CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BIBLIOTECA JUDICIAL "DR. RICARDO GALLARDO"


BIBLIOGRAFÍA DE TESIS

CLASIFICACION T
323.34
D542p
AÑO 2000.
INVENTARIO 013385 PAGINA(S) vi, 116 [11] h.
EJEMPLAR CM 28 cm.
AUTPPAL Díaz Ramírez, Luz María CARRERA Optar al grado de Lic. en Ciencias Jurídicas,
AUTOR(ES) Luz María Díaz Ramírez TITULO Políticas implementadas por el Estado de El Salvador en cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
PAIS San Salvador, El Salv. UNIVERSIDAD Universidad de El Salvador
FECHA 02/05/2006
DESCRIPTORES
1. DERECHOS DE LA MUJER 2. MUJER COMO VICTIMA I. Título
MATERIA DERECHOS DE LA MUJER
TÍTULO Políticas implementadas por el Estado de El Salvador...
TOPOGRÁFICA Díaz Ramírez, Luz María
CONTENIDO Acontecimientos que dan origen a la positivación de la Convención 2Belem do Para" Derechos Humanos de las mujeres afectadas por la violencia, derecho positivo relacionado con la protección de los derechos humanos de la mujer, políticas de capacitación implementadas por el Estado de conformidad a la "Convención Belem do Para" evaluación del cumplimiento de los deberes del estado conforme a la Convención Belem do Para


Texto
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
SEMINARIO DE GRADUACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS
PLAN 93


“POLÍTICAS IMPLEMENTADAS POR EL ESTADO DE EL SALVADOR EN CUMPLIMIENTO
DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”


Trabajo de Graduación
Presentado por
LUZ MARÍA DÍAZ RAMÍREZ


PARA OPTAR AL TOTULO DE:
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS

Director de Seminario
LIC. JOSÉ HUMBERTO MORALES

Ciudad Universitaria, San Salvador Octubre del 2000.

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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

DRA. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ
RECTORA

INGENIERO JOSÉ FRANCISCO MAROQUÍN
VICERRECTOR ACADÉMICO

LICDA. MARÍA HORTENCIA DUEÑAS DE GARCÍA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

LICDA. LIDIA MARGARITA MUÑOZ
SECRETARIA GENERAL

LIC. PEDRO ROSALÍO ESCOBAR CASTANEDA
FISCAL GENERAL


FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

LIC. FRANCISCO ALBERTO GRANADOS HERNÁNDEZ
DECANO

LIC. EDGARDO HERRERA MEDRANO
VICE DECANO

LIC. JOEGE ALONSO BELTRÁN
SECRETARIO

LIC. WILMER HUMBERTO MARIN SANCHEZ
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA

LIC. JOSE HUMBERTO MORALES
DIRECTOR DE SEMINARIO

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AGRADECIMIENTOS

A Dios todo poderoso y a la Virgen María de los Dolores por protegerme en todo momento y dirigir mis pensamientos en el camino hacia mis objetivos que me propuse para mi vida profesional.

A mis padres Maria Concepción Ramírez y Raúl Humberto Díaz por su apoyo moral y económico en todo momento.

A todos mis Hermanos Nora, Wilfredo, Betty, Tito y en especial a Reyna por sus palabras de aliento y comprensión durante la realización de este trabajo.

A mis sobrinos Raulito, Guallito y Willito por darme alegría e inspirarme ternura.

A la Lic. Sandra Rendón, Lic. Isabel Vásquez, Lic. Celia Medrano, Deysi y Franklin, Lic. Ruth Candray; quienes no dudo actuaron bajo el poder y la dirección de Dios, pues significaron una valiosa ayuda para realizar mi trabajo de graduación.

A mi asesor Lic. José Humberto Morales por contribuir en la realización de mi trabajo de graduación.
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INDICE

CONTENIDO

Introducción

Capitulo I: Antecedentes a nivel nacional e internacional de la Convención “Belem do Pará”

1.1. Acontecimientos que dan origen a la positivisación de la Convención “Belem do Pará”
1.2. Evolución histórica de los esfuerzos por el reconocimiento de los derechos de las mujeres en El Salvador
1.3. Instancias de Gobierno creadas para trabajar por las mujeres
1.4. Las formas de violencia contra la mujer, una violación a sus derechos humanos
1.4.1. Derechos Humanos de las mujeres afectados por la violencia.
1. 5. Factores que dan origen a la violencia contra la mujer
A. Factores sociales
B. Factores culturales
C. Factores económicos
D. Factores políticos
E. Factores jurídicos

Capitulo II: Derecho positivo relacionado con la protección de los derechos humanos de la mujer.

2.1. Evolución histórica de las conferencias y tratados internacionales, reglamentados a la consecución de los derechos humanos de las mujeres.
2.2. Instrumentos Jurídicos nacionales e internacionales de protección y garantía de los derechos humanos de la mujer.
2.2.1. Constitución de la República de El Salvador (1983)
2.2.2. Normativa internacional
2.2.2.1. Ámbito universal
2.2.2.2. Ámbito regional
2.2.3. Legislación secundaria salvadoreña

Capitulo III: Políticas de capacitación implementadas por el Estado de conformidad a la “Convención Belem do Pará”

3.1. El Instituto Salvadoreño para e Desarrollo de la Mujer, (ISDEMU)
3.2. Órgano Judicial
3.3. Ministerio Público
3.3.1. Fiscalía General de la República
3.3.2. Procuraduría General de la República
3.3.3. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
3.4. Policía Nacional Civil.

Capitulo IV: Evaluación del cumplimiento de los deberes del estado conforme a la Convención “Belem do Pará”.

4.1. Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, (ISDEMU)
4.2. Órgano Judicial
4.3. Ministerio Público
4.3.1. Fiscalía General de la República
4.3.2. Procuraduría General de la República
4.3.3. Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer
4.4. Policía Nacional Civil
4.5. El deber de protección del Estado desde la perspectiva de las víctimas
4.6. Análisis de resultados y verificación de hipótesis

Capitulo V: Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones
5.2. Recomendaciones

BIBLIOGRAFÍA

Anexos
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación sobre “Políticas Implementadas por el Estado de El Salvador, en cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención Belem do Pará” es presentada al Director del Seminario de Graduación de la Universidad de El Salvador, y las Autoridades Universitarias correspondientes, en calidad de requisito pera optar al grado de Licenciatura en Ciencias Jurídicas.

A la comunidad en general, se presenta con el propósito de dar a conocer si hay esfuerzos de parte del estado salvadoreño a fin de atender el problema de violencia contra la mujer, que constituye una flagrante violación a sus derechos humanos, atención que requiere de capacitación en el tema para los operadores del derecho que trabajan en diversas instituciones gubernamentales y lo cual debe basarse en la Convención “Belem do Pará”.

Como es de todos conocido, la violencia en contra de la mujer es producto de una estructura eminente patriarcal y androcéntrica que ha caracterizado a nuestra sociedad desde hace varios siglos, siendo la violencia física, psicológica y sexual las formas más comunes.

En nuestro país, las estadísticas y las noticias de los medios de comunicación, reflejan altos índices de violencia en contra de la mujer, por lo que es necesario que el estado intervenga con acciones concretas a fin de erradicar dicha problemática, lo cual garantizará el pleno goce y cumplimiento de los derechos de las mujeres.

Entre las acciones concretas que el estado debe llevar a cabo, está la capacitación del recurso humano encargado de operativizar la aplicación de las leyes primarias y secundarias de protección a la mujer, como de la administración de justicia en los casos denunciados.

Es por ello que se consideró importante realizar la presente investigación en el periodo comprendido entre 1996-1998, para detectar si el estado brinda la capacitación adecuada a los operadores del derecho y si dicha capacitación está fundamentada en una verdadera política de prevención, sanción y erradicación de la violencia en contra de la mujer.

Desde el punto de vista jurídico la presente investigación comprende una relación de los diversos instrumentos legales que protegen los derechos humanos de las mujeres en cuanto a lo económico, social y cultural y se hace especial referencia a la Convención “Belem do Pará”, la que sirvió de fundamento doctrinario en nuestro país de la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar.

La presente investigación era necesaria ya que no existen otros estudios que revelen si el estado ha adoptado como una política el capacitar al personal de las instituciones idóneas en la protección de la mujer, Y para tales efectos se planteó el siguiente problema: ¿En qué medida el Estado de El Salvador cumple con el deber contenido en el artículo 8 literal C) de la Convención “Belem do Pará” en cuanto al fomento de las capacitaciones al personal de las instituciones gubernamentales que tiene deberes legales de protección a la mujer, con el fin de garantizar su cumplimiento?.

En este trabajo de investigación se propuso la consecución de los siguientes objetivos:

· Determinar en que medida el estado salvadoreño está implementando los programas de capacitación, para el personal de las instituciones gubernamentales ligadas a la aplicación de la ley, en cuanto a políticas de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer de conformidad a la Convención “Belem do Pará”.

· Establecer el porcentaje de capacidades impartidas al personal de las instituciones gubernamentales ligadas a la aplicación de la ley, en relación a las temáticas prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.

· Verificar el índice de mujeres víctimas de violencia que hacen uso de los mecanismos jurídicos de protección que dispone la legislación salvadoreña.

· Identificar los factores que impiden a las instituciones gubernamentales cumplir adecuadamente los deberes que se derivan de la Convención “Belem do Pará”.

· Determinar la efectividad de los programas desarrollados por el ISDEMU orientados a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

· Como una solución tentativa al problema de investigación, se formularon las siguientes hipótesis de trabajo:

· La falta de capacitación del personal de las instituciones gubernamentales ligadas a la aplicación de la ley, en torno a políticas de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, está impidiendo el cumplimiento de la Convención “Belem do Pará” por parte de el estado salvadoreño.

· El conocimiento que se imparte al personal de las instituciones gubernamentales ligadas a la aplicación de la ley, sobre temáticas de prevención de la violencia no contribuirá a la disminución del índice de mujeres afectadas en la sociedad.

· La falta de inserción de las mujeres en los programas y/o medidas de prevención y protección contra la violencia, impide que ellas hagan uso de los mecanismos jurídicos de protección de que dispone la legislación salvadoreña.

· La falta de recursos de las instituciones gubernamentales, constituyen factores del incumplimiento a los deberes señalados en la Convención “Belem do Pará”.

· La ejecución de programas encaminados a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, desarrollados por ISDEMU garantizar un control efectivo a los deberes que señala la Convención “Belem do Pará” al estado de El Salvador.

En lo referente a la metodología en un primer momento se realizó una investigación bibliográfica consultando libros y tesis, revistas, periódicos, boletines y leyes sobre el tema.

Posteriormente se realizó una investigación de carácter empírico secundaria o indirecta sobre las memorias de labores de ISDEMU, Escuela de Capacitación Judicial, Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y Ministerio Público, correspondiente a lo años 1996, 1997 y 1998 respectivamente, a fin de conocer ampliamente lo referente a las capacitaciones realizadas en el área de violencia contra la mujer para el personal de dichas instituciones.

