CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BIBLIOTECA JUDICIAL "DR. RICARDO GALLARDO"


BIBLIOGRAFÍA DE TESIS

CLASIFICACION T
324.6
G633c
AÑO 1993.
INVENTARIO 5640 PAGINA(S) 255 h.
EJEMPLAR CM 27 cm.
AUTPPAL Gómez Zárate, Luís Augusto CARRERA Optar al grado de Lic. en Ciencias Jurídicas,
AUTOR(ES) Luís Augusto Gómez Zárate TITULO Las condiciones mínimas para la verificación de un evento electoral
PAIS San Salvador, El Salv. UNIVERSIDAD Universidad de El Salvador
FECHA 05/02/1998
DESCRIPTORES
1. ELECCIONES 2. SUFRAGIO I. Título.
MATERIA ELECCIONES
TÍTULO Condiciones mínimas para la verificación...
TOPOGRÁFICA Gómez Zárate, Luis Augusto
CONTENIDO Historia electoral, Democratización, Ciudadanos derechos deberes políticos, Cuerpo electoral


Texto
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales.

"LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA
VERIFICACIÓN DE UN EVENTO ELECTORAL".

Tesis presentada por:

LUIS AUGUSTO GÓMEZ ZARATE.

Previa a la Opción del Título de

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS.

1983

San Salvador, El Salvador, Centro América.

________________________

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

AUTORIDADES

DR. FABIO CASTILLO FIGUEROA
Rector

LIC. CATALINA RODRIGUEZ PERLA DE ANAYA
Secretaria General

LIC. ELISEO ORTIZ RUIZ
Fiscal General

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

Autoridades

DR. JORGE ALBERTO GOMEZ ARIAS
Decano

LIC. JUAN JOEL HERNANDEZ RIVERA
Secretario.

__________________________

Doy gracias a Dios por suy bondad y Misericordia.

A MI QUERIDA ESPOSA: ANA ELSA.

En nuestro caminar tu has sido para mi como el
faro es para el navegante, que me ha guiado en
la oscuridad de la vida por los caminos del bien.

Te ofrezco de rodillas este trabajo, que representa
el sacrificio de toda una vida, no obstante
es una paga muy poca, para tu abnegación y sacrificio.

Para tí con todo amor.

PARA MI HIJO: LUIS

Con todo cariño y amor, para tí esta Tésis, que es el
resultado de un esfuerzo. Jamás podré olvidar lo que
tú vales para mí.

PARA MIS HIJAS: ELSA LORENA Y MARIA ELENA

Para mis dos ojos, éste trabajo con el amor de les profeso.

A MIS YERNOS: EDUARDO Y MARTIN

Con especial cariño.

A MIS NIETOS: ADRIANA BEATRIZ, EDUARDO JAVIER, DIEGO ALEJANDRO, ALDO JOSÉ

A quienes adoro.

A MIS PADRES:

Augusto Gómez Zárate (Ya fallecido) y Gertrudis de Gómez Zarate.

Con todo cariño y amor.

A MIS SUEGROS:

Julio Cano y Noemí de Cano

Con el respeto y el cariño que siempre les he profesado.

A MIS HERMANOS:

Noemí y Julio Cano.

A MIS AMIGOS EN ESPECIAL.

Carlos y Elena Escobar e hijos.

A MAMA NENA.

A la viejita que guió mis primeros pasos, para
tí donde estés esta ofrenda.

A MIS ASESORES DE TESIS:

Con especial consideración al Maestro y amigo
Doctor Rubén Ignacio Zamora Rivas.

Agradecimientos sinceros a quien con paciencia

me asesoró en la Metodología de Tésis, Licenciado
Miguel Angel Paredes Bermúdez, a quien brindo mi amistad.

Para ustedes mis recuerdos imperecederos y amistad.

MUY ESPECIALMENTE:

Lic. María Elena Orellana
Lic. Ana M. Panamá Cerón
Lic. Salvador Laínez.

Para ustedes mis agradecimientos para toda
la vida, por su dedicación y compromiso.


A LA MEMORIA DE MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO,
ESTE TRIUNFO ACADÉMICO ES OBRA DE SU INTERMEDIACIÓN.

__________________________

LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA VERIFICACIÓN
DE UN EVENTO ELECTORAL.

TRIBUNAL EXAMINADOR:

PRESIDENTE: DR. RENE MADECADEL JIMENEZ PERLA
PRIMER VOCAL: LIC. LUIS DAGOBERTO CAMPOS BRAN
SEGUNDO VOCAL: LIC. FELIX ULLOA.

________________________

INDICE.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

1. Antecedentes del Problema.
2. Justificación de la Investigación.
3. Planteamiento del Problema.

A. Ubicación del Problema en el Contexto Socio Histórico
B. Situación Problemática.
C. Formulación del Problema.

4. Objetivos de la Investigación.

A. Objetivos Generales
b. Objetivos Específicos

5. Delimitación del Problema.

A. Alcance de la Investigación
B. Limitación de la Investigación.

6. Hipótesis

A. Enunciado
B. Operacionalidad

7. Estrategia de trabajo.
8. Desarrollo de Trabajo.
9. Bibliografía.

CAPITULO II

HISTORIA ELECTORAL

1.Consideraciones Generales
2. Antecedentes Históricos de los Procesos Electorales en El Salvador, desde 1824 a 1991.


CAPITULO III

MARCO SOCIO POLITICO DE EL SALVADOR

1. Análisis del Sistema Socio Político Salvadoreño desde 1931 a 1993

CAPITULO IV

LA DEMOCRATIZACIÓN

1. Concepto.
2. La Participación Política y la Democratización.
3. Dimensiones de la Democratización.
4. La Democratización como Proceso.
4.1 Etapas Fundamentales
a. Instauración
b. Consolidación
c- Perfeccionamiento

CAPITULO V

LOS CIUDADANOS, SUS DERECHOS Y DEBERES POLÍTICOS Y EL CUERPO ELECTORAL

1. Ciudadanía

1.1 Noción

2. Derechos Políticos

2.1 El Sufragio

2.1.1 Naturaleza Jurídica del Sufragio

2.1.2 Clases de Sufragio

a. Sufragio Universal
b. Sufragio Limitado

2.1.3 El Cuerpo Electoral

a. De la Suspensión de los Derechos Políticos.
b. De la Pérdida de los Derechos Políticos.

2.1.4 Sistemas Electorales.

a. Sistema Directo e Indirecto
b. Sistema Uninominal y Plurinominal
c. Sistema Mayoritario y con re presentación de la minoría
a- Sistemas Empíricos
b- Sistemas Racionales o Proporcionales

2.2 La Asociación Política

2.2.1 Noción

2.2.2 Antecedentes

2.2.3 Su función

2.2.4 Sistemas de partido

2.2.5 Clasificación de los Partidos Políticos

A- De Clase o Pluriclasista
B- De cuadros o de Masas

2.2.6 Los Grupos de Presión

2.2.7 La Regulación Constitucional Salvadoreña

2.3 Opción de Cargos Públicos

3. Los Deberes Políticos

3.1 Ejercer el Sufragio

3.2 El Cumplimiento de la Constitución

3.3 Velar por que se cumpla la Constitución

3.4 Servicio Al Estado

CAPITULO VI

LAS ANOMALÍAS LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS DEL PROCESO ELECTORAL Y SUS CONSECUENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DE LOS EVENTOS ELECTORALES.

1. Los procesos electorales desde 1960 a 1969

2. Los procesos electorales desde 1970 a 1979

3. Los procesos electorales desde 1980 a 1991

CAPITULO VII

LOS ACUERDOS DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO DE EL SALVADOR Y EL FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL EN MATERIA ELECTORAL.

1. Acuerdos de Paz.

2. Reforma Constitucional


A. Idea General
B. Doctrina
C. Breve Síntesis Histórica Nacional sobre Procedimientos de Reforma Constitucional

3. Tribunal Supremo Electoral

A. El derecho Electoral
B. Antecedentes Jurídicos Salvadoreños.
C. Rango y Naturaleza del Tribunal Supremo Electoral.
D. Organización
E. Competencias
F. Los demás Organismos Electorales
G. Rol Electoral de los Partidos Políticos

CAPITULO VIII

EL NUEVO ORDEN ELECTORAL, EL CÓDIGO ELECTORAL Y LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROCESO ELECTORAL.

1. Avances en Materia Electoral

2. El nuevo Orden Electoral

3. Marco Jurídico

3.1 El Código Electoral

4. Las Condiciones Mínimas para la verificación de un Evento Electoral y los Acuerdos de Paz.

4.1 Significado de los Acuerdos de Paz
4.2 Balance de los Acuerdos de Paz
4.3 La Desmilitarización
4.4 El Registro Electoral

CAPITULO IX

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. Conclusiones
b. Recomendaciones

Bibliografía.
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INTRODUCCIÓN

Entre las distintas áreas de asignación de tema de tésis, escogí el área política y como tema "Las Condiciones Mínimas para la Verificación de un Evento Electoral".

El tema de tesis se escogió por interés personal y por ser de suma actualidad a la vida democrática del país, pues los salvadoreños estamos frente a un nuevo proceso electoral, 1994, año que marca un punto crucial en el calendario político salvadoreños, pues se van a realizar las primeras elecciones, después del Acuerdo de Chapultepec, México, acuerdo que puso fin a la guerra, la finalización del conflicto armado ha liberado al país para enfrentar otros problemas graves, que no han sido resueltos por el Acuerdo de Paz y cuya resolución es necesaria y urgente para la construcción de la democracia.

Es una tarea ingente y complicada, pero hay que aplicarse a ella cuanto antes y con todos los recursos disponibles. Sólo en la medida que El Salvador vaya resolviendo estos graves problemas que la desafían históricamente, irá alejándose de la guerra e irá aproximándose a la posibilidad de una convivencia más solidaria y fraternal.

El proceso electoral de 1994 es una dificultad adicional para enfrentar estos desafíos, como la pobreza, la desigualdad jurídica, la injusticia social, la dignidad humana, la incapacidad gubernamental, el autoritarismo, el verticalismo, la impunidad, etc. Los intereses electorales, cuyo objeto es la toma del poder del Estado, no sólo distorsiona sino que hasta pueden ser contrarios a los intereses nacionales. Las elecciones de 1994 presentan la particularidad que entra en discusión el poder total es decir, la Presidencia y la Vicepresidencia, la totalidad de la Asamblea Legislativa y los 262 Concejos Municipales.

En el trabajo de tesis no se pretende hacer una proyección integral del deber ser nacional; sino que pretende en el vislumbrar una parte del nuevo orden político, el referente al área electoral; la conformación de un nuevo orden electoral es una parte indispensable en el desarrollo nacional integral, pretender que las reformas constitucionales y el Código Electoral por sí solas son suficientes para orientarnos a una nueva sociedad, es tan falso como creer que la paz en El Salvador se ha logrado con solo silenciar los fusiles.


El trabajo de tesis se divide en siete capítulos, algunos contienen el estudio de la doctrina y normas legales del Derecho Constitucional Salvadoreño, que tienen referencia con el proceso electoral, especialmente en los Derechos y Deberes Políticos de los Ciudadanos; se hace una reseña histórica de los procesos electorales desde el año de 1824 hasta el 10 de marzo de 1991, procesos electorales debidamente comentados y realizando un análisis de cada uno de ellos con verdadera objetividad y juicio crítico, de cada realidad política que se estudia; algunos procesos electorales, en cuanto a sus relatos e incidencias han sido vividos por quién hace este trabajo de tesis, pues conformo parte del Concejo Central de Elecciones, durante los años 1966, 1967, 1968, cargo que se desempeñó con alto espíritu patriótico y prueba de ello es que al retiro de dicho cargo hubo un reconocimiento público a la labor realizada especialmente a la imparcialidad por los tres partidos de oposición de esa época: Demócrata Cristiano, Acción Renovadora, Popular Salvadoreño. Además en el trabajo de tesis se tendrá una visión de la realidad política salvadoreña, especialmente después de los Acuerdos de Paz y la importancia de crear un nuevo orden político sobre las bases de la equidad, justicia, respeto a los derechos humanos, legitimación y legalización de todas las fuerzas políticas.

Considero que la presente tesis tiene un valor para las presentes y futuras generaciones del país pues vivimos un momento crucial donde todos los salvadoreños tratamos de aportar nuestros esfuerzos para construir un nuevo pensamiento en lugar de hundirnos en los viejos errores.

La historia nos ha puesto frente a una coyuntura verdaderamente única, que nos permite realizar cambios profundos en las estructuras, económica, política y social, que podrían marcar un paso definitivo entre un pasado doloroso, oscuro e injusto a un futuro pleno de realizaciones sociales.

CAPITULO I.

PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.

El tema de la presente tesis, es de suma importancia porque se marca un punto crucial en el calendario político salvadoreño; por esta razón hemos tratado de investigar cualquier obra, revista o documento que trate de enfocar el tema de las Condiciones Mínimas para la Verificación de un Evento Electoral" y no hemos encontrado a la fecha que exista un estudio que sea merecedor de tenerlo en cuenta.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

El tema de tesis, se escogió por interés personal y por ser de suma actualidad a la vida democrática del país, pues los salvadoreños estamos frente a un nuevo proceso electoral a realizarse en Marzo de 1994 con la característica de ser la primer consulta electoral después de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin al conflicto armado; liberando al país para enfrentar otros graves problemas, cuya resolución es urgente para la construcción de la democracia y que no fueron resueltos en los Acuerdos de Paz.

Las elecciones de 1994, presentan la particularidad que entra en discusión el poder total, es decir: La Presidencia y Vicepresidencia de la República, la totalidad de la Asamblea Legislativa y los 262 Concejos Municipales.

En el trabajo de tesis, no se pretende hacer una proyección integral del deber de ser nacional, sino vislumbrar una parte del nuevo orden político, especialmente el que se refiere al área electoral.

El nuevo orden electoral no puede ser construido sobre las bases legales reflejadas en un conjunto de normas y principios, va más allá, trasciende la limitante que nos determina el resultado de una elección; es por ello que decimos que las estructuras electorales son partes de las estructuras políticas y estas a su vez son parte de las estructuras nacionales que conforman el orden político, jurídico, económico y social, la íntima interrelación de las mismas nos conlleva a sostener que cualquier idea, cualquier acción, cualquier determinación sobre cualquiera de las áreas del orden nacional deben tomar en cuenta su relación con las otras.

Para que un país como el nuestro, el resultado de una consulta electoral sea concatenante con los resultados de otras acciones no electorales, las acciones del grupo ganador en las elecciones deben encaminarse a la concretización y realización de un plan general predeterminado a través y una concertación general de amplia base.

Considero que el presente trabajo de investigación tiene un valor para las presentes y futuras generaciones del país, pues vivimos un momento crucial donde todos los salvadoreños tratamos de aportar nuestros esfuerzos para construir un nuevo pensamiento en lugar de hundirnos en los viejos errores.

La historia nos coloca frente a una coyuntura verdaderamente única, que nos permite realizar cambios profundos en la estructura económica, política y social.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

A. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO SOCIO HISTÓRICO.

De las Condiciones Mínimas para la Verificación de un Evento Electoral, es la ingerencia militar en la vida política del país y para ello hemos tratado de sintetizar el marco histórico de la participación política de los militares.

En El Salvador, con la llegada de los militares a la Presidencia de la República en Diciembre de 1931, como producto de un golpe de estado contra el legítimo gobernante, Ingeniero Arturo Araujo, se inicia un período de una gran participación política de la Fuerza Armada, donde a pesar de que en las diferentes constituciones que se han dado, se indica en forma clara cual debe ser el papel que le corresponde.

Se debe de tener presente que durante el tiempo comprendido entre diciembre de 1931 y mayo de 1982, hay una presencia ininterrumpida de militares en la cúpula del Poder Ejecutivo.

En todo este período, que comprende más de 50 años, no se puede apreciar que los militares, hayan tenido un proyecto politico definido y con suficiente claridad y que pueda considerarse como propio de ellos, por el contrario lo que si se puede observar es el hecho que los intereses que han representado y defendido son los que vienen determinados por los de la fracción hegemónica que domina en el bloque en el poder. Es por ello que el papel que le corresponde al estamento militar se inserta en el concepto de seguridad nacional, entendida ésta como la defensa de los intereses del bloque en el poder y más específicamente de la fracción que allí domina. De donde se deduce que el papel que en realidad le ha tocado desempeñar a la Fuerza Armada es el de combatir cualquier manifestación que pretenda alterar o subvertir dicha situación que en la práctica se reduce a detener cualquiera intención de organización que tienda a alterar el statu-quo dominante que en el lenguaje popular se define como "lucha anticomunista", situación que en los acuerdos de paz, ha sido superada.

Para comprender el por de la anterior afirmación es necesario hacer una ubicación socio-histórica. Como consecuencia de la depresión mundial de los años 30, se generó en El salvador un gran descontento social, que fue conducido por estudiantes universitarios, líderes obreros y campesinos, que formaban del recién constituido Partido Comunista Salvadoreño, entre ellos se destacaba Farabundo Martir, o Farabundo Martí. Las primeras expresiones de descontento lograron traducirse en movilizaciones populares en diversos lugares del territorio salvadoreño, el Gobierno de la época no encontró la forma de como atender las demandas que a diario le hacía llegar el conglomerado social, lo cual sirvió de tierra abonada para que la efervescencia social se acrecentara. El panorama socio político se fue volviendo cada vez más y más complejo y problemático, ante el peligro que para la estabilidad del Estado representaba dicha situación, el ejército tomó la decisión de deponer al Presidente Araujo en Diciembre de 1931 y después de una Junta Provisional asumió la Presidencia de la República, el General Maximiliano Hernández Martínez.

Una vez llegado al poder, inició los preparativos para contener el descontento popular.

Para las elecciones municipales que se efectuaron en enero de 1932, los partidos populares, entre ellos el recién creado Partido Comunista, fueron claros ganadores en muchos lugares, pero el régimen les negó el reconocimiento dando inicio con ello a los fraudes electorales de parte de los militares en contra la voluntad mayoritaria de la población. El fraude, aunado a la crisis socio-económica, provocó en la población un mayor descontento, lo cual sirvió para que el pueblo se organizara, situación que posibilitó que se hicieran algunos preparativos y planes para una insurrección incluso su fecha fue pospuesta en varias ocasiones según relato verbal que le hiciera a quien hace esta tesis, el señor Miguel Mármol, uno de los dirigentes de los sucesos de 1932.

Concertada la fecha para el 22 de enero, la respuesta del gobierno no se hizo esperar, se ordenó acabar a sangre y fuego la insurrección, se calcula que no menos de 30 mil muertos dejó la represión desatada por las fuerzas del gobierno.Con ello el gobierno resolvió por ese momento el problema que le ocasionaba el enorme descontento y la movilización social, con lo cual defirió la solución a las enormes problemas estructurales, que aquejan de antaño a la sociedad salvadoreña. Pero posibilitó por largos años que no se pusiera en peligro el estatu-quo oligárquico, lo cual les permitió cierta seguridad a sus intereses, así como la factibilidad de acumulación y valoración de sus capitales.

A partir de dicho momento, se instrumentaliza la frase de combatir al comunismo por parte de los diferentes gobiernos de turno y a nuestro entender, ha sido el único esquema politico definido que ha tenido la Fuerza Armada Salvadoreña, durante todo el período de preeminencia política que tuvo.

Si bien en cierto que esta situación posibilitó cierto grado de certidumbre para los inversionistas, pero al no resolver la contradicción que se opera al interior de la sociedad como es, la falta de igualdad en las oportunidades el desempleo basto y crónico, la explotación y el atropello, la negación de los elementales derechos políticos, económicos y sociales, el irrespeto al orden constitucional, los campesino hambrientos de tierra, la injusta distribución del ingreso nacional, la corrupción, el fraude electoral y principalmente la secular injusticia social e institucional, El Salvador, desde el tiempo de la colonia, ha tenido estructura piramidal, en la cual un pequeño grupo que se encuentra en la cúspide posee, administra y obtiene la mayor parte de la riqueza nacional y ésto le da a dicho grupo los medios para controlar la acción política de los gobernantes de turno y crear situaciones socio-políticas-económicas rígidas y estáticas que, si bien son las que más convienen a sus intereses, aniquilan el esfuerzo de superación del individuo y de la comunidad.

Lo que les preocupa es cuando diversos sectores de la población se han organizado con la finalidad de resolver algunos de dichos problemas, siempre se les aplicó la máxima de que era agitación comunista, es decir contraria al estatu-quo oligárquico, de alli que fuera objeto de represión e intimidación con la finalidad de desarticularlo.

Esta combinación de anticomunismo con la defensa de los intereses de la fracción hegemónica, ha conducido a diversas crisis gubernamentales y no del Estado, que han sido resueltas por medio de la tradicional fórmula del golpe de estado, donde el aspecto electoral no ha sido considerado, es decir que la forma en como se solucionan los diferendos al interior del bloque en el poder, no pasa por la consulta al pueblo por medio de elecciones, sino que se resuelven a su interior. En cada uno de los golpes de estado, que se han dado en la historia de El Salvador a partir de la llegada del General Maximiliano Hernández Martínez, el resultado político más obvio se ha experimentado a nivel de la composición del bloque en el poder ya sea que la fracción hegemónica se ha visto desplazada por otra o bien porque entra una nueva fracción o sale alguna del bloque de poder.

En 1944, fue derrocado el General Maximiliano Hernández Martínez, quien permaneció en el poder por 14 años, el había decretado una serie de leyes que tendían a modernizar el sistema económico productivo, así crea el Banco Central de Reserva, el Banco Hipotecario, da una ley moratoria para evitar embargos productor de la crísis, etc. Pero a la par habían otras disposiciones que frenaban el desarrollo de las fuerzas productivas, así se prohibía el establecimiento de fábricas que tuvieran más de 50 ó 60 operarios, pero a la par habían medidas de protección y promoción de las artesanías, medidas de reforma agraria para evitar otro alzamiento popular como el de 1932, ya que el haber permitido la instalación de grandes fábricas hubiera salido perjudicada la artesanía y se convertiría en un nuevo foco de cuestionamiento y descontento popular.

Durante el régimen se privilegió a la explotación latifundista, donde la producción de café, la ganadería extensiva, fueron las actividades principales.

El hecho de privilegiar la gran extensión agrícola y frenar el expansionismo de la industria manufacturera, ocasionó no pocos cuestionamientos de parte de quienes estaban acumulando en el sector comercial y agropecuario y que buscaban un nuevo sector donde poder colocar en forma rentable sus excedentes, para ello vislumbraban que la industria era dicho sector; máxime que en América Latina, como producto de la crisis de los años 30, se había desencadenado un tremendo dinamismo hacia las inversiones en la industria, que se ofrecían como la única oportunidad que garantizaría el no volver a caer en una crisis de similares consecuencias.

Las condiciones estaban dadas, sólo había que conseguir un grupo de militares que derrocaran al General Maximiliano Hernández Martínez, dándole un golpe de estado, máxime que era un claro violador de la Constitución Política de la época.

Gracias a ese golpe de estado se logra modificar la composición del bloque en el poder y esta vez se introdujo el incipiente sector industrial, pero siempre con vínculos agrarios, manteniéndose el sector oligárquico terrateniente como fracción dominante.

Poco duró esta situación ya que las pugnas eran demasiado fuertes y se necesitaba de un mayor apoyo dirigido a posibilitar la modernización industrial, así se da un nuevo golpe de estado en 1948, se promulga una nueva Constitución la de 1950, que introdujo una serie de preceptos que establecían avances sociales importantes, tal como que la propiedad privada tendrían que estar en función social, en ese período ejerció el mando presidencial el Mayor Oscar Osorio, quien dentro de su mandato, introdujo nuevas legislaciones que facilitaban las actividades industriales, indudablemente la disputa en el poder continuó entre los sectores agrarios y el sector industrial, pero en la disputa política que precedió al golpe de estado de 1948, se aprecia que los sectores industriales exigían mayores libertades.

Todo parece indicar que se llegó a un entendimiento en el sentido que a la vieja clase terrateniente, la modernización industrial no afectaría sus posiciones y a la vez se le ofrecían nuevos cultivos, algodón y caña de azúcar, que llegaron a constituir rubros de importancia para la economía del país.

Posteriormente se producen los golpes de estado de 1960, en el año de 1961, se da una constitución, conocida comúnmente como la de 1961, muy similar a la de 1950. A partir del año de 1961, al bloque en el poder, se le incorpora nuevas fracciones: La del gran comercio que llevaría adelante la expansión del Mercomún y la del capital financiero.

La puesta en marcha del mercomún, posibilitó que no se pusiera en marcha en los años 60, un proyecto de reforma agraria que contaba con la venia de los Estados Unidos de América, por medio del programa Alianza para el Progreso, ya que con la ampliación del mercado hacia el resto de los países de América Central, se logró al menos y por un mediano plazo, la posibilidad de colocar el incremento de producción del sector industrial, pero ésto no duró mucho, pues a mediados de los 60 el Mercomún ya mostraba dificultades y recibió el quiebre total en el año de 1969 cuando se realiza la guerra entre El Salvador y Honduras.

Durante la segunda mitad de los 60, se inició un proceso de repercusiones amplias en la forma de reproducción ideológica del sistema político, dos grandes aliados del oficialismo, como hasta ese entonces había sido el Magisterio y la Iglesia Católica, comienzan a tener posiciones contestatarias. El Magisterio influido por posiciones reinvindicativas, entró en grandes dificultades con el Ministerio de Educación y la Iglesia Católica luego del Concilio Vaticano II, dió origen a la Teología de la Liberación.

La conjunción de ambos aspectos posibilitó la toma de conciencia de amplios sectores populares, que le fueron perdiendo el miedo al oficialismo gubernamental y a sus aparatos de opresión lo que posibilitó un mayor nivel de organización popular contestataria a las posiciones del gobierno. Durante los años 70/79 el bloque de poder estuvo conformado por las siguientes fracciones: (a) La Industrial del Mercomún (b) El Financiero (c) El Sector Industrial de la oligarquía (d) La Vieja clase terrateniente oligárquica.

Resulta difícil identificar cual era la hegemónica, todo parece indicar que se daban alianzas temporales, entre algunas fracciones y en momentos difíciles donde se podría poner en peligro la reproducción del capital genérico unían esfuerzos.

A lo largo de este período, se genera un fuerte movimiento político a nivel de partidos y de organizaciones sociales; por el lado de los partidos políticos, es importante destacar que se logró conformar una coalición sui generis donde el Partido Demócrata Cristiano; el Movimiento Nacional Revolucionario y la Unión Democrática Nacionalista se unen en la Unión Nacional Opositora, para conformar un bloque electoral de oposición política al Partido Oficial de la época, el Partido de Conciliación Nacional (PCN); para las elecciones presidenciales de 1972 y 1977, la UNO presentó candidatos únicos, nombrados por consenso de los tres partidos que lo conformaron, en las dos ocasiones fue claro el triunfo electoral, pero para evitar su reconocimiento en ambas elecciones, se produjo un tremendo fraude.

La frustración de la población fue notoria, al tomar conciencia de que electoralmente le era imposible poder participar en forma democrática para modificar el sistema político, comienzan paulatinamente a formarse organizaciones que plantean la lucha militar como el único camino alternativo para cambiar el estado salvadoreño, así nacen las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y la Resistencia Nacional (RN), que combinaron su accionar con las organizaciones populares de masa como el Bloque Popular Revolucionario (BPR) el Frente de Acción Popular Unificado (FAPU) y las Ligas Populares 28 de Febrero (LP28) y consideraban factible generar situaciones insurreccionales, estas forms de organización se nutren de sectores de la población que han comprendido que para modificar el estatu-quo la vía electoral no tiene espacio.

Consideramos que en buena medida la respuesta gubernamental a la crísis social que se estaba gestando fue la de presentar dentro del Plan de Desarrollo del período 1972/1976, la necesidad de impulsar un programa de reforma agraria; en 1976 se decreta el Primer Distrito de Transformación Agraria, afectando la hacienda más grande de El Salvador "La Carrera", con esta medida se pretendía disminuirle el nivel de influencia a los terratenientes oligarcas dentro del bloque en el poder.

Para que el Gobierno se animara a tomar dichas medidas, le era indispensable ya sea contar con la anuencia de sectores industriales y financieros que formaban parte del bloque en el poder.

El 29 de junio de 1976, la Asamblea Legislativa aprueba la ley del primer Distrito de Transformación Agraria.

El 30 de Junio, el Decreto es ratificado por el Poder ejecutivo y el 1° de julio, el Presidente de la República Coronel Arturo Armando Molina lo anuncia a la nación.

El proyecto se enmarcaba dentro de los principios constitucionales, por tanto no podía ser objetado jurídicamente a través de la Corte Suprema de Justicia. Políticamente, pretendía quebrar el poder económico y por tanto el político de la tradicional clase terrateniente oligárquica, lo cual implicaba su desplazamiento como parte integrante del bloque en el poder.

Inmediatamente después de su lanzamiento, los sectores afectados realizaron un tremendo esfuerzo de convencimiento e hicieron a favor de sus posiciones y todas sus organizaciones gremiales rechazaron en forma categórica al proyecto y para ello se creó el Frente de Agricultores de la Región Oriental (FARO); Organización auspiciada por la Asociación Nacional de Agricultores (ANA) dirigida por la familia Regalado Dueñas. Este relato es bien conocido por quien hace esta tesis, pues en esa época se desempeñó como Asesor de la Junta Directiva de la Asociación de Industriales (ASI) y Asesor Consultor de la Asociación Nacional de la Empresa Privada y el no estar de acuerdo en ciertas posiciones radicales hicieron interponer la renuncia de ambos cargos.

Fue la presión ejercida en tal forma que el intento de Transformación Agraria, apenas tuvo vida entre el 30 de junio y el 19 de octubre de 1966, menos de 4 meses, cuando la Asamblea Legislativa efectuó cambios sustanciales al Decreto original de la Ley.

Los sucesos son indicativos que por encima de los poderes gubernamentales existe un verdadero y real poder como realidad abstracta concreta, que deja sentir su fuerza y poderío, es decir el Bloque en el Poder y éste a su vez controla al Estado en su conjunto incluyendo a las Fuerzas Armadas, que es el ente donde se refleja el poder.

Modificada la ley la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y el Frente de Agricultores de la Región Oriental (FARO), hicieron una declaración pública que entre otras cosas dicen "EN TERMINOS GENERALES CON LAS REFORMAS INTRODUCIDAS SE HAN LOGRADO BORRAR MUCHOS DE SUS ERRORES QUE CONTENÍA, POR OTRA PARTE, HA QUEDADO PLENAMENTE DEMOSTRADO EL PODER Y LA VOLUNTAD DE UN PUEBLO CUANDO SE UNE PARA RECLAMAR SUS DERECHOS" (Las mayúsculas son nuestras).

En la parte resaltada, el bloque en el poder demuestra el poder que tiene para controlar el sistema político, además proclama para sí el ser genéricamente EL PUEBLO, cuando la inmensa mayoría de la población tuvo un simple papel de espectador.

En todo el tiempo que duró la disputa, los partidos políticos de oposición, las organizaciones populares, los sindicatos, etc., tuvieron una incidencia marginal, estableciéndose la lucha entre el Gobierno y las organizaciones corporativas del capital.

Los resultados fueron muy claros se apreció un fortalecimiento y endurecimiento, al interior del sistema político y en las posiciones del bloque en el poder, que se evidenció en una menor permeabilidad en el acceso de las demandas de todo tipo que hicieran los sectores populares, que al mismo tiempo las incrementaron.

Como respuesta a esas demandas populares el Gobierno reaccionó con un mayor nivel de represión, lo que paradójicamente condujo a un mayor fortalecimiento de las organizaciones politico militar, pues ante el cierre de los espacios políticos y el endurecimiento de las posiciones antipopulares, a la población no le quedó otro camino que fortalecer las organizaciones político-militar, comúnmente llamadas organizaciones guerrilleras.

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* Pronunciamiento de la Asociación Salvadoreña de Empresarios.
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En el año de 1977, fue asesinado el Sacerdote Jesuita Rutilio Grande, hecho que conmocionó la cúpula católica de San Salvador, especialmente a Monseñor Oscar Arnulfo Romero (Profeta y Mártir de la Paz) recién nombrado Arzobispo de San Salvador.

Desde ese momento Monseñor Romero inició su tribuna de denuncias, utilizando para ello sus homilías dominicales, de las amplias y constantes violaciones a los derechos humanos que experimentaban los sectores mayoritarios y desprotegido, llegando a decir que él era "LA VOZ DE LOS SIN VOZ"; desde ese momento, Monseñor Romero con su actuación entró en franca confrontación con la posición del Gobierno Convirtiéndose la época de Monseñor Romero en una especia de conciencia crítica de la actuación oficial.

Durante el período de transición entre el fraude eleccionario del General Carlos Humberto Romero y su toma de posesión aconteció un hecho muy significativo, el Canciller señor Mauricio Borgonovo, un prominente miembro del gran capital, fue secuestrado por las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) y exigían a cambio la liberación de varios reos políticos. El Coronel Armando Molina, quien todavía fungía como Presidente de la República, se hizo acompañar de todo el Alto Mando del Ejército ante las cámaras de televisión y manifestó que no cederían ante las demandas de los secuestradores, con ello estaban condenando a muerte al señor Mauricio Borgonovo, lo cual podría ser interpretado como un cierto distanciamiento entre el Ejército y varios sectores del gran capital, incluso puede deducirse que fue el pago que el Coronel Molina se cobró porque se le abortó su proyecto de Transformación nacional que en otras palabras se incluía la Transformación Agraria.

Por otra parte, los sucesos nicaragüenses acontecidos en 1979 donde fue depuesto del General Anastacio Somoza, y llega al poder el Frente Sandinista, preocuparon enormemente a los Estados Unidos que veía la posibilidad que sucediera algo similar en nuestro país, de allí que comenzaran a planear como salirle adelante a la problemática salvaodreñoa, por otra parte los militares salvadoreños con la experiencia nicaragüense donde la Guardia de Somoza, había sido derrotada les hizo pensar que podría repetirse la historia en El Salvador, lo cual les obligó a diseñar una respuesta inmediata y una vez se pusieron en contacto con el Departamento de Estado, de los Estados Unidos, surgió la idea de deponer al Presidente General Carlos Humberto Romero, el Coronel Mariano Castro Morán en su libro "Función Política del Ejército Salvadoreño en el presente Siglo", ilustra en una forma detallada todos los debates que se dieron al interior de la Fuerza Armada, previos al golpe de estado, el que se cristalizó el 15 de octubre de 1979. Con ocasión del golpe de estado, la Fuerza Armada, emitió una proclama, donde se indicaban claramente lo que se consideraban eran las causas de la problemática salvadoreña y decían: "Producto de anticuadas estructuras económicas, sociales y políticas, que han prevalecido tradicionalmente en el país, que no ofrecen para la mayoría de los habitantes las condiciones mínimas necesarias para que puedan realizarse como seres humanos...conocedora (La fuerza Armada) con certeza de que los gobiernos en turno, productos a su vez de escandalosos fraudes electorales, han adoptado programas inadecuados de desarrollo, en los que los tímidos cambios han sido frenados por el poder económico y político de los sectores conservadores los cuales en todo momento han defendido sus privilegios ancestrales de clases dominantes, poniendo incluso en peligro al capital consciente y de protección social...."

* Función Política del Ejécito Salvadoreño, Coronel Mariano Castro Morán.
* Proclama de la Fuerza Armada Salvadorña, 1979.

De las consideraciones que hace la Fuerza Armada, se puede deducir, que el golpe de estado obedeció a la necesidad de cambiar la estructura de poder imperante en el Sistema Político Salvadoreño, ya que se había llegado al extremo en poner en riesgo el sistema mismo. De allí que se considere indispensable restarle poder económico y político a los sectores conservadores, para lo cual se propuso la Reforma Agraria como medida fundamental, por lo tanto con el golpe de estado, se pretendió desplazar del bloque en el poder a la tradicional oligarquía terrateniente y además colocar como fracción hegemónica a ese sector denominado "Capital Consciente y de Proyección Social" que no es otra cosa que el capital industrial y comercial, que no se opone a las reformas y que lejos de ello las aprueba y promueven, por que le son beneficiosas ya que sirven para generar demanda interna, vía una mejor distribución del ingreso, la Junta de Gobierno fracasó y el Partido Demócrata Cristiano hace un pacto con la Fuerza Armada; la nueva Junta Militar Democristiana, trata de quitarle banderas de lucha al Movimiento Popular, con la finalidad de restarle bases de apoyo y con ese fín decreta dos significativas reformas, la agraria y la nacionalización de la banca, que si bien afectaban al poder oligarca su principal finalidad era una medida de contra-insurgencia y pretendía apaciguar los ánimos de los sectores populares.

Los mismos Estados Unidos, llegaron a reconocer que los originadores de la caótica situación salvadoreña, es el exagerado poder que se encuentra concentrado en la oligarquía y que debe ser desmantelado para que El Salvador garantice su viabilidad como nación hacia el futuro pero siempre dentro del sistema democrático. Esta tesis está contenida en el informe Kissinger, sobre Centro América, 1984, aspecto que viene a confirmar la validez de la hipótesis que el golpe de estado de Octubre de 1979, se realizó llevando como un objetivo básico el de quitar del bloque en el poder a la oligarquía recalcitrante, para que de esta forma poder modernizar el capitalismo salvadoreño y garantizar su permanencia.

* Cita Informe Kissinger, sobre Centro América, 1984.

