ley prohíbe son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe otro efecto que el de nulidad en caso de contravención. Si como hemos visto no existe precepto que prohíba la inscripción en fecha diferente, no puede darse el efecto de la nulidad, si supusiéramos que tal norma prohibitiva existiera no podría dársele el efecto de nulidad, por que aún en este caso la certificación tendría pleno valor legal pues el efecto que la ley da al asiento de una partida realizado en fecha anterior o año posterior, es precisamente distinto del de nulidad, así el Art. 336 C. castiga con una multa de 5 a 25 colones, a quien debiendo dar el aviso para que se verifique la inscripción de laguna partida, no lo efectúa dentro del plazo legal. Y los Arts. 58 inc. 2º y 59 de la Ley del Ramo Municipal prescriben que la omisión de alguna o mas de las condiciones exigidas en los Arts. 54, 55, 56 y 57 no producen nulidad y los funcionarios respectivos incurrirán en la multa de diez colones por cada infracción de las formalidades prescritas para el registro.

    Por otra parte los organismos electorales no son los organismos competentes para calificar si un instrumentos tiene o no validez, su facultad se limita a determinar si ese documento da fé o no, o sea si ha sido extendido con las formalidades legales. Se necesitaría de una sentencia judicial que declare la validez del documento auténtico, la cual en ninguno de los casos no se presentó.

    Los criterios anteriores han sido sostenidos en casi todos los casos en sus resoluciones por la JED y en casos en que como la de Santa Ana y Cuscatlán esta resolución ha sido dada, nunca lo ha sido por mayoría simple, ha existido un voto razonado en contra. Es importante comparar las resoluciones diferentes tomadas por el CCE dado que en el caso de Santa Ana declaró la nulidad, en cambio en el caso de San Bartolomé Perulapía, revocó la resolución de la Junta Electoral Departamental de Cuscatlán dejar firme la inscripción.

    Considero que en el caso de Santa Ana el CCE no obró jurídicamente, esta presunción se encuentra avalada sociedad todo, por opiniones como la del Dr. Reynaldo Galindo Pohl y el Dr. José Enrique Cordova, juristas de capacidad reconocida, quienes en el caso que se presentó en 1966 en el incidente de nulidad de la planilla del PDC de San Salvador que hemos traído a cuenta en este literal, resolvieron que en “el curso del juicio solo se presentaron instrumentos auténticos que se refieren a asientos de Registros Públicos llevados por funcionarios competentes amparados por la presunción de autenticidad mientras no se declare lo contrario por un Tribunal Civil. Las autoridades, expresa la Junta no pueden desestimar el contenido de tales instrumentos a menos que expresamente la Ley les confiere dicha facultad. (27)

    B.CONCLUSIÓN

    Los casos presentados así como las impugnaciones que los motivaron, en manera alguna constituyen los únicos medios usados para impugnar las planillas electorales, pero eso si, son los planteamientos que mayor número de veces han servido para fundamentar las impugnaciones de las inscripciones de los candidatos.

    Existen otras razones mas que han sido usadas pocas por el PCN como es la de primero hacer que un registro por cualquier motivo renuncia a la planilla ya inscrita, luego, se impugna por ese motivo la planilla, eso sucedió con la planilla del municipio de Cinquera por el PDC en 1970 y con la de la UNO en Moncagua en 1974, ambas JED resolvieron denegando la nulidad y en el segundo caso el CCE confirmó tal criterio, cuando conoció del caso en recurso de apelación (28), pero no todas las JED han actuado de esta manera, algunas como las de Sonsonate con criterios calificados por la oposición de políticos han actuado hasta de oficio en casos como el ejemplificado, así en 1974 en las diligencias de inscripción de la planilla de miembros del Concejo Municipal de Acajutla solicitada por la UNO, renunció un miembro de la planilla, la JED admitió al renuncia, su documentación, el CCE resolvió “Ese criterio sustentado por ese Tribunal que un candidato a un cargo de elección popular, una vez presentada la solicitud de inscripción correspondiente, suscrita por el, no puede unilateralmente renunciar a la postulación. En el caso de autos de Junta Electoral Departamental de Sonsonate no tuvo facultad legal para aceptar la renuncia del candidato.. y menos devolver al renunciante los documentos que según informe de la junta mencionada le fueron devueltos. (29)

    Casos como el apuntado es apenas un ejemplo de la gran variedad de causales de impugnación, entre las que encontramos las siguientes a vía de ejemplo: falta de personería del representante del Partido solicitante; que los documentos y especialmente la Cédula de Identidad Personal no llena los requisitos de ley; insolvencia de los candidatos; por no haber presentado constancia de no ser caucionero ni contratista; por no saber leer ni escribir, por falta de nacionalidad; por haber presentado candidatos menores de edad, etc., ejemplos de estos casos relacione en la parte relativa a la prueba del Capitulo I referirme en detalle a ellos volvería mucho mas casuístico este capitulo.

    La actitud que no puede mas que calificar de reiteradamente parcializada, demostrada por muchas Juntas Electorales Departamentales, especialmente a partir de 1970, para resolver las solicitudes de inscripción así como los recursos de nulidad de que han conocido, no hace sino evidenciar lo tantas veces denunciado por la Oposición, sobre todo en las elecciones de 1974 y 1975, de que el CCE integra dichos organismos electorales con mayoría de personas que son militares o que por cualquier circunstancia personal, obedecen a los lineamientos del partido oficial. Los casos de Juntas Electorales Departamentales que han sido integrados con 3 personas de diferentes partidos son muy raros, y cuando esto ha sucedido, estas Juntas en solo un caso han discrepado con el CCE en los criterios jurídicos, sino que han puesto al descubrimiento actitudes parcializadas del CCE, como sucedió con la Junta Electoral Departamental de San Salvador, en 1972, 1974 y menos en 1970. (30). En aquellas Juntas integradas con mayoría del Partido Oficial, el miembro de minoría se ha visto obligado a razonar su voto en las resoluciones que ha dado el organismo electoral, siempre difiriendo del criterio de la mayoría, casos que ejemplifican claramente esta situación se dio en las JED de Santa Ana, en las elecciones de 1974 y 1976, y en Ahuachapán en 1976. traigo a cuenta estos ejemplos porque sobre todo en Santa Ana en 1974 y en Ahuachapán en 1976, los miembros que no concurrieron con su voto a las resoluciones objeto de análisis eran abogados. (31)

    Aspecto importante que hay que puntualizar es el de la evidente improcedencia de las impugnaciones, por las causales de que los soldados de patrullas son militares de alta y de la falta de identidad de los candidatos y de sus padres. Usadas para impugnar las planillas de la Oposición, improcedencia reconocida en las resoluciones del Consejo que la ha confirmado hasta la saciedad, es mas cuando ha existido alguna diferencia en los nombres y fechas de nacimiento que le aparecen a los candidatos en sus documentos que podría ser calificada como falta de identidad, esta circunstancia siempre ha sido resuelta con la certificación de identidad que permite el Art. 202 de la Ley Electoral.

    Pero a pesar de la circunstancia apuntada, el PCN, desfigurando el sentido verdadero de las impugnaciones, la ha transformado en arma electoral, circunstancia que resulta en casos presentados en esta primera parte de este capitulo, considero por demás evidente que si un partido usa este tipo de recursos es porque como bien dijeran todos los partidos de oposición de 1974, quiere ganar en la mesa lo que no puede ganar en las urnas. (32) Esta concepción indiscutiblemente que desprestigia a las elecciones, poco a poco nulifica el proceso electoral y traslada la facultad de elegir a los gobernantes a manos de personas y organismos a quienes ni la Constitución, ni el pueblo supremo titular de la soberanía, ha delegado tal atribución.

    El uso de la impugnación de las planillas como una arma política a favor del PCN, se encuentra determinada en la imposibilidad de parte de la Oposición de impugnar las planillas del Partido Oficial, la cual no se debe a que esta presente sus planillas sin deficiencias, sino a que todo se encuentra orquestado para impedir que se impugnen.

    Primero en tiempo en presentar solicitudes de inscripción es el PCN, esto se explica por la circunstancia de que no se le presenten obstáculos para obtener la documentación necesaria. En cambio la oposición, siempre y así lo ha denunciado, se le obstaculiza la obtención de los documentos necesarios, principalmente en las alcaldías ganadas por el PCN que son la mayoría. Cuando obtienen la documentación por lo regular le es entregada con defectos de lo que también facilita las impugnaciones. Esta situación era muy diferente en las elecciones de Diputados y miembros de Consejos Municipales efectuadas en 1964 y 1966, en donde el Poder Ejecutivo realmente se interesó por dar facilidades a la Oposición, posición que cambió diametralmente a partir de 1968, en donde no pasó de ser una declaración lírica publicitaria las manifestaciones hechas por el Ejecutivo en relación a darle facilidades a la oposición. (33)

    El Partido Oficial, las solicitudes de inscripción de sus planillas le han sido resueltas invariablemente en el término máximo de cinco días, en cambio la oposición ha denunciado insistentemente a los organismos electorales y sobre todo el CCE, por la tardanza en resolver sus peticiones, lo cual indiscutiblemente va en su perjuicio, dado que además de no permitir impugnar las planillas del partido oficial, por no ser partido contendiente, la no resolución de las peticiones de inscripción les acorrala no permitiéndoles hacer uso de la ventaja de una resolución pronta antes del vencimiento del término legal de inscripción.

    Otro factor que aparece incidiendo en la no impugnación de las planillas del PCN, es que la solicitud de nulidad es hecha por los partidos contendientes por medio de su representante legal. Entonces tenemos que para evitarlo se retrasa la visación de las credenciales de los representantes, método que fue por demás efectivo en las elecciones de 1974, ya que esto impedía a los partidos de oposición presentar la solicitud de inscripción de sus candidatos por su medio (34)

    Todo el panorama del proceso electoral de El Salvador, en la presente tesis, no puede calificarse como propicio para el desarrollo de la democracia representativa, sino mas bien como encaminado a instaurar en nuestro país un régimen electoral de partido único al estilo del PRI mexicano, de quien sobre ha acusado al PCN de recibir asesoría técnica.

    II. ANÁLISIS JURÍDICO POLÍTICO DE LAS IMPUGNACIONES DE MAYOR TRASCENDENCIA POLÍTICA.

    A. IMPUGNACIÓN DE PLANILLAS DE CONSEJOS MUNICIPALES.

    1. Nulidad porque los candidatos son funcionarios que ejercen jurisdicción.

    Por esta causal se impugnaron en 1974 por el PCN, las planillas de tres municipios de la UNO de candidatos a miembros de los Consejos Municipales de Santa Ana, San Miguel y San Marcos. Ya anteriormente en las elecciones para Concejales celebradas en 1968, el PDC había impugnado las planillas del PCN por los Municipios de Santa Elena y Nueva Granada por esta causal, también en esta elecciones el PCN impugnó la planilla del PDC en el municipio de San Vicente por esta causa (35)

    De estos casos, solamente en el de la planilla de Santa Ana y San Marcos se ha declarado la nulidad de la inscripción, en ambos casos los partidos políticos presentaron mismos criterios, como base de su argumentación, por lo que el resumen de los expuesto se aplica a las dos nulidades. Fueron diferentes las resoluciones de las JED, el CCE presentó un criterio unánime.

    El Partido de Conciliación Nacional (PCN) en síntesis argumento: (36)

    1. El Art. 69 de la Ley Electoral en su numeral d) Establece que: no se inscribirán como candidatos a Concejos Municipales, en general, los funcionarios que ejerzan jurisdicción.

    2. El Alcalde es un funcionario que ejerce jurisdicción.

    3. Los candidatos a la reelección como Alcalde, continuaban en su cargo a fecha de la inscripción, por lo que se les ha inscrito en contravención a la ley,

    La Unión Nacional Opositora (UNO en resumen sostuvo el siguiente criterio: (37)

    1. Esta argumentación obedece a una mala interpretación de la leyes y a un criterio contrario a la técnica jurídica. El Art. 220 de la Constitución establece que los principios , derechos y obligaciones establecidos por ella, no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio. La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos. El interés público primará sobre el interés privado.

    2. El Art. 103 inciso 2º de la Constitución dice que miembros de los Consejos Municipales serán elegidos para un periodo de dos años y podrán ser reelegidos. De tal suerte que es la Constitución la que ordena que los Alcaldes duren en sus funciones dos años y que de ser reelectos al final de ese periodo continúen con otro igual.