Al no encontrar información documentada en algunas instituciones sobre la existencia de programas de capacitación, se llegó a cabo una investigación de campo con el propósito de obtener información de carácter primario directa, de informantes claves a través de la entrevista.

De igual forma, con el propósito de indagar sobre los niveles y conocimiento del personal de las instituciones mencionadas, las medidas y/o programas de prevención, sanción y erradicación que implementan y las dificultades que enfrentan para su desarrollo, se entrevistó a varios funcionarios; se trabajó con jueces y juezas de tribunales de familia, psicólogos, trabajadores sociales y educadores pertenecientes a los Equipos Multidisciplinarios; personal policial de los distintos niveles, personal del Ministerio Público e Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

Por otra parte se trabajó con personal de instituciones no gubernamentales tales como: El Instituto de Estudios de Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER) y “Mujeres por la Dignidad de la Vida” (DIGNAS), a fin de conocer su percepción sobre los programas de atención a mujeres víctimas de violencia Implementados por ISDEMU.

Finalmente, se trabajó con un grupo de mujeres victimas de violencia, que se encontraban recibiendo ayuda Psico-terapéutica en un programa implementado por DIGNAS, con el objeto de conocer su percepción sobre las medidas y/o programas de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer desarrollados por las instituciones gubernamentales.

El documentos consta de cinco capítulos:

En el Capitulo I se mencionan los acontecimientos que dieron origen a la positivación de la Convención “Belem do Pará”; la evolución histórica de los esfuerzos por el reconocimiento de los derechos de las mujeres en El Salvador; las instancias de gobierno creadas para trabajar por las mujeres; las formas de violencia contra la mujer sobre los derechos humanos afectados por la violencia, y los factores sociales, económicos, políticos y jurídicos que dan origen a la misma.

El Capitulo II contiene la evolución histórica de las conferencia y tratados internacionales relacionados a la consecución de los derechos humanos de las mujeres y se detallan los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales de protección a los derechos de la mujer, haciendo especial referencia a la Convención “Belem do Pará”.

El Capitulo III se detallan los eventos de capacitación realizados por las instituciones gubernamentales que tiene deberes de protección a la mujer, durante los años 96, 97, 98, 99.

El Capitulo IV se denomina “Evaluación del cumplimiento de los deberes del estado conforme a la Convención de “Belem do Pará”, y contiene las entrevistas realizadas al personal de las instituciones gubernamentales que tienen deberes legales de protección a la mujer, instituciones no gubernamentales para este mismo propósito y a mujeres víctimas de violencia, obteniendo así, una visión sobre los niveles de conocimientos de las medida y/o programas que se desarrollan, las dificultades que enfrentan para su implementación y la percepción de sus beneficiarias; concluyendo este capitulo con el análisis de resultados y verificación de hipótesis.

En el Capitulo V finalmente, se plantean las conclusiones y se hacen algunas recomendaciones para mejorar las políticas implementadas, en cumplimiento de la Convención “Belem do Pará”.
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CAPITULO I

ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA CONVENCIÓN “BELEM DO PARÁ”.

1.1. Acontecimientos que dan origen a la positivación de la Convención “Belem do Pará”

Esta Convención fue adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) el 9 de Junio de 1994, en la ciudad de “Belem do Pará”, República Federativa de Brasil.

La aprobación de esta convención es el resultado de un largo esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres de Latinoamérica, quiénes ejercieron presión sobre los organismos, para que tomaran en cuenta que la violencia hacia la mujer constituye una violación a sus derechos humanos y que se deben establecer las políticas necesarias para prevenirla, sancionarla y erradicarla.

En el año de 1975, se inician las conferencias mundiales que abordan exclusivamente la problemática situación de las mujeres en el mundo. Entendiéndose por Conferencia Internacional aquella reunión a la que asisten delegadas y delegados de los países participantes, en la que se adquieren compromisos, cuyo cumplimiento está supeditado a la voluntad y condiciones políticas de cada país. (1)
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(1) Coordinadora Voces de Mujeres sobre Población y Desarrollo. “Las cumbres mundiales y nosotras”, Managua, Febrero 1995. Pág. 7.

La Primera Conferencia Mundial de la Mujer se realizó en México en 1975, siendo lo más destacado en ella, la proclamación del decenio 1976-1985, como “Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz”. De las deliberaciones de los delegados gubernamentales surgieron dos documentos: la Declaración de México sobre la Igualdad de la Mujer y su contribución al desarrollo y la paz, y el plan mundial de acción para la implementación de los objetivos del Año Internacional de la Mujer, el cual se declaró así a iniciativa de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FIDIM).

Lo más importante del decenio de las Naciones Unidas fue, que en 1979 se adoptó la “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer”, la cual es un instrumento jurídico que ha sido ratificado por nuestro país; en ella se reconoce que la violencia contra la mujer debe ser considerada como una discriminación contra las mujeres.

La Segunda Conferencia Mundial de la Mujer se realizó en 1980 en Copenhague, Dinamarca; evaluándose en ella, el desarrollo de la mujer en las áreas de salud, educación y empleo a partir de 1975 y al constatarse indicadores negativos, se aprobó un programa de acción, encaminado a lograr el desarrollo de la mujer en la mujer en estas tres áreas.

La Tercera Conferencia Mundial de la Mujer se celebró en el año de 1985 en Nairobi, Kenia, en ella se evaluaron los avances logrados y los obstáculos enfrentados durante el decenio de la mujer y además en ella se aprobó el documento “Estrategias de Nairobi”, documento en el cual se le dio alta prioridad a la eliminación de la violencia contra las mujeres (2).
………………………..
(2) Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos CODEHUCA. “Después de Beijing démosle vida a las Palabras”, San José, Costa Rica, mayo 1997. Págs. 12 y 13.

En esta misma década, en América Latina y el Caribe, se dieron una serie de reuniones de mujeres, cuyos objetivos fueron la necesidad de intercambiar experiencias, compartir el acceso a la información sistemática y concienciar sobre la necesidad de coordinar esfuerzos para garantizar la vigencia y el respeto de sus derechos.

La primera reunión fue en Julio de 1981 en Colombia, en ella las mujeres acordaron oficializar la fecha 25 de Noviembre como “Día Internacional en contra de todas las Formas de Violencia contra las mujeres”, en memoria a la hermanas Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes fueron asesinadas por agentes del servicio militar, en República Dominicana el 25 de noviembre de 1960, por el hecho de pertenecer a los grupos que luchaban contra la dictadura de su país, en esa época.

Dos años después tuvo lugar la Segunda Reunión Feminista en Perú y en ella se reunieron las participantes del Taller sobre Esclavitud Sexual y Violencia; la Red Feminista Internacional contra el Tráfico de Mujeres y Esclavitud Sexual Femenina. En tal reunión, las organizaciones participantes acordaron la creación de albergues para las mujeres golpeadas y agredidas, y coordinar la investigación sobre violencia contra las mujeres.

Una Tercera reunión se dio en Brasil en 1985 y la cuarta en México en 1987, en ambas reuniones presentaron la posibilidad de incluir las cuestiones de violencia contra las mujeres en el boletín de la Red Latinoamericana sobre la Salud de la Mujer, en dicho boletín se incorporaron temáticas sobre racismo, violencia y derechos humanos.

En esta década también se empezó a investigar sobre la violencia de género. En 1988, Editorial de Red de Mujeres sobre la Salud (ISIS Internacional), con el apoyo del Fondo de Desarrollo de la Naciones para la Mujer (UNIFEM), empezó a estudiar las diferentes clases de violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe.

En 1990 se llevó a cabo una quinta reunión de mujeres en América Latina; el logro más importante de esta reunión, fue que dio origen a la creación de la Red de América Latina y el Caribe contra la Violencia Sexual y Doméstica; esta red está red esta integrada por organizaciones no gubernamentales y personas independientes, unidas con el objeto de realizar acciones para cambiar situaciones de violencia sexual y doméstica en la región e involucrar a los gobiernos en dichos problemas.

En 1990 esta Red elaboró un informe sobre violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, en el que definía la violencia contra las mujeres y sus diversas manifestaciones (políticas, laborales, sexuales y domésticas) más comunes, para ser publicado en el boletín denominado “Violencia contra las mujeres en la región de América Latina y el Caribe”.

Asimismo en 1990, ISIS Internacional y (UNIFEM) incluyeron en un informe iniciado en 1988, las diferentes clases de violencia contra la mujer en América Latina, conocidas en la Conferencia Internacional sobre la mujer y la violencia que llevó a cabo la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, (OEA). Esta consulta sirvió como fundamento para que posteriormente la (OEA) adoptara la “CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” (3).
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(3) Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). “Las Mujeres Contra la Violencia Rompiendo el Silencio”, San Salvador 1995, Págs.: 17-29.

Otro antecedente muy importante de la Convención lo constituye la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, realizada en Viena en el año de 1993. Previo a la celebración de esta conferencia, la Organización de las Naciones Unidas acordaron resoluciones contra la violencia y discriminación hacia la mujer. De igual manera, la Comisión sobre la condición jurídica y social de la mujer, que es otra instancia del Sistema de la (ONU), recomendó que los derechos de las mujeres se incluyeran en el programa de esta conferencia. Asimismo el Comités para la eliminación de la discriminación contra la mujer sugirió que en Viena se pusiera de relieve la igualada de la mujer como un tema de derechos humanos; las organizaciones no gubernamentales también hicieron propuestas para esta conferencia.

En diciembre de 1992 en San José, Costa Rica, tuvo lugar la Conferencia satélite denominada “La Nuestra”, en ella se recopilaron las propuestas y recomendaciones que a su vez formaron parte del documento presentado en el encuentro preparatorio de esta conferencia para América Latina y el Caribe se destacó en esta Conferencia el reconocimiento de que la violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos de las mujeres y que su eliminación en la vida pública y privada es de vital importancia.

Dentro de los logros alcanzados en la Conferencia Mundial de Viena, está la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, que fue aprobada por la Naciones Unidas el 1º de Diciembre de 1993. Como consecuencia de dicha declaración, se creó por parte de la comisión de (DD. HH.) de la (ONU) el cargo de Relatora Especial sobre violencia contra la Mujer, cuya función consiste en reunir información de los gobiernos, investigar sobre denuncia de violaciones a derechos humanos de las mujeres y recomendar medidas para erradicarla. Asimismo, se entiende que otro de los resultados a nivel regional fue la adopción y suscripción en Junio de 1994, de la “CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”, o Convención de “Belem do Pará” (por ser este el lugar de reunión de la Comisión Interamericana de la Mujer, organismo de la (OEA) 4.
…………………………
(4) Campaña de las Naciones Unidas por los derechos humanos de las mujeres y las niñas contra la violencia. “América Latina y el Caribe violencia Contra las Mujeres”, Págs.: 26-27.