Las reformas fueron recibidas con bastante escepticismo dentro de este contexto histórico el 24 e marzo de 1980 es asesinado Monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien un día antes en su homilía Dominical había hecho un llamado a los soldados para que pararan la matanza del pueblo y sus palabras textuales fueron "En nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben cada vez más altos y ante la orden de un hombre, deber prevalecer la ley de Dios que dice: No matarás, por ello les suplico, les ruego, les ordeno: cesen la represión". A los trece años una comisión de la verdad ha puesto en claro quienes fueron los autores materiales e intelectuales del Profeta y Martir de la Paz.

Durante los años 80, nace el Frente Democrático Revolucionario (FDR) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

En los años 80, la Fuerza Armada se centró en desarrollar la guerra y buscar una victoria militar sobre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, por tanto su papel dentro del Sistema Político debería modificarse y circunscribirse a obtener apoyo así como garantizar que la oligarquía no pueda recomponer su poder.

A finales de 1981, se convoca a elecciones para marzo de 1982, para estas elecciones la oligarquía logra recomponer parte de sus fuerzas y funda el Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), este aspecto va a modificar el accionar político de la oligarquía que bajo el común denominador de la extrema derecha se presenta con candidatos propios por primera vez desde 1930, se ven en la necesidad que sus miembros saquen la cara en términos políticos, es decir que los cuadros de dirigencia, los activistas, los candidatos etc, pertenecen a las familias e mayor tradición. En otras palabras, dejan de confiar en que representen sus intereses, tal como aconteció en los últimos años con el Partido de Conciliación Nacional, desde ese momento serán ellos mismos quienes se encargar´na de dirigir sus propios destinos políticos.

Otro hecho importantes durante los años 80, es el nacimiento de la Convergencia Democrática, cuyo pacto fue firmado en la Ciudad de Guatemala en octubre de 1987, y nace con cuatro grandes objetivos:

a) Luchar por una solución político negociada, al conflicto salvadoreño.

b) Lograr la recuperación de la soberanía nacional.

c) Establecer una auténtica democracia.

d) Establecer una economía al servicio de los sectores populares.

Para las elecciones presidenciales de 1989, participó por primera vez, dentro del período de guerra, una fuerza de izquierda democrática, en concreto la Convergencia Democrática, logrando el cuarto lugar en la votación, aunque desde que se tomó la decisión de su participación no se hizo con el propósito de ganar sino de impulsar los cuatro objetivos que sirvieron de base para firmar el pacto.

En el año de 1989, las elecciones para Presidente y Vice Presidente de la República, fueron ganados por el Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y al tomar la posesión dio inicio a un proceso de desmontar el marco jurídico en que se basó el gobierno de la Democracia Cristiana, en primer lugar al contar con los tres poderes del Estado a su favor, una Corte Suprema de Justicia nombrada por la Asamblea Legislativa que también era dominada por el Partido Alianza Republicana Nacionalista y el Ejecutivo que cuenta con la figura del Presidente Alfredo Cristiani. Es decir, que tenían el control absoluto sobre el Estado.

El Gobierno de ARENA se presenta bajo una concepción neoliberal lo cual implica, que se opone a toda intervención en la economía por parte del Estado.


Se inicia un retroceso en las reformas implementadas en 1980, se elimina la nacionalización en la exportación del café y de la caña de azúcar, con la desnaturalización del INCAFÉ y del INAZUCAR, se privatiza la Banca, se suprime la regulación de precios de los productos básicos alimenticios. Es decir se opera un proceso de ajustes estructurales al estilo que proponen el Fondo Monetario Internacional "FMI" y el Banco Mundial (BM).

El Presidente Alfredo Cristiani, desde su inicio presentó una oportunidad de darle continuidad al proceso de búsqueda de una solución política negociada a la situación de guerra, para lo cual formó una comisión de diálogo.

El 11 de noviembre de 1989 el Frente Farabundo Martí dio inicio a la ofensiva más fuerte que lanzó en todo el período de guerra, ocupando durante varios días amplios sectores de la zona metropolitana de San Salvador. En esta ocasión se produce el asesinato de los seis sacerdotes Jesuitas y dos empleadas, a manos de elementos de la Fuerza Armada.

Para el gobierno de Alianza Republicana Nacionalista, se convirtió en una necesidad el iniciar un proceso serio de diálogo, pues de lo contrario su programa económica no podía dar los resultados esperados.

El Frente Farabundo Martí también presentaba apuros, el primero de carácter ideológico, el derrumbe de Europa del Este y el segundo logístico, cuando los sandinistas pierden las elecciones en Nicaragua.

Así las cosas el 4 de abril de 1990, el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí firman el Ginebra, Suiza ante el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un acuerdo que se han dado en llamarle "Acuerdos de Ginebra" y dentro de su contenido cabe destacar lo siguiente:

-Ninguna de las partes puede abandonar la negociación
-Confidencialidad para ambas partes
-Aceptar que en el proceso de negociación en necesario incluir otros actores
-propósito de poner fin a la guerra, impulsar la democratización y respeto a los derechos humanos.

Después del Acuerdo de Ginebra, se celebraron varias reuniones hasta llegar a la firma del Acuerdo de Paz el 16 de Enero de 1992 en dicho acuerdos se incluyeron varias temáticas y la que nos interesa sobre todo es el referente a la Fuerza Armada, pues uno de los problemas que se han presentado en los procesos electorales es la intervención del Ejército en el resultado de las elecciones.

Los Acuerdos de Paz contienen puntos de partida para caminos de reconciliación y construcción de una nueva sociedad, semillas de posibles cambios sociales que garanticen el desarrollo pleno, mecanismos facilitadores de la acción concertada que se necesita en El Salvador para abordar la gran tarea de la Revolución Social.

Indican también avances sustanciales hacia un nuevo país. Lo primero que se tiene que tener claro es que, así como el fin de la guerra es el resultado del esfuerzo y miles de vidas de salvadoreños, el período de transición hacia la paz y la reconciliación material y espiritual también lo es.

Se trata de construir una nueva sociedad que haga posible una nueva forma de convivencia, se trata de construir una nueva economía que atienda la equidad social.

Dentro de esa profundización en las modificaciones evolutivas hacia un estado de mejor convivencia social los Acuerdos contienen premisas importantes como son: que los diferendos políticos se diriman en forma civilizada, ya no con el uso de la violencia.

B. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.

Se argumenta que en El Salvador existe un sistema electoral que formaliza e institucionaliza la democracia en forma artificial y que no deja de ser solamente una parte de lo que significa como forma de vida. Se dice también que nunca en la historia de un país latinoamericano se tuvo que luchar tanto y tal prolongadamente para instaurar un proceso democrático, por cuanto, repetidamente el pueblo salvadoreño ha demostrado su vocación inquebrantable de asistir a las consultas populares. Opiniones tan controversiales como estas viven y germinan en la mente de los salvadoreños; cada uno tiene su propia apreciación sobre lo que el país ha pasado en materia de procesos electorales.

Resulta difícil la tarea de estudiar con detenimiento, objetividad y juicio crítico una realidad política como la nuestra, sin caer en los peligros del subjetivismo y la corta apreciación producto de la relativa visión que cada uno de los salvadoreños tiene de esa realidad tan compleja; sin embargo no debemos de permitir que la parálisis intelectual se apodere de nosotros y no se investigue sobre tan valiosos material histórico.

El país sin lugar a dudas vive un proceso de profunda incertidumbre.

En la década de los 80 se presentaron dos proyectos políticos y se inició la carrera para determinar cual era el vencedor.

Uno de ellos lo encabezan las fuerzas democráticas que abogan por el establecimiento de un sistema pluralista en el cual se contempla la existencia de ideologías políticas y se pueda con todos los instrumentos de la democracia participar periódicamente en procesos electorales que permitan al pueblo en general emitir con su voto la opinión política que tienen sobre las ideologías en pugna y de esta manera elegir el tipo de gobierno que ha de dirigir el país.

El otro proyecto cree en la lucha revolucionaria armada como método y camino para alcanzar el poder no acepta los procesos electorales como hechos verdaderamente representativos para elegir a los gobernantes, porque alude que no existen las garantías mínimas para poder realizar un trabajo político y que a la vez no existen mecanismos confiables para dar credibilidad a los organismos electorales y por consiguiente los resultados que de el emanen; por lo tanto, la única posibilidad real que existe para la toma del poder es por la vía de las armas.

En este proyecto la toma de decisión de quienes lo impulsaron se ha debido a los procesos electorales, fraudulentos de épocas pasadas que han sido propiciados por la oligarquía recalcitrante y el militarismo, negándole al pueblo su libertad.

Después de doce años de guerra uno de los proyectos, el primero ha sido el ganador y los procesos electorales indican que los salvadoreños se han inclinado por el proyecto de las fuerzas democráticas.

En cada ocasión que se ha convocado al pueblo durante los últimos doce años, para una consulta popular ésta acudió masivamente a depositar su voto, pese a las amenazas, los abotajes, los paros al transporte colectivo y la violencia generalizada como producto del conflicto armado. Contrariamente a lo anterior cuando se hicieron llamados de parte de los grupos armados al pueblo para que no emitiera su voto la respuesta fue sumamente débil.

Y no se acepta un ningún momento la posibilidad de otorgarle el poder a un grupo político que no lucha mediante el voto para alcanzarlo. La historia se ha clarificado en este sentido en El Salvador y confirman la vocación democrática que se ha venido moldeando a lo largo del tiempo y el rechazo sistemático a la violencia como expresión de un medio para alcanzar el poder. Bajo esta óptica juegan un papel relevante los partidos políticos, como instituciones básicas del sistema democrático, sin ellos no ha democracia real.

Los partidos políticos, son instituciones ligadas total y exclusivamente al sistema democrático, por cuanto su desarrollo, determina en gran medida la madurez del sistema y éste determina la sobrevivencia de ellos.

La trilogía: Partido, democracia y voto es la esencia que conforma el sistema y que produce una dinámica que puede decirse caracteriza rasgos básicos de una forma de vida política. En El Salvador un rasgo fundamental dentro de este proceso de aproximación a la democracia es la voluntad de voto que tiene el pueblo, expresándose en un fenómeno casi cultural a través de la historia en el cual cada evento electoral puro o fraudulento el pueblo ha emitido el sufragio.

Desde principios de siglo hasta la década de los setenta las elecciones fueron procesos viciados en los cuales se buscaba legitimar a gobiernos que no respondían a los deseos del pueblo, no obstante se acudía a las urnas y se depositaba el voto. La gente conocía perfectamente de los vicios que adolecían estas seudo-elecciones y sin embargo, como una forma de disciplina cultural de acudía a depositar el voto.

Este es un hecho que puede definirnos que el salvadoreño no le tiene miedo al sufragio y más bien concibe esta situación como un elemento que forma parte de un estilo de vida.

Es a partir de 1982, con la apertura política que se produce la utilización de este derecho, cambia sustancialmente el voto, ya no es sólo una curiosidad más de la sociedad, es un instrumento que influye y decide realmente sobre el sistema ideológico que ha de prevalecer.

Las elecciones se convierten en un asunto de vida o muerte para el sistema, si se vota el sistema vive, si no se vota, el sistema muere. Esta interrogante se ha planteado a partir de 1982 y estará vigente para las elecciones de 1994.

La democracia ha nacido a la fecha, debemos preocuparnos por que crezca y se fortalezca aún a costa de los ataques de la fuerza cuya concepción totalitaria se obstina en destruirla.

Los dos proyectos a los cuales se apuntó al inicio de los años 80 se han fusionado pues ambos pretenden hoy día llegar al poder por la vía democrática, los grupos armados al vislumbrar los albores de la democracia han depuesto las armas y la violencia, pues han considerado que existen algunas condiciones mínimas para llegar a efecto un evento electoral que pueda ser orgullo para todo el pueblo salvadoreño.

La historia de la democracia en El Salvador, será recordada como un cuento salido de la imaginación de lo que aquí en El Salvador ha pasado, pero que refleja el espíritu de un pueblo luchando por definir su propio destino.

C. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

Con base a lo expuesto, el problema de nuestra investigación se formula de la siguiente manera:
"¿Existen las condiciones mínimas para la verificación de un evento electoral?"

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

A. OBJETIVOS GENERALES.

*Hacer un análisis de la problemática electoral de El Salvador en los últimos 50 años.

*Hacer un análisis del cierre de los espacios políticos y sus consecuencias en la guerra.

* Determinar la importancia de los Acuerdos de Paz.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

*Identificar las condiciones mínimas para la verificación de un evento electoral

* Hacer un examen crítico si en los procesos electorales salvadoreños se han respetado las condiciones mínimas para la verificación de un evento electoral.

*Proponer medidas administrativas y reformas al Código Electoral para el mejor desarrollo de los eventos electorales.

5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

A. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN.

El trabajo que se desarrolla, trata de establecer cuales son las condiciones mínimas para desarrollar un evento electoral.

Primeramente se hará un análisis de los antecedentes históricos de los procesos electorales que se han desarrollado en El Salvador desde el tiempo de la colonia hasta el último proceso electoral en el año de 1991, procesos electorales debidamente comentados y realizando un análisis de cada uno de ellos con verdadera objetividad y juicio crítico de cada realidad política que se estudia.

Luego se hace un análisis del sistema político salvadoreño desde 1931 hasta 1993, analizando como la población salvadoreña durante estos años ha estado fuera de toda con consideración de desarrollo. Comentando que esta situación de marginación se ha podido mantener, por que los aparatos del estado han estado al servicio de mantener el estado oligárquico.

El estamento militar, ha desarrollado un papel de primer orden al ponerse al servicio exclusivo del bloque en el poder.

Se analiza como los militares, no han tenido un proyecto político definido propio de ellos, sino que los intereses que han representado vienen determinados por los de las fracción hegemónica que domina en el bloque de poder.

Se establece el concepto de democratización real de un pueblo, el que debe de basarse fundamentalmente en la participación de los distintos institutos democráticos situados en la enorme gama del espectro político. Se analiza como la participación política favorece el proceso de democratización y como para que esta participación sea efectiva debe fundarse en la justicia.

Este análisis contiene también las dimensiones de la democratización, se analiza la democratización como proceso, pues la democracia es progresiva y es conveniente precisar que el ideal democrático se encarna en la realidad histórica por medio de un proceso cuyas etapas fundamentales son:


a) Instauración
b) Consolidación
c) Perfeccionamiento.

Luego se estudiará la doctrina y normas legales del Derecho Constitucional Salvadoreño que tienen referencia con el proceso electoral.

Se hace un análisis de las anomalías legales administrativas y logísticas del proceso electoral en tres períodos bien definidos:

1. Los procesos electorales desde 1960 a 1969.

Este período es el inicio de la Ley Electoral permanente y la creación del Registro Electoral.

2. Los procesos electorales de 1970 a 1979.

Como el período donde se realizaron los mayores fraudes y violaciones a los procesos electorales aún desde los organismos electorales como era el Consejo Central de Elecciones.

3. Los procesos electorales desde 1980 a 1991.

Es un período donde se dan las fases de la democratización, con la variante del 10 e marzo de 1991 donde el padrón electoral no funcionó como debía en vista de las deficiencias del Registro Electoral, y serias anomalías al proceso electoral.

Se hace un análisis de los Acuerdos de Paz, especialmente las reformas constitucionales, las que se analizan desde el punto de vista doctrinario, como histórico, en esta parte se hace una breve síntesis nacional sobre los procedimientos a las reformas constitucionales.


Análisis a las reformas electorales de conformidad a los acuerdos de Paz. Concepto de Derecho Electoral, el rango y naturaleza del Tribunal Supremo Electoral y los demás organismos electorales y el rol de los partidos políticos.

Además, se hace un análisis desde el año de 1961 de los avances en materia electoral. Y como el nuevo orden electoral no puede ser construido sobre las bases legales reflejadas en un conjunto de normas y principios. La responsabilidad que tienen los partidos políticos en el nuevo orden electoral.

La justicia electoral. El código Electoral, su análisis y propuestas, especialmente de nuevas figuras y mecanismos para el funcionamiento de un evento electoral justo.

Las condiciones mínimas para la verificación de un evento electoral. En relación con los Acuerdos de Paz, el balance de los mismos y la desmilitarización y al pureza del Registro Electoral como requisito mínimos para la verificación de un evento electoral.

B. LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

Nuestra investigación está limitada a la información proporcionada por el Tribunal Supremo Electoral y a la experiencia electoral de quien hace esta tesis, ya que se desempeñó como Miembro integrante del Consejo Central de Elecciones durante los años 1966, 1967, 1968 y durante los años 1962, 1963, 1964 y 1965 se desempeñó como Jefe del Registro Electoral, habiendo sido en gran medida la persona que depuró el Registro Electoral recién elaborado.

El estudio se ha concentrado a las anomalías y vicios de los procesos electorales enunciados en los alcances de la investigación y la Doctrina Constitucional se hace en una forma efímera.


6. HIPÓTESIS.

A. ENUNCIADO

De acuerdo al planteamiento de nuestra investigación, partirá de la hipótesis siguientes:

"¿Existen las condiciones mínimas para la verificación de un evento electoral?"

B. OPERACIONALIDAD.

Nuestra Hipótesis, tiene dos variantes independientes:

La falta de un Registro Electoral confiable y la existencia de una mentalidad militarizada en la sociedad salvadoreña, que hacen una sola variante dependiente que es: Impedir la realización de un evento electoral que reúna las condiciones mínimas para su verificación.
OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO.
7. ESTRATEGIA DE TRABAJO.

Tal como lo hemos expuesto el contenido del presente trabajo requerirá de dos tipos de investigación: Bibliográfica y de campo.

La investigación bibliográfica, en cuanto al tema no he encontrado a la fecha un estudio de tenerlo en cuenta y sólo respecto a los conceptos doctrinarios de Derechos Constitucional se ha hecho de este tipo de investigación.

Además se tendrá como apoyo especial el Código Electoral y demás instrumentos legales que forman el marco normativo de nuestra legislación electoral.

Por otra parte, la investigación de campo, constituirá la parte más importante del trabajo y se llevará a cabo específicamente a dirigentes de partidos políticos y organizaciones sociales.

Estas entrevistas, serán llevadas en forma personal la que serán recopilada y analizada.


8. DESARROLLO CAPITULAR.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

1. Antecedentes del Problema.
2. Justificación de la Investigación.
3. Planteamiento del Problema.

A. Ubicación del Problema en el Contexto Socio Histórico
B. Situación Problemática.
C. Formulación del Problema.

4. Objetivos de la Investigación.

A. Objetivos Generales
b. Objetivos Específicos

5. Delimitación del Problema.

A. Alcance de la Investigación
B. Limitación de la Investigación.

6. Hipótesis

A. Enunciado
B. Operacionalidad

7. Estrategia de trabajo.

CAPITULO II

HISTORIA ELECTORAL

1.Consideraciones Generales
2. Antecedentes Históricos de los Procesos Electorales en El Salvador, desde 1824 a 1991.


CAPITULO III

MARCO SOCIO POLITICO DE EL SALVADOR

1. Análisis del Sistema Socio Político Salvadoreño desde 1931 a 1993

CAPITULO IV

LA DEMOCRATIZACIÓN

1. Concepto.
2. La Participación Política y la Democratización.
3. Dimensiones de la Democratización.
4. La Democratización como Proceso.
4.1 Etapas Fundamentales
a. Instauración
b. Consolidación
c- Perfeccionamiento

CAPITULO V

LOS CIUDADANOS, SUS DERECHOS Y DEBERES POLITICOS Y EL CUERPO ELECTORAL

1. Ciudadanía

1.1 Noción

2. Derechos Políticos

2.1 El Sufragio

2.1.1 Naturaleza Jurídica del Sufragio

2.1.2 Clases de Sufragio

a. Sufragio Universal
b. Sufragio Limitado

2.1.3 El Cuerpo Electoral

a. De la Suspensión de los Derechos Políticos.
b. De la Pérdida de los Derechos Políticos.

2.1.4 Sistemas Electorales.

a. Sistema Directo e Indirecto
b. Sistema Uninominal y Plurinominal
c. Sistema Mayoritario y con re presentación de la minoría
a- Sistemas Empíricos
b- Sistemas Racionales o Proporcionales

2.2 La Asociación Política

2.2.1 Noción

2.2.2 Antecedentes

2.2.3 Su función

2.2.4 Sistemas de partido

2.2.5 Clasificación de los Partidos Políticos

A- De Clase o Pluriclasista
B- De cuadros o de Masas

2.2.6 Los Grupos de Presión

2.2.7 La Regulación Constitucional Salvadoreña

2.3 Opción de Cargos Públicos

3. Los Deberes Politicos

3.1 Ejercer el Sufragio

3.2 El Cumplimiento de la Constitución

3.3 Velar por que se cumpla la Constitución

3.4 Servicio Al Estado

CAPITULO VI

LAS ANOMALÍAS LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICAS DEL PROCESO ELECTORAL Y SUS CONSECUENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DE LOS EVENTOS ELECTORALES.

1. Los procesos electorales desde 1960 a 1969

2. Los procesos electorales desde 1970 a 1979

3. Los procesos electorales desde 1980 a 1991

CAPITULO VII

LOS ACUERDOS DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO DE EL SALVADOR Y EL FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL EN MATERIA ELECTORAL.

1. Acuerdos de Paz.

2. Reforma Constitucional

A. Idea General
B. Doctrina
C. Breve Síntesis Histórica Nacional sobre Procedimientos de Reforma Constitucional

3. Tribunal Supremo Electoral

A. El derecho Electoral
B. Antecedentes Jurídicos Salvadoreños.
C. Rango y Naturaleza del Tribunal Supremo Electoral.
D. Organización
E. Competencias
F. Los demás Organismos Electorales
G. Rol Electoral de los Partidos Políticos

CAPITULO VIII

EL NUEVO ORDEN ELECTORAL, EL CODIGO ELECTORAL Y LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROCESO ELECTORAL.

1. Avances en Materia Electoral

2. El nuevo Orden Electoral

3. Marco Jurídico

3.1 El Código Electoral

4. Las Condiciones Minimas para la verificación de un Evento Electoral y los Acuerdos de Paz.

4.1 Significado de los Acuerdos de Paz
4.2 Balance de los Acuerdos de Paz
4.3 La Desmilitarización
4.4 El Registro Electoral

CAPITULO IX

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA.

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BIBLIOGRAFÍA

1. TEORÍA DEL DERECHO Y DEL ESTADO. Hans kelsen, traducción de Eduardo García Maynes (Profesor de la Universidad de México 1949).

2. DERECHO POLÍTICO. Adolfo Posada.

3 DERECHO CONSTITUCIONAL. Rafael Bielsa.

4. DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO. Luis Sánchez Agesta.

5. DERECHO ADMINISTRATIVO. Gabino Fraga.

6. TEORIA GENERAL DEL ESTADO. Carre de Malberg. Versión al español, José León Depetre (Primera Edición, 1948).

7. MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL. León Duguit. (Segunda Edición) Francisco Beltrán Madris 1926.

8. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. Guillermo Cabanellas.

9. TEORIA DEL ESTADO Y DERECHO CONSTITUCIONAL. González Casanova.

10. DOCUMENTOS HISTORICOS. Constitución Política de 1950.

11. ACUERDOS DE PAZ. Suscritos entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberacón Nacional.

12. MEMORIA DE LABORES, del Consejo Central de Elecciones 1967 y 1968.
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CAPITULO II
HISTORIA ELECTORAL

1. CONSIDERACIONES GENERALES.

Cabe hacernos una pregunta, si existe una democracia en El Salvador, pregunta que muchos se hacen constantemente y sobre la cual surgen innumerables discusiones en todos los ámbitos de la vida nacional.

Se argumenta que en El Salvador existe un sistema electoral que formaliza e institucionaliza la democracia en forma artificial, y que no deja de ser solamente una parte de lo que significa como forma de vida. Se dice también que nunca en la historia de un país Latino Americano se tuvo que luchar tanto y tan prolongadamente para instaurar un proceso democrático, por cuanto, repetidamente el pueblo salvadoreño ha demostrado su vocación inquebrantable de asistir a las consultas populares. Opiniones tan controversiales como esas viven y germinan en la mente de los salvadoreños; cada uno tiene su propia apreciación sobre lo que el país ha pasado en materia de procesos electorales.

Resulta difícil la tarea de estudiar con detenimiento, objetividad y juicio crítico una realidad política como la nuestra. Sin caer en los peligros del subjetivismo y la corta apreciación, producto de la relativa visión que cada uno de los salvadoreños tienen de esa realidad tan compleja; sin embargo no debemos de permitir que la parálisis intelectual se apodere de nosotros y que no se investigue sobre tan valioso material histórico.
El país sin lugar a dudas vive un proceso de profunda incertidumbre.

En la década de los 80 se presentaron dos proyectos políticos y se inició la carrera para determinar cual era el vencedor.

Uno de ellos lo encabezan las fuerzas democráticas que abogan por el establecimiento de un sistema pluralista en el cual se contempla la existencia de ideologías políticas y se pueda con todos los instrumentos de la democracia participar periódicamente en procesos electorales que permitan al pueblo en general emitir con su voto la opinión política que tienen sobre las ideologías en pugna y de esta manera elegir el tipo de gobierno que ha de dirigir el país.

El otro proyecto cree en la lucha revolucionaria armada como método y camino para alcanzar el poder no acepta los procesos electorales como hechos verdaderamente representativos para elegir a los gobernantes, porque alude que no existen las garantías mínimas para poder realizar un trabajo político y que a la vez no existen mecanismos confiables para dar credibilidad a los organismos electorales y por consiguiente los resultados que de el emanen; por lo tanto, la única posibilidad real que existe para la toma del poder es por la vía de las armas.

En este proyecto la toma de decisión de quienes lo impulsaron se ha debido a los procesos electorales, fraudulentos de épocas pasadas que han sido propiciados por la oligarquía recalcitrante y el militarismo, negándole al pueblo su libertad.

Después de doce años de guerra uno de los proyectos, el primero ha sido el ganador y los procesos electorales indican que los salvadoreños se han inclinado por el proyecto de las fuerzas democráticas.

En cada ocasión que se ha convocado al pueblo durante los últimos doce años, para una consulta popular ésta acudió masivamente a depositar su voto, pese a las amenazas, los sabotajes, los paros al transporte colectivo y la violencia generalizada como producto del conflicto armado. Contrariamente a lo anterior cuando se hicieron llamados de parte de los grupos armados al pueblo para que no emitiera su voto la respuesta fue sumamente débil.

Y no se acepta un ningún momento la posibilidad de otorgarle el poder a un grupo político que no lucha mediante el voto para alcanzarlo. La historia se ha clarificado en este sentido en El Salvador y confirman la vocación democrática que se ha venido moldeando a lo largo del tiempo y el rechazo sistemático a la violencia como expresión de un medio para alcanzar el poder. Bajo esta óptica juegan un papel relevante los partidos políticos, como instituciones básicas del sistema democrático, sin ellos no ha democracia real.

Los partidos políticos, son instituciones ligadas total y exclusivamente al sistema democrático, por cuanto su desarrollo, determina en gran medida la madurez del sistema y éste determina la sobrevivencia de ellos.

La trilogía: Partido, democracia y voto es la esencia que conforma el sistema y que produce una dinámica que puede decirse caracteriza rasgos básicos de una forma de vida política. En El Salvador un rasgo fundamental dentro de este proceso de aproximación a la democracia es la voluntad de voto que tiene el pueblo, expresándose en un fenómeno casi cultural a través de la historia en el cual cada evento electoral puro o fraudulento el pueblo ha emitido el sufragio.

Desde principios de siglo hasta la década de los setenta las elecciones fueron procesos viciados en los cuales se buscaba legitimar a gobiernos que no respondían a los deseos del pueblo, no obstante se acudía a las urnas y se depositaba el voto. La gente conocía perfectamente de los vicios que adolecían estas seudo-elecciones y sin embargo, como una forma de disciplina cultural de acudía a depositar el voto.

Este es un hecho que puede definirnos que el salvadoreño no le tiene miedo al sufragio y más bien concibe esta situación como un elemento que forma parte de un estilo de vida.

Es a partir de 1982, con la apertura política que se produce la utilización de este derecho, cambia sustancialmente el voto, ya no es sólo una curiosidad más de la sociedad, es un instrumento que influye y decide realmente sobre el sistema ideológico que ha de prevalecer.

Las elecciones se convierten en un asunto de vida o muerte para el sistema, si se vota el sistema vive, si no se vota, el sistema muere. Esta interrogante se ha planteado a partir de 1982 y estará vigente para las elecciones de 1994.

La democracia ha nacido a la fecha, debemos preocuparnos por que crezca y se fortalezca aún a costa de los ataques de la fuerza cuya concepción totalitaria se obstina en destruirla.

Los dos proyectos a los cuales se apuntó al inicio de los años 80 se han fusionado pues ambos pretenden hoy día llegar al poder por la vía democrática, los grupos armados al vislumbrar los albores de la democracia han depuesto las armas y la violencia, pues han considerado que existen algunas condiciones mínimas para llegar a efecto un evento electoral que pueda ser orgullo para todo el pueblo salvadoreño.

La historia de la democracia en El Salvador, será recordada como un cuento salido de la imaginación de lo que aquí en El Salvador ha pasado, pero que refleja el espíritu de un pueblo luchando por definir su propio destino.

2. ANTECEDENTES DE LOS PROCESOS ELECTORALES EN EL SALVADOR.

Podemos hablar de proceso electorales en este país desde el tiempo de la colonia, no obstante la poca información que a este existe. Cuando en 1811 se produce el levantamiento de un grupo de personas que buscaban una mayor autonomía del dominio español encabezado por el Dr. José Matías Delgado, se produce el fenómeno de la reacción, de la intervención española, la cual inmediatamente destituye a los alcaldes que gobernaban, producto de haber sido electos popularmente, y restringe el inicio de autonomía y libertad que comenzaba a operarse permitiendo que el pueblo eligiera mediante el sufragio a quienes serían sus alcaldes. Pasan varios años en los cuales no se registraron verdaderas elecciones y las que se dan responden a localidades muy reducidas, las cuales se limitaban de vez en cuando a escoger a un representante que decida sobre asuntos de poca importancia.

Se registraron asimismo algunos plebiscitos que se convocaron para decidir sobre aspectos de la localidad.

Se puede decir que después de tres años de la independencia en el año de 1824, se realizan elecciones para elegir a los representantes al primer Congreso que trabaja en la elaboración de una Constitución que regula la organización de la República Federación Centroamericana. Esta Constitución es producto de la primera consulta popular representativa y democrática que se conoce por lo que adquiere una relevancia histórica.

No obstante esta etapa no fue muy feliz. Simultáneamente se organizaban en Centroamérica las Asambleas Estatales.

En El Salvador se elige la primera Asamblea Legislativa y que a su vez promulga la primera Constitución como Estado Centroamericano. En ella se realizaron a la vez las primeras elecciones para Jefe y Vice-Jefe del Estado, los cuales tenían a su cargo la conducción del Organo Ejecutivo, de esta manera quedaba integrado un Estado que se regía por sus propias leyes, y que a la vez formaba del nuevo país centroamericano. Una vez electos los jefes de los Estados que formaban parte de la Federación se convoca a elecciones para elegir las buenas intenciones con que nacía la nueva República, este primer proceso marca a su vez, también el primer desencanto popular, por cuanto no se respetaba la designación.

Héctor Hernández nos relata estos acontecimientos cuando nos dice: "Desde este acontecimiento se empezó a burlar el espíritu de la ley por cuanto estando dividido el territorio en 8 colegios electorales y habiendo obtenido el candidato José Cecilio del Valle, (moderado y conservador) los votos de 41 de los 79 con los que se celebraron los comicios, a él correspondía ser designado por el Congreso como Presidente, pero por un acuerdo entre los partidos en la lucha (Liberal y Conservador), se designó al General Manuel José Arce, que había triunfado en 36 colegios electorales".

Participando únicamente 79 colegios, porque 3 fueron anulados, por diversas razones el Congreso para tomar la decisión que comentamos, argumentó que para obtener la mayoría absoluta sobre la suma total de colegios, o sea 823, y no únicamente sobre los que habían participado efectivamente no había mayoría, y estando en ese caso facultado para designar al Presidente entre las dos primeras mayorías designaba como tal al ciudadano Manuel José Arce, miembro del Partido Liberal. Este hecho nos presenta el inicio del difícil camino que habrían de seguir los pueblos centroamericanos en cuanto a respetar la pureza de las elecciones y permitir una alternatividad del poder que balanceará las distintas posiciones en pugna. Manuel José Arce inicia su mandato con mucha debilidad, producto en gran medida de la forma en que resulta electo, por lo cual no pasa mucho tiempo sin que se inicie un proceso de guerra en todos los estados de la Federación, ésto termina con las posibilidades reales de mando, precipitándose de esa manera la caída del Presidente Arce y su posterior encarcelamiento.

En 1980 el Congreso Federal convoca por segunda vez a elecciones para definir quien será el sucesor de Arce.

Las luchas militares de los años anteriores fortalecieron a un hombre que salió triunfador en las batallas libradas por lograr la hegemonía de los Estados Centroamericanos; ese hombre era el General Morazán. Se consulta al pueblo por medio del voto para definir quien sería y presidente, locamente sale electo Morazán, en un proceso que si bien no se puede calificar de totalmente fraudulento, si existen serias anomalías, provocadas por las posiciones de fuerza implementadas por la gente de Morazán. Los problemas no se hicieron esperar, la violencia tomó cada vez mayor auge y el gobierno hubo de utilizar la fuerza para contener el desbordamiento. No obstante, Morazán logra terminar su primer período y reelegirse para el siguiente, es un proceso viciado que se desarrolla entre intentos de derrocamiento y lucha entre los grupos de poder tanto centroamerica como estatales.

Al estar por finalizar su primer período Morazán insiste en gobernar Centroamérica, enfrentándose a una fuerte lucha en la cual los distintos estados, buscaban por intereses de los caudillos que los dominaban, conseguir una autonomía tal, que les permitiera junto con los conservadores de la época obtener los privilegios del poder económico y político. El Congreso Federal convoca elecciones de Presidente de Centroamérica en los cuales resulta ganador el señor José Cecilio del Valle de tendencia moderada, pero muere antes de tomar posesión de su cargo por lo que el Congreso Federal convoca a nuevos comicios en los que resulta nuevamente electo Francisco Morazán. Este período transcurre entre mayores problemas e intentos de derrocamiento. En esta etapa se encuentran con que Nicaragua, Honduras y Costa Rica no lo apoyan en su lucha unionista, decide permitir al Congreso que emita un decreto que dejará en libertad a todos "los Estados para constituirse del modo que más creyeran conveniente".

Morazán se retira de Centroamérica y con ello muere la República Federal Centroamericana, sin que hasta le fecha pudiera volver a constituirse.

El 27 de enero de 1842, se instala en la ciudad de San Vicente el primer Congreso como República de El Salvador, en la cual se conoce entre otras cosas que se discuten, la elección Presidente y Vice Presidente en la cual sale electo el señor Antonio José Cañas, sin embargo, éste renuncia antes de asumir el cargo y el Congreso nombra el General Juan José Guzmán. La gestión de Guzmán tampoco fue muy afortunada, pues los intentos de desestabilizar su gobierno fueron muchos y en forma continuada. Se convoca a elecciones nuevamente en las cuales surge como ganador el General Francisco Malespín, el cual toma posesión de su cargo el 7 e febrero de 1844. Este se enfrenta a una serie de guerras, las cuales son propiciadas unas por él y otras por las restantes provincias centroamericanas, siempre dentro de ese marco de lucha caudillista que se libra, a la par de la lucha entre liberales y conservadores.

En 1846 el General Guzmán convoca nuevamente a elecciones dado que él terminaba el período para el que había sido electo el General Malespín, al ser derrocado el segundo. Al no existir mayoría absoluta como lo exigía la Constitución, en esas elecciones el Congreso toma la decisión de designar presidente al Doctor Eugenio Aguilar, quien toma posesión de su cargo, y en cuanto lo hace se enfrenta al duro ataque de los conservadores criollo y de los demás países de Centroamérica. El doctor Aguilar no dura mucho tiempo en sus funciones, ya que el año de 1847 se convoca nuevamente a elecciones y en las cuales con el conocido procedimiento resulta electo el señor Doroteo Vasconcelos, quien busca realizar un gobierno cuyo objetivos es consolidarse en el poder y obtener de esa forma posibilidades reales de reelegirse en el siguiente período, como efectivamente ocurrió.

Esto fue a la larga un grave error, pues la inestabilidad de la región no permitía tan audaz iniciativa por lo que fue destituido de su cargo, y en su lugar el congreso designó al señor Félix Quiróz.

Como era usual, el Congreso por medio de las elecciones de segundo grado, designaba al Presidente de la República, lo cual permitía a las fuerzas que tenían el poder real, cambiar a su antojo al Jefe del Organo ejecutivo, y adecuarlo según sus planes e intereses.

En esta etapa de la historia salvadoreña, surge en la escena política un hombre que implanta una nueva modalidad, y es la Asamblea Legislativa la que nombra un Designado a la Presidencia que pudiera ocupar el cargo de Presidente si por algún motivo éste no podía cumplir con su trabajo o debía ser sustituido por alguna falta cometida. Esta persona es el Lic. Francisco Dueñas quien utiliza dicho mecanismo para sustituir a Quiróz y terminar su período y postularse como candidato presidencial en las siguientes elecciones. El Lic. Dueñas se mantiene en el poder por tres períodos consecutivos, por medio de procesos fraudulentos, y es sustituido por José María de San Martín, el 14 de febrero de 1854. Nuevamente se convoca a elecciones en 1854, de las cuales sale electo el señor Rafael Campo, del Partido Liberal. Esta etapa de la historia electoral salvadoreña, puede decirse que no tiene mayores repercusiones sobre el sistema político o de partidos y más bien lo que puede diferenciarse son los estilos de gobierno de carácter personalista, de cada uno de los gobernantes.

