CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BIBLIOTECA JUDICIAL "DR. RICARDO GALLARDO"


BIBLIOGRAFÍA DE TESIS

CLASIFICACION T
343.2
S714i
AÑO 1995.
INVENTARIO 013463 PAGINA(S) 143, [51] h.
EJEMPLAR CM 28 cm.
AUTPPAL Soriano Aviles, Dolores del Carmen CARRERA Optar al grado de Lic. en Ciencias Jurídicas,
AUTOR(ES) Dolores del Carmen Soriano Aviles...[y otros] TITULO Investigación extrajudicial del delito en la legislación procesal penal salvadoreña (con enfasis en el proyecto)
PAIS San Salvador, El Salv. UNIVERSIDAD Universidad de El Salvador
FECHA 15/05/2006
DESCRIPTORES
1. DELITOS I. Título
MATERIA DELITOS
TÍTULO Investigación extrajudicial del delito en la legislación...
TOPOGRÁFICA Soriano Aviles, Dolores del Carmen
CONTENIDO Antiguos cuerpos de seguridad, redefinición de la seguridad pública orientada a configurar un estado democratico, surgimiento de la Policia Nacional Civil, desarrollo organizacional de la Polícia Nacional Civil, desarrollo organizacional de la Polícia Nacional Civil factores que inciden en la investigación extrajudicial, función de los derechos humanos en la investigación judicial


Texto
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
SEMINARIO DE GRADUACION EN CIENCIAS JURIDICAS


INVESTIGACION EXTRAJUDICIAL DEL DELITO EN LA
LEGISLACION PROCESAL PENAL SALVADOREÑA
(CON ENFASIS EN EL PROYECTO)


PRESENTADO POR
DOLORES DEL CARMEN SORIANO AVILES
MANUEL ALCIDES GALDAMEZ ARDON
MIGUEL ANGEL CASTANEDA PENA


DIRECTOR DE SEMINARIO
LIC. VIVO EDMUNDO ZELADA MEJIA


CIUDAD UNIVERSITARIA, OCTUBRE DE 1995.

_______________________
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

RECTOR
Dr. Benjamín López Guillén

SECRETARIO GENERAL
Lic. Ennio Arturo Luna

FISCAL GENERAL
Lic. Hernán Vargas Cañas

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

DECANO
Dr. René Madecadel Perla Jiménez

VICEDECANO
Lic. Juan Carlos Castell6n Murcia

SECRETARIO
Dr. José Rodolfo Castro

COORDINADOR DE SEMINARIO
Lic. Miguel Ángel Paredes Bermúdez

DIRECTOR DE SEMINARIO
Lic. Tito Edmundo Zelada Mejía

______________________________

DEDICATORIA

A DIOS TODOPODEROSO: Por haberme iluminado por el camino lógico del saber.

A MIS PADRES: Miguel Ángel Castañeda y Lidia Peña, por su esfuerzo y sacrificio, ya que fueron la base fundamental de mi triunfo académico; forjando en mi la responsabilidad y el amor al estudio.

A MI ABUELITA: Refugio Vda. de Fuentes por impulsarme.

A MI ESPOSA: Mayra Hortencia Martínez de Castañeda, con mucho amor, ya que sin su comprensión, sacrificio y colaboración no hubiese logrado mi formación Profesional.

A MIS HIJOS: Lidia, William, Mayra, Miguel, Lissett, Oscar, Ángel y Roxana, pues ellos son la razón de mi existir y de mi triunfo profesional.

A MIS COMPAÑEROS: Manuel y Loly por soportarme en el transcurso del seminario dándoles gracias.

EN GENERAL: A todas las personas que en una u otra forma me impulsaron cuando más decaía en el estudio.
MIGUEL ANGEL CASTANEDA PERLA.

__________________________

A DIOS TODO PODEROSO: Por haberme iluminado en mi conocimiento y haberme permitido ser una profesional.

A MI MADRE: Margarita Avilés Campos por su esfuerzo y sacrificio ya que fue la base fundamental de mi triunfo.

A MI ESPOSO: Carlos Alberto Bonilla, con todo mi amor ya que sin su comprensión, sacrificio y colaboración, no hubiere logrado mi formación profesional.

A MI HIJO: Carlos Alberto Bonilla Soriano, pues él fue la razón de mi esfuerzo personal, aunque con ello sacrificara tiempo a su lado.

A MI HERMANA: María Magdalena Soriano de Ramírez, que aunque es mi hermana mayor, la considero una madre y gracias por el apoyo y el interés que me brindo cuando más lo necesite.

A MIS HERMANOS: Por su comprensi6n y colaboración, porque yo pudiera dedicarme a mis estudios.

A MIS COMPAÑEROS DE GRUPO: Por el tiempo compartido y el esfuerzo que cada uno puso para hacer de este un trabajo que nos permitiera coronar nuestra carrera.
DOLORES DEL CARMEN SORIANO AVILES

__________________________________

A DIOS TODOPODEROSO: Por ser mi creador y guía.

A MIS PADRES: Por su enseñanzas, cuidados y amor.

A ENIZABETH: Por creer, esperar y amar.

A MIS HIJOS: Por darme su amistad.

A MI SUEGRA: Por su ayuda y su fe.

A LA FAMILIA: Por su apoyo y amor fraternal.

A MIS PROFESORES COMPAÑEROS Y AMIGOS: Por ser mi inspiración cada día.
MANUEL ALCIDES GALDAMEZ ARDON.

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ÍNDICE

CAPITULO 1.0

MARCO DE REFERENCIA

1.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACION.
1.2 MARCO DE REFERENCIA HISTORICO.
1.2.1 ANTIGUOS CUERPOS DE SEGURIDAD.
1.2.1.1 LA POLICIA NACIONAL.
1.2.1.2 GUARDIA NACIONAL.
1.2.1.3 POLICIA DE HACIENDA.
1.2.1.4 POLICIA DE ADUANA.
1.2.1.5 POLICIA POLITICA.
1.2.1.6 DESAPARICION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD.
1.3 PERIODO DE TRANSICION.
1.3.1 REDEFINICION DE LA SEGURIDAD PUBLICA ORIENTADA A CONFIGURAR UN ESTADO DEMOCRATICO.
1.3.2 SURGIMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL.
1.3.2.1 ASPECTO DOCTRINARIO.
1.3.2.2 REGIMEN JURIDICO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL.
1.3.2.3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL.
1.4. MARCO DOCTRINARIO CONCEPTURAL.

CAPITULO 2.0

LA INVESTIGACION EXTRAJUDICIAL EN LA LEGISLACION SALVADOREÑA.

2.0 LA INVESTIGACION EXTRAJUDICIAL EN LA LEGISLACION SALVADOREÑA.
2.1 DILIGENCIASEXTRANJUDICIALES.
2.1.1 NATURALEZA JURIDICA.
(DILIGENCIAS EXTRAJUDICIALES)
2.1.2 FORMAS DE INICIARLAS.
2.1.3 ASPECTO PROCEDIMENTAL.
2.1.3.1 DIRECCION DE LA INVESTIGACION.
2.1.3.2 EJECUCION DE LA INVESTIGACION.
2.1.3.3 SUPERVISION.
2.1.3.4 VIGILANCIA.
2.1.4 EFECTOS JURIDICOS.
2.2 FACTORES QUE INCIDEN EN LA INVESTIGACION EXTRAJUDICIAL.
2.2.1 GENESIS DE LA INVESTIGACION.

CAPITULO 3.0

FUNCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA INVESTIGACION POLICIAL

3.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS.
3.1.1 LA DECLARACION DE VIRGINIA DEL 12 DE JUNIO DE 1776.
3.1.2 DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y CIUDADADO DEL 26 DE AGOSTO DE 1789.
3.2 RELACION ENTRE LAS NORMAS INTERNACIONALES Y EL DERECHO INTERNO DE LOS ESTADOS.
3.3 LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE ES PARTE EL SALVADOR.
3.3.1 TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS VIGENTES EN EL SALVADOR.
3.3.2 EN EL AMBITO AMERICANO EL SALVADOR FORMA PARTE DE LOS SIGUIENTES TRATADOS.
3.3.3 NORMAS INTERNACIONALES.
3.4 EL ESTADO Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS.
3.5 LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL SALVADOR.
3.6 DEFINICION DEL PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
3.6.1 FACULTADES CONSTITUCIONALES.
3.6.2 FACULTAD DE INVESTIGAR.
3.6.3 ENTRE LAS PRINCIPALES PREROGATIVAS.
3.7 FORMULACION DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
3.8 FUNCION POLICIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS.
3.8.1 LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL.
3.9 FUNCION DE LA PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA INVESTIGACION POLICIAL.

CAPITULO 4.0

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES.
4.2 CONCLUSIONES.
4.3 RECOMENDACIONES.

BIBLIOGRAFIA.

ANEXOS.
______________________________________

INTRODUCION

El presente trabajo de investigación, está encaminado a dotar de un conocimiento a los estudiosos del Derecho Interesados en esta rama, respecto a la actuación del Órgano Auxiliar (PNC) en la Investigación Extrajudicial del delito, tanto en la Legislación Procesal Penal Vigente, como en el Proyecto del Código Procesal Penal.

Se ha señalado la evolución que han tenido los antiguos cuerpos de seguridad pública en nuestro país en la Investigación del delito y de como se fueron desfigurando en sus funciones, hasta llegar a convertirse en cuerpos represivos de la sociedad salvadoreña, originando de esa forma su desaparición como tales, por lo que con los Acuerdos de Paz de Chapultepec, se crea la Policía Nacional Civil, como único cuerpo auxiliar de la administración de Justicia, con una doctrina civil, profesional, y ajena a toda consideración política, la cual entre otras funciones tendrá la de prevenir, combatir el delito, respetando los Derechos Humanos, la Constitución y demás leyes de la República.

Siendo en la actualidad la Policía Nacional Civil, el único órgano auxiliar, y por lo tanto tiene el monopolio de la investigación de los delitos, según la legislaci6n vigente, por lo que es sumamente Importante estudiar su aspecto procedimental en relación a la investigación del delito, es por ello que en nuestro trabajo hemos tratado de profundizar de manera posible en la forma en que los Investigadores de la policía proceden ante la averiguación de un hecho delictivo, quienes dirigen la Investigación, quienes la ejecutan, supervisan, y vigilan. Notando así, que no tienen ninguna interferencia exterior (Jueces-fiscales) en su actuación policial, quedando* a su discrecionalidad el procedimiento de investigación. Por lo que de esta forma la policía en su labor investigadora comete violaciones a los derechos y garantías constitucionales del Imputado. Por lo que el Proyecto del Código Procesal Penal, viene a solucionar aspectos procedimentales en la policía, ya que esta en su actividad investigadora, será dirigida por la Fiscalía General de la República, garantizando de esa forma los derechos y garantías constitucionales que tiene todo individuo. Lo que se explica con gran esfuerzo en nuestro Capítulo II.

Asimismo cabe señalar que en nuestra investigación hemos señalado lo referente a la función de los Derechos Humanos en la Investigación Policial, el Capítulo III, siendo que el Imputado es uno de los sujetos esenciales de toda relación Jurídica, por lo que resulta sumamente importante conocer la significación de los derechos humanos a que este le corresponden, a fin de hacerlos prevalecer, en casos de encontrarse a disposición del órgano auxiliar. De ahí que en el estudio se pretende proporcionar un documento que sirva de apoyo para todas aquellas personas que se interesen por el Irrestricto cumplimiento de los derechos humanos en El Salvador, a pesar de los vicios e insuficiencias que contiene, de los cuales estamos consciente.
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1.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACION

Para dar inicio a nuestro proceso de investigación, Justo es reconocer, los esfuerzos precedentes de aquellos que en algún sentido han efectuado estudios sobre el tema de la Investigación Extrajudicial del Delito en Nuestro País, o que en alguna medida sus investigaciones se han aproximado a la materia que nos ocupa, en tal sentido los conocimientos recopilados sirvan de apoyo a nuestras indagaciones extraídas de la práctica de cada uno de los componentes de la administración de Justicia de El Salvador.

En nuestro primer acercamiento a la actividad investigativa no nos ha sido posible encontrar investigaciones referentes con exactitud a nuestro problema de estudio. Pero sí tenemos algunas investigaciones en derredor de la organización y funciones de la fiscalía y de los órganos auxiliares que nos permitirán fortalecer comparativamente nuestro análisis del problema.

En tal razón tenemos el trabajo de graduación denominado: “La Función Fiscal en el Proceso Penal” presentado en el seminario de graduación en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador en octubre de 1994, como trabajo para obtener el Título de Licenciado en Ciencias Jurídicas de los seminaristas: Ana Cristina Campos

Ventura, Raúl Antonio Batres y Astor Escalante Saravia. Y que en esencia nos presenta una síntesis de la función fiscal enfocada desde tres aspectos: institucional, funcional y personal. En función del proceso penal moderno que exige el protagonismo de un fiscal activo y diligente que cumpla con su función de dirigir la investigación del delito con objetividad.

Además de lo anterior contamos con la tesis denominada: "Los Órganos Auxiliares de la Administración de Justicia" presentada en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (U.C.A. ) en enero de 1990, por Edwin Oswaldo Amaya, Erick Jiménez y Xiomara Guadalupe López,. Esta investigaci6n esta enfocada en la organización, ubicación y función de los antiguos cuerpos de seguridad en la legislación constitucional, penal y procesal. Por lo tanto, nos servirá como elementos históricos que en el desarrollo del trabajo ampliaremos. Considerando que a partir de los acuerdos de paz y sus consecuentes reformas constitucionales sólo existe la Policía Nacional Civil como el único órgano auxiliar de la administración de Justicia.

1.2 MARCO DE REFERENCIA HISTORICO

1.2.1 ANTIGUOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

Cuando hablamos de Seguridad Pública nos referimos a los antiguos cuerpos de Seguridad Pública, ya que eran los órganos auxiliares de la administración de Justicia en un estado Jurídicamente organizado que tiene su fundamento en una base histórica y legal; también como amparados a Leyes y Decretos que le han dado vida y razón de ser de una forma positiva o negativa han tenido que ver en la evolución del país y que la ley les ha conferido esa categoría de órganos auxiliares de la administración de Justicia, como fueron la POLICIA NACIONAL (P.N.), LA GUARDIA NACIONAL (G.N.) y la POLICIA DE HACIENDA (P.H.), LA POLICIA DE ADUANA, por lo que en esta oportunidad hacemos un enfoque histórico del por qué fueron creados, su evolución y su desaparición. A la vez nos ocuparemos de la creación de la Policía Nacional Civil (P.N.C.), producto de los acuerdos llevados desde el Inicio del proceso de negociación entre el Gobierno y el FMLN, hasta llegar a hacerlo realidad en los acuerdos de Paz firmados en Chapultepec el 16 de enero de 1992.

1.2.1.1 LA POLICIA NACIONAL

Nuestra historia nos relata que el primer cuerpo de seguridad del país viene del siglo pasado siendo la Policía Nacional, y fue creada con carácter cívico-militar el 6 de julio de 1867, según decreto legislativo publicado el jueves 18 del mismo mes y año, durante el período de Gobierno de Don Francisco Due?1as, siendo que en ese momento histórico nació como "GUARDIA CIVIL", teniendo como Director al Sr. Joaquín Chávez. Este cuerpo de seguridad pública se crea mediante Decreto Oficial de Gobierno de la República, publicado el día 18 de Julio del año en mención a incitativa del Presidente de la República Francisco Duellas y del Ministerio del Interior de ese entonces, Juan José Bonilla, con el cual se le día vida legal. Es así como el periódico oficial de esa época, apareció publicado el decreto ejecutivo con el cual se crea la Policía Nacional (P.N.), y donde fue considerada Institución de Seguridad, ya que desde ese preciso momento contó con su reglamento interno; este decreto en su parte esencial dice: El extraordinario aumento de la población capitalina a causa del desarrollo del comercio y la agricultura hace necesario reglamentar a la Policía Nacional, de una manera conveniente a su salubridad y seguridad; esta Institución tendrá como objetivo o fin primordial velar por la seguridad y el orden público.

Entre algunas de las obligaciones que contiene el Art.

6 de este decreto están:

Evitar que hallan riñas en su línea aprendiendo a los que la causen, detener a los ebrios y a todos los que lleven cuchillos u otra arma prohibida, no permitir que los coches lleven otro peso que el regular.

La "GUARDIA CIVIL", antes Policía Nacional como cuerpo de seguridad pública en su origen estuvo Integrada por un número de sargentos y cabos, indispensables para hacer sus servicios, por turnos de día y de noche, era atribución única y exclusiva del Gobierno, nombrar a los Jefes Superiores que eran: un inspector, un comandante y un segundo, esta Institución de Seguridad se crea Inicialmente con el objetivo que hasta su existencia contemplo manteniendo el orden y la tranquilidad de los habitantes del país.

Esta institución fue de naturaleza militarizada y su Jurisdicción lo constituía el territorio nacional con su cede central en San Salvador.

Dependió del Ministerio de Defensa y Seguridad Pública, constituyendo con el ejército, la Fuerza Aérea, la Marina Nacional, y los demás cuerpos de seguridad pública, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, formaron la Fuerza Armada de El Salvador en un momento histórico.

LA POLICIA NACIONAL TUVO POR OBJETO SEGUN SU LEY DE CREACION

EN RELACION A LA LEY ORGANICA DE LA DEFENSA NACIONAL Y EL CODIGO PROCESAL PENAL, LAS FUNCIONES SIGUIENTES:

1.- Procurar a la sociedad una vida cómoda y tranquila.
2.- Velar por la seguridad de todas las personas de la comunidad.
3.- Evitar que se comentan abusos y atropellos en las familias que vivan en todos los alrededores de la ciudad.
4.- La investigación de Hechos Delictivos Básicos.
5.- La investigación de Hechos Delictivos Avanzados.
6.- La investigación de Hurto y Robo de Vehículos.
7.- La investigación de Homicidios.
8.- La investigación de Delincuencia Juvenil.
9.- La Investigación de Delitos Sexuales.
10.- La investigación Criminal.

Dentro de la Organización de Investigación de la Policía Nacional, encontrábamos el Departamento de Investigaciones Nacionales (D.I.N.), una Sección de Laboratorio Técnico y El Instituto de Policía Científica.

Por lo que el Departamento de Investigación Nacional M.I.N.), se encargaba de investigar los delitos comunes el cual contaba con las siguientes secciones como fueron:

a) La Sección de Avisos: se encargaba de atender a toda persona Interesada en interponer alguna denuncia.
b) La Sección de Secuestro y Extorsiones; esta se encargaba de darle seguimiento a la investigación, solamente a esas dos clases de delitos.
e) La Sección de Hurto y Robo de Vehículos; se encargaba de darle seguimiento exclusivamente a avisos Interpuestos por personas que se consideraban ofendidas por delitos de Hurto y Robo de Vehículos.
d) La Sección de Delitos Comunes conocida también como Sección de Patrimonio; se encargaba de darle seguimiento a la Investigación de todos los delitos comunes (a excepción de aquellos que se inician por acusación), calificados como tales en Código Penal y que están fuera del conocimiento de las secciones antes mencionadas; ejemplos, delitos de homicidio, lesiones, violaciones, etc.