    3. De acuerdo con lo establecido cuando el Art. 69 literal d) prohíbe la inscripción de los funcionarios que ejerzan jurisdicción, se refiere a todo otro funcionario que ejerza jurisdicción que no sea Alcalde, dado que en relación a este es la norma constitucional la que prevalece y para privarlo de ese derecho y exigirle un depósito o un retiro de sus funciones como requisito previo a su inscripción como candidato, sería necesario la existencia de otro artículo constitucional que lo ordenará, no existiéndolo, no puede alegarse que el literal d) del Art. 69 de la Ley Electoral, sea una simple condicionante o exigencia para que pueda darse la reelección de los miembros de los Consejos Municipales, porque por ser ley secundaria no puede alterar el principio de la reelección que a ellos les da la Ley Primaria, la Constitución, así como tampoco su derecho a ejercer el cargo de dos años.

    La JED de Santa Ana, en el incidente que le tocó conocer anuló la inscripción, dándole validez a la argumentación que le hiciera el representante del PCN y sin encontrar a una consideración de la argumentación contraria planteada por la UNO, “Procede la nulidad alegada”. Por su parte el CCE en relación a este punto resolvió: “Este Consejo estima que el Art. 69 de la Ley Electoral, es claro al respecto”. (38) y tampoco hizo una fundamentacion de su criterio para sostener dicha tesis, no cumpliendo la obligación que por la ley tenía.

    En el incidente de nulidad de inscripción de la planilla de la UNO por el Municipio de San Marcos, los hechos fueron diferentes pues la JED de San Salvador, declaró sin lugar la declaratoria de nulidad solicitada por el PCN, en su considerando III, después de transcribir lo pertinente de los Art. 103 de la Constitución y 69 de la Ley Electoral, estableció que: “conforme el Art. 220 de la Constitución, esta prevalecerá sobre cualquier disposición de la ley secundaria que lo contrarie. Por consiguiente, el regular los Arts. 103 CP y 69 de la Ley Electoral de la misma materia, la disposición últimamente citada solo puede interpretarse en el sentido de que se refiere a funcionarios que ejerzan jurisdicción distintos de los miembros del propio Consejo Municipal que trate de reelegirse, puesto que estos últimos, a tenor de lo establecido por la Constitución, están obligados a desempeñar su cargo por un periodo de dos años. Por consiguiente, el miembro del Consejo Municipal que figura como candidato a reelección, no esta obligado a depositar. Carece por tanto de relevancia, en vista de lo antes expuesto, el documento presentado por el bachiller Vidal Antonio Flores Lara. (39)

    Por su parte el CCE revocó la resolución de la JED de San Salvador y declaró nula la inscripción de la planilla de candidatos a miembros de Concejo Municipal de San Marcos por la UNO, para ello se fundamentó en el criterio planteado en el Considerando II de su sentencia, que en lo pertinente dice: “en el inciso 2º del Art. 103 C. P., prescribe que los Miembros de los Consejos Municipales serán elegidos para un periodo de dos años y podrán ser reelegidos. El apartado d) del Art. 69 de la Ley Electoral prescribe que “no se inscribirán como candidatos a Consejos Municipales.. en general, los funcionarios que ejerzan jurisdicción; precepto que a juicio de este Consejo en manera alguna veda el derecho constitucional conferido a los Municípes de ser reelegidos. Lo que prohíbe esta disposición es que se inscriban como candidatos las personas que ejercen su jurisdicción.

    No es discutible que los Alcaldes Municipales en ejercicio de sus funciones, ejercen jurisdicción.

    Podrán ser inscritos como candidatos, si se exoneran o renuncian a sus cargos, el Presidente de la República, los Secretarios de Estado, los Magistrados y, en general, todos los funcionarios que ejercen jurisdicción. A estas personas, como ciudadanos, la Ley Electoral no les prohíbe el derecho de ser inscritos como candidatos a munícipes, lo que la ley ordena, es que no ejerzan el cargo, precisamente para no prevalecerse de sus funciones de manera que influyan en el desarrollo del proceso electoral.

    Es la Ley del Ramo Municipal la que regula los principios, derechos y obligaciones que el Art. 103 CP consigna respecto al gobierno local y no la Ley Electoral.

    La Ley Electoral no veda el derecho de un Alcalde a ser reelegido; lo esta prescribe son condiciones que deben llenar los candidatos, para garantizar la pureza del sufragio que es un deber y un derecho de todos los ciudadanos. Art. 23 C.P.

    Y siendo esto así, no se lesionan las disposiciones de los Arts. 103 y 220 C.P.

    Aunque el precedente no tenga valor alguno de carácter jurídico, es digno de tener presente el hecho que cuanta vez un alcalde en funciones de la Democracia Cristiana ha querido ser reelegido, ha depositado la Alcaldía lo hizo el Doctor Herrera Rebollo; lo hizo el doctor Fausto Cisneros para aspirar a la reelección como Alcalde y ahora el Doctor Morales Eherlich la solicitado permiso de su cargo de Síndico para lanzar su candidatura en la actual campaña electoral.

    Esta actitud constante y generalizada de los candidatos de la Democracia Cristiana, hace presumir que ellos están convencidos que la posición correcta que debe adoptar un munícipe para ser reelegido, es la que ellos han tomado; no ejercen jurisdicción para ser inscritos como candidatos. (40)

    ANÁLISIS DE LA IMPUGNACIÓN

    Antes de entrar a hacer consideraciones sobre estas nulidades, es necesario que informe que en la JED de Santa Ana, el único miembro abogado, se opuso a la declaratoria de nulidad, la JED de San Salvador, que resolvió declarando sin lugar la nulidad, estaba formada por 3 abogados, y todos ellos coinciden en los fundamentos de su criterio.

    El hecho antes relatado tiene una relevancia política muy importante, dado que en el incidente de nulidad del municipio de Santa Ana, a pesar de existir un voto razonado, el CCE ni se molestó en fundamentar su criterio. En cambio frente a la posición de la JED de San Salvador, en el incidente de nulidad de San Marcos, se vio obligado a hacerlo como medio de tratar de justificar un hecho tan reiterado en ella mas que argumentos jurídicos, argumentos de carácter político, los cuales a mi entender no convencen ni justifican el vedar a un grupo de ciudadanos el derecho de postularse a un cargo de elección popular, ni ocultan la verdadera motivación de carácter eminentemente partidista.

    Antes de hacer un análisis de carácter político para determinar la veracidad de lo expuesto por el CCE es necesario que ubiquemos de acuerdo con al técnica jurídica, la disposición del literal d) del Art. 69 de la Ley Electoral, y luego determinaremos si sus disposiciones contrarían o no la Constitución y si pueden producir un efecto tan grave como impedir la participación de un ciudadano como candidato en una elección.

    Tal y como ya lo hemos expresado en otro capitulo de esta tesis la actual Ley Electoral fue promulgada por el Directorio Cívico Militar, por decreto No. 292 de 12 de septiembre de 1961, teniendo como antecedente la Ley Electoral dada por Decreto Legislativo No. 2972 de 27 de noviembre de 1959, reformada por el decreto 3108 de 28 de julio de 1960, pues bien, en esta Ley en el Art. 67 al regular quienes no podrían inscribirse como candidatos para cargos concejiles, no establecía la prohibición del literal d) de la actual Ley Electoral, sino que se refería a la prohibición que encontramos en los otros 5 literales de este artículo y amilitares en servicio activo, pero al referirse a los alcaldes y concejales establecía la necesidad de que estos para inscribirse deberán presentar la solvencia de la Corte de Cuentas, si se inscribían como candidatos a Alcalde, cosa que hoy se regula en el Art. 70. esta prohibición era consecuente con lo establecido por la Constitución de 1950, que establecía la prohibición a los funcionarios que ejerzan jurisdicción, únicamente de optar a una diputación, no así a los cargos de Presidente y Vicepresidente y miembro de los Concejos Municipales.

    Cuando se dio por el Directorio Cívico Militar, la actual Ley Electoral,, se copio en forma integra en el literal d) del Art. 69, el numeral 1º de la constitución del 50, que se refería únicamente a los Diputados. cosa que perfectamente podrían hacer por no existir en ese momento ninguna constitución a la cual contrariar con esta disposición.

    Pero sucedió que al darse la Constitución de 1962, esta en lo referente a los funcionarios de elección popular, dio las mismas regulaciones que la Constitución de 1950, por lo que indiscutiblemente se estaba reafirmando el criterio de que a los funcionarios que ejercen jurisdicción solo se les prohibía ser diputados y se invalidaba lo regulado por la Ley Electoral en el literal d) del Art. 69.

    No es el punto de discusión si un alcalde ejerce o no jurisdicción, el centro el problema esta en determinar si la disposición de la Ley Electoral contradice la Norma Constitucional. Si solo nos limitáramos a la historia de su establecimiento concluiríamos que la contradice. Pero es necesario que analicemos mas a fondo el problema, comenzando por determinar si veda al ciudadano el derecho a ser electo como miembro de un Concejo Municipal, el CCE dice que no, porque lo que ordena es que no ejerza el cargo para ser inscrito. El CCE solo analiza para su conveniente resolución una faceta de la cuestión al hacer tal afirmación, ya que olvida que también es un derecho y una obligación del ciudadano ejercer el cargo por el periodo por el que ha sido electo, que en este cargo por el periodo por el que salió electo, que en este caso es de dos años ni un día mas ni un día menos. Entonces, si la Ley Electoral establece que para reelegirse tiene que dejar el cargo, indiscutiblemente que esta violando la Constitución, esta preceptuando algo contra lo regulado expresamente por la carta magna. El CCE hábilmente evadió contestar la pregunta que se le hizo en el incidente de apelación relativa al caso, situación por demás posible de realizarse, de que un Concejo Municipal se quiera reelegir en pleno, lo cual le es permitido por la Constitución entonces preguntaba la UNO, para dar cumplimiento al criterio del CCE. En quien se tendría que depositar?, cualquiera que tome posesión como alcalde de acuerdo con el criterio del Consejo no puede reelegirse porque ejercía jurisdicción y para poder depositar la Alcaldía en caso planteado, siguiendo con la lógica del Consejo tendríamos que concluir que habría que hacer elecciones intermedias para poder depositar en alguien durante los 3 meses de elección y esto sería interpretar la Constitución al absurdo y este tipo de interpretaciones no pueden tener ninguna validez jurídica.

    Sobre la fundamentación política que se da en la resolución del CCE, de que es necesario el deposito para que los candidatos no se prevalezcan de sus funciones de manera que influyan en el desarrollo del proceso electoral, no creo que el máximo organismo electoral olvide las realidades políticas, dado que con depositar no se impide la influencia que se pueda ejercer sobre un proceso electoral, sobre todo cuando son partidos los que eligen a sus candidatos y son los que pueden tomar tal decisión en relación a un proceso electoral, es como dijéramos que porque los candidatos son diferentes, el partido oficial no ha ejercido influencia en las elecciones presidenciales.

    La situación que se presentó en relación a la planilla de la UNO por Santa Ana en 1974, fue tan especial que invariablemente conduciría a anular la planilla, si consideramos que la fuerza electoral de la UNO haría demasiado difícil cambiar los resultados de una elección, y que por consiguiente el camino para obtener dicho triunfo solo era posible por medio de la eliminación de contrincantes anulando su inscripción. Los resultados de las elecciones dieron certeza a esta hipótesis política, al obtener al PCN 25.000, votos y la Uno 30.000 votos, de acuerdo con el acta de escrutinio de la Junta Electoral Municipal.

    Lo sucedido con la planilla de la UNO por el municipio de San Marcos, no es sino una consecuencia, de la anulación de la planilla de Santa Ana y una forma de tratar de diluir la impresión de motivaciones políticas que para muchos parecían claros en el caso de Santa Ana.