En 1858, se realizan nuevamente elecciones de las cuales sale triunfador el General Miguel Tomás Samtin del Castillo, quien a corto plazo deja la presidencia por motivos de salud. En su lugar quedó designado a la Presidencia el Capitán Gerardo Barrios, a quien la mayoría de salvadoreños le conocemos por los relatos históricos que de él se hacen los hechos políticos de esta etapa no son muy diferentes a los demás, el Capitán barrios después de una serie de maniobras y de gobiernos transitorios se presenta como candidato único para las elecciones de 1860 las cuales gana sin ningún problema.

El período de Barrios debía terminarse en 1866, sin embargo, no logró, dado que en 1864 es sustituido por el Licenciado Francisco Dueñas, quien inmediatamente convoca a elecciones para Asamblea Constituyente, la cual lo ratifica como Presidente y a la vez elabora la Constitución de 1864. Dueñas se consolida en el poder e inicia una persecución muy fuerte contra todos sus opositores y encabeza la lista de los perseguidos el Capitán barrios, quien después de intentar derrocar a Dueñas es capturado y condenado a muerte. No obstante, su gobierno no logra estabilizarse y comete grandes errores, por lo que rápidamente ca al desastre. Una invasión proveniente de Honduras, encabezada por el General Santiago González, acaba con el gobierno. El nuevo gobierno es legitimado por una Asamblea Constituyente, por lo que se repite otra vez la conocida historia de llegar al poder por el derrocamiento.


Este nuevo seudo gobierno, no dura mucho tiempo, ya que convoca a elecciones en el plazo de un año, de los cuales sale electo el señor Andrés Valle, hombre liberal y seguidor de González. Se presenta a continuación una época con bastante movimiento militar, provocado en gran medida por el ascenso al poder de Justo Rufino Barrios en Guatemala, quien tenía toda la intención de gobernar Centroamérica por medio de la consolidación de un régimen que se fundamentara en las conquistas militares y el apoyo que pudieran ofrecerle sus aliados. De esta situación surge una Junta de notables, la cual es presidida por el Doctor Zaldívar, quien posteriormente es designado Presidente. Zaldívar es impuesto fraudulentamente y logra quedarse por tres períodos consecutivos, mediante abiertas violaciones a la Constitución. Su final llegó cuando se produce un levantamiento encabezado por el General Francisco Menéndez; quien lo obliga a entregar el mando al General Fernando Trigueros, para que luego éste nuevamente le entregara al General Menéndez; como es de suponer, todo se da sin procesos electorales y sin consultar la voluntad popular.

Después de un primer período de facto, Menéndez participa en elecciones y sale triunfador durante el período de 1887-1891. En enero de 1891 se convoca nuevamente a elecciones, las cuales resultan ser uno de los fraudes más escandalosos, en la historia electoral salvadoreña, y salen electos Presidente y Vicepresidente los hermanos Carlos Ezeta y Antonio Ezeta, este gobierno termina con la revolución de los 44" el 29 de abril de 1894. Después de asumir al mando el General Rafael Antonio Gutiérrez, producto del derrocamiento de los hermanos Ezeta, se convoca a elecciones sale electo el mismo Gutiérrez, asume un segundo período el 1° de marzo de 1895.


Como ha sido costumbre en este país, le sucede en el cargo a la Presidencia de la República un general y éste es Tomás Regalado, quien obtiene la Presidencia, como también es costumbre, por un escandalosos fraude en un segundo período, dado que había terminado el anterior. Este segundo período llega hasta 1903, donde se produce una nueva elección y resulta ganador Don Pedro Escalón, quien prácticamente siguió la misma línea de Regalado. Esta etapa marca un nuevo tipo de gobierno para el país, los nombres de la oligarquía empieza a surgir en el espectro político y serán ellos los que se sucederán familia tras familia, en la conducción del gobierno. En 1907 toma posesión de la Presidencia el Genral Fernando Trigueros, quien actuó tal y como se esperaba, reprimiendo a la oposición, gobernando a su antojo y retrasando grandemente el desarrollo del país; su espacio en la historia se limita a un solo gobierno. Al finalizar su mandato le entrega al Dr. Manuel Enrique Araujo, quien recibe el poder el día 1° de marzo de 1911. Su trabajo como Presidente no duró mucho tiempo, dos años después fue asesinado. Las causas de este magnicidio nunca fueron aclaradas en su totalidad. Muerto Araujo, el Congreso designa como Presidente al Señor Carlos Meléndez, para cubrir lo que faltaba del período y luego decide lanzar su candidatura, logrando el triunfo en las elecciones de 1915. Cuando faltaba poco para terminar su segundo período cae muy enfermo y tiene que depositar la presidencia, lo que le impedía alcanzar el propósito de ser reelecto para un tercer período, sin embargo; la ambición le hace llevar a su hermano como candidato a la presidencia, el cual naturalmente con el fraude de rigor establecido, es electo Presidente Jorge Meléndez, cumple con su mandato, desde 1919 hasta 1923, fecha en la cual termina con más pena que gloria; pues, su gobierno en nada se diferenció de las dictaduras militares y gobiernos civiles impuestos, que el pueblo había conocido.

En 1923 sucede un fenómeno similar a los anteriores, ya que por medio del consabido fraude llega al poder el Dr. Alfonso Quiñonez Molina, quien continúa marcando el paso de los gobiernos de las familias oligárquicas. En 1927, se define que la candidatura a la Vicepresidencia de la República corresponde al Dr. Pío Romero Bosque, quien era aparentemente hombre de confianza de la dinastía Meléndez Quiñonez; Romero Bosque no tiene problema alguno en ganar las elecciones, por el abuso y la imposición. Sin embargo, en su gobierno se produce un fenómeno diferente, que consiste en abrir los espacios para que en El Salvador, comience una nueva etapa, en la cual se respeten los intereses de las mayorías y se busque solución a sus problemas, naturalmente esto no gustó mucho a quienes lo habían llevado al poder, dado que querían un Presidente que respondiera a sus intereses de clase dominante y no al clamor de las mayorías populares.

En 1931, se convoca nuevamente a elecciones presidenciales, esta vez con las características de que son varios los partid os políticos que participaron, aprovechando la apertura producida en este gobierno. El ganador es el Ingeniero Arturo Araujo, quien define una línea de trabajo político similar a la del antecesor, sin embargo, la situación económica y social había alcanzado niveles de crisis sumamente altos, a la vez el descontento de la oligarquía y los militares iba en aumento.

Este panorama creó un clima propicio para el derrocamiento, el cual no se hizo esperar y el 2 de diciembre del mismo año ser produce el golpe de Estado, encabezado por el Vicepresidente de ese gobierno, el General Maximiliano Hernández Martínez.

Aquí se inicia una nueva época para el país, se termina la etapa de la aristocracia en el gobierno, y comienzo el mando de los militares en el gobierno. No cabe duda que esta etapa en la historia nacional está plagada de hechos sumamente tristes, de abusos de poder y de irrespeto a los derechos humanos.


Los procesos electorales quedan suspendidos y pasa mucho tiempo antes de que se diera nuevamente al menos una caricatura de elecciones. En 1939 terminaba el período para el que había sido electo, el cual presentaba una oportunidad al General Martínez para ser reelecto; sin embargo, la Constitución le prohibía ser candidato, por lo que sin problemas ésta fue modificada y se le otorgó a la Asamblea Legislativa la potestad de designar al Presidente de la República. Así resultó "reelecto" el General Martínez hasta que en el año de 1944 se levanta una huelga general que termina con el gobierno del General Martínez; éste dirige un último mensaje a la nación el día 8 e mayo, y en el cual deja su última huella de autoritarismo, dejando como sucesor al General Andrés Ignacio Menéndez. evidentemente sin tomarse la molestia de realizar la consulta popular respectiva. El mando de este General dura escasos meses y es sustituido en otro golpe de Estado y nombrado Presidente el Coronel Osmín Aguirre y Salinas.

Al igual que el anterior, este gobierno no dura mucho tiempo y convoca a elecciones en el año de 1945, en él sale triunfador como candidato único, el General Salvador Castaneda Castro, naturalmente su padrino fue el Presidente anterior, institucionalizándose de esa forma el oficialismo. Castaneda buscó hacer el juego de sus antecesores, el que consistía en reformar la Constitución y ampliar el período para el que fue electo, ésto no le dió resultado y el 14 de diciembre de 1948 es derrocado por el mecanismo conocido, por un golpe de Estado. Se forma un Consejo de Gobierno Revolucionario que realiza su trabajo de transición para llevar al país nuevamente al orden constitucional; las elecciones se realizan el 24 de marzo de 1950 y resulta ganador el Mayor Oscar Osorio, quien se perfila como anticomunista.

Este gobierno termina su período sin mayores problemas, y convoca a elecciones para elegir a su sucesor. Como ya lo hemos dicho, el oficialismo se había instaurado a tal grado, que bastaba saber quien era el candidato oficial para saber quien era el próximo presidente. El candidato resultó ser el Teniente Coronel José María Lemus, el cual obviamente resultó ser el Presidente con una mayoría abrumadora, producto de un gran fraude electoral.

Este gobierno sobrevive hasta el 26 de octubre de 1960, fecha en que se produce un nuevo golpe militar, dando por terminado el gobierno de Lemus y asumiendo la conducción del país una Junta Cívico-Militar la cual no duró mucho tiempo, siendo sustituida por un Directorio Cívico-militar, que punicamente cambió la imagen de esta forma de legitimar gobiernos que no provienen de la voluntad popular, adjudicándose representaciones que nunca llegaron a tener. Después de varios meses de discusiones, se convoca a elecciones para una Asamblea Constituyente y ésta nombra a un Presidente Provisorio. El Doctor Eusebio Cordón, durante su período convocó a una Asamblea General de todas las fuerza democráticas de El Salvador a fin de elaborar una nueva Ley Electoral que por primera vez sería permanente y con un Consejo Central de Elecciones permanente; de todos los proyectos presentados sobre la Ley Electoral se adoptó como base el presentado por la Asociación de Estudiantes de Derechos (A.E.D).

El Presidente provisorio entrega el mando al triunfador de las elecciones el Coronel Julio Adalberto Rivera que resulta ganador de los comicios por ser candidato único, a pesar de ser un gobierno de corte militar, en su administración empiezan a surgir partidos de oposición con mucho peso ideológico y además se establece durante su administración, reformas fundamentales a la Ley Electoral, como es el Sistema de la Representación Proporcional en las elecciones para diputados a la Asamblea Legislativa. A pesar de los problemas que se le presentaron en la administración, logra terminar su período y en el pueblo el Coronel Rivera en su carácter personal logra una gran popularidad.

Convoca a las típicas y fraudulentas elecciones, las cuales estaban reservadas para el oficialista Coronel Fidel Sánchez Hernández, que toma el poder tras decir que gana las elecciones en 1967.

Estas elecciones realmente sí fueron fraudulentas, lo que afirmo con seguridad pues quien escribe este trabajo formó parte del Consejo Central de Elecciones que fiscalizó ese proceso electoral. Si puedo afirmar que el fraude no se realizó ni en el Consejo Central de Elecciones ni en los organismos electorales inferiores, pero si se hizo a través de Instituciones Paramilitares y los Cuerpos de Seguridad como la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional, quienes ejercieron coacciones en la gente del campo, a quienes obligaban a votar por el partido oficial; hechos que se denunciaban, pero difícilmente de comprobar en el momento.

Pasadas las elecciones el Coronel Fidel Sánchez Hernández, toma el poder y el Consejo Central de Elecciones de esa época inicia un estudio para reformar la Ley Electoral a fin de garantizar los procesos electorales y entre las reformas de esa época se propugna pór un Carnet Electoral, como medio único de identificación.

Un Registro Electoral Autónomo.

Un Consejo Central de Elecciones formado por un representante de cada partido político. Estas y otras reformas fueron presentadas a la Asamblea Legislativa donde fueron archivadas; en el año de 1968 se realizaron las elecciones de diputados a la Asamblea legislativa y Concejos Municipales, en esta oportunidad el Consejo del cual formaba parte, tomó la decisión de controlar mayormente el proceso electoral, habiéndose logrado y los resultados lo indican, la Democracia Cristiana obtiene 19 diputados, 180 Consejos Municipales, 2 meses posteriores finalizó el Consejo Central de Elecciones su período y el resultado de las elecciones de Alcaldes y Diputados, durante la administración del Coronel Sánchez Hernández fue el motivo para la no reelección y el Coronel Sánchez Hernández implantó un Consejo Central de Elecciones a su servicio y replantear los fraudes electorales futuros; este Consejo Central de Elecciones fungió durante las administraciones del Coronel Fidel Sánchez Hernández, Coronel Arturo Armando Molina y general Humberto Romero; éstas personas tienen una gran responsabilidad en que una parte del pueblo salvadoreño hay tomado las armas pues negaron y cerraron todas las vías democráticas.

La crisis social y económica se agudiza cada día más lo cual dificulta en gran medida la estrategia de consolidación del gobierno militar.

El gobierno de Sánchez Hernández se enfrenta a una oposición cada vez más consolidada la cual le complicaba las posibilidades de continuar con el oficialismo, con este escenario se acerca el tiempo de realizar elecciones, esta vez la cosa no resulta tan fácil, se presenta como candidato al Coronel Arturo Armando Molina por el Partido de Conciliación Nacional y al Ingeniero José Napoleón Duarte por la Unión Nacional Opositora, es de todos ya conocido lo que sucedió en estas elecciones.

El descaro con que actúa el oficialismo los límites de lo tolerable, esto fue lo que desencadenó una crisis social, cuyas consecuencias se experimentaron.


Después del robo público de las elecciones asume el gobierno el Coronel Molina en el año de 1972 y se prepara para quedarse hasta el año de 1977, en que, según la consigna debía entregarle a otro militar igualmente impuesto. Este resultó ser el General Carlos Humberto Romero, quien solamente pudo mantenerse dos años en el poder, ya que en 1979 fuer derrocado por un golpe de Estado, por la Juventud Militar. Se forma una primera Junta Revolucionaria de Gobierno, que solamente duró unos meses, y luego una segunda Junta formada por Demócratas Cristianos y militares esta dura dos años y es encargada de conducir el proceso electoral de 1982, en el cual se elige una Asamblea Constituyente, que fue la responsable de establecer el orden político y constitucional.

Podemos hacer un alto en el camino, y echar un vistazo a la historio electoral de este país; hasta este momento podemos darnos cuenta de un fenómeno muy claro. Nunca fue respetada la voluntad popular, y nunca fue definida una clara democracia electoral en función de ir consolidando las posibilidades reales de participación que un pueblo necesita para su desarrollo. Aquí puede comenzar a dividirse la historia de este país. Cerca de 150 años de esfuerzos frustrados por alcanzar la democracia, parecen dar sus frutos en la década de los ochenta, es por ello que se prestará mayor atención a los eventos electorales durante este período al cual se le ha dado en llamar la década de la democracia.

ELECCIONES DE 1982.

Después de haber transcurrido dos años desde el golpe de Estado, el 15 e octubre del 1979, en el cual es derrocado el gobierno del General Romero, en 1982, se convoca a elecciones para elegir la Asamblea Constituyente, que es el inicio de procesos electorales limpios y libres, cuya principal tarea sería, la de redactar una Constitución que diera el Marco Jurídico-Politico a un sistema realmente democrático. El período de la Junta Revolucionaria de Gobierno es un espacio de transición entre la historia de gobiernos dictatoriales de la época y la naciente democracia, como forma real de expresión de un sistema político. La etapa de transición no es una etapa fácil, enfrentado el gobierno condiciones de violencia generalizada, producto de un incremento acelerado de la lucha armada, así como una caída en los principales indicadores económicos y sociales; tiene que luchar prácticamente en contra de todo para sobrevivir.

En ese ambiente de incertidumbre se inician los preparativos para las elecciones; la tarea no es fácil.

Uno de los problemas más serios que se afrontan, es la poca credibilidad que puede tener este primer proceso electoral de la década de los 80 por cuanto la historia salvadoreña ha sido precisamente de burla al pueblo, cuando de respetar su voluntad se refiere. Se nombran a las autoridades que conforman el Consejo Central de Elecciones, las cuales tienen que trabajar arduamente para ganar credibilidad en el proceso electoral y despejar las dudas que pudiesen existir al respecto.

Este Consejo fue nombrado el 5 de marzo de 1981. Poco a poco se fue ganando credibilidad nacional e internacional, pese a lo difícil que resulta cambiar toda la desinformación que era transmitida a los Estados Unidos y Europa, sobre el proceso.

Conforme se acerca el día 28 de marzo la tensión nacional e internacional se vuelve más fuerte, los partidos políticos se enfrentaron en una campaña de concepciones ideológicas claramente marcadas en sus diferencias y por su parte el FMLN recrudece la violencia haciendo más complejo el desarrollo logístico del evento electoral. Sin embargo, estos hechos no parecen desanimar ni al organismo electoral encargado de montar el proceso, ni al electorado que asistió masivamente a las urnas. Se colocan un total de 4,556 urnas, ésto generó en algunos momentos gran congestionamiento en las Juntas Receptoras de Votos, y si a ésto, le sumamos el escaso tiempo que se dió al Consejo Central de Elecciones para organizar todo el proceso en cuanto a emisión de listados, preparación de paquetes electorales, etc., podemos concluir, que lo que ayudó a impulsarlo fue la voluntad democrática de todos sus actores. Otro elemento de suma importancia en este proceso y que a la vez se constituye en una novedad para el país, fue la cantidad de observadores internacionales. Cerca de doscientas personas de 31 países y 20 organizaciones internacionales asistieron a presenciar este evento, con el propósito de dar un testimonio claro sobre la legitimidad o ilegitimidad del proceso.

Es interesante señalar que por primera vez, en la historia del país, se abren las puertas a la comunidad internacional para que fuesen testigos presenciales de uno de los intentos más claros por definir el camino de todo un pueblo; pues, en toda su historia se le había negado el derecho para elegir su destino, y a la comunidad internacional se le vedaba su presencia para evitar que observaran las manipulaciones y escandalosos fraudes que se cometían, sin el mínimo escrúpulo de frustrar las aspiraciones populares.

Los resultados de este proceso tienen una característica muy especial, y es que por primera vez en su historia El Salvador, puede confiar en ellos. Seis partidos políticos se disputaron los votos del pueblo salvadoreño, que son los siguientes: Partido Demócrata Cristiano, Alianza Republicana Nacionalista, Partido Acción Democrática, Partido de Conciliación Nacional, Partido de Orientación Popular y Partido Popular Salvadoreño; 1,660.393 personas emitieron su voto, ese día, pese a los disturbio provocados por el FMLN. Si tomamos en cuenta las condiciones en que se desarrolla el evento, podremos decir sin temor a equivocarnos, que se constituyó en el primer triunfo de la democracia como sistema político.

El Partido Demócrata Cristiano obtuvo 590.644, los cuales le dan la mayoría con 40.2% del total de los votos válidos, lo que significa la obtención de 24 diputados a la Asamblea Constituyente; la segunda posición la obtuvo el partido ARENA, con un total de 430.205 votos que representan el 29.2% y un total de 19 diputados; el tercer lugar le correspondió al Partido de Conciliación Nacional con 273.383 votos, lo que representó el 28.6% de los votos y la asignación de 15 diputados; Acción Democrática logra obtener 112.787 votos, con lo cual obtiene el 7.7% y se le asignan 2 diputados; el Partido Popular Salvadoreño logra obtener 44.900 votos, que representa el 3.0% y obtiene 1 diputado; y finalmente, el Partido de Orientación Popular con 17.378 votos, con 1.2% de la votación total, sin diputados. Los resultados de esta elección reflejan una clara tendencia a favor del Partido Demócrata Cristiano, que si bien no logra alcanzar la mayoría absoluta, se consolida como primera fuerza política (lo que aquí sucedió al iniciar sus labores la nueva Asamblea Constituyente, es que la conformación de bloques ideológicos, definió a favor de la derecha la ventaja en las decisiones de la Constituyente y la Presidencia de la misma). Al continuar con el análisis del resultado electoral, encontramos un total de 130.740 votos nulos que representan el 7.9% del total emitido, considerándose una cifra irrelevante ante el total de votos válidos; de igual manera se pueden considerar las abstenciones, que fueron 53.912, lo que representó el 3.3%; y los votos impugnados fueron 6.444, siendo ésto el 0.4% del total de los votos emitidos. Las consideraciones generales que sobre estas elecciones se pueden hacer, pese a las condiciones en que se celebra el proceso, la votación es sumamente alta, el abstencionismo se puede precisar en 33.6%, producto de la diferencia entre las personas que estaban aptas para emitir el sufragio y los que realmente lo hicieron. Uno de los cuestionamientos más grandes de los procesos electorales, es que si realmente logran legitimarse por el número de personas que emiten el voto, por cuanto se aduce que al existir una abstención alta, las autoridades que surgen de esa elección carecen de la legitimidad.

*Datos tomados del Consejo Central de Elecciones

Esto es cierto siempre y cuando el diagnóstico de las cifras se realice de acuerdo a la realidad de cada país, pues no es lo mismo un 30% de abstencionismo en un país en guerra, que esa misma cifra en una democracia consolidada, que puede garantizar una total seguridad a sus votantes. La apreciación general de estas primeras elecciones libres en El Salvador, en la que se inicia un camino, de grandes posibilidades, para avanzar a una participación de todos los sectores de la sociedad salvadoreña.

ELECCIONES DE 1984.

Dos años transcurrieron desde las elecciones para Asamblea Constituyente, el bloque derechista se agencia el control de la Asamblea. El Gobierno provisorio del Dr. Alvaro Magaña, realiza un trabajo de transición que permite lograr acuerdos entre las partes más confrontadas dentro del espectro democrático, esto por supuesto sin incluir al FMLN, el cual no acepta posibilidad alguna de entrar en un proceso de diálogo y sigue creyendo firmemente en una salida militar al conflicto. Frente a esta panorama se inician los preparativos para convocar a elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, entre los cuales está el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Alianza Repúblicana Nacionalista, como fuerzas hegemónicas, cada uno, postulando a su líder principal, el PDC nomina como candidato al Ing. José Napoleón Duarte y ARENA con su candidato el Mayor Roberto D´aubisson hombre con un pasado nada claro y ligado muy estrechamente a los escuadrones de la muerte. Los otros partidos no presentan candidatos que puedan aspirar el triunfo en estas elecciones por lo que la situación se polariza entre los dos partidos mayoritarios. Se inician los preparativos para el siguiente proceso electoral, considerando una segunda ronda. Se nombran los miembros del nuevo Consejo Central de Elecciones, el cual queda integrado de una forma pluralista que permite el máximo de credibilidad, dentro del contexto de nuestra conflictividad social. Las elecciones se realizan incluyendo la posibilidad de que no resulte electo ninguno de los candidatos en la primera ronda, por lo que plantea la posibilidad de una segunda elección tal y como sucedió. El 20 de marzo de 1984 se realiza la primera de ellas, al igual que dos años atrás el pueblo acude masivamente a las urnas consciente de lo que representa el participar en este proceso histórico.

En total participaron ocho partidos políticos, su número refleja un incremento en el interés a participar en las elecciones. Los resultados se presentan de la manera siguiente: El Partido Demócrata Cristiano obtiene el 549.727 votos, lo que le da el 43.45%, el partido Alianza Republicana Nacionalista logra 276.917 votos y un 29.7%; el Partido de Conciliación Nacional consigue 244.556 votos y un 19.3%; el Partido Acción Democrática adquiere 43.556, con el 3.5% de los votos, le siguió el Partido Popular Salvadoreño con 24.395 votos y 1.9 %; el Partido Auténtico Institucional Salvadoreño obtiene 15.430 votos y el 1.2%; el Movimiento Estable Republicano Centrista obtiene 6.645 votos, lo cual le dá unicamente el 0.5% de la votación total; y finalmente, el Partido de Orientación Popular con 4.677 % votos y el 0.4 % de la votación válida.

Los resultados son elocuentes por sí solos, 1.400.000 electores acudieron ese día a las urnas, lo cual define la voluntad democrática del pueblo por elegir a sus gobernantes, y se registra 1.266.286 de votos válidos, divididos entre los partidos en contienda, lo que permite observar un bajísimo porcentaje en los votos nulos, impugnados y abstenciones.

El escrutinio final, se inició 48 horas después de terminada la votación, con un procedimiento lento y como consecuencia provoca acaloradas protestas de los partidos acusándose mutuamente de estar intentando un fraude. La crítica más fuerte e irracional proviene del partido Alianza Nacionalista Republicana ARENA, el cual insiste en no confiar sobre los resultados.

*Datos tomados del Consejo Central de Elecciones

No obstante, este ataque resulta injustificado y cientos de observadores internacionales certifican la validez del proceso.

Después de casi una semana de trabajo se termina el escrutinio final, no habiendo un ganador absoluto, el Partido Demócrata Cristiano y Alianza Republicana Nacionalista pasan a la segunda ronda electoral.

La campaña se reinicia una vez que el Consejo Central de Elecciones declara que no existe ganador por mayoría absoluta. El Partido Demócrata Cristiano y el Partido Alianza Republicana Nacionalista pasan a desarrollar un segundo esfuerzo por alcanzar la Presidencia de la República. El escenario Politico, como es natural, se polariza aún más, los dos partidos tienen ideologías y líderes contrapuestos. Los resultados se presentan de la siguiente manera:

Partido Demócrata Cristiano 752,625 votos con el 53.6% de la votación y el Partido Alianza Republicana Nacionalista 651.741 votos con 46.4% lo que totaliza el 1,404.366 de votos válidos.

Como dato curioso sobrepasa el número de la primera ronda electoral. Este fenómeno se atribuye al hecho que mucha gente que no acudió o no pudo votar en la primera elección, si lo hizo en la segunda, además de existir un menor número de votos nulos, e impugnados, lo cual demuestra que la gente cuidó mejor su voto en la medida que le emitiría correctamente. En esta ocasión el resultado electoral se retrasó nuevamente, debido a los obstáculos y solicitudes de nulidad.

Sin duda alguna, ésta ha sido uno de los procesos electorales más emocionantes que ha vivido el pueblo salvadoreño, por los múltiples factores que condicionaron el proceso. La característica central fue la de llegar por primera vez a una elección para Presidente y Vicepresidente de la República ante un proceso limpio y libre, como garante el respeto a la voluntad popular. Otro aspecto importante, era el hecho de que se encontraba en juego la continuidad del sistema democrático frente al proyecto de guerra revolucionaria, al cual habría que sobreponerse.

ELECCIONES DE 1985.

La constitución de la República establece que cada tres años deben ser electos diputados a la Asamblea Legislativa y los miembros de los Concejos Municipales, elecciones que se realizaron el año 1985.

El escenario político del momento, nos registra los mismos componentes de guerra y crisis generalizada en la estructura socio-económica, con la variante de grandes expectativas, en cuanto a los logros del nuevo gobierno que ha propuesto un diálogo directo con el FMLN, sobre la base de entendimiento, de respeto y participación en un sistema democrático. Y partiendo de esta solución un proceso gradual de reactivación económica.

Los preparativos comienzan varios meses antes de la elección, en esta ocasión el haber realizado varias elecciones en un lapso de tiempo relativamente corto facilita enormemente el trabajo de organización de los miembros que fueron electos para que ocuparan los cargos de miembros del Consejo Central de Elecciones.

En una elección de esta naturaleza, la inscripción de candidatos se vuelve bastante complicada, por la cantidad de personas inscritas para los distintos cargos que se someten a la consideración del pueblo. En la presente contienda son nueve partidos los que participan; algunos de ellos forman coaliciones, con el propósito de fortalecer sus posiciones frente al partido mayoritario PDC. Se forma una coalición entre el partido ARENA y el PCN, con el propósito de enfrentar conjuntamente las elecciones de diputados. Esta coalición, sin embargo, no da los resultados que esperaba el partido de ARENA, en la que tiene que compartir los diputados con el PCN, a pesar de haber obtenido un considerable número de votos en la contienda.

Los resultados, en esta ocasión favorecen nuevamente al Partido Demócrata Cristiano.

En general el cuadro de diputados quedó conformado de la manera siguiente:
DIPUTADOS ELECTOS
PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO35 DIPUTADOS
COALICIÓN (PCN + ARENA)25 DIPUTADOS
ACCIÓN DEMOCRÁTICA1 DIPUTADO
PAISA1 DIPUTADO
Entre los factores que contribuyeron a este resultado pueden encontrarse las expectativas de solución a los problemas más urgentes que había despertado el gobierno del Ing. José Napoleón Duarte. La finalización de la guerra se veía más cerca que nunca, después del diálogo de La Palma, donde por primera vez se colocaban frente a frente al gobierno y el FMLN, en la mesa de negociaciones. La posibilidad de definir este guerra por medio de la victoria militar se planteaba cada día como un hecho poco probable, por lo cual cada día es más aceptada la tesis del diálogo negociación, como única salida.

Al realizarse en forma simultánea las elecciones para Concejos Municipales y Diputados, los resultados de las elecciones tienden a ser bastante parecidos, por cuanto el electorado repite su voto en ambas papeletas, ésto le permite al partido Demócrata Cristiano ganar la mayoría de Alcaldías Municipales. El resultado de concejos obtenidos por cada partido queda de la manera siguiente:

CONSEJOS MUNICIPALES ELECTOS
*Datos tomados del Consejo Central de Elecciones

Es importante resaltar que en muchos municipios fue imposible realizar las elecciones in-situ, por lo que hubo de trasladar las urnas a municipios cercanos, los menores afectados por la violencia de la guerra; asimismo, existió el problema del traslado de los votantes, bajo el marco de un paro al transporte, a los municipios para emitir su voto, esto en alguna medida creó dificultades para lograr un mayor nivel de votantes en las urnas.

En síntesis, estas elecciones se realizaron dentro de un ambiente de incertidumbre, el cual pone constantemente a prueba el sistema democrático y la voluntad popular, legitimándolo con su participación.

ELECCIONES DE 1988.

Las elecciones efectuadas en este año, tienen las características de ser las primeras en efectuarse, con la modalidad de sustituir la Cédula de Identidad Personal, como documento para emitir el sufragio. El Carnet Electoral es el nuevo documento de identificación personal que faculta al ciudadano para emitir su voto.

Este cambio merece un comentario especial, por cuanto modifica completamente toda la historia politico electoral de este país. Uno de los obstáculos más grandes para lograr credibilidad en las elecciones radica en el inadecuado registro electoral, dado que éste era objeto de manipulación y alteraciones, de todo tipo las cuales servían para efectuar los fraudes más burdos, a través de la suspensión y repetición de nombres (lo cual les permitía votar varias veces); inclusión de personas fallecidas en los listados, etc. Asimismo, la cédula de Identidad Personal no representaba un documento, nada seguro, por cuanto se sabía que en las Alcaldías emitían cédulas en grandes cantidades a personas que no tenían la mayoría de edad, o bien emitían, varias cédulas para una misma persona cambiándoles el nombre o con el mismo, pudiendo adquirir en un mismo municipio o en distintos.

Estas maniobras han sido presentadas a la luz pública en varias ocasiones, por lo cual no es necesario profundizarlas. La decisión política de iniciar un proceso de depuración en los registros electorales, es producto del avance en materia de democratización, por cuanto era un requisito indispensable para lograr la credibilidad necesaria en el sistema electoral, siendo éste uno de los punto más debatidos para creer o no creer en las elecciones, y por consiguiente, en la pureza del proceso, tan cuestionado y uno de los puntos más susceptibles de discusión por parte del FMLN.


La nueva modalidad del Registro Electoral y el Carnet Electoral conlleva a un gran esfuerzo nacional de empadronamiento, donde se ven involucrados el Consejo Central de Elecciones y las distintas fuerzas políticas y sociales del país. El Consejo realiza una inmensa campaña de divulgación por los distintos medios sobre la forma de empadronarse y obtener el Carnet Electoral y a su vez los partidos políticos se encargan de realizar un trabajo de concientización entre sus correligionarios sobre las bondades del nuevo sistema. Empleados del organismo electoral y activistas de los partidos, se encargan de realizar el trabajo de llenar las fichas respectivas, para procesarlas e iniciar la tarea de conformar un nuevo registro, autónomo e independiente, de ciudadanos en vez del tradicionalmente utilizado. La tarea no resulta nada fácil, por cuanto, la necesidad de concientizar al pueblo sobre este nuevo procedimiento es una actividad para los involucrados en el asunto, asimismo es desconocido para el pueblo en general, la obtención del Carnet Electoral. Los resultados no fueron satisfactorios.

Después de un trabajo titánico para lograr que el pueblo obtenga su carnet, el proceso se ve sometido a los mismos problemas que ya le son característicos, la polarización entre el PDC y ARENA, el boicot al proceso electoral por parte del FMLN mediante paro al transporte, sabotaje al tendido eléctrico, y amenazas a los civiles que obtengan su carnet o que voten, las elecciones quedan programadas para el 20 de marzo.

Los observadores internacionales comienzan a llegar dos días antes del evento, como ya es costumbre su presencia es importante para que constaten la pureza de los resultados electorales, para garantizar de esa forma la voluntad soberana del pueblo.

En esta ocasión son ocho los partidos políticos que van a la lucha por obtener el mayor número de diputados a la Asamblea Legislativa. Se inicia el proceso electoral y todo se realiza según lo establecido. Los resultados, al terminar la votación son los siguientes: El Partido Demócrata Cristiano obtiene 325.716 votos y un 36.6% de los votos, lo que le da 22 diputados; el Partido Alianza Republicana Nacionalista 447.696 con el 49.7 de los votos, lo cual le da 31 diputados; el Partido de Conciliación Nacional con 78.756 votos, que le dan el 8.7% de los votos y se le asignan 7 diputados; complementándose de esa forma los diputados electos a la Asamblea Legislativa. Los restantes partidos no o btuvieron diputados, pero sus resultados son los siguientes; El Partido Liberación con 34.960 votos y el 3.9% de la votación; el Partido Auténtico Institucional Salvadoreño (PAISA) adquiere 19.609 y un 2.2% de los votos; el Partido Acción Demócrata con 16.211 y el 1.8%; el Partido Renovación con 0.5% y para finalizar, el Partido de Orientación Popular con el 0.2% de los votos emitidos. Estos resultados le otorgan al Partido ARENA la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa lo que permite un trabajo de oposición sistemática en contra del Organo Ejecutivo, en lo que respecta a la discusión y aprobación de leyes que no están bajo la misma consonancia ideológica.

Uno de los aspectos más relevantes de esta elección, es que el sistema democrático comienza a funcionar como tal. Los controles entre los distintos órganos del Estado permiten los pesos y contra pesos de las decisiones. Lo cual hace que se evite el abuso de poder de cualquiera de los Organos del Estado, (Y pueda de esa manera interpretarse los derechos ciudadanos). El pueblo comienza a darse cuenta de las bondades del sistema democrático y de la necesidad de continuar apoyándolo.

En esta elección se daban al votante dos papeletas, una de ellas contenían los partidos contendientes para elegir diputados y la otra contenían los partidos que postulaban candidatos a los Concejos Municipales, todo ésto dentro del mismo proceso a nivel nacional.

Los resultados son semejantes a la de diputados y son los siguientes: El Partido Demócrata Cristiano 298.551 votos, lo cual le dan el 35.6% de los votos, la Alianza Republicana Nacionalista obtuvo 389.453 votos, con el 46.5% de votos; el Partido de Conciliación Nacional con 82.057 votos y el 9.8% de los mismos; el Partido Liberación Obtiene 35.818 votos y el 4.3% de los votos; el Partido Auténtico Institucional Salvadoreño obtiene 17.138, con el 2.1% y el Partido Acción Democrática logra 8.527 votos, lo cual le representa el 1.0% de los votos cálidos. Estos resultados le dan al Partido ARENA la mayoría de los Concejos Municipales, seguido del PDC y el PCN.

A continuación se detalla lo siguiente:
El proceso electoral, en general, marcha según las exigencias, y puede decirse que a pesar de los problemas suscitados por la innovación del carnet electoral, la poca coordinación administrativa resultó ser un éxito y un triunfo de la democracia. *Datos tomados del Consejo Central de Elecciones


ELECCIONES DE 1989

El proceso es sometido nuevamente al prueba, esta vez para elegir a los hombres que han de gobernar el país en el período 1989-1994, el Presidente y Vicepresidente de la república que resulten electos deberán enfrentar el reto de esta década: La Democracia. En esta ocasión son ocho los partidos que van a la contienda, con la animosidad de ejercer una campaña electoral dura y someterse a consideración ante el pueblo salvadoreño, con sus distintas propuestas.

Se mantiene la polarización entre el PDC y ARENA. El Partido Demócrata Cristiano, plantea una concepción humanista, cuyo propósito es el de desarrollar un modelo de sociedad participativa y el respeto a los derechos humanos, fundamentándose en la libertad y la democracia, tareas fundamentales a desarrollar. Por su parte, el Partido Alianza Republicana Nacionalista plantea un modelo liberal de economía de mercado, como el centro y el motor del desarrollo, evitando al máximo la intervención del Estado en los distintos sectores que conforman la sociedad y planteando la necesidad de controlar cualquier tipo de desorden social por medio de la fuerza si es necesario; conforme el tiempo avanza la campaña va cobrando fuerza hasta llegar el día 9 de marzo, fecha en que se han desarrollar los comicios.