La Sección de Laboratorio Técnico, contaba con las siguientes dependencias Internas:
a) Microanálisis: se encargaba del análisis físicos, químicos y biológicos.
b) Grafotécnia: se encargaba de los análisis de grafía, documentos.
c) Balística: se encargaba del análisis Interno, externo y efectos de armas.
d) Dactiloscopia: se encargaba del análisis de huellas e Impresiones digitales.
e) Planimetristas: se encargaba del diseño de levantamientos palimétricos, así como también de reconstrucción de hechos en los casos que Juzgara el Juez y también se encargaba de la exhumaciones.
f) Contaba también con una sección de fotografía para el caso de exhumaciones o reconstrucción de hechos entre otros.

El Departamento de Asistencia Técnicos (D.A.T.), surgió por la necesidad de que existiera un departamento exclusivo para aquellos delitos calificados como confidenciales, ya que en ella existían secciones de Contra Inteligencia, esta sección se encargaba en darle seguimiento a faltas o delitos cometidos por miembros de esta Institución. Sección de Vigilancia y Seguimiento. Sección de Interrogadores. Sección de Análisis. Sección de Choque, llamada "Equipo de Reacción Inmediata E.R.E., personal especializado en combate Urbano y Rural".

Este Departamento era considerado como el "Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional S-II", este Departamento contaba con su propia Sección de Personal, ya que este personal estaba considerado como personal bajo cubierta; posteriormente este Departamento en el transcurso de la Guerra, manejo puramente información de delitos, que ellos tipificaban o consideraban como "Actos de Terrorismo"; este Departamento fue unos de los Departamentos que principalmente infringían las Leyes y violaban los Derechos Humanos de las personas, ya que era en este donde se efectuaban toda clase de tortura ya sea física como psicológica. Por la poca información que existe de documentos que hablen acerca de este Departamento, dicha información se recabo de algunas entrevistas que se hicieron a personas que pertenecieron a este Departamento.

El Instituto de Policía Científica, que en cuanto su funcionamiento dependía del Viceministerio de Seguridad Pública, que fue retomado por una reforma al Código Procesal Penal en su Art. 11, literal b) al agregar este Instituto a la Dirección General de la Policía Nacional. Por lo que contaba con las siguientes dependencias:

a) Departamento de Registro General de Huellas Dactilares;
b) Departamento de Criminalística;
c) Departamento de Medicina Criminalística.

1.2.1.2 LA GUARDIA NACIONAL

La creación de la GUARDIA NACIONAL, nace a iniciativa del Dr. Manuel Enrique Araujo, quien fungió como presidente de nuestro país (1911-1913) y el General José María Peralta Lagos, quien fue titulado en un centro educativo militar de España, ambos descubrieron la inmensa importancia de las funciones de la Guardia Nacional Civil Española y los beneficios que reportaría a nuestra patria la fundación de un cuerpo similar en El Salvador.

En base a ese razonamiento se contrató a un oficial de la Guardia Civil Española para que dirigiera y organizará lo que se conoció como Guardia Nacional de El Salvador. El nombre del oficial español era Alfonso Martín Garrido quien fundó la Guardia Nacional como un cuerpo seguridad y como integrantes pleno de la Fuerza Armada de El Salvador, por medio de un decreto emitido por el Órgano Ejecutivo publicado en el Diario Oficial No.32 Tomo 72 de fecha 7 de febrero de 1912, dicho decreto estaba compuesto por tres artículos en los que se establecía el nombre del Cuerpo de Seguridad, el nombramiento de sus autoridades a su cargo y determinaba que el Ministerio de Guerra proporcionaría todo lo concerniente al armamento.

Las funciones específicas en ese momento de la Guardia Nacional eran básicamente:

a) Asegurar el mantenimiento del orden público y otorgar protección a las personas y bienes en las zonas rurales del territorio nacional.
b) Participar en el desarrollo de programas de orden social y cultural, propiciados por el Gobierno de la República.
c) Proporcionar a los funcionarios del poder Judicial los auxilios que necesitan para hacer efectivos sus providencias conforme lo ordena la autoridad respectiva.
d) Establecer vigilancia en las fronteras terrestres nacionales, para evitar su violación por fuerzas regulares o irregulares o por individuos aislados.

La Guardia Nacional fue una institución de naturaleza militarizada, dependía del Ministerio de Defensa y Seguridad Pública y Junto al ejército, la Ex-Policia Nacional la Marina Nacional, la Fuerza Aérea y la Ex-Policía de Hacienda formaron la Fuerza Armada de El Salvador.

Su sede central fue San Salvador y su Jurisdicción todo el territorio nacional y por su naturaleza de vinculación con el ejército compartió con este muchas de sus atribuciones, por ejemplo: la de velar por la integridad territorial y la soberanía del Estado.

Esta son algunas de las funciones y objetivos asignados según la Ley Orgánica de la Defensa Nacional en su Decreto No.275, (Publicado en el Diario Oficial No.157, tomo 192 del 30 de agosto de 1961). A la vez la Guardia Nacional tenía su Ley Orgánica la cual fue emitida por el Órgano Legislativo por Decreto No.227, Tomo 147 de fecha 18 de octubre de 1934, dicho decreto establecía que era un cuerpo especialmente militar y dependía de la comandancia general del Ejército y del Ministerio de Guerra.

1.2.1.3 POLICIA DE HACIENDA

LA POLICIA DE HACIENDA, fue creada y establecida oficialmente mediante el Decreto Legislativo No.97 del 28 de Junio de 1933, fecha en que también se aprobó su Reglamento Interno.

Durante la Administración del General Maximiliano Hernández Martínez, adquirió forma institucional, pues inicialmente la Policía de Hacienda dependía del Ministerio de Hacienda, hasta el 28 de febrero de 1945, en que mediante Decreto Ejecutivo del General Salvador Castañeda Castro dispuso ponerla bajo su mando y de la Secretaría de la Defensa, siendo su primer Director el General Julio Alberto Salinas. La Policía de Hacienda fue creada para combatir el contrabando de aguardiente y mercaderías, en todo el territorio nacional, pero con el tiempo tuvo que intervenir en otras actividades, como persecución y captura de delincuentes, ladrones, estafadores, violadores y trastornadores del orden público.

La Policía de Hacienda hizo funcionar con toda regularidad y eficacia sus propios servicios encaminados principalmente a salvaguardar los intereses del orden público, sino que su acción también contaba con una sección Jurídica para que Interviniese en casos de delitos cometidos o atribuidos a cualquier miembro de la institución, emitiendo asimismo dictámenes en asuntos y servicios que por naturaleza requieren conocimientos de Derecho Administrativo.

Las atribuciones propias de este cuerpo de seguridad pública eran las de controlar el contrabando de todas sus formas y dimensiones, ejerciendo acción contra centenares de contrabandistas de mercaderías que actuaban a lo largo de nuestras fronteras, proporcionaba a los funcionarios del Poder Judicial, en el ramo de Hacienda, los auxilios que necesitase la autoridad respectiva.

La Policía de Hacienda organizada sobre la base militar presto una multiplicidad de servicios a la sociedad y al Gobierno, por lo que estuvo siempre en defensa de los derechos fiscales en todos los rumbos del país y Junto al ejército, la Policía Nacional, la Marina Nacional, la Fuerza Armada de El Salvador.

Con este contexto los cuerpos de Seguridad Pública de El Salvador no marcaron el fortalecimiento de una verdadera seguridad ciudadana en forma colectiva si no que siempre tuvieron conectados al beneficio y protección de una minoría, convirtiéndose, así en los medios idóneos de represión con que contaba el Estado para someter y dominar a las mayorías de la sociedad salvadoreña.

1.2.1.4 LA POLICIA DE ADUANA

La Policía de Aduanas, su esfera de acción no paso más allá de las aduanas mismas y estas dependieron directamente del Ministerio de Economía, pero en casos de emergencia quedaba de modo automático a las órdenes de la Secretaría de la Defensa.

La Policía de Aduanas como función especial ejerció el total control y vigilancia de las transacciones generales en las distintas aduanas del país, también, garantizaba los requisitos que debía cumplir toda persona que pretendía entrar y salir del país. Este cuerpo de seguridad aduanero, nace como división especial de la Policía de Hacienda.

En todos los tiempos en que se ha tenido que operar en las aduanas, este cuerpo policial no se salió de su función Jurisdiccional; aunque en los últimos años, debido al intento de tráfico de mercaderías en forma fraudulenta tanto de personas nacionales como extranjeras; la policía de Aduanas jugo un papel fundamental previniendo y controlando la evasión de impuestos, especialmente en aquellos productos que el Ministerio de Economía los consideraba con la suficiente importancia para recabar los impuestos aduanales por lo que requería de una estricta vigilancia, para evitar su evasión. Estando la policía de aduana en la prevención del delito se crea su ley respectiva que es Ley del contrabando de mercaderías y de la defraudación de la renta de aduana, dada en decreto No.173 del 26 de Julio de 1961, encontramos normas que se refieren a funciones que desempeñan los Órganos Auxiliares de la Administración de Justicia, específicamente sobre la Policía de Hacienda y Policía de Aduanas; así pues que el Art. 28 inc. Último de dicho cuerpo legal dice, los agentes de la Policía de Aduanas y de Hacienda, podrán inspeccionar cualquier lugar en donde tenga conocimiento que se en bodega mercadería.

Con esta disposición parecería que estos cuerpos de seguridad no tienen facultad para realizar diligencias extrajudiciales, pues la Incautación de objetos y la detención de los presuntos culpables y todos los demás actos que pudieran realizar, dispone este artículo que serán para el solo efecto de dar cuenta inmediata a la autoridad que deba de conocer, aunque sí lo reaccionamos con el código pr.pn. vemos pues cuando dichos cuerpos tuvieron la calidad de órganos auxiliares de la administración de Justicia, tienen la facultad de iniciar las diligencias extrajudiciales correspondientes dentro del tiempo que le es establecido por dicho código y por la Constitución de la República. A lo cual llegando la Policía de Aduana a ser Órgano gozante del Estado.

1.2.1.5 LA POLICIA POLITICA (1)

En el relato histórico anteriormente presentado ofrecemos brevemente algunos elementos que caracterizaron a los cuerpos de seguridad en su función de mantener la seguridad pública desde sus orígenes. Y que posteriormente con el transcurrir del tiempo y la agudización de la lucha revolucionaria a partir del año de 1932, en la época del General Maximiliano Hernández Martínez.

La Policía de Hacienda, Guardia Nacional, Policía Nacional y la Policía de Aduanas, como cuerpos de seguridad militares, asumen el papel protagónico de combatir el movimiento revolucionario en aras de proteger la oligarquía capitalista, que sojuzgaba al pueblo por medio de un control económico y político del estado. Factor que permitió a la oligarquía controlar el país entero por medio de una Fuerza Armada subyugada a sus intereses de clase en detrimento de las grandes mayorías desposeídas.

Los cuerpos de seguridad, como parte cualitativa de esa Fuerza Armada en su función de mantener la seguridad pública desarrollan mecanismos de control político a diferentes

(1) Ana Guadalupe Martínez, “Las Cárceles Clandestinas de El Salvador”, Libertad por el Secuestro de un Oligarca, UCA Editores, San Salv. El Salvador, 1992. Pág.363.

niveles y diversas modalidades, como la creación de secciones especiales de inteligencia "SIE" (Sección de Investigaciones Especiales) al interior de su misma organización y al interior de la Fuerza Armada, con la finalidad de controlar sus actividades. Y establece además, organizaciones especializadas en seguridad, con vínculos internacionales y relaciones de apoyo en sectores privados del país, como: arsenal (Agencia Nacional de Servicios Especiales de El Salvador) organismo que posibilita que varios oficiales fueran enviados a Estados Unidos y Panamá a tecnificarse en lucha contrainsurgente. Orden (Organización Democrática Nacionalista), esta organización fue creada por idea del General Medrano a recomendación del imperialismo Yanqui para realizar desde las zonas rurales y urbanas tareas de identificación, persecución, captura y asesinatos de los virtuales enemigos del régimen.

Estos poderosos aparatos responsables del control político, equipados con tecnología moderna y dotados de suficientes recursos que les permitirán accionar impunemente, secuestrando, capturando, persiguiendo y asesinando por razones estrictamente políticas en la práctica se constituyeron en la Policía Política de El Salvador en la década del 70 al 80. Época en la cual alcanzan mayor desarrollo y poder vinculándose de una u otra manera, al tráfico Internacional de drogas, llegando a integrar por medio de su control político bandas paramilitares de la derecha como la Falange y la Unión Guerrera Blanca (UGB). Todo esto con la aprobación de la oligarquía financiera y los altos mandos de la Fuerza Armada, estructuras paramilitares que más tarde se convierten en los temidos escuadrones de la muerte.

1.2.1.6 DESAPARICION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD

Los antiguos cuerpos de seguridad compartían características comunes dependían de su doctrina de la Seguridad Nacional que en la práctica, configuraron lineamientos de actuación que al someterlos a un proceso de supervisión por parte de organismos internacionales sobre el respecto a los Derechos Humanos, como el CICR en década del 80 al 90, se determinó que eran los principales violadores de los derechos y garantías de las personas.

Entre las características de mayor relevancia tenemos:

a) En el proceso de investigación, la tortura era el método más practicado para obtener confesiones extrajudiciales.
b) Abuso de poder y ejercicio de la violencia mediante maltrato, torturas psíquicas y físicas, persecuciones de índole político, etc.

En tal sentido con la firma de los acuerdos de paz, se establece la desaparición de los cuerpos de seguridad pública, como son la Guardia Nacional (G.N.), la Policía de Hacienda (P.H.), dicho cuerpo de seguridad por lo pactado en los acuerdos de paz de México Chapultepec, quedaron disueltos oficialmente el 2 de marzo de 1992, no así la Policía Nacional (P.N.), ya que su disolución fue después legándose a cumplir dicho acuerdo el 31 de diciembre de 1994, se puede asegurar que unos de los logros de los acuerdos de paz es la creación de la Policía Nacional Civil, ya que esta es dirigida por autoridades civiles y bajo doctrina y perfiles distintos a los antiguos cuerpos de Seguridad Pública.

La Policía Nacional Civil, es sin duda alguna el logro más destacado a parte de la paz misma que enmarcan los acuerdos de paz, la desaparición de los cuerpos de seguridad pública, se ha logrado después de 50 años en los cuales estos cuerpos ejercitaron la escuela de tortura, desapariciones, persecuciones políticas y no políticas, coacciones en contra de los Derechos Humanos y ejecuciones sumarlas en la población civil.

Su desaparición no lleva a reflexionar y luchar porque el espíritu con el que nace la nueva Policía Nacional Civil (P.N.C.), continué Inquebrantable en los cimientos de paz, para no volver nunca a la práctica de la represión, la persecución y tortura, debemos de recordar siempre que la Policía Nacional Civil tiene la misión de proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas.

1.3 PERIODO DE TRANSICION

1.3.1 REDEFINICION DE LA SEGURIDAD PUBLICA ORIENTADA A CONFIGURAR UN ESTADO DENOCRATICO.

La firma de los acuerdos de paz recogen sin duda alguna, de las razones que motivaron esencialmente la creación de un nuevo cuerpo policial en cargado de la seguridad pública, al cual se le denomina Policía Nacional Civil (P.N.C) dicho cuerpo de seguridad fue separado por completo del Ministerio de Defensa, al que los anteriores cuerpos de seguridad pertenecían a este ramo quien era el que ejercía el control de la seguridad pública.

Por esta razón es importante señalar que la función de la seguridad pública es diferente a la función de la defensa nacional, ya que ambas forman parte fundamental de nuestra sociedad, pero ambos servicios por sus procedimientos y la ideología se distingue el uno del otro para un militar a través de quien la Fuerza Armada Instruye, que el ejército forma lo que conocemos como Defensa Nacional, su misión es Jurar por velar por la patria, es decir su servicio esta dirigido a salvaguardar el territorio patrio de la agresión externa. Mientras tanto la policía que conforma la estructura de la seguridad pública, lo hace como un empleado público y su misión es dirigir su servicio a la comunidad, ya que el militar ante la amenaza esta entrenado para reaccionar en forma inmediata y destruir esa amenaza que el llama "ENEMIGO", por su parte el policía ante el hecho perturbador del orden social no busca destruirlo sino controlarlo, ya que su objetivo esta dirigido por el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos, por esta razón y básicamente porque son misiones diferentes que las reformas constitucionales señalan en su Art. 159 inciso último, la separación de ambas instituciones. La seguridad pública por su parte, interpretando sus reformas constitucionales en su Art. 159 inciso ultimo y el 168 No. 17 establecen y fundamentan la misión de la Policía Nacional Civil, como el único cuerpo policial armado encargado de la seguridad pública, el Art. 212 de la constitución de la república establece la misión del ejército como encargado de la Defensa Nacional. Esta separación contempla en las reformas constitucionales marca un hecho sin precedentes y tiene como objetivo fundamental el no permitir la militarización de la nueva Policía Nacional Civil, garantizando así la protección del ciudadano mediante el respeto a los Derechos Humanos dentro de un orden social y democrático establecido.

1.3.2 SURGIMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL

La creación de la Policía Nacional Civil, bajo la autoridad civil significa un intento por reorientar las estructuras policiales del país, pues los cuerpos de seguridad pública se apartaron del rol que debieron de desempeñar al Interior de la sociedad. de conformidad a la reforma constitucional emanada de los acuerdos de México, se establece que la Policía Nacional Civil será una Institución de carácter permanente y el único cuerpo armado con competencia en todo el territorio nacional con nueva organización, nuevos cuadros, nuevos mecanismos de formación y adiestramiento y nueva doctrina. La Policía Nacional Civil, es el único cuerpo policial armado con competencia nacional, su misión es la de proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, mantener la paz interna la tranquilidad, el orden y la seguridad pública tanto en el ámbito urbano como el rural. De conformidad con lo establecido en el acuerdo de New York, la organización de la (P. N. C.), así como las líneas generales del perfil de su organización, serán definidas en términos previstos por el presente acuerdo, con estrecha cooperación y supervisión internacionales, y que fueron coordinadas por las Naciones Unidas.

1.3.2.1 ASPECTO DOCTRINARIO

El régimen legal, la formación del personal y las líneas organizativas, las directrices operativas y en general, la definición institucional y la actuación de la Policía Nacional Civil, se enmarcan dentro de los principios democráticos de la nación de la Seguridad Publica como un servicio del Estado a la ciudadanía, ajeno a toda consideración política, ideológico o de posición social o a cualquier otra discriminación de respeto a los Derechos Humanos, del esfuerzo en prevenir el delito, y la subordinación del cuerpo a las autoridades auxiliares constitucionales. El ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos no podrá verse menoscabado por la actuación policial.