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, se realizó en Beijing, China en el año de 1995. Previo a la celebración de esta conferencia, es decir en el año de 1994, se dieron una serie de discusiones nacionales, regionales e internacionales para prepararla. En América Latina, las reuniones fueron planificadas por la Comisión Económica y Social para América Latina y el Caribe; una de esas reuniones se realizó en Argentina, en ella se puso énfasis en la participación política y la violencia contra las mujeres.

En la región Centroamericana, entre los meses de Junio y Agosto de 1994 se dieron encuentros de mujeres en toda la región. Como producto de esas reuniones se elaboró el documento “ La problemática Centroamericana vista por mujeres”: también se formó una instancia sub-regional Centroamericana llamada “Enlace Sub-regional a Beijing”, donde estuvieron representantes de diversas organizaciones. Estas reuniones tuvieron como resultado la Declaración de Honduras y Guatemala, que contenían peticiones y propuestas concretas para esta conferencia.

En la Declaración de Honduras se destaca:

1. Demandar a los Gobiernos del área el reconocimiento y validación de los acuerdos asumidos por estos, en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la Cumbre de la Tierra, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la Cumbre Mundial de Desarrollo Social.

2. Afirmar que el pleno ejercicio de la igualdad entre hombres y mujeres está sujeto a condicionamientos ideológicos, políticos, económicos, culturales y sociales. Por esto, algunos logros alcanzados por las mujeres no han sido suficientes para transformar su condición de opresión y subordinación, ya que continúan limitadas en el accionar al ámbito de la reproducción y al así considerarlo, espacio privado.

3. Que el reconocimiento y promoción de los derechos económicos de las mujeres solo se logrará en la medida que las mujeres participen en la definición de modelos de desarrollo, así como en la elaboración e impulso de políticas y programas que integren el derecho de todas las mujeres al empleo estable y con justa remuneración. Las mujeres también deben decidir en la distribución de los recursos productivos –incluyendo la tierra, el capital, el crédito y la tecnología, la inserción en las esferas más dinámicas y rentables del mercado, a la capacitación y asistencia técnica sistemática y actualizada.

Por su parte la Declaración de Guatemala enfatizó entre otros que:

1. Los gobiernos centroamericanos deben suscribirse a convenios internacionales relativos a la promoción y defensa de los Derechos Humanos de los hombres y mujeres, entre otras, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, etc.

2. Se solicitó a los gobiernos que asuman e implementen, con responsabilidad y eficiencia, los acuerdos nacionales, centroamericanos e internacionales, tendientes a promover y garantizar el desarrollo integral de las mujeres.

Para aportar a todo este proceso la Convención para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica, (CODEHUCA) participó permanentemente en las reuniones nacionales de consulta convocadas para el proyecto de apoyo de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en Centroamérica.
En el contenido de todos los documentos están plasmadas algunas de las preocupaciones de ese momento, de (CODEHUCA) y de las mujeres centroamericanas en subconjunto, las que se pueden sintetizar en:

1. Situación de Salud que presencian las mujeres centroamericanas trabajadores en las compañías bananeras afectadas por los agroquímicos.
2. Impunidad sobre casos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres en la región.
3. Ratificación en Centroamérica de la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia Contra la mujer”.
4. Promoción de instrumentos jurídicos Nacionales e Internacionales en pro de los derechos humanos específicos de las mujeres.
Dentro de los logros obtenidos en la Cuarta Conferencia de la Mujer, están la Declaración de Beijing y la aprobación de la plataforma de acción. En la Declaración de Beijing los gobiernos se comprometieron principalmente a los siguientes aspectos:

· Defender los derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres y los hombres y de los demás propósitos y principios consagrados en los instrumentos internacionales, en particular la “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer” y la “Convención sobre Derechos del Niño”.
· Garantizar la plena aplicación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas como parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
· Impulsar el consejo y los progresos alcanzados en anteriores conferencias de las Naciones Unidas, con el objetivo de lograr la igualdad, el desarrollo y la paz (5).
………………………….
(5) Fundación Arias para la Paz y el progreso humano “Cuarta conferencia Mundial sobre la Mujer”, San José, Costa Rica, 1995. Págs.: 4-10.

La plataforma de acción aprobada en la Cuata Conferencia Mundial sobre la mujer, se encamina a crear las condiciones necesarias para la potencialidad del papel de la mujer en la sociedad. El gobierno de nuestro país adquirió en esta conferencia, el compromiso de poner en práctica una plataforma d acción que se contiene en el documento “Política Nacional de la Mujer”, en el que se establecen los mecanismos para el cumplimiento a los planes de acción y los compromisos del plan social de Gobierno en promover y desarrollar políticas públicas en las que se mejoren las condiciones de la mujer y se llegue a establecer la equidad de género en el país. Dicha política es tratada ampliamente en el capitulo tres (III) de este informe.

1.2. EVOLUICIÓN HISTÓRICA DE LOS ESFUERZOS POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL SALVADOR.

Antes de la llegada de los Españoles a nuestro país la mujer se encontraba en una posición igual a la del hombre, es decir que no existía violencia. En aquella época las creencias y costumbres de los indígenas fomentaban la igualdad del hombre y la mujer, tal es así que sus dioses adoran a Izcueye, quién era una figura femenina que estaba al lado del dios Quetzalcoatl que era un dios masculino, pero no sólo Izcueye era la Única diosa femenina que adoraban, también estaban Thihascopohicoa, la Lina; Tonacihuatl, mujer sol; Cenceotl, madre de los dioses, Cibteotl, diosa del maíz; Xochiquetzal, diosa de las flores. Los indígenas situaban a la mujer en una situación de igualdad con el hombre, eso se deduce de sus creencias religiosas pues la ideología es un factor determinante en la conducta social (6).
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(6) Secretaría Nacional de la Familia. “Análisis y evaluación de la Década de la Mujer 1976-1985”, San Salvador, El Salvador C.A., Mayo de 1984.

En lo que respecta al trabajo, las mujeres indígenas desarrollaban tareas iguales a las de los hombres: cultivaban la tierra, moldeaban u horneaban utensilios y figuras de barro; luego con la venida de los españoles inició la violencia contra la mujer ya que estos las tomaban por la fuerza, las hacían sus mujeres y luego las abandonaban; esta situación duró por muchos años. Luego la mujer inconforme con la situación de violencia de la que era víctima, decide luchar por lograr que se le reconozcan sus derechos, es así que en la historia de los movimientos políticos del siglo pasado en nuestro país, las mujeres han estado presentes (7).
………………………………….
(7) Secretaría Nacional de la Familia. Ob. Cit. Pág.: 1.

En 1821 se alcanza en nuestro País la Libertad del yugo Español; existen muchos libros de historia de este acontecimiento, pero en la mayoría de ellos sólo se menciona como pioneros de este logro a los próceres y las mujeres están completamente ignoradas, esto se debe a que la historia de nuestro país está impregnada del androcentrismo.

Sin embargo, en un estudio reciente denominado “Reseña general de representativos femeninos en el reino de Cuscatlán”, se ha evidenciado que la mujer participó en la lucha por lograr la independencia; entre algunas de ellas se menciona a María de los Ángeles Miranda, quién aparece junto con los próceres en los actos de declaración de la Independencia; así también se menciona a Manuela Antonia Arce, hermana del General Manuel José Arce, quien participó en los movimientos insurgentes de San Salvador.

Más tarde el 3 de Enero de 1830, Magdalena Echeverría, hija del Gobernador, Licenciado Echeverría, fue una de las principales dirigentes del pelotón de indígenas que luchaban por la defensa de sus intereses.

Un acontecimiento de gran relevancia en el siglo, es la aprobación por el Congreso, de la Constitución de 1886, que en el Artículo uno reconoce que son ciudadanos todos los salvadoreños mayores de dieciocho años, casados y los que hayan obtenido algún título literario, aunque no hubieren llegado a esa edad. No obstante que el Artículo no hacía distingo de hombres y mujeres, los legisladores al interpretar la ley, argumentaron que el término ciudadano se refería sólo al hombre y no a la mujer; en ello se puede evidenciar la visión androcéntrica de los legisladores y como afecta a la mujer el sexismo en el lenguaje (8).
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(8) Secretaría Nacional de la Familia. Ob. Cit. Pág.: 4.

En el presente siglo las mujeres han luchado de manera individual y organizada por la concesión de sus derechos humanos. En 1921 cien mujeres vendedoras de los mercados de San Salvador, protestaron por las pésimas condiciones de vida y fueron víctimas de la represión implementada por el Gobierno que presidía el Presidente Alfonso Quiñónez Molina. Otra manifestación de las intensas luchas de las mujeres lo constituye la marcha pacífica de seis mil mujeres, quienes en 1922 desfilaron vestidas de negro en signo de luto por la muerte de la democracia y en apoyo al candidato presidencial Miguel Tomás Molina, esta manifestación fue disuelta cruelmente por el regimiento de infantería; en este acontecimiento muchas mujeres murieron (9).
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(9) Inocenti González, Cincia Mirilla. “Evidencia histórica del movimiento de mujeres y del movimiento feminista en El Salvador.

En ese mismo año la historia hace referencia a Prudencia Ayala, como una de las mujeres que más luchó por la de sus derechos como ciudadana; se atrevió a publicar las siguientes frases: “los hombres legislan para establecer leyes que garantizan la vida e intereses sociales; si lo han de violar ¿Para que se toman la molestia?, no sólo los hombres titulados llevan el bastón, yo también lo llevaré como insignia de valor, en el combate, contra los que adversan, mi ideal y mi vida” (10).
……………………………
(10) Loucel Jovel, María. “Reseña general de representativos femeninos en ele reino de Cuscatlán”, El Salvador, San Salvador, 1960. Pág. 27.

En 1930, Prudencia Ayala lanzó su candidatura para la Presidencia de la República y solicitó ser inscrita como ciudadana en la Alcaldía de San Salvador; dicha solicitud fue denegada por el Consejo de Ministros, basando sus argumentos en que la Constitución de la República al decir “ciudadano”, hacía referencia solamente a los hombres y no a las mujeres. En esta resolución se puede visualizar el carácter androcéntrico, con el que los aplicadores de la ley de aquella época interpretaban las normas jurídicas.

Otro acontecimiento muy importante de la participación política de las mujeres se dio en 1932, cuando muchas mujeres participaron en el levantamiento que fue encabezado por Farabundo Martí; en esta ocasión 30, 000 personas murieron, entre ellas muchas mujeres, al ser reprimida dicha manifestación por las tropas del General Maximiliano Hernández Martínez, Presidente de la República.