La organización del proceso se da dentro de un marco de inestabilidad jurídica por cuanto el Partido ARENA introduce una serie de reformas al Código Electoral, con el propósito de verse favorecido en algunos aspectos que ellos creen pueden causarles una desventaja, a la hora de las elecciones.

Una de las modificaciones que más alteran el orden, en la práctica, es la de suspender 45 días antes de las elecciones la emisión del carnet electoral, lo cual deja sin poder votar. Esto indudablemente favorece al Partido ARENA, por cuanto mucha de la gente que se queda sin obtener su Carnet Electoral reside en el área rural, pues se considera que allí se ubica el mayor número de votantes en favor del Partido Demócrata Cristiano.

Asimismo, el paro al transporte dificultó que muchas de las personas que vivían lejos de los centros de votación, no pudieran desplazarse a estos lugares, factor que incide considerablemente en el número de personas que emitieron su voto.

En general, podemos decir que es un evento más para someter a prueba el proceso democrático, incipiente en su configuración. El hecho notable de que un partido en el poder acepte su derrota y le entregue a quien el pueblo ha designado es una muestra clara de avance obtenido en este sentido, que si no ha sido posible lograr otras cosas están pendientes es porque en 13 años de incipiente democracia sólo podemos decir que hemos comenzado el largo camino que ha de llevarnos a una sociedad en la cual se haga realidad todos los deseos de paz y justicia social que este pueblo tiene.

ELECCIONES DEL 10 DE MARZO DE 1991.

Este proceso electoral es de suma importancia analizarlo pues entra en un período de crisis y la sensación que ha quedado en muchos salvadoreños después de estas elecciones es que, en materia electoral, estamos como al comienzo. Lo que parecía logrado después de una década de esfuerzos y de cientos de millones de dólares se ha desmoronado.

Conviene hacerse la interrogante siguiente ¿Que ha pasado con el sistema electoral? ¿Porqué después de tanto esfuerzo está en crisis? Quiero aclarar que con esto no estamos cuestionando de ninguna manera la legitimidad de las elecciones ni sus resultados. Las elecciones tienen su propia legitimidad lo que no ha sido legítimo, ni ha sido técnicamente bien manejado ha sido el sistema electoral mismo.

Durante este proceso electoral se dieron una serie de anomalías que empañaron la pureza de los comicios y le restaron masividad y legitimidad, estas anomalías se analizan profundamente en el capítulo V y en la parte referente a las anomalías durante los procesos electorales del período comprendido entre los años 1980 a 1991. Señalaremos en una forma escueta algunas de ellas:

a) traslado a última hora de los lugares de votación que habían sido señalados con anterioridad y publicados por todos los medios de comunicación, esto trajo como consecuencia una confusión entre los electores y muchos no se trasladaron a los lugares e votación nuevos.

b) Apertura tardía de las mesas receptoras de votos: en algunos casos hubo retraso de medio día, lo que hizo que muchos electores se retiraran sin ejercer el sufragio.

c) Listados de electores incompletos: muchos votantes no se encontraron en las listas electorales y en un buen número de casos, personas que en elecciones anteriores habían aparecido en los nuevos listados.

Estos tres casos dieron origen a un abstencionismo masivo.

d) Muchas Juntas Receptoras de Votos fueron tomadas por asalto desde las tres de la mañana por el Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

Además la campaña electoral se realizó en medio de arbitrariedades, con amenazas y medidas intimidatorias especialmente de las fuerzas en el poder.

El escrutinio, se conoció varias semanas después del día de las votaciones aumentando con ello la sombra del fraude y de la componenda entre los partidos, el escrutinio fue lento y confuso.

El abstencionismo fue muy marcado de 2.6 millones de ciudadanos empadronados sólo votaron en las elecciones 1.153.013 ciudadanos en las elecciones para Diputados a la Asamblea Legislativa y 1.036.458 votos para Concejos Municipales.

Hay que aclarar que en la década de los 80 fueron éstas las únicas elecciones en que el FMLN se abstuvo de boicotear militarmente el proceso electoral. Entonces ¿ A qué obedeció el masivo abstencionismo? Los electores concurrieron a votar pero se vieron impedidos de ejercer el sufragio por las dificultades logísticas y técnicas impuestas por el Concejo Central de Elecciones, de hecho dificultaron el voto a un porcentaje indeterminado de electores difícil de cuantificar pero en todo caso violatorio de los preceptos constitucionales sobre el libre ejercicio del sufragio.

La Asamblea Legislativa quedó formada con una variedad de partidos políticos que ha permitido el consenso.

PARTIDOS POLÍTICOS EN LA HISTORIA DE EL SALVADOR.

Partido Liberal
Partido Conservador
Partido Patriótico Democrático
Partido Nacional Democrático
La Liga roja
El Partido Azul
Partido Unión Democrática (PUD)
Partido Unión Nacional de trabajadores
Partido del Pueblo Salvadoreño (PPS)
Partido Fraternal Progresista
Partido Unificación Social Democrática
Partido revolucionario de Unificación Democrática (PRUD)
Partido Acción Renovadora (PAR)
Partido Republicano Independiente (PRI)
Partido Acción Nacional (PAN)
Partido Institucional Demócrata (PID)
Partido Popular Democrático (PPD)
Partido Demócrata Nacionalista (PDN)
Partido Demócrata Cristiano (PDC)
Partido de Conciliación Nacional (PCN)
Partido Auténtico Constitucional (PAC)
Partido Social Demócrata (PSD)
Partido Acción Democrática (AD)
Partido Republicano de Evolución Nacional (PREN)
Movimiento Nacional Revolucionario (MNR)
Unión Democrática Nacionalista (UDN)
Partido de Orientación Nacional (POP)
Partido Popular Salvadoreño (PPS)
Frente Unido Democrático Independiente (FUDI)
Partido Auténtico Institucional Salvadoreño (PAISA)
Movimiento Estable republicano Centrista (MERECEN)
Alianza Republicano Nacionalista (ARENA)
Partido Liberación (PL)
Movimiento Auténtico Cristiano (MAC)
Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC)
Movimiento Solidaridad Nacional (MSN)
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)
Partido Pueblo Libre

Al momento de presentar la Tesis, está pendiente la resolución del Movimiento Unidad.

CAPITULO III

MARCO SOCIO POLITICO DE EL SALVADOR

1. ANÁLISIS DEL SISTEMA SOCIO POLÍTICO SALVADOREÑO DESDE EL AÑO 1931 A 1993.

La sociedad salvadoreña durante los últimos 50 años ha estado dominada por el hecho que la mayor parte de la población ha estado fuera de toda consideración de desarrollo.

La población rural desde que fue despojada de sus tierras comunales y ejidales, a finales del siglo XIX, únicamente ha contado con su fuerza de trabajo para medio sobrevivir, en las ciudades los sectores obreros han sido relegados como sujetos de desarrollo, únicamente cuentan como mano de obra.

Esta situación de marginación hacia la población trabajadora se ha podido mantener durante muchos años porque todos los aparatos del estado han estado al servicio de mantener el estato-quo oligárquico. En este proceder el estamento militar ha desarrollado un papel de primer orden al ponerse al servicio exclusivo de los sectores oligárquicos.

En una situación como la que hemos vivido en El Salvador, donde la justicia, la aplicación de las leyes, la represión, la marginación, la falta de expectativa de desarrollo han sido exclusivas hacia la población que únicamente cuenta con sus manos para poder sobrevivir, esto posibilitó que muchos de los problemas nacionales se fueran defiriendo en su solución.

La necesidad de que los campesinos cuenten con su propia tierra, que la salud, la educación sean para todos, que la justicia se aplique sin ver las condiciones de las personas, que los resultados electorales sean respetados para que los ciudadanos salvadoreños puedan elegir las autoridades que se consideran más adecuadas para dirigir los destinos del país, etc. Todos los problemas enunciados pudieron permanecer ocultos gracias al militarismo que conformó un bloque de poder con la oligarquía desde diciembre de 1931, dejando sin solución los grandes problemas de la población y quienes clamaban por la solución de los mismos se les señalaba como parte integrante de una conjura comunista; es por ello que desde las esferas del poder las organizaciones populares fue mal vista y con mayor razón la organización de los partidos políticos que en sus programas anunciaban la solución de esos problemas, fue dificultada y reprimida.

Para no respetar la voluntad del pueblo en los procesos electorales el bloque de poder hizo uso de todo tipo de violaciones inclusive, violó el derecho humano y divino de la vida.

Debemos de considerar que este bloque de poder se mantuvo desde diciembre de 1931 a mayo de 1982. En este período que abarca más de 50 años, no se puede apreciar que los militares hayan tenido suficiente claridad y definición sobre un determinado proyecto político, que se considere como propio de ellos, por el contrario lo que si se puede observar, es el hecho de que si se puede observar, es el hecho de que los intereses que han representado y defendido son los que vienen determinados por los de la fracción hegemónica que domina en el bloque de poder. Es por ello que el papel que le corresponde al estamento militar se inserta en el concepto de la seguridad nacional, entendida como la defensa de los intereses del bloque en el poder y más específicamente de la fracción que allí domina.

De donde se puede deducir que el papel que le ha tocado desempeñar es el de combatir cualquiera manifestación que pretenda subvertir dicha situación, que en la práctica se reduce a detener cualquiera intención de organización que tienda alterar el estatu-quo dominante, que en el lenguaje popular se define como lucha anti-comunista.

Pero esta constante combinación de anti-comunismo, con la defensa de los intereses de la fracción hegemónica del poder, han conducido a diversas crisis de gobierno y no del Estado, que han sido resueltas con la fórmula tradicional del golpe de estado, 1944-1948-1960-1961-1979, donde el aspecto electoral no ha sido considerado, es decir que la forma en como se soluciona los diferendos al interior del bloque de poder, jamás pasó por la consulta al pueblo por medio de elecciones, sino que se resuelven a su interior. En cada uno de los golpes de estado que se han dado a partir de la llegada del General Maximiliano Hernández Martínez, el resultado político más obvio se ha experimentado a nivel de la composición del bloque en el poder, ya sea que la fracción hegemónica se ha visto desplazada por otra o bien porque entra una fracción o sale alguna del bloque, de esta manera se cerraron los espacios políticos.

Como consecuencia del cierre de los espacios políticos se dio origen a la guerra civil salvadoreña y en la década de los 80 se presentaron dos proyectos políticos y se inició la carrera para determinar cuál de los dos era el vencedor. Uno de ellos lo encabezaban las fuerzas democráticas, que abogan por el establecimiento de un sistema pluralista en el cual se contempla la existencia de ideologías políticas y se pueda con todos los instrumentos de la democracia participar periódicamente en proceso electorales, que permitan al pueblo en general emitir con su voto la opinión política, que tienen sobre las ideologías en pugna y de esta manera elegir el tipo de gobierno que ha de dirigir al país.

El otro proyecto consideró que la lucha armada era el único camino para alcanzar el poder, no acepta los procesos electorales porque no existen las garantías mínimas, para realizar un trabajo politico y que a la vez no existen mecanismos confiables para dar credibilidad a los organismos electorales.
Al finalizar la historia de la guerra el proyecto democrático, ha sido el triunfador y se confirma la vocación democrática de los salvadoreños. La guerra misma nos ha dado una clarificación que hay que realizar cambios muy profundo en la estructura económica, social y política.

El año 1992 ha sido el año de la paz, en los albores del año se firmaron los últimos acuerdos que permitieron a las partes suscribir el Acuerdo de Paz, el 16 de enero.

Este proceso cierra una fase de la historia de El Salvador, la de la irracionalidad que llevó a la guerra sucia y abierta, y a la violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Al mismo tiempo, termina una fase en la cual la experiencia demostró dolorosamente que la violencia armada no es el recurso más adecuado para dirigir las diferencias sociales y políticos. La violencia brutal de la guerra forzó a las partes enfrentadas a buscar medios políticos para negociar su final y poner los fundamentos de una sociedad, donde la convivencia pueda ser posible a partir del respeto de los derechos humanos.

El cese del enfrentamiento ha sido porque ambas partes, con intensidad diferente y quizás también por razones diversas, apostaron por la paz. Las dos se convencieron, o fueron convencidos, de que la vía del conflicto militar estaba cerrada.

El gran reto que El Salvador tiene por delante consiste en disminuir los niveles alarmantes de pobreza, generalizada y profundizada en los últimos tres años con los programas de ajuste estructural aplicados por el gobierno actual. Una política económica como la actual, que beneficia de manera desproporcionada a unos pocos, mientras que, por el otro lado, hace desaparecer aceleradamente la clase media y aumenta la cantidad de pobres y marginados, no es aceptable ni prudente en términos políticos.


Al terminar el conflicto armado conviene recordar que sus causas estructurales aún permanecen, que la guerra sólo fue manifestación de la pobreza generalizada en el país. El cese del enfrentamiento todavía no se ha hecho sentir en el área de los derechos económicos, sociales y culturales. Más aún, ni siquiera los acuerdos alcanzados sobre ellos se han hecho realidad. El logro de progresos sensibles en este ámbito, en el corto plazo, es un imperativo de la justicia y de la estabilidad social. La guerra sólo será ganada definitivamente cuando en El Salvador esos derechos y los derechos humanos tengan plena vigencia. Aún estamos muy lejos de ello y existe una resistencia aparentemente insuperable para comenzar a caminar hacia estas metas.

Los caminos no están trazados de antemano, pero los salvadoreños hemos aprendido a abrirlos en circunstancias difíciles con generosidad, con creatividad y con gran imaginación.

La apuesta por la paz es un compromiso para seguir sembrando racionalidad en favor de las mayorías populares. No es fácil, pero tampoco es imposible.

CAPITULO V

LA DEMOCRATIZACIÓN

1. CONCEPTO.

La democratización real de un pueblo debe basarse fundamentalmente en la participación de los distintos institutos democráticos situados en la enorme gama del espectro político, rechazando absolutamente a la violencia como vía para alcanzar el poder.

La democracia que se alcance en este proceso debe caracterizarse por dinámica, real y participativa con una dimensión profundamente humana. Instrumentalizar o manipular a los hombres con fines de explotación económica, política o ideológica, es desvirtuar el verdadero sentido de la democracia.

En nuestra región la ausencia de un sistema democrático y de participación del pueblo en las decisiones que le afectan, han sido una de las causas de la crisis.

Por democratización se entiende un proceso político social, caracterizado por la posibilidad de participación de todos los sectores nacionales y ciudadanos en la toma de decisiones que afrentan a la colectividad en su conjunto.

Esa participación se encamina al logro del bien común y a la promoción de la dignidad humana.


Participar no consiste simplemente en formar parte del conjunto de la sociedad, sino que debe implicar una actuación efectiva del "homo político"; la noción de participación no queda reducida a mecanismos formales e institucionales existentes sino que comprenderá la acción de grupos sociales, opinando y produciendo presiones políticas.

Para el individuo el integrarse a la colectividad y poder tomar parte en la construcción del futuro es punto vital en la vigencia de sus derechos políticos.

2. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y LA DEMOCRATIZACIÓN.

La participación política favorece el proceso de democratización como un mecanismo para el funcionamiento ágil del sistema; y convierte a la democracia en un modelo de sociedad organizada.

Para que la participación sea efectiva tiene que fundarse en la libertad, porque ésta permite decidir sobre opciones, en la búsqueda del bien común.

Para que se realice el fenómeno participativo amplio hay que afianzar el proceso de democratización, desde su base y en sus diferentes etapas.

La verdadera participación implica que el ciudadano en general no sea simple espectador, sino que protagonista de las decisiones nacionales, como integrante del soberano, que es el pueblo, en el ejercicio del derecho a la libre determinación.

Dentro del campo de la participación está el ingreso y actuación de los partidos políticos, agrupaciones gremiales o de servicio, movimientos sindicales, cívicos o sociales; el pronunciarse en los medios de comunicación social sobre el desenvolvimiento de la situación nacional, el acudir a las urnas electorales, etc.


3. DIMENSIONES DE LA DEMOCRATIZACIÓN.

Básicamente la democratización debe desarrollarse desde cuatro dimensiones: Cultural, política, económica social e internacional.

La democratización por si misma es un proceso que busca conducir a las sociedades a la democracia plena y para recorrer este camino hay que valerse de estrategias en las dimensiones antes mencionadas.

En el Campo Político:

Máximo Desarrollo de la organización y capacitación de los partidos para conformar un elenco de gobierno y un plantel de organizadores de masas bajo la conducción de las fuerzas democráticas existentes.

Capacitación de fuerzas democráticas no partidistas, para que pueda asumir la presión constante hacia la democratización sin hacerla abortar, manteniendo el diálogo con el régimen que muestra disposición a abrirse hacia una transición democrática. Valen las huelgas o la demostración pero sin soluciones violentas.

Concertación de un programa mínimo de acción entre las fuerzas de orientación democrática, de cualquier índole que sean (sociales, políticas, económicas), durante un período más o menos largo después del final del régimen dictatorial o semidictatorial.

Desarrollo y control de los medios de comunicación social por parte de las fuerzas democráticas.


Búsqueda de la legitimación de las fuerzas políticas, a través de la formación de una opinión pública favorable en lo relativo a su capacidad de gestión y mediación.

En el Campo Económico:

Convenimiento de todas las fuerzas democráticas en un plan y programa de desarrollo y estabilización económica, que sea realmente viable.

En el Campo Cultural:

Promoción, por todos los medios, de la legitimación valorativa de la democracia. Hacer que el sistema comience a legitimar, favorecer y ser un hecho propicio para el establecimiento del régimen democrático. Es decir, una batalla en el campo cultural para afirmar los valores democráticos.

En el Campo Internacional:

Así como ha evolucionado el mundo en los último 10 años sería ridículo pensar en una democracia que quiera desarrollarse aislada del contexto internacional.

Esto nos debe conducir a una posterior solidaridad internacional o comunidad internacional de naciones. Tenemos que in tegrarnos como comunidad latinoamericana para poder hacernos valer, tanto en el plano económico-social como en el plano de la seguridad regional.

Para lograr la integración hay que planear una estrategia integracionista que nos lleve de unidades subregionales hasta la unidad regional. que reconozca el papel de las naciones latinoamericanas de rango intermedio y que avance a través de una sucesión de objetivos realizables.

4. LA DEMOCRATIZACIÓN COMO PROCESO.

La democracia es progresiva y por tanto, es conveniente precisar que el ideal democrático se encarna en la realización histórica por medio de un proceso de democratización.

Este proceso consiste en la búsqueda de la democracia y sus valores y abarca varias fases o etapas cuyas modalidades varían según las peculariedades de los contextos socio-culturales en lo que se realiza, y según las ideologías democráticas que lo orientan predominantemente.

4.1 LAS ETAPAS FUNDAMENTALES SON:

a. Instauración
b. Consolidación
c. Perfeccionamiento

a. LA FASE DE LA INSTAURACIÓN.

Consiste en la parte del proceso en la cual, a partir de una o más ideologías democráticas, se inicia el esfuerzo dirigido a configurar un régimen político democrático.

Se debe dar en primer lugar, a la formación de un consenso fuerte entre la pluralidad de opiniones sobre la meta misma de instaurar el régimen democrático en razón de buscar la realización de la libertad. En segundo lugar, a la regla del consentimiento expresado por medio del sufragio, en tercer lugar, a la regla de pluralidad de partidos políticos y en cuarto lugar, a la regla de derecho, por la cual se pretende reflejar en el orden jurídico el reconocimiento de los derechos de la persona humana y la estructuración institucional del Estado en conformidad con las demás reglas. En algunas ocasiones, la instauración se inicia desde una situación de autoritarismo e involucrando, a veces incluso con papel protagónico, a la persona o institución que ha ejercido o ejercen el poder autoritariamente; en otras, se da una ruptura con la situación de autoritarismo de mayor o menor grado de violencia y conflictualidad, y por tanto, se despoja del ejercicio de las tareas políticas a las personas e instituciones que han ejercido el poder autoritario.

b. LA FASE DE CONSOLIDACIÓN.

Consiste en la parte del proceso que concentra el esfuerzo en fortalecer las estructuras democráticas que se han instaurado y en fundar más sólidamente el consenso logrado para iniciar el proceso de democratización, de desprender de los hábitos y prácticas configuradas durante el régimen autoritario o totalitario, y defender adecuadamente el régimen político recién instaurado ante cualquier intento de regresión o desviación.

El conjunto de tareas que se despliega en cuanto a la fase de consolidación está dirigido a avanzar en el proceso de institucionalización democrática y a lograr la creación de una "cultura democrática" tal que le de estabilidad al sistema, estabilidad al sistema, estabilidad que debe concebirse en forma dinámica.

En esta etapa, los problemas relativos a la protección de los derechos humanos, la vigencia de la regla de derecho y la responsabilidad de los funcionarios suele adquirir alta prioridad. Se suele configurar el "Estado Social".

Los sistemas electorales se mejoran y junto a los partidos políticos que toman gran espacio en la sociedad, incluso a veces en tensión y hasta en conflicto con aquellos, aparecen nuevos actores políticos y se multiplican las demandas y economías ante el Estado.

Al multiplicar las demandas, la respuesta que suele adoptarse en nuestros continentes es el modelo de Estado-Presidencia, basado en fórmulas burocráticas que a su vez suelen generar insatisfacción creciente ante el régimen político.
Puede presentarse en este momento algunos intentos de regreso a regímenes autoritarios, o una aguda movilización social de tendencia desestabilizadora en busca de un modelo totalitario, o si no, un desinterés creciente en la participación política que se refleja en abstención electoral y rechazo a la militancia partidista.

c- LA FASE DE PERFECCIONAMIENTO.

Consiste en un conjunto de iniciativas que se adoptan para satisfacer nuevas demandas y las presiones por una mayor participación y para aliviar el malestar de la población ante la ineficiencia de las respuestas.

El problema de determinar cuales son las medidas concretas que se deben adoptar presenta ciertas dificultades en cuanto a la formación de un consenso tan sólido como el logrado en la fase de instauración.

Las respuestas pueden concertarse preferentemente a los asuntos relacionados con los mecanismos electorales, la mejora de representatividad con los mecanismos electorales, la mejora de representatividad de los elegidos, la modernización y tecnificación de los procedimientos usados por el Estado, o las "reformas estructurales de la administración".

En la experiencia más contemporánea, el esfuerzo por perfeccionar la democracia se ha reflejado en un debate entre "más estado o más mercado", es decir, entre el robustecimiento de los mecanismos autoritarios y burocráticos o la llamada "desregulación" y "privatización de muchas actividades, para transferirlas a los mecanismos económicos lucrativos de la competencia y el mercado".

La concepción personalista y comunitaria "tiende a convertir en más y más democrática una sociedad que debe ir siempre adelante" de lo que ella originalmente es "Democratizar la democracia de situaciones y de circunstancias, sino también en relación a los valores de persona y liberación, de justicia y comunidad".

El progreso de democratización implica;

a. Adhesión a los valores de libertad, igualdad, participación y solidaridad.

b. Instrumentos políticos para llevarlo adelante: en concreto, partidos políticos con dirigentes esclarecidos, y otras organizaciones sociales, económicas o culturales que apoyen el proceso.

c. Reformas de las instituciones existentes y de los mecanismos y procesos de toma de decisiones, para que sean representativos y participativos.

d. Criterios para seleccionar los objetivos de corto, mediano y largo plazo y para la conducción del proceso.

c. Diferenciación de las fases del proceso.

f. Definición de los objetivos, estrategias y tácticas fundamentales de cada fase.

Todo ello requiere un constante esfuerzo de análisis de la realidad y el desarrollo del difícil arte de la política: Hacer factible y realizar lo que se selecciona y decide como deseable.

CAPITULO 5

CAPITULO V

LOS CIUDADANOS, SUS DERECHOS Y DEBERES POLÍTICOS Y EL CUERPO ELECTORAL

1. Ciudadanía

1.1 Noción

2. Derechos Políticos

2.1 El Sufragio

2.1.1 Naturaleza Jurídica del Sufragio

2.1.2 Clases de Sufragio

a. Sufragio Universal
b. Sufragio Limitado

2.1.3 El Cuerpo Electoral

a. De la Suspensión de los Derechos Políticos.
b. De la Pérdida de los Derechos Políticos.

2.1.4 Sistemas Electorales.

a. Sistema Directo e Indirecto
b. Sistema Uninominal y Plurinominal
c. Sistema Mayoritario y con re presentación de la minoría
a- Sistemas Empíricos
b- Sistemas Racionales o Proporcionales

2.2 La Asociación Política

2.2.1 Noción

2.2.2 Antecedentes

2.2.3 Su función

2.2.4 Sistemas de partido

2.2.5 Clasificación de los Partidos Políticos

A- De Clase o Pluriclasista
B- De cuadros o de Masas

2.2.6 Los Grupos de Presión

2.2.7 La Regulación Constitucional Salvadoreña

2.3 Opción de Cargos Públicos

3. Los Deberes Políticos

3.1 Ejercer el Sufragio

3.2 El Cumplimiento de la Constitución

3.3 Velar por que se cumpla la Constitución

3.4 Servicio Al Estado

LOS CIUDADANOS, SUS DERECHOS Y DEBERES POLÍTICOS Y EL CUERPO ELECTORAL.

1. CIUDADANÍA

1.1 Noción.

La expresión ciudadanía que hace referencia etimológicamente a la pertenencia a la ciudad, es un término usado desde la antigua Grecia.
Actualmente es utilizado de diferentes maneras. Así para algunos es sinónimo de miembro del estado o sea de nacionalidad. En cambio para nosotros es un término que tiene un ámbito más restringido, es una especie dentro del género que es la nacionalidad.

Esta es el vínculo jurídico político en virtud del cual una persona está unida a un estado determinado y por consiguiente es miembro del pueblo mismo. En cambio, la ciudadanía es el estatus jurídico del nacional que se encuentra habilitado para ejercer los derechos políticos. De acuerdo a nuestro derecho ésta habilitación se adquiere por el simple transcurso del tiempo, al cumplir el nacional a los 18 años de edad.


Es decir que la ciudadanía no concuerda con la mayoría de edad. Puede suceder entonces que una persona está entre los 18 y 21 años, tenga el goce el ejercicio de los derechos políticos pero siga sujeto a una patria potestad ó tutoría.


Naturalmente que la ciudadanía solo tiene sentido en un estado en el cual se admite la participación del pueblo en las funciones públicas; en el caso de estados autocráticos que no permiten la participación de los gobernados en la formación de la ley, ni la designación de los gobernantes, no cabe hablar de ciudadanos sino de subditos.

2. DERECHOS POLÍTICOS.

A diferencia de los derechos civiles que pertenecen a todos los habitantes de la República, los derechos políticos están restringidos a los nacionales. Incluso éstos los tienen desde su nacimiento pero en una forma potencial; es decir que tienen la capacidad de goce de los mismos, más la de ejercicio, la adquieren al cumplir la mayoría de edad política que de conformidad con nuestra Constitución es de 18 años.

Estos derechos políticos están constituidos por el conjunto de facultades que los ciudadanos tienen para participar en los procesos políticos del país, sea para la elección de ciertos gobernantes, sea para la posibilidad de optar a cargos públicos es decir convertirse en gobernantes, sea para ejercer determinados derechos que son privativos de los ciudadanos.


De acuerdo con nuestra Constitución (Art. 72), los derechos políticos son:

1. Ejercer el sufragio.
2. Asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo con la ley e ingresar a los ya constituidos.
3. Optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos que determinan esta Constitución y las leyes secundarias.

2.1 El Sufragio.

El sufragio es una función política de carácter individual por medio de la cual cada ciudadano puede elegir a los titulares de algunos de los órganos del estado.
Es en cierto sentido, una forma de expresión política, ya que cuando uno opta por uno u otro candidato, si se trata de la Presidencia de la República, o por una otra planilla, si se trata de la Asamblea Legislativa ó de las municipalidades, está manifestando su adhesión o simpatía no sólo con la persona de los candidatos, si no con la plataforma electoral e ideología del partido que presenta al ó a los candidatos.

2.1.1 Naturaleza Jurídica del sufragio.

Hay diferentes tesis al respecto:

Para unos el sufragio es un derecho natural. Se considera que el individuo tiene incorporado tal derecho en forma natural, inherente a su calidad de persona y es anterior a la existencia misma del estado, por consiguiente éste no puede excluir, ni siquiera como acto del poder constituyente a aquellos que han concurrido con su voluntad a la formación del pacto social, pues los constituyentes que nos delegados del pueblo no le pueden suprimir sus derechos de nacionalidad ni de ciudadanía a sus delegantes.

Para otros el sufragio es un derechos que otorga la ley. Esta determina las condiciones que debe e reunir una persona para poder sufragar.

Su origen se debe a la esencia misma del sistema de gobierno democrático representativo, que confiere a los ciudadanos la facultad de elegir y ser electos. El sufragio es el medio por el cual el ciudadano participa en decisiones políticas importantes, tales como la elección, el referendum, el plebiscito, etc.

En la mayoría de los países el sufragio no es obligatorio. Excepcionalmente algunos adoptan el sistema contrario, tales como nuestro país, Argentina y Venezuela.


Por lo tanto, el sufragio es un derecho político otorgado por la ley así como una facultad que confiere el estado a las personas que considera capaces de ejercerlo. Otros sostienen que el sufragio es un derecho y un deber. Esta es la posición adoptada por muchos textos constitucionales y es criticada por los estudiosos del tema en su inmensa mayoría, por considerar que no puede ser a la vez un derecho, que es facultativo y un deber, que es de obligatoria cumplimiento.

Los que sostienen esta tesis explican que es un deber en cuanto a que no es optativo el concurrir o no votar y la prueba de ellos es que existe sanción para aquellos que no lo hacen. Y es derecho en cuanto a que el votante escoge libremente por que partido votar e incluso decide si anula o no su voto, sin que ninguna autoridad ni particular pueda intervenir.

Ciertos autores estiman que el sufragio es una función constitucional. Es la doctrina más aceptada por los tratadistas del derecho constitucional. Dado que a través del sufragio se determinan quienes son los titulares de los órganos principales del Estado y que a partir de tal elección se configura el resto de los cuadros de los funcionarios y empleados gubernamentales, la acción de decidir quienes son aquellos titulares, es una función necesaria para la conformación del gobierno y por tanto es una función pública.

2.1.2. Clases de Sufragio.

El sufragio puede ser universal o limitado.

A) Sufragio Universal

El sufragio Universal es aquel que está establecido para todos los nacionales y sólo se admiten restricciones racionales basadas, en la madurez, la honestidad y el civismo.


Solo de esta manera se considera que el sufragio puede ser una expresión auténtica de la voluntad popular y para que así sea debe además reunir los siguientes requisitos:

1. Debe de ser igualitario. Esto quiere decir que todos y cada uno de los ciudadanos puedan votar el mismo número de veces, lo que se puede traducir en una sola fórmula: un ciudadano, un voto.

2. Debe ser libre, esto significa que nadie puede ser obligado a votar por un determinado o determinados candidatos.

3. Debe ser secreto. Para asegurar esa voluntad algunos estados adoptan el sistema secreto, lo cual no es aceptado por muchos, porque se considera que un verdadero ciudadano no puede admitir que se le coacciones para votar en determinada forma.

4. Debe ser honesto. Toda la operación electoral desde el depósito de los votos, su recepción, su recuento, su escrutinio, y la declaración de los electos debe de ser absolutamente transparente e impecablemente moral.

5. Debe de ser personal. El votante debe expresar su opción personalmente o directamente. No se admite el voto por representación. Se descarta por tanto toda la posibilidad de ejercerlo por medio del voto familiar, cuya esencia era que el jefe del hogar podía en cada elección votar según el número de descendientes que tuviera a su cargo.

6. Debe ser periódico. Los ciudadanos deben de tener la posibilidad de cambiar a los gobernantes cuando estos no se han conducido en la forma prometida ó si así se decidiere, reelegirlos.

7. Debe ser de diversas opciones políticas, es decir no deben existir solo una planilla o candidatos únicos. No obstante el principio de igualdad para ejercicio de los derechos políticos a que nos hemos referido, si se admiten algunas restricciones pero no arbitrarias sino basadas en circunstancias que tienen relación con la capacidad mental y emocional, la honestidad y el civismo. Así el ejercicio del sufragio requiere una madurez de mente y para ello se ha establecido una edad suficiente para que un joven pueda discernir correctamente por quién dará su voto. Desde luego este criterio no deja de ser un poco arbitrario pues se trabaja con un sistema de promedios y nadie puede asegurar que todas las personas de un país ejemplo El Salvador que exige 18 años, tenga una percepción clara del que hacer y problemática política.

B) Sufragio Limitado.

La Universidad del sufragio no siempre ha existido en el pasado y en otros lugares se han establecido restricciones por razones se sexo, religión, profesión, capacidad económica, ideas políticas.

1. El Sexo. Hasta hace unos años muchos países negaban el ejercicio de los derechos políticos a las mujeres. En lo que a El Salvador se refiere esta discriminación nunca ha existido en los textos legales.

2. La Religión. En algunos países hay restricciones a los derechos políticos para los que no practican la religión que ha sido adoptado en forma oficial por el Estado. En El Salvador durante las primeras constituciones se estableció la Religión Católica como religión oficial pero en ningún momento se negó a los que profesaren otras religiones, el derecho de ciudadanía.

3. Las Profesiones. En el pasado y actualmente se discute si algunas profesiones impiden el ejercicio del sufragio.
Estas restricciones se han dado para los militares y los ministros de culto religioso, en nuestra legislación no existe esa restricción y únicamente se les veda a la participación en partidos políticos y en la propagación electoral.

4. La capacidad económica. El constitucionalismo es un producto de la lucha de la burguesía en contra del poder absoluto de los monarcas y de la nobleza, se consideró normal establecer requisitos tanto para ejercer el sufragio como para acceder a ciertos cargos públicos basados en la capacidad económica.

5. El Conocimiento. También han habido discriminaciones en los votantes por razón de su analfabetismo. Aunque ésto ha dado origen a una polémica pues los que apoyan esta discriminación se basan en que los analfabetas son fácilmente conducidos a tendencias determinadas, las que muchas veces no comprenden.
Esto es cierto pero también el no permitirles votar les niega la posibilidad de elegir a personas que los comprenda y que se preocupen de sus problemas.

2.1.3. El Cuerpo Electoral.

El cuerpo electoral de conformidad con el artículo 76 de la Constitución Política está formado por todos los ciudadanos capaces de emitir voto, los que además para poder ejercer el sufragio deben estar inscritos en el Registro Electoral conforme el artículo 77 de la Constitución Política; el Registro Electoral estará a cargo del Tribunal Supremo Electoral, teniendo los partidos políticos legalmente inscritos el derecho a la vigilancia sobre la elaboración, organización, publicación y actualización de dicho registro.

Ya examinamos quienes son los ciudadanos pero es necesario ver quienes están en capacidad de votar, en otras palabras quienes conservan su capacidad de ejercicio político. Esta materia está regulada en los Arts. 74 y 75 CN, que nos hablan respectivamente de la suspensión y de la pérdida de los Derechos Políticos.

A. De la Suspensión de los Derechos Políticos.

Los derechos de ciudadanía se suspenden por los motivos señalados en el primero de dichos artículos y estos son:

1. Auto de prisión formal. La Constitución no define en que consiste esta situación, por lo que debe entenderse que está tomada del sentido usual del Derecho Procesal Penal Salvadoreño y de acuerdo al Art. 874 Pr. Pn., el auto de prisión formal es la resolución que dicta el juez después de que el jurado ha estimado culpable al procesado, declarando, entre otras cosas, que da lugar a poner en prisión al reo.

2. Enajenación mental. Esta situación tampoco está definida en la Constitución, por lo tanto se debe aplicar la legislación común o sea el Código Civil y sólo puede ser decretada por la Corte Suprema de Justicia en virtud de la atribución séptima del Art. 182.

3. Interdicción judicial. Tampoco existe un concepto constitucional de esta institución por lo que se aplica el Código Civil y su declaración es competencia de los jueces de tal jurisdicción.

4. Negarse a desempeñar sin justa causa un cargo de elección popular. Son funcionarios de elección popular, el Presidente y Vicepresidente de la República, los Diputados a la Asamblea Legislativa y al Parlamente Centroamericano y los Miembros de los Concejos Municipales, Art. 80 Cn. Esta es una suspensión temporal que dura el tiempo que deberá desempañarse el cargo rehusado y su declaratoria es competencia de la Corte Suprema de Justicia, Art. 182, fracción 7a.

B. De la Perdida de los Derechos Políticos.

No existe una diferenciación en la Constitución entre la suspensión y la pérdida de los derechos ciudadanos. En teoría se ha entendido que la suspensión se refiere solamente al ejercicio de los derechos y la pérdida incluye también la capacidad de goce. Consecuentemente, se sostiene que la suspensión desaparece con la causa que la ha motivado; en cambio, en caso de pérdida es necesario un proceso de rehabilitación especial. Pero resulta que de acuerdo a la disposición 182 fracción 7a. ya mencionada, es competencia de la Corte Suprema de Justicia conocer de las causas de suspensión o pérdida de los derechos de ciudadanía en los casos así señalados, así como de la rehabilitación correspondiente. No distingue entonces el constituyente claramente entre una institución y otra porque ambas tienen las mismas consecuencias.

Ahora bien, de acuerdo a la Ley Suprema, pierden la ciudadanía:

1. Los de conducta notoriamente viciada, la cual tendrá que ser apreciada por la Corte Suprema de Justicia a su prudente arbitrio.

2. Los condenados por delito. Estos son los casos en que el Juez de lo Penal competente pronuncia sentencia definitiva contra un reo. De la rehabilitación, como se ha dicho, conoce la Corte Suprema de Justicia.