La Policía Nacional Civil, es un cuerpo profesional independiente de la fuerza y ajeno a toda actividad partidista. Sin perjuicio del derecho de sus miembros asumir como ciudadanos la opción política de su preferencia. No podrá valerse de su condición para fines partidistas, los miembros de la Policía Nacional Civil, cumplirán en todo momento los deberes que le impone la ley, sirviendo a la comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de su responsabilidad exigida por su profesión.

En el desempeño de sus tareas, los miembros de la Policía mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.

Los miembros de la Policía Nacional Civil, podrán usar la fuerza cuando solo sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimientos los miembros de la Policía Nacional Civil, se mantendrán en secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario.

Ningún miembro de la Policía Nacional Civil, podrá infringir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un supervisor o circunstancias especiales, como estado de guerra, o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como Justificaci6n de la tortura u otros tratos o penas crueles, Inhumanos o degradantes.

Toda orden superior estará Justificada a las leyes de la República la obediencia a una orden superior no justifica la comisión de hechos manifestante punibles.

Los miembros de la Policía Nacional Civil, aseguran la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y en particular tomaran medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise, los miembros de la Policía Nacional Civil, no cometerán un acto de corrupción, también se opondrán rigurosamente a los actos de esta índole y los combatirán, los miembros de la Policía Nacional Civil, que tengan motivos para creer que se ha producido o va producirse una violación de las presentes normas de conductas, informaran de la cuestión a sus superiores y si fuera necesario, a cualquier autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas en sus desempeños de sus funciones, los miembros de la Policía Nacional Civil utilizaran en la medida posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego.

Podrán utilizar la fuerza y arma de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro de resultado legítimo previsto.

Los miembros de la Policía Nacional Civil, no emplearan armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una serie amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad y solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.

En cualquier caso, solo se podrá hacer uso de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida dentro del cumplimiento del deber, de salvaguardar el ejercicio del derecho de las personas, los miembros de la Policía Nacional Civil, protegerán el ejercicio del derecho de reunión y manifestación, cuando, por razones legales se vean obligados a disolver una manifestación o una reunión, utilizaran los medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria.

Los miembros de la Policía Nacional Civil, se abstendrán de utilizar armas de fuego en esos casos, salvo sí se trata de reuniones violentas en las cuales se hayan agotado los otros medios y solo cuando se reúnan las circunstancias previstas en el párrafo precedente.

En el proceso de paz, las partes dieron un paso fundamental hacia la democratización de la sociedad salvadoreña al optar, con coraje e imaginación, por crear una fuerza de orden público completamente nueva enmarcada dentro del Estado de Derecho.

En el contexto de la nueva institucionalidad, la persecución de la delincuencia requiere del mayor esfuerzo del estado, para fortalecer a la Policía Nacional Civil, sin desnaturalizarla de modo alguno.

En ese orden de ideas además de una adecuada dotación de recursos económicos y técnicos, parecería especialmente necesario en la actual etapa, fortalecerá su capacidad técnica y fluidez de las relaciones interinstitucionales con otras entidades del Estado, en particular con el Órgano Judicial, sin perder el optimismo y la convicción de que la nueva Policía Nacional Civil es un elemento capital en el esfuerzo salvadoreño de construir la paz y la democracia, no deja de preocupar a la División de Derechos Humanos la progresiva verificación positiva de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos, atribuidos a miembros de la Policía Nacional Civil.

La mayor parte de denuncias recibidas se refieren a supuestas prácticas arbitrarias, tales como los allanamientos sin orden Judicial o las detenciones arbitrarias de ciudadanos. La Policía Nacional Civil, no obstante los problemas identificados, continua teniendo un impacto muy positivo tanto en lo relacionado con las funciones de seguridad que le corresponde realizar, como en su relación de carácter general con la población.

1.3.2.2 REGIMEN JURIDICO DE LA POLICIA MACIONAL CIVIL

Según Decreto Legislativo No.152 del 30 de enero de 1992, publicado en el Diario Oficial No.19, Tomo No. 314, de la misma fecha, se reformaron los Art. 168 numeral 17, 159, 82, 152 numeral cuarto de nuestra Constitución de la República que le dan vida a la nueva Institución Policial, y que en su orden establecen: Art. 168 de la Constitución de la República, son atribuciones del Presidente de la República No. 7, organizar, conducir y mantener la Policía Nacional Civil, para el resguardo de la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en ámbito urbano como rural, con estricto apego respectivo de los Derechos Humanos y bajo la dirección de autoridades civiles.

Del numeral transcrito se desprende que la organización y conducción de la seguridad pública, es separada de la defensa nacional, los cuales corroborado por el Art. 159 cinco penúltimo de la seguridad pública de nuestra carta magna cuando dice textualmente: La Defensa Nacional y la Seguridad Pública estarán adscritas a Ministerios diferentes, la seguridad pública, esta a cargo de la Policía Nacional Civil, que será un cuerpo profesional independiente de la Fuerza Armada ajena a toda actividad partidista según lo preceptuado en el Art. 82 de la Constitución de la República que señalan que los miembros de la Policía Nacional Civil, no podrán pertenecer a partidos políticos, no obtener cargos de elección popular, afirmaciones que se complementan por lo establecido en el Art. 152 numeral cuarto de la Constitución de la República "No podrán ser candidatos a la Presidencia de la República en el Director General de la Policía Nacional Civil". De lo anterior expuesto cabe descartar que las disposiciones constitucionales pretenden garantizar que la nueva Institución de Seguridad Pública sea un cuerpo nuevo con una doctrina civil, profesional y ajena a toda consideración política a fin de poder cumplir de manera eficiente los principios que le dieron vida institucional.

Ahora bien, según Decreto Legislativo No.269 del 10 de agosto de 1992, publicado en el Diario Oficial No.316 Tomo 144 de la fecha en mención se promulgó la Ley Secundaria denominada "LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL", la cual vendría a desarrollar todo el precepto constitucional.

En el primer artículo de esta ley se establece el objeto de la Policía Nacional Civil, el cual dice: La Policía Nacional Civil sea creado con el objeto de proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas; prevenir y combatir el delito, mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública tanto como urbana como rural.

El Art. 2 de la prescrita ley se determina la naturaleza jurídica de la identidad judicial al prescribir que la Policía Civil, es una institución de naturaleza estrictamente civil, profesional, de carácter a política y autónoma que organiza sus servicios acorde a las diferentes necesidades.

Estas atribuciones fundamentales y las características señaladas constituyen el perfil del nuevo Policía que requiere la sociedad salvadoreña.

En abono a lo anterior constituye particular consideración los deberes que el Policía debe desarrollar, cumplir y la conducta que debe observársele en el desempeño de sus funciones y fuera de ellas.

El Art. 31 de la Ley Orgánica, señala que son deberes del Policía, respetar los Derechos Humanos, la Constitución y demás Leyes de la República.

Cumplir las órdenes emanadas de sus superiores Jerárquicos, observar en su relación con el público, consideración y cortesía, intervenir incluso en fueras de su servicio. Para proteger a las personas y sus bienes así como para prevenir el delito, respetar y proteger la dignidad humana, no pudiendo en consecuencia infringir, instigar o tolerar ningún acto de tortura, ni de crueldad humana, degradantes o informantes, ni cometer actos de corrupción.

1.3.2.3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL

La Policía Nacional Civil estará bajo la dirección de autoridades civiles "Art. 168 No. 17 de la Constitución de la República", esta serán: El Presidente de la República, el Ministerio de Seguridad Pública, el Vice-Ministro, el Director General de la Policía, los 5ub-Directores Generales, el Inspector General, los Jefes de División de cada servicio y los Jefes de las delegaciones departamentales.

El Director General de la Policía Nacional Civil, es designado por el Presidente de la República. Podrá ser destituido por resolución de la Asamblea Legislativa por causa de graves violaciones de los Derechos Humanos.

El Inspector General es designado por el Sr. Ministro de Seguridad Pública, debiendo contar con el aval del Sr. Fiscal General de la República y del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

Los mandos de la Policía Nacional Civil, serán civiles, sin perjuicio de lo dispuesto en este mismo orden del régimen transitoria, la Policía Nacional Civil esta adscrita al Ministro de Seguridad Pública, creado por Decreto Ejecutivo a partir del primero de Junio de 1995, nombrando como Ministro al Sr. Hugo Barrera y Vice-Ministro al Sr. Alberto Carranza, confirmando como Director General al Sr. Rodrigo Ávila, manteniendo vacante a la fecha el cargo del Inspector General quien no ha sido nombrado por discrepancias de procedimientos entre el Sr. Ministro del Ramo de Seguridad Pública y la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos.

La Policía Nacional Civil, tiene una organización centralizada en cuanto está estructurada a nivel nacional en forma que le permite desarrollar a cabalidad el mandato que le impone el objeto de creación, su operación es en cambio descentralizada porque existen delegaciones departamentales de la Policía siguiendo la división administrativa del país.

Por la naturaleza de las funciones que están a cargos de ciertas dependencias pertenecientes orgánicamente a la Policía Nacional Civil, estas pueden quedar bajo la dirección funcional de las autoridades, en los términos que se expresan en su Ley Orgánica, como son los órganos dependiente del Director General, las Sub-Direcciones Generales, la Inspectoria General, los servicios de Asesoría Legal, los servicios de Asesoría Internacional y la Sub-Dirección General Operativa.

En el área de Investigación Criminal la P.N.C. cuenta a partir de enero de 1994 con la División de Investigación Criminal D.I.C. que anteriormente desde julio de 1965 era conocida como comisión de Hechos Delictivos (C.H.D.) entidad encargada de Investigar únicamente delitos de trascendencia nacional, al entrar la D.I.C. a formar parte de la P.N.C. todos los recursos con los que cuenta esta división pasan al servicio de¡ nuevo cuerpo policial, ampliando así su capacidad de realizar las investigaciones más técnicas.

Entre los recursos de mayor relevancia tenemos el Laboratorio de Investigación Científica del Delito, que forma parte de la D.1.C. el cual cuenta con equipos especializados en once áreas determinadas para potenciar el proceso de investigación del delito. Entre ellas están: Serología, Toxicología, Análisis Fisicoquímico, Planimetría, además de personal especializado en la Dactiloscopia, Balística, Grafotécnica, Poligrafía y las inspecciones oculares.

1.4 MARCO DOCTRINARIO CONCEPTUAL

ACCION PENAL:

La acción penal es el requerimiento por parte de su titular, de una decisión del juez sobre un delito, para que declare la existencia o inexistencia de la pretensión punitiva. La acción penal se clasifica en: acción pública, acción pública previa instancia particular y acción privada.

ACTOS DE INVESTIGACION:

Son los realizados por los órganos encargados de la persecución penal: la policía, la fiscalía y el Juez instructor. La finalidad de los mismos es el establecimiento de la verdad real o material del hecho.

ACTOS INICIALES DE LA INSTRUCCION:

Son aquellos actos con los cuales se inicia la Instrucción, concretamente, en el proceso penal se mencionan: la denuncia o la querella ante la policía, ante la fiscalía o ante el Juez de paz.

ACTOS INICIALES DE LA INVESTIGACION:

Son aquellos actos continuos y urgentes realizados, dirigidos o controlados por la fiscalía desde la noticia criminis hasta el momento de la audiencia inicial ante el Juez de paz.

COMISO:

Secuestro de carácter especial, de uno o varios objetos determinados. En derecho penal, constituye una especie de sanción o medida, cuyo objeto es la destrucción de los instrumentos y efectos utilizados para cometer el delito.

COMISION:

Mandato policial encaminado a la investigación o verificación de un hecho.

COMISIONADO:

Grado jerárquico en la escala de mando de la Policía Nacional Civil.

CONTROL JURISDICCIONAL DE LA INVESTIGACION:

Es el realizado por el juez de paz en las diligencias iníciales de investigación, el que efectúa el Juez de instrucción a partir del auto de instrucción formal hasta la audiencia preliminar.

DEFENSA TECNICA:

Es la que hacen efectiva los abogados. La defensa técnica supone, como expresa la constitución, la asistencia de defensor para los detenidos, tanto en las diligencias policiales como en las Judiciales.

DENUNCIA:

Es la manifestación verbal o escrita que cualquier persona hace a las autoridades llevando la noticia o aviso que posee sobre la perpetración de cualquier delito de acción pública.

DETENCION EN FLAGRANCIA:

Es la aprehensión de una persona, cuando fuere hallada en el acto mismo de la comisión de un hecho punible o inmediatamente después, o mientras fuere perseguido por el clamor público, por la fuerza pública o por el perjudicado.

DILIGÉNCIAS INICIALES DE LA POLICIA:

Se llaman así las primeras investigaciones que realizan la policía, cuando se ha cometido un hecho punible de acción pública y que posteriormente debe remitir a la fiscalía. Entre esas diligencias se encuentran: recibir denuncias, interrogar testigos, aprehender al imputado, auxiliar a las víctimas, levantar planos de la escena del crimen, tomar fotografías, realizar inspecciones y demás operaciones técnicas aconsejadas por la policía científica.

PERSECUCION PENAL:

En el proceso penal, se utiliza este término como sinónimo de "Acción Penal" e indica la facultad de promover la investigación y el Juicio de un delito.

POLICIA:

La institución pública destinada a mantener el orden público y la tranquilidad social, proveyendo a la estabilidad de las instituciones y la seguridad de los ciudadanos que integran la población, resguardando su integridad física y moral, sus bienes y sus otros derechos.

POLICIA DE INVESTIGACIONES:

Cuerpo policial especializado en la investigación de los delitos, provista de técnica y elementos científicos.

QUERELLA:

También llamada "Acusación Particular". La querella es una denuncia que interpone directamente la víctima, no limitándose a dar la noticia del delito sino que solicita intervenir en el proceso penal. Dicho de otro modo, la querella es una denuncia a la que se suma una instancia o solicitud de constitución como sujeto procesal.

2.0 LA INVESTIGACION EXTRAJUDICIAL EN LA LEGISLACION SALVADOREÑA.

DILIGENCIAS EXTRAJUDICIALES

GENERALIDADES

Trataremos aquí de efectuar un análisis de una etapa de la Administración de Justicia, que históricamente ha propiciado la arbitrariedad y corrupción en desmedro de elementales derechos y garantías procesales de los individuos que eventualmente son objeto de persecución penal, por cualquiera de los Órganos encargados de dicha función. Pero en mayor medida por los Órganos Auxiliares de la Administración de Justicia (P.N.C.) en el desempeño de su función de coadyuvar con el Órgano Jurisdiccional, en la investigación de los hechos considerados delictivos, como actos extrajudiciales que fundamentan un proceso penal.

De lo que trataremos, en esta fase del trabajo de investigación es dilucidar por medio del análisis y observación de métodos y procedimientos justificativos que transgreden el ámbito protector de los derechos y garantías procesales de los particulares, declarado en la constitución, leyes y pactos internacionales de Derechos Humanos, en sentido justificado de la prevalencia del interés social sobre el interés particular, en el cumplimiento de mantener la paz Interna, el orden y la seguridad pública, además de la misión de prevenir y combatir toda clase de delitos por parte de la Policía Nacional Civil, en desempeño de su función coadyuvadora con la Administración de Justicia. (2)

Los procesos penales en nuestro sistema procesal, se inician en atención al aviso presentado ante funcionarios policiales, acción oficiosa de los mismos o a denuncia hecha ante autoridad Judicial.

En los dos supuestos arriba mencionados, la Policía (Órgano Auxiliar) decide directa y en forma autónoma que personas han de ser capturadas y cuáles no.

El Órgano Policial (P.N.C.) forma parte del Órgano Ejecutivo, es quien, actualmente instruye los atestados de investigación que siguen y fundamentan la sentencia en el proceso penal en la mayoría de los delitos penales.

La Policía llega antes que cualquier otro funcionario al sitio del suceso criminal y además, tiene la obligación de informar al Juez y al fiscal de cada delito que llegue a su conocimiento, cosa que en la práctica no realizan, salvo casos de trascendencia.

(2) Funciones de la Policía, Art. 23 números 3 y 4 Ley Orgánica de la P.N.C.

Ante estas realidades, una Administración de Justicia transparente y pronta se ve lejana. Inaccesible ante la práctica de nuestros Jueces Penales, que tratan con indiferencia la transgresión del régimen de libertades por parte de la policía, llegando a convertirse en cómplices del atropello a la legalidad, porque con dicho proceder se acepta una inmerecida subordinación de su autoridad judicial a la fuerza policial más que a la Constitución y demás leyes de la República. Esta situación es grave, en cuanto a que el Órgano Judicial supone un control externo por excelencia de la actuación de la Policía como Órgano Auxiliar, ya que solo en la medida que resten validez a las actuaciones ilegales de la Policía y también en cuanto enmienden y contengan severamente los abusos en que esta incurra, estarán recuperando su autoridad Judicial y deslegitimando los métodos arbitrarios violadores de los Derechos Humanos.

En tal sentido, el proyecto de Código Procesal Penal, se convierte en una esperanza para la Administración de Justicia, porque configura un proceso penal democrático que privilegia en su accionar derechos y garantías procesales en derredor del respeto a la persona humana, como el origen y fin de la actividad del Estado. (3)

(3) La Persona Humana y los Fines del Estado, Art. 1 Constitución de la República, 1983. Reformas de 1991-1992.

Además de lo anterior, consideramos útil reflexionar sobre algunos factores incidentes que confluyen en la investigación del delito, sean endógenos al proceso o exígenos al mismo. Lo que mueve nuestro interés es el aspecto potenciador o las fuerzas que limitan el desarrollo del sistema de investigación.

Al identificar estos factores, podemos advertir problemas futuros en la investigación preliminar a cargo de la Fiscalía en coordinación del Organismo de la Investigación del Delito, (OID) Según la Constitución y el Proyecto. (4)

2.1.1 NATURALEZA JURIDICA (DILIGENCIAS EXTRAJUDICIALES)

Consideramos necesario, para darle mayor solidez indagatoria al tema, determinar que son las diligencias extrajudiciales.

Para lo cual nos detendremos en el estudio del sujeto que las realiza. (Policía Nacional Civil, como Órgano

(4) Corresponde al Fiscal General de la República: Dirigir la investigación del delito y en particular de los hechos criminales que han de someterse a la Jurisdicción Penal A tal fin bajo la dirección de la Fiscalía General de la República funcionará un Órgano de Investigación del Delito, en los términos que defina la ley. Art. 193 ord. 3o. Cn.

Auxiliar de la Administración de Justicia, Art. 193 Ord. 3 y 159 Constitución: Art. 11 Pr. Pn. y Art. 1 y 65 de la Ley Orgánica de la PNC). El cual, administrativamente depende del Órgano Ejecutivo, por medio del Ministerio de Seguridad Pública, como también, analizaremos el objeto de dichas diligencias policiales, consistente en averiguar los hechos delictivos en función de coadyuvar con la administración de justicia, según lo demanda la Ley Art. 137 Pr. Pn.