Gracias a todo este tipo de presiones, el gobierno comenzó a tomar en cuenta lo referente a las demandas de las mujeres y fue así como el 5 de Diciembre de 1938 el General Hernández Martínez, convocó a una Asamblea Constituyente, en la que propuso otorgar el derecho al voto a las mujeres. Finalmente, en 1939 las mujeres obtuvieron el derecho al voto aunque con limitaciones, pues para ser calificadas como ciudadanas debían ser casadas o mayores de 30 años y en ambos casos debían o de haber aprobado la primaria; sólo las mujeres con título profesional podían ser inscritas como ciudadanas con sólo ser mayores de 18 años, en cambio para los hombres se exigía como único requisito, ser mayores de 18 años. De ahí que no obstante haberse concedido tal derecho, se hacía con carácter discriminatorio y de manera desigual al hombre (11).
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(11) Inocenti González. Ob. Cit. Pág.: 52.

Unos años más tarde, el 2 de Abril de 1944, estalla el movimiento social que buscaba derrocar al General Maximiliano Hernández Martínez, siendo integrado en su mayoría por mujeres, quienes buscaban alcanzar el reconocimiento de sus derechos civiles. En Junio de ese mismo año hubo una manifestación de mujeres; celebraron el juramento que volvía a la Constitución de 1886, la cual, incluía a las mujeres sin ninguna restricción, fue así como el primero de Septiembre del mismo año, se recogía en la Alcaldía Municipal la firma de la primera ciudadana del sexo femenino, Doña Teresa Alcaine de Wright (12). Posteriormente las mujeres lucharon valientemente en la movilización de 1944, razón por la cual fueron violentadas por las fuerzas armadas de esa época; fueron encarceladas y expatriadas; Adelina Sucín y Altagracia Kafil, fueron asesinadas brutalmente por la Policía de aquella época. (13)
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(12) Secretaría Nacional de la Familia. Ob. Cit. Pág.: 5.
(13 )Inocenti González Ob. Cit. Pág.: 54.

El 20 de mayo de 1947, surgió el primer movimiento puramente feminista y se creó la “Liga Femenina Salvadoreña” la cual tenía como principal objetivo alcanzar el reconocimiento de los derechos ciudadanos de la mujer. Acudieron a la Asamblea Constituyente a reunirse con el Diputado Reynaldo Galindo Pohl, para solicitarle que hiciera suya la ponencia de conceder los derechos ciudadanos a la mujer. Finalmente el 26 de Junio de 1950 se aprueban los artículos 21, 22 y 24 del título tercero, con lo cual se concede la ciudadanía a la mujer. (14).
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(14) Moreno, Elsa. “Mujeres y Política en El Salvador”, 1ª Edición, San José Costa Rica, 1997. Pág. 24.

Entre 1947 y 1950 se comenzaron a abrir los espacios políticos para las mujeres; este período se ha caracterizado por ser el inicio de un proceso de reformulación y renovación del Estado.

De 1948 a 1959 se intentó conformar un movimiento social d apoyo al proyecto gubernamental, en el que participaron las mujeres, como siempre, luchando por sus interese. Gracias a ello el Gobierno empezó a tomarlas en cuenta, tal es así que participó en un seminario del Consejo Interamericano de la Mujer, para discutir los problemas de las mujeres al mismo tiempo que se integra con el resto de la región.

Es de hacer notar que los avances en materia de derechos de las mujeres se han alcanzado gracias al empuje de la Organizaciones de mujeres.

En el año de 1956 un grupo de mujeres de manera organizada, propugnó porque se reconocieran derechos laborales para las trabajadoras domésticas; la protección y no explotación de las empleadas en el comercio y lograr que las profesionales fueran tratadas dignamente en el trabajo. Así como también las mujeres trabajadoras de los mercados y campesinas; dicho grupo de mujeres se denominó: “Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas”. (15).
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(15) Inocenti, González, Ob. Cit. Págs.: 56-57.

Los años sesentas y setentas se han caracterizado por ser períodos en los que más se violaron los derechos humanos de las personas, y en su mayoría, de las mujeres; en esos años estuvieron presentes en las luchas insurgente, pero sus objetivos no eran puramente por la reivindicación de sus derechos como mujeres sino que sus objetivos eran luchar en pro de la liberación, contra la oligarquía y la represión.

1.3. INSTANCIAS DE GOBIERNO CREADAS PARA TRABAJAR POR LAS MUJERES.

En el año de 197, el Estado de El Salvador participó en la Primera Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en México y como resultado de los compromisos adquiridos, así como también a raíz de la recomendación hecha a los gobiernos por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), en 1982 se creó la primera instancia de gobierno especial para las mujeres.

A. OFICINA DE LA MUJER.

Fue creada en 1983 y se considera el primer intento del Gobierno por hacer algún tipo de política orientada a mejorar la condición de las mujeres, específicamente con el objeto de promover la participación e integración de la mujer en el desarrollo.

Esta situación se puede considerar un antecedente de lo que ahora se conoce como Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

No obstante, es importante hacer notar que esto no significó que el Gobierno tuviera especial interés por los problemas de las mujeres pues la Oficina de la Mujer funcionó siempre como una dependencia de otros ministerios, con ayuda internacional. Durante el período de 1983-1985, fue una dependencia de la Procuraduría General de la República; posteriormente por no estar incluida en el presupuesto de esa Institución, en 1986 hasta 1988 pasó a ser una dependencia del Ministerio de Cultura y Comunicaciones.

Desde finales de 1988 hasta 1994 funciono como una pequeña dependencia del Ministerio de Educación.

El personal con que contaba la Oficina de la Mujer era sólo una Directora, tres Colaboradoras y una Secretaria.

En las políticas públicas no se contemplaba el trabajar directamente para las mujeres, es por ello que el trabajo realizado por esa Oficina, se limita a investigaciones sobre la situación de la Mujer; jornadas de orientación educativa, artísticas, con mujeres reclusas, es decir programas de ayuda que no eran suficientes para sacar a la mujer de la situación de discriminación y elevarla a la misma condición de los hombres, para lograr la equidad entre hombre y mujer.

Es hasta en 1988, que se empieza a poner en práctica el Enfoque de Género, cuando la Oficina de la Mujer y (UNICEF) impartieron capacitaciones sobre teoría y formación de Género, las cuales estaban dirigidas a empleados de sectores gubernamentales y no gubernamentales. Esta situación desapareció en 1995. (16)
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(16) Domínguez Magaña, Liza. “De acciones de mujeres y olvidos Estatales”, San Salvador, junio de 1995. Págs.: 50 y 51.

B. SECRETARÍA NACIONAL DE LA FAMILIA.

Paralelamente, en la década de los ochentas específicamente en octubre de 1989, se creó la Secretaría Nacional de la Familia adscrita a la Presidencia de la República, como resultado de una serie de acuerdos a los que llegó en varios encuentros de las Primeras Damas de Centroamérica, como el que se efectuó en San Salvador en Junio de 1989, en el que se acordó trabajar durante los años 1990-1991 y 1992, en el tema de la Mujer; en el Segundo Encuentro de Primeras Damas, se tomó el acuerdo de efectuar la revisión de la legislación y en el último, el tema fue: “la Mujer y el Medio Ambiente”. Estos dos últimos encuentros se celebraron con posterioridad, en Nicaragua y Guatemala respectivamente.

La Unidad de la Mujer de la Secretaría Nacional de la Familia era la encargada de supervisar y coordinar los proyectos relativos a la mujer, implementados por los diversos ministerios y con especial énfasis en la generación de información sobre la situación de la mujer en El Salvador; la promoción de investigaciones para conocer los problemas específicos; sensibilización sobre los procesos de socialización y su efecto en la educación, salud y trabajo; la revisión de la investigación de la legislación vigente, etc. El último proyecto mencionado se llevó a cabo con la colaboración de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Educación y la Fiscalía General de la República. (17).
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(17) Domínguez Magaña, Liza Ob. Cit. Págs.: 45, 46 y 47.

La Unidad de la Mujer, de la SNF pasó a constituirse en el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), encargado de ejecutar la Política Nacional de la Mujer, la cual se implementó para asumir las recomendaciones de la Convención “Belem do Pará”, por parte del Gobierno.

1.4. LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, UNA VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS.

Los derechos humanos son universales, son inherentes a la persona desde que nacemos, hasta que morimos, no nos los pueden quitar, son irrenunciables e intransferibles. Los derechos deben vivirse y respetarse conjuntamente, pues un hecho que interrumpa el goce de uno de ellos, está impidiendo el goce de los demás.

Dentro del término social se ha constatado que la violencia contra la mujer tanto física como psicológica y sexual, es uno de los grandes obstáculos para el respeto de sus derechos humanos.

Así pues las violaciones a la vida de la mujer “como son la muerte de medio millón de mujeres al año por maternidad y abortos clandestinos, la violación a la integridad física de la mujer como son las prácticas de mutilación genital y la privación de libertad que sufren millones de mujeres en diversos países, ya sea por parte de sus maridos o debido a prácticas religiosas, son manifestaciones d violencia que constituyen una verdadera violación a los derechos humanos”. (18)
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(18) Facio, Alda, “Sexismo en el derecho de los derechos humanos”. Lectura de apoyo número cuatro. Pág.: 270.

La Convención Interamericana en su artículo 1 define la violencia como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado.

Del concepto antes citado se desprenden los siguientes aspectos: 1) Que la violencia contra la mujer se manifiesta en tres formas a) Física, b) Sexual, y c) Psicológica.

2) Que estas formas de violencia pueden darse en dos ámbitos: el público y el privado.

Se considera de carácter privado cuando es ejercida por cualquier familiar, sea el compañero, esposo, ex esposo, hermano, tío, sobrino, padre, padrastro, etc.; por el contrario, la violencia que sufre la mujer en el ámbito público es aquella que se ejerce por cualquier hombre que no pertenezca a su grupo familiar, puede ser un compañero de trabajo, el jefe, un vecino, etc.

La Ley contra la Violencia Intrafamiliar define las formas de violencia de la manera siguiente:

A. VIOLENCIA FÍSICA

“Acciones, comportamientos u omisiones que amenazan o lesionan la integridad física”.

B. VIOLENCIA SEXUAL.

“Acciones que obligan a una persona a mantener contactos sexualizados físicos o verbales, o a participar en ellos mediante la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza u otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente se considerará violencia sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la persona agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas”.

C. VIOLENCIA PSICOLÓGICA.

“Acción u omisión directa o indirecta cuyo propósito sea controlar o degradar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta u omisión que produzca un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación, el desarrollo integral y las posibilidades personales”. (19).
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(19) Alto Comisionado para la defensa de los derechos humanos (ACNUR) “”Ley contra la Violencia Intrafamiliar”, San Salvador, El Salvador, 1997. Pág.: 44 y 45.