3. Los que compren o vendan votos en las elecciones. Esta causa tiene más bien un valor histórico, pues en tiempos anteriores se acostumbraba comprar a los electores para que votaran a favor de determinado candidato o candidatos mediante pagos en efectivo o en especie. Esto ciertamente ya no se practica, pero posiblemente el constituyente estimó el caso conservar la causal para no dar la impresión, al suprimirla, de que permitía el tráfico de votos.

2.1.4. Sistemas Electorales.

El sistema electoral que pertenece al amplio tema del sufragio, es como éste una institución de la democracia indirecta o representación o sea que obedece al principio de la representación política y hay diferentes puntos de vista desde los cuales se pueden clasificar los sistemas de sufragio o electorales adoptados por los diferentes estados para escoger a los representantes del pueblo y que han de gobernar el Estado dentro de los límites que le marque la Constitución.


A. Sistema Directo e Indirecto.

La primera división que podemos establecer en relación a si el elector vota directamente por quién o quienes quiere que sean elegidos o si a diferencia vota por lo que han de elegir a los gobernantes.

En el primer caso se llama voto directo y en el segundo voto indirecto.

Analizando nuestras disposiciones legales, tenemos ambos sistemas, así tenemos que el Presidente de la República, los Diputados a la Asamblea Legislativa, los Diputados a la Asamblea Constituyente, cuando se tratare de esta elección, los Alcaldes y demás miembros de los Concejos Municipales son electos directamente por el cuerpo electoral. Cada ciudadano al depositar su voto indica que persona quiere que sea el Presidente de la República dentro de los candidatos que se han inscrito para tal cargo, que planilla de diputados salga electa dentro de las que están inscritas y que planilla de alcaldes y concejales desea que sean las que rijan la población de la cual es vecino. En cambio los diputados eligen al presidente y demás Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Presidente y demás Magistrados de la Corte de Cuentas, a los Miembros del Tribunal Supremo Electoral, al Procurador General de la República, al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, al Fiscal General de la República y a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Es decir, que el votante cuando emite su voto sobre quienes deben ser los diputados a la Asamblea Legislativa está delegando en ellos la designación de todos aquellos funcionarios, lo mismo sucede cuando se vota por alguien para Presidente de la República, lo está delegando para que nombre los Ministros o Secretarios de Estado y demás funcionarios de su nombramiento.

Existen países donde el sufragio indirecto se utiliza incluso para elegir al Presidente de la República, por medio de la elección primaria de los llamados compromisarios, los que a través de uno o varios grados eligen a su vez a los representantes definitivos.

B. Sistema Uninominal y Plurinominal.

Otra forma de clasificar los sistemas electorales es cuando se refieren a la extensión territorial y así se llama uninominales en contraposición a los de lista. En el primer caso de divide el territorio en circunscripciones muy pequeñas, cada una de las cuales tiene un representante y los vecinos de la misma votan por el candidato de su preferencia dentro de los varios que están inscritos y uno solo es el electo.

El otro sistema cada votante vota por la lista del partido político de su preferencia.

En nuestro país, de alguna manera el sistema uninominal está implantado para la elección de los alcaldes municipales y el de lista para las demás autoridades de elección popular.


C. Sistemas Mayoritario y con representación de la Minoría Un tercer Criterio es el llamado mayoritario, según el cual los candidatos electos son los que obtienen la mayoría de votos.

Es usado para los casos de un solo funcionario, como el del Presidente de la República y los Alcaldes y también se ha empleado y se emplea en algunos lugares para los cuerpos colegiados, como la Asamblea. Se ha utilizado en El Salvador hasta hace pocos años.

Este sistema no necesariamente produce la presencia de diputados en la Asamblea de un sólo partido, pues pude suceder y de hecho ha sucedido, que el partido mayoritario a nivel nacional no lo sea en determinado departamento o región. Así por ejemplo, en la Constituyente de 1950, cuyo sistema fue precisamente el que comentamos, estuvieron representados doce diputados del Partido Acción Renovadora, que resultó minoritario, frente al Partido Revolucionario de Unificación Democrática, cuyo candidato presidencial, el Cnel. Oscar Osorio, resultó vencedor y también tuvo la mayoría de los escaños legislativos.

Otro sistema es el llamado minoritario, que tiende a asegurar representación a las minorías, a fin de obtener dentro del hacer gubernamental de alto nivel un equilibrio o al menos una moderación.

Este sistema no funciona en los candidatos unipersonales, para los cuales necesariamente se aplica el sistema mayoritario.


El Sistema minoritario tiene diversas especies o variantes, las cuales podemos englobar en dos grupos diferentes: los empíricos y los llamados racionales o proporcionales.

a. Sistemas Empíricos.

El voto imperfecto o limitados. En este Sistema el elector vota por un número menor de candidatos de los que se debe elegir, De esta manera, por ejemplo, si fueran tres diputados por un departamento, cada votante escogería a dos y el tercer puesto se atribuiría a las minorías.

El voto acumulado. Es este sistema cada elector tiene tantos votos como candidatos a elegir, pero los debe concentrar en uno solo, lo cual permite a los que se crean en minoría acumular sus votos en una misma persona.

El Mínimum Electoral. Un candidato se puede presentar en varias circunscripciones electorales y resultar electo, si sumando los votos obtenidos en dichas circunscripciones alcanza una cantidad determinada de votos.

b. Sistemas racionales o proporcionales.

Estos son de una variedad tan grande que su descripción es propia de un tratado o de un manual de derecho electoral, por lo que nos limitamos a los más reconocidos.

El Sistema Hare, el elector a continuación del nombre del candidato por quién vota puede añadir otros varios. Se calcula el cociente electoral dividiendo el número de votos emitidos por el representante a elegir; cuando un candidato ha alcanzado el número de votos representado por el cociente, se el imputan al que le sigue en orden y así sucesivamente hasta obtener el número de representantes a elegir por la circunscripción electoral de que se trata.


Sistema Hagenbach. Se vota por listas de candidatos y se obtiene el cociente electoral de la misma forma que el anterior.

Este cociente se utiliza como divisor común de los votos obtenidos por cada lista y su resultado arroja el número de diputados que le corresponde a cada una de ellas.

Pero como en la práctica no suele resultar esta operación tan simple, se complementa con el sistema del residuo electoral, que es el método elegido por nuestro legislador, el cual a nivel constitucional ha dispuesto que existe para los diputados a la Asamblea Legislativa la representación proporcional y a nivel de legislador secundario (Código Electoral) ha escogido este método cuando dispone que: "Si uno o más partidos Políticos o Coaliciones no alcanzaren el cociente electoral se tomarán sus votos como residuos. Si ningún Partido Político o Coalición alcanzare el cociente electoral, se adjudicará a cada Partido Político o Coalición por el orden de mayoría de votos"...."Cuando hubiere empate, en los casos de los dos incisos anteriores, el Diputado lo ganará el Partido Político o Coalición que haya obtenido mayoría en el total de los residuos generales de toda la República." Art. 204 Inciso 4to y 5to.

Sistema del Número Uniforme. En este sistema no se determina de antemano el número de diputados a elegir, sin no que por el contrario se fija la cantidad de votos que es necesario para ser elegido Diputado, a la cual se le llama "número uniforme". Cada lista tendrá tantos escaños como resulte de dividir el número de votos por el número uniforme. Los restos de las diferentes circunscripciones departamentales se suman entre sí, los obtenidos por los diferentes partidos y esta suma se divide por el número uniforme, lo que puede permitir al Partido obtener uno o más escaños.

2.2 Asociación Política.

2.2.1 Noción.

Como la sociedad civil no es homogénea en cuanto a concepciones culturales, sociales, políticas, etc., tiende a dividirse en grupos formados por aquellas personas que tienen puntos de vista afines respecto a los problemas del estado y de cuales pueden ser sus soluciones y los métodos que se deben de adoptar para resolverlos. De ahí nace un derecho de asociación particular muy diferente del derecho de asociación general, tendiente a formar personas jurídicas que sean el vehículo para la participación en el quehacer político. Estos son los partidos políticos. Los podemos definir diciendo:

"Son organizaciones duraderas, agencias a nivel nacional y local con vistas a obtener el apoyo popular y local, teniendo como objetivo la conquista y ejercicio del p oder para realizar una política determinada".

Su principal finalidad es la conquista o el mantenimiento del poder, vale decir el triunfo en las elecciones y de esta forma gobernar y realizar los programas que se han propuesto, así como influir en la orientación política del Estado a través de una organización coordinada y estable.
En caso de no obtener el poder, un partido político se sitúa en un ángulo desde el cual pretende controlar y fiscalizar al partido gobernante.

Como es apuntado por varios tratadistas de derecho Constitucional, el principio democrático inherente al Estado Constitucional exige que gobierne la mayoría pero con la colaboración y control de la minoría.

2.2. Establecer el origen de los partidos políticos es una tarea sumamente compleja, pues su formación y mecanismo de creación varían sensiblemente de acuerdo al país que nos referimos. Dependerá principalmente de factores históricos, sociales y económicos.

Hay referencias históricas, de que existían partidos o grupos políticos en el antiguo Israel, se dice por ejemplo que Jesucristo era de la secta de los Esenios. Otros los sitúan en la Grecia Clásica, pues en sus ciudades ó polis existía división entre los ciudadanos por la clase social a la que pertenecían.

Otros sostienen que las verdaderas raíces históricas se encuentran en Inglaterra en el siglo XV con ocasión de la guerra de las Dos Rosas entre las casas de York y Lancaster.

Otra corriente de opinión sostiene que aparecieron a finales del siglo XVIII.

Por último otros estudiosos estiman su aparición a mediados del siglo pasado en 1850,pues antes de esa época solo existían comités, clubes, clanes, etc. Pero la existencia de los partidos políticos se consolidó hasta que se estableció con carácter duradero el régimen representativo.

2.2.3 Su Función.

Las opiniones sobre cual es la función de los partidos políticos son muy variadas y encontradas. Algunos consideran que son instituciones separadas e independientes del Gobierno.

Para otros sostienen que son parte del gobierno, pues desempeñan una función importante en la selección del personal gubernamental y en sus proyectos del programa y en el control del gobierno por medio de las expresiones de opinión pública.

Considero que los partidos políticos crearon la democracia y la democracia de nuestros días solo cabe en función de aquellos.


La entidad de los partidos es el rasgo más acusador de la naturaleza de cualquier régimen. La diferencia más grande de la moderna filosofía política, la de entre democracia y dictadura puede hacerse en función de la política de partido.

Desde el punto de vista constitucional salvadoreño, los partidos políticos son la expresión de un sistema pluralista y se consideran como el único instrumento para representar al pueblo dentro del gobierno y por ello determina que: las normas de organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa.

Es por eso que el artículo 85 de la Constitución Política salvadoreña prohíbe los partidos oficiales porque los considera incompatibles con la democracia y la forma de gobierno establecida por ella.


2.2.4 Los Sistemas de Partido.

Desde el punto de vista del número de partidos que pueden haber en un estado se pueden clasificar en la siguiente forma:

a. Apartidismo
b. Monopartidismo
c. Bipartidismo
c. Pluripartidismo

Apartidismo: Consiste en la inexistencia de partidos políticos en una forma absoluta, ni siquiera como simple agrupación de índole política.

Monopartidismo: Cuando sólo puede operar un partido, esta operatividad puede ser de derecho si la ley así lo dispone o de hecho, cuando el partido oficial agrede a personas que intentan organizar un partido diferente.

Esta forma de partidos es muy características de los regímenes totalitarios y dictatoriales,ejemplo Cuba.

Nuestra constitución Política rechaza esta forma de partido, en su Artículo 85 inciso 3 dice: "La existencia de un partido único oficial es incompatible con el Sistema democrático y con la forma de gobierno establecidos en esta Constitución".

Bipartidismo: Consiste en la existencia de dos grandes partidos que se forman alrededor de dos polos diferentes de poder, se produce tanto en las formas parlamentarias como en las presidencialistas y suelen representar puntos de vista tradicionales pero uno más conservadores y otros más liberales, ejemplo Honduras con sus partidos nacionalistas y liberal.

El bipartidismo surge espontáneamente y no niega ni excluye la existencia de partidos menores que no alteran los resultados globales de las elecciones o terminan apoyando a los grandes.

El aparecimiento de los partidos de masas en la época actual, el bipartidismo se presenta en partidos con tendencia al capitalismo o a la economía de mercados y los partidos social demócratas que le asignan gran participación al estado en la solución de los problemas socioeconómicos.

En El Salvador los indicativos es que se presentará este fenómeno, no en una forma clara sino por coaliciones. La economía de mercado y el pensamiento neoliberal por un lado y el intervencionismo creciente del Estado y la economía socializante por el otro lado. Estos últimos posiblemente se unan en la social-democracia.

Multipartidismo: es la existencia de tres o más partidos políticos importantes, con la posibilidad de una participación relativamente significativa en el seno de la representación nacional.

Este sistema es propio de los Sistemas democráticos, donde se otorgan amplias libertades cívicas, así como también las representación de diferentes concepciones ideológicas. Desde luego este sistema se presta para la proliferación de partidos, algunos no tienen la seriedad ni representación en relación al número de electores.

Lo anterior presenta tres problemas: que se formen partidos con fines meramente económicos a fin de obtener el financiamiento de la llamada deuda política. Otra consiste en que la representación sea tan mínima que únicamente sirvan para cabildeo y negocios políticos. Y finalmente el tercer problema que es el más serio, estriba en que permite la existencia de partidos que tratan de establecer regímenes contrarios a los adoptados por la Constitución.

Sobre los dos primeros problemas se han tomado medidas sobre un mínimo de personas que deben formar los partidos y un porcentaje que deben formar los partidos y un porcentaje mínimo que deben obtener en las votaciones para que subsitan inscritos. Con referencia al tercer problema se debate sobre si deben limitarse o no tales partidos, en El Salvador, se prohibieron los partidos anárquicos y contrarios a la democracia.

2.2.5 Clasificación de los partidos políticos.

Los partidos políticos los podemos clasificar desde diferentes puntos de vista:

A. De clase o Pluriclasista.

Esta clasificación es según que sus miembros pertenezcan a una sola clase social o todos los estratos, se clasifican en partidos de clase o pluriclasista.

Ejemplos: El Partido Laborista de Inglaterra es un partido de clase, los partidos formados solo por trabajadores o campesinos son también de clase. En El Salvador todos los partidos son pluriclasistas porque en ellos encontramos: profesionales, empresarios, trabajadores, comerciantes, industriales, etc.

B. De Cuadros o de masas.

Según que estén organizados alrededor de personalidades o élites políticas o que por el contrario se basen en el número de los afiliados los partidos se clasifican desde ese punto de vista en de cuadros o de élites y de masas.

Los partidos de cuadros fueron los primeros en aparecer y se adoptaron tanto por conservadores como por liberales de Europa y de los EEUU que por lo general conservan esa estructura, estos de cuadros se pueden subdividir en Tradicionales y modernos.

Los primeros son los que tienden a reunir a notables, les importa más la calidad que la cantidad. Se busca más a estos notables por su prestigio que le confieren al partido una gran influencia moral o por su fortuna que les permite cubrir los gastos de campaña.

Con referencia a los segundos los partidos de cuadros clásicos se han modernizado, así los partidos americanos fueron profundamente transformados por el sistema de las elecciones primarais, especie de preescrutinios donde se llama al conjunto de los ciudadanos para designar los candidatos de los partidos entre los que se desarrolla a continuación la elección propiamente dicha.También se encuentran algunos partidos demócratas cristianos como el austríaco, belga entre 1919 y 1939, de base corporativa, donde los comités de partidos están formados p or delegados de sindicatos obreros de organizaciones agrícolas, de asociaciones de clase media.

Los partidos de masa fueron creados por los socialistas a comienzos del presente siglo, pero también han sido utilizados por los fascistas y los comunistas.

Los partidos socialistas, su estructura responde primero a imperativos financieros, para hacer frente a los gastos de propaganda electoral de los candidatos socialistas, que podían no esperar los de fondos de empresas privadas o personas acomodadas, se pensó inscribir directamente en un partido la mayor masa posible de partidarios de una manera permanente, haciéndoles pagar una cotización regular, ya sea mensual o anual, que alimente su caja electoral.

Los partidos comunistas, su primera originalidad se refiere al elemento de base. Los partidos comunistas procuran obtener un gran número de partidarios, pero los agrupan según su lugar de trabajo: Es esta forma establecen las células de empresa, naturalmente a la par de estas también hay que establecer las células locales.

Las células de empresa tienen una doble ventaja, primero el contacto entre l os miembros de esta comunidad de base es más constante y más estrecho pues diariamente se ven a la entrada y salida del trabajo y diariamente pueden recibir instrucciones del partido y ponerse de acuerdo. Por otra parte los problemas de la empresa y del trabajo proporciona material a las discusiones de la célula; uniéndolos a la política general se da a esta última una base concreta, se hace palpar a cada miembro del partido la importancia y significado de su adhesión. Esta unión es más firme que la de barrio, colonia o ciudad.

Los partidos fascistas son partidos de masa, pero agrupan a los partidarios de una manera original, que aplica técnicas militares al encuadramiento político de masas. No todos sus partidarios forman parte de las milicias o las secciones de asalto; pero estas constituyen el elemento esencial del partido formando el resto una especia de reserva. El Elemento base es, pues una agrupación muy pequeña. Estos grupos pequeños se articulan entre si, siguiendo una pirámide jerárquica de muchos grados como en el ejército.

2.2.6 Grupos de Presión.

Dentro del hacer social y político existen grupos de personas que tienen intereses comunes y determinada capacidad para influir en la vida del Estado. Estos son los llamados grupos de presión, los cuales operan a través de un partido politico formado y patrocinado por ellos o independientemente.

También tratan e incluso logran introducirse dentro de las estructuras gubernamentales personas que los representan a fin que dentro del proceso de la toma de decisiones estatales o del proceso de formación de ley defiendan sus intereses.

Estos grupos de presión pueden ser: Económicos, gremiales, profesionales, intelectuales, religiosos o simplemente políticos, normalmente no tienen personalidad jurídica o al menos no se constituye con un objetivo claro de ser de grupo de presión. Pero pueden usar una gremial ya sea laboral o empresarial para ejercer presión política y por lo general suelen hacerlo.

La importancia de los grupos de presión en la gestión del estado moderno, quedar reflejada en los estados democráticos constitucionales, por la política del gobierno de consultar a estos grupos sobre medidas legislativas o por el hecho de ser consultado por ellos.

Nuestras constituciones no han regulado nada sobre estos grupos; su actividad está comprendida dentro de los derechos de reunión de asociación, de p etición y de libre expresión de pensamiento. Pero a partir de la constitución del 83 pareciera que trató de excluirlos de la vida política nacional al establecer que sólo los partidos políticos pueden representar a los ciudadanos, lo cual no pasa de ser si esa fue la intención, una ilusión desmentida diariamente por la realidad.

2.2.7 Regulación Constitucional Salvadoreña.

En forma similar a la mayoría de constituciones del mundo, nuestras constituciones guardaron silencio con referencia a los partidos políticos, no porque los prohibieran o los rechazaran sino porque los consideraban instituciones constitucionales.

A partir de 1950 es que se establece el derecho de asociación política, como derechos ciudadano. La exposición de motivos de 1950 es muy parca y se limita a decir "La pertenencia a partidos políticos no puede ser en ningún caso obligatoria. Constituído legítimamente un partido no es posible poner cortapisa alguna para que el ciudadano ingrese a él.

*Exposición de Motivos Constitución de 1950

Sin embargo el artículo 160 prohibía el funcionamiento de organizaciones políticas internacionales o extranjeras salvo aquellas que persiguieran por vías democráticas la unión de Centro América o la cooperación continental o universal a base de fraternidad. También quedó prohibida la propaganda de doctrinas anárquicas y contrarias a la democracia, de lo que se interpretó que no se podían fundar partidos políticos que tendieran a establecer cualquier sistema antidemocrático o anárquico.

La constitución de 1962 no introdujo ninguna variación. basado en esos principios y conforme a la ley electoral de esa época el Consejo Central de Elecciones del año 1967 procedió a cancelar al Partido Acción Renovadora, PAR, a petición del Fiscal General de la República quién sostenía que dicho partido difundía propaganda de doctrinas anárquicas y contrarias a la democracia.

La actual Constitución, 1983 cuando habla de la forma de gobierno, ha cambiado la función de los partidos políticos, confiándoles la expresión y el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Es decir que ahora los partidos políticos además de personas jurídicas integradas por ciudadanos que buscan el ejercicio del poder estatal son órganos gubernamentales.

No se establecieron prohibiciones en cuanto a la ideología de los partidos pero ha quedado vedada la propaganda subversiva y por consiguiente no se puede establecer partidos políticos que traten de trastocar el orden público. La Constitución se ha declarado que no se puede reformar en lo que se refiere a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternatibilidad en el ejercicio de la Presidencia. Por lo tanto tampoco pueden fundarse partidos cuya finalidad fuera contrario a tal disposición.

2.3 Opción de Cargos Públicos.

La actividad de un ciudadanos dentro de un partido político puede limitarse a las actividades del proselitismo, propaganda y de influencia política, pero normalmente el fin de todo político es el ejercicio del poder. Por ello la Constitución no podía menos que consagrar como un derecho de los ciudadanos el presentar sus candidaturas de los cargos de elección popular y el gestionar su nombramiento en los de designación. Para optar a la representación dentro del gobierno se requiere estar afiliado a uno de los partidos políticos reconocidos legalmente, artículos 85, inciso 2do. y 151 parte final Cn.

Sin embargo, debido a que el ejercer poder requiere mayor madurez, así como exige antecedentes de honorabilidad de más alto nivel que los del sufragio y de la asociación política, se establecen diferencias para los diferentes cargos que contrastan con la simple mayoría de edad que se requiere para llegar a ser ciudadano.

Para esto como alguien ha dicho basta haber nacido para ejercer el poder es necesario llenar más requisitos, unos establecidos en la propia Constitución como son: Una mayor de edad, mayores conocimientos, experiencia y solvencia económica entendida ésta no en el sentido de poseer medios de fortuna sino de estar en paz con el fisco, estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos y afiliado a uno de los partidos políticos reconocidos legalmente; y otros no escritos, como son: La vocación política, el conocimiento de la realidad nacional e internacional, el carismo, etc.

3. LOS DEBERES POLÍTICOS.

Es estatus del ciudadano, o sea de miembro político del Estado en el pleno ejercicio de su capacidad política, le acarrea derechos de los cuales ya hemos hablado y también deberes. Algunos autores de Derecho Constitucional sostiene que la vida social está regida por la solidaridad; esto es que todos estamos obligados respecto a todos, tanto gobernantes como gobernados y por tanto con arreglo a esta doctrina, "el individuo no tienen ningún derecho no tiene sino deberes sociales". El único derecho que tendría entonces el individuo sería el de cumplir sus deberes.

Nuestro constituyente se aparta de esa doctrina y separa los derechos de los deberes, pero quizá esa separación es aparente porque en el fondo considera al individuo libre pero dentro de la sociedad y por consiguiente, con responsabilidades para consigo mismo, con sus semejantes y con el Estado.

Los deberes que nuestra Constitución señala y que son comunes a todos los ciudadanos, están referidos en el artículo 73 Cn, y se refieren al sufragio, al cumplimiento de la Constitución, a la defensa de la misma y a la prestación de servicio al Estado en casos determinados por la ley.

3.1 Ejercer el sufragio.

De este tema hablamos extensamente en este trabajo en el numeral propio del sufragio, el sufragio es una función pública y por lo tanto votar es obligatorio no depende de la voluntad del ciudadano y por eso al que infringe se le pone una pena pecunaria.

3.2 El Cumplimiento de la Constitución.

Al cumplimiento de la Constitución están obligados todos aquellos que están bajo el poder del estado y por consiguiente deberán cumplir sus mandatos los que están dentro de su territorio incluidos los extranjeros y además lo estarán los nacionales aún que se encuentren fuera del mismo. Esta obligación en el fondo es superflua porque el carácter mismo de norma que tiene la Constitución la vuelve vinculatoria sin embargo no está demás que el constituyente la haya incluido para que aquellos que creen que la Constitución necesita de leyes que la desarrollen tenga claro que tienen obligación de cumplirla y que de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones correspondientes.

3.3 Velar porque se cumpla la Constitución.

Esta obligación se fundamenta en lo que se llama acción popular, esto es la facultad que tienen los ciudadanos para promover determinadas acciones destinadas al mantenimiento de la Constitución.

Tal es el caso de la acción de inconstitucionalidad, además tiene la facultad de denunciar violaciones a la Constitución; a la Asamblea Legislativa si es el caso de antejuicio; a la Corte Suprema de Justicia si se trata de violaciones por parte de magistrados, jueces, los abogados y los notarios; y a los tribunales ordinarios si se trata de particulares.

3.4. Servicio al Estado.

La Constitución permite que la ley secundaria pueda establecer obligaciones para los ciudadanos y de hecho hay numerosos casos en los cuales el legislador secundario hace uso de esta competencia.

Ejemplos la obligación de prestar servicio militar, contribuir a las cargas públicas mediante el pago de impuestos, contribuciones, tasas establecidas por la ley, estos ejemplos se encuentran en la misma Constitución. En la legislación secundaria encontramos una amplia gama de tales obligaciones una de carácter electoral, otras de carácter jurisdiccional como los jurados, etc.


CAPITULO VI

LAS ANOMALÍAS LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS DEL PROCESO ELECTORAL Y SUS CONSECUENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DE LOS EVENTOS ELECTORALES.

1. Los procesos electorales desde 1960 a 1969

2. Los procesos electorales desde 1970 a 1979

3. Los procesos electorales desde 1980 a 1991

1. LOS PROCESOS ELECTORALES DESDE 1960 A 1969.

El directorio Cívico Militar que depuso como Presidente de la República al Coronel José María Lemus, convocó a elecciones, 1961 para elegir Diputados para la Asamblea Constituyente elegida está redactar la Constitución Política y elegir a un Presidente Provisorio.

El Presidente Provisorio electo fue el Doctor Eusebio Cordón y bajo su administración se convocó a elecciones presidenciales, habiéndose inscrito únicamente en el Consejo Central de Elecciones como candidato a la presidencia por el Partido de Conciliación Nacional, el Coronel Julio Adalberto Rivera, quién lógicamente salió electo Presidente.

En esas elecciones prácticamente no se presentaron anomalías electorales que pudieran ser el inicio de un fraude, pues el Coronel Rivera era el único candidato contendiente.

Lo notorio de etas elecciones es el uso, por primera vez, de los Padrones Electorales, que eran el reflejo del Registro Electoral. Este registro conforme a la Ley Electoral de 1961 se formaba con la información que a través de los duplicados de la Cédula de Identidad Personal enviaban las Alcaldías Municipales cada 15 días de las Cédulas de Identidad Personal emitidas durante ese tiempo en el Municipio.

En la elección que analizamos los Padrones Electorales contenían una serie de errores que dificultaron la votación de las personas, ejemplo de esos errores eran: personas con sexo femenino, que aparecían como hombres o viceversa, personas con números de cédula de Identidad Personal diferente, personas con número de Cédula de Identidad Personal correcto pero con nombre diferente y una serie de errores que sería largo de enumerar.

Durante la administración del Coronel Rivera se modificó la Ley Electoral y su reforma más importante fue el sistema de elección para diputados a la Asamblea Legislativa, por el sistema de Representación Proporcional.

Este es uno de los gobiernos militares con una variante muy importante y es la que en su tiempo surgen varios partidos políticos que son inscritos en el Consejo Central de Elecciones y estos fueron: Partido Demócrata Cristiano (PDC); El Partido Republicano de Evolución Nacional (PREN); Partido Popular Salvadoreño (PPS); Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y otros autorizados para el proselitismo.


Un año antes de terminar su período presidencial se elige un nuevo Consejo Central de Elecciones del cual quién hace esta tesis formó parte de él y quienes lo integramos jamás habíamos participado ni en la política, ni mucho menos militado en partido político alguno. Este Consejo realizó las Elecciones Presidenciales donde salió electo el Coronel Fidel Sánchez Hernández, quién realizó una verdadera imposición por medio de los Cuerpos de Seguridad: Policía de Hacienda y Guardia Nacional. el Consejo Central de Elecciones de esa época, se mantuvo en su cargo como un deber patriótico y pasadas las elecciones se ejecutaron una serie de actividades tendientes a mejorar el proceso electoral, como la depuración del Registro Electoral: Se elaboraban los Padrones electorales como si fuera ha haber elecciones, y se desplegaron delegados a todos los Municipios de la República para confrontar los Padrones Electores con los archivos de las cédulas emitidas que para tal efecto llevan las Alcaldías Municipales, en esta forma se pudo minimizar el fraude preparado para las elecciones de Diputados a la Asamblea Legislativa y 262 Concejos Municipales, además un mes antes de elecciones se colocaron un todos los municipios, en e n parque principal, caballetes iluminados que contenían los Padrones Electorales, para que las personas se pudieran buscar con anticipación; el lugar, la junta y el reglón que le correspondía en el Padrón y si había un error lo comunicara en ese lugar, los resultados fueron el reflejo del esfuerzo, la oposición ganó 21 diputados y 142 Concejos Municipales, no obstante el fraude, la presión de la Policía de Hacienda, Guardia Nacional y Patrullas militares, como tampoco se pudo controlar personas que tenían más de una cédula.

Pasadas las elecciones se presentó a la Asamblea Legislativa un nuevo Proyecto de reformas a la Ley Electoral y las principales eran:

1. Formación de un Tribunal Electoral, formado por 3 magistrados electos por la Asamblea Legislativa de las ternas propuestas por los partidos políticos inscritos.

2. Registro Autónomo.

3. Manejo Directo del Registro Civil

4. Control sobre los cuerpos de seguridad y vehículos nacionales de parte del tribunal Supremo Electoral, desde la convocatoria de elecciones.

La Administración del Coronel Sánchez Hernández, reaccionó en forma negativa especialmente por el resultado de las elecciones, y un mes después se eligió un nuevo Consejo Central de Elecciones habiendo el anterior Consejo recibido el respaldo público de los partidos de oposición por su gestión.

El Consejo que se nombró no impulsó las reformas, que habían sido representadas a la Asamblea Legislativa y este Consejo fungió nueve años y tuvo a su cargo la elección del Coronel Arturo Armando Molina y la del General Humberto Romero; durante este período se realizaron de parte del gobierno todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos y Políticos de las personas y de parte del Consejo Central de Elecciones se realizó todo tipo de fraudes para que los candidatos del Partido de Conciliación Nacional salieran electos para los diferentes cargos de elección popular, maniobras que se realizaron desde cerrar la Secretaría del Consejo Central de Elecciones antes de la hora señalada por la Ley para el cierre de la inscripción de candidatos, lo que dejó a muchos partidos sin la oportunidad para inscribir sus candidatos, así como se valieron de todo tipo de maniobras legales, para denegar la inscripción de los candidatos de oposición.

2. LOS PROCESOS ELECTORALES DESDE 1970 A 1979.

Este período, comprende parte de la administración del Coronel Sánchez Hernández que se caracterizó por el irrespeto a los Derechos Humanos y Políticos de las personas, durante su administración, el encarcelamiento de los líderes Sindicales y políticos estuvo a la orden del día.

En el año de 1972 fue electo Presidente de la República por el pueblo salvadoreños, el Ingeniero José Napoleón Duarte. Su compañero de fórmula como candidato a Vicepresidente era el Doctor Guillermo Manuel Ungo de tendencia social demócrata. La candidatura de ambos fue apoyada por la coalición Unión Nacional Opositora (UNO), producto de una hábil política de alianzas entre el partido Demócrata Cristiano y Movimiento Nacional Revolucionario, y la Unión Democrática Nacionalista.

El régimen imperante del coronel Sánchez Hernández, arrebató el triunfo a la Unión Nacionalista Opositora y se le otorgó al candidato oficialista del Partido De Conciliación Nacional Coronel Arturo Armando Molina.

En 1977 en la Administración del Coronel Arturo Armando Molina, se presentó nuevamente a elecciones la Unión Nacional Opositora con la fórmula presidencial integrada por el Coronel Ernesto Claramount y el Doctor José Antonio Morales Erlich, miembro fundador del Partido Demócrata Cristiano. Al igual que en 1972 el régimen militar robó otra vez el triunfo a la Unión Nacionalista Opositora e impuso al candidato oficial al General Carlos Humberto Romero.

Un poco para la historia podemos decir que el pueblo reclamaba sus derechos electorales, el haber electo a los candidatos de la Unión Nacional Opositora desde el parque Libertad lugar donde la concentración pacífica de los ciudadanos fue disuelta al golpe de metralla por los cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Policía de Hacienda y Guardia Nacional, dirigidos personalmente por el Presidente de la República desde el cuartel de la Policía Nacional, quien escribe esta tesis tuvo la oportunidad de ser testigo de esta masacre a las 3 de la madrugada.

Al Coronel Molina y el General Romero, los podemos clasificar como los más altos violadores de los Derechos Humanos, pues durante sus administraciones, se encarceló, ajustició a personas, se crearon los escuadrones de la muerte y las cárceles clandestinas destinadas a los políticos que se oponían a su régimen y para líderes sindicales.

En marzo de 1980, se perpetró el asesinato de Monseñor romero, vil asesinato que se realizó en el Altar del Hospital de cancerosos incurables La Divina Providencia; realizado por escuadrones de la muerte, cuyos autores materiales e intelectuales han sido mencionados en el i nforme rendido por la Comisión de la Verdad, creada por los Acuerdos de Chapultepeq, México.

Dos años después de la toma del poder por el General Carlos Humberto Romero, en 1979 la juventud militar lo derrocó. A partir de ese golpe militar hizo eclosión la crisis orgánica que venía incubándose desde muchos años atrás en el seno de la formación económica social salvadoreña.

Durante todo este período de la Presidencia de la República del Coronel Molina y el General Romero nunca fue respetada la voluntad popular y nunca fue definida una clara democracia electoral en función de ir consolidando las posibilidades reales de participación que un pueblo necesita para su desarrollo. Aquí puede comenzar a dividirse la historia de El Salvador, cerca de 150 años de esfuerzos frustrados por alcanzar la democracia parecen dar sus frutos en la década de los 80 y es por ello que en esta tesis se prestará mayor atención a los eventos electorales durante las décadas de los 80 que pueden considerarse como la década en la cual nace la democracia.

En el período eleccionario que analizamos Molina, Romero, podemos resumirlos como uno de los períodos más nefastos de El Salvador, donde no se respetaron los derechos humanos ni los derechos políticos de los salvadoreños y éstas violaciones fueron realizadas muy especialmente por los escuadrones de la muerte. A la Fuerza Armada no se le puede atribuir más que el haber contribuido sicológicamente como factor de presión más por su presencia que por sus actuaciones.

3. LOS PROCESOS ELECTORALES DESDE 1980 A 1991.

Después de haber transcurrido dos años desde el golpe de estado del 15 de octubre de 1979 en el cual fue derrocado el Gobierno del General Carlos Humberto Romero se convoca en 1982 a las elecciones para elegir la Asamblea Constituyente, cuya principal tarea sería redactar una Constitución que diera el marco jurídico político a un sistema realmente democrático.

El período de la Junta Revolucionaria de Gobierno, es un espacio de transición que no fue una etapa fácil, porque existía una violencia generalizada por el incremento de la lucha armada como producto del cierre de los espacios políticos durante las administraciones de los Coroneles Sánchez Hernández, Molina y la del General Romero.

Además en ese período de transición de la Junta Revolucionaria de Gobierno hubo una caída en los principales indicadores económicos y sociales; tiene que luchar prácticamente en contra de todos para poder sobrevivir.

En este ambiente de incertidumbre se preparan las elecciones, la tarea no era fácil, se afrontaban serios problemas el principal es la poco credibilidad que puede tener este proceso electoral.


Se nombra un nuevo Consejo Central de Elecciones y recuerdo que al tomar posesión el Presidente de ese Consejo Doctor Jorge Bustamante dijo: "tengo muchos años de haber alcanzado la mayoría de edad y puedo afirmarles que jamás he votado con la conciencia tranquila de que mi voto iba a ser tomado en cuenta, porque siempre se recurrió maniobras para convertir lo que debería ser una elección pura y libre en una elección amañada. Nosotros no tenemos compromiso ni con el pasado ni con el futuro nuestro papel será garantizar el proceso electoral".

*Discurso Pronunciado por el Señor Presidente del Consejo Central de Elecciones.

Poco a poco este consejo se fue ganando la credibilidad de la comunidad internacional, las elecciones se realizaron el día 28 de marzo bajo recios combates en la capital y su periferia. Los problemas logísticos se dieron nuevamente especialmente hubo un gran congestionamiento en las Juntas Receptoras de Votos, el Consejo Central de Elecciones de esa época contó con muy poco tiempo para organizar el proceso electoral.

Dos años después en 1984 se verifican las elecciones para Presidente y Vice Presidente de la República, se nombra un nuevo Consejo Central de Elecciones en una forma pluralista que hace tener mayor credibilidad. El mayor problema de estas elecciones fue el escrutinio final que se hizo con un procedimiento muy lento y provocó acaloradamente protestas de los partidos políticos.

Las maniobras de fraude fueron muy pocas así lo certificaron los observadores internacionales no obstante se pudo comprobar que varias personas en distintos municipios tenían más de una cédula, en este proceso electoral hubo dos rondas para elegir al Presidente y Vice Presidente de la república y pueden considerarse como una de las elecciones más cristalinas de esa época.

En las elecciones de 1988, se sustituye la Cédula de Identidad Personal como documento para emitir el sufragio. El Carnet Electoral es el nuevo documento de identificación personal que faculta al ciudadano para emitir su voto.