En tal sentido nos ocuparemos de analizar las diligencias extrajudiciales desde diferentes puntos de vista; como acto procesal, como medio de prueba, como acto jurídico o como acto administrativo. (5)

1) Acto Procesal

Es el acaecimiento, en el que interviene la voluntad humana, por el que se crea, modifica o extingue una relación Jurídica.

El acto procesal comprende tres elementos, que son:

1) El sujeto de que procede, es el ente a quien se le Imputa la comisión del acto, por lo que sin sujeto o sujetos de que procesa no hay acto procesal.

(5) Edwin Oswaldo Amaya, Erick Jiménez, Xiomara López, "Los Órganos Auxiliares de la Administración de Justicia”, tesis, 1990-

2) El objeto sobre el que recae, siempre es algo exterior al sujeto que produce el acto.

3) La modificación de la realidad, es la transformación del mundo exterior y se puede diferenciar, según se trate de un acaecimiento permanente o un momentáneo.

Debido a que las Diligencias Extrajudiciales no forman parte de un proceso, ni crean ningún vínculo jurídico, es que no las podemos catalogar como actos procesales, ya que con las diligencias extrajudiciales no se crea, modifica o extingue una relación procesal.

II) Medio de Prueba

Tomando como pauta el sujeto que produce las diligencias extrajudiciales y el que produce los medios de prueba, se descarta la equiparación de ambas instituciones; ya que el sujeto que efectúa pruebas es el Órgano Auxiliar, el cual no es parte en un proceso, en cambio el sujeto que produce el medio de prueba, generalmente son las partes del proceso.

III) Acto Jurídico

Por lo general se define como el acto de la voluntad humana que produce efectos legales.

Se divide en dos clases:

- Acto Jurídico en sentido amplio:

Consiste en el acto voluntario que produce efectos Jurídicos sin que la producción de éstos sea la finalidad que busca quien efectúe el acto.

- Acto Jurídico en sentido estricto:

Es el acto voluntario que se realiza para producir determinados efectos jurídicos.

Las diligencias extrajudiciales pueden constituir actos jurídicos, ya que aquellos tienen como objetivo producir efectos legales, consideramos que lo anterior se cumple si sólo comparamos los objetos de ambas instituciones.
IV) Acto Administrativo

Consiste en una, declaración del Órgano Ejecutivo que produce efectos jurídicos directos.

Existen dos teorías sobre la naturaleza del acto administrativo: la primera afirma que el acto administrativo es el que hace el Órgano Ejecutivo; la segunda sostiene que también son actos administrativos los que emanan de los Órganos Legislativos y Judicial cuando ellos realizan funciones administrativas. El surgimiento de las dos teorías se debe a la problemática de considerar la administración como un conjunto de Órganos que forman el Órgano Ejecutivo, o como la actividad administrativa que puedan realizar cualquiera de los tres Órganos del Estado. Optamos por la segunda teoría, ya que es moderna y sostiene la división de poderes; en ese sentido el acto administrativo es el efectuado por cualquiera de los tres Órganos cuando realizan funciones administrativas, que tienen efectos Jurídicos para un tercero, ajeno a la administración, o bien para la administración misma.

Consideramos que es más acertado ver las diligencias extrajudiciales como un acto administrativo, tomando en cuenta el sujeto que los realiza y el objeto de las mismas, en ese sentido muchas veces la policía como órgano auxiliar investiga un hecho delictivo, del cual no tiene conocimiento el Juez, siendo que en algunos casos no se investigan los avisos tomados, o no se investigan éstos por no ser posible su investigación, los archivan, en estos casos el Juez no tiene conocimiento de dichas diligencias, por lo que serían actos meramente administrativos y no tendrían un valor procesal. Distinto es cuando el Juez tiene conocimiento porque le remiten las diligencias, en este caso, el Juez según el Art. 147 inc. 2o. iniciara la instrucción judicial con las actuaciones y diligencias practicadas por el órgano auxiliar, si antes no se hubiese iniciado procedimiento. En este caso tendrán un carácter procesal.

DILIGENCIAS INICIALES DE INVESTIGACION

Si nos ocupamos de analizar la naturaleza jurídica que nos ocupa a la luz del Proyecto de Código Procesal Penal, encontramos una diferencia radical. Partiendo desde su conceptualización, el sujeto que las dirige, los fines que persigue y los procedimientos que desarrolla.

En el Proyecto del Código Procesal Penal las diligencias extrajudiciales están contenidas en la fase de Instrucción denominándosele de varias formas: diligencias iniciales de investigación, sumario, procedimiento preparatorio o preliminar.

Está bajo la dirección de la Fiscalía General de la República, y tiene como sus fines recolectar datos sobre un hecho criminal para preparar la acusación en cumplimiento al orden legal que otorga al ente acusador estatal el monopolio de la acción. (6)

(6) Unidad Modular V. La Función Acusadora en el Proceso Penal Moderno. Doctor Fernando Cruz, San José, Costa Rica, 1989. Pág. 6.

Si analizamos la función fiscal en un contexto puramente constitucional. La constitución establece el Art. 193 ord. 3o." que corresponde al Fiscal General de la República, dirigir la investigación del delito y en particular de los hechos criminales que han de someterse a la jurisdicción penal...". La persecución de los delitos es una función de Interés público a cargo del Ministerio Público Fiscal, quien desarrolla por medio de la función de vigilar e intervenir en la Investigación del delito, desde la etapa policial, además de dirigir los organismos especializados en la investigación del delito.

Consecuentemente la Fiscalía no pertenece al Órgano Judicial, su función no es juzgar, no pertenece al Órgano Ejecutivo, su función no es administrativa. (7)

En tal sentido, al accionar por medio de su función requiriente al Órgano Judicial e inducirlo a que redefina un conflicto penal a través de un proceso judicial, por ser ambas cosas (conflicto y proceso) de orden público, podría concluirse que su naturaleza Jurídica es también de carácter público, posición que se ve fortalecida con la calidad de funcionario público conferida al fiscal, como también se ratifica con el objeto y finalidad de interés público de la acción penal.

(7) La Función Fiscal en el Proceso Penal, tesis, 1994. Pág. 24.

2.1.2 FORMAS DE INICIARLA

I) La vía que representa el marco jurídico que factibiliza el Órgano Auxiliar (PNC) a entrar en conocimiento de la producción probable de una conducta delictivo, lo encontramos regulado en el Art. 131 del proceso penal en la fase de la Instrucción (8) estableciendo que puede darse un aviso de la perpetración de un delito perseguible de oficio al Órgano Auxiliar, tal aviso no constituye una denuncia, pero en todo caso deberá contener la mención y consiguientemente relación del hecho y el acceso para su conocimiento. Además el aviso podrá ser verbal o escrito (procedimiento especial se sigue en los delitos de instancia privada cometido contra una persona incapaz).

En la práctica se realiza por medio de una llamada telefónica, como medio usual y aceptado.

(8) La Instrucción tendrá por objeto practicar los actos y diligencias necesarias para comprobar la existencia del delito y establecer quien o quienes son los responsables, así como las circunstancias que excluyan, atenúen o agraven del o de los Imputados... Art. 115 Inc.

Otro caso de entrar a conocer de la producción de un hecho criminal es cuando la policía en su actividad de persecución del delito captura al presunto culpable en el preciso momento que va a cometer o que se esta cometiendo el delito o es perseguido después de cometerlo, no pudiendo proceder a su captura después de las veinticuatro horas de cometido el hecho, por lo que a esta captura se le denomina, Detención en Flagrancia y está regulado en el Art. 242 pr. pn. Es oportuno hacer notar que ambas modalidades contienen especificidades que las caracterizan y diferencian que oportunamente desarrollaremos.

FORMAS DE INICIARLA SEGUN EL PROYECTO

II) Según el Proceso Penal Mixto Moderno contenido en el Proyecto en su fase de Instrucción en la etapa inicial existen los canales que dan lugar que un hecho punible ingrese al proceso penal, denominándoseles ACTOS INICIALES tales actos son: la denuncia, la querella (9) o el procedimiento de oficio.

(9)También llamada “Acusación Particular” es una denuncia a la que se suma una instancia o solicitud de constitución como sujeto procesal.

El procedimiento de oficio es cuando los órganos encargados de la persecución penal-Policia-Fiscalia­ Jueces pueden tener noticias directas de la comisión de un hecho punible por cualquier medio que no sea de los anteriormente mencionados, (denuncia o querella) entales casos el procedimiento deberá iniciarse oficiosamente, dicho de otra manera el procedimiento de oficio constituye el tercero de los modos usuales para iniciar un proceso penal, este ocurre como hemos dicho, cuando los órganos encargados de la persecución penal toman noticia directa de un supuesto hecho delictivo.

El acto policial, más común es lo que se denomina “prevención policial" es decir, el conocimiento que tiene la policía del hecho delictivo antes de que lo tenga cualquier otro órgano de persecución penal.

2.1.3 ASPECTO PROCEDIMENTAL

I) La investigación extrajudicial se encarga de prevenir el crimen y de conseguir las pruebas que tienen a la identificación de su autor o autores, a fin de ponerlos a la disposición de los tribunales de justicia.

Para poner en movimiento el aparato represivo de la Institución Policial en cumplimiento de su misión de colaborador con la administración de justicia, necesita un marco Jurídico a partir del cual le sea permitido desarrollar su labor de prevención del crimen y aprehensión de los delincuentes. Nuestro proceso penal en la actualidad lo regula en el Art. 131, donde establece que cualquier persona que tenga conocimiento de haberse cometido un delito de los que son perseguibles de oficio podrá dar aviso al Órgano Auxiliar. Dicho aviso no constituye una denuncia, pero deberá contener una relación detallada del hecho y la forma de como se conoce el mismo. Al recibirse el aviso o de haberse efectuado la Detención, por parte de la policía investigadora, son activados algunos lineamientos básicos de procedimientos que constituyen el inicio de las diligencias extrajudiciales:

1) a) Se elabora el acta previa de las diligencias que contiene los datos aportados en el aviso, y además contiene el nombramiento del Agente Instructor que dirigirá la investigación.

b) En caso de Detención previa, por medio de auto haciendo constar la existencia del acta de remisión y el decomiso sí hubiese, se nombra el Instructor de las Diligencias de Investigación.

2) Por medio del auto el Instructor asignado a la investigación da por recibidas del señor Jefe de la Sección el acta de remisión y demás anexos y nombra a su secretario de actuaciones.

En caso de existir Detención previa, el Instructor pregunta al detenido si tiene o está en capacidad de nombrar defensor que lo asista, caso contrario informa inmediatamente a la Procuraduría General de la República para que sea asignado un Defensor Público, si existiese alguna dificultad en este caso, se dirige al Juez de turno para que nombre un defensor de oficio, además de lo anterior se le avisa a la persona o familiar que el detenido designe, como también se avisa a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Cuando la investigación se inicia por aviso existen otras formalidades internas de la actuación policial, que por considerarlas rutinarias e intrascendentes para nuestra investigación nos permitimos obviarlas, en virtud de haberse agotado las formalidades descritas, se inicia el proceso de investigación, precediendo a efectuar las primeras averiguaciones, que serán de acuerdo al delito cometido.

Cuando se ha cometido el delito de homicidio, por ser el delito más grave y en general, al tratar de investigar cualquier hecho delictivo debe tenerse muy en cuenta que no basta conocer quien cometió el crimen, sino que también es necesario saber la forma como fue cometido y comprobarlo de manera que a criterio del Juez que va a conocer de la causa, estén llenos los extremos del Art. 150 pr. pn. o sea que exista plena comprobación del cuerpo del delito que fundamente el proceso penal. Por tales razones a fin de obtener el mayor número de indicios y pruebas, el investigador, debe tomar ciertas precauciones para no destruir las huellas y pistas dejadas por el autor o autores del hecho. En este punto en la actualidad tenemos grandes obstáculos según declaraciones de los investigadores entrevistados, que impiden el desarrollo normal de una investigación técnica.

En primer lugar tenemos escasez de conciencia y colaboración de los particulares en la protección de la escena del crimen antes de que llegue la policía, quien usualmente es el primero en llegar al lugar del delito en segundo lugar, no se cuenta con los medios materiales adecuados y suficientes para proteger el lugar en forma segura y adecuada que garantice la pureza de evidencias e indicios, no se cuenta aún con los medios legales idóneos para impedir el acceso de los particulares al lugar de los hechos. Para el caso, en este momento existe la intromisión desmedida de los miembros de la prensa escrita, hablada y televisada, que hacen acto de presencia en la cobertura de la noticia sin reparar en la destrucción de pistas, huellas y demás indicios que constituyen medio de prueba o cualquier otro dato que pueda orientar la persecución.

El proceso de Investigación implica riesgos que en la práctica pueden traducirse en actos violatorios de garantías procesales o derechos constitucionales, en tal sentido el investigador requiere la autorización Judicial para practicar registros o allanamientos de morada o detenciones (excepto las atribuciones que tiene conforme el Art. 181 pr. pn.).

Podemos seguir enumerando limitaciones que según los investigadores impiden en la práctica desarrollar una investigación técnica en todos los casos.

Pero consideramos de mayor utilidad ocuparnos de la etapa de la detención del presunto culpable de un hecho delictivo.

La orden de detención tiene como regla general que deberá ser emitida por autoridad Judicial y deberá ser siempre por escrita (Art. 13 inc. lo. Cn. en relación al Art. 241 pr. pn) . Pero hay casos en que la policía puede actuar sin orden Judicial, siendo que el Art. 137 pr. pn. Inc. 3o. faculta a dicho órgano auxiliar para proceder a la captura de los presuntos culpables en los casos que el código señala, por lo que esos casos son: la flagrancia (Art. 242 pr. pn.) en el momento de disponerse a cometer un delito; en estos casos, la policía deberá iniciar la investigación, del hecho que motivó la captura y deberá remitir al imputado dentro de las setenta y dos horas que se contarán a partir de la captura, al Juez competente, con las diligencias que hubiese efectuado, sin prejuicio de continuar las mismas y dar cuenta de ellas al juez. otro caso de detención sin orden judicial es cuando se haya fugado de algún establecimiento penal o de cualquier otro lugar de reclusión, y cuando mediaré orden escrita emanada de autoridad no judicial, (Art. 243 pr pn.) en base a este último la policía recibe un aviso, o inicia una investigación de oficio, con el objeto de establecer la existencia de un delito, quien o quienes son los presuntos responsables, mediante la investigación recaba prueba contra el presunto culpable, la cual al estar finalizada la investigación, el jurídico estudiará las diligencias y dará una sugerencia, la cual puede ser sugiriendo alguna diligencia que falta o bien que se proceda a la captura, en este caso la orden de captura deberá ser por escrito, y firmada por el Jefe de investigaciones otro caso es en persecución actual de un delincuente (Art. pr. pn.).

En tal sentido, la ley Orgánica de la Policía Nacional Civil (PNC) en el Art. 23 inc. 5o. otorgan facultades para la captura en los casos de¡ Art. 138 inc. 3o. (10) pr. pn. y en cuanto a la persona que dentro de la PNC tiene la facultad de expedir la orden de detención existen varias interpretaciones, algunas de las cuales, que por su amplitud podrían ser atentatorios de las garantías constitucionales.

La misión de Observadores de las Naciones Unidas en el país considera que la única autoridad no judicial que en el ordenamiento Jurídico actual esta autorizada para emitir órdenes de detención (escritas y fundadas) es el director de la PNC y por delegación (por escrito), los comisionados, subcomisionados o en su defecto, el jefe del puesto policial de la Jurisdicción donde se ordena la Detención.

Ejecutada la orden de captura, el detenido debe ser puesto Inmediatamente a disposición del Órgano Judicial, puesto que en este caso no puede mantenérsele detenido durante las sesenta y dos horas que establece el Art. 13 de la Cn. ya que se supone que fue Investigado con anterioridad, por lo que la captura debió basarse en antecedentes concretos, por lo que en este caso debe ser remitido al Juez, justamente con las diligencias realizadas.

(10) Se debe tener presente que respecto al artículo 234 inc. 3o. pr.pn. existen jueces y organismos de derechos humanos que tienen una interpretación en el sentido de que si la ley no faculta expresamente a una autoridad no judicial para detener este artículos no será aplicable.

En derredor de la orden de Detención existe una gama de formalidades que deben ser observadas:

a) La orden de Detención debe ser siempre por escrito (Art. 13 Cn. 241 pr. pn.) (11)

b) Debe ser fundada (Art. 12 Cn. "razones de su detención" Art. 7 No.4 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos) (12)

c) Debe ser comunicada al detenido (Art. 12 Cn.) y sin demora (Art. 7 Pacto de San José).

Los Agentes captores al momento de la Detención deberán comunicarle al detenido de inmediato el motivo por el que es detenido, además de comunicarle los derechos previstos en el Art. 46 pr. pn. le comunicarán el derecho a designar la persona o entidad a la que debe comunicársele de la captura, asistencia de defensor particular o público, abstención a declarar y si acepta hacerlo a que su defensor esté presente ya que éste garantizará los derechos del Art. No. 66 pr. pn.

(11) Deberá por lo menos contener: fecha, número de registro, identificación de quien va a ser detenido, identificación de la autoridad que emitió la orden, firma y sello de la autoridad.
(12) Deberá contener una breve descripción de las causas que motivaron su detención y del delito que se le imputa y mención de la norma jurídica violada.

También podrá defenderse personalmente si fuere autorizado para ejercer la defensoría penal. Una vez que el imputado nombra a su defensor, le facilitarán a este la consulta de las diligencias en que requieran necesariamente de su presencia.

Se recomienda realizar en el plazo de Detención administrativa (172 horas) el máximo de diligencias destinadas a comprobar el cuerpo del delito y la individualización del responsable a fin de proveer al Juez de los antecedentes suficientes para decidir sobre la libertad o Detención provisional del imputado.

Después de consignar al detenido ante el tribunal competente junto con todas las diligencias originales practicadas, se dan por concluidas las diligencias extrajudiciales, que deben ser firmadas por el Instructor y Secretario de actuaciones.

II) DILIGENCIAS INICIALES DE INVESTIGACION

Al conjunto de investigaciones encaminadas a realizar todos aquellos actos urgentes y necesarios sobre el hecho histórico tendiente a preparar al acusación, es lo que suele denominarse DILIGENCIAS INICIALES DE INVESTIGACION, SUMARIO, PROCEDIMIENTO PREPARATIRIO O PROLIMINAR. (13)

Este proceso de investigación esta bajo la dirección de la fiscalía, sin excluir la intervención policial en la investigación de los hechos delictivos que su procedimiento debe iniciarse oficiosamente (Art. 2 inc. 1º. Proyecto de Pr. Pn.)

Según el proyecto y su estructura Orgánica en su primera fase contiene la Instrucción o fase preparatoria o de investigación, la cual arranca con los actos preliminares, mejor dicho, con los modos que inducen que un hecho punible ingrese al proceso penal o mejor dicho con las formas que permiten la apertura de una averiguación previa, dichas formas son: la denuncia, la querella o el procedimiento de oficio, haciendo notar que si la denuncia y querella es presentada ante la policía esta deberá informar de su recibo a la fiscalía y al Juez de paz dentro de un plazo de ocho horas (Art. 230 del Proyecto pr. pn.)