    El que era candidato a Alcalde en la planilla de San Marcos, presentó recurso de amparo constitucional a la Corte Suprema de Justicia, alegando que el CCE había violado y obstaculizado el ejercicio de su derecho constitucional a ser electo Alcalde del Municipio mencionado, la Corte al resolver el recurso sentó la siguiente doctrina: No hay lugar al amparo constitucional contra la resolución del Concejo Central de Elecciones, suprema autoridad en material electoral; dictada con base en la letra d) del Art. 69 de la Ley Electoral y sus reformas, que prohíbe la inscripción como candidatos a Consejos Municipales, entre otros funcionarios del Estado, a los que ejercen jurisdicción, el Consejo demandado juzgó que los alcaldes municipales ejercen jurisdicción, si en juicio no se establece plenamente que el actor fuere postulado como candidato para alcalde del lugar de su domicilio, ni que fuese íntegramente de la respectiva planilla del Concejo Municipal. Si no existe plena prueba de los hechos señalados en el anterior párrafo, es inoficioso entrar a considerar la validez del criterio sustentado por el Consejo responsable con respecto a la aplicación de la disposición citada. (41)

    Desgraciadamente la Corte Suprema de Justicia, aquí no aplicó un criterio que abandono el formalismo analizara el fondo de la cuestión, en el cual se encuentra involucrado el interés publico y el desarrollo del concepto de soberanía popular que es una de las instituciones de nuestro derecho constitucional. No me parece acertado que aplicando una concepción eminentemente civilista, en casos en donde esta de por medio la defensa de los derechos ciudadanos que la Constitución garantiza no se haya resuelto en relación a una interpretación de la primacía de la ley secundaria sobre la ley constitucional, hecho al cual pudo entrar a conocer la Corte, por haber reconocido el CCE en el informe rendido a ella, que había pronunciado el fallo que era motivo de amparo constitucional.

    2. Nulidad porque entre los candidatos existe parentesco en grado prohibido por la Ley Electoral para integrar una planilla.

    Muy pocos casos se han presentado de impugnaciones por esta causal, por primera vez aparece como motivo de nulidad de las elecciones de los Consejos Municipales de la ciudad de La Unión en 1964. posteriormente se han dado algunos casos en que se ha usado dicha causal para impugnar la inscripción de algunas planillas de Consejos Municipales, pero tales impugnaciones no han tenido mayor trascendencia jurídica o política, a excepción de las impugnaciones hechas por el PCN a las planillas de la UNO, a la del Municipio de Santo Domingo en las elecciones de 1974 y en las de 1976 a las de Cojutepeque y Conchagua.(42)

    Cada uno de los casos mencionados ha obedecido a las esenciales circunstancias políticas de los municipios en que se han dado, presentaré por separado los dos que estimo necesario conocer analizando y tratando de presentar en cada caso los hechos que considero pueden ayudar a dar una visión mas clara de los hechos.

    a) Municipio de Santo Domingo: La Planilla de la UNO por este municipio fue inscrita por la JED de San Vicente, el PCN impugnó de nulidad la inscripción aduciendo que no estaba legalmente comprobada la personería del representante, que de acuerdo con la ley en esas elecciones estaban facultados para presentar la solicitud de inscripción. La JED en vez de tramitar de acuerdo con la Ley el incidente, accediendo a lo pedido por el PCN resolvió declarando nulo todo lo actuado y revocó la resolución que ordenó a inscripción impugnada, por recurso de queja interpuesto por el representante de la UNO ante el CCE, este resolvió revocando la resolución que declaraba nulo lo actuado por el representante de la UNO ante la Junta Electoral Departamental, declarando firma “no solo el auto de admisión de solicitud de inscripción, sino que también la sentencia en que declaró la inscripción de la planilla al Concejo Municipal del Municipio de Santo Domingo. Ordenando a la vez que se devolvieran “los documentos recibidos en este Consejo con certificación de esta sentencia para su debido cumplimiento. (43)

    Frente a la actuación completamente ilegal de la JED el CCE en esa misma sentencia resolvió: “Ante tal actuación, no puede menos este Consejo, que llamar la atención a los dos miembros de la Junta Electoral Departamental de San Vicente sobre su proceder, advirtiéndoseles que tal forma de actuar no es correcta.

    Dicha actuación nos la describe el mismo Consejo en su sentencia así: “Visto el informe y documentación necesaria que fue remitida por dicha Junta Electoral Departamental, relativa al municipio de Santo Domingo, nos encontramos que cuando el mencionado Tribunal ordenó la inscripción de la planilla a Concejo Municipal de Santo Domingo, postulados por la Unión Nacional Opositora de manera clara había legitimado su personería con la credencial que exhibió al presentar la solicitud de inscripción y como ya vimos anteriormente, tal credencial corre agregada en los autos de este recurso. Cuando se presentó el señor Felipe de Jesús Jaimes Aguilar, en representación del Partido de Conciliación Nacional a pedir revocatoria del auto en que el tribunal declaró que el representante de la Unión Nacional Opositora había acreditado legítimamente su personería, pidió también que se declarara inadmisible su personería, pidió también que se declarara inadmisible la solicitud de inscripción y todo lo que fuera su consecuencia. Dos de los miembros de la Junta Electoral Departamental estuvieron de acuerdo con las razones expresadas por el mencionado señor Jaimes Aguilar, no obstante que ellos mismos, por resolución en el proceso habían dado fe de que la actuación del Representante de la Unión Nacional Opositora establece correcta y con el voto razonado en contra del miembro de la Junta Electoral Departamental de San Vicente don Antonio de Jesús Chávez, pronunciaron sentencia revocando el auto de admisión de la solicitud de inscripción y la sentencia de inscripción. Ante este Consejo se ha probado plenamente que el Dr. Orellana Osorio se le había tenido por Representante de la Unión Nacional Opositora ante la Junta Electoral Departamental para presentar la solicitud de inscripción de la planilla correspondiente y con esto se confirma, de manera indubitable, que el auto revocado por la Junta Electoral Departamental de San Vicente fue pronunciado apegándose a la verdad, pues en dicha resolución se expresa de que el representante de la UNO había exhibido la credencial de referencia al ser presentada la solicitud de inscripción, lo que también consta en la razón de recibo de dicha solicitud, suscrito por la señora Delia Guadalupe García de Lizano, Secretaria y Miembro Propietario de la tantas veces mencionada Junta Departamental. (43)

    Notificada a las partes la resolución, nuevamente el PCN impugnó la inscripción de la planilla, estableciendo como motivos para hacer su petición entre varias causales sin fundamento, la que dos candidatos eran parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad prohibido por la Ley Electoral, la JED sin tramitar adecuadamente el incidente, declaró la nulidad, la UNO presentó apelación de tal resolución. A pesar de ser procedentes el recurso la JED lo denegó por lo que se interpuso de hecho ante el CCE. En este recurso al expresar agravios la UNO argumentó que por encontrarse firme la sentencia, por propia resolución del CCE, no era facultad de la JED admitir ningún recurso tendiente a anular la inscripción, además de que con la prueba vertida no se comprobaba el parentesco que alegaba el impugnante. El CCE resolvió confirmando la nulidad decretada por la JED y el único razonamiento que dio para ello fue: CONSIDERANDO II. Que la sentencia venida en apelación esta arreglada a derecho, en base a la documentación correspondiente que corre en el proceso, por lo que dicha sentencia debe ser confirmada. (44)

    Mientas se tramitaba la apelación se efectuaron las elecciones dando los votos de acuerdo con el escrutinio practicado un triunfo a la UNO por 424 votos contra 295 del PCN.

    El que era candidato a Alcalde presentó recurso de amparo a la Corte Suprema de Justicia el cual fue declarado sin lugar, estableciendo en la sentencia dos criterios que quiero exponer por su importancia para el Derecho Político Salvadoreño, ellos son:

    En relación a la apreciación de la prueba en el considerando IV estableció que su “apreciación o valuación es de la competencia exclusiva del Consejo en su carácter de sentenciador y mediante la cual se tipificó factivamente prohibición contemplada en la letra e) del Art. 69 de la Ley Electoral causa legal de la nulidad de la inscripción, exclusividad de la apreciación esa de la prueba que inhibe a la Sala de valorarla y la obliga a juzgar sobre la base de hecho de ese modo establecidos; o sea, pues que al Tribunal le toda resolver si tales hechos se han subsumido en una disposición legal con violación de los derechos que la Constitución garantiza al actor, lo que no sucede en el presente caso, en que se probó el parentesco referido entre sí de dos candidatos para un mismo consejo, lo que esta prohibido por la ley, y por tanto su infracción acarrea nulidad. (45).

    En relación a la sentencia que declara firme la inscripción, argumentó que esa calidad de firme no impedía que fuera revocada porque ello sería darle a esa resolución dictada en un procedimiento electoral, el carácter de cosa juzgada que solo corresponde a las sentencias proferidas en asuntos civiles y en casos que las leyes determinan, por lo que aquella declaratoria de “firmeza” que le asigno el Consejo, no le confería mayor solidez que la inherente a su naturaleza; ni la beneficiaba ni la perjudicaba; era vacía, esto por una parte; y por otra, ocurre, y esto es importante, que la dicha sentencia, se fundamentaba en que al representante del Partido Unión Nacional Opositora, doctor Orellana Osorio, se le había tenido como tal por la Junta Electoral Departamental de San Vicente, habiéndose alegado para la negativa de la inscripción tantas veces referida la falta de ese requisito, tal resolución que declaraba la firmeza de la prístina resolución, inscribiendo los candidatos a concejales de la Villa de Santo Domingo, no purgaba la nulidad reclamada por el representante del Partido de Conciliación Nacional. (45)

    Sobre el punto de que la Sala no puede conocer de la resolución basada en la prueba aducida en el incidente de nulidad y sus recursos porque no conoce en instancia no me parece acertado tal criterio, pero como sobre este punto volveré en el numeral tres de este mismo literal A, me remito a lo que allí expondré al respecto al referirme al caso de la planilla del UDN por Usulután anulada en 1970. Sin embargo quiero hacer notar lo contradictorio de la resolución en comento, dado que por una parte para inhibirse de apreciar la prueba base de la resolución de que se solicita amparo, se funda en la circunstancia de no conocer en instancia, como muy bien lo definió en la doctrina de la sentencia en comento, es decir que funda su criterio en ordenamiento de carácter jurisdiccional, pero al referirse a la primera sentencia de la JED manifiesta que se encuentra firme a una resolución que no adquiere la firmeza de pasar la autoridad de cosa juzgada por su naturaleza administrativa, y que por ello podría perfectamente admitirse recurso de nulidad a pesar de estar declarada firme por el CCE, habla entonces de otra esfera del Derecho para fundar su resolución. No existe pues, una claridad en el criterio.

    Con todo el respeto que me merece una resolución de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de nuestro país, si bien es cierto estas son diligencias de carácter administrativo, no considero acertado su criterio en cuanto a la firmeza de las resoluciones de los organismos electorales, pues como muy bien lo dice el maestro Eduardo de J. Coutura en su obra Fundamentos del Derecho Procesal Civil... la cosa juzgada es, en resumen una exigencia política y no propiamente jurídica; no es de razón natural sino de exigencia practica”. (46), esa exigencia es la que hace que de acuerdo con las seguridades que el elector necesita de ir a votar, se explique en materia electoral al igual que en la administrativa el criterio de la cosa juzgada formal, es decir, que nos encontramos frente a una especie de cosa juzgada en donde pierde el atributo de la inmutabilidad en el sentido de que la sentencia no puede ser objeto de recurso alguno, pero se admite la posibilidad de modificación en un procedimiento posterior, que en este caso es el recurso de nulidad de la elección por no reunir los candidatos electos leyes condiciones legales, establecido en el Art. 150 numeral 1º de la Ley Electoral.