En las elecciones del 20 de marzo de 1988 el pueblo comienza a darse cuenta de las bondades del sistema democrático y de la necesidad de continuar apoyándolo. Estas elecciones se realizaron dentro de un boicot al proceso electoral por parte del FMLN, mediante paro al transporte, sabotaje al tendido eléctrico y amenazas a los civiles que obtuvieron su carnet o que votaran en las elecciones, ésto es una violación a los derechos políticos de los ciudadanos.

En las elecciones de 1989 para Presidente y Vice presidente de la República, donde saliera electo el actual Presidente Licenciado Alfredo Cristiani, la organización del proceso se da dentro de una inestabilidad jurídica por cuanto el partido Alianza Republicana Nacionalista, con mayoría en la Asamblea Legislativa introduce una serie de reformas a la Ley Electoral con el propósito de verse favorecido en algunos aspectos que ellos creen pueden causarles una desventaja a la hora de las elecciones.

Una de las modificaciones fue la de suspender 45 días antes de las elecciones la emisión del carnet electoral, lo cual dejó a muchas personas sin poder obtener dicho documento y sin poder votar. Esto favoreció al partido Alianza Republicana Nacionalista por cuanto mucha gente que se queda sin obtener el Carnet Electoral reside en el área rural donde se ubicaba el mayor número de votantes de la oposición los problemas fueron de organización y en general fue un proceso bastante cristalino y es la primera vez que un Presidente en el p oder entrega el mando presidencial a un miembro de un partido opositor a él.

ELECCIONES DEL 10 DE MARZO DE 1991.

Este proceso electoral es de suma importancia analizarlo pues entra en un período de crisis y la sensación que ha quedado en muchos salvadoreños después de las elecciones del 10 de marzo de 1991 es que, en materia electoral, estamos como al comienzo. Lo que parecía logrado, después de una década de esfuerzos y de cientos de millones de dólares que se han desmoronado.

Conviene pues preguntarse que ha pasado con el sistema electoral, porque después de tantos esfuerzos está en crisis.

Quiero aclarar que con esto no estamos cuestionando de ninguna manera, la legitimidad de las elecciones, ni de sus resultados. Las elecciones tienen su propia legitimidad, lo que no ha sido legítimo, ni ha sido técnicamente bien manejado ha sido el sistema electoral mismo.

Estas elecciones se realizaron bajo la observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y al leer el informe de la misma se puede ver que no se registraron graves irregularidades, en dicho informe aparecen consignados algunos datos que sugieren una sospechosa voluntad del Partido Alianza Republicana Nacionalista para obstaculizar una votación masiva, pues en esa elección se quedaron 400,000 ciudadanos empadronados, que no se les entregó el Carnet Electoral.

Esta anomalía fue responsabilidad del Consejo Central de Elecciones, cuyo Presidente era del Partido Alianza Republicana Nacionalista y este mismo partido contaba con mayoría dentro del Consejo Central de Elecciones.

El día de las votaciones se presentaron nuevas anomalías que empañaron la pureza de los comicios y le restaron masividad y legitimidad. Estas anomalías fueron las siguientes:

*Traslado a última hora de los lugares de votación que habían sido anunciados en la prensa. Muchos electores llegaron al sitio de votación que les correspondía según los avisos que habían visto u oído en los periódicos escritos, radiales o por televisión para encontrarse súbitamente con que las urnas habían sido trasladadas a otro lugar. en esas votaciones hay que tener en cuenta el servicio irregular del transporte colectivo que se dio ese día, numerosos votantes no se sintieron con el ánimo suficiente para trasladarse al nuevo centro de votación señalado a última hora. Obviamente quienes más perjudicados se vieron por esta medida no fueron los simpatizantes del Partido Alianza Republicana Nacionalista.

* Apertura tardía de las mesas de votación, en algunos casos hubo retrasos de medio día. Muchos votantes se desmoralizaron por tener que hacer largas colas, aguardando que los centros de votación fueran abiertos y optaron por retirarse sinb haber votado.

Curiosamente, tanto el traslado a última hora de los centros de votación como la apertura tardía de las mesas receptoras, afectó sobre todo a los municipios más populares, precisamente aquellos donde las encuestas mostraban una posición relativamente más favorable de la oposición frente al Partido Alianza Republicana Nacionalista.

*Listados incompletos. Numerosos votantes no pudieron ejercer el sufragio simplemente porque no hallaron sus nombres en los listados electorales ubicados en los centros de votación en donde les correspondía votar.

*Las juntas receptoras de votos fueron tomadas por asaltos por miembros del Partido Alianza Republicana Nacionalista, quienes se presentaron a los sitios de votación a las 3 de la madrugada y constituyeron inmediatamente las juntas receptoras de votos y en algunos casos como en el Instituto Técnico Industrial, violentaron los portones e ingresaron a los recintos para instalar las juntas.

*Junto a las irregularidades descritas hubo otras anomalías administrativas, de carácter menos sistemático pero no de inferior gravedad como fue la ausencia del emblema de la Convergencia Democrática en las papeletas para elegir el Concejo Municipal de Nueva San Salvador.

Estas fueron algunas anomalías del día de las votaciones, pero el proceso electoral en sí estuvo viciado y se cometieron todo tipo de irregularidades, como por ejemplo el Partido Alianza Republicana Nacionalista comenzó la propaganda política antes de que el Consejo Central de Elecciones la permitiera oficialmente.

Posteriormente la Junta de Vigilancia de los Partidos Políticos denunció que el Partido Alianza Republicana Nacionalista hacía uso de los símbolos patrios y la avalancha de publicaciones sobre los presuntos logros de la gestión gubernamental y de las municipalidades controladas por Alianza Republicana Nacionalista, especialmente la de San Salvador.

Además la campaña electoral se realizó en medio de arbitrariedades, amenazas y medidas intimidatorias de parte de las fuerzas en el poder.

El partido Alianza Republicana Nacionalista recurrió a los viejos recursos del oficialismo en función de su campaña: uso de vehículos oficiales, despidos y traslados injustificados de los empleados públicos considerados opositores, con todo, el problema mayor con el cual se enfrentó la oposición fue la actitud de abierta hostilidad de la Fuerza Armada.

Pese al instructivo que el Alto Mando presentó el 18 de enero de 1991 al consejo Central de Elecciones y a los Secretarios Generales de los Partidos Políticos, en virtud de la cual la Fuerza Armada se comprometía a respetar y garantizar la libre movilización y organización partidaria, las denuncias de la oposición sobre abusos de autoridad, acciones arbitrarias e incluso ataques físicos de efectivos militares y paramilitares contra sus correligionarios, cuadros políticos e instalaciones siguieron a la orden del día. Entre los numerosos hechos de represión contra la oposición de destacan los siguientes:

El 31 de enero, el local de la Convergencia Democrática en Usulután fue objeto de un atentado explosivo. La Convergencia formuló fuertes presunciones sobre la responsabilidad del ejército en el hecho tomando en cuenta que dicho local se encontraba dentro del perímetro de seguridad de la Sexta Brigada de Infantería.

El 3 de febrero elementos militares allanaron el local del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), con el pretexto de buscar el armamento que según ellos se guardaba en ese lugar.

El 21 de febrero fue asesinado a una cuadra de la Embajada Americana un candidato a regidor para el Consejo Municipal de Ciudad Delgado por la Unión Democrática Nacionalista (UDN), el Ingeniero Arístides Robles y su esposa Arquitecto Vilma de Robles.

El día de cierre de campaña, activistas del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) balearon a la Profesora Mirna Mendoza, en las inmediaciones del Estadio Flor Blanca, ese mismo día activistas del mismo partido atacaron la sede del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en Mejicanos, hiriendo a la Señora Carmen Meléndez quien perdió un ojo.

En este mismo contexto fue perpetrada la masacre del Zapote. El escrutinio final, cuyo resultado se conoció varias semanas después aumentando con ello la sombra del fraude y de la componenda entre los partidos políticos de la derecha, el escrutinio fue lento y confuso.


El desorden comenzó en las mismas juntas receptoras de votos. Por primera vez, después de los 70, aparecieron papeletas de votación a favor de la Convergencia Democrática y del Partido Demócrata Cristiano, debidamente aprobadas por las autoridades de la Junta Receptora de Votos en varios basureros del país.


Este proceso electoral fue observado por 160 personas, como observadores internacionales, era previsible que en tales condiciones, los observadores internacionales no pudieron dar una cuenta objetiva del evento electoral. Eran insuficientes para cubrir todo el país y la mayoría llegaron sumamente tarde, ejemplo, solo cubrieron 135 sitios de votación 87 municipios. Hay que tomar en cuenta que hubo votaciones en 237 municipios y se habían programado 443 sitios de votación.

La mayoría de observadores internacionales no esperó el desarrollo del escrutinio para marcharse, sin verificar el escrutinio, que era donde en definitiva se jugaba la validez de las elecciones.

Paralelamente al desarrollo del escrutinio se presentaban las denuncias de todo tipo, por ejemplo la Convergencia Democrática presentó denuncias por las maniobras desplegadas en su contra por el Partido de Conciliación Nacional en varios departamentos, particularmente en aquellos en que la competencia entre ambos partidos era bastante cerrada.

Dada esta situación, la Convergencia Democrática solicitó en muchos casos, el recuento de votos de urna por urna lo cual dilató el escrutinio.

A su vez el Partido Alianza Republicana Nacionalista y sus aliados ideológicos emprendieron una campaña de desprestigio contra la Convergencia Democrática.

Algunos días después el Consejo Central de Elecciones dio los resultados electorales.

Por primera vez en toda la historia electoral del país, el padrón electoral llegó a incluir virtualmente a todos los empadronados de los cuales 2,180.000 electores estaban habilitados con el carnet electoral para votar el 10 de marzo de 1991.

De acuerdo a las encuestas serias, como Gallup, alrededor de un 80% de los encuestados manifestaron su intención de votar. Era de esperar que por lo menos 1,8 o 2 millones de electores concurrieran a las urnas el 10 e marzo. Sin embargo solo votaron 1,153.013 ciudadanos en las elecciones para Diputados a la Asamblea Legislativa y 1, 036.458 votos válidos para Concejos Municipales.

Debemos de aclarar que por primera vez, en estas elecciones, el FMLN se abstuvo de boicotear militarmente las elecciones a nivel nacional entonces cabe la pregunta ¿A qué obedeció este masivo abstencionismo? Quizá sea pertinente una aclaración terminológica a propósito de este fenómeno. Lo que hasta este momento hemos denominado genéricamente como abstencionismo sin mayores distingos, constituye un fenómeno complejo que incluye al menos tres componentes:

*Los electores potenciales que ni siquiera se tomaron la molestia de concurrir a las urnas esto es el abastecimiento pasivo.

*Los electores que fueron a las urnas pero que se abstuvieron, en sentido estricto, de votar este es le abstencionismo activo.

*Los electores que concurrieron a votar pero se vieron impedidos de ejercer el sufragio por las dificultades logísticas impuestas por el Consejo Central de Elecciones, esto es el abstencionismo provocado. Estas anomalías, de hecho dificultaron el voto a un porcentaje indeterminado de electores, difícil de cuantificar, pero en todo caso violatorio de los preceptos constitucionales, sobre el libre ejercicio del sufragio.

Por tanto parece lícito sospechar que el notorio abstencionismo registrado consistió en gran medida en un abstencionismo provocado. Era claro desde un principio que el Partido Alianza Republicana Nacionalista, no tenía demasiado interés en que las votaciones fueran masivas.

Por todo lo que he expuesto se puede concluir que el sistema electoral actual puede impedir la votación masiva, tomando siempre como ejemplo las elecciones del 10 de marzo de 1991, estas elecciones salieron malas por un sin fin de razones entre las cuales la más relevante fue que el padrón electoral no ha funcionado como debía, excluyendo a un considerable número de ciudadanos; por que el mecanismo para ejercer el sufragio es complicado, por que el escrutinio es rudimentario y por eso mismo, se presta a la manipulación arrojando sombras sobre el proceso, por las repetidas violaciones a la Ley Electoral por parte de todos los partidos políticos pero mayoritariamente por los miembros del partido Alianza Republicana Nacionalista.

Las anomalías y los defectos que se han señalado no son irrelevantes, sino más bien son característicos del sistema, tampoco afectan a todos los partidos por igual. Es importante tener claridad sobres estos puntos para no caer en los simplismos de los voceros del Gobierno y del Partido Oficial, Alianza Republicana Nacionalista, que minimizan los defectos del sistema al afirmar que éstos no tienen importancia y que afectan por igual a todos los partidos políticos.

Quienes piensan así pretenden conservar el sistema intacto, puesto que favorece a sus intereses, al impedir la votación masiva. En el caso de la votación de diputados, el mayor o menor número de votantes afecta determinadamente el resultado final, dada la modalidad de residuos vigentes para elegirlos. Por otro lado, no es extraño que piensen así los representantes del gobierno de un país cuyo electorado votante rara vez supera el 50% de los ciudadanos.

Los más afectados por estas graves deficiencias del sistema electoral han sido los sectores populares, puesto que ellos han sido los que más dificultad han encontrado para enfrentarse con la complicada maquinaria electoral. A ellos es a los que más se les ha dificultado la obtención del carnet electoral, ellos son los que menos se encuentran en las listas electorales pues en su mayor parte son analfabetas; en los municipios más populosos del gran San Salvador fue donde menos horas se pudo votar y donde más confusión por loas cambios de los lugares de votación a última hora. El resultado final, muestra en el año 91 un abstencionismo masivo en el cual puede verse reflejada la eficacia de nuestro sistema electoral para impedir el voto popular. Estas elecciones como decía al inicio, han salido malas porque la voluntad popular ha sido la que menos ha podido expresarse libremente y porque su expresión ha sido muy limitada. Pareciera que se ha tenido miedo al poder del voto masivo y popular, Alianza Republicana Nacionalista prefirió arriesgar, perder la mayoría calificada que tenía en la Asamblea a cambio de impedir un voto popular que favorecía a la oposición especialmente a Convergencia Democrática.

CAPITULO VII

LOS ACUERDOS DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO DE EL SALVADOR Y EL FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL EN MATERIA ELECTORAL.

1. Acuerdos de Paz.

2. Reforma Constitucional


A. Idea General
B. Doctrina
C. Breve Síntesis Histórica Nacional sobre Procedimientos de Reforma Constitucional

3. Tribunal Supremo Electoral

A. El derecho Electoral
B. Antecedentes Jurídicos Salvadoreños.
C. Rango y Naturaleza del Tribunal Supremo Electoral.
D. Organización
E. Competencias
F. Los demás Organismos Electorales
G. Rol Electoral de los Partidos Políticos

LOS ACUERDOS DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO DE EL SALVADOR Y EL FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL EN MATERIA ELECTORAL.

1. ACUERDOS DE PAZ.

Algunos sectores sociales han criticado que, dentro del texto de Acuerdo de Paz de Chapultepeq, los capítulos III Sistema Judicial; IV Sistema Electoral y V Tema Socioeconómico han sido desarrollados de manera muy escueta y limitada, especialmente si se compara el espacio dedicado a ellos, con la riqueza del detalle y elaboración con que fueron tratados los capítulos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil.

La crítica anterior, aunque aparentemente en el contexto físico del Documento pudiera tener alguna validez, dentro del marco de democratización de Paz en el instrumento específico, para eliminar el militarismo y el control oligárquico de la sociedad, que han sido los principales obstáculos para la transición hacia una nueva sociedad, pero ésta aún debe definirse y por lo tanto no puede estar contenida específicamente ni mucho menos ser parte del Acuerdo.

La Administración de Justicia, el Proceso Electoral y el Desarrollo Socio Económico son la base sobre la cual habrá de construirse la nueva sociedad en El Salvador y por esa razón su definición deberá surgir del consenso entre todos los sectores de la Sociedad y no podría permitirse que fuera la sola expresión de los intereses de los grupos que suscribieron el Acuerdo.

Es Salvador se enfrenta todavía, a la impostergable tarea de abandonar su tradicional apoliticidad y definir por primera vez, un modelo que sea aceptado por todos, como el mecanismo indispensable para armonizar las relaciones entre los salvadoreños.

El nuevo acuerdo político de la sociedad salvadoreña deberá tener fielmente presente los intereses de toda la población especialmente los derechos de l os más débiles, para que por su medio, se garantice permanentemente la evolución institucional de la sociedad, ante las cambiantes nuevas realidades. La adopción por parte de todos, de las nuevas normas de convivencia política serán la garantía para el desarrollo pacífico de la sociedad.

El manejo inadecuado, de la crisis política en el pasado fue la causa para que el país cayera en la vorágine de la guerra.


Este fracaso, como consecuencia de la incapacidad institucional política de la nación que no permitió armonizar los intereses de la sociedad en los momentos de cambio, ahora es la comprobación histórica de lo inconveniente y negativo que fue para El Salvador en tener por tanto tiempo, un marco de referencia política que no evolucionó.

La gran tarea nacional de definir un modelo político alternativo al que históricamente ha existido, será más fácil ahora que, en El Salvador, por medio del Acuerdo de Paz, se han abierto los espacios políticos a todas las fuerzas de oposición y se ha eliminado, ojalá que para siempre, el rígido marco dentro de la cual la política salvadoreña estaba orientada prioritariamente a garantizar los intereses de la oligarquía y los militares.

La experiencia obtenida a través del largo proceso de la solución negociada de la crisis, ha demostrado, que por medio de la concertación y del consenso se logra la mejor solución a los problemas del país. En el pluralismo, en la diversidad de opiniones y en el consenso es donde se deberá buscar y encontrar la fórmula apropiada para la coexistencia entre los salvadoreños.

A partir del Acuerdo de Paz de Chapultepeq, la habilidad de los lideres políticos, para la conducción política, se medirá conforme a la aptitud individual que demuestren para hacer converger los intereses de las diversas fuerzas en soluciones aceptables y convenientes a las aspiraciones del pueblo salvadoreño.

La capacidad de la sociedad salvadoreña para enfrentar con éxito, los retos presentes y futuros dependerán tanto de la apertura de los espacios para la participación activa de todos los sectores en el quehacer político nacional, como de la amplitud y determinación con que la sociedad civil incorpore dentro de nuevo marco de referencia, los planteamientos que le hagan las diversas corrientes políticas existentes acerca de las necesidades del pueblo salvadoreño y de sus correspondientes respuestas.

En El Salvador, las época de las soluciones únicas y excluyentes sobre el interés de la generalidad han terminado, Dentro del nuevo contexto de una sociedad pluralista, todos aquellos sectores que creen en la participación política como el instrumento indispensable para la consolidación y fortalecimiento del sistema democrático deberán, obviamente tener un papel relevante en la conformación de una nueva sociedad.

El pluralismo real, que garantiza la participación activa de todos los sectores es la base del proceso de cambios políticos que vive el país, puesto que fue por medio de la intervención de las diversas fuerzas existentes que se logró la apertura necesaria para concertar las soluciones que el momento requería y que culminaron en los Acuerdos de Paz. El pluralismo es el modelo político del presente y del futuro y la negociación y la concertación son los instrumentos más eficaces.

La democracia en El Salvador especialmente después de la firma del Acuerdo de Paz de Chapultepeq, estará intimamente vinculada con los esfuerzos de unificación del país, concepto que, a su vez tiene en la realidad una estrecha relación con las condiciones generales de vida de la población.

La democracia y el desarrollo económico y social de la población y la unidad nacional son una misma ante la realidad nacional y como tal, forman parte integral del modelo político que la sociedad salvadoreña concretizará, actuando de consenso ante las diferentes perspectivas con las que los diversos sectores y orientaciones políticas las miran.

El pueblo salvadoreños, por medio de su participación, cada vez más activa en la conformación de la democracia y en el proceso de pacificación, ha comenzado a abandonar su tradicional apoliticidad y por el contrario, ha asumido una actitud cada vez mayor compromiso ante los grandes desafíos de la nación.

La nueva dinámica generada por todo el proceso que culmina con la firma del Acuerdo de Paz deberá conducir a la conformación de un nuevo marco de referencia política para la conducción de los destinos de la nación, el cual deberá garantizar la debida atención simultánea a los tres grandes niveles en los que se desarrolla la vida nacional y entre los cuales debe de haber permanente un perfecto equilibrio.

El primer nivel es el nivel politico propiamente dicho para garantizar el respecto da la dignidad de la persona humana y el irrestricto respecto de l os derechos humanos; el segundo, es el nivel que se refiere a todo lo pertinente a la promoción de la justicia social, para estimular el desarrollo armónico de las relaciones entre los salvadoreños y asegurar para todos la igualdad ante la ley y las oportunidades de superación; y el tercero, el nivel de las relaciones económicas, para promover la equidad y la justicia económica en el país.

El nuevo régimen politico deberá responder a las aspiraciones y necesidades de todos los ciudadanos , sin discriminación en contra de ninguno en particular, ya sea por su pobreza o su manera de pensar. El nuevo marco politico debe tener permanentemente la capacidad para responder solidariamente a las necesidades de todos los ciudadanos, especialmente los marginados por razones políticas, sociales, económicas y culturales.

El objetivo principal del nuevo orden politico que habrá de desarrollarse en el futuro, debe ser la auténtica integración nacional, la cual solo podría lograrse, si el sistema, propicia las condiciones que le permitan a todos los ciudadanos vivir en un ambiente de auténtica libertad, que le posibilite participar, según su mejor criterio en la solución creativa y eficiente de los problemas nacionales,

La libertad es la condición fundamental para que el hombre se desarrolle plenamente y contribuya con sus mejores cualidades a la convivencia armónica con los otros hombres. El nuevo sistema de organización política, deberá promover la irrestricta libertad de todos los salvadoreños para buscar su destino, de la manera que más le convenga. Una consecuencia lógica de la existencia de la libertad individual en la sociedad es el espacio que esta abre para la participacon voluntaria de los ciudadanos, en todas las actividades conducentes a la superación de la sociedad. Esta participación, de todos deberá promoverse en El Salvador.

La mayor participación voluntaria de los salvadoreños en la conformación de la realidad nacional habrá de producir además, el beneficio adicional del aporte creativo de un número mayor de personas quienes anteriormente estaban marginadas del proceso decisorio. Esta mayor participación hará que el sistema politico genere las soluciones eficientes que el país necesita, para superar la pobreza y promover el nivel de desarrollo que El Salvador requiere. Entre los principales acuerdos está la reforma de Constitución Política.

2. REFORMA CONSTITUCIONAL.

A. IDEA GENERAL.

La reforma Constitucional en El Salvador ha tenido el signo de violencia. Salvo algunas excepciones, ha servido para legitimar cambios de las personas de los gobernantes, depuestas por el método, frecuentemente utilizado en el país, del golpe de estado. Los jefes golpistas se constituyen en gobierno de facto y siguiendo una especie de costumbre, se han arrogado todos los poderes. Inmediatamente traspasan el jurisdiccional al Órgano o Poder Judicial y retienen los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Este es ejercido en la forma normal de decretos y acuerdos administrativos, contenidos según el caso de reglamentos ordenanzas, circulares y actos administrativos propiamente dichos.

Aquel, es decir, el legislativo se ha ejercido por medio de decretos leyes que no tienen más limites que los que imponen la razón natural, el derecho internacional y las propias condiciones del país, pues no ha habido una supralegalidad dado que no se ha abrogado la constitución o se ha dado un estatuto Constitucional que prácticamente franquea al gobierno de facto la posibilidad de legislar sobre todas las materias en la forma en que lo considera apropiado, y las normas constitucionales, si es que así se les puede llamar, suelen quedar condicionadas, en su aplicación, a los intereses del movimiento insurgente.

Las cosas parecen estar cambiando y tal vez, se está produciendo una maduración de la conciencia democrática. Se tomó la decisión de modificar la Constitución por medio de un proceso legal previamente establecido. Es una decisión histórica y conviene que el proceso politico social que genera sea aprovechado integralmente para la formación cívica y cultural del pueblo, en su plenitud, a fin de que afirmemos las bases de una verdadera democracia y de un real Estado de Derecho. Es tiempo que los salvadoreños aprendamos a plantear y resolver nuestras diferencias dentro del marco legal, aún cuando la polémica pueda ser, como lo ha sido en esta caso violenta y más bien oscurecedora que ilustrativa.

Por eso hemos creído importante, analizar las reformas a la Constitución de 1983, dadas por la Asamblea Legislativa al aprobar acuerdos de reformas de conformidad al artículo 248 constitucional.

B. LA DOCTRINA.

B.1 La Constitución Formal.

La Reforma de las normas de la Constitución amerita consideración cuando se trata de modificar una Constitución de las conocidas como "formales", tal es el caso de la nuestra vigente desde el 20 de diciembre de 1983. Si la Constitución no es formal se reformará como cualquiera otra ley.

Una constitución es formal cuando reúne las siguientes características:

La Demostrabilidad, es decir, que la Constitución debe probarse, o sea que pueda fácilmente ser conocido con certeza su contenido, lo cual implica que debe existir un documento en el que se encuentre contenida; debiendo reunir éste las características de un documento legislativo, similar a una ley ordinaria, pero, adoptada por órganos y mediante procedimientos especiales; es emitida por una manifestación directa o indirecta del pueblo, generalmente una Asamblea Constituyente, o un referéndum o una acumulación de ambos. Usualmente no se usa la sanción ejecutiva.

La sistematización, es decir, un conjunto de normas codificadas y cerradas, en las cuales se encuentren contenidas fundamentalmente todas las soluciones para la organización del Estado.

Tendencia a la permanencia. Toda constitución tiende a perdurar y conservarse. Radbruch, ha dicho que "una Constitución es como un escudo que es tanto más estimado por su portador cuantos más arañazos y abolladuras de pasadas luchas muestra. "Sin embargo,la realidad social impone las adaptaciones de la ley fundamental a los cambios. Por ello generalmente todo Estado tiene determinada forma de modificar su Constitución lo que les da rigidez dependiendo del mayor o menor grado de ésta, las Constituciones pueden ser: absolutamente rígidas, perennes, eternas o graníticas, que son las que se declaran así mismas como irreformables.

Relativamente rígidas o flexibles relativamente, que son aquellas en que está previsto constitucionalmente la posibilidad de su reforma, pero ésta se encuentra ligada a supuestos o procedimientos especiales de mayor dificultad que los adoptados para las leyes secundarias u ordinarias.


Absolutamente Flexibles, son las que pueden ser reformadas por un procedimiento tan complicado o tan simple como el de una ley secundaria.

B.2. La Reforma Constitucional.

Entre los elementos fundamentales considerados como el mínimo irreductible de una auténtica Constitución, nos señala karl Loewenstein, "el método racional de la reforma constitucional, el cual debe de estar establecido de antemano en la misma para la adaptación pacífica del orden fundamental a las cambiantes relaciones sociales y políticas y poder evitar de esta forma el recurso a la ilegalidad, a la fuerza a la revolución".

Ese autor le da al concepto de reforma constitucional un significado formal y material, y así, en sentido formal se entiende "la técnica por medio de la cual se modifica el texto, tal como existe en el marco de realizar el cambio en la constitución.


En la mayor parte de las constituciones, las disposiciones a ese respecto se encuentran al final del documento. La reforma constitucional en sentido material, por otra parte, es el resultado del procedimiento de enmienda constitucional, esto es, el objeto al que dicho procedimiento se refiere o se ha referido".


*Teoría de la Constitución de Karl Loewestein.

Una forma de complemento constitucional, es decir cuando la Constitución contiene lagunas, las cuales pueden ser descubiertas u ocultas. Las descubiertas, se han cuando el poder constituyente se encontraba consciente de la necesidad de una regulación jurídico constitucional, pero omitió hacerla por determinadas razones, y las ocultas se producen cuando en el momento de crear la Constitución o no existía o no se puede prever la necesidad de regular normativamente una situación determinada.

Cuando se suprime algo. Cuando se sustituye el texto existente por otro. La reforma se puede ser total, lo cual significa una conformación absolutamente nueva de la Constitución, o bien parcial, es decir, renovación de ciertas disposiciones, pudiendo ser un artículo o varios, una parte de un artículo, varias palabras, o tan solo una palabra dentro de una frase.

Cuestión importante es determinar quién posee la competencia para iniciar el proceso de reforma. Hay constituciones que prevén un mecanismo automático, para el caso la constitución portuguesa de 1933, y la nuestra de 1939, las reformas la deciden uno o varios órganos del Estado en el momento en que se hace sentir la necesidad confiándose la iniciativa, según los casos, al gobierno, al parlamento o al cuerpo electoral.

Los procedimientos de reforma son muy variados, tratan de evitar tanto una excesiva facilidad que pudiera poner en peligro la estabilidad del estado, como una excesiva rigidez, que vuelva imposible la reforma.

Los sistemas principales son los siguientes:

La reforma por el Parlamento, casi siempre, con una iniciativa y procedimiento especial. Se exige generalmente una mayoría calificada para poder llevarla a cabo. Ello con la finalidad de obtener el consenso más amplio entre los partidos representados en el mismo.

La reforma por una Asamblea Constituyente, especialmente elegida al efecto y la cual tiene como misión únicamente la de acordar la reforma constitucional.

La intervención del pueblo por vía del referéndum. Este puede ser de dos formas: votación popular sobre la enmienda constitucional efectuada por el parlamento.

La participación del electorado a través de iniciativa popular y consiguiente votación final, tras haber expresado el Parlamento su actitud positiva o negativa al respecto.

A pesar, que en este sistema se da una verdadera participación de democracia semidirecta del electorado, surge la duda si el elector podrá realmente emitir un juicio razonable sobre un documento tan complicado como es la Constitución.

Loewesntein estima: "que en el supuesto de admitirse la institución del referéndum constitucional, solamente es aconsejable en el caso de nueva constitución, mientras que la votación sobre determinadas enmiendas constitucionales, casi siempre de naturaleza técnica, exige un esfuerzo intelectual por parte del electorado para el cual éste no está preparado".

Reforma de una Constitución Federal, donde se exige la participación de los Estados miembros, con la ratificación de una mayoría simple o calificada de los mismos, o por el hecho de que una minoría puede impedir su reforma.

C. Breve síntesis Histórica Nacional sobre Procedimientos de Reforma Constitucional.

Diferentes han sido los procedimientos establecidos en las constituciones de El Salvador para su reforma. Así conforme el Art. 80 de la Constitución del Estado de El Salvador de 1824, podía el Congreso, reformar uno u otro artículo de la misma, sin necesidad de trámite especial, pero no podían alterarse los artículos referentes a la independencia, la forma federal del Estado, el territorio y la división del poder.

La Constitución de 1841, por su parte, en su Art. 94, establecía que se podían hacer reformas parciales a la Constitución, a propuesta de la cuarta parte de los representantes en cualquiera de las dos cámaras legislativas, pudiendo acordarse por los dos tercios de votos de los electos, y con la sanción del Ejecutivo.

Ahora bien, cuando la opinión pública exigía, el cambio de su totalidad, se proponía y acordaba en los términos referidos y además se convocaba a una Asamblea Constituyente para que la dictase. No podían restringirse las garantías individuales ni alterarse la división del poder.

También en la Constitución de 1841, en lo referentes a las reformas parciales, no se exigían mayores requisitos que los necesarios para reformar una ley secundaria, por lo que existía cierta flexibilidad.

La Constitución de 1864 exigía mayores requisitos, siendo necesarias dos Asambleas Legislativas para la aprobación de las reformas, y así el art. 102 establecía, que las reformas parciales, solo podían acordarse con los dos tercios de votos de los representantes electos, en cada cámara; la resolución de reformas debía publicarse en la prensa y se tenía por ley después de aprobada de la misma manera por la próxima legislatura. Si la opinión pública y el bienestar general demandaba otras instituciones se hacía por una Representación Nacional Constituyente.

El procedimiento más largamente mantenido, con algunas variantes es el establecido por las constituciones de 1871, 1872, 1880, 1883, 1886, 1945, 1950 y 1952. Conforme a los Arts. 127, 137, 130, 133, 148, 171, 223, 222, de dichas constituciones , respectivamente. La reforma podía acordarse por los dos tercios ese porcentaje se exigía para cada una de las Cámaras que integraban el Congreso (de representantes y Senado); y en las restantes, para la Asamblea Legislativa. A partir d ela Constitución de 1880 se requería además que en la resolución se puntualizaba el artículo o artículos a reformarse.

La resolución de reformas se debía publicar en el Diario Oficial y volverse a tomar en consideración en la siguiente legislatura. Si ésta ratificaba lo resuelto por la legislatura anterior, se convocaba a una Asamblea Constituyente, para que si lo tuviese a bien, decretase las reformas.

Las de 1886 y 1945 no permitían la reforma de los artículos que prohibían la reelección del Presidente, Vice-Presidentes y Designados y la duración del período presidencial.

La Constitución de 1939 presentó variantes en cuanto al procedimiento de reformas y acaso sea la más técnica al respecto. En su art. 188, establecía tres vías:

1. Por una Constituyente convocada por acuerdo en actas plebiscitarias autorizadas por los dos tercios, por lo menos, de los ciudadanos hábiles para votar.

2. Por una Constituyente que debía convocarse cada veinticinco años para introducir innovaciones pertinentes que la experiencia exigiera.

3. Por dos Asambleas Legislativas consecutivas, la primera con no menos de dos tercios de votos de los Diputados electos, debiendo señalarse el artículo o los artículos que habrían de suprimirse o reformarse tal resolución debía de publicarse en el Diario Oficial, y la segunda con igual número de votos, si ratificaba lo resuelto por la anterior decretaba las reformas.

Ahora bien, los artículos comprendidos en los títulos referentes a formas de gobierno, derechos y garantías, los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, la Hacienda Pública Nacional y los procedimientos de reforma de la Constitución y Leyes Constitutivas, sólo podían reformarse por una Asamblea Constituyente.

El Art. 248 de la Constitución de 1983, vigente, fue elaborado con miras a "hacerla más flexible", en relación a las anteriores.


La reforma sólo puede ser propuesta por los Diputados, en un número no menor de diez.

Presentada la propuesta la Asamblea podrá acordar la reforma con el voto favorable de la mitad más uno de los diputados electos.


Ese acuerdo debe ser ratificado por la siguiente Asamblea con el voto favorable de dos tercios, por lo menos, de los diputados electos.

Una vez la reforma acordada ha sido ratificada por la segunda asamblea, ésta emitirá el decreto correspondiente, el cual mandará a publicar en el Diario Oficial.

El art. 248 en su inciso final contempla las disposiciones intangibles articuladas que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, que no deben en ningún caso ser reformadas. Las reformas constitucionales que no interesan son las concernientes al proceso electoral.


3. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

A. EL DERECHO ELECTORAL.

Ya nos hemos referido a los Derechos Políticos, dentro de los cuales se encuentra el sufragio, hemos señalado sus requerimientos para que su ejercicio contribuya a una democracia efectiva. Se han considerado los fundamentos constitucionales de los partidos políticos, los cuales canalizan a través de su organización, ideología, plataforma política y electoral, incluida la labor de proselitismo, las voluntades de los electores, miembros del cuerpo electoral, en orden a determinar quienes serán las personas que mediante el ejercicio del voto desempeñarán los cargos que la misma Constitución señala de elección popular. El sistema de representación política, implica el ejercicio del sufragio, activo y pasivo.

Para que el proceso electoral se realice ordenada, democrática y justicieramente, son necesarias normas que lo regulen y establezcan las formas de su ejercicio, tanto desde el primer punto de vista de los sufragantes y de los partidos políticos participantes en la contienda electoral, como de los organismos encargados de su control, a efecto de garantizar que ese resultado de las elecciones sea legítimo. Ese conjunto normativo es conocido en doctrina como Derecho Electoral.

Si bien excede al ámbito del Derecho Constitucional, considerado en sentido estricto resulta estar, el tema electoral, intimamente vinculado a aquel. De su correcta estructuración depende en gran medida la estabilidad política del país y la tranquilidad pública. La historia enseña que las dudas o certezas que el pueblo tenga sobre la pureza de las elecciones y sus resultados, son determinantes en los cambios políticos e incluso sociales. De ahí su importancia y de que el tema sea objeto de fuertes debates entre los diferentes sectores políticos, tanto partidos, como grupos de presión, los cuales tienen interés de acceder o influir en el poder estatal.

B. ANTECEDENTES JURÍDICOS SALVADOREÑOS.

El Consejo Central de Elecciones fue la creación del Constituyente de 1950. En la Exposición de motivos se sostuvo que:

"Al declarar que un Consejo Central de Elecciones será la autoridad suprema en materia electoral, se rechaza el sistema de 1886 en el cual las Juntas Departamentales conocían en la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa, en la elección de Presidente y Vice Presidente de la República.

Este Consejo será elegido por la Asamblea. El Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia presentarán una terna a la Asamblea; esta escogerá un propietario y un suplente de cada una de esas ternas, y eligirá directamente el otro propietario y el otro suplente.

De este modo se quiere asegurar que el Consejo Central de Elecciones quede integrado por personas de calidad.


La Ley Electoral creará los organismos necesarios y elle determinará su constitución. A los partidos políticos contendientes se les reconoce el derecho a vigilancia en el proceso electoral.

A los partidos políticos que no participen en el proceso electoral, no se les reconoce ese derecho" (Tomado de los documentos históricos de 1950- 1951). Algunos constituyentes mocionaron para que se adoptara el sistema de la elección popular para la designación de los miembros del Consejo pero ella fue rechazada por el pleno.

Los artículos 33 y 34 contemplaron lo concerniente al Consejo siendo importante destacar que estaba integrado por tres miembros propietarios y tres suplentes, elegidos por la Asamblea Legislativa, de los cuales uno era escogido de cada una de las ternas que oportunamente proponían el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia y duraban tres años en sus funciones.