En atención al tema que nos hemos impuesto, analizaremos el acto inicial más común, denominado "prevención policial", es decir el conocimiento que tiene la policía de un hecho delictivo antes de que lo tenga cualquier otro órgano encargado de la persecución penal, físcalía-Jueces de Instrucción.

(13) Miguel Trejo, Armando Serrano, Delmer Rodríguez, José Campos, “En Defensa del Nuevo Proceso Penal Salvadoreño”. El Salvador, 1994. Pág. 11.

Una vez ingresado al sistema en forma oficiosa por medio de la prevención policial da comienzo el desarrollo de la primera. ta.se llamada "preliminar o preparatoria" que constituye el conjunto de investigaciones encaminadas a realizar todos aquellos actos urgentes y necesarios sobre el hecho histórico tendientes a preparar la acusación.

Toda esa labor que implica la investigación preliminar de un delito de acción pública, para indagar fundamento de una acusación formal o para requerir un sobreseimiento ha sido conferida a la Fiscalía, quien de esa forma suple la tarea que actualmente realizan los jueces, con ello se pretende acentuar la forma acusatoria del procedimiento penal, por un lado, y por el otro, simplificar y dinamizar la tarea de la investigación, hoy aprisionada en formalidades que no le permiten desarrollar su función y que le resta eficacia, tanto a la averiguación de la verdad como a una decisión pronta acerca de la promoción del Juicio o del sobreseimiento.

Según nuestra Constitución en el Art. 193 ordinal 3o. corresponde al Fiscal General de la República, dirigir la investigación del delito y en particular de los hechos criminales que han de someterse a la Jurisdicción penal. En consecuencia dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal ante los jueces es responsabilidad constitucional de la Fiscalía, en tal sentido, los fiscales deben dirigir los actos iniciales de la investigación y de la policía, velando por el estricto cumplimiento de la ley, cumpliendo también durante la investigación aquellos encargos de investigación que requiera el juez.

Promover la investigación significa, en ese caso darle curso lo más pronto posible a la averiguación de un hecho punible, por cualquier forma que haya ingresado al sistema, debiendo ser esta investigación lo más amplia posible, es decir, extensiva tanto de aquellas circunstancias de cargo como de descargo para el imputado.

Lo anterior significa que los jueces no participan en el proceso de investigación, por el contrario, ellos coordinan el control total de la Instrucción preliminar y concretamente dentro del proceso penal se le confiere también dos tipos de actividades controladoras de la investigación:

1.-) Actividades que implican una decisión y una autorización (vinculadas a actos que pueden afectar garantías procesales o derechos constitucionales).

2.-) Son aquellas actividades de decisión acerca de las medidas de coerción personal o referidas a la obtención de elementos de prueba: (allanamiento de morada, anticipos de prueba u otras que posibiliten la intervención de distintas personas en el procedimiento como los casos del actor civil. del tercero civilmente demandado, o de las decisiones que extinguen o imposibiliten el ejercicio de la acción.

Queda claro que la investigación esta organizada destacando el carácter acusatorio del sistema dividiendo las dos funciones básicas, de modo que sea la Fiscalía la encargada de investigar, quedando reservada para el Juez la tarea de autorizar o tomar decisiones. Dicho en pocas palabras: los fiscales investigan, los jueces, vigilan y controlan esa investigación, con ello se marca la separación de las funciones de investigación de las funciones propiamente jurisdiccionales, tal como lo determinan los principios de un sistema penal acusatorio.

La prevención policial, es el más común de los procedimientos de oficio que da lugar a la investigación de un hecho delictivo. Mediante este canal la policía toma conocimiento por si misma del hecho y comienza las Investigaciones, bajo las ordenes de alguno de los principales órganos de persecución (fiscalía y Jueces). A la policía se le asigna una serie de atribuciones en cuanto realiza actividades de investigación de un hecho delictivo, puede demás interrogar testigos que se presumen útiles para la investigación y proceder a la. aprehensión del presunto imputado, el cual puede ser interrogado por los hechos que se le atribuyen, en razón de la observancia del derecho de defensa garantizado al imputado a partir de las diligencias policiales y en los procesos judiciales (Art. 12 inc. 2o. Cn.) en caso de efectuarse sin su consentimiento lo declarado no tendrá ningún valor con base al art. 238 del Proyecto del Código Penal.

La actividad Investigadora de naturaleza policial cuenta con dos grandes controles, por un lado, todas las actuaciones de la policía deben hacerse constar en acta con la mayor exactitud posible, expresado el día que se realizó y por la otra es imperativo para la policía Informar al fiscal y al juez de toda investigaci6n delictiva que realicen dentro de un plazo máximo de ocho horas de haber tenido conocimiento del hecho (Art. 230 del Proyecto pr. pn. Así como el procedimiento de investigación preliminar tiene actos iniciales definidos, también debe finalizar de algún modo formal mediante el recibo de las diligencias iniciales de la policía.

El fiscal, formulará con la investigación realizada el requerimiento fiscal, acto procesal mediante el cual la fiscalía en el ejercicio de la acción pública, puede solicitar:

1.- La instrucción formal, con o sin procedimiento.

2.- La desestimación.

3.- El sobreseimiento definitivo o provisional.

4.- Se prescinda de la persecución penal en razón de criterios de oportunidad de la acción pública.

5.- La suspensión condicional del procedimiento a prueba.

6.- El procedimiento abreviado cuando la pena solicitada no sea privativa de libertad o sea de prisión no superior a un wKo, conforme a las reglas previstas en el código.

7.- La conciliación.

En síntesis, consideramos que el proyecto del Código Procesal Penal es un instrumento moderno para combatir la delincuencia en todas sus manifestaciones. Pues en esta primera fase de investigación ofrece esencialmente medidas legales que en su materialización se convertirá en escudos protectores de derechos y garantías de las personas.

2.1.3.1 DIRECCION DE LA INVESTIGACION

I. En este punto de la investigación se evidencia marcadamente el fenómeno de la separación en la disposición legal escrita y la práctica judicial, por una parte y por otro lado se demuestra la Incongruencia constitucional con el procedimiento penal vigente, ambas manifestaciones convergen en detrimento de derechos y garantías de las personas.

En el primer caso (Separación entre la Ley y Práctica Judicial) los Art. 140 y 141 pr. pn. configura la subordinación del órgano auxiliar ante el juez, cuando la policía realice funciones auxiliares de la administración de Justicia. En el segundo caso (Incongruencia entre la Constitución y el Proceso Penal) el Art. 193 ordinal 3o. de la constitución establece que la Fiscalía General de la República le corresponde la dirección de la investigación del delito, mandato que se desarrolla ampliamente en el reglamento relativo a la dirección funcional del Fiscal General de la República en la Policía Nacional Civil, es así como el Art. 6, que en su parte modular dice "corresponde al Fiscal General promover y dirigir la investigación de todos los delitos de que tenga conocimiento".

Ante ambas disposiciones legales la práctica nos presenta otra realidad: La investigaci6n extrajudicial según su desarrollo práctico, es dirigida por el investigador asignado al caso, el secretario de las diligencias y el jefe de la sección de investigaciones que emitido la orden para efectuar la investigación, salvo caso excepcionales de índole político o de interés nacional donde participa la fiscalía en la investigación .(14) En la mayoría de los casos la investigación extrajudicial esta a discrecional ¡dad de la policía, el juez como los fiscales tienen conocimiento de las investigaciones policiales cuando son remitidas las diligencias al tribunal. (15)

II. El proyecto del Código Procesal Penal presenta verdaderas soluciones a esta problemática armonizando la constitución y su contenido referente al caso de la dirección de investigación del delito, estableciendo en el Art. 60, que corresponde a la fiscalía dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal ante los tribunales.

(14) Opinión del Sr. Jefe de Investigadores de la DIC, entrevista personal, agosto/95.
(15) Opiniones vertidas en entrevistas con varios fiscales adscritos a tribunales penales, agosto/95.

2.1.3.2 EJECUCION DE LA INVESTIGACION

Cuando se inicia el proceso de investigación de un hecho delictivo es necesario en un primer momento diferenciar las características del hecho ante que modalidad de delincuencia nos vamos a enfrentar, nos decía un investigador de la DIC, porque de acuerdo al delito y las particularidades de los posibles autores será determinada la dirección u orientación que se implementará en la investigación. El auge delincuencial de este período de post-guerra a adquirido características propias de toda transición, resultando porcentualmente escasos los delitos tradicionales en contraposición del aumento del crimen colectivo u organizado, desde los homicidios múltiples en las zonas rurales llegando hasta las redes internacionales de tráfico ilegal de personas, drogas, lavado de dinero y roba carros, etc.

Estos tipos de delincuencia exige de los investigadores una excelente preparación técnica y un alto concepto de la noble misión que esta llamado a cumplir en el seno de la colectividad, esto impone la especialización de un verdadero técnico en la profesión para poder librar la batalla de los enemigos de la sociedad salvadoreña. (16)

(16) Opinión vertida en entrevista con Jefe División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, agosto/95.

Los investigadores de la DIC consideran necesario ponerse a la altura y aun sobrepasar los medios utilizados por la delincuencia actual para así poder prevenirla o reprimirla con éxito, esta disposición los impulsa en algunos casos a infiltrarse en bandas criminales o hacer uso "fuertes" que venden información útil para esclarecer la complejidad del crimen hasta llegar a deducir la autoría del delito. (17)

Ante estas nuevas teorías que presenta. la criminalidad en nuestro país se impone la formación y evolución de sistema de investigación y de la policía científica que factibilice la apertura de una fase de la investigación en correspondencia con el nuevo proceso penal, con el surgimiento de la PNC, y con todas aquellas proyecciones que potencie la creación del organismo de investigación de delito, que permita el desarrollo de las facultades naturales de los Investigadores, aunados a métodos de indagación o investigación técnica fundados en la observación razonada, en los análisis químicos, físicos, fotográficos, etc.

(17) Entrevista Personal con un investigador de la DIC, agosto/95.

2.1.3.3 SUPERVISION

Atendiendo el aspecto estructural de las diligencias extrajudiciales podemos inferir que materialmente el proceso de investigación de un hecho delictivo es sometido a una supervisión en su desarrollo por medio del apoyo técnico en materia de investigación realizada por el jefe de la Sección de Investigaciones de la DIC o de la DAN.

A consulta del investigador a cargo del caso. (18) existe además una especie de supervisión efectuada por el colaborador jurídico, que orienta al desarrollo de actos realizados en la investigación, en el sentido de que no transciendan el marco legal que la Constitución y las leyes secundarias así como los tratados internacionales sobre derechos humanos les imponen.

En el proyecto de Código Procesal Penal es resuelto este problema en sentido teórico. La ley confiere a la Fiscalía General de la República, la dirección y supervisión de la investigación efectuada por la policía. En este sentido haremos referencia al artículo 7 del Reglamento Relativo a la Dirección Funcional del Fiscal en la Policía Nacional Civil, que dice: "El Fiscal General deberá supervisar el desarrollo de las investigaciones que se sigan en las diferentes divisiones de la PNC (DIC, DICO, DAN) en relación a la investigación de hechos punibles y con señalamientos concretos y específicos podrá objetar, modificar o reorientar jurídicamente cualquiera de ellas.

(18) Opiniones de entrevistas a varios investigadores de la DIC y DAN, agosto/95.

Esta disposición legal se encuentra desarrolladas en los artículos 80, 81, 236 y 240 del proyecto donde plantea la dirección de la Fiscalía y la obligación que tiene la Policía de someter el proceso de investigación a supervisión de fiscales.

2.1.3.4 VIGILANCIA

La investigación extrajudicial es desarrollada actualmente en el mayor secreto posible, muy a pesar que existe la obligación formal de someterla a vigilancia del Juez y de los fiscales. (19)

En la práctica, según los investigadores, cuando la investigación ha requerido de la intervención del Juez para efectuar un registro o allanamiento, los resultados han sido negativos para la investigación en la mayoría de las veces.

(19) Entrevista a Fiscales, Jueces de Paz y Jueces Penales, agosto/95.

Primero, por la tardanza del Juez en resolver el requerimiento policial, y segundo, cuando la orden de registro o allanamiento de morada se hace efectiva por los agentes policiales, los ocupantes del establecimiento, en muchas ocasiones, han sido avisados previamente en menoscabo de la investigación.

En consecuencia, la vigilancia de las diligencias extrajudiciales es efectiva en alguna proporción hasta el final del proceso, cuando el legajo de autos y actas son entregados por los investigadores al tribunal de turno, para el conocimiento del Juez y consecuente validez legal. Analizando detenidamente todo el proceso, podemos inferir además que el Defensor en su función de hacer valer las garantías que amparan al imputado, ejerce vigilancia de la investigación extrajudicial en su misión de custodiar el uso del Poder Penal sea desplegado respetando el conjunto de garantías previstas en las leyes.

2.1.4 EFECTOS JURIDICOS

A) VALOR PROBATORIO

La calidad de Órgano Auxiliar de la Administración de Justicia de la Policía Nacional Civil, le confiere obligaciones, facultades tentativamente enumeradas por la ley reguladas en el Art. 138 pr. pn. quien en su ordinal 1o. manda que los miembros policiales cuidarán que los objetos materiales del delito, así como las huellas que dejasen los mismos, sean conservadas y no se alteren o destruyan mientras llega el juez. Tal es el caso de la conservación de la escena del crimen en un delito de homicidio, cuidando que los indicios no sean alterados, mientras no sean recogidos o levantados por el personal técnico para su análisis en el laboratorio. Con relación a lo dispuesto en el ordinal 2o. del mismo artículo en comento, si en el lugar del hecho se encontraran personas lesionadas, la policía acordará su traslado para darle asistencia médica al lesionado, sin esperar incluso la comparencia de autoridad judicial correspondiente. Incluso en casos de muerte violenta o súbita, que se presume tal, los agentes investigadores podrán remover el cadáver y hacerlo constar en acta e inclusive dar cuenta a la Corte Suprema de Justicia para efectos legales consiguientes Art. 157 pr. pn.

El ordinal 3o. del citado artículo, también faculta a la policía a proceder a la captura de los presuntos culpables en los casos que el código lo autorice, esto es, el caso de la detención en infragancia o los casos que hace referencia el articulo 243 pr. pn., que establece los casos de detención sin orden judicial. Una vez se de los casos que dicho artículo regula, tienen la facultad además de proceder a la búsqueda y comiso de los instrumentos del delito o cualquier otro objeto relacionado con el mismo.

Entre otras obligaciones, la policía debe de practicar las diligencias más urgentes como levantar planos, tomar fotografías y realizar los exámenes de laboratorio u observaciones técnicas, así como recabar y verificar las interrogaciones y declaraciones de ofendidos, testigos. Estos conlleva la finalidad de ilustrar de la mejor manera al Juez de la causa para hacer una mejor valoración de la prueba al momento de pronunciar la resolución que corresponda.

Es importante hacer notar en lo referente a las pruebas periciales pues tales elementos probatorios serán apreciados por el Juez a su juicio prudencial, concediéndole de esa forma validez legal a la actuación extrajudicial.

Inmersos en la dinámica del proceso mismo, las declaraciones de ofendidos, testigos e Indagaciones constituyen en un momento determinado valor probatorio, pues las mismas, establecerán elementos de juicio que en su conjunto, serán valoradas por el Juez, suficientes para el solo efecto de decretar la detención provisional del imputado, si de tales diligencias, valoradas a la luz de la sana crítica, resultaré que el imputado, ha participado en la comisión del hecho punible. Pero el mismo artículo establece que el Juez deberá practicar tales diligencias a la mayor brevedad posible, para el efecto de confirmar o recovar la detención provisional que se originó basada en las diligencias extrajudiciales.

B) CAUSAN NULIDAD

Toda la información vertida en el desarrollo del capítulo sobre la investigación extrajudicial nos ha nutrido abundantemente en el conocimiento de las actividades de la policía encaminadas a investigar un hecho criminal y averiguar la participación delincuencial del mismo. La complejidad de todo proceso de investigación implica la observancia de procedimientos legales desprendidos de derechos y garantías constitucionales y procesales que marcan en derredor de las personas los límites punitivos del Estado, cuya función penal se caracteriza por ser privativa y autolimitativa, siendo esta última característica la que se vulnera en el caso específico cuando se priva al imputado, desde el momento de la detención, de la asistencia de defensor.

Este caso está regulado en el título III Nulidades del Código Procesal Penal en el artículo 551 causas de nulidad, original 5o. que en su parte modular expresa que el proceso es nulo en todo o en parte final de este artículo expresa: "Las nulidades absolutas comprendidas en los numerales 1o.,2o., 4o. y 5o. de este articulo producirán la invalidez de todo el proceso..."

Las consideraciones vertidas sobre este tema son abundantes y sustanciales. Pues muchos estudiosos del proceso penal se han ocupado del análisis crítico del mismo. Dando como resultado diferentes posiciones jurídicas que antojadisamente no ocuparan nuestra atención. No por su escaso valor, sino porque preferimos dejar expresado los criterios extraidos de la práctica.

La posición de la mayoría de los Jueces entrevistados es que este inicialmente producido en las Diligencias Extrajudiciales, es subsanable reponiendo los actos que causan nulidad, considerando que aún no se ha iniciado el proceso penal.

2.2 FACTORES QUE INCIDEN EN LA INVESTIGACION EXTRAJUDICIAL

En base al cúmulo de información recogida en el proceso de investigación, consideramos estar en la capacidad de construir una adecuada caracterización del fenómeno de las limitantes que reprimen el desarrollo de un verdadero sistema de investigación del delito.

Históricamente la seguridad pública (GN-PH-PN) como lo hemos explicado ampliamente en los antecedentes históricos del capítulo uno del presente trabajo.

Estos cuerpos de seguridad con su propia dependencia, organización y estructura militar, con una función policial que giró en derredor del concepto de "orden público" y de la doctrina de la SEGURIDAD NACIONAL, (20) que en la práctica alcanzó niveles desmedidos de represión política policial que los condujo a su desaparición total después de la firma de los Acuerdos de Paz y su consecuente reforma constitucional, en donde la seguridad pública estará a cargo de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista. En tal sentido la PNC surge la mayor esperanza de los anhelos que cada día que pasa vemos más distantes con las actitudes de inoperancia y violencia sistemática de los agentes policiales en su operatividad.

(20) Justicia Penal y Sociedad, Revista Guatemalteca de Ciencias Penales, año 111-5, agosto/95. Pág. 152.