    He relatado paso a paso los hechos sucedidos en la presente impugnación con la mayor objetividad que me ha sido posible, para evidenciar como en este caso al igual que muchos sucedidos en El Salvador, la Junta Electoral Departamental valiéndose de las impugnaciones va obstaculizando el democrático desarrollo del proceso electoral, que en definitiva no solo perjudica a los partidos sino que también al pueblo. Si como en el caso presente este pueblo elige a una planilla la que posteriormente es anulada, se le frustra y se le hace perder la fe en el proceso electoral, por eso insisto de que habrá que regular de manera diferente los efectos de las nulidades en materia de inscripción de candidatos.

    b) Municipio de Conchagua: En las elecciones de 1976 esta fue la única planilla que la UNO logró integrar y presentar a inscripción en el departamento de La Unión, esta circunstancia fue explotada con gran despliegue publicitario por parte del partido oficial y era motivo de orgullo del PCN, esto hace explicable la circunstancia de que se usara los medios que se tenían al alcance para anular la inscripción de esta planilla, los hechos sucedidos son elocuentes y los relata el CCE en su resolución proveída en el recurso de queja presentado por la UNO por haber resuelto la JED de La Unión no inscribir la planilla de Conchagua, en lo pertinente dice. La intervención dada al representante del Partido de Conciliación Nacional, antes de resolver la solicitud de inscripción, no es correcta aún cuando tal intervención fue pedida, como consta en autos; la prevención que se hace al representante de la UNIÓN NACIONAL OPOSITORA de que pruebe de que dos candidatos al mismo Consejo no son parientes entre si, es verdaderamente absurda. Esta clase de prueba es negativa y si la documentación originalmente presentada no surge el supuesto parentesco, no tenía porque la Junta Electoral Departamental ordenar que se probara que tal parentesco no existía. Le corresponde al Partido contendiente probar el vicio, dentro del tramite de nulidad de inscripción que con las formalidades de ley y oportunamente hubiera incoado. Primero debe resolverse si se inscribe o no la planilla”. Se ha leído el escrito en que el representante del Partido de Conciliación Nacional impugna la planilla de candidatos a Concejo Municipal de Conchagua, notándose en el dos graves errores; 1º) Que tal impugnación la hace sin que conste en autos que la planilla ha sido inscrita; y

    2º) Que los motivos que invoca son claramente, hablando, ridículos y nada serios. Consecuentemente con o expresado, es del caso llamar la atención a los miembros de la Junta Electoral Departamental de La Unión para que en sus actuaciones se atengan a la ley y no se invente procedimientos; que lo procedente en el caso es que resuelva la solicitud de inscripción ordenando o denegando la inscripción solicitada, pero con apego a la seriedad del caso y el valor legal que para ello tengan los documentos que se acompañaron con la solicitud, los cuales deben encontrarse en su poder. (47)

    La anterior resolución fue notificada a la UNO el cuatro de marzo de 1976, o sea diez días antes de las elecciones a estas alturas. La UNO había anunciado su retiro de las elecciones y en consecuencia había ordenado a sus representantes no apersonarse a los organismos electorales, posteriormente nos ha sido imposible determinar si se inscribió o no dicha planilla, o si nuevamente fue impugnada. La actitud asumida por los organismos electorales, posteriormente nos ha sido imposible determinar si se inscribió o no dicha planilla, o si nuevamente fue impugnada. La actitud asumida por los organismos electorales en relación a la conservación de la información y a su publicidad, ha llegado a situaciones que no puedo mas que calificar de inauditas, dado que en relación a la documentación presentada por los candidatos a la JED de La Unión y que tenía que haber remitido al CCE juntamente con las diligencias de inscripción, no se sabe si fueron entregadas al CCE o si desaparecieron. (48)

    Los hechos planteados y reconocidos por el mismo Consejo, demuestran con la evidencia de los hechos como es que se ha torcido el espíritu de la nulidad electoral de una inscripción de candidatos.

    3. Nulidad porque el candidato no tiene la nacionalidad salvadoreña.

    Usando este argumento como fundamento solamente en 1970 se impugnó en las elecciones de Consejos Municipales de ese año, las planillas de candidatos a esos cargos presentados por el UDN en el municipio de Usulutan, por el PPS en Sonsonate y por el PCN en La Unión. La nulidad de la inscripción fue declarada en los dos primeros casos. (49)

    Lo sucedido con la planilla del UDN de candidatos ya fue objeto de análisis en el Capítulo I, número 3, literal a) final, al hablar de la prueba de la nacionalidad únicamente me queda por presentar lo acontecido con el recursos de amparo presentado por integrantes de la planilla a la Corte Suprema de Justicia porque considerablemente que el Concejo Central de Elecciones violó con su resolución anulando la inscripción, los derechos que como ciudadanos les corresponden para optar a cargos públicos.

    La Sala de Amparos declaró que había lugar al amparo solicitado, sentando la siguiente doctrina: “La Sala de Amparos de la Corte Suprema de Justicia, no tiene competencia para apreciar la prueba vertida en diligencias electorales, y en esa virtud en un juicio de Amparo Constitucional, debe tenerse por establecido lo apreciado por la autoridad suprema en materia electoral, cuyas providencias hayan sido recurridas; y así según esa apreciación, una planilla de candidatos a Consejos Municipales no reúnen los requisitos que exigen artículos terminantes de la Ley Electoral para su inscripción, no hay lugar a amparo de la resolución del Concejo Central de Elecciones que revoca y declara nula, en apelación, la que ordena se inscriban esos candidatos... En el considerando VI párrafo segundo de la sentencia en cuestión dijo que otro de los fundamentos de la anterior doctrina, de que “En cuanto a que se probo legalmente en las diligencias de inscripción de candidatos la calidad de salvadoreño por nacimiento o por naturalización del mencionado Handal, la Sala no puede entrar a considerarlo por ser esa la materia discutida en el presente juicio; pues solo se ventila la violación de preceptos constitucionales. (50)

    No me parece acertado por la Sala de Amparos sobre que es incompetente para analizar la prueba vertida en diligencias electorales, sobre todo que tal apreciación hecha por el organismo electoral hace relación directa constitucionales sobre la nacionalidad y en su interposición, perfectamente como en el caso planteado, se dan hechos que pueden ser claras o encubiertas violaciones a la constitución. En un Estado de Derecho como se presente que sea salvadoreña es eminentemente necesario al principio de la legalidad de la administración y la sumisión de ésta a la ley, el cual solamente se manifiesta a través de un sistema de control que asegure el comportamiento de esta conforme a derecho y que en el caso del Concejo Central de Elecciones sirva de garantía para la seguridad jurídica de los Derecho Políticos de los salvadoreños. Sostener que en materia electoral la apreciación de la prueba de parte del CCE no puede ser sujeta a un control jurisdiccional por parte de la Corte es dar paso a la arbitrariedad, porque al dejarlo sin control se le estaría dando un poder ilimitado en materia electoral, que no es precisamente lo que dispone la Constitución. Frente a las resoluciones del Consejo no existe ningún recurso de grado que fiscalice jurídicamente sus resoluciones.

    En nuestro país no existe un sistema de recursos contencioso administrativo a favor de los particulares contra las posibles infracciones de la administración entonces solo queda el control constitucional que efectúa la Corte, la cual no puede tender a ampliar los actos discrecionales y los actos políticos, sino a restringirlos. Tampoco esta facultada para restringir las posibilidades de fiscalización jurídica, sino para ampliarlas. Sostener lo contrario sería mantener la supremacía de la razón de estado.

    Conozco de cuatro recursos de amparo contra el CCE por resoluciones emitidas por este organismo, que según los demandantes violan sus derechos de ser candidatos. La Sala de Amparo en los cuatro recursos se ha declarado incompetente para analizar la apreciación de la prueba por parte de este organismo, pero en cambio cuando ha conocido de amparos por resoluciones de otros organismos administrativos ha sostenido un criterio diferente, en donde ha planteado la posición que sostengo en os párrafos anteriores, eso aconteció en amparo promovido contra providencia del Tribunal de la Carrera Docente en donde estableció la siguiente doctrina: “De acuerdo con los Arts. 221 de la Constitución Política; 3 y 12 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Amparos, tiene competencia para conocer de las violaciones de os preceptos constitucionales cometidas por toda clase de acciones u omisiones de cualquier autoridad, que violan aquellos derechos y obstaculicen su ejercicio. Es indiscutible que los miembros de la Carrera Docente están incluidos en la categoría de funcionarios del Estado, así lo están el Tribunal de Servicio Civil, el Concejo Central de Elecciones, la Directiva General de Contribuciones Directas, Ministros y Subsecretarios de Estado, etc.; por consiguiente, las violaciones y la obstaculización de los derechos que la Carta Magna concede a las personas, que cometan los miembros del Tribunal de la Carrera docente, caen bajo la jurisdicción de la Sala de Amparos”. El hecho de que el tribunal de la Carrera Docente ejerza jurisdicción no implica que las violaciones a los preceptos que comenten sus integrantes, no puedan ser juzgados por la Sala de Amparos. La Sala de Amparo no puede conocer en instancia de lo que resuelva dicho Tribunal administrativo, por no ser superior suyo en grado, pero si de los hechos conculcadores de los preceptos constitucionales. Es fuera de propósito sustentar que una resolución proferida por un Tribunal Administrativo violara de las disposiciones de la Constitución Política en perjuicio de las personas, no esta sujeta a la jurisdicción constitucional señala a la Sala de Amparos de la misma Carta Fundamental. (51)

    En los considerandos de la Sentencia referida, entre otras cosas dijo: si es cierto que el Tribunal demando como otros de igual naturaleza ejercen jurisdicción, es bueno recordar que se trata de una jurisdicción administrativa, de la cual no participa la Sala: de suerte que dentro de esa jurisdicción pueden moverse libremente esos Tribunales, pero si traspasando esa barrera violan los principios constitucionales obstaculizan sus ejercicios con daño de las personas, esos actos violatorios son objeto de acción de amparo constitucional, es decir, caen dentro de la jurisdicción que fija la Sala de Amparos de la Corte Suprema de Justicia, de la cual no quedan excluidos ni el Presidente de la República ni sus Ministros, cualquier autoridad, funcionarios de Estado. etc. y esto porque el principio de la supremacía constitucional urge de medios y medios suficientes a efecto de su control para el cumplimiento de la constitución el cual ha sido confiado a la Corte Suprema, interprétese en ultimo término de la Carta, y uno de esos medios, en que se discute, no la ilegalidad, sino la inconstitucionalidad del acto reclamado o impugnado, en el juicio constitucional, y no de un juicio administrativo en el que tiene aplicación leyes de orden secundarios.

    4. nulidad por existir contradicción entre Partida de Nacimiento y la Cédula de Identidad Personal sobre el lugar de nacimiento del candidato.

    Este motivo ha sido en las elecciones de Concejales de 1974 fundamento de la nulidad de la inscripción de las planilla de la UNO para munícipes en Usulután y Jerusalén, son los casos de que tengo información. Los partidos de oposición calificaron esta especie de impugnación como la identidad del lugar, este mote obedecía a los extremos que se llevó, el caso más ridículo se dio en los extremos que se llevó, el caso más ridículo se dio en el departamento de Sonsonate en donde el PCN impugnó las planillas de candidatos a miembros de los Consejos Municipales de la UNO por Armenía y Juayúa, porque el primer caso de la Partida de Nacimiento de uno de los candidatos decía que había nacido en el Cantón Llanos de la Laguna jurisdicción de Ahuachapán, y en la Cédula únicamente decía Ahuachapán; en el segundo caso la Partida decía que uno de los candidatos había nacido en el Cantón Buenos Aires de Juayúa y en la Cédula únicamente aparecía nacido en Juayúa. (52)

    La anulación de las planillas de Usulután y de Jerusalén, fue consecuencia del criterio mantenido por el CCE en casos similares que se presentaron en relación a las planillas de candidatos a Diputados presentadas por la UNO en los departamentos de San Miguel y La Paz, y por el PPS en el departamento de Chalatenango, por lo que para no repartir sobre lo mismo me remito a lo que expondré en relación a este punto en el literal B número 2 de ese acápite II, aquí solo plantearé la contradicción existente en cada uno de los casos.

    En la planilla de Candidatos de la UNO a Concejales del Municipio de Usulután, esta fue impugnada en las elecciones antes referidas por lo siguiente: (53) La candidata a primer regidor aparecía en la certificación de la Partida de Nacimiento que nació en Tecoluca el 29 de junio de 1921, en su Cédula de Identidad Personal aparecía que había nacido en la fecha antes mencionada en San Vicente, por lo que según el PCN se trataba en los documentos relacionados de personas distintas. Tanto le JED como el CCE anularon la inscripción de la planilla.

    En la planilla de la misma coalición por el Municipio de Usulután, esta fue impugnada en las elecciones antes referidas por lo siguiente: (53) La candidata a primer regidor aparecía en la Certificación de la Partida de Nacimiento que nació en Tecoluca el 29 de junio de 1921, en su Cédula de Identidad Personal aparecía que había nacido en la fecha antes mencionada en San Vicente, por lo que según el PCN se trataba en los documentos relacionados de personas distintas. Tanto la JED como el CCE anularon la inscripción de la planilla.