1.4.1. DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA.

Es de hacer notar que en todas las formas de violencia antes enunciadas se impide a la mujer el pleno goce de sus derechos humanos; es decir que le afecta diversos bienes jurídicos. Es difícil determinar qué bienes jurídicos son afectados en cada una de las formas de violencia, pues en un solo acto de violencia se pueden materializar las tres formas de violencia y afectarse diversos bienes jurídicos como la vida, la libertad, la integridad, etc.

Para ilustrar mejor lo anterior se presentan los siguientes casos en los que se demuestra como en uno o varios actos se pueden materializar y consumar las tres formas de violencia y que esta es sufrida por mujeres a nivel nacional e internacional.

En México, en noviembre de 1996, Verónica Ibarra Calderón de 26 años, fue secuestrada, lesionada y violada por Juan José Díaz, quien luego la dejó semienterrada, no obstante a pesar que la víctima denunció el hecho, agresor fue puesto en libertad por falta de pruebas de su participación delincuencial en el hecho.

Un caso similar se dio en Honduras en Agosto de 1996: Susu Hasbún, murió a consecuencia de un disparo en la frente, provocado por su esposo Gustavo Munhir Simán. El hecho fue denunciado, pero debido a que el victimario era hijo de un diputado del Congreso Nacional Hondureño y debido al cargo de garantía de “inmunidad no transferible,” el agresor aprovechó para esconderse en la casa de su padre y así evitar su captura por la Policía.

En Chile en 1997, Isabel González Zapata de 50 años, fue brutalmente golpeada y luego quemada por Nibaldo Andrade, su conviviente. Al Igual que los casos anteriores el hecho fue denunciado, pero finalmente se declaró inocente por falta de méritos.

En Ecuador, en 1993 un grupo de mujeres fueron violadas por miembros de la Organización de guardias Privados “Parachute”. El hecho fue denunciado a las autoridades, pero el fiscal desestimó toda responsabilidad. (20)
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(20) Campaña de la NACIONES Unidas por los Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas contra la Violencia en América Latina y el Caribe. “Violencia contra las Mujeres”, Revista. Págs. 34 y 35.

Según Isabel Vásquez, miembro de la Coordinación Nacional de la Mujer Salvadoreña (CONAMUS), “en nuestro país en Diciembre de 1994, Laura N., se presentó a la institución antes dicha y manifestó que Juan Miguel Molina, su esposo la había maltratado y encerrado durante un año y medio en una habitación; pero luego, gracias a la denuncia interpuesta por una vecina a (ONUSAL), fue rescatad y llevada a las instalaciones de la Policía Nacional Civil de San Vicente. El agresor fue capturado, pero posteriormente fue puesto en libertad”.

En los casos de violencia antes enunciados, se puede constatar, como ala mujer se le violentan diversos bienes jurídicos como: la vida, su integridad física, psíquica y moral, libertad, la igualdad, etc., los cuales según el artículo cuatro de la Convención INTERAMERICANA PARA Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, deben reconocérseles y garantizarles su ejercicio y protección.

A. DERECHO A LA VIDA.
Tal y como ha quedado claro en los casos antes citados, la mujer pierde el bien jurídico de la vida, “filosóficamente la vida es el bien más grande que debe ser Tutelado por las leyes, es el valor principal dentro de la escala axiológica de los derechos del hombre. Sin ella los demás derechos resultan inútiles”. (21)
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(21) Bertrand Galindo, Francisco. “Manual de Derecho Constitucional”, Tomo II, Edición San Salvador, C.A. 1992.

B. DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSICOLÓGICA Y MORAL.

Otro bien jurídico de la mujer afectado por la violencia es la integridad física, psicológica y moral. La integridad física es considerada el más inmediato derecho a la vida. Al respecto, Bertrand Galindo especialista en derecho constitucional citando a Linares Quintanilla dice: “La integridad física consiste en el derecho que tiene todo individuo a que se le ocasione daño, lesión o menoscabe en su persona física”.

(22) En tanto la violencia física daña el bien jurídico de la integridad física de la mujer y deja señales en su cuerpo como heridas, excoriaciones y hematomas (morete) etc. La violencia psicológica daña la integridad psíquica y moral de la mujer y esta por el contrario, no deja huellas visibles. BERTRAND Galindo define estos bienes jurídicos de la manera siguiente: “La molar abarca el derecho de la persona a no ser atacada en su integridad psíquica ni en general su salud física y mental mediante la provocación de enfermedades que no entrañan ninguna pérdida de miembro u órgano corporal”. (23)
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(22) Linares Quintanilla. “Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional”, TIV Pág. 32
(23) Bertrand Galindo, Francisco. Ob. Cit. Pág. 725

C. DERECHO A LA LIBERTAD.
La libertad constituye otro bien jurídico de la mujer, cuyo goce se ve limitado ante la violencia en sus diversas formas, es de hacer notar que el derecho a la libertad tiene diversas manifestaciones como: libertad de intimidad; libertad de circulación y de domicilio, o de residencia; libertad de religión o cultos; libertad de trabajo; libertad sexual. Según Bertrand Galindo “la libertad es interior a la persona; consiste en la potestad que esta tiene de escoger los fines que más le convengan para el desarrollo de su propia personalidad y de elegir los medios más apropiados para su obtención”. (24)
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(24) Bertrand Galindo, Francisco Ob. Cit. Pág. 795

D. DERECHO A LA IGUALDAD.

La igualdad es otro bien jurídico inherente a la mujer como persona humana. Por el simple hecho de ser de un sexo físicamente distinto al hombre, a la mujer se le ve con disparidad en relación a este. Bertrand Galindo, citando a Recasens Siches, dice: “Desde el punto de vista moral y filosófico, jurídico, igualdad quiere decir ante todo y encima de todo –aunque no exclusivamente-, igualdad en cuanto a los derechos fundamentales o esenciales de todo individuo humano, desde el punto de vista axiológico. También además, paridad formal ante el derecho –igualdad ante la ley”. (25)
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(25) Bertrand Galindo, Francisco Ob. Cit. Pág. 795

En el artículo cinco de la Convención “Belem do Pará”, se señala que la violencia contra la mujer impide o anula el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Los derechos civiles son el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad, etc. En los párrafos que anteceden se ha establecido como la violencia en sus tres formas, lesiona los bienes jurídicos antes mencionados. Queda por enumerar algunos derechos económicos, sociales y culturales, como: el derecho al trabajo, educación, salud; cuyo goce se ve limitado ante la violencia.

Conviene aclarar que los derechos a los que se hace referencia en la parte del documento no son todos los derechos humanos de la mujer, cuyo goce se ve limitado ante la violencia, sino que algunos que por razones ilustrativas se hace referencia.

E. DERECHO AL TRABAJO, EDUCACIÓN Y SALUD.

Francisco Bertrand Galindo, citando a Legaz y Lacambra dice: “El trabajo es una actividad de la persona, que encarna un valor ético propio, incapaz de ser convertido en mercancía y cotizado con arreglo a las leyes económicas”. (26).
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(26) Bertrand Galindo, Francisco. Ob. Cit. Pág. 958.

Ya se ha dicho que la violencia contra la mujer se da tanto en el ámbito público como en el privado. En éste último la mujer desarrolla el trabajo doméstico, el cual no es reconocido como tal, pues la mujer no recibe remuneración alguna y por el contrario es discriminada por el hombre por no aportar ayuda económica al hogar. En cuanto al ámbito público, la mujer es discriminada en cuanto a la obtención de un empleo (trabajo) y si tiene acceso a él, es violentada en muchas ocasiones; para el caso se tiene que las “las mujeres en nuestro país constituyen el 53.3% de la población total, de esta cifra el 35% se encuentra económicamente activas, desempeñándose en menor cantidad a nivel profesional, laboral, docencia e investigación, mientras que la mayoría de mujeres debido a la falta de educación y a las pocas oportunidades de capacitación que han tenido, se dedican al sector informal de la economía (venta de verduras, periódicos, loterías, objetos de cuero, ropa, etc.)”. (27).
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(27) Organización de Mujeres por la paz. (ORMUSA), revista Identidad, El Salvador, Centro América: Pág. 10.

En el párrafo anterior se puede constatar como la falta de educación influye y limita el acceso a un trabajo digno para la mujer. La educación es un derecho al cual también la mujer se ve limitada; según Bertrand Galindo este derecho significa: “La posibilidad que se reconoce a todos los individuos para desarrollar sus capacidades físicas e intelectuales; es el derecho al acceso al saber, ala instrucción y ala formación necesaria en las distintas etapas de la vida, para que la persona pueda lograr sus derechos y ser útil a la sociedad”. (28).
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(28) Bertrand Galindo, Francisco. Ob. Cit. Pág. 978.

En cuanto al derecho de la mujer a la salud, Bertrand Galindo citando el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud dice: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades”.(29).
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(29) Bertrand Galindo, Francisco. Ob. Cit. Pág. 984.

En cuanto a ala salud es un derecho social, cuyo cumplimiento no es estricto o forzoso del Estado; se cumple en la medida que las posibilidades económicas y financieras lo permitan. En nuestro país es prestado de manera deficiente no es necesario citar cifres para constatar lo anterior, pues es algo que todos podemos percibir en la vida cotidiana. En el caso de las mujeres, por su naturaleza misma, requieren de servicios de salud especiales como por ejemplo antes, durante y después del período natal.

Mucho se ha hablado sobre la violencia, sus formas, ámbitos en los que se da; actos de violencia y los bienes jurídicos o derechos humanos afectados con ella. Conviene ahora dar a conocer los factores que inciden en sus origen.

1.5. FACTORES QUE DAN ORIGEN A LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER.

En nuestro país la violencia contra la mujer se ha considerado como algo natural, debido a que la estructura económica y social de nuestra sociedad se ha caracterizado por ser eminentemente patriarcal.

Por ello, históricamente la mujer ha tenido un trato desigual con relación al hombre. Los actos de violencia contra la mujer se manifiestan en diferentes ámbitos de la vida social y esto impide que la mujer pueda disfrutar de sus derechos humanos fundamentales.

Existen en nuestra sociedad factores que se interrelacionan y que inciden en el problema de la violencia contra la mujer, estos son los factores sociales, económicos, políticos y jurídicos.

A. FACTORES SOCIALES

Durante los últimos años de guerra la violencia que se vivió en nuestro país fue generalizada, por lo que la violencia contra la mujer permaneció oculta; las mujeres fueron víctimas de violencia física, psicológica y sexual; muchas mujeres se quedaron solas con sus hijos y tuvieron que arreglárselas para subsistir. Tan es así, según el informe de la Comisión de la Verdad, durante el conflicto armado las víctimas de los hechos denunciados a dicha Comisión fueron: “20, 874 personas; el 27.5% señalados por fuentes directas y el 29.2% por fuentes indirectas. En la muestra recabada por la Comisión, 5,293 mujeres fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas, violadas o lesionadas gravemente; el 17.7% de las mujeres eran amas de casa; la Comisión registró 450 denuncias de violaciones sexuales ( 270 de ellas por fuentes directas)”. (30).
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(30) Domínguez Magaña, Liza “De acciones de mujeres y olvidos Estatales”, San salvador, Junio 1995. Pág. 42.