2.2.1 GENESIS DE LA INVESTIGACION POLICIAL

Basados en entrevistas con elementos policiales (Agentes de diferentes unidades de la PNC e investigadores de la DIC y DAN) declaraciones en los diferentes medios de comunicación por parte del señor Ministro de Seguridad Pública Hugo Barrera (21) y por parte del Director de la P.N.C. Ing. Rodrigo Ávila (22) además de los elementos extraídos del análisis del informe del Grupo Conjunto para la Investigación de grupos armados Ilegales con motivación política en El Salvador, presentado ante el Gobierno de El Salvador, y ONUSAL, el 28 de julio de 1994, hemos encontrado diversos tipos de factores que dificultan o impiden el despliegue y fortalecimiento orgánico técnico de la PNC y por ende se dificulta el desarrollo de un sistema de investigación policía¡, estos diversos tipos de factores, consideramos que se desprenden del factor económico por un lado y el político por el otro, atendiendo las modalidades del delincuente

(21) Prensa Gráfica, sept. 25195. Pág. 6-A y 7-A.
(22) Entrevista Noticiero “Al Día” Canal 12, Agosto 9/95.

adoptadas en la actualidad y el logrado de impunidad con el que se actúa, aunado a lo anterior tenemos el elemento militarista que se dislumbra al anterior de la PNC por el alto grado de ingerencia del Ministerio de Seguridad Pública que reclama el Ing. Ávila en el canal 12 "Entrevista al di&" de fecha 21 de septiembre/95 cuando dice " ... en lo que son los aspectos operativos nosotros estamos platicando y discutiendo cuales son las funciones del personal del Ministerio de Seguridad Pública y cuáles son las funciones del personal policial...". Esto responde el Ing. Ávila a una pregunta del presentador del programa sobre las actividades del Capitán Bolazos y cuatro oficiales más ex-miembros del Batallón Antidelincuencial, según palabras del presentador de televisión, han sido vistos realizando actividades de investigación (allanamientos, decomisos y capturas) junto a elementos investigadores de la PNC, con armas, uniformes y vehículos de esta Institución.

Estos elementos refuerzan la tesis de que la PNC en el accionar de los acontecimientos de los días 11, 12 y 13 del corriente mes, donde haciendo usos desmedido de la fuerza reprimieron a trabajadores de ANTEL en la Central Centro y trabajadores del Seguro Social ISSS en la Unidad Atlacatl fueron sometidos violentamente con gases, y garrotes al estilo de los antiguos cuerpos de seguridad militares, esta actitud contrapuesta y despreciativa de las recomendaciones contenidas en el informe del Grupo Conjunto para la, Investigación de grupos Armados Ilegales con Motivación Política, que en una de sus partes del anexo 6 página 90 dice: "Existen en el país, profusos antecedentes de organizaciones criminales de carácter clandestino y con vínculos con el poder político, económico y militar, que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, las cuales han sido quedado impunes.

En conclusión, creemos valedero dejar planteado que la Fuerza Armada en la práctica sigue vinculada después del conflicto con la función de seguridad pública y que la función policial está a disposición de los policías, o lo aplican con rigor o boicotean su aplicación.

3.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Sobre el origen de los derechos humanos, se han planteado diversas teorías, así por ejemplo según Jacques Maritain, quien hace referencia de una investigación (encuesta) efectuada en 1947 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para conocer las opiniones de numerosos pensadores de diferentes partes del mundo en torno a la idea de los derechos del hombre, en términos de su propia cultura, puso de manifiesto que el concepto de derechos humanos, no solo fue un patrimonio exclusivo de la antigua Grecia, y del Cristianismo después, sino también de la Religión y la Cultura Budista (500 A.C.) y el pensamiento de Mahoma (fundador del Islamismo 570-632 D.C.) quienes mostraron también su profunda preocupación por el ser humano.

Para Carlos García Baver, los antecedentes históricos de los Derechos Humanos, son todavía más remotos y cita como testimonio de ello entre otros el Código de Hamurabí que es una recopilación de leyes dadas al pueblo por Hammurabí) Rey de Babilonia, los Diez Mandamientos de la Ley de Dios, las cuales fueron entregadas a Moisés) (1300 A.C. ) y el Código de Manú (que es una recopilación de la India. la cual específica los derechos y obligaciones para los diferentes costos en dicho país 100 A.C.).

Se ha determinado que los precedentes más lejanos en la edad antigua sobre los derechos humanos los encontramos en el Código de Hammurabí que está integrado por un total de 285 textos, los cuales contemplan regulaciones referentes a los derechos personales, al derecho pena¡, etc. en el deuteronomio (uno de los cinco libros del pentateuco o grupo de libros del Antiguo Testamento de la Biblia que Dios entregó a Moisés en el monte de Sinaí) el cual contiene los Diez Mandamientos y otros aspectos normativos que se refieren a la administración de justicia, a la igualdad, humanidad, moderación y aplicación de las penas.

En el libro de las leyes de Manú compuesto de 2600 'SOLAKAS' o versículos que tratan de la forma de impartir justicia, de los delitos y las penas.

Como se puede observar, de esta manera es posible percibir una primera preocupación por la persona humana, en el contexto de un derecho que pretende su fijación y duración por escrito. Por otra parte es de hacer notar que la Idea de la dignidad de la persona, de su libertad e individualidad (su precedente en la Grecia antigua 500 A.C.) especialmente con Sócrates y Aristóteles con quienes comienza a perfilar por primera vez el fundamento de los derechos humanos, al considerar, el primero que existe una intima relación entre el Individuo y la totalidad del mundo que los rodea, o sea con la naturaleza misma destacándose dentro de ésta la sociedad humana y no una separación aislada entre ambas.

Para Aristóteles el hombre es un animal político, identificando de esta, manera, al ser humano con todos los miembros de la ciudadanía. aunque la idea de los derechos humanos, resultó ser un fracaso con la concepción del Estado absolutista, así tenemos que Platón considera en su primer proyecto del Estado ideal que los filósofos son la clases más destacada para dirigir el Estado, quienes pueden dejarse guiar por su propio juicio sin sujetarse a las instrucciones establecidas en las leyes, observándose en Grecia la existencia de un gobierno antidemocrático, por lo que para los filósofos griegos (Sócrates, Platón y Aristóteles) el súbdito carecía de derechos para interponer demandas contra el Estado, es por ello que la concepción de la democracia griega demostró ser lo contrario (utopía) al contrastar con la realidad de los poderosos gobernantes. Pero no es sino con el cristianismo en período patriótico del derecho natural, que nace el verdadero valor de la persona, ya que exaltó desde sus primeros momentos el sentimiento de la dignidad de la persona humana, fundado en el derecho natural, Y afirmaron que el hombre como parte de la naturaleza es portador de un conjunto de derechos que le son inherentes en cuanto tal. Esta teoría auténtica del derecho natural, ya que posteriormente se va hacer modificada (edad media) al darle un sentido racionalista.

Tal como se ha expresado, es notable el reconocimiento de la dignidad humana desde la filosofía griega, pasando por los romanos, hasta el surgimiento del cristianismo que le dio su verdadera significación, en base a un derecho natural, en el cual el hombre como parte de naturaleza posee atributos que le son propios en virtud de su misma esencia. Sin embargo lamentablemente estas cualidades de la historia filosófica, no coinciden con las de la historia política de los pueblos, así tenemos que los grandes imperios que registra la barbarie, Los pueblos antiguos no conocieron lo que significa la dignidad del ser humano, pues en esos tiempos impera el predominio de los fuertes sobre los débiles, de los libres sobre los esclavos, esta es la realidad que imperaba en la edad antigua.

3.1.1. LA DECLARACION DE VIRGINIA DEL 12 DE JUNIO DE 1776.

Fue aprobada por la Convención Williamburg. que se reunió desde el 6 de mayo hasta el 29 de junio, es redactada por George Mason, y se caracteriza por ser una Ley, en la que el Estado de Virginia reconoce solemnemente como base y fundamento del Gobierno, los derechos de las generaciones presentes y futuras, es así como en el articulo I se proclama: "Que todos los hombres son por naturaleza igualmente, libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos de los que, cuando entran en estado de sociedad, no pueden privar a su posteridad por ningún pacto, a saber: El goce a la vida y de la libertad, con los medios de adquirir y posee la propiedad y de buscar y obtener la felicidad y a la seguridad".

En los subsiguientes artículos se reconocen determinados Derechos del Imputado, entre ellos: Art 6. VII, “Que en todo proceso criminal, inclusive aquellos que se pide la pena capital el acusado tiene derecho a saber la causa y naturaleza de la acusación, a ser careado con sus acusadores y testigos, a pedir pruebas a su favor y a ser de su vecindad, sin cuyo consentimiento unánime no opondrá considerarse culpable, tampoco puede obligársele a testificar contra si mismo: que nadie sea privado de su libertad, salvo por mandato de la Ley del país o por juicio de sus iguales. Principio de Legalidad: Art. X "Que los autos judiciales generales en los que se mande a un funcionario o alguacil el registro de hogares sospechosos, sin pruebas de un hecho cometido, a la detención de una persona sin identificarla por su nombre, o cuyo delito no se especifique claramente y no se demuestre con pruebas son crueles y opresores y no deben ser concebidos". El derecho a libertad de religión, Art. XVI "Que la religión, o los deberes que tenemos con nuestro creador y la manera de cumplirlos, solo pueden regirse por la razón y la convicción, no por la fuerza y la violencia, en consecuencia todos los hombres tienen igual derecho al libre ejercicio de la religión de acuerdo con el dictamen de su conciencia".

3.1.2. DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y EL CIUDADAMO DEL 26 DE AGOSTO DE 1789.

Surge a raíz de los abusos y arbitrariedades del régimen político de esa época (monarquía absoluta), el cual ejercía un poder sin límites, decretaba leyes, manejaba las relaciones exteriores, controlaba las finanzas v restringía la libertad de palabra y de prensa. En el aspecto social, el pueblo francés estaba dividido en clases, la clase dominante integrada por el clero y la nobleza, la clase dominada compuesta por el resto de la población, distinguiéndose la Burguesía, trabajadores urbanos y del campo.

A consecuencia de tanta injusticia, la revolución se venía gestando desde 1787, y quienes contribuyeron con sus ideas fueron los filósofos, psicólogos y juristas entre ellos Voltaire, Diderot, Montesquieu, que propugnaban por un cambio de régimen político.

El 26 de agosto, la Asamblea Nacional reunida en Versalles promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, este catálogo de 17 artículos fueron prohijados de las Leyes Americanas (Declaración de Virginia) con algunas adiciones no muy significativas, lógicamente la Declaración Francesa no es una copia fiel de la Americana, pues las circunstancias políticas y sociales de Francia en 1789 eran totalmente diversas a los Estados del Norte de América de 1776, esta Declaración tuvo una gran connotación por su contenido filosófico, la cual se diferencia de la Declaración de Virginia, cuya fuente está en las reclamaciones de índole religioso. La importancia de la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano, es la de haber servido de modelo para todos aquellos países de Europa que aún se encuentran sujetos a regímenes absolutistas, además parte de sus principios fueron incorporados en las constituciones de los Estados tanto de Europa como de América.

3.2. RELACION ENTRE LAS NORNAS INTERNACIONALES Y EL DERECHO INTERNO DE LOS ESTADOS.

Dada la amplitud normativa alcanzada por el Derecho Internacional de los derechos humanos y la universalidad de sus principios, esta fuera de duda la influencia y estrecha relación existente entre esta rama del derecho internacional y el derecho nacional de los Estados, lo que usualmente las constituciones denominan como derechos fundamentales, que son las mismas normas que los derechos humanos incorporados en el ordenamiento jurídico internacional y que son las declaraciones y los pactos, pero fundamentalmente los primeros, comenzando por la de Virginia y la francesa de 1789 las que han servido de inspiración para que el derecho nacional trate extensamente de los derechos fundamentales y de sus respectivas garantías, constituyendo ambas cosas el ámbito jurídico internacional de los derechos humanos.

En los antecedentes históricos las normas de derechos humanos aparecen a consecuencia de procesos nacionales que cristalizan en la constitucionalización de preceptos básicos hoy en día, luego de la segunda guerra mundial, es la. comunidad internacional la que mayor riqueza de contenido e innovación ha legislado en materia de derechos humanos, ejerciéndose tina influencia decisiva sobre el Derechos Internacional de los Estados, cuyo punto de partida es la Constitucionalización de los derechos humanos y su punto final es la internacionalización y universalización de la protección de los mismos. Es por ello que el Derecho Internacional de los derechos deriva en sus orígenes de los derechos nacionales, siendo por tanto fuertemente condicionado en sus primeras manifestaciones por las ideologías, pero en la medida en que se ha ido desarrollando se ha confirmado como un derecho dinámico, evolutivo y progresivo. Su objetivo es por tanto unificar y universalizar las normas de derechos humanos, siendo imprescindible mantener un equilibrio entre las distintas ideologías en presencia, de manera que las normas internacionales que se elaboren puedan gozar de una aceptación universal.

Los instrumentos son obligatorios para los Estados que voluntariamente los han ratificado o adherido, salvo en aquellas partes en que han hecho reserva expresa que no sea incompatible con el objetivo del tratado. Pudiendo ser invocados estos derechos en su conjunto ya que frente a una violación de derechos humanos el individuo acude a los tribunales de justicia, estos aplicarán normalmente el derecho interno protectivo de los derechos humanos, pero en ausencia o deficiencia de su formulación, el Juez está habilitado para recurrir a las normas de derecho internacional que contempla genéricamente el tipo legal. Pero además existe para los países que la han aceptado la jurisdicción de la Interamericana, la misma que es cuando se ha agotado las vidas internas.

Las reglas que aplica la Corte son siempre provenientes de los tratados y convenciones internacionales.

Más allá del carácter obligatorio de las normas del derecho internacional de los derechos humanos, por las distintas vías expuestas anteriormente, cada estado tiene sus propios mecanismos de incorporación y trato que le da en su legislación interna a las normas internacionales. Como se sabe, sobre este punto existe antigua discusión teórica sobre el DUALISMO Y EL MONISMO, en cuanto al valor del derecho internacional y el derecho interno son dos sistemas de derecho iguales, independientes y separados, que no se confunden jamás; por tanto un trato internacional no crea derecho interno sino que constituye un pacto específico de naturaleza y consecuencias jurídicas en simismo. La teoría dualista está hoy superada y es en todo caso inaplicable al derecho interno, al cual influyen, asumiendo además los Estados obligaciones especificas de cumplimiento y adaptación.

Para los MONISTAS, la separación radical entre la norma internacional y la interna no existe; su planteamiento señala más bien que una. y otra se interrelacionan, constituyendo elementos distinguibles en su origen y formulación, pero configurando un ordenamiento jurídico único. Dentro de este mismo marco de interpretación se suele aceptar la primacía de la norma internacional. Por lo que nos parece que su marco conceptual es aplicable a la relación existente entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno de los Estados.

3.3. LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE ES PARTE EL SALVADOR.

El tema se circunscribirá exclusivamente a los tratados internacionales que El Salvador ha suscrito, en su condición de país miembro de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.

De acuerdo al Art. 144 de la Constitución de la República dice los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros Estados o con organismos internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado.

Por lo que con el Art. citado podemos observar que nuestra Constitución se adhiere a la teoría modista, en el sentido que tiende a unificar el derecho nacional con el derecho internacional del cual es parte, ya que según el análisis del artículo en mención:

a) Los tratados internacionales constituyen leyes de la República, siendo por tanto de cumplimiento obligatorio.

b) Ninguna ley ordinaria tiene capacidad para modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente. Es decir, El Salvador puede renunciar un tratado del que es parte y retirarse de él, pero no puede modificarlo ni exonerarse de su cumplimiento por expresión de voluntad unilateral.

c) En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado. Este concepto expresa con toda claridad que la jerarquía de las leyes corre en favor de los tratados internacionales.

3.3.1. TRATADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS VIGENTES EN EL SALVADOR.

1. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aún cuando en este caso no ha sido suscrito el Protocolo Adicional, que como se debe es de la mayor importancia, por cuanto en el los Estados parte reconocen la competencia del Comité de Derechos Humanos establecidos en la parte IV del Pacto, que es el organismo encargado de recibir y considerar comunicaciones de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de ese Estado y que aleguen ser víctimas de una violación por parte del Estado suscriptor, de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. Es de elemental consecuencia que los países que han suscrito el Pacto lo hagan también con el Protocolo, porque es a través de éste que la protección establecida en el Pacto adquiere eficacia jurídica. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo al Art. 1 del Protocolo “El Comité no recibirá ninguna comunicación que concierna a un Estado parte en el Pacto que no sea parte en el presente Protocolo". El Salvador, ha firmado el Protocolo, pero no la ha ratificado.

2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado en 23 de noviembre de 1979.

3. Convención Internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial, ratificada el 23 de noviembre de 1979.

4. Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación, ratificada el 9 de octubre de 1958.

5. Convención Internacional contra la toma de rehenes, ratificada por la Junta Revolucionaría de Gobierno, por decreto No. 467.

6. Convención sobre el estatuto de refugiados, ratificada por la Asamblea Constitucional el 22 de febrero de 1823.

7. Protocolo sobre el Estatuto de los refugiados, ratificada el 2 de febrero de 1963.

8. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada el 2 de Junio de 1981.

9. Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexas, cuando estos tengan trascendencia internacional, ratificada el 17 de agosto de 1972.

10. Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, ratificada el 27 de mayo de 1980.

11. Convención Internacional para la supresión y castigo del crimen del apartheid, ratificada el 30 de noviembre de 1979.

12. Convención sobre la prevención y castigo del crimen del genocidio, ratifica el 28 de septiembre de 1950.

13. Convención sobre los derechos del niño, ratificada en enero de 1990.

14. Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles inhumanas y degradantes, ratificada el 19 de octubre de 1993.

3.3.2. EL AMBITO AMERICANO, EL SALVADOR FORMA PARTE DE LOS SIGUIENTES TRATADOS.

1. Convención sobre el asilo territorial, ratificada el 12 de agosto de 1954.

2. Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos civiles a la mujer, ratificada el 17 de enero de 1951.

3. Convención Internacional sobre la concesión de los derechos políticos a la mujer, ratificada el 17 de enero de 1951.

4. Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada el 23 de junio de 1978. Sin embargo al firmar esta Convención El Salvador, no aceptó la competencia de la Corte. En este caso la reserva formulada por El Salvador al ratificar la. Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada "Pacto de San José de Costa Rica". Significa que expresamente este país, al no reconocer la competencia de la Corte, no acepta la Jurisdicción supranacional.

Por tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no podría admitir denuncias referentes a violaciones de derechos humanos presentadas por personas salvadoreñas.

En todo caso si las denuncias las procesase la Comisión, serían improcedentes, en el sentido de que no podría conocer.

Por acuerdo Legislativo No. 173 del 10 de diciembre de 1952, El Salvador ratificó los cuatro convenios de Ginebra de 1949, referentes a todos los aspectos que cubre el derecho internacional humanitario.

Ratificando también convenios referentes a la protección de las víctimas en los conflictos armados internacionales y el respectivo protocolo adicional, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados, sin carácter internacional o conflictos armados internos, ratificados por decreto legislativo No. 12 del 4 de julio de 1878.

3.3.3. NORNAS INTERNACIONALES REFERENTES A LA ACTUACION POLICIAL.

1. Convención contra la tortura y otros malos o penas crueles inhumanos o degradantes.

2. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

3. Declaración sobre principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder.

4. Reglas para la protección de los menores privados de libertad.

5. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego.

6. Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

PRINCIPALES LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES A LA ACTUACION POLICIAL.

7. Constitución de la República.

8. Ley Orgánica, de la Policía Nacional Civil.

9. Código Procesal Penal.

10. Ley de Control de Armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares.

11. Ley de Procedimientos Especiales sobre Accidentes de Tránsito.

12. Reglamento disciplinario de la P.N.C.

3.4. EL ESTADO Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Entre los fines del Estado están la defensa de la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, por lo que el Estado existe para garantizar la vida humana. La legislación interna establece a nivel constitucional los llamados derechos fundamentales, que están formados de un lado por los llamados derechos individuales, y del otro, por los derechos sociales y económicos. Estos derechos están protegidos por las garantías tales como el Habeas Corpus, que resguarda la libertad individual, y el amparo.

Ninguna autoridad puede por ejemplo ejercer su cargo para detener arbitrariamente una persona, o para retenerla indebidamente, en caso de una pesquisa, más allá del plazo legalmente establecido. Si la autoridad se excede, queda expedida la vía para presentar una acción de habeas corpus, en la que el demandado es el Estado.

Esta situación de protección se aplica a todos los campos, para evitar el abuso de la autoridad. Ya que el derecho interno lo que hace es proteger a la persona e imponer obligaciones al Estado, por lo que las autoridades que actúen en su nombre no pueden desarrollar atribuciones que la ley no les reconoce o aparta.rse de ella para violar los derechos de las personas.

Aunque la información acumulada demuestra que la violación a los derechos humanos utilizando métodos tales como la tortura, secuestro, desaparición de personas, la intimidación el chantaje, el asesinato, y demás formas delictivas de afectar la vida de la persona, humana, su libertad, integridad o su dignidad, ha prevenido usualmente de autoridades y funcionarios estatales.

3.5. LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL SALVADOR.

La tercera fuente que sirve para la comprensión global de la aplicación y funcionamiento de las normas de derechos humanos en El Salvador, es la de los ACUERDOS DE PAZ, suscritos por las dos partes en conflicto interno que en la década de los ochenta afecto a El Salvador, el Gobierno de El Salvador por un lado y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, por otro. Siendo que los compromisos y obligaciones de naturaleza jurídica contenidos en tales acuerdos, son derecho interno.

Concluyendo satisfactoriamente las negociaciones el 31 de diciembre de 1991 (Acta de New York y finalmente en México, el 16 de enero de 1992, en los Acuerdos de Paz de Chapultepec, siendo elemento espaciador y elemento actuante dentro del mismo proceso de paz, las Naciones Unidas, que como se sabe creó ONUSAL como una misión integrada para supervisar los acuerdos políticos celebrados entre el FMLN y el Gobierno de El Salvador. Los acuerdos que se fueron logrando contuvieron disposiciones expresas para una mejora substantiva de los Derechos Humanos. Los Acuerdos de Paz suscritos el 26 de julio de 1990, tienen como materia el respeto y garantía de los derechos humanos y la verificación internacional.

Encontrándonos con una concepción de la paz en la que las obligaciones internacionales adquiridas por las dos partes en el conflicto, suscriben un compromiso, cuya salvaguardar consistirá en la, presencia de una misión de verificación de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Este acuerdo de San José establece disposiciones para proteger la vida, la integridad, la seguridad, y la libertad de las personas, dispone medidas para erradicar toda práctica de desapariciones y secuestros. Ordena que nadie puede ser sujeto de captura por el legítimo ejercicio de sus derechos políticos. Prohíbe la tortura, dispone el más amplio respaldo a la efectividad de los Recursos de Amparo y de Habeas Corpus, en fin reconoce la necesidad de garantizar la efectividad de los derechos laborales.

Los Acuerdos de México, del 27 de abril de 1991 se refirieron a la creación de la PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, que tendrá como misión esencial la de promover los derechos humanos y velar porque sean respetados. Por los que los Acuerdos de Paz, en referencia desarrollaron otros aspectos relativos a la seguridad de las personas, la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, el funcionamiento de este cuerpo y de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos y referente a esta Institución se hicieron las precisiones siguientes:

El procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos, será designado dentro de los noventa dias siguientes a la entrada en vigencia de la Reforma Constitucional emanada de los Acuerdos de Paz.

b) Se encarga a COPAZ la preparación del anteproyecto de ley organiza de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos.

c) El anteproyecto establecerá medidas apropiadas para hacer efectivo el firme compromiso asumido por las partes en el curso de las negociaciones de identificar y de erradicar cualesquiera grupos que practiquen sistemáticas violaciones de los derechos humanos, especialmente la detención arbitraria, los secuestros y el ajustamiento, así como otras formas de atentados contra la libertad, la integridad y la seguridad de la persona, lo que incluye el compromiso de identificar y en su caso, suprimir y desmantelar toda cárcel o lugar de detención clandestina. En todo caso, las partes están de acuerdo en dar máxima prioridad a la investigación de casos de esta naturaleza, bajo verificación de ONUSAL.

Por lo que la Reforma de 1992, creó en el Art. 191, la Institución del Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos, y el Art. 192 la forma en que éste será elegido, el Art. 194, estableció las funciones del Procurador, vinculadas todas ellas a la protección de los derechos humanos, dicho cargo ha sido ya provisto y la PPDH, se ha constituido, siendo la actual Procuradora la Doctora Marina Victoria Vásquez de Avilés, por lo que tiene una encomendada y delicada misión de darle realidad y la vigencia a los derechos humanos en El Salvador.

3.6. DEFINICION DEL PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Surge históricamente en El Salvador en el contexto del proceso de pacificación e instauración de una democracia abierta a la participación, el Estado de Derecho y la promoción del ser humano para lo cual era necesaria la creación de una entidad dotada de amplias atribuciones, destinada a la defensa de los derechos humanos, pilar fundamental del nuevo Estado que pretende alcanzar.

Los orígenes de esta institución, se remontan a Escandinavia, específicamente a Suecia, país en el que se recoge en la Constitución de 1809 la idea básica del Monofilax griego (protección de norma jurídica objetiva).

De allí se esparce a los otros países escandinavos, para luego ser incorporada a las legislaciones europeas, siendo en Portugal el país que la exporta a América en el siglo XX.

Originalmente se le denomina OMBUDSMAN, término que literalmente significa "hombre que da trámite". A pesar que universalmente se le reconoce con esta expresión sueca, la Institución recibe diversas denominaciones en los distintos países donde es incorporada, conociéndosele como Comisionado para las Quejas del Público, Mediateur, Defensor del Pueblo, y en el caso de El Salvador, Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos.

El Procurador en mención, constituye uno de los frenos y contrapesos a que se refiere la doctrina clásica de los tres poderes, siendo en esencia una Institución destinada a conseguir que el Estado se somete de hecho a la norma Jurídica, supervisando la administración pública y defendiendo los derechos subjetivos públicos y los intereses públicos legítimos (control de legalidad).

Es importante aclarar que cuando se habla de control la Administración, no solamente se refiere a la administración propiamente dicha, sino también a los órganos que la ejercen, incluyendo a la "Administración de Justicia".

En ese sentido, es responsabilidad del Procurador vigilar la observancia de la ley por parte de los funcionarios del gobierno, los servidores civiles y los Jueces, y el solicitar la aplicación del debido procedimiento legal contra quienes actúen ilegalmente o incumplen sus deberes, Inclusive su destitución 0 la imposición de cualquier otra sanción prevista en las leyes y reglamentos (Art. 30 numeral 3 del decreto 183). En otras palabras, el Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos, debe tratar de evitar el abuso de facultades por parte de las autoridades y solicitar la sanción legal de los infractores, y en esa forma ser un protector de la seguridad de los ciudadanos bajo las leyes.

3.6.1. FACULTADES CONSTITUCIONALES

El Art. 194 de la, Constitución de la República de El Salvador, establece el mandato conferido al PPDH, el que puede resumirse en lo dispuesto por el ordinal primero de dicha norma; VELAR POR EL RESPETO Y LA GARANTIA A LOS DERECHOS HUMANOS. Para el efectivo cumplimiento de esa función, la ley le asigna un conjunto de instrumentos desarrollados en los otros 13 ordinales, así como el Decreto 183 o Ley de la PPDH, se refiere a la figura institucional y por ende, tales funciones no necesariamente deben ser ejercidas por el Procurador personalmente, sino que pueden ser delegados permanentes en otros funcionarios (Art. 194.1).

Para determinar el ámbito normativo de derechos humanos, debe considerarse lo dispuesto en la Constitución sobre los derechos y garantías fundamentales de la persona (Títulos I y II), así como lo establecido en la legislación secundaria, la que regula las acciones de garantía, las sanciones para violaciones a los derechos humanos y el marco que regirá la organización y actuación de las instituciones y funcionarios públicos que tienen a su cargo la, protección y defensa de los Derechos Humanos. Desde esa perspectiva el Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos, es una Institución de Tutela de los derechos ciudadanos, con un lugar especifico en la estructura del Estado salvadoreño, por lo que goza de autonomía funcional e independencia frente al gobierno (solo depende de la Ley).

3.6.2 FACULTAD DE INVESTIGAR

Enterado de la existencia de una presunta violación a los Derechos Humanos, ya sea por denuncia presentada a la Procuraduría por cualquier persona, (Art. 24 del Decreto 183) o de oficio, el Procurador, verificados los requisitos de admisibilidad (Art. 25 del Decreto 183) dará inicio a la investigación, solicitando de inmediato que el presunto responsable de la infracción le presente un informe detallado sobre la forma como ocurrieron los hechos y las medidas adoptadas al respecto (Art. 27 del Decreto 183), el mismo que puede ser ampliado a su pedido. Además puede entrevistarse con quien estime conveniente, realizar Inspecciones, solicitar la entrega o exhibición de documentos, citar personas bajo apercibimiento, y realizar cualquier diligencia que contribuya al esclarecimiento de los hechos (Art. 34 del Decreto 183). Para la investigación, el Procurador está investido de una autoridad que le permite aplicar ciertos apremios, como es el plazo de respuesta a su requerimiento de 72 horas, bajo apercibimiento de presumirse ciertas las afirmaciones del denunciante sólo para efectos de proseguir la investigación (Art. 269 del Decreto 183) y denuncia inmediata ante el Fiscal General de la República de toda persona que impida u obstaculice su labor de investigación (Art. 46 del Decreto 183).

Si otra autoridad está investigando un hecho denunciad, ésta tendrá acceso a toda la información pertinente (Art. 37 del Decreto 183). Además puede recurrir a la Fiscalía General de la República, a los Tribunales, a la Procuraduría General de la República y a cualquier otra dependencia del Estado a fin de que sin perjuicio de la investigación realizada en la PPDH, estas instituciones inicien las investigaciones y procuren las soluciones necesarias (Art. 37 del Decreto 183). Ocho días después de presentada la denuncia, el Procurador, sobre la base de las evidencias reunidas durante el proceso de investigación, deberá emitir una resolución, la misma que puede disponer (Art. 29):

a) Que se archive el expediente de la denuncia por no existir elementos suficientes para presumir la existencia de una violación de derechos humanos, sin perjuicio de que sea reabierto si posteriormente hubiesen nuevos elementos sobre el caso.

b) Si existen los elementos suficientes para comprobar una violación a los derechos humanos, expondrá los hechos. sus conclusiones, además de las medidas y recomendaciones mencionadas en el Art. 30 del Decreto 183. Esta resolución será comunicada inmediatamente al denunciante, al responsable 0 al funcionario 0 dependencia administrativa correspondiente asi como a los demás interesados en el caso.

3.6.3. ENTRE LAS PRINCIPALES PRERROGATIVAS SE DESTACAN LAS SIGUIENTES;

I. El Procurador tiene libre acceso, sin necesidad de previo aviso, a las cárceles, y a cualquier lugar donde presuma se halle detenida una persona. En caso de lugares privados solicitar autorización de un juez de primera instancia competente en materia penal.

II. El Procurador o sus delegados pueden llevar a cabo entrevistas con los detenidos, sea por correspondencia, telegrama, teléfono o por cualquier otro medio, se hará libre de intervención y censura. Además la propia Constitución establece que el Procurador será notificado de todo arresto, encargándole la tarea de evitar que los trámites legales de la detención administrativa sean excedidos (el Art. 13 de la Constitución establece un plazo máximo de 72 horas), siendo de su responsabilidad el velar porque no se produzcan detenciones arbitrarias o ¡legales en el país. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Procurador debe llevar un registro centralizado de personas privadas de su libertad y de los centros autorizados de detención (Art. 12 de la ley y 11 del reglamento). Por lo que como se señaló anteriormente el Procurador está facultado para realizar inspecciones, cuando y donde lo estime necesario, sin necesidad de previo aviso (Art. 34 y 40 de la ley y 56 y 58 del reglamento), por lo que tales inspecciones pueden tener carácter preventivo o correctivo (poner término a una violación, detectar prácticas sistemáticas, etc.) Por lo que las autoridades están obligadas a brindarle las facilidades del caso para las inspecciones, de no hacerlo pueden incurrir en responsabilidad penal, en la medida que la labor preventiva o correctiva de violaciones a los derechos humanos lo exijan.

3.7. FORMULACION DE CONCLUSIONFS Y RECOMENDACIONES

Como consecuencia de las investigaciones que practica el Procurador, y de la elaboración de los informes a que se refieren los Art. 30 de la Ley y 52 del reglamento, se desprende esta facultad de formular conclusiones y recomendaciones públicas o privadamente a fin de mejorar la situación de los derechos humanos. La publicidad de estas recomendaciones o conclusiones dependerá de la naturaleza de los hechos (casos graves de violaciones sistemáticas de los derechos humanos) y de su difusión que deberá ser evaluada por el Procurador.

En caso de no darle cumplimiento en un plazo prudencial a las conclusiones o recomendaciones, o no se le informe de las razones para no adoptarlas, el Procurador está facultado para sancionar al responsable del incumplimiento con la emisión de CENSURA PUBLICA, comunicando a la máxima autoridad de la entidad involucrada, los antecedentes del caso y las recomendaciones sugeridas (Art. 32 del Decreto 183).

La PPDH, para iniciar una investigación de la presunta violación a un derecho humano, cuenta para ello con una tipología, para la calificación de los hechos violatorios, la cual es la, siguiente:

1. DERECHO A LA VIDA

HECHOS VIOLATORIOS

1.1 MUERTE ARBITRARIA

1.1.1. Consuma

1.1.2. Fallida

1.2 AMENAZAS DE MUERTE

1.3 DESAPACIONES FORZADAS 0 INVOLUNTARIAS

2. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL

HECHOS VIOLATORIOS,

2.1 TORTURA

2.2 TRATOS 0 PENAS CRUELES, INHUMANAS 0 DEGRADANTES

2.3 MALOS TRATOS

2.4 USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA

2.5 TRATO INHUMANO A LOS DETENIDOS

3. DERECHO A LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD PERSONAL

3.1 DERECHO A LA SEGURIDAD

HECHOS VIOLATORIOS

3.1.1 Coacción o Intimidación

3.1.2 Allanamiento de Morada

3.2 DERECHO A LA PRIVACIDAD

HECHOS VIOLATORIOS

3.2.1. Intervenciones telefónicas, cablegráficos o de correspondencia.

3.2.2. Indagaciones policiales injustificadas

3.2.3. Registros ¡legales de información.

4. DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL

HECHOS VIOLATORIOS

4.1 DETENCION ARBITRARIA

4.2 DETENCION POR FALTA DE POLICIA

4.3 DETENCION ILEGAL

4.4 RECLUTAMIENTO ARBITRARIO

5. DERECHO A LA LIBERTAD DE TRANSITO

HECHOS VIOLATORIOS

5.1 RESTRICCIONES A LA LIBRE CIRCULACION

5.2 RESTRICCIONES ARBITRARIAS PARA ENTRAR, PERMANECER 0 SALIR DEL TERRITORIO.

6. DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION

HECHOS VIOLATORIOS

6.1 RESTRICCIONES A LA LIBRE DIFUSION DE LA IDEAS

6.2 CENSURA DE PRENSA

6.3 RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE INVESTIGACION

6.4 RESTRICCIONES A MANIFESTARSE PUBLICAMENTE

6.5 NEGACION 0 RESTRICCIONES AL DERECHO DE RESPUESTA

7. DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACION Y REUNION

HECHOS VIOLATORIOS

7.1. RESTRICCIONES AL DERECHO DE ASOCIARSE LIBREMENTE

7.2. RESTRICCIONES AL DERECHO DE REUNION

8. DERECHO A DOCUMENTACION PERSONAL

HECHOS VIOLATORIOS

6.1. RESTRICCIONES PARA LA OBTENCION DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERSONAL.

8.2. RESTRICCIONES PARA LA OBTENCION DE DOCUMENTOS DE ESTADO CIVIL.

8.3. DESPOJO 0 RETENCION DE DOCUMENTOS.

9. DERECHOS POLITICOS

HECHOS VIOLATORIOS

9.1. IMPEDIMENTO 0 RESTRICCION DE PARTICIPAR EN LA DIRECCION DE LOS ASUNTOS POLITICOS.

9.2. IMPEDIMENTO 0 RESTRICCION DE VOTAR Y SER ELIGIDO POR VOTO SECRETO.

9.3. IMPEDIMENTO 0 RESTRICCIONES PARA ACCEDER EN CONDICIONES DE IGUALDAD A LAS FUNCIONES PUBLICA.

9.4. IMPEDIMENTO 0 RESTRICCION AL LIBRE EJERCICIO DEL SUFRAGIO.

10. DERECHO AL DEBIDO PROCESO

HECHOS VIOLATORIOS

10.1. VIOLACION DE LAS GARANTIAS PROCE55ALES

10.1.1. Violación del derecho de audiencia y defensa

10.1.2. Violación del derecho a ser llevado sin demora ante el Juez competente.

10.1.3. Violación del derecho a ser juzgado por un Juez competente e imparcial.

10.1.4. Violación del derecho al recurso de la instancia.

10.1.5. Violación a los principios de legalidad e irretroactividad.

10.2. DERECHO A LA JUSTICIA INDEPENDIENTE, PRONTA Y DEBIDA.

10.211.1. Denegación de justicia ordinaria.

10.2.2. Denegación de justicia constitucional (habeas corpus, amparo y recursos de inconstitucionalidad).

10.2.3. Retarda.ci6n de justicia.

11. DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES

11.1. DERECHO A LA SALUD

HECHOS VIOLATORIOS

11.1.1. Denegación ilícita de los servicios de salud.

11.1.2. Negligencia médica.

11.2. DERECHO AL TRABAJO

HECHOS VIOLATORIOS

11.2.1. Despidos ilegales.

11.2.2. Afectación ilegal de los derechos laborales reconocidos por la ley.

11.2.3. Afectación de los derechos sindicales.

11.3. DERECHO A LA EDUCACION

HECHOS VIOLATORIOS

11.3.1. Discriminación educacional.

11.3.2. Denegación del derecho a la educación.

11.4. DERECHO A LA PROPIEDAD.

HECHOS VIOLATORIOS.