La Constitución de 1960 mantuvo inalterado el tenor de esas disposiciones.

Este sistema de nombramiento y de integración no llenó las aspiraciones de los partidos políticos, especialmente los partidos de oposición que por lo general acusaban al consejo de parcialidad, por lo que en 1983 se dan una serie de cambios.

La Constitución de 1983 marca una nueva etapa dentro del proceso electoral. La Comisión Redactora del Proyecto de Constitución al referirse al capítulo relativo al Consejo Central de Elecciones se planteó diversas alternativas sobre la conformación del Consejo. Unos sostenían que debía estar integrado como un tribunal por personas ajenas al quehacer politico, otros pensaban que debía estar formado exclusivamente por representantes de partidos políticos. Se expusieron argumentos a favor de una y otra tesis, pero la opinión de la mayoría se inclinó en el sentido de que la integración del Consejo tuviera un fuerte contenido político pero sin descuidar el aspecto de su imparcialidad; por eso se decidió integrarlo con representantes de los partidos con mayor votación y uno electo de entre una terna propuesta por la Corte Suprema de Justicia.

En esa forma los partidos minoritarios no representados en el Consejo, podrán contar con una mayor garantía de imparcialidad que la que pueden ofrecerle los representantes de los partidos políticos" (Exposición de motivos Constitución 1983).

Sin embargo el Consejo Central de Elecciones quedó formado por tres miembros propietarios y tres suplentes, elegidos por la Asamblea Legislativa, de cada una de las ternas propuestas por los tres partidos políticos o coaliciones legales que hubieran obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial. El Presidente es el del partido mayoritario y durará cinco años en sus funciones.

Se agregó que si por cualquier circunstancia no se propusiere alguna terna, corresponde a la Asamblea Legislativa la respectiva elección de ella.

Con la nueva forma de integración de los Miembros del Consejo Central de Elecciones, se cambió sustancialmente la conformación del mismo, lo cual creó un equilibrio de pesos y contra pesos.
Sin embargo, el sistema electoral fue uno de los temas que se convino en la Agenda General y el Calendario del Proceso completo de Negociación conocido como la agenda de Caracas de Mayo de 1990, entre el FMLN y el gobierno.

Posteriormente se suscribieron los Acuerdos de México en torno a la depuración del Registro Electoral y otros tendientes a la creación de un Tribunal Electoral el cual tendría la máxima autoridad administrativa y jurisdiccional en la materia.

Se acordó que la composición del tribunal sería definida por la legislación secundaria, de modo que no predominase en él ningún partido o coalición de partidos, debiendo incluirse magistrados sin filiación partidista y su elección sería por mayoría calificada de la Asamblea Legislativa.

El acuerdo de reforma de la Asamblea Legislativa no reflejó exactamente lo convenido en México, porque si bien es cierto que se sustituía el Consejo Central de Elecciones por un Tribunal Supremo Electoral y que se ampliaba el número de miembros de éste a cinco magistrados no se consignaban que la Asamblea Legislativa debía designar a todos por mayoría calificada; se mantenía el régimen de que tres de dichos Magistrados sean electos de cada una de las ternas propuestas por los partidos políticos o coaliciones que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial.

Que los Magistrados no tengan filiación partidista se aplica, según la reforma a los Magistrados escogidos de las ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia, y para estos si se exige mayoría calificada de dos tercios de votos de los diputados electos.

En adición se dispuso que el Magistrado Presidente sería propuesto por el partido o coalición legal que obtuviese el mayor número de votos en la última elección presidencial.

También se separa el acuerdo de reforma del Acuerdo de México en lo referente a que el Tribunal Supremo Electoral no será la máxima autoridad jurisdiccional, aunque si electoral, dado que la Corte Suprema de Justicia conserva su autoridad en caso de violación a la Constitución.

Es posible que ésta separación del espíritu de los Acuerdos de México provocó alguna reacción en el FMLN ó en los partidos políticos de izquierda, porque se dió un acuerdo nuevo de reformas, el número tres que entre otras cosas adicionó el Acuerdo de Reforma Número 1, un conjunto de disposiciones transitorias, en virtud de las cuales se modificó la forma de elección de los Magistrados del tribunal así: cuatro Magistrados serían elegidos por las ternas propuestas por los cuatro partidos políticos o coaliciones que hayan obtenido el mayor número de votos en la última elección presidencial, electos por simples mayorías y un Magistrado elegido con el voto favorable de por lo menos dos tercios de los diputados electos de una terna propuesta por la Corte Suprema de Justicia el que no deberá tener afiliación partidista. Este Magistrado será el Presidente del Tribunal.

Este régimen de elección solo duraría un período vencido, el cual se aplicaría lo dispuesto en el acuerdo número uno de reformas.


El 31 de octubre se rectificaron el Acuerdo de Reformas Constitucionales Número 1 y Número 3.


Se reformó el Artículo 208 de la siguiente forma:

"Habrá un Tribunal Supremo Electoral que estará formado por cinco magistrados quienes durarán cinco años en sus funciones y serán elegidos por la Asamblea Legislativa. Tres de ellos de cada una de las ternas propuestas por los tres partidos políticos o coaliciones legales que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial."

Los dos magistrados restantes serán elegidos con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los Diputados electos, de dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia, quienes deberán reunir los requisitos para ser Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia y no tener ninguna afiliación partidista.

"Habrá cinco magistrados suplentes elegidos en igual forma que los propietarios. Si por cualquier circunstancia no se propusiere alguna terna la Asamblea Legislativa hará la respectiva elección sin la terna que faltare."

"El magistrado Presidente será propuesto por el partido o coalición legal que obtuvo el mayor número de votos en la última elección presidencial".

El Tribunal Supremo Electoral será la autoridad máxima en esta materia, sin perjuicio de los recursos que establecen esta Constitución por violación de la misma.

También se reformó el artículo 209 que dice: "La ley establecerá los organismos necesarios para la recepción, recuento y fiscalización de votos y demás actividades concernientes al sufragio y cuidará de que estén integrados de modo que no predomine en ellos ningún partido o coalición de partidos".

"Los partidos políticos y coaliciones contendientes tendrán derecho de vigilancia sobre todo el proceso electoal".

Al mismo tiempo se rectificaron el artículo 38 del Acuerdo de reformas número 1 que contiene una disposición transitoria relativa al plazo de la elección, el cual será de 90 días a partir de la vigencia del decreto de ratificación durarán en sus funciones hasta el 31 de julio de 1994, así como el artículo 38, transitorio, del acuerdo de Reformas Constitucionales número 3 a que nos referimos anteriormente y relativo a la conformación del Tribunal Supremo Electoral.

En virtud de esta adición transitoria se incorporó una Magistrado proveniente de la Convergencia Democrática, que es el cuarto partido en numero de votos siendo antecedido por ARENA, Democracia Cristiana, Conciliación Nacional, lo que cambia la conformación del tribunal Supremo Electoral al constituirse por las diferentes posturas políticas.

C. RANGO Y NATURALEZA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.

De acuerdo con la Constitución la autoridad máxima en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral, si bien esta supremacía es relativa porque, como señalamos en la misma Constitución establece que es sin perjuicio de los recursos que ella franquea, cuando es violada. Esto supone que existe un recurso de inconstitucionalidad en relación a los reglamentos que emita el Tribunal Supremo Electoral, lo cual está en concordancia con las disposiciones que establecen la competencia de la Sala de lo Constitucional que no hacen excepciones y además por una razón lógica: si el Código Electoral emitido por la Asamblea Legislativa puede ser objeto de acción de inconstitucionalidad con mayor razón lo puede ser el reglamento emitido por el Tribunal Supremo Electoral.

También en virtud de esa misma disposición las personas jurídicas o individuales, pueden interponer la acción de amparo, si por una decisión del Tribunal Supremo Electoral se les priva de algunos derechos consignados en la Constitución.

No parece ser esta la intención de los Acuerdos de México celebrados entre el FMLN y el Gobierno, de los cuales se desprende que se convino que el Tribunal Supremo Electoral sería la autoridad Máxima en materia electoral, pero en el proceso de reforma se varió el texto acordado en México y las cosas quedaron como queda dicho y ello no puede modificarse sin violar la Constitución a menos que se reforme nuevamente.

D. ORGANIZACIÓN

El tribunal por disposición constitucional que lo crea está formado por cinco magistrados, por un período de cinco años en la forma antes indicada.

E. COMPETENCIAS.

La constitución no establece específicamente las competencias del Tribunal Supremo Electoral, si no que se remite a la ley secundaria o sea el Código Electoral y este establece facultades de diferente naturaleza, para el Tribunal, las que podemos agrupar en cinco modalidades:

a. Atribuciones de Administración Activa.
b. Atribuciones de Control.
c. Atribuciones Consultivas.
d. Atribuciones Jurisdiccionales.
e. Atribuciones Legislativas.

a. Atribuciones de Administración Activas.

Cabe mencionar: la convocatoria a elecciones, el nombramiento de los miembros de las Juntas Electorales: Departamentos, Municipios y Receptoras de votos; nombramiento del Secretario General, Asesor Jurídico, Gerentes, Sub-gerentes, jefes Regionales Departamentales o de Sección, así como Personal Administrativo y ejercer las funciones disciplinarias, practicar el escrutinio definitivo, llevar el registro electoral actualizado, llevar el registro de partidos políticos, coaliciones de candidatos para Presidente y Vice Presidente de la República, extender las credenciales y tomar la protesta constitucional a los electos, realizar actos administrativos para el funcionamiento del Tribunal y para el buen orden de las elecciones, preparar el presupuesto de gastos y administrar los fondos.

b. Atribuciones de control. Velar porque se cumplan sus acuerdos; suspender total o parcialmente las elecciones por el tiempo que se considere necesario cuando hubiesen graves alteraciones al orden público en cualquier municipio o departamento y señalar en su caso la fecha en que aquellas deberán efectuarse o continuarse total o parcialmente.

c. Atribuciones Consultivas. Resolver las consultas que le formulen los organismos electorales, los representantes de los partidos políticos o coaliciones o cualquier autoridad competente en orden a mantener el normal funcionamiento del proceso electoral y los organismos respectivos.

Considero que el tribunal Supremo Electoral por su experiencia debería dictaminar sobre los proyectos relativos a materias electorales, pues es quién tiene la experiencia necesaria y el conocimiento suficiente para ponderar si se debe o no reformar el código Electoral y quizá en un futuro reformar la Constitución para darle iniciativa de ley al Tribunal Supremo Electoral únicamente en materia electoral.

d. Atribuciones Jurisdiccionales. Conocer toda clase de acciones, excepciones, peticiones, recursos e incidentes que puedan interponerse de acuerdo al Código Electoral; conocer y resolver de los recursos contra las resoluciones de las juntas electorales departamentales, conocer y resolver las peticiones de nulidad de elecciones y de las peticiones de nulidad de escrutinio definitivo, imponer multas gubernativamente a los infractores que no cumplieren con el Código electoral.

e. Atribuciones Legislativas. Elaboración de su reglamento interno y los demás que fueren necesarios para la aplicación del Código Electoral.

f. Los demás organismos electorales. En orden jerárquico, después del Tribunal Supremo Electoral, se encuentran los organismos electorales: Juntas Electorales Departamentales, Municipales, Receptoras de votos, las cuales son un desarrollo de artículo 209 de la Constitución Política que dice: "La ley establecerá los organismos necesarios para la recepción, recuento y fiscalización de votos y demás actividades concernientes al sufragio y cuidará de que estén integrados de modo que no predomine en ellos ningún partido o coalición de partidos".

g. Rol Electoral de los Partidos Políticos. A fin de garantizar a los partidos políticos y sus coaliciones, la Constitución les concede el derecho de vigilancia sobre todo el proceso electoral. También por Constitución reconoce la deuda política para financiar a los contendientes. De esta manera se cree que se facilita el pluralismo político pero también ha de reconocerse que se fomenta el aventurismo electoral.

CAPITULO VIII

EL NUEVO ORDEN ELECTORAL, EL CÓDIGO ELECTORAL Y LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROCESO ELECTORAL.

1. Avances en Materia Electoral

2. El nuevo Orden Electoral

3. Marco Jurídico

3.1 El Código Electoral

4. Las Condiciones Mínimas para la verificación de un Evento Electoral y los Acuerdos de Paz.

4.1 Significado de los Acuerdos de Paz
4.2 Balance de los Acuerdos de Paz
4.3 La Desmilitarización
4.4 El Registro Electoral


EL NUEVO ORDEN ELECTORAL, EL CÓDIGO ELECTORAL Y LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROCESO ELECTORAL.

1. Avances en Materia Electoral. Su análisis.

El salvador, en intentos reiterados de lograr un desarrollo integral, considerando este desde los puntos de vista social, económico y politico, ha pasado en toda su historia por momentos coyunturales importantes, los cuales ha desperdiciado en forma lamentable.

En momentos coyunturales de su historia muchos pueblos de la civilización actual han logrado hacer un serio análisis de su situación y aprovecharon un momento para marcar un paso adelante en la conformación de un orden más justo y más democrático, en definitiva más acercado a la consecución de un orden social más solidario.

En nuestro país estamos hoy frente a una coyuntura verdaderamente única de nuestra historia, que nos permite realizar cambios profundos en la estructura económica, política y social que podrían marcar un paso definitivo entre un pasado doloroso, oscuro e injusto y un futuro pleno de realizaciones sociales.

En este análisis no pretendo hacer una proyección del deber ser nacional sino que se pretende vislumbrar el nuevo orden politico, que es parte importante en el desarrollo nacional integral.


En la historia moderna del país, negar que se han tenido avances en materia electoral sería absurdo; hemos visto como n uestro sistema electoral se ha enriquecido con nuevas instituciones, nuevos conceptos, nuevas realidades; pero también es honesto reconocer que esos avances que en algún momento histórico se han tenido, han sido desvirtuados por el tiempo, producto de ello de la falta de conciencia política y el oportunismo, factores que han contribuido a la descomposición del sistema electoral, la representación proporcional en la asamblea Legislativa, el sistema de conformación del Consejo Central de Elecciones, el Carnet Electoral y otros ejemplos de menos trascendencia, son muestra palpable de lo que no funcionó mucho tiempo con el espíritu con que fueron creados.


Las decisiones del Consejo Central de Elecciones no se lograron por el análisis legal justo y honesto sino por aquellos que logran tener una mejor capacidad de negociación, se ganan o pierden diputados o consejos municipales en los escritorios y mesas de negociación; los organismos electorales intermedios como son las juntas electorales, departamentales y municipales, lejos de ser organismos imparciales se mueven por los arreglos que se dan bajo la mesa por parte de los delegados de los partidos que la forman, arreglos que se ven con la mayor naturalidad por quienes lo realizan. Los ejemplos de los organismos superiores se consideran suficientes para legitimar arreglos en los organismos inferiores.

Las Juntas receptoras de votos son el claro ejemplo del más grande fraude a la voluntad popular, en la práctica su conformación no refleja la equidad y la buena fe muy por el contrario la prepotencia y el concepto errado de lo que es astucia privan en la conformación de las mismas, dando como resultado fraudes escandalosos a la voluntad popular.

Los organismos electorales son los principales responsables del deterioro del sistema, juntamente con otros factores como los padrones electorales con una transparencia no muy clara, emisión del Carnet Electoral todavía menos claros, sistemas de distribución de material electoral y de recuentos de votos, asignación de recursos y determinación de los centros de votación, son otras de las grandes faltas estructurales más notorias que vician los procesos electorales.

Si a todo lo anterior le agregamos los sistemas autoritarios de propaganda a los partidos políticos y la falta de coerciabilidad por las violaciones en que se incurren llegamos a una conclusión no muy ejemplarizante de la forma en que funciona nuestro sistema electoral.

Pretender que las simples reformas constitucionales y el Código Electoral por sí solas son suficientes para orientarnos a una nueva sociedad, es tan falso como creer que la paz en El Salvador se va a lograr con solo el silenciamiento de los fusiles. Estos hechos deben ser consi....

FALTA PAGINA 203.....

....político, jurídico, económico y social, la intima interrelación de las mismas nos conlleva a sostener que cualquier idea, cualquier acción, cualquier determinación sobre cualquiera de las áreas del orden nacional, deben de tomar en cuenta su relación con las otras áreas.

Para que en un país como el nuestro, el resultado de una consulta electoral sera concatenante con los resultados de otras acciones no electorales, las acciones del grupo político que resulte ganador en las elecciones, sea de cualquier color, signo o ideología, deben de encaminarse a la concretización y realización de un plan general predeterminado a través de una concertación general de amplia base y quién sustituya al partido de gobierno en una nueva elección deben por encima de cualquier interés particular de grupos o personas continuar con la labor de realizar el plan predeterminado en la concertación. el grupo político de turno en el manejo de la cosa pública no es más que el ejecutor de las medidas necesarias que permitan al país y a la sociedad en general mejorar cualitativa y cuantitativamente su calidad de vida; los planes de desarrollo a largo plazo deben ser modificadas cada tres o cinco años dependiendo de quienes o quién detenten el poder formal ya que por encima de ellos está el poder real de las grandes mayorías que forman el electorado y que tienen derecho a un futuro estable y tranquilo; la conformación de una cultura democrática a nivel nacional debe de ser una meta que tenemos que alcanzar a mediano plazo, la cultura del fraude y la imposición debe de apartarse para siempre y dar paso a una cultura de democracia plena en la cual una campaña electoral no debe ser vista y considerada como una batalla campal entre los contendientes sino como una consulta popular cívica que permita a la sociedad expresarse libremente de quién o quienes serán los depositarios de su confianza para manejar la cosa pública.

El nuevo orden electoral debe de apuntar más allá de las elecciones regulares, debe ser considerado como la escuela que educa para la pacífica y ordenada convivencia humana; crear este nuevo orden para luego ser desvirtuado por las acciones egoístas de partidos, personas o grupos determinados prostituyendo los sistemas, sería desaprovechar la oportunidad de oro que nos brinda la coyuntura y preparar a la sociedad a recorrer los viejos caminos de la confrontación social en peores circunstancias y que nos alejarían más de las sociedades modernas al postrarnos por un nuevo largo período en la retaguardia de la civilización.

Creemos firmemente que el nuevo orden electoral que tenemos la obligación de implementarlo y se deben considerar como fundamentales los siguientes temas y conceptos:

1. Los órganos electorales desde las más altas jerarquías hasta las juntas receptoras de votos deben de responder en su conformación no a un organismo de confrontación permanente; por el contrario, debe responder como una organización técnicamente capaz de afrontar y resolver cualquier problema en forma solidaria, por la vía civilizada de la razón, de justicia y sobre todo con la íntima convicción moral de que una acción desviada de la más alta escala de valores conlleva una reacción negativa por parte de los sectores afectados y prostituye el sistema. Además de que confronta a la sociedad generando un resentimiento de clases gravemente negativo.

2. Las campañas electorales deben superar la etapa emotiva visceral, dando paso a planteamientos racionales que muevan al electorado a creer en los institutos políticos serios, con ello se detendría el acelerado deterioro de la imagen de los partidos, que durante los últimos años han devaluado en forma galopante su credibilidad frente a la opinión pública; este fenómeno de devaluación política acelerada ha causado en el mundo fenómenos de orden social y politico nunca antes visto en la historia moderna de la sociedad, ejemplo de ello, el derrumbamiento de las dictaduras del mundo oriental.

Los partidos políticos tienen responsabilidad del nuevo orden electoral, cabe a ellos la responsabilidad de modificar tanto la legislación como el comportamiento mismo de sus institutos cumpliendo las normas establecidas o por establecerse, evitando las explosiones emotivas y demagógicas como mecanismos para ganar la voluntad del electorado.

3. La regulación de los espacios y tiempos publicitarios así como la regulación del gasto político, son factores importantes no solo desde el punto de vista financiero, sino también como generadores de un estado anímico sicológico de la sociedad, contraproducente para el mantenimiento de la paz y la tranquilidad.

Desde el punto de vista financiero, la libre contratación de tiempo y espacios y la falta de regulaciones en el gasto político, ponen en serias desventajas a los partidos políticos de menor capacidad económica frente a los que tienen patrocinadores económicamente fuertes, teniendo como consecuencia inmediata la falta de oportunidad de hacer planteamientos serios y de fondo que no sean ahogados en un mar de contra propaganda.

Desde el punto de vista sicológico, las saturaciones de los medios de comunicación social, con indiscriminadas campañas superfluas una u otras cargadas de demagogia y de rencor indisponen a la sociedad y la confrontan en aspectos superficiales en odios y rencores negativos para el mantenimiento de la paz social, himnos partidarios que incitan a la violencia y al derramamiento de sangre, canciones que recuerdan episodios amargos de nuestra historia, estribillos que ofenden la dignidad nacional y de las personas, solamente traen como resultado una confrontación polarizante que no contribuye en nada al fortalecimiento de u na cultura democrática y pluralista; lejos de convencer racionalmente al electorado, lo preparan a la búsqueda desesperada de nuevas alternativas que ofrezcan algo más que seguir en el estatus reinante.

4. La coercibilidad en materia electoral, supone la posibilidad real para hacer cumplir la norma jurídica en materia electoral, el incumplimiento de la misma presupone la sanción que la autoridad correspondiente debe imponer al infractor.

Pero en nuestra realidad, estos dos elementos fundamentales de todo orden jurídico, por razones de impotencia frente a los infractores o por razones de conveniencia política, no pasan de ser meros enunciados declarativos de buenas intenciones. hemos analizado en la historia de los procesos electorales, y hemos visto como se han cometido todo tipo de tropelías, todas ellas en flagrante violación a las normas establecidas que no han podido ser sancionadas.

Vamos a analizar y recordar varios casos que vale la pena hacerlo y que ya hemos señalado en este trabajo:

A. En las últimas elecciones varios centros de votación designados oficialmente por el Consejo Central de Elecciones al momento de ser instalados fueron movidos de los lugares preestablecidos. Estos hechos, con posterioridad a las elecciones fueron reconocidos como parte de una estrategia diseñada por un partido político, Alianza Republicana Nacionalista, para entorpecer el proceso, causan confusión y con esa acción inclinar favorablemente a su instituto los resultados electorales. En estos actos tomaron parte: delegados de varios partidos políticos de las Juntas Electorales Municipales y las unidades militares encargadas de la seguridad, contando con la anuencia, complacencia e indiferencia de los órganos superiores. Las protestas ciudadanas y de algunos partidos políticos fueron acalladas por la indiferencia y la prepotencia.

B. La toma por asalto de los centros de votación por parte de los personeros de un partido político, Alianza Republicana Nacionalista, que sin ser miembros de ningún organismo electoral, controlaron las mesas receptoras y los recuentos y resultados de las elecciones recién últimas, estos hechos contaron con la indiferencia oficial.

C. Las irregularidades observadas en los padrones electorales, fueron más allá del límite aceptable por razones de error o incapacidad técnica de sus elaboradores constituyeron una gigantesca burla al régimen legal. Los vicios detectados en el registro y padrón electoral son tan graves y de tal magnitud que cualquier ciudadano sin importar su capacidad intelectual, su formación politico-ideológica o el estrato social al que pertenezca, pueden llegar fácilmente a la conclusión de que tales instituciones no representan la más mínima garantía política para construir una democracia.

Como se sostiene al principio de este capítulo nuestro país está frente a una coyuntura única, y en los próximos meses veremos la conformación de nuevos escenarios políticos en el país; la idea sana de la creación de un nuevo país, con una sociedad distinta, no solo ha despertado el interés nacional y la expectativa general, sino que ha puesto en marcha la extraordinaria maquinaria del ingenio humano. Hoy más que nunca el ferrocarril de la historia está tomando impulso y son muchos y variados los vagones que lo conforman; todos y cada uno de los salvadoreños y sus instituciones tienen que abordar un vagón, quedarse fuera implica perder la oportunidad de integrarse al todo nacional, ponerse enfrente implica ser arrollado y quedarse reducido a escombros, que en un futuro próximo no serían más que eso, escombros, y tal vez los que no abordaron un vagón tengan la oportunidad de llegar a pie pero tarde, cuanto todo esté escrito y hecho, esperemos que los salvadoreños y sus instituciones, ni dejen de abordar ni se pongan enfrente desafiando inútilmente el devenir.

Si la figura utilizada en las líneas anteriores resulta atractiva, caben en un momento de racionalidad configuran en la realidad los distintos vagones del tren dando formas entonces a los diversos escenarios probables en los cuales nos tocaría participar como actores protagónicos.

En el escenario electoral la pregunta clave para poder actuar es: ¿el marco jurídico e institucional existente es suficiente y adecuado para afrontar un desarrollo normal, justo, legal y ético hacia una sociedad democrática? Para dar respuesta a esta interrogante conviene analizar en términos contrastados con nuestra realidad.

3. MARCO JURÍDICO.

Las reformas constitucionales en materia electoral han mejorado el marco jurídico, pero el contenido es limitante para un desarrollo completo y pleno paro es bastante si lo referimos a la creacción de un órgano jurisdiccional, que sustituye a un órgano eminentemente administrativo como lo fue el Consejo Central de Elecciones. El nuevo Tribunal Electoral refleja la sana intencionalidad de transformar una simple funci´no burocrática en una verdadera función creadora de justicia electoral.

La justicia electoral es tan importante como la justicia civil, penal, mercantil, laboral, tributaria, etc., porque es en ella donde la sociedad finca sus expectativas para un orden nuevo y pleno; la justicia electoral es sin lugar a dudas la base sólida que permite al ciudadano aceptar en un momento determinado que la verdad que sostiene los otros es parte de una verdad real, no importando que su verdad haya sido desestimada parcial o totalmente, con una justicia electoral cristalina el ciudadano común se sentirá satisfecho de haber hecho uso de sus derechos políticos no importando los resultados.

Pero para poder llegar a la cristalinidad de la justicia electoral es condición indispensable crear primero un marco jurídico que refleje la intención de la misma.

A nuestro juicio el orden legal debe de estar construido sobre tres plataformas:

a. La Constitucionalidad: construida y reflejada en las disposiciones constitucionales, producto de las últimas reformas en la materia.

b. La electoral: plasmada en el Código Electoral que lejos de ser una caja oscura que permita sacar sorpresas de su interior sea una caja transparente que permita ver su contenido, es decir que la legislación electoral vigente debe garantizar en forma equitativa la participación de las fuerzas políticas responsables de la consolidación de la democracia.

c. Los reglamentos: reflejada en un reglamento que desarrollo la organización del Tribunal Supremo Electoral, sin más limitantes que las establecidas en la Constitución.

3.1 El Código Electoral:

Conceptualizamos un Código Electoral, como un cuerpo de ley sustentados de los principios y procedimientos necesarios que permitan a un organismo jurisdiccional como lo es el Tribunal Supremo Electoral, ordenar, coordinar e implementar la actividad electoral y en esa forma poder tutelar y proteger los derechos políticos impartiendo justicia electoral pronta y eficazmente.

La actividad electoral, está formada no solamente por los procesos de votación, estos forman parte de una larga cadena de actividades concatenadas, las cuales tienen que ser reguladas; partiendo de las formas de organización que tienen los ciudadanos para expresarse políticamente.

En el Código Electoral se señala en forma pormenorizada el nacimiento, legalización, estructuración, funcionamiento de los partidos políticos.

El Código Electoral vigente es el resultado del consenso de los partidos políticos inscritos al momento de aprobación del Código Electoral. En dicho cuerpo de ley se regula también la postulación de candidatos, las campañas proselitistas, las convocatorias para elecciones, los escrutinios, las declaraciones y proclamas de resultados, las sanciones para las transgresiones de la ley.

En los señalamientos del párrafo anterior hemos dejado conscientemente dos de ellos, que a nuestro juicio merecen un tratamiento especial:

1. El Registro Electoral.
2. El Padrón Electoral.

El segundo, es consecuencia del primero y ambos forman binomio indisoluble y a nuestro juicio, la situación de ellos es más que lamentable, producto tal situación de la ligereza e irresponsabilidad de quienes fueron sus implementadores.

Los vicios detectados en el registro y padrón electoral son tan graves y de tal magnitud, que cualquier ciudadano sin importar su capacidad intelectual, su formación política ideológica o el estrato social al que pertenezca puede llegar fácilmente a la conclusión de que el Registro Electoral no representa la más mínima garantía política para construir una democracia, si a los vicios le agregamos la gran ola de emigración que se provocó en la década de los 80 se deteriora cada vez más la credibilidad del Registro Electoral, consideramos que no sería temerario afirmar que un alto porcentaje de los electores inscritos o están muertos o no existen o viven en el extranjero y con ello el número de electores registrados no refleja seriamente y en forma veraz la realidad nacional en esta materia.

La Constitución Política y el Código Electoral, consagra el Registro Electoral como la piedra angular para el sistema electoral, de ahí que la organización, la tecnología y la confiabilidad del Registro Electoral es un instrumento eficaz para la democracia y que ésta puede encontrar en las elecciones su fundamento esencial.

El Código Electoral, aprobado por decreto del Órgano legislativo de fecha 14 de diciembre de 1992., hace una fusión de la plataforma electoral y la reglamentaria, en el título V, donde se establecen las atribuciones específicas sobre varias figuras institucionales que acompañan al Tribuna Supremo Electoral.

Con la experiencia electoral vivida, considero que al Código Electoral habrá que incorporarle una figura nueva la del Inspector General del Tribunal Supremo Electoral y modificar las atribuciones del Auditor General y Registrador Electoral.

Considero conveniente, hacer algún ensayo teórico sobre la figura del Inspector General.

EL INSPECTOR GENERAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.

Esta figura responde a la necesidad urgente de reunir en una sola persona la responsabilidad operativa de supervisar e investigar el funcionamiento y la correcta aplicación de las leyes en todos los organismos electorales, es la garantía del ciudadano común de que la justicia electoral tiene una especie de fiscal a quién puede acudir en forma rápida para la defensa y protección de un derecho vulnerado y quien en forma expedita les reponderá con hechos la restitución o la pérdida o con riesgo de perderse, actuando donde corresponda y cuando corresponda en el momento que le corresponda.

El Inspector General debe de ser el funcionario honesto que se preocupe de los ciudadanos honestos, así como también el canal adecuado para las organizaciones políticas que al igual que los ciudadanos sientan amenazados sus derechos.

EL AUDITOR GENERAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.

Cuando se habla de Auditor General, no pretendemos destacar las funciones fiscalizadoras inherentes a un concepto eminentemente mercantilista, sino que nos adentramos en otros campos en la función electoral.

Concebimos a un auditor general, con autoridad suficiente para fiscalizar administrativamente, financiera y técnicamente todas las actividades, elementos materiales, operaciones de los organismos electorales y sus dependencias, la reforma debe de estar en que además de las funciones señaladas en el código debe dársele la facultad de auditar los sistemas mecanizados y toda aquella acción necesaria para garantizar la legalidad y la pureza de los eventos electorales.

EL REGISTRADOR ELECTORAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.

Un sistema electoral implica necesariamente un registro electoral, desafortunadamente el actual registro deja mucho que desear, tanto en la conformación como en la forma en que está diseñado su manejo y estructuración. Sostenemos la necesidad de reformar el actual o crear un nuevo registro electoral, pero sea cualquiera de las opciones antes apuntadas la que se implemente, se requiere modificar la figura del registrador electoral, sobre todo con responsabilidades nuevas, que sea capaz de estructurar la columna vertebral del sistema electoral, como es el registro electoral, y no solamente estructurar esa columna sino que también mantenerla sana y confiable, el ciudadano común debe tener la certeza jurídica sostenida sobre una base técnica sólida y confiable de que su derecho a ser incluido en el registro electoral y aparecer en el padrón electoral para ejercer sus derechos políticos, sea una realidad, hemos sido testigos y visto con tristeza el peregrinar de miles de ciudadanos que al no aparecer en un listado electoral ven frustrados sus anhelos de ser partícipes en la conducción de su pueblo, el Registrador Electoral al frente del Registro Electoral, es la garantía de que todos los ciudadanos podrían ejercer sus derechos y obligaciones como la Constitución y las leyes lo señalan.

A nuestro juicio el Registro Electoral, debe estar formado por dos departamentos especializados:

a. El registro de Ciudadanos y
b. El departamento de partidos políticos e inscripciones.

El registro de ciudadanos, como su nombre lo indica debe tener la función única de crear ese listado, que en forma confiable determine quién es ciudadano, donde vive y donde quiere ejercer el sufragio, función que parece simple pero en la realidad es compleja, difícil y sumamente delicada.

El departamento de Partidos Políticos e inscripciones, es una nueva instancia que proponemos, limitada a ser el responsable de llevar los registros de inscripciones funcionamiento, fusiones, coaliciones, sanciones y cancelaciones de los partidos políticos, así como llevar los registros de inscripción de candidatos para los cargos de elección popular que los partidos y coaliciones postulen. Al proponer este departamento nos referimos como una nueva instancia por que la legislación actual en lo relativo a esta función mantiene la instancia única del tribunal electoral más allá de él solamente existen las instancias jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia y si se ha creado un órgano llamado Tribunal Supremo Electoral como máxima autoridad en materia electoral la lógica nos impone la necesidad de crear instancias menores que le permitan: a. Descargar trabajo mecánico y técnico. b. Evacuar resoluciones en forma expedita.


Quedando el Tribunal Supremo Electoral como el organismo al cual llegan solamente los casos más delicados en los cuales los derechos tutelados están bajo el riesgo de ser violentados.

El registro de ciudadanos requiere una acción permanente en los 14 departamentos del país, por lo que es importante darle vida a las delegaciones departamentales y municipales establecidas en el artículo 108 del Código Electoral.

Como señalamos al inicio, el orden legal electoral se cimenta sobre tres plataformas: la Constitucional, la Electoral y la Reglamentaria, hemos analizado que la reglamentaria está dentro del Código Electoral y hemos propuesto algunas figuras nuevas y modificación de otras que permitirán construir un nuevo orden electoral.

Las figuras analizadas han sido las de carácter permanente y hay otras tres de carácter temporal que son las Juntas Electorales Departamentales, Las Juntas Electorales, Municipales y las Juntas Repectoras de Votos.

El mayor problema de la estructura temporal del sistema electoral se refleja en las juntas receptoras de votos, de ser ellos quienes propongan a los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos, tuvo sus orígenes en la Ley Electoral de 1961, en la intencionalidad de democratizar el sistema, teóricamente los mejores garantes de la pureza electoral en las mesas receptoras de votos, serían los representantes de los partidos en contienda, pero en la práctica lejos de ser los garantes de pureza se transformaron en el mecanismo más simple, para la imposición y el fraude; de las elecciones amargas de las últimas elecciones del 10 de marzo de 1991, nos han demostrado que las mesas de votación fueron controladas y dominadas por el partido politico que madrugó más, aquellas fuerzas políticas que literalmente se tomaron los centros de votación una noche antes de la fecha de las elecciones, en esta forma consolidaron una estructura de poder que les permitió manejar a su antojo el desarrollo del evento electoral del 10 de marzo de 1991.

Sería largo relatar todos los casos sucedidos pero el resultado fue que el 90% de las Juntas Receptoras de votos quedó en manos de un solo partido.

Solo me limitaré a señalar algunas medidas que pudieran ser tomadas en cuenta para una reforma al Código Electoral:

1. Las Juntas Receptoras de votos deben ser nombradas por el Tribunal Supremo Electoral, sin la participación directa de los partidos políticos.

2. Las personas seleccionadas deberán ser escogidas aleatoriamente de listados de ciudadanos.

3. Elevar a la categoría de delito grave la usurpación de las mesas de votación por personas ajenas, a las nombradas en las juntas receptoras de votos.

4. La ausencia de un miembro de la Junta Receptora de Votos, propietario o suplente, deberá ser sancionado con severidad, proyectándolo a la categoría de delito.

5. La ausencia de un miembro de la Junta Receptora de Votos deberá contar con un mecanismo de sustitución cristalina, elaborado con anterioridad y con el consenso de los partidos políticos contendientes de parte del Tribunal Supremo Electoral.


4. LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA VERIFICACIÓN DE UN EVENTO ELECTORAL.

4.1 SIGNIFICADO DE LOS ACUERDOS DE PAZ.

Hemos analizado en este trabajo de tesis, la historia electoral de nuestro país desde el año de 1824 hasta las últimas elecciones realizadas el 10 de marzo de 1991, esta historia será recordada como un cuento de hadas salido de la imaginación de todo de lo que en El Salvador ha sucedido; pero que refleja al espíritu de un pueblo luchando por definir su propio destino.

El conflicto armado que se origina en la década de los 80 termina con los Acuerdos de Paz y dichos acuerdos no sólo terminarían con el conflicto armado sino que impulsaría la democratización, garantizarían el respeto de los derecho humanos y llevarían a reunificar a la sociedad salvadoreña.

Con la firma de los acuerdos de paz se dejaba atrás una guerra que tuvo como causas la injusticia social y la falta de democracia lo hemos sostenido en esta tesis fue la expresión del agotamiento de los caminos de la razón y el entendimiento para solucionar los problemas de la nación. Tanto el Gobierno como el FMLN, pretendían hacer prevalecer su proyecto político económico. Ninguno ganó pero el pueblo puso la mayor cuota de sangre, con la guerra hubo sueños, aspiraciones y utopías. La guerra profundizó el sometimiento de la sociedad civil al poder militar se cayó en el terror de Estado argumentando la seguridad nacional. Campeó la impunidad y se cometieron los más horrendos crímenes. Se dividió la familia salvadoreña. El Sistema politico se volvió más corrupto y excluyente. El poder económico valiéndose de la fuerza y la manipulacón mantuvo a un buen número de salvadoreños como refugiados en su propio territorio.