    En la planilla de la misma coalición por el Municipio de Jerusalén, en las mismas elecciones de 1974 se presentó la impugnación por el PCN alegando que la Petronila Cruz de Córdova, no presentó su respectiva certificación de Partida de Nacimiento, pues según su cédula de identidad personal su lugar de nacimiento era Verapaz y según la certificación de su Partida de Nacimiento que se presentó nació en Cantón Verapaz de Jerusalén. La JED de La Paz denegó la nulidad pero el CCE revocó tal decisión y anuló la inscripción de la planilla (54)

    B. IMPUGNACIÓN DE PLANILLA DE DIPUTADOS

    1. Nulidad por no ser el candidato originario o vecino del Departamento por el que se postula.

    En las elecciones de Diputados efectuadas en 1966, el CCE denegó la inscripción de la planilla de candidatos del PREN por el departamento de San Miguel, porque según decía en su resolución un candidato “no aparece según la documentación ni como originario, ni como vecino o domiciliado en el Departamento. (55)

    En las elecciones para Diputados realizadas en 1968, también el CCE denegó la inscripción de las planillas del PDC por los departamentos de Chalatenango La Paz y la del MNR por San Salvador, porque en ellas se encontraban candidatos que de acuerdo con la documentación no eran originarios ni vecinos del departamento por el que se postulaban. (56)

    Es hasta en 1970 en donde el CCE anula la inscripción de la planilla de Diputado del UDN, por el departamento de San Salvador, que este mismo organismo había inscrito, porque según el no habían comprobado ser originarios ni vecinos del departamento de San Salvador, que era la circunscripción electoral en que se postulaban en las elecciones efectuadas ese año, el CCE consideraba que la prueba presentada acerca de su domicilio era ilegal e improcedente (56). En el punto 3.2 literal b) del Capitulo I, presentamos en detalle el incidente de impugnación, por lo que considero innecesario repetir lo que allá se dijo, pero es importante puntualizar la circunstancia de que el criterio para la apreciación de la prueba no ha variado, lo que si es diferente es la forma de resolver, el CCE primeramente inscribe la planilla y es decir no deniega sino que acepta como valida la prueba y en base a ella ordena la inscripción de la planilla, posteriormente por impugnación de la resolución que ordenó la inscripción, considera no valedera la prueba del domicilio que se había presentado y anula la inscripción, ya cuando de acuerdo con el tramite establecido por la Ley Electoral no había posibilidad de solucionar el problema. Desde todo punto de vista este modo de resolver no puede mas que movernos a dudar de la forma en que se manejó la inscripción y anulación, porque el Consejo pudo al igual que en ocasiones anteriores denegar la inscripción de la planilla.

    Casos como el apuntado no hacen sino reiterar mi convicción de a la nulidad de la inscripción y a la nulidad de las elecciones, ambas porque los candidatos no reúnen los requisitos de ley, habrá que normarlas de manera diferente y hacer las reformas necesarias a la Ley Electoral para impedir que se den casos como el apuntado.

    2. nulidad por existir contradicción en cuanto al lugar de nacimiento entre la Partida de Nacimiento y la Cédula de Identidad Personal.

    Esta circunstancia sirvió de fundamento al PCN para impugnar las planillas de candidatos a Diputados por el PPS por el departamento de La Unión y de la Uno por los departamentos de San Miguel y La Paz (57). Alegaba el PCN en sus escritos que al existir contradicción en cuanto al lugar de nacimiento y en Cédula de Identidad Personal, la certificación de la Partida de Nacimiento no correspondía al candidato y consiguientemente tampoco se había establecido su nacionalidad de salvadoreño por nacimiento.

    La UNO alegó que la contradicción no era motivo de nulidad, porque siendo las nulidades de derecho estricto deben de estar previamente determinadas por la Ley, que el presente caso la mencionada contradicción no estaba establecida como causal de nulidad. Que tampoco estas nulidades podrían ser motivo para alegar falta de identidad del candidato, pues sus nombres corresponden plenamente en todos los documentos presentados. Que la Ley Electoral únicamente exige la presentación de la Partida de Nacimiento para comprobar la nacionalidad y la Cédula de Identidad Personal para identificar a la persona. No dice nada sobre las discrepancias entre una y otra como motivo de nulidad. Que además tal discrepancia no destruía la identidad de la persona establecida por otros elementos. El lugar de nacimiento de una persona lo determina su Partida de Nacimiento y no su Cédula de Identidad Personal, ya que sus datos se toman de aquella, cualquier error que se cometa en la Alcaldía en la anotación de ese dato en la Cédula, es irrelevante por los efectos de la identidad. Para subsanar la contradicción aludida se presentó certificación del asiento del Registro de ciudadanos de los candidatos, en los que se hacía la modificación para subsanar la contradicción aludida. (58)

    El CCE como se lo criticara la Oposición en muchos escritos haciendo caso omiso de lo establecido en el Art. 427 para la redacción de la sentencias, no hizo mérito de los hechos y poco de los argumentos principales de una y otra parte, mucho menos dio las razones y fundamentos legales que estimaba procedentes, ni citó las leyes y doctrinas que consideraba aplicables, solamente se limitó a decir que: se ha pretendido subsanar la contradicción relacionada para determinar que se trata de una misma persona, con una fotocopia (certificación) del Registro de Ciudadanos que la Alcaldía correspondiente lleva de acuerdo con la ley, en la que aparece una modificación en el sentido de que el mencionado candidato nació en Jocoro (Chinameca) y no en San Miguel como aparece en su cédula. Este documento, a juicio de este Tribunal, legalmente, no es eficaz para el objeto indicado, pues tal modificación debería aparecer en la Cédula de Identidad Personal del interesado (59)

    En los incidentes de las planillas de San Miguel y La Paz, la UNO interpuso recurso de revisión, en el escrito en que justificaba y solicitaba el recurso entre otras cosas en lo pertinente el representante dijo: (60) Ese Tribunal considera que esa prueba no es eficaz puesto que la modificación debió hacerse en la propia Cédula de Identidad. La Cédula de Identidad del candidato obra en poder del Consejo, y no obstante haber pedido su devolución no fue atendida mi solicitud, por o que, por la actitud misma de este Tribunal, se me impedía hacer la modificación en el propio documento en dicha Cédula, pero si los datos que esta contiene son tomados del respectivo asiento, y este viene a ser una verdadera matriz, es lógico deducir, que dicho asiento debe prevalecer máxime que por la no devolución de la Cédula por este Consejo se me puso en imposibilidad de hacer lo que ahora ese Tribunal afirma. “hace mas de diez días que pedí el razonamiento de la Cédula de Identidad relacionada y su devolución, sin embargo mi petición no fue atendida; ahora la resolución de la cual presenté recurso de revisión, estima que es en dicha Cédula de donde se debió hacer la modificación; nótese pues, el contrasentido y como la razón asiste de mi parte.

    4) De acuerdo con la Ley de la materia, la Cédula de Identidad Personal, sirve para acreditar el nombre y apellido de una persona. Ese es el criterio que han seguido siempre no solo los organismos electorales, sino las oficinas administrativas y sobre todos los notarios, para establecer la identidad del otorgante de un instrumento público. La Ley establece que dicho documento debe extenderse en el domicilio del interesado y no en el lugar de origen. Todos los demás, datos como edad, nombre de los padres, etc., deben establecerse y probarse con otros documentos, como la certificación de la partido de nacimiento. Así por ejemplo, por mas que la Cédula de Identidad diga que el interesado esta unido en matrimonio con otra persona, le será indispensable establecer su estado civil de casado con la respectiva certificación de la partida de matrimonio. La ley del Ramo Municipal en su Art. 62 inc. segundo, establece: “Estas certificaciones serán las únicas con que se comprueba ante sociedad tribunales serán las únicas con que se comprueba ante los Tribunales y demás funcionarios del Estado, la edad, el nacimiento, el matrimonio, el divorcio y la muerte, respectivamente, y para efectos puramente civiles y criminales, vemos pues, que la certificación de la Partida de Nacimiento es prueba del lugar de origen y no la Cédula.

    Es decir que al ordenar la inscripción de la planilla el consejo admitió que no era la Cédula el documento adecuado para probar el lugar de origen; es mas, con tal resolución se consideraba por el Consejo que la documentación presentada estaba de conformidad a lo exigido por la Ley Electoral, o sea que se habían llenado los requisitos que esta ley exige en lo referente a los documentos que los candidatos debían presentar para ser inscritos; la aceptación de tal hecho es tan clara que ninguno de los miembros del Consejo se opuso a la inscripción pues no se dio ningún voto negativo en contra.

    8) La certificación de la partida de nacimiento es la prueba idónea del origen de la persona, nunca es la Cédula de Identidad; si de otra manera fuera, se tendría que resolver la cuestión atendiendo a la preferencia de las pruebas, y no desconociendo la identidad de la persona. El punto a resolver sería determinar cual de los dos documentos es prueba fehaciente del origen. Con el fallo de este tribunal, sencillamente se ha hecho a un lado la eficacia probatoria de la certificación de la Partida de Nacimiento para comprobar el nacimiento del candidato.

    En los alegatos presentados por la UNO en el recurso agregó a lo ya dicho, haciendo relación al derecho del sufragio, lo siguiente: Cuando el ciudadano ejercita el derecho al voto, con su Cédula de Identidad se identifica y por instrucciones de ese mismo Consejo, en los instructivos correspondientes, basta la concordancia del número de Cédula con el nombre del votante y el aparece en las listas de electores. Para ser congruentes, el CCE, tendría que hacer nuevas listas de electores, con todos los datos que aparecen en las respectivas Cédula de Identidad, con la salvedad de que si alguna discrepancia hubiera entre la Cédula de Identidad y la Partida de Nacimiento correspondiente, ese ciudadano no podría votar. Donde hay las mismas razones, deben haber las mismas disposiciones: el derecho ciudadano comprende no solo el hecho de elegir sino el de ser electo. (51)

    El Concejo Central de Elecciones consideró que la parte interesada no había dado ningún argumento que destruyera la tesis que mantenía dicho organismo, por lo que consideró procedía confirmar la sentencia de mérito. La fundamentación que hizo el consejo de la cuestión jurídica debatida, de los argumentos jurídicos de la parte que intervino, así como de os fundamentos legales y leyes aplicables fue: CONSIDERANDO II. Que la contradicción relacionada se presentó subsanar con la Certificación de Registro de Ciudadanos que la Alcaldía del domicilio del candidato, expidió, en la que como modificación aparece que con fecha doce de febrero próximo pasado el mencionado candidato la certificación de su Partida de Nacimiento en la que consta que nació en el Cantón Santiago, Jurisdicción de Jocoro, y no en San Miguel como se lee en su Cédula. Esta modificación no aparece en la Cédula de Identidad Personal, documento que a juicio de este Tribunal y con base en lo que sobre el particular dispone el Art. 4 de la ley de Cédula de Identidad Personal, es el documento matriz y por lo tanto no se le puede dar eficacia legal a otro documento, cuyos datos deben ser obtenidos en la Cédula de Identidad Personal si en esta no están consignados. (62)

    El CCE por ningún motivo quizo entrar al análisis jurídico y a analizar los argumentos de la UNO que fue la única que intervino en todos los incidentes de nulidad, el PCN únicamente se conformó con presentar la impugnación, si a esto aunamos la inobservancia por parte del CCE de los plazos establecidos por la Ley, cosa que fue denunciada en los escritos que nos hemos referido y que para el caso en las nulidades que analizamos, debería haber resuelto el incidente de nulidad el día 18 de febrero sin embargo contradiciendo la Ley Electoral resolvió hasta el 25 de ese mes. La UNO sostuvo que esta circunstancia unida al cambio de criterio del CCE que en la resolución que inscribía las planillas anulada había manifestado que: Con la documentación que se acompaña se comprueba plenamente que las personas postuladas como candidatos a diputados propietarios y suplentes reúnen los requisitos que la Constitución Política y la Ley Electoral exigen para poder optar a esos cargos. (63), hacia pensar que mas bien las razones de carácter político eran las que habían determinado la resolución del Consejo, porque no se atrevían a pensar que no reparó en la circunstancia de que se ha valido el impugnante y que fue por descuido que procedió a la inscripción.