Al terminar la guerra con la firma de los Acuerdo de Paz, el Estado adquiere una serie de compromisos encaminados a mejorar la situación de los salvadoreños.

Jurídicamente el Estado se encuentra obligado a proteger y hacer que se respeten los derechos de las personas, tal como lo prescribe el Art. 1 de la Constitución de la República al establecer que: “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y el bien común. En consecuencia es obligación del Estado asegurar a los habitante de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura el bienestar económico y la justicia social”.

No obstante lo anterior, la mujer salvadoreña no goza plenamente de los derechos antes citados, pues el Estado no presta la atención debida para que esta acceda en condiciones de igualdad a tales servicios, tal como se evidencia a continuación.

A.1. POLÍTICA DE EDUCACIÓN.

La educación juega un papel muy importante en la formación de la persona; lamentablemente las mujeres son discriminadas en cuanto a su acceso, debido a que siempre se ha creído que la función de las mujeres, es la de llegar a ser amas de casa, negándoles con esto desde un principio el derecho a la educación.

El sistema educativo sobrevalora al hombre, por ejemplo cuando se estudia la historia de la humanidad sólo se habla de grandes hombres sus hazañas, y conquistas, así también cuando se estudia el sistema nervioso, el óseo muscular del cuerpo humano, se utiliza como modelo el cuerpo de un hombre. Lo anterior demuestra que los textos escolares están impregnados del sexismo que no es más que una expresión de la estructura patriarcal en nuestra sociedad.

En un estudio denominado Análisis de roles y estereotipos sexuales en textos escolares en El Salvador, realizado por (UNICEF) y (UNIFEM) en 1994, se revela que los textos escolares refuerzan los asignados tradicionalmente para las mujeres y para los hombres en sus funciones sociales. Los temas más frecuentes en los textos son cuatro: escuela, familia, trabajo y patria y que en la representación en títulos, textos e ilustraciones expresan numéricamente situación de discriminación sexista y subvaloración de la población femenina, internalizando en la mente de los niños y niñas la ideología androcéntrica y patriarcal”. (31).
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(31) Domínguez Magaña, Liza. Ob. Cit. Pág. 38.

Por un lado en un estudio realizado por (FUNDEM) en 1994, se revela que para las mujeres el acceso a la educación se encuentra limitado en relación a los hombres, pues difícilmente las mujeres llegan a culminar sus estudios de nivel superior, tal y como lo demuestran los siguientes datos: del 68.5% de alfabetos, el 33.2% de la población urbana lograr el nivel de educación básica la rural alcanza el 7.5% el grado de educación media lo obtienen en la zona rural 2.2% y urbana 18.9%. A mayor nivel educativo se va presentando un porcentaje cada vez menor de mujeres que se ubican en el observándose que a nivel de educación superior en el porcentaje total las mujeres rurales no existen yen las zonas urbanas es 1.3%. (32).
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(32) Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Investigación, Diagnóstico sobre la Situación de la Mujer en los Sectores Populares, San Salvador, El Salvador, Mayo de 1994.

A.2 POLITICA DE SALUD.

En la década pasada las condiciones de salud de las mujeres empeoraron; este se debió a que se redujo el apoyo presupuestario para esta área del 27% en 1983 al 21% en 1984.

En nuestra sociedad a las mujeres se les asigna principalmente el rol de reproductoras, sin embargo, el Estado no propicia el ambiente necesario para que sean atendidas adecuadamente en su papel de madre; ello se evidencia en parte, por el hecho de que únicamente existe un hospital de maternidad en todo el país.

Según el Departamento de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en todo el país, en 1991 las mujeres presentan mayor incidencia de enfermedades, específicamente las que tienen de 15 a 44 años. De un total de 5, 544 personas entre 15 y 44 años, que consultaron enfermedades crónicas no transmisibles 4, 808 eran mujeres y 736 eran hombres. Así también de un total de 29, 522 personas entre 15 y 44 años que consultaron enfermedades crónicas transmisibles 25, 182 eran mujeres y 4,340 eran hombres. (33).
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(33) Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Ob. Cit. PP. 21 y 24.


Los datos anteriores indican que las mujeres tiene un mayor riesgo de enfermedades, esto se debe a que las mujeres tiene mayor desgaste pues asumen una doble jornada de trabajo: la laboral y la doméstica. No omitiendo mencionar también que las mujeres constantemente son asechadas por la violencia, ya sea pública o privada lo que causa un desequilibrio emocional que trae como consecuencia el aparecimiento de enfermedades.

A.3 POLÍTICA DE TRABAJO.

El Estado no garantiza plenamente los derechos laborales, esto se puede evidenciar con el hecho de que a pesar de la violencia que sufren las mujeres en Zonas Francas o Recintos Fiscales, no se les brinda la protección legal. En el caso de las trabajadoras del sector informal, en muchas ocasiones son víctimas por parte de la Policía al ser despojadas de sus trabajo, auque generalmente estas mujeres son las que proporcionan el sustento diario a sus hijos, pues en su mayoría son madres solteras.

Lo anterior se puede constatar con los resultados de un estudio realizado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo Económico y Social (MIPLAN), en el Área Metropolitana en 1992 denominado “Ocupación según sexo en el sector formal e informal”, en donde se revela en el sector formal del 100% de la población el 62.86% está compuesto por el sexo masculino y solo un 37.2% por el femenino; por el contrario en el sector informal del 100% de la población el 55.3% está compuesto por el sexo femenino y solo el 44.7% por el sexo masculino; en consecuencia al ubicarse la mayoría de mujeres en el sector informal estas no gozan de la protección legal del Estado.

B. FACTORES CULTURALES

En la sociedad se han establecido funciones sociales y culturales distintas para hombres y mujeres las cuales se aprenden a través del proceso de socialización, entendiéndose por este el mecanismo por el cual se reproducen, perpetúan y legitiman las condiciones materiales e ideológicas prevalecientes en el sistema social. Las principales instancias a través de las cuales se da este proceso son: la familia, la educación, la religión, los medios de difusión social, los partidos políticos, el mercado de trabajo, las asociaciones, cuya función es conformar, transmitir, mantener y perpetuar valores, creencias y aptitudes que influyen y determinan la manera de pensar y actuar de las personas.

Dentro de las instancias mencionadas se asignan roles tradicionales y estereotipos sexuales que colocan a la mujer en desventaja de oportunidades y derechos fundamentales de todos los seres humanos. Para el caso en la familia desde el momento en que la persona nace recibe un trato diferenciado dependiendo si es niña o niño, los juegos y aptitudes se orientan en forma desigual, de tal manera que las niñas internalizan la idea de que son débiles física e intelectualmente en relación a los niños y su función en la sociedad está destinada a servirles a estos.

C. FACTORES ECONÓMICOS.

La pobreza en nuestro país se ha visto incrementada en los últimos años, pues a pesar de que el Estado se compone en las Conferencias Mundiales de las Naciones Unidas a crear una coyuntura favorable para el avance de las mujeres, al mismo tiempo implementa políticas económicos neoliberales que afectan el desarrollo de las mujeres, generando con esto una contradicción en sus políticas encaminadas a propiciar el desarrollo de la mujer.

A manera de ejemplo Liza Domínguez del Instituto de Investigación Capacitación y desarrollo de la Mujer (IMU) plantea que “el Estado es signatario de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belem do Pará, suscribe las Estrategias de Nairobi; pero también al mismo tiempo se compromete con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en la ejecución de políticas que recortan el gasto social, locuaz afecta principalmente a las mujeres en sectores populares”. (34).
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(34) Domínguez Magaña, Liza Ob. Cit. Págs. 21 y 22.

El modelo económico neoliberal establece políticas en materia comercial, crediticia, monetaria, salarial, de precios, de estímulos y subsidios, de despojo de los bienes públicos, incluyendo dentro de la agenda también servicios sociales básicos para las personas como agua, telecomunicaciones y energía eléctrica. Así también como producto de este modelo económico se dan restricciones fiscales que afectan negativamente en la educación, salud, la vivienda, la recreación etc., lo que conlleva a que el Estado abandone sus responsabilidades sociales y esto causa un impacto negativo en la organización sociocultural de la producción y reproducción, y por lo tanto inevitablemente, en la situación de las mujeres.

Es contradictorio que el Estado se comprometa internacionalmente a propiciar el espacio de participación política y a promover a las mujeres como sujetos del desarrollo, pero con el modelo económico existente en nuestro país es imposible en nuestro país es imposible lograr lo anterior.

D. FACOTES POLÍTICOS.

El Estado salvadoreño esta conformado por el territorio, la población y el poder político; este último lo conforman tres órganos que son: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Lamentablemente, en la actualidad se observa la escasa participación de las mujeres en estos tres poderes, lo que implica que la dirección del Estado está en manos de los hombres, para y por los hombres.

Un estudio realizado por las “Mujeres por la Dignidad y la Vida y el Comité de ONG’S, el cual fue constituido por las siguientes organizaciones no gubernamentales: (CIDEP, CEPROODE, FUNDACAMPO, AMSS, CDC, CORDE, APROCSAI, PRISMA, UNES, SACDEI, PROBUSQUEDA, ABA, ASTAC, CRIPDES), revela que durante el período de 1994 a 1997, la participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa se ha dado de manera desigual en relación a los hombres, pues de un total de 84 diputados sólo nueve son mujeres y el resto son hombres” (35)
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(35) Domínguez Magaña, Liza Ob. Cit. Pág. 29

Con relación al Órgano Ejecutivo a partir de 1994, según estudio realizado por el Comité de ONG’S, aún que se ha permitido la participación de las mujeres en algunos ministerios como: el de Educación, Salud, Planificación y en puestos de decisión en algunas instituciones gubernamentales como: El Seguro Social (ISSS), Medicina Legal, la Secretaría Nacional de Reconstrucción (SNR). La participación de las mujeres en esta rama del poder estatal no es proporcional con relación a la de los hombres.

En cuanto al Órgano Judicial la participación de las mujeres es escasa, pues es importante mencionar que a principios de 1995, de un total de 15 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia, solo dos eran mujeres y el resto hombres. (36).
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(36) Domínguez Magaña, Liza Ob. Cit. Págs. 21y 22.

Las mujeres están excluidas en la participación de la participación de la actividad política, en consecuencia las decisiones políticas estarán orientadas desde el punto de vista patriarcal androcéntrico, lo cual afecta grandemente a las mujeres, pues sus necesidades no son tomadas en cuenta.