Con todo la guerra no arrojó ni vencedores ni vencidos. En que la guerra haya llegado a un punto de virtual empate posibilitó la salida política negociada. Las partes llegaron a un acuerdo politico que se transformó con el apoyo de las fuerzas sociales y políticas en un pacto social, para una sociedad diferente. El acuerdo político tuvo como condición necesaria para terminar con la guerra, la transformación de la Fuerza armada, adecuándola a un Estado de Derecho, la desaparición del FMLN como fuerza militar y es establecimiento de condiciones jurídicas, políticas y económicas para establecer las democracia y la justicia social.

Con los Acuerdos de Paz, tanto el gobierno como el FMLN tenían que ceder en sus posiciones. En todo el proceso y como resultado el ganador sería el pueblo. Y éste es un aspecto que quiero enfatizar. Con la firma de los acuerdos la nación ha entrado en la ejecución de la revolución democrática, que no es otra cosa que la creación de condiciones para la recomposición del poder político por la terminación del militarismo, de la dictadura militar y por tanto, la creación de condiciones para el fortalecimiento de la sociedad civil.

Como lo hemos analizado, en la reseña histórica de los procesos electorales, el militarismo realizó un papel importante para que la voluntad del pueblo no se respetara en los procesos electorales, imponiendo las autoridades que les convenía al poder oligárquico que conjuntamente con los militares gobernaban el país.

4.2 BALANCE DE LOS ACUERDOS.

A dieciséis meses de la firma de los acuerdos de paz, estos se han cumplido parcialmente, se terminó el conflicto armado por la vía política; el proceso de democratización y el respeto a los derechos humanos han avanzado, aunque no lo suficiente; la reunificación de la sociedad salvadoreña requiere todavía mejores condiciones. Tres aspectos faltan por cumplirse y de no cumplirse satisfactoriamente como fue convenido, desnaturalizarían el proceso de paz.

Se hace referencia a la depuración de la Fuerza Armada, al desarrollo económico y social del país y a la transferencia de tierras.

Con respecto a la depuración de la Fuerza Armada, que es la que nos interesa pues ha sido ésta la protagonista de las violaciones de los derechos de las personas y burla a los procesos electorales, se considera que el gobierno no ha cumplido con todas las recomendaciones de la Comisión Ad hoc, encargada de la depuración de la Fuerza Armada, por lo menos a la fecha que se realiza esta tesis.

El incumplimiento del acuerdo de depuración es mantener la impunidad, dejando sin reivindicación a los miles de civiles a quienes no se les respetó el derecho supremo de vivir.

La depuración de la Fuerza Armada es el camino para que ésta recobre la credibilidad y la confianza del pueblo como institución del Estado debe de servir a la nación según el marco constitucional.

Y los nuevos principios doctrinarios de la Fuerza Armada deben estar conformes a los principios que emanan del Estado de Derecho, de la primacía de la dignidad de la persona humana y el respeto de sus derechos. El derecho politico está expresado en el deber que tiene la Fuerza Armada de respetar el orden politico determinado por la voluntad soberana del pueblo y todo cambio politico o social que dicha voluntad genere. Esto quiere decir que la Fuerza Armada está obligada a respetar el resultado de las elecciones.

Construir las nuevas fuerzas armadas que El Salvador necesita no es tarea de un día, pues la apoliticidad, la no deliberancia, la obediencia y el profesionalismo solo podrán ser producto de un esfuerzo a corto, mediano y largo plazo, en el cual educación cívica de las nuevas generaciones de oficiales deberá jugar un papel de primer orden.

Esta educación deberá buscar una renovación doctrinaria que sustituya la concepción contrainsurgente de seguridad nacional por una concepción democrática de seguridad ciudadana.

Gran parte de la pureza de los procesos electorales, dependerá si se cumple totalmente con la desmilitarización pero esta no solo debe de pasar por las fuerzas armadas, sino por toda la sociedad.

Pues par que exista democracia en El Salvador no basta ponerle fin a la impunidad militar; es necesario acabar con otras impunidades. Nos referimos a la impunidad judicial, es decir, a una administración de justicia ineficiente, arbitraria y corrupta; nos referimos a la impunidad política, es decir, al ejercicio abusivo del poder del Estado de parte del partido oficial que esté de turno; nos referimos a la impunidad comunicativa, la cual se deriva del control monopólico de los medios de comunicación social que impiden al ciudadano ser informado con objetividad y expresar libremente su pensamiento.


4.3 LA DESMILITARIZACIÓN.

Hemos analizado que en los últimos cincuenta años, el estamento militar no ha tenido suficiente claridad y definición sobre un determinado proyecto politico que se considere propio de ellos, por el contrario lo que si se puede observar es el hecho de que los intereses que han representado y defendido son los que vienen determinados por los que de la fracción hegemónica que domina en el bloque de poder.

La crisis de poder han sido resultas por medio de golpes de estado, sin tomar en cuenta la voluntad popular cerrando en esta forma los espacios políticos.

A partir del año de 1993, mientras un militar ocupó la máxima posición en el Poder Ejecutivo, ahora Órgano Ejecutivo se creyó que se trataba de un régimen estrictamente presidencialista donde eventualmente se presentaban algunas dificultades.

En 1976, cuando se dió el tímido intento de desarrollar el proyecto de Transformación Agrarias, impulsada desde el Ejecutivo vino a evidenciar el hecho de que la Fuerza Armada, hasta ese momento habían carecido y sigue careciendo de un proyecto politico definido y que su accionar respondía a presentar una simple pantalla de quienes en realidad detectan el poder en la sociedad salvadoreña en otras palabras existe un poder tras el trono.

Ese intento de proceso de Reforma Agraria de 1976, fue rechazado por el bloque de poder y quienes involucraron a otras fuerzas contra el Presidente de la República Coronel Arturo Armando Molina, la presión fue tan seria que a los pocos días fue abortado el proyecto y las palabras que el Coronel Molina expresara al presentar el proyecto de Reforma Agraria, que dijo: "Ni un paso atrás", fueron sustituidas por una orden militar que se resumen así: "a sus órdenes mi capital".

Este caso, se trae a cuenta, a fin de determinar que la actuación del militarismo que para defender los intereses del bloque en el poder, especialmente la oligarquía, ha cometido todo tipo de tropelías, e impuesto autoridades de elección popular, violentando para ellos lo s procesos electorales como le hemos analizado en capítulos anteriores.

Por eso es importante la desmilitarización como requisito básico para la realización de un evento electoral. No solo lo decimos por criterio propio, sino los informes de la Comisión de la Verdad y de la Comisión Ad hoc que trata sobre la depuración de la Fuerza Armada y que además señalan que algunos de sus miembros tienen una serie de delitos desde la violación de los derechos humanos, pasando por el secuestro , tráfico ilegal de armamento, etc.

Basta hacer un retroceso en la historia de nuestro país y recordar, cuantas manifestaciones pacíficas de estudiantes y obreros fueron disueltas a golpes y metralla, recordemos cuantas personas dieron su último aliento en sótanos inmundos de la Policía de Hacienda, Guardia Nacional y Policía Nacional y últimamente cuando se sofisticaron los métodos de tortura cuantos desaparecidos y quemados por escuadrones de la muerte.

Si retrocedemos a las épocas del 44 muchos quedaron inválidos de las golpizas por una simple viva al candidato opositor, que era el Doctor Arturo Romero, en esa época era delito decir "Viva Romero", la historia se repite en El Salvador y otro Romero, Monseñor, es asesinado por pedir el cese a la brutalidad militar. Podemos llenar páginas y páginas, pero basta leer los informes de la Comisión Ad-hoc, y la Comisión de la Verdad, para comprender lo nefasto que en este país fue y es el militarismo.

Los Acuerdos de Paz, prácticamente han puesto un alto militarismo, aunque en el desarrollo del proceso no se ha podido cumplir con la desmilitarización. Ciertamente hay que reconocer que se ha avanzado mucho pero no lo suficiente para considerar que El Salvador se ha desmilitarizado.

Algunos compromisos importantes no han sido cumplidos a cabalidad según lo pactado, la depuración de la Fuerza Armada es incompleta e insatisfactoria, se desconoce el tribunal de honor, las armas de guerra no se han recogido y siguen en manos de civiles, etc. Por el otro lado, y a más mediano y largo plazo persiste la mentalidad militar. En El Salvador, todavía se vive según esquemas militares, cuya característica son el autoritarismo, el verticalismo, la prepotencia y la impunidad. Estos esquemas predominan en el Gobierno, en la política nacional, en los partidos políticos, en el sistema judicial en el ámbito empresarial, inclusive en la vida familiar etc.

Por consiguiente, la mentalidad militar no es exclusiva de los militares, sino que permea toda la sociedad, tal como lo demuestran aquellos funcionarios de gobierno que actúan autoritaria y prepotentemente.

Actualmente los militares se han resistido a retirarse a sus cuarteles, alegando pretextos con la convenciencia del gobierno, para mantenerse presente en el ámbito civil.

Casi todas las actividades en las que participa la Fuerza Armada en la actualidad, son simples pretextos; pero un medio eficaz para obligar a los militares a limitarse a cumplir su función constitucional es revisar el presupuesto del ministerio de Defensa, recortarlo de acuerdo a las nuevas funciones y tamaño del ejército y transferir el excedente a otras áreas que necesitan un refuerzo presupuestario urgente, como la salud. Esto solo será posible si el poder civil predomina efectivamente sobre el militar y un campo donde es urgente comenzar a ejercer control y supervisión es el presupuesto militar.

Los informes de la comisión Ad-hoc y de la Comisión de La Verdad han puesto a prueba a los militares. La Fuerza Armada y el Gobierno han estado evitando que se haga del conocimiento público los nombres de militares responsables de crímenes.

Todas estas maniobras demuestran que la fuerza Armada no está preparada para enfrentar públicamente la verdad. Indudablemente, la verdad que se diga conmocionará la conciencia nacional,pero al fin será una conmoción saludable para todos.

La desmilitarización es uno de los requisitos mínimos para la verificación de un evento electoral, pues los ciudadanos, los partidos políticos y demás organizaciones sociales estarán seguros de que se respetarán los Derechos Humanos y Políticos de los salvadoreños.

El Acuerdo de paz, comprometió a las partes en una serie de reformas y medidas destinadas a impedir la repetición de las violaciones flagrantes, masivas y sistemáticas de los derechos fundamentales.

Los nuevos principio doctrinarios de la Fuerza Armada establecen que su régimen institucional y su actividad serán conformes a los principios que emanan del estado de Derecho, de la primacía de la dignidad, de la persona humana y el respeto de sus derechos. El Derecho Politico está expresado en el deber de la Fuerza Armada de respetar el orden politico determinado por la voluntad soberana del pueblo y a todo cambio político o social que dicha voluntad genere. Esto quiere decir que la Fuerza Armada está obligada a respetar el resultado de las elecciones y de los cambios que pueda introducir el nuevo Gobierno Constitucional, es decir, el orden politico puede experimentar cambios profundos mediante el libre juego electoral, siempre y cuando los militares se mantengan subordinados al poder civil.

Por todo lo que hemos expuesto, la desmilitarización es fundamental para el desarrollo del proceso electoral de 1994 y futuros para ello debe cumplirse a cabalidad con los Acuerdos de Paz, especialmente con la depuración y reducción de la Fuerza Armada. Sobre este punto citaré las palabras textuales del Presidente de la Asamblea Legislativa Señor Roberto Angulo, del partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA, que pronunció con ocasión del primer aniversario de la ceremonia del Chapultepec, México y dijo textualmente: "El primer aniversario del cese del enfrentamiento armado, es un momento adecuado para reflexionar sobre el futuro que nos tocará comenzar a construir a partir de ahora, pero hay que cumplir a cabalidad con aquellos puntos del Acuerdo de Paz que garantizarán la vigencia de la democracia. El mismo Presidente de la Asamblea Legislativa, que es del partido oficial considera que para le vigencia de la democracia, es importante cumplir con los Acuerdos de Paz y dentro de ellos lógicamente con la desmilitarización que conlleva la depuración, la reducción, la subordinación al poder civil y terminar con la impunidad militar.

4.4. EL REGISTRO ELECTORAL.

Durante la administración del Doctor Eusebio Cordón, Presidente Provisorio, durante el año de 1960, se realizó un Congreso a fin de elaborar la Ley Electoral; congreso en el que participaron la mayoría de las fuerzas políticas y sociales de esa época.

Como modelo de estudio se tomó el anteproyecto de ley presentado por la Asociación de Estudiantes de Derecho, AED., proyecto que fue aprobado casi integramente para elaborar el proyecto de la Ley Electoral, que posteriormente fue aprobada por la Asamblea Legislativa. En dicha ley aparecen varias figuras nuevas entre ellas el Registro Electoral en forma permanente.

Dicho registro conforme a la Ley Electoral estaba formado con los Duplicados de Cédula de Identidad Personal que las Alcaldías enviaban al Consejo Central de Elecciones cada quince días de las cédulas de Identidad que se emitían en ese período.

La idea de elaborar el Registro Electoral con los duplicados de las cédulas de identidad personal, fue acertada pero no se contó con muchos factores que hicieron del Registro Electoral un desorden organizado, entre esos factores se cuenta:

1. Con la inmoralidad de los funcionarios municipales que emitían u ordenaban emitir a favor de una misma persona dos ó más cédulas de identidad personal, con nombres diferentes.

2. La incapacidad de los funcionarios municipales al elaborar los duplicados de cédula de identidad, para remitir al Consejo Central de Elecciones, era de suponer que estos duplicados se elaboraban al momento de la emisión de la cédula de identidad persona, pero en la práctica no era así, los duplicados por negligencia los elaboraban un día antes del plazo señalado para enviar la información al Consejo Central de Elecciones. De esta forma se producían muchos errores. Ejemplos: Los casos que se van a citar son reales:

Mario Martínez (nombre real) el duplicado llegó al Consejo Central de Elecciones como María Martínez.
María Huezo (nombre real) el duplicado llegó como María Huevo

Se equivocaban en los números de Cédula de Identidad personal.

3. Negligencia de los funcionarios municipales de informar de las defunciones, cambios de domicilio, modificación de nombres, etc.

Todas estas circunstancias dieron origen a que los Padrones electorales salieran con una infinidad de errores, ya que estos eran el reflejo del Registro Electoral. Y como consecuencia las personas el día de la selecciones no podían votar por una cantidad de errores del Padrón Electoral, que eran consecuencia de la mala información y del fraude electoral que se preparaba desde las Alcaldías municipales.

Durante los años de 1967 y 1968, se trataron de corregir los errores, se elaboró los padrones electorales, como si fuera a haber elecciones y se destacaron delegados del Consejo a las 261 municipalidades a fin de confrontar los Padrones Electorales con los archivos originales que llevan las alcaldías municipales de las Cédulas de Identidad Personal, la labor fue titánica y se minimizaron los errores del Registro Electoral.

Del año de 1970 en adelante, el Consejo Central de Elecciones de esa época no hizo ninguna revisión más y podemos considerar que el Registro Electoral se hizo un caos.

En el año de 1967, se iniciaron estudios tanto legales como técnicos para elaborar un Registro Electoral independiente y con una Tarjeta de Identificación Electoral, que se llamaría Carnet Electoral. En el año de 1984, se retomaron nuevamente los estudios iniciados en el año de 1967 y fue en las elecciones de 1988 donde se hizo uso por primera vez de un Registro Electoral Autónomo y el Carnet Electoral, como nuevo documento de identificación y que faculta al ciudadano para emitir su voto.

Este cambio merece un comentario especial, por cuanto se modifica completamente toda la historia política electora de este país.

Uno de los obstáculos más grandes para lograr credibilidad en las elecciones era el Registro Electoral, dado que éste era objeto de manipulación y alteraciones de todo tipo las cuales servían para efectuar los fraudes más burdos. De ahí la importancia de un registro Electoral confiable, el que consideramos como una condición mínima para realizar un evento electoral.

Para las elecciones de 1988, la nueva modalidad del Registro Electoral y el Carnet Electoral conlleva a un gran esfuerzo nacional de empadronamiento, donde se ven involucradas las autoridades electorales y las fuerzas políticas y sociales del país.

Se realiza una inmensa campaña de divulgación sobre la forma de empadronarse y obtener el Carnet Electoral, en esta forma comienza a funcionar como tal un sistema democrático.

En las elecciones del 10 de marzo de 1991, lo que parecía logrado después de una década de esfuerzos y millones de dólares tirado por la borda, el registro Electoral , deja de ser confiable, pues los Padrones Electorales utilizados en esas elecciones contienen una serie de errores que dejan que dicho registro sea confiable y que no garantiza un proceso electoral cristalino, ya que éste es un requisito mínimo para la verificación de un evento electoral.

A las puertas de un nuevo evento electoral, 1994, que es un año que marca un punto crucial en el calendario politico salvadoreño, pues se van a realizar las primeras elecciones después de los Acuerdos de Paz con la particularidad que entra en discusión el poder total, elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, la totalidad de la Asamblea Legislativa y los 262 Concejos Municipales y además la participación política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) quienes propugnaban que la lucha armada era el único camino para alcanzar el poder y no aceptaban los procesos electorales porque no existían los requisitos mínimos para realizar un trabajo politico ni mecanismos confiables para dar credibilidad a los procesos electorales.

Tal como se encuentran actualmente el Registro Electoral los vicios detectados son e tal magnitud y gravedad que cualquier persona puede concluir que no representa la más mínima garantía para desarrollar un evento electoral cristalino.

El tribunal Supremo Electoral, ante estas circunstancias a nuestro juicio, tiene dos opciones:

1. Depurar con carácter urgente el Registro Electoral actual, mediante un sistema consensado con los Partidos Políticos y demostrando la buena voluntad y diligencia en hacerlo. Para ello hay una base que es el último censo poblacional que puede servir de punto de referencia para el empadronamiento.

2. Crear un Registro Electoral Emergente, únicamente para las elecciones de 1994.

En ambas opciones es importante el proceso de carnetización, donde el Tribunal Electoral, debe de demostrar su voluntad a fin de empadronar la mayor parte de los ciudadanos con capacidad de votar llegando hasta ellos por todos los medios posibles, sin tanta propaganda, pero con efectividad, para ello necesita de la colaboración de los Partidos Políticos y todas las fuerzas sociales quienes deben dejar a un lado sus intereses y buscar soluciones consensadas a fin de establecer un Registro Electoral confiable, que es la piedra angular de un evento electoral.


CAPITULO IX

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. Conclusiones
b. Recomendaciones

A. CONCLUSIONES.

Después de haber realizado un análisis a la historia electoral de El Salvador, podemos concluir que la historia de El Salvador como nación independiente es un compendio de los innumerables intentos realizados por la sociedad salvadoreña para conformar un sistema político de organización democrática por una parte y la intransigente oposición de la oligarquía y de los militares para impedírselo por la otra.

El sistema político, que históricamente se desarrolló en El Salvador, dada su incapacidad para compatibilizar los objetivos de la clase dominante con los del pueblo, resultó ser muy deficiente y no pudo evitar que sectores radicales de la sociedad generan un costoso y doloroso conflicto que finalmente no aportó ninguna solución diferente a los problemas de la sociedad, que no se hubiera podido lograr por medios pacíficos de haber existido las condiciones políticas institucionales adecuadas para ello.

Ya lo hemos dicho a lo largo de este trabajo de investigación que la historia de la democracia en El Salvador, será recordada como un cuento salido de la imaginación de lo que aquí en El Salvador ha pasado, pero que refleja el espíritu de un pueblo luchando por definir su propio destino.

Desde principios de siglo los procesos electorales fueron viciados y en los cuales se buscaba legitimar a gobiernos que no respondían a los deseos del pueblo, cerrando en esta forma los espacios políticos, no permitiendo el desarrollo de procesos electorales cristalinos.


Al final de la década de los 70, los sectores políticos de oposición, no obstante los mecanismos de censura existentes, denunciaban con mayor vigor que antes, el excesivo rol y preponderancia de los militares en todos los aspectos de la vida nacional y censuraban la permanente vinculación de las fuerzas armadas con las violaciones de los derechos humanos de la población.

De igual manera, estos sectores incrementaron los señalamientos públicos, insistiendo sobre la responsabilidad de la oligarquía en el mantenimiento y persistencia de las condiciones de subdesarrollo y pobreza generalizados en que vivía el país.

A consecuencia del cierre de los espacios políticos se produjo la guerra civil salvadoreña donde después de doce años de desarrollo e incapacidad de las partes para definirla por medio de la victoria militar, surgieron voces dentro del clamor popular que impulsaron el proceso de negociación que culminó con el Acuerdo de Paz.

Durante toda la vida electoral de El Salvador podemos concluir que no han existido las condiciones mínimas para la verificación de un evento electoral, considerando como tales la injerencia militar y la falta de un Registro Electoral confiable.

la injerencia militar ha sido casi permanente desde 1931 hasta la época en que vivimos no obstante ha sido manipulado por las autoridades electorales conforme a los requerimientos de los gobiernos de turno del año 1967 a 1982, desde el año de 1982 exceptuando el último proceso de 1991 se trató de tener un Registro Electoral confiable, pero el proceso de 1991, hechó por tierra esas tibias aspiraciones pues las elecciones del 10 de marzo de 1991, fue el fracaso del sistema electoral por manipulaciones del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

Podemos concluir que el Registro Electoral, no responde a los niveles necesarios de confiabilidad, y por tal razón no es ninguna garantía para realizar elecciones libres, cristalinas y confiables para las elecciones de 1994.

El registro Electoral actual tiene vicios como los siguientes:

20% de ciudadanos que tienen carnet electoral y no pueden votar, por no aparecer en el Padrón Electoral o aparecen con datos equivocados.

8% de ciudadanos con múltiple carnetización.

Con los porcentajes anteriores se puede establecer que el Registro Electoral que servirá de base para las elecciones de 1994, adolece de vicios graves en un 35% y así mismo hay un 37% de los electores que no tienen respaldo de validación en su documentación electoral, lo que trae como consecuencia dudas graves sobre su legitimidad.

Como una consecuencia de lo manifestado anteriormente nos permite concluir que el 72% del actual Registro Electoral no es confiable y no garantiza ningún proceso electoral.

Además faltan por carnetizar unas 800,000 mil personas número que se deduce de restar del número de ciudadanos, los ciudadanos con carnet electoral, datos que se obtienen en el último Censo Poblacional realizado por el actual gobierno, en diciembre de 1992.

No están contemplados en el censo de votación aproximadamente 160,000 ciudadanos nacidos en 1975 y 1976; que tendrán edad de votar en 1994.

En Febrero y Marzo de 1993, el Tribunal Supremo Electoral, realiza una campaña de carnetización que dicho tribunal le llamó masiva y durante 60 días emitieron 11,000 carnets los cuales fueron entregados de 38,000 solicitudes. Esta cifra es totalmente ridícula, pues la planta instalada en el Tribunal Supremo Electoral está en capacidad de emitir 30,000 carnet por día.

A nuestro entender el fracaso de esta campaña, llamada como masiva, se debe a que dicho organismo no cuenta con la capacidad técnico administrativa y sino se toman las medidas adecuadas, la incapacidad demostrada en este caso tan simple y sencillo nos hace razonar que el evento electoral de 1994 corre el riesgo de ser un fracaso.

Esta incapacidad del Tribunal Supremo Electoral, ha quedado demostrada con claridad al tratar de iniciar la segunda campaña de carnetización, en julio de 1993, fecha en que se hacen estas conclusiones; en esta oportunidad los empleados del Tribunal Supremo Electoral realizaron un paro de labores durante 15 días el que pudo ser resuelto en forma rápida y efectiva.

B. RECOMENDACIONES.

1. AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.

A. MAYOR RESPONSABILIDAD; en el ejercicio de sus funciones, pues en los distintos eventos electorales que se han realizado no ha existido la coerciabilidad en materia electoral, que supone la posibilidad real para hacer cumplir la norma jurídica, el incumplimiento de la misma presupone la sanción que como autoridad debe de imponer al infractor.

Pero el Tribunal Supremo Electoral por razones de impotencia frente a los infractores o por razones de conveniencia política ha hecho que las disposiciones legales en materia electoral sean meros enunciados declarativos de buenas intenciones.

A lo largo de este trabajo de investigación hemos señalado como se han cometido todo tipo de tropelias, todas ellas en flagrante violación a las normas establecidas que no han podido ser sancionadas.

b. ELABORACIÓN DE UN REGISTRO ELECTORAL PARA 1994 COMO EMERGENTE O LA ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL ACTUAL REGISTRO ELECTORAL.

Un sistema electoral implica necesariamente un Registro Electoral, el actual Registro Electoral, deja mucho que desear, tanto en la conformación, como en la forma que está diseñado y estructuración.

Sostenemos la necesidad que responda a la urgencia de reformar el actual o de crear un nuevo Registro Electoral, pero sea cualquiera de las opciones antes apuntadas, la que se implemente, se requiere modificar la figura del Registrador Electoral que ser capaz de estructurar la columna vertebral del sistema electoral, como es el Registro Electoral y no solamente estructura esa columna sino que también mantenerla sana y confiable y que el ciudadano común tenga la certeza jurídica de que su derecho a ser incluído en el Registro Electoral y aparecer en el Padrón Electoral, para ejercer sus derechos políticos, sea una realidad.

El Registro electoral, debe estar formada por dos departamentos especializados:

1. El Registro de Ciudadanos.
2. El Departamento de Partidos Políticos e Inscripciones.


El registro de ciudadanos, como su nombre lo indica debe tener la función única de crear ese listado, que en forma confiable determine quién es ciudadano, donde vive y donde quiere ejercer el sufragio, función que parece simple pero en la realidad es compleja, difícil y sumamente delicada.

El departamento de Partidos Políticos e inscripciones, es una nueva instancia que proponemos, limitada a ser el responsable de llevar los registros de inscripciones funcionamiento, fusiones, coaliciones, sanciones y cancelaciones de los partidos políticos, así como llevar los registros de inscripción de candidatos para los cargos de elección popular que los partidos y coaliciones postulen. Al proponer este departamento nos referimos como una nueva instancia por que la legislación actual en lo relativo a esta función mantiene la instancia única del tribunal electoral más allá de él solamente existen las instancias jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia y si se ha creado un órgano llamado Tribunal Supremo Electoral como máxima autoridad en materia electoral la lógica nos impone la necesidad de crear instancias menores que le permitan: a. Descargar trabajo mecánico y técnico. b. Evacuar resoluciones en forma expedita.


Quedando el Tribunal Supremo Electoral como el organismo al cual llegan solamente los casos más delicados en los cuales los derechos tutelados están bajo el riesgo de ser violentados.
El registro de ciudadanos requiere una acción permanente en los 14 departamentos del país, por lo que es importante darle vida a las delegaciones departamentales y municipales establecidas en el artículo 108 del Código Electoral.

A las puertas de un nuevo evento electoral, 1994, que es un año que marca un punto crucial en el calendario politico salvadoreño, pues se van a realizar las primeras elecciones después de los Acuerdos de Paz con la particularidad que entra en discusión el poder total, elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, la totalidad de la Asamblea Legislativa y los 262 Concejos Municipales y además la participación política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) quienes propugnaban que la lucha armada era el único camino para alcanzar el poder y no aceptaban los procesos electorales porque no existían los requisitos mínimos para realizar un trabajo politico ni mecanismos confiables ara dar credibilidad a los procesos electorales.

En estas elecciones el Registro Electoral, es determinante para la credibilidad del proceso electoral, tal como se encuentra actualmente el Registro Electoral, los vicios detentados son de tal magnitud y gravedad que cualquier persona puede concluir que no representa la más mínima garantía para desarrollar un evento electoral cristalino.

El tribunal Supremo Electoral, ante estas circunstancias a nuestro juicio, tiene dos opciones:

1. Depurar con carácter urgente el Registro Electoral actual, mediante un sistema consensado con los Partidos Políticos y demostrando la buena voluntad y diligencia en hacerlo. Para ello hay una base que es el último censo poblacional que puede servir de punto de referencia para el empadronamiento.

2. Crear un Registro Electoral Emergente, únicamente para las elecciones de 1994.

En ambas opciones es importante el proceso de carnetización, donde el Tribunal Electoral, debe de demostrar su voluntad a fin de empadronar la mayor parte de los ciudadanos con capacidad de votar llegando hasta ellos por todos los medios posibles, sin tanta propaganda, pero con efectividad, para ello necesita de la colaboración de los Partidos Políticos y todas las fuerzas sociales quienes deben dejar a un lado sus intereses y buscar soluciones consensadas a fin de establecer un Registro Electoral confiable, que es la piedra angular de un evento electoral.

Los partidos democráticos de oposición se han reunido para encontrar solución a los grandes problemas del Registro Electoral, encontrar soluciones viables y efectivas que permitan:

a. Carnetizar los ciudadanos excluidos del Registro Electoral.

b. Depurar los grandes vicios en la mayor medida posible, del actual Registro Electoral.

Hasta la fecha se han presentado las siguientes soluciones:

1. Medidas prácticas para contribuir a una entrega masiva del Carnet Electoral.

2. Una campaña de carnetización, casa por casa, e incluir de esta manera a todos los ciudadanos que carecen de carnet.

3. Un Censo electoral, casa por casa para depurar los vicios del actual Registro electoral.

4. La creación de un Registro Electoral provisional para las elecciones de 1994.

Analizando las alternativas propuestas las tres primeras, tendrían como base el actual Registro Electoral, y sería aumentado para incluir aquellos ciudadanos que actualmente están excluidos; la tercera alternativa además llevaría la finalidad de depurar el Registro Electoral.

Las alternativas analizadas establecen una premisa básica: es que el Tribunal en su campaña debe ir al electoral y no esperar que el elector acuda al llamado del Tribunal Supremo Electoral y contar con un equipo de gran capacidad técnica que garantice el logro de la meta fijada por el Tribunal Supremo Electoral. En estas tres alternativas sería muy difícil erradicar los vicios del Registro Electoral.

La alternativa de un Registro Electoral emergente para 1994 plantea el diseño de un registro provisional de ejecución más rápida y sus costos estaría por debajo de los que representa el desarrollo de la depuración y actualización. Este plan podría diseñarse en consenso con los partidos políticos y tomar como base el plan "DIAFANO 94" elaborado por un técnico electoral para el Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES).

2. A LOS DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.

De conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política, los Diputados tienen exclusivamente iniciativa de ley y por eso se les presenta las siguientes recomendaciones:

Al capítulo II del código electoral que trata sobre la organización interna del Tribunal Supremo electoral introducir una nueva figura, la del Inspector General y modificar las atribuciones del Auditor General del Tribunal Supremo Electoral. Considero conveniente hacer algún ensayo teórico sobre la figura del Inspector General del Tribuna Supremo Electoral y las modificaciones al Auditor General del dicho tribunal.

EL INSPECTOR GENERAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.

La figura del Inspector General, responde a la necesidad urgente de reunir en una sola persona la responsabilidad operativa de supervisar e investigar el funcionamiento y la correcta aplicación de las leyes en todos los organismos electorales; es la garantía del ciudadano común de que la justicia electoral tiene una especie de fiscal a quien pueda acudir en forma rápida para la defensa y protección de un derecho vulnerado y quien en forma expedita le responderá con hechos la restitución a la pérdida o con riesgo de perderse, actuando donde corresponda, y cuando corresponda en el momento que le corresponda.

El Inspector General, debe ser el funcionario honesto que se preocupe de los ciudadanos honestos, así como también el canal adecuado para las organizaciones políticas que al igual que los ciudadanos sientan amenazados sus derechos.

Las cualidades y calidades de este alto funcionario deben estar a la par de la del Secretario General del Tribunal Supremo Electoral la apoliticidad del mismo es la base fundamental para el buen ejercicio del cargo.

EL AUDITOR GENERAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.

Cuando hablamos del Auditor General no pretendemos destacar la función fiscalizadora inherente a un concepto eminentemente fiscal o mercantilista, nuestro concepto va más allá, la función auditora trasciende los planos formales tradicionales conlleva no solamente la auditoría financiera contable, sino que se adentra en otros campos o áreas prioritarias y especializadas en la función electoral.

Concebimos a un auditor general con autoridad suficiente para poder fiscalizar administrativamente, financieramente y técnicamente todas las actividades, elementos, materiales y operaciones de los organismos electorales y sus dependencias con el fin de garantizar la legalidad y la pureza de los procesos electorales y el buen funcionamiento de Tribunal y la correcta utilización de los recursos que constituyen el patrimonio del Tribunal Supremo Electoral.

Este funcionamiento lejos de estar inmerso solamente en facturas, balances y presupuestos, debe escudriñar la organización institucional, verificar controles de calidad en los mecanismos electorales, auditar los sistemas mecanizados y toda aquella acción necesaria para garantizar la legalidad y la pureza de los eventos electorales; deberá ser el compañero inseparable en un binomio con el Inspector General, ya que la acción conjunta de ambos se convertiría en la garantía del buen funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral.

Conformados los niveles; Jurisdiccional con el Tribunal y el Secretario General, procede pensar en una estructura administrativa técnica que sirva de soporte implementador a las acciones administrativas y técnicas del Tribunal Supremo Electoral; En este análisis hacemos a un lado el tradicional esquema de las gerencias, ya que ellas por la simpleza de su estatus no conllevan la debida responsabilidad por sus actuaciones en el esquema gerencial actual los errores, omisiones o acciones dolosas de los funcionarios se solventa con una destitución; bajo el nuevo enfoque los antiguos gerentes abren el paso a figuras jurídicas nuevas, con atribuciones y responsabilidades que legalmente los hacen responsables judicialmente de sus desaciertos.

El artículo 159 del Código Electoral, debe ser reformado en cuanto a número de afiliados que deben presentar los partidos en organización para inscribirse como partidos políticos.

Dicho número debe elevarse a la cifra de 10,000 afiliados, no de 3,000 como ahora exige el Código Electoral.

El requisito de 3,000 firmas se estableció en la Ley Electoral de 1961, tomando en cuenta el censo poblacional de aquella época. Creo que la cifra de afiliados para inscripción debe de modificarse puesto que también ha aumentado el Censo Poblacional y en relación con el actual, 10,000 afiliados aún es una cifra muy pequeña para representatividad de un partido político.

Reformar el artículo 170 de Código Electoral en el sentido que: La obligación que tienen los partidos políticos de informar cada seis meses al Tribunal Supremo Electoral sobre el ingreso, retiro, expulsión, defunción, desaparecimiento, e irse a vivir al extranjero de sus afiliados.

Establecer una audición al referido artículo sobre la obligación que tienen los partidos políticos de elaborar una cartilla informativa por lo menos trimestral para información de sus afiliados y que sirva además como una escuela de educación a distancia sobre principios democráticos.

Modificar el artículo 230 de Código Electoral en el sentido de que desde la convocatoria de elecciones hasta que no se den el resultado de las elecciones, los medios de comunicación no podrán publicar ningún pronunciamiento o desplegado publicitario o caricaturas que no lleven firmas responsables con indicación de Cédula de Identidad Personal, debiendo el medio de comunicación quedarse en su archivo con una fotocopia de la Cédula de la persona responsable de la publicación. Bajo la pena de una multa para el medio de comunicación de 200,000 mil colones por cada infracción, multa que deberá exigirse en forma gubernativa. Para tal fin de la sanción habrá que modificar el artículo 290 del Código Electoral.

C. ORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS ELECTORALES DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y RECEPTORAS DE VOTOS.

Sus miembros deben ser nombrados por el Tribunal Supremo Electoral, sin la participación directa de los partidos políticos.

Las personas seleccionadas deberán ser escogidas aleatoriamente de listados de ciudadanos.
Elevar a la categoría de delito grave la usurpación de las mesas de votación por personas ajenas, a las nombradas en las juntas receptoras de votos.
La ausencia de un miembro de la Junta Receptora de Votos, propietario o suplente, deberá ser sancionado con severidad, proyectándolo a la categoría de delito.
La ausencia de un miembro de la Junta Receptora de Votos deberá contar con un mecanismo de sustitución cristalina, elaborado con anterioridad y con el consenso de los partidos políticos contendientes, como podría ser el caso que el Tribunal electoral en los sitios de votación tuviera miembros de Juntas Receptoras de votos Propietarios o suplentes que no asistieran.

El día de las elecciones los Miembros de las Juntas Receptoras de Votos no permitirán que en las Juntas haya más de un representante propietario y un representante suplente de cada partido político contendiente.

D. En el día de las elecciones no deben de permitirse que los candidatos de elección popular visiten los centros de votación a excepción del lugar señalado para que el candidato deposite su voto, la violación a tal disposición será motivo de cancelación de partido.


Bibliografía.

1 TEORÍA DEL DERECHO Y DEL ESTADO. Hans Kelsen, Traducción de Eduardo García Maynes (Profesor de la Universidad de México 1949).

2 DERECHO POLÍTICO. Adolfo Posada.

3. DERECHO CONSTITUCIONAL. Rafael Bielsa.

4. DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO. Luis Sánchez Agesta.

5. DERECHO ADMINISTRATIVO. Gabino Fraga.

6. TEORIA GENERAL DEL ESTADO. Carre de Malberg. Versión al español, José León Depetre. (Primera Edición, 1948).

7. MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL. León Duguit. (Segunda edición) Francisco Beltran Madrid 1926.

8. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL. Guillermo Cabanellas.

9. DOCUMENTOS HISTÓRICOS. Constitución Política de 1950.

11. ACUERDOS DE PAZ. Suscritos entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

12. MEMORIA DE LABORES. Del Consejo Central de Elecciones 1967 y 1968.