    La actuación del consejo en relación a las planillas impugnadas por la causal del comento, lo menos que se puede calificar es de parcial, no se comprende de otra manera como puede haberse dado los hechos y resoluciones que se dieron en relación a las planillas impugnadas, esto cobra mucho mayor relevancia si comparamos el criterio tan estrecho mantenido en las presentes nulidades con el presentado en relación a otras que se presentaron en las mismas elecciones de 1974, como el mantenido por ejemplo en las nulidades de las planillas de Diputados de la UNO por Sonsonate, Morazán, Usulután y Santa Ana, en las que sostuvo la tesis de que la identidad de los candidatos, por su propia naturaleza, surge de varios elementos de juicio que individualmente pueden ser trascendentes, pero que en conjunto si lleva al convencimiento jurídico de que la persona postulada es la misma a que se refiere toda la documentación que con respecto a ella se presentó. (64)

    Surgió en las elecciones de 1974 la tesis de la compensación de nulidades de planillas, así en los círculos políticos se comentaba de que no podría ser obra de la causalidad de que en aquellos departamentos en donde se había anulado las planillas de diputados de la UNO, estos no confrontaban la parte de la JED y del PCN, una actitud tan cerrada y obstaculizadora para las planillas de Consejos Municipales como en la de aquellos departamentos en donde no se habían anulado las planillas de Diputados, así se decía que en Usulután no se anuló la planilla de Diputados pero si la de candidatos a munícipes de la Cabecera Departamental igual cosa sucedió en Santa Ana y en el caso diferente del anular las planillas de Diputado s en un departamento, por lo menos la JED no habían anulado o impedido los medios que les habían sido posible la inscripción de las planillas; tal teoría de acuerdo como los diferentes hechos sucedidos en las elecciones referidas y que se encuentran relatados a lo largo de la presente tesis no deja de presentar verosimilitud y dentro de una estrategia de un partido desesperado por mantener su cuota de poder electoral a como de lugar, es verdaderamente posible.

    3. Nulidad por ser el candidato contratista de obras públicas que se costea con fondos del municipio.

    El único caso conocido, pero de gran trascendencia política fue el que se dio en las elecciones de Diputados de 1976, en las que el PCN impugnó y obtuvo la nulidad de la inscripción de la planilla de candidatos a Diputados de la UNO por el departamento de San Salvador. El representante de dicho Partido mencionó cinco causales por las cuales impugnaba la planilla, pero cuatro eran una cortina de humo para ocultar lo que constituía el fondo de la impugnación, esa se fundamentaba en que el décimo primero candidato suplente, había firmado el día 22 de enero de 1976 un contrato con el Sindico Municipal de Tonacatepeque, quien contrató con el candidato a nombre y representación de la municipalidad por el precio de ¢40.245 colones, la construcción de una cancha de balompié, su terrecería, muros y gradas. Presentó original con fotocopia del contrato celebrado por el candidato con el funcionario municipal.

    De acuerdo con las informaciones proporcionadas por la coalición y lo manifestado en el escrito presentado en su término de prueba, y lo dicho por los parientes del candidato, especialmente la madre que conversó con el autor de el presente trabajo, el candidato impugnado con es ni era ingeniero, ni arquitecto, ni constructor, ni maestro de obra, ni albañil, lo único que sabía hacer era colchones y de acuerdo a su trabajo desempeñado en los últimos 9 años, era empleado de la Alcaldía Municipal de San Salvador con un sueldo de ¢240.00

    Desde el día en que fue presentada la impugnación, la casa del candidato fue custodiada por gente armada que se identificó como agentes pertenecientes a cuerpos de seguridad, habiendo desaparecido el candidato de su casa de habitación juntamente con sus hijos, esposa y familiares que Vivían en ella.

    El día 9 de febrero, fecha en que finalizaba el término de prueba, el PCN no había presentado ninguna documentación adicional fuera del contrato presentado con la demanda, al finalizar la audiencia la UNO presentó su alegato en el que decía en relación al punto lo siguiente: (65)

    Estos dos señores llevaron el papel que firmaron a la Alcaldía de Tonacatepeque y lo registraron de conformidad al Decreto Legislativo de 7 de marzo de 1981 en el Diario Oficial del día 18 de marzo de 1981.

    El mismo documento ha sido presentado en las presentes diligencias para probar la calidad de contratista del señor López García.

    La calidad de contratista del señor López García debe comprobarse en las presentes diligencias con el contrato celebrado entre el mencionado señor López García y la municipalidad de Tonacatepeque, sin una de esas partes no hay contrato.

    Para que la municipalidad se obligue deberá comparecer por medio de su representante legal, el Síndico es decir, debe estar comprobado el vinculo entre la Municipalidad y su representante legal o sea que la personería del representante legal deberá esta legitimada en el contrato mismo fehaciente, de lo contrario no se establece el vinculo entre representante y representado. La legitimación debe hacerse de conformidad al Art. 35 de la Ley de Notariado. Con el registro del documento en la Alcaldía Municipal, no se legítima personería alguna, simplemente se reconoce la firma de los comparecientes.

    En el papel firmado por el señor López García y por el señor Mario López, Manifiesta este ultimo que el es el Sindico y que la Municipalidad de Tonacatepeque lo autorizó para celebrar el contrato, pero eso es una simple manifestación que ignoramos si es veraz.

    En conclusión el papel o documento presentado en autores no prueba en absoluto que la Municipalidad de Tonacatepeque se haya obligado o participado en contrato alguno, luego el señor López García no puede tener la calidad de contratista de obras municipales.

    De acuerdo al Art. 91 de la Ley del Ramo Municipal las Municipalidades deberán realizar obras que valgan mas de cinco mil colones por medio de licitación pública y solo en el caso de que no se presentaren ofertas en la tercera licitación o cuando fueren de mucha urgencia las obras a realizarse podrá el Ministerio del Interior autorizar a la Municipalidad que se lo solicite, para que realice la obra por el sistema de administración. Además exige que todo contratista rinda fianza a satisfacción del Ministerio del Interior para responder por la ejecución de las obras.

    Agrega el mismo artículo 91 que “la omisión de cualesquiera de los requisitos mencionados en este artículo será causa de nulidad de la contrata respectiva, que se tendrá como inexistente o no producirá ninguna obligación con respecto a las Municipalidad siendo solidariamente responsable por las sumas invertidas, las personas que hubieren intervenido en la celebración del contrato.

    Los contratos de obras municipales, son de aquellos que de conformidad al Art. 35 de la Ley de Notariado debe legitimarse la personaría del Síndico y de conformidad al Art. 36 de la misma ley deben presentarse además documentos que deben servir de base para la celebración del acto o contrato, y en el caso que nos ocupa es la autorización ministerial debidamente publicada en el Diario Oficial.

    Como el Ministerio del Interior no ha autorizado la realización de la obra, de acuerdo al Art. 91de la Ley del Ramo Municipal hay inexistencia del contrato, es decir, cualquier papel que se firme no produce efectos jurídicos ningunos, no nace a la vida jurídica.

    El medio idóneo de prueba de un contrato de obras celebrado entre un particular contratista y una Municipalidad es un instrumento público en el que se legitima fehacientemente la personería del Sindico celebre el contrato y la autorización ministerial debidamente publicada en el Diario Oficial para que la municipalidad realice la obra por administración o en que se adjudica la licitación y se autoriza la celebración del contrato.

    El papel presentado por el representante del PCN no es un contrato, no es nada, es inexistente por no haber reunido los requisitos que la ley expresamente exige para su existencia, y además no prueba obligación alguna de parte de la municipalidad de Tonacatepeque.

    El papel presentado podríamos compararlo con un acta de matrimonio celebrada por los contrayentes ante si mismos o celebrado por un Juez de Primera Instancia o por el señor Presidente del Concejo Central de Elecciones en su carácter de tal, sería inexistente.

    En conclusión: 1º) Se ha comprobado que la municipalidad de Tonacatepeque por medio de su sindico haya celebrado contrato de construcción de obra con el candidato de la oposición, señor Luis Antonio López García; 2º) Aunque se hubiere legitimado la personería del Sindico de la Municipalidad de Tonacatepeque que no lo ha sido, por no haberse obtenido ni relacionado auténticamente la autorización del Ministerio del Interior, el pretendido “contrato” es inexistente y nunca ha sufrido efecto jurídico alguno por disposición expresa de la ley”.

    Un día después de finalizado el término de prueba el PCN presentó: a) Certificación extendida por el Consejo y la Credencial del Sindico Municipal de Tonacatepeque; b) Diario Oficial en que se pública el acuerdo ejecutivo que concedía el subsidio a la Municipalidad para la construcción de una cancha, c) Certificación de la resolución del Ministerio del Interior en que se declaraba de urgencia la realización de los trabajos de construcción de la cancha y se autorizaba a la Municipalidad para realizarlos, facultándole para encomendar su dirección a persona responsable; d) Certificación de acta de sesión en la municipalidad de Tonacatepeque acordó autorizar al Sindico a celebrar el contrato con el candidato, en representación de la entidad municipal; e) Certificación del registro del contrato privado en la Alcaldía Municipal de Tonacatepeque, f) Oficio en que se informaba al CCE de que la fianza había sido rendida el 27 de enero, por el Ministerio del Interior. Me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que todos estos documentos fueron extendidos con fecha 9 de marzo del año en curso. El CCE en la sentencia legal aceptó la prueba del contrato cuya falsedad se sospechaba por parte de los representantes de la UNO, por lo que en base a ellos declaró la nulidad de la inscripción.

    Considero totalmente errado el criterio del Consejo al declarar que se había probado plenamente el contrato de construcción dado que no podía tener carácter este contrato pues aunque se hubieran cumplido los requisitos necesarios para la existencia, hecho en el cual discrepo también con el criterio del Consejo, el instrumentos probatorio idóneo es una escritura pública y no un supuesto documento privado, dado que de conformidad con el artículo. 1573 C. y el Decreto Legislativo de 1881 y el Art. 264 Pr. C., solo surte efecto entre las partes para efectos de ejecución y no tiene eficacia probatoria entre terceros como son el PCN y la Coalición UNO.

    Es necesario tener en cuenta al analizar la presente impugnación que el PCN y la Uno eran los dos partidos contendientes y que la planilla de candidatos a diputados por San Salvador, al anular a la UNO significaba 11 cargos seguros, los cuales de acuerdo a los resultados electorales obtenidos por la UNO en elecciones anteriores determinaban para ella una seguridad de 7 puestos si no se anulaba la planilla y se iba a elecciones, es comprensible que en esta sola planilla se concentrara todos los esfuerzos del partido oficial para obtener la impugnación y especialmente por el Dr. Morales Ehrlich en el programa televisado en que se presentó con posterioridad a la anulación de la Planilla, llego incluso a acusar al Ministerio del Interior de haberse prestado a los intereses del PCN, permitiendo crear un contrato que en la realidad no existía.

    Dada la realidad de la política salvadoreña no se puede creer que una Alcaldía del PCN, con el beneplácito del Ministerio celebrara un contrato con una persona militante de un partido de oposición, sobre todo que aparte de ser insolvente carecía de la capacidad necesaria para la labor que implicaba el contrario.

    He sostenido que una nulidad por el motivo que aquí analizó solo puede darse, en las circunstancias de corrupción en que la oposición acusó al PCN que se dio la de Diputados por la UNO en San Salvador, solo así se explica que obrara originalmente del contrato en poder del representante del PCN, que no tenía ninguna facultad para tenerlo.