E. FACTORES JURIDICOS.

Entre la normativa internacional que el Estado de El Salvador ha ratificado, está la Convención “Belem do Pará”. Esta convención plantea el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación y el derecho a ser valorada y educada, libre de patrones estereotipos de comportamiento y practicas sociales y culturales basada en conceptos de inferioridad o subordinación. Según Yolanda Guirola, asesora en el Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER), para que en nuestro país se ratificara esta Convención fue necesario que tanto la organización a la que pertenece y otros organismos no gubernamentales como: Mujeres por la Dignidad y la Vida (DIGNAS), Coordinación Nacional de la Mujer Salvadoreña (CONAMUS) y otros intervinieran ante la Asamblea Legislativa, para hacer ver la necesidad de ratificar dicha Convención. Se reunieron diferentes ocasiones con la Diputada de la Asamblea Legislativa, Gloria Mercedes Salguero Gross, quien para ese entonces era la representante de nuestro país ante la Comisión Interamericana de Mujeres CIM, y finalmente, después de una serie de discusiones se decidió someter el proyecto a la aprobación de la Asamblea Legislativa y está fue ratificada en la fecha antes dicha. (37).
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(37) Yolanda Guirola Abogada Asesora del Instituto de Estudios de la Mujer. “Norma Virginia Guirola de Herrera”. (CEMUJER), Entrevistada el 20 de agosto de 1999, en la casa Morada de la Mujer, Urbanización la Esperanza, Boulevar María Cristina número 144, San Salvador.

El Estado de El Salvador al ratificar esta Convención se encuentra en la obligación de adecuar la legislación interna a los postulados de la misma; en alguna medida se puede decir que el Estado de El Salvador ha cumplido en ele sentido de haber aprobado y promulgado la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y se ha implementado también la Política Nacional de la Mujer, a través del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), encargado de dirigir y ejecutar su cumplimiento. Observándose por primera vez, en nuestra sociedad, la inclusión de Programas dirigidos directamente para la mujer, entre las políticas públicas de Gobierno.
CAPITULO II

DERECHO POSITIVO RELACIONADO CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER.

2.1- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS CONFERENCIAS Y TRATADOS INTERNACIONALES, RELACIONADOS A LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES.

Históricamente la mujer ha sido discriminada en cuanto al goce de los derechos humanos , esto se debe a que la doctrina que ha fundamentado tales derechos ha sido una doctrina androcentrista sexista, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del Siglo XVIII, es calara y determinante en cuanto al termino hombre, no obstante que se sabía que dentro de la especie humana existen dos sexos opuestos, hombre y mujer. El no tomar en cuenta a la mujer en título de estos derechos, se entiende que la mujer está fuera y así ha sido interpretado por los legisladores; a consecuencia de ello las mujeres formaron clubes para luchar por sus derechos humanos. En el año de 1772 en París, Olympe de Gouges escribió la Declaración de los derechos de la Mujer y la Ciudadana, pero estos anhelos de igualdad fueron reprimidos; en Noviembre de 1773fueron prohibidos los clubes y Olympe fue condenada a morir en la guillotina. (38).
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(38) Campaña de las Naciones Unidas por los derechos humanos de las mujeres y las niñas contra la violencia. Ob. Cit. Pág. 37.

La protección jurídica de los derechos humanos de la mujer se inicia en el presente siglo.
El primer paso formal se da el 26 de Junio de 1945 en la Conferencia Constituyente de la Naciones Unidas, en la que ésta se compromete al desarrollo y estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. (39)
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(39) Burkard, Susane. “Políticas de promoción de la mujer después de Pekín”, 1995.

El diez de diciembre de 1948, se firmaron dos importantes documentos sobre los derechos de la mujer en las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos, organismos de los cuales forma parte El Salvador.

Estos son la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y la Convención Interamericana sobre la concesión de los Derechos Políticos de la Mujer, de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se firmó el 2 de Mayo de ese mismo año. El primer instrumento constituye la base para las normas y acuerdos que posteriormente se elaboraron con la finalidad de prohibir la discriminación por razones de raza, sexo, nacionalidad o religión. Los más importantes del segundo instrumento es que se reconoce el derecho al voto femenino. (40).
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(40) Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Compilación de Instrumentos Jurídicos Internacionales, 1992. Pág. 13.

El 29 de junio de 1951 se adoptó en la Conferencia Internacional del Trabajo un documento jurídico Internacional muy importante, para los derechos humanos de las Mujeres, al dar igual valor a la mano de obra femenina con la masculina, dicho instrumento se dominó Convenio sobre la Igualdad de Remuneración.

Luego el 20 de diciembre de 1952 se firma por Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) un instrumento que garantiza el derecho a la participación política de la mujer, este se conoce como Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer. (41).
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(41) Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Derechos Humanos de la Mujer, Protección Internacional, San Salvador, Octubre de 1996 Págs. 9,75.

Posteriormente el 7 de noviembre de 1962 la Organización antes mencionada firma un instrumento, en el que se garantiza a la mujer la libertad para contraer matrimonio, dicho instrumento se denomina Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios.

Más tarde en el año de 1966 se aprueba en las Naciones Unidas, dos tratados internacionales que regulan los derechos humanos en general, incluyendo estos derechos de la mujer. Estos tratados o leyes internacionales forman parte de la legislación salvadoreña y se conocen como: Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y como Pacto Internacional de derechos económicos sociales y culturales, ambos respectivamente firmados en Diciembre de ese año.

El siete de noviembre de 1967, las Naciones Unidas aprobaron la primera Declaración Universal relativa al tema de la discriminación en todo el mundo contra la mujer, es importante mencionar que esta declaración, es la que constituye el primer paso hacia la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. (42).
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(42) Burkard, Susane Ob. Cit. Pág. 8.

Mas adelante, el 22 de Noviembre de 1969, en la Organización de Estados Americanos, se reconocieron los derechos de la primera generación, es decir los derechos civiles y políticos de las personas, en un instrumento que se denomina Convención Americana sobre Derechos Humanos conocido como Pacto San José la cual es Ley de la República. (43).
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(43) Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ob. Cit. Pág. 8.

El 14 de Diciembre de 1974 se afirmó en las Naciones Unidas, un instrumento que protege a la mujer, en situaciones especiales, este se denomina Declaración sobre la Protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado.

Luego en 1975 se dan varios acontecimientos de vital importancia con relación a los derechos humanos de la mujer, pues las Naciones Unidas centran la atención del mundo sobre la situación de la mujer y sus necesidades. En este año se celebró la Primera Conferencia Mundial de la Mujer, la cual se realiza entre el 19 de Junio y el 2 de Julio de ese año, marcando la conferencia el inicio de las 4 conferencias Mundiales de la Mujer celebrada hasta ahora. Además las Naciones Unidas proclamó ese año como el Año Internacional de la Mujer; posteriormente en 1976 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó bajo el lema Equidad-Desarrollo-Paz, el decenio de las Naciones Unidas.

En el año de 1977, las Naciones Unidas declararon el 8 de Marzo como “Día Internacional de Mujer”. Este día es muy significativo para las mujeres, pues con él se hace referencia a las mujeres que lucharon para que se reconocieran los derechos que hoy en día se establecen en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

Específicamente fue a principios del siglo, el 8 de Marzo de 1908 cuando 20,000 obreras textiles se organizaron en una huelga que generalmente es conocida como “el gran levantamiento”, para exigir cambios en sus condiciones de trabajo. Con esta fecha también se hace alusión a Clara Zetki, quien en esa misma fecha, sólo que en 1910, propuso se celebrara todos los años un día, en honor de la mujer. Otro acontecimiento al que se hace alusión con este día es el ocurrido en el año 1957 en Nueva York, cuando un grupo de obreras de la industria textil, se arrojaron a la calle en una manifestación, en la cual exigían que la jornada de trabajo de 16 horas fuera rebajada a 10 horas y además condiciones laborales más humanas. Como respuesta a ello el patrono realizó un acto de violencia contra las mujeres que ha quedado marcado en la historia, quemando la fabrica juntamente con las obreras dentro de ella. Todos estos hechos son dignos de homenaje, para considerar el ocho de marzo como “el Día Internacional de Mujer”.

En el año de 1979, la Organización de Naciones Unidas reconoce que pese a todas las declaraciones anteriormente aprobadas sigue existiendo una amplia discriminación contra la mujer. Es por ello que específicamente 18 de diciembre de ese año, se firma un instrumento jurídico internacional denominado “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”.

Más tarde delegaciones de 145 estados se reúnen con el fin de realizar un balance de la primer mitad del decenio de la mujer y es lo que da lugar a la Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer, la cual se celebró entre el 14 y el 30 de Julio de 1980; las áreas de atención para esta conferencia fueron: empleo, salud, educación y Capacitación.(44).
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(44) Burkard, Susane. Ob. Cit. Pág. 9.

Al final del decenio de la Mujer en 1985, se realizó la Tercera Conferencia Mundial de Mujer, en Nairobi; lo más importante de esta conferencia es la aprobación de las Estrategias orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer durante el período de 1986-2000, que promueven la igualdad, el desarrollo y la paz para la mujer. (45).
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(45) Burkard, Susane. Ob. Cit. Pág. 10.

En la década de los noventa continúan los esfuerzos por los derechos humanos de la mujer. En 1993 específicamente entre el 14 y el 25 de Junio, se llevó a cabo la “Conferencia de las Naciones Unidas de Derechos Humanos” en Viena; en ella los Estados adoptaron la “Declaración de Viena”, en la que se determina que los derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales.

En ese mismo año, el 20 de Noviembre, se firmó en la Organización de Naciones Unidas, un instrumento encaminado a la eliminación de la violencia contra las mujeres y se denomina Declaración de la Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. (46).
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(46) Campaña de las Naciones Unidas, por los derechos humanos de las mujeres y las niñas contra la violencia Ob. Cit. Pág. 26-27.

Posteriormente, el 9 de Junio de 1994 en el seno de la Organización de Estados Americanos, se firmó el primer instrumento de carácter internacional en el que se reconoce el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y que además establece mecanismos supranacionales para que las organizaciones o los particulares denuncien infracciones y omisiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este Instrumentos se denomina Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Belem do Pará”.

En el año 1995 se celebró en Beijing, del 4 al 15 de Septiembre, la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, en la cual se aprobó la plataforma de acción, que tenía por objeto acelerar la aplicación de las Estrategias de Nairobi, orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer y además surge a raíz de ella, la Declaración de Beijing. (47).
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(47) Burkard, Susane. Ob. Cit. Pág. 12.

En la Legislación Salvadoreña, este movimiento de protección de los derechos de la mujer se inició con la Constitución Política de 1950, en la cual se incluyó a la mujer como ente capaz de tener derechos y deberes; se estableció la igualdad de ciudadanía para hombres y mujeres, en el Artículo 22, expresando que son ciudadanos todos los Salvadoreños sin distinción de sexo, mayores de dieciocho años y se regula también en dicha Constitución que los derechos ciudadanos son: asociarse para constituir partidos políticos e ingresar a los ya constituidos y optar a cargos públicos. (48).
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(48) Secretaría Nacional de Familia . Ob. Cit. Pág. 6.