11.4.1. Confiscación o apropiación ilícita.

11.4.2. Restricción ilegal 0 arbitraria al ejercicio del derecho a la propiedad.

11.5. DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES NO

EXIGIBLES INDIVIDUALMENTE.

ESTOS DERECHOS SE PROTEGERAN A TRAVES DE UN ENFOQUE

DE SITUACIONES.

12. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO

HECHOS VIOLATORIOS

12.1. AMENAZAS DE DETERIORO 0 DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURALES.

12.2. ALTERACION DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES QUE PUEDA AFECTAR LA SALUD 0 EL BIENESTAR. 3.8. FUNCION POLICIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS

Luego de cincuenta años de militarismo, política de seguridad nacional, guerra antisubversiva, o conflicto de baja intensidad, caracterizada por un clima de violaciones sistemanticas de los derechos humanos, ha comenzado a recorrer el camino de la transición hacia regímenes democráticos y a la consolidación, no sin dificultades del Estado de Derecho. En este nuevo escenario, en el que El Salvador ya no esta ante la práctica de violaciones sistemáticas, masivas e intencionales, resulta imprescindible atender a las formas en que las violaciones a los derechos humanos darse dentro del de un país en proceso de democratización así como los mecanismos de control que estos deben ofrecer para la prevención y corrección de las disfuncionalidades y extralimitaciones de poder verificadas. Con base a la interdependencia entre la democrática y los derechos humanos, es que debe hacerse referencia al papel que desempeñan los mecanismos de control de la seguridad pública y el orden público, ya que el goce de los derechos humanos, lejos de conllevar un deterioro del orden público, implica lo contrario, es decir la capacidad del Estado y la sociedad para mantener, utilizando los medios coercitivos que la ley establece, la seguridad ciudadana y el orden institucional y legal.

Sin embargo y a partir de la elaboración y aplicación práctica del concepto de verificación como procedimiento integral en materia de protección y promoción de los derechos humanos, se han ampliado cuantitativa y cualitativamente, las posibilidades de intervención de las instancias y no solo internacionales, sino incluso nacionales en este campo. Asimismo, en el plano operativo proporcionándose un mecanismo permanente, potencialmente eficaz para ser utilizado por instituciones de tutela tanto oficiales como no gubernamentales. Por lo que implica adicionar al clásico procedimiento de recepción de denuncias sobre casos concretos, investigación de las mismas y elaboración posterior de conclusiones, la posibilidad de influir en las políticas, de Estado con los derechos humanos, propiciando cambios institucionales sustantivos a partir de recomendaciones fundadas en el análisis técnico de las situaciones irregulares evaluadas, y avanzando en el diseño de opciones de cooperación técnica dirigidas a superarlas. En términos generales, es preciso reiterar la importancia de esta temática en el marco de las relaciones actuales entre poder y sociedad, dentro del cual adquiere particular relevancia la actuación de la Policía Nacional Civil, ya que ésta debe de estar permanentemente controlada, con el fin de asegurar que su ejercicio se desarrolle dentro de los límites fijados por el ordenamiento jurídico, haciendo mención a la normativa relativa a los derechos humanos.

Es así, como afecta en gran medida la falta de nombramiento del Inspector General de la Policía Nacional Civil, el cual según el Art. 8 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil , bajo la autoridad del Viceministro de Seguridad Pública funcionará la, Inspectoría. General de la policía la cual estará encargada de vigilar y controlar las actuaciones de los servicios operativos y de gestión de cuerpo así como lo referente a los derechos humanos.

El Inspector General será nombrado por el Ministerio de Seguridad Pública previa aprobación del fiscal General de la República y el Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos. El Inspector General informará al Viceministro de Seguridad Pública de las actividades que realiza de conformidad a la ley, quien transcribirá dicho informe con las recomendaciones al Director General.

El Inspector General rendirá al Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos, informe ordinario cada seis meses y de forma extraordinaria cada vez que se le solicite por dicho funcionario.

Según el criterio de la Procuradora. Para la Defensa de los Derechos Humanos, Doctora Marina Victoria Avilés, el Inspector General debe tener conocimiento y autoridad en materia de derechos humanos, así como autonomía de conciencia para poder ejercer las funciones controladoras y de investigación en torno a eventuales violaciones con responsabilidad de los Agentes de la Policía, en el ejercicio de sus funciones. La ley de creación de la PNC otorga al inspector General capacidad de controlar y vigilar las actuaciones de los servidores operativos y de gestión del cuerpo desde una perspectiva de derechos humanos, respecto a cuya actividad debe rendir informes semestrales a la PPDH, por lo que para la Procuradora, la aprobación del candidato para el Inspector General, se sustenta en la doctrina de Seguridad Pública que inspiró la creación de la PNC, en el sentido de constituir un cuerpo de Seguridad propio de un Estado de derecho.

3.8.1. LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL

La Policía en esta facultad conferida por la Constitución, detecta posibles infracciones penales, busca elementos de prueba, identifica y localiza a los presuntos autores de los hechos ilícitos. Pero para ello la Policía debe mostrar un despliegue territorial funcional adecuado a las necesidades del lugar donde cumple su servicio contando con medíos humanos idóneos al fin perseguido (número de efectivos, medios informáticos, elementos técnicos de investigación, unidades de transporte. comunicaciones, armamento, etc.), para que la policía tenga resultados satisfactorios al integrarse y al integrarse a. la actividad judicial, debe evaluarse que el cuerpo de seguridad observe estrictamente las normas penales procesales y materiales, relacionándose con otras instancias estatales con competencia en el área de la seguridad pública (Tribunales, Ministerio Público), conforme lo ordena la misma normativa al respecto. Por lo que al realizarse la verificación por parte del Procurador, este tendrá en cuenta el nivel de información y asesoría que reciben los efectivos policiales en materia legal, y los esfuerzos de las respectivas autoridades por fortalecer y consolidar del buen relacionamiento institucional entre jueces fiscales y policías. De no plasmarse en los hechos todos los extremos previamente señalados, la labor policial será en definitiva ineficaz, dañando considerablemente su imagen frente a la ciudadanía, que no verá materializarse los resultados del trabajo de la nueva policía.

En atención a la actividad investigadora de la Policía, esta debe apegarse a lo que dispone el Código Procesal Penal en cuanto al procedimiento y teniendo presente quien tiene la calidad de imputado ya que según el Art. 45, IMPUTADO, es toda persona natural mayor de dieciséis (hoy de dieciocho) años contra quien se ha iniciado proceso penal por atribuírsele haber cometido una infracción penal o haber participado en ella. Art. 45 inc. 1o. pr.pn.

También se considera imputado aquel que hubiera sido detenido por atribuírsele en un hecho delictivo y el que sin estar detenido, apareciese indicado en las investigaciones de los órganos auxiliares (PNC). Art. 45 inc. 2o.
El Estado en el principal garante y protector de los derechos humanos.

Sus órganos cumplen para ello distintas funciones que les prescribe la Constitución.

La Policía como autoridad de seguridad pública y órgano auxiliar de la administración de justicia, representa al Estado en el cumplimiento de Sus obligaciones constitucionales. Por lo que el Estado tiene el deber de prevenir las violaciones, investigarlas si ocurren y sancionar al responsable, por lo que debe tomar medidas para prevenir y castigar atentados criminales contra la vida, para ello promulga leyes y organiza la seguridad pública para que prevenga, investigue y reprima la delincuencia según lo prescribe la Ley.

Por lo que el Policía al realizar una investigación, debe hacerlo respetando los derechos y garantías de las personas y apagándose al estricto cumplimiento de los procedimientos previamente establecidos, en la ley respetando así, los derechos fundamentales de las personas. Por lo que la tarea del policía a veces exige hacer uso de la fuerza, en estos casos, el policía debe considerar que todo empleo de la fuerza y en casos extremos el del arma de fuego, puede poner en peligro bienes jurídicos tutelados por la Constitución de la República en su artículo 2, que dice lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a la vida., a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad (..) y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos", por lo que debe utilizar en la medida de lo posible, medíos no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza. La evaluación de la situación del policía es una de las tareas más difíciles en su intervención directa en un hecho delictivo, solo tiene segundos para valuar y decidir su acción.

Hay que prever la reacción de las personas a las cuales se enfrenta el policía, los medios con los que cuenta para resistir el peligro para otras personas, las condiciones del lugar, el medio ambiente en general, la relación de fuerza y objetivo a conseguir.

Por lo que la actuación de la policía cuando emplea la fuerza o el arma de fuego, tiene que estar acorde con los siguientes principios:

a) El cumplimiento del deber

b) El estado de necesidad (en defensa de terceras personas o ante un peligro real que pueda causar un daño mayor).

c) La legítima defensa.

La policía, al iniciar una investigación contra una persona, cuando esta no se encuentra detenida, por lo general es en forma secreta. pues el investigado, en la mayoría de los casos no se da cuenta que se le esta siguiendo contra él una investigación, sino hasta que se decreta la detención administrativa, por lo que en 1 mayoría de los casos. es hasta que la persona esta detenida que la PPDH tiene conocimiento de oficio, o por medio de denuncia, cuando se presume que al detenido se le ha violado algún derecho que el Código Procesal Penal le confiere al imputado o bien algún derecho plasmado en el derecho internacional. Así por ejemplo:

"El derecho a que se le haga saber al momento de la captura los hechos que se le imputan y se le permita llamar a un abogado para que lo asista", este derecho tiene gran transcendencia para el imputado en cuanto significa poner en su conocimiento los motivos y razones de su aprehensión.

Art. 12 inc. 2o. y 3o. de la Cn. Art. 9 numeral 2o. de 1. Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Art. 14 el mismo pacto. Art. 7 No.4 de la Convención Sobre Derechos Humanos, Art. 6 No.2 del Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra.

Acuerdo de San José, que en su primera sección. Así como también el " Derecho a que no se emplee contra él ningún método de coacción física o moral que vulnere en alguna forma su voluntad". Con este derecho se garantiza al imputado impedir la aplicación de todo procedimiento que lleve consigo la coacción. Protegido este derecho en la Constitución en el Art. 1 inc. 1o. v 27 inc. 2o. en el Código Procesal Penal en los Arts. 227 pn. Incapacidad Compulsiva, 428 pn. Actos Arbitrarios. y en el derecho internacional, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Art. 3 y 5, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Art. I, XXV inc. 3o.XXVI inc. 2o. parte final, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 7. 10 No. 1 y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Art. 5 No. 1 y 2, en el Protocolo II de 1977 Adicional a los Convenios de Ginebra, en el Art. 4 No.2 y en los Acuerdos de San José, Art. 2.

De esta misma -forma los Derechos y Garantías de las personas estas protegidas por el derecho interno y el derecho internacional, pudiendo ser invocados ambos.

3.9 FUNCION DE LA PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA INVESTIGACION POLICIAL.

Al realizar la PFTH una verificación del procedimiento de investigación de la policía, por que se presume la violación de un derecho humano violado, ya sea de oficio, o por cualquier persona, por lo que inmediatamente, interpuesta la denuncia dentro de las 24 horas posteriores, el Jefe de la Sección de denuncias y calificación, a través de la Sección de Control de Procedimientos remitirá el expediente respectivo al Colaborador o Auxiliara Jurídico que tramitará la investigación directamente a través del Jefe de la Sección de Investigaciones. con la finalidad de promover la investigación del caso, la Procuradora, solicitará inmediatamente al Jefe de Investigación de la Policía un informe detallado sobre los hechos, debiendo responder informando sobre ellos, dentro de la 72 horas. al recibir el jefe la respuesta de la Policía verá si es o no satisfactoria, de lo contrario podrá pedir ampliación, sino respondiese, se le comunicará que se tendrá como presunto responsable, que los hechos investigados se reputan como verdaderos, para efectos de la investigación, ya que el Jurídico, realiza una investigación de campo, así practicando inspección en el lugar de la captura, entrevistando personas que pudieron haber visto como sucedieron los hechos, solicitando reconocimientos médicos, si fuere necesario, o la práctica de alguna prueba técnica, entrevistando al imputado en el lugar de detención, de esa forma tener un resultacto veraz de como sucedieron los hechos. Al final de la investigación se elabora un dictamen jurídico en el que deberá constar un resumen de los hechos, los resultados de la investigación, y recomendaciones especificas en relación a lo siguiente:

a) promoción del cese inmediato de la violación.

b) pertinencia de interponer recursos judiciales o administrativos.

c) sugerencia de alguna sanción según la gravedad de Derecho Violado.

Pudiendo utilizar el recurso de CENSURA PUBLICA, como un medio para promover el cumplimiento de sus recomendaciones, especialmente cuando la autoridad responsable no ejecute las recomendaciones o no realice la investigación solicitada u obstaculice la misma, recurriendo a la, censura pública en casos que revistan especial gravedad, o cuando el señalado como responsable de la violación haya manifestado de manera sistemática una conducta contraria a la vigencia de los derechos humanos.

Entendiéndose por CENSURA PUBLICA, al medio por el cual se a de conocer a la población, a través de los medios de comunicación social, los nombres de los agentes del Estado encontrados como responsables de violaciones a los derechos humanos, el tipo de violación cometida y la negativa de éstos.

CAPITULO 4.0

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES.

Inmersos en la brevedad temporal hemos analizado exhaustivamente la información recogida durante el período de nuestra investigación.

Creemos que estos elementos de juicio, se consideran suficientes para construir una caracterización del fenómeno de la investigación extrajudicial de los delitos y sus efectos en la administración de justicia penal en El Salvador. No obstante, resultan limitadas las evidencias encontradas que permitan individualizar la responsabilidad institucional en la operatividad del sistema mismo.

En el desarrollo de nuestra investigación hemos encontrado diversos tipos de dificultades para arribar a resultados más concretos.

Por la naturaleza de estudiantes de la Universidad de El Salvador, la importancia del tema a investigar Y la responsabilidad asumida por el grupo de trabajo sentimos la obligación de manifestar que la colaboración recibida fue insuficiente y de escaso contenido en función del carácter que se esperaba, y que en ocasiones no paso de ser promesas. Queremos creer que se debió a la saturación de trabajo de los Tribunales, los Fiscales, los Procuradores. Abogados y los Investigadores de la Policía Nacional Civil; pues no pretendemos insinuar que la actitud asumida ante una actividad académica fuera deliberada en perjuicio de la investigación.

4.2. CONCLUSIONES

En base a la información recogida sobre la problemática del Proceso de Vigilancia por el Órgano Judicial en la investigación policial estamos en capacidad de demostrar que entre la actividad de Jueces, Fiscales y Policías, existen actitudes contrapuestas en la ejecución de la Administración de Justicia en detrimento de los fines del Estado Salvadoreño.

Cuando los componentes de la organización estatal se alejan de la finalidad de su actividad desprendida del estado mismo, resulta, casi imposible poder crear métodos de operatividad que factibilicen relaciones conjuntas que desarrollen eficaz y eficientemente los valores de la Justicia. la Seguridad Jurídica y el Bien Común.

Particularmente consideramos que de los fines del estado se nutren los contenidos de la política criminal. de la cual se derivan los fines del derecho penal.

Los cuales son desarrollados en nuestras leyes penales y como tal orientan la programación y ejecución de la Administración de Justicia.

Es por ello que resulta imprescindible, en un primer momento, que cada uno de los operadores del sistema entienda que constituye una porción con la obligación de potenciar con su actividad la misión que la sociedad jurídicamente organizada, como el todo, le impone. Y en un segundo instante, cada operador debe de hacer esfuerzos por crear relaciones de cooperación con los demás componentes que factibilicen el cumplimiento de sus objetivos.

La firma de los acuerdos de paz marca para nuestro país una época de trascendencia histórica que fundamenta e impulsa el proyecto de reforma integral en el sector de justicia. Razón que obliga a las personas que actúan como operadores del mismo a definir sus esquemas mentales que les permita accesar a nuevos paradigmas para impulsar la transformaci6n estructural de nuestras instituciones con creatividad y visi6n del futuro. Todos, como ciudadanos debemos estar atentos a colaborar para que tales instituciones sean eficientemente dirigidas y cumplan el rol que la organización estatal les ha asignado.

Las ideas arribas expresadas son una síntesis de la descoordinación funcional inferida del trabajo práctico de las instituciones que confluyen en la administración de justicia, en detrimento, no solo de la investigación extrajudicial, sino de todo el sistema.

Hemos querido entender la preocupación de cada sector que conforma la administración de justicia ante los cambios (Reformas Constitucionales y Penales).Pero no logramos aceptar que esa preocupación transcienda hasta obstaculizar el cumplimiento que la ley les ordena. Los Jueces, Fiscales, Procuradores y Policías cuentan con mandatos expresamente señalados en las leyes; pero su actividad práctica dista mucho de los preceptos legales. Creando al interior de las instituciones peligrosas fisuras que erosionan las bases del sistema, de investigación volviendo vulnerable ante sectores poderosos que aprovechan esos factores para burlar la ley.

Institucionalmente la Policía Nacional Civil es un cuerpo policial democrático sin contaminación ni ataduras con el pasado deshonroso de los antiguos cuerpos de seguridad. Factor cualitativo que lo aislad de las demás instituciones del sector justicia. Además de convertirlo en blanco de los enemigos de la paz y democracia; y para otros representa la oportunidad de encubrir la impunidad.

Las reflexiones puntuales planteadas contienen elementos conducentes a los objetivos que perseguimos en el trabajo. Además de la insatisfacción de no alcanzar a determinar la validez de la hipótesis planteada en virtud de la inobservancia de procedimientos legales y sentido de cooperación entre jueces y policías.

4.3. RECOMENDACIONES

1- Es necesario la capacitación del personal de las instituciones encargadas de administrar justicia en razón de crear conciencia sobre la importancia del cumplimiento de la misión como elemento potenciador de los fines del estado salvadoreño.

2- Las instituciones que convergen en la administración de Justicia deben de diseñar y ejecutar actividades conjuntas que les permita integrar ideas en función de alcanzar sus metas.
3- Es urgente el nombramiento del inspector de la PNC.

4- La PNC debe de ser dotada de los recursos necesarios para que alcance al breve plazo posible el desarrollo que le permita cumplir con su cometido.

5- Es necesario fortalecer los mecanismos de investigación policial. Designando para ello los recursos humanos y técnicos adecuados. Así como crear el marco Jurídico conveniente que proteja a personas (testigos) que colaboran con la investigación.

6- Es prioritario el estudio y aprobación del anteproyecto de decreto del organismo de investigación del delito.

7- La función de aquellos elementos de los antiguos cuerpos de seguridad que actualmente ocupan puestos de mando en la Policía Nacional Civil. Deben ser sometidos a un proceso de evaluación constante.

8- La Fiscalía General de la República debe de hacer efectiva la dirección funcional en la investigación del delito en coordinación con la PNC en todos los casos investigados.

9- La Procuraduría de la República debe crear nuevas plazas de procuradores para cubrir la demanda en razón de la exigencias de las reformas procesales y penales.

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