    NOTAS DEL CAPITULO IV

    1) El Diario de Hoy, 6 de marzo de 1970. pag. 22, solicitud de Destitución del CCE. El Diario de Hoy 14 de marzo de 1970 pag. 22, CCE acusa de mentir a dirigentes democristianos, La Prensa Gráfica, 15 de mayo de 1970.
    2). Resolución del CCE de 22 de febrero de 1974, en relación a recurso de queja presentado por la UNO.
    3). Resolución del CCE de 24 de febrero de 1676 en recurso citado.
    4) Las elecciones se gana en las urnas, manifiesto de toda la Oposición, publicado en la Prensa Gráfica, 21 de febrero de 1974.
    5) Manifiesto antes citado.
    6) Resolución de la JED de La Unión de 11 de febrero de 1974. resolución del CCE de 25 de febrero de 1974, en recurso citado.
    7) Resolución del CCE de 25 de febrero y 9 de marzo, en recursos de queja de la UNO contra el JED de ese departamento.
    8) Resolución del CCE de 20 de marzo de 1974, en recurso de queja citado. Sobre incidentes sucedidos en San Francisco Chinameca, ver publicaciones aparecidas en La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, del 2 al 10 de mayo de 197.
    9). La Prensa Gráfica, 18 de abril de 1964.
    10). Escritos de demanda de nulidad presentados por el representante del PCN a las planillas de candidatos a Diputado de la UNO por los departamentos de San Miguel, Usulután, Sonsonate y Santa Ana; a las planillas de Diputados del PPS por Sonsonate y La Unión, y a la del FUDI del Derecho Privado de Ahuachapán. En el incidente de nulidad de la inscripción de la planilla del Concejo Municipal de Zacatecoluca por la UNO; de Santiago Nonualco por la UNO, de Sonsonate, por el PPS, etc., todo en las elecciones de 1974.
    11) Incidente de nulidad de inscripción de las planillas por Diputados por la Paz y San Miguel, en las elecciones citadas.
    12) Escritos del Representante de la UNO de 13 y 16 de febrero, en los incidentes de nulidad de inscripción citados en la nota anterior.
    13). Ver recursos citados y especialmente el referente a las planillas del Municipio de Usulután, San Miguel y Sonsonate, todas de la UNO en las elecciones de 1974.
    14) Resolución del CCE en el incidente de nulidad de inscripción de la planilla de Diputados de la UNO por Sonsonate y Morazán, de 25 y 28 de febrero de 1974, respectivamente.
    15) Considerando IV. Literal C, de la resolución de 11 de febrero de 1976, en el incidente de nulidad citado.
    16) Considerando IV. Literal CH, de la resolución e incidentes citados.
    17) Resolución de 7 de febrero de 1974 en incidente citado
    18) Incidente de nulidad citado
    19) Incidente de nulidad citado
    20) Resoluciones de la JED de Cabañas de 4 de marzo de 1974 y del CCE de 9 de marzo del mismo año. Resolución de la JED de Usulután de 14 de Febrero de 1974 y del CCE del 28 de febrero del mismo año.
    21) Escrito de demanda de nulidad de inscripción en el incidente citado, de fecha 14 de febrero de 1974, presentado a la JED de Santa Ana, ese mismo día.
    22) Escrito presentado por el representante de la UNO ante la Junta Electoral Departamental de Santa Ana, el 19 de Febrero de 1974, Incidente de nulidad citado. Agravios expresados por el representante de la UNO al CCE con fecha 26 de febrero del mismo mes y año en el incidente mencionado.
    23) resolución de la JED de Santa Ana, de 20 de Febrero de 1974, en recurso citado.
    24) Incidente citado, resolución de la JED de Cuscatlán, del 1º de Marzo de 1974.
    25) Incidente citado, resolución de la JED de La Paz resolución de 26 de febrero de 1974.
    26) Incidente citado, resolución de la JED de San Salvador resolución de 18 de febrero de 1974.
    27) Párrafos de resolución transcritos en El Diario de Hoy de 18 de abril de 1966.
    28) Incidente de nulidad citados, resolución del CCE, de fecha 6 de marzo de 1974.
    29) Recurso de queja de la UNO, resolución del CCE de 25 de febrero de 1974, en relación a la planilla mencionada. El subrayado es nuestro.
    30). Manifiesto Las Elecciones se Ganan en las Urnas de FUDI, PPS y Coalición UNO (PDC, UDN, y MNR). La Prensa Gráfica, 21 de febrero de 1974. acta No. 27 de la JED de San Salvador. La Prensa Gráfica, 22 de febrero de 1972. declaraciones del Presidente del CCE, El Diario de Hoy 23 de febrero de 1972. nulidad de elecciones de Diputados por el departamento de San Salvador, posición de la JED de San Salvador, El Diario de Hoy 24 de marzo de 1972. del CCE, la Prensa Gráfica de ese mismo día. Incidente de nulidad de la inscripción del municipio de San Marcos de la Planilla de la UNO, resolución de la JED de San Salvador, 26 de febrero de 1974. Resolución del CCE, sobre apelación de esta resolución de 4 de marzo de 1974.
    31). Incidente de nulidad de instrumento de la planilla de la UNO por los municipios de Santa Ana y Chalchuapa, resolución de la JED de 20 de Febrero de 1974. incidentes de nulidad de la inscripción de planillas de la misma coalición por los municipios de San Antonio los Ranchos y San Isidro Labrador, de 25 y 26 de Febrero de 1974, respectivamente. Campo pagado en que el Dr. Guillermo Aristondo Magaña, aclara su posición frente a resoluciones de la JED de Ahuachapan, diario de Occidente, 25 de Febrero de 1976.
    32) Manifiesto de 5 partidos de oposición de noviembre de 1973. manifiesto de la Oposición de las elecciones se ganan en las urnas antes relacionado.
    33) Noticias, los partidos políticos ponen condiciones, El Diario de Hoy, 11 de enero de 1964. PDC denuncia alcalde, 9 de enero de 1964 y destituyen Alcalde denunciado, 13 de febrero del mismo año. Turnos en Alcaldías para inscribir candidatos, El Diario de Hoy, 12 de febrero de 1966. manifiesto de la UNO, La Prensa Gráfica, 24 de febrero de 1976.
    34). Manifiestos citados en nota 32. Escritos presentados por el representante de la Uno el 3 de febrero de 1976, protestando por tardanza en resolver solicitudes de inscripción en algunas de las cuales ya se habían vencido, el término legal de 10 días para resolver. El Art. 63 de la Ley Electoral antes de ser reformado en Noviembre de 1975, permitía la presentación de la solicitud de inscripción por intermedio de los representantes de los partidos acreditados en los organismos electorales.
    35) Incidente de nulidad citados en 1974. el 1988, ver El Diario de Hoy, 4 de marzo de ese año, pag. 17, noticia sobre planillas del PCN en el departamento de Usulután. Para planilla de San Vicente, El Diario de Hoy de 13, 14, 19 y 21 de marzo tribunal de 27 de abril de ese año.
    36). Escritos presentados ante la JED de San Salvador por el Br. Vidal Antonio Flores Lara; ante la JED de Santa Ana por el Sr. Roberto Antonio Rivera Magaña, ambos representantes del PCN, intervención relacionada en incidentes de nulidad citados.
    37) Escritos presentados ante la JED de San Salvador por el Br. Mauricio Armando Mazier Andino y ante la JED de Santa Ana por el Br. Salvador Román Chávez, en incidentes mencionados.
    38) incidente de nulidad de inscripción de la planilla de candidatos a miembros del Concejo Municipal de Santa Ana por la UNO, resoluciones de la JED de Santa Ana de 20 de febrero de 1974, y del CCE del día 17 del mismo mes y año.
    39) Recuso citado. Resolución de la JED de San Salvador de 26 de febrero de 1974, resolución del CCE de 4 de marzo de 1974.
    40) Recurso citado, resolución del CCE del 4 de marzo de 1974.
    41) Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de 16 de Septiembre de 1974. pag. 511 a 513 de la Revista Judicial de 1974, tomo LXXIX.
    42) La Prensa Gráfica, 18 de abril de 1964 e incidentes de nulidad en los municipios y planillas mencionadas.
    43. resolución del CCE de 22 de febrero de 1974, en incidentes relacionados.
    44) En incidente citado, escrito del representante de la UNO de fecha 20 de marzo de 1974. Resolución del CCE de 22 de febrero de 1974 en recurso mencionado.
    45). Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de 19 de octubre de 1974, pags. 545 y 549 de la Revista Judicial de 1975,tomo LXXIX.
    46). Obra citada, pag. 407.
    47). Resolución del CCE de 1º de marzo en incidente relacionado
    48) Según lo expresado el autor de esta tesis, esta fue la explicación dada por el Secretario del CCE al representante de la UNO frente a su reclamo de no devolver dicho organismo, los documentos personales de los candidatos de la Coalición por los departamentos de la Unión, Chalatenango, La Libertad, Usulután y Sonsonate.
    49). Sobre el incidente relacionado con la planilla municipalidad Estado candidatos del UDN en el municipio de Usulután, consulta La Prensa Gráfica, de 19 de marzo y 19 de abril de 1970. sobre la planilla del PPS por Sonsonate, La Prensa Gráfica de 21 de febrero y 7 de marzo de 1970. El Diario de Hoy de 9 de marzo del mismo año. Sobre la planilla del PCN por La Unión, consultar El Diario de Hoy, 19 de febrero de 1970.
    50). Revista Judicial de 1971 tomo LXXVI pag. 191 a 198. sentencia de 17 de junio de 1971.
    51) Revista Judicial de 1974. tomo LXXIX pag. 510 a 511. sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 9 de Septiembre de 1974.
    52) Incidente de nulidad mencionado. La JED de Sonsonate anuló la inscripción de ambas planillas por resoluciones dadas el 25 de febrero de 1974. El CCE revocó ambas el 2 de marzo del mismo año.
    53) Incidente citado, resolución de la JED de Usulután de 18 de febrero de 1974 y del CCE de 27 del mismo mes y año.
    54). Incidente citado, resolución de la JED de la Paz de 9 de marzo de 1974 y del CCE del 15 del mismo mes y año.
    55. Resoluciones del CCE pag. 132. resolución de 21 de febrero de 1966 considerando C.
    56) El Diario de Hoy, 23 de febrero de 1968. La Prensa Gráfica 26 de febrero de 1968.
    57) Consultar manifiesto de 5 partidos de oposición La Prensa Gráfica 21 de Febrero de 1974. también recursos relacionados.
    58) Tomado de escritos presentado por el representante de la UNO en los incidentes mencionados con fechas 13 y 16 de febrero de 1974. me consta que el PPS uso la misma argumentación, no pudiendo mencionar la fecha por carecer de este dato.
    59) Resoluciones del CCE en incidente mencionado de 25 de febrero de 1974.
    60) Tomado de escritos del representante de la UNO presentado en los recursos de que nos ocupamos de 27 de febrero de 1974.
    61) Tomado de escritos del representante de la UNO prestando en los recursos citados el 1º de marzo de 1974.
    62) Sentencia del CCE en recurso de revisión de las que declaraban la nulidad de la inscripción de las planillas de la uno por los departamentos de San Miguel y la Paz ambos de 4 de marzo de 1974.
    63) Resoluciones del CCE de 6 de Febrero de 1974 inscribiendo las planillas de candidatos a Diputados de la UNO por los departamentos de La Paz y San Miguel.
    64) Resoluciones del CCE en incidentes de nulidad de inscripción de Sonsonate, dado el 25 de febrero; por Morazán el 18 de febrero, por Usulután el 19 de febrero y Santa Ana el 18 del mismo mes y año. Todas del año de 1974.
    65) Escrito presentado por los representantes de la UNO al CCE el 9 de febrero de 1976. además ver incidente citado y resolución del CCE del 11 del mismo mes y año.

    __________________________________


    CAPITULO V


    CONCLUSIONES


    El panorama político electoral que surge de lo analizado en la presente tesis, ha hecho a muchos concluir que el proceso electoral ha sido cerrado en El Salvador. Ya no se encuentran los partidos de Oposición en la situación de relativa igualdad en que se encontraban en donde dialogando con el CCE y el representante del Ejecutivo, el Ministro del Interior Coronel Fidel Sánchez Hernández, la Oposición estableció las bases de su participación electoral en las elecciones de Diputados y Consejos Municipales celebradas en 1964. (1) en esas elecciones aparte de las continuas reuniones de consulta efectuadas el CCE a todos los partidos políticos se llegó incluso a que el día de las elecciones, por la noche, todos los Secretarios Generales de los Partidos contendientes aparecieron juntamente con los miembros del CCE, haciendo declaraciones y analizando las elecciones. Los hechos evidenciaban a los partidos políticos y al pueblo salvadoreño que el país vivía una época de construcción de la democracia, era la primera experiencia en que la oposición en conjunto obtenía 20 Diputados. todo esto hizo que los partidos incrementaron sus esfuerzos para aumentar su participación y así vemos que a partir de 1966 la Oposición inscribe planillas de candidatos a diputados en los 14 departamentos y a miembros de Consejos Municipales en mas de 200 municipios, participación que a raíz de la situación política que vive El Salvador a partir de 1970 comienza a decrecer, hasta terminar con el retiro de los partidos de oposición que participaban en las elecciones de 1976, coaligados en la UNO.

    Durante las elecciones subsiguientes a la de 1964 se dieron hechos que demostraban la posición del régimen en relación a las elecciones, así en 1966 en círculos políticos se le atribuyen al Coronel Sánchez Hernández, el presionar y obtener del PCN el desistimiento de la impugnación de la nulidad de la inscripción de la planilla de candidatos a munícipes que presentaba el PDC por San Salvador, es evidente la posición del gobierno, cuando dice el representante del PCN en el escrito del retiro de su demanda que los hace con afán. “de propiciar, mantener y alcanzar el imperio de la democracia en el país, ante el triunfo de la planilla de candidatos a cargos concejiles por la ciudad de San Salvador (2)

    En las elecciones de 1968 encontramos un editorial del 5 de febrero, en La Prensa Gráfica, que bajo el epígrafe “LA ACCIÓN DEL CCE EN EL EVENTO ELECTORAL”, en uno de los párrafos del artículo expone que: La actuación del organismo mencionado tiene que encaminarse ampliamente a garantizarle a todos los partidos políticos el uso de sus derechos rígida al Ministerio del Interior, para lograr que las Alcaldías Municipales del país en particular la de Ahuachapán, den facilidades para la extensión de solvencias.

    La situación arriba descrita cambia a partir de 1971 la posición del Concejo Central de Elecciones, lo evidencia en uno de sus primeros actos y declaraciones, cuando se entrenaba en el manejo de su primera lección al declarar a raíz de la ampliación del término de instrumento de candidatos dado por la Asamblea Legislativa en esas elecciones, lo siguiente: los interesados debieron antes haber consultado al Concejo Central de Elecciones, para que los ilustrara sobre los alcances técnicos y legales que dicha prorroga tendría. Ahora resulta que si la Asamblea Legislativa he emitido ese decreto de prorroga a petición de los partidos políticos, se esta violando un precepto constitucional que establece periodos para tales requisitos. (3) esta posición contradice diametralmente la posición mantenida por al mismo Consejo y por el Ejecutivo, que expusimos en el Capítulo II de esta tesis al hablar de los plazos de inscripción. Este fue el inicio de la labor del Consejo, que en la actualidad todavía después de 3 periodos consecutivos continúa manejando la actividad electoral del país. Desde entonces no se publican datos oficiales desagregados por municipios; y ninguna publicación o memoria donde conste los resultados electorales.

    También en estas elecciones de 1970 es que la oposición ubica el aparecimiento de la impugnación de la inscripción como arma que coadyuva a los intereses políticos del partido oficial, se ha acusado reiteradamente por todos los partidos de oposición al Dr. Rubén Alfonso Rodríguez, como el cerebro de este distorcionamiento jurídico, a este respecto la oposición en su manifiesto conjunto decía en 1974: Vamos a presentar un breve inventario de los inventos jurídicos del PCN, fruto de la mente truculenta de abogadillos al servicio del Dr. Rubén Alfonso Rodríguez, director técnico de estas maniobras, que el Concejo Central de Elecciones y las Juntas Electorales Departamentales sancionan y dan curso, para impedir la inscripción de nuestras planillas de Diputado y munícipes. (4)

    Si bien es cierto que en las elecciones de 1972 no encontramos un acentuamiento como en las de 1974, del uso como arma política de la nulidad de la inscripción, esto se explica porque las elecciones de Diputados y Consejos Municipales de ese año se encontraban relegados a segundo plano por estar enfrascados los partidos en el proceso de las elecciones presidenciales que se efectuaron en febrero del mismo año. Además de que la misma oposición había facilitado la eliminación de 5 planillas de Diputados al no presentar en el término de inscripción correspondiente 4 y una fue presentada con defectos por faltar dos firmas de candidatos en la solicitud de inscripción, todas estas planillas y de departamentos importantes del país como San Salvador y San Miguel que de acuerdo a resultados electorales obtenidos por la oposición de elecciones anteriores significaban por lo menos 11 Diputados seguros. Con esto el PCN no tenia ningún problema y fácilmente podría darse el lujo de permitir que la oposición ganara, no sin problemas. Alcaldías importantes del país como sucedió con Santa Ana y San Miguel.

    El viraje tomado en la posición política del régimen en cuanto a la consecución de una verdadera democracia en El Salvador, y la necesidad de hacer realidad para obtenerla en un proceso democrático que en lo electoral diera las garantías para ello, se evidencia en la posición política del hombre mas importante del Poder Ejecutivo, del general Sánchez Hernández, quien con su intervención al igual que en 1966, hubiera podido evitar la eliminación de las planillas de la oposición, tanto en 1970 como en 1972. Pero el camino emprendido en El Salvador, no era ya hacia una democracia, sino hacia la instauración de un régimen de fuerza de tipo neo fascista y para lograrlo se necesita de un partido único que no permita que se discuta la hegemonía del ejecutivo en elecciones. Para llegar a ese tipo de partido el camino mas expedito es anular a la oposición por todos los medios posibles y uno de ellos es impedir su participación con candidatos a través de la impugnación de las planillas electorales. Esta es una conclusión que surge sin necesidad de recurrir a enjuiciamiento profundo, es la consecuencia lógica del panorama político que vive El Salvador, tesis que es presentada así tanto por los opositores al régimen como sus aliados. (5)

    La situación política en El Salvador, es desconsoladora, por no expresar una frase peyorativa, si analizamos que al asumir el poder el actual gobernante, como al intervenir la Universidad Nacional, hizo profesión de fe de los principios de la democracia representativa y posteriormente al cumplir los 100 días de gobierno en un discurso anunciaba su renuncia a la jefatura suprema de Orden y a su cargo de Coordinador General del PCN, para cumplir su decidida opción por la democracia, resolución que a muchos hizo nacer la esperanza de que se prestaba a romper el marco político heredado de sus antecesores, no paso a ser una posición para borrar la impresión de ilegitimidad que dejaron los acontecimientos políticos de 1972. los hechos sangrientos sucedidos en el caserío La Cayetana del Cantón León de Piedra, jurisdicción de Tecoluca; los del Cantón Las Tres Calles del Municipio de San Agustín; y sobre todo lo sucedido en San Salvador contra una manifestación estudiantil. Así como también el volver a asumir el cargo de ORDEN y de la Secretaría General del PCN, no pueden menos que reforzar la conclusión expresada en el párrafo anterior (6)

    El deterioro paulatino del proceso electoral en El Salvador es bien evidente, deterioro continuo del que no ha escapado el Derecho Político que lo rige, de esta situación cabe la mayor responsabilidad a la máxima autoridad de la materia, al Concejo Central de Elecciones.

    La manera mas fácil de impedir la elección de un candidato es dejar pasar los errores e inscribir la planilla de que forma parte para después anular la instrumento por impugnación efectuada por un partido. Después de lo ocurrido en 1970 con la planilla de Diputados por San Salvador del UDN, en que se dio esta situación, la oposición de ese entonces formada por el PDC, MNR, UDS y PPS intentó remediar este obstáculo a la democratizacion del país, presentando en su proyecto de reformas de 1971 una disposición destinada a evitarlo imponiendo una multa fuerte al CCE que inscribiera una planilla y que la anulara, si los defectos constaban previamente en la documentación presentada, pero tal como lo expusimos en el Capítulo III de esta tesis, ni tan siquiera se discutió estas propuestas por la asamblea. No me es posible considerar, al igual que la oposición lo ha hecho, de que el CCE por descuido a partir de 1970 no deniega la inscripción de las planillas a candidatos que posteriormente ha anulado por petición del partido oficial. La presunción de parcialidad se evidencia cuando su Presidente reelecto por 3 periodos fue Presidente de la Corte Suprema de Justicia antes ser electo miembro del CCE y esa calidad jurídica hace suponer que involuntariamente no se comente errores tan grandes que anteriormente el CCE no cometió.

    La oposición en su manifiesto conjunto publicado en las elecciones de Diputados y Miembros de Consejos Municipales celebrada en 1974, concluía y se preguntaba lo siguiente: “Todos los partidos políticos que están en la oposición se encuentran actualmente analizando seriamente la situación planteada por esa nueva forma de burlar a la ciudadanía; realizan consultas con sus militantes y quieren tomar la opinión del pueblo. La conducta del gobierno y del Concejo Central de Elecciones en los próximos días no darán los últimos elementos de juicio para decidir si a pesar de todos los inconvenientes, vale la pena participar en las próximas elecciones O SI NO QUEDA MAS CAMINO QUE CLAUSURAR TEMPORALMENTE LA VÍA ELECTORAL PORQUE LOS DE “ARRIBA” NO QUIEREN DEJAR NI UN RESQUICIO AL DESARROLLO DEMOCRÁTICO DEL PAÍS”. Al dejar presentar su retiro de las elecciones de Diputados y miembros del Consejos Municipales . la UNO fundamentaba principalmente: Que todas las actuales circunstancias la Unión Nacional Opositora considera que no existen el mínimo de garantías adecuadas para la participación electoral, porque se ha perdido todo sentido del voto ciudadano y se ENCUENTRA PRÁCTICAMENTE CERRADA LA VÍA DEMOCRÁTICA que la Constitución establece. (7)

    Si la oposición estaba en lo cierto, nos lo dirán los acontecimientos políticos de los años 1977/1978.

    NOTAS DEL CAPITULO V

    1) El Diario de Hoy, 11 de enero de 1964. noticia, ponen condiciones los partidos políticos.
    2) Tomado del texto del escrito presentado por el representante del PCN a la JED de San Salvador, publicado en El Diario de Hoy, 26 de marzo de 1966.
    3) La Prensa Gráfica, 1º de febrero de 1970.
    4) Manifiesto publicados en la Prensa Gráfica. Las elecciones se ganan en las urnas, 21 de febrero de 1974 y el de anuncio de retiro de las elecciones de 1976, de fecha 28 del mismo mes y año.
    5) Publicaciones de gran cantidad de organizaciones de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, en los meses de agosto y Septiembre de 1975. manifiestos de la UNO publicados en La Prensa Gráfica de 24 y 28 de febrero de 1976 y de 16 de marzo del mismo año. Manifiesto de la ANEP (Asociación Nacional de Empresa Privada) en La Prensa Gráfica, 9 de julio de 1976. noticia terratenientes de oriente no venderán sus tierras al ISTA, habla uno de ellos haber colaborado a quitar Alcaldías y Diputados a la oposición. La Prensa Gráfica 23 de agosto de 1976.
    6) Discurso de toma de posesión, El Diario de Hoy, 2 de julio de 1972. discurso a consecuencia de la intervención de la Universidad Nacional, El Diario de Hoy, 20 de julio y de 9 de octubre del mismo año, al cumplir 100 años el gobierno.-
    7) Las elecciones se ganan en las urnas y escrito de retiro de la UNO de las elecciones presentado al CCE el 5 de marzo de 1976. ambos publicados en La Prensa Gráfica, el 21 de febrero de 1974 y el 6 de marzo de 1976, respectivamente. (Las mayúsculas son nuestras).

    _____________________________

    BIBLIOGRAFÍA


    1. Constitución Política de El Salvador.

    2. Ley Electoral

    3. Código de Procedimientos Civiles

    4. Ley de Casación.

    5. Código de Justicia Militar

    6. Ley de Cédula de Identidad Personal

    7. Ley del Ramo Municipal

    8. Código Civil

    9. Memoria de labores realizadas por el Concejo Central de Elecciones. Abril/65 marzo /68

    10. Resoluciones del Concejo Central de Elecciones abril/65 marzo /68

    11. El Salvador. Año político 1971/1972 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

    12. Los ciudadanos y el Cuerpo Electoral. Tesis doctoral de Oscar de Jesús Zamora, universidad de El Salvador. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.

    13. Suspensión y Pérdida de los Derechos Ciudadanos. Tesis Doctoral de Luis Ernesto Valiente Verdugo. Universidad de El Salvador, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales

    14. Instituciones Políticas y Derecho constitucional. Maurice Duverger. 2da. edición.

    15. Teoría General del Derecho. Fausto E. Vallardo Berron. Textos Universitarios.UNAM. 1ª. Edición 1972.

    16. Introducción al Estudio del Derecho. Eduardo García Maynes. 22 edición.

    17. Derecho Mexicano y Trabajo. Mario de la Cueva. Tomo I, editoria Porrúa. 9ª. Edicion.

    18. Teoría General del E. Francisco Porrúa Pérez. Editorial Porrúa. 2ª. Edición.

    19. Revista Judicial de 1974. Tomo LXXVI Corte Suprema de Justicia

    20. Revista Judicial de 1971. Tomo LXXIX Corte Suprema de Justicia.

    21. Noticias y Publicaciones de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy desde 1962 a 1976.

    22. Publicaciones de el diario Latino 1972.

    23. Pronunciamientos y Documentos de los Partidos de Oposición, PDC, UDN, PPS, FUDI Y MNR.

    24. Pronunciamientos del Partido Oficial PCN.

    25. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Eduardo J. Couture. Ediciones Depalma, 3ra. Edición.

    26. Las constituciones de El Salvador, Ricardo Gallardo. Institutos de Estudios Políticos de Madrid.

    27. Resoluciones del Concejo Central de Elecciones en las elecciones de Diputados y Consejos Municipales de 1974/1976.

    28. Resoluciones de Diferentes Juntas Electorales Departamentales en las elecciones de Diputados y Consejos Municipales de 1972/1974 y 1976.

    29. Por un Estado de Derecho. José María Gil Robles.