La actual Constitución Política de 1983 en el Artículo 3, al referirse al Régimen de Derechos Individuales, establece que todas las personas son iguales ante la ley, y no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión.

Entre las leyes que han sido aprobadas en El Salvador relacionadas con los derechos de la mujer se pueden mencionar: el “Código de Familia”, que entró en vigencia a partir del día primero de octubre de 1994 y la “Ley contra la Violencia Intrafamiliar” que entró en vigencia el 20 de diciembre de 1996.
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(49) Alto Comisionado para los derechos humanos, Normas Nacionales e Internacionales de protección contra la discriminación de la mujer. San Salvador, El Salvador. 1999. Págs. 3-38.

Asimismo existen ciertas leyes que aunque no están orientadas específicamente a proteger los derechos de la mujer, contienen disposiciones relativas a ello como: Código Penal y Procesal Penal, Ley procesal de Familia y Código de Trabajo.

Es de tomar en cuenta que el documento que se conoce como “La Política Nacional de la Mujer”, que constituyen la base para implementar las políticas rectoras de protección a la mujer en El Salvador, está impulsada por el Gobierno a través del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. (ISDEMU), con la participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

2.2. INSTRUMENTOS JURÍDICOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER.

2.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR (1983).

La Constitución de la República de El Salvador de 1983, en su título I, capítulo único “la persona humana y los fines del Estado”, Artículo 1 establece el reconocimiento a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y el bien común.

En consecuencia es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.

Del artículo anterior se desprende lo siguiente: si el Estado se encuentra obligado a asegurar a todos y todas los derechos antes enumerados significa que debe realizar las políticas necesarias encaminadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Pero la Constitución no solo protege a la mujer individualmente, sino también al grupo social como es la familia; Art. 32 señala que la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para la integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico.

El fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad jurídica de los cónyuges. La familia es una institución dentro de la cual uno de sus elementos importantes es la mujer, ya sea que esta se ubique dentro de ella como madre, esposa o hija; por lo tanto el Estado se encuentra obligado a asegurar que la mujer dentro de la familia pueda vivir una vida libre de violencia.

Es por ello que el Estado de El Salvador ha ratificado tratados internacionales, que de manera específica tutelan los derechos humanos de las mujeres y por lo tanto conforme lo previsto en el artículo 144 de nuestra Constitución son ley de la República.

2.2.2. NORMATIVA INTERNACIONAL

La protección jurídica internacional de los Derechos Humanos de la Mujer es decir, el derecho a vivir una vida libre de violencia se divide en dos ámbitos o sistemas, el regional y el universal.

2.2.2.1. ÁMBITO UNIVERSAL

Es la protección que se da a través de los instrumentos y mecanismos jurídicos que surgen de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y que dentro de sus principales instrumentos está, la Declaración universal de derechos humanos adoptada el 1 de Diciembre de 1948.

A. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Esta declaración es considerada como la piedra angular o el documento de mayor relevancia a nivel de protección de Derechos Humanos; pues en este documento, los estados reconocen que todas las personas tiene los mismos derechos sin distinción de ningún tipo, y es su obligación garantizarlos y vigilar que se respeten, y al decir que son universales significa, que son los mismos para todos los hombres y mujeres, que los poseemos desde que nacemos, por el solo hecho de ser personas humanas.

En esta declaración se contemplan los derechos civiles y políticos como e derecho a la vida, la libertad, la integridad personal, la igualdad, la seguridad, dichos derechos se regulan en los artículos 1,2,3,4 y 7. Así también en dicho instrumento se contemplan los derechos económicos, sociales y culturales; es decir el derecho al trabajo, la salud y la educación, los cuales se regulan en los artículos 22, 23, 25 y 26 respectivamente.

B. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER.

Esta convención fue aprobada el 20 de diciembre de 1952, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en ella se reconoce el derecho de la mujer al sufragio a nivel universal y el derecho a ocupar puestos públicos; anteriormente la mujer no tenía ninguna universal y el derecho a ocupar puestos públicos; anteriormente la mujer no tenía ninguna participación, ni opinión política tanto en la comunidad internacional como nacional, violentándose con ello los derechos políticos que tenía como persona humana.

Esta convención fue suscrita por el Estado de El Salvador el 24 de Junio de 1953y sometida a consideración de la honorable Asamblea Legislativa, por medio de Acuerdo Ejecutivo Nº 749 y ratificada por la Asamblea Legislativa por medo del Decreto 754, de fecha 15 de Diciembre de 1993.

C. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.

Fue aprobado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 16 de Diciembre de 1966 y el Estado de El Salvador se adhiere a este el 23 de noviembre de 1979 a través del Decreto Legislativo número 27, publicado en el Diario Oficial número 128, tomo 265 del 23 de noviembre del mismo año.

En el artículo 2 de este instrumento legal se garantice el goce de los derechos contenidos en el sin distinción alguna, incluyendo dentro de ellas el sexo. El artículo 3 es más específico al señalar que tanto hombres como mujeres tiene derecho a gozar sin distinción alguna de los derechos civiles y políticos.

Así también se establece en el artículo 20 que la ley deberá prohibir toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. De ahí que se presume que este es un primer paso para reconocer, que la violencia es un problema existente en la sociedad.

D. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.

De igual manera que el anterior instrumento, este fue aprobado el 16 de diciembre de 1966, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y el Estado de El Salvador se adhiere a este el 23 de noviembre de 1979 a través del Decreto Ley número 27, publicado en el Diario Oficial número 218, tomo 265 del 23 de noviembre del mismo año.

Si bien es cierto este instrumento es una protección de carácter general, se puede especificar, que los Estados se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres en igual título a gozar todos los derechos económicos, dentro de los cuales se pueden mencionar el derecho a la igualdad de pago de trabajo remunerado, y así también el derecho a un salario justo, el derecho a la adquisición de créditos, etc. Y de igual forma en el goce de los derechos a la educación, salud, trabajo como también en lo cultural, el derecho a la propia identidad y el derecho a la conservación de los bienes.

E. DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER.

Fue aprobada el 7 de noviembre de 1967, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta es la primera declaración universal, sin carácter jurídico obligatorio internacional, en la que se incluye específicamente el tema de la discriminación en todo el mundo contra la mujer. La Declaración constituye el primer paso hacia la “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, de carácter obligatorio bajo el derecho internacional.

Básicamente este instrumento sugiere a los Estados la adopción de una serie de medidas encaminadas a eliminar la discriminación, entre algunas de ellas se señalan las medidas encaminadas a abolir las leyes, costumbres, reglamentos y prácticas que constituyan dicho problema, educar la opinión pública y orientar las aspiraciones nacionales hacia la eliminación de los prejuicios y la abolición de las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad de la mujer.

F. DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA MUJER Y EL NIÑO EN ESTADOS DE EMERGENCIA O DE CONFLICTO ARMADO.

Proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 14 de diciembre de 1974.

En esta declaración se considera su proclamación en vista del sufrimiento que viven las mujeres que formaban o aún son parte de las poblaciones civiles, en períodos de emergencia o de conflicto armado o en la lucha por la paz.

Básicamente esta declaración establece a los Estados una serie de restricciones, que van encaminadas a evitar la violencia contra la mujer en la situación antes mencionada, entre algunas de ellas se encuentran la prohibición de los ataques y bombardeos contra la población civil, el empleo de armas químicas y bacteriológicas, etc.

Lo que se pretende con esta declaración es asegurar el respeto a los derechos humanos de las mujeres en los períodos de conflicto armado o en situaciones similares.

G. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER.

Aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 18 de diciembre de 1979 y fue suscrita en nombre y representación del gobierno de El Salvador el 14 de noviembre de 1980, ratificada por Decreto Ley número 705 de la Junta Revolucionaria de Gobierno el 2 de junio de 1981, publicado en el Diario Oficial número 105, tomo 271, del 9 de junio del año antes indicado.

Dicha convención reconoce que las mujeres son discriminadas y recomienda a los gobiernos, que elaboren leyes y políticas para garantizar la igualdad de derechos para las mujeres en todas las esferas de la vida: política, económica, social, cultural y familiar.

En el artículo uno de esta convención se establece lo que se debe entender por discriminación contra la mujer y denota que es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio para la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social cultural y civil o en cualquier otra esfera.

La convención aborda tres aspectos importantes, así: a) Lo relativo a los derechos civiles y la condición jurídica y social de las mujeres, b) Los derechos de las mujeres en torno a la reproducción, y c) El reconocimiento del papel que juega la cultura y la tradición en la limitación de los derechos de la mujer.

Esta convención señala que todas las mujeres tienen derecho a la educación en igualdad de condiciones que los hombres, a no ser discriminadas en el empleo, a ejercer los derechos y deberes políticos, a gozar de la igualdad en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y a gozar de servicios de salud integrales durante las diferentes etapas de sus vidas.

H. DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

Esta fue adoptada el 20 de noviembre de 1993, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Este es el primer instrumento jurídico en el cual, se reconoce que el problema de la violencia en contra de la mujer constituye una violación a sus derechos humanos. Dentro de los objetivos de esta declaración está erradicar las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombre y mujer, lo cual constituye un obstáculo para el desarrollo y la paz, estos objetivos también son señalados en las estrategias de Nairobi, las cuales también son orientadas hacia el adelanto y el futuro de la mujer; en dicha declaración se implementaron un conjunto de medidas, para combatir la violencia en contra de la mujer.

En el artículo 1 de esta declaración se encuentra definido lo que es violencia, el cual literalmente dice”todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

En esta recomendó a los Estados partes un conjunto de medidas para combatir la violencia contra la mujer como prevenir, investigar y conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, elaborar planes de acción nacionales para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia, etc.

2.2.2.2. ÁMBITO REGIONAL.

Es la protección que da a través de instrumentos y mecanismos jurídicos que surgen de la Organización de Estados Americanos (OEA), dentro de lo que es la protección interamericana de los derechos humanos,

A. CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER.

Esta fue aprobada el 2 de Mayo de 1948 por la Organización de Estados Americanos (OEA) y nuestro país se adhirió a ella el 17 de enero de 1951 a través del Decreto Legislativo número 123, publicado en el Diario Oficial número 16, tomo 150 del 24 de enero del mismo año.

En esta convención se reconoce uno de los derechos por el que han luchado la mayoría de organizaciones de mujeres como lo es el derecho al voto, así como también el derecho a ser elegida para cualquier cargo nacional.

B. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO SAN JOSÉ)

Aprobada el 22 de noviembre de 1969, por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Estado de El Salvador se adhiere a ella el 15 de junio de 1978 a través del Decreto Legislativo número 113, tomo 259 del 19 de junio del mismo año.

Aunque esta Convención es genérica, en ella se hace referencia a que los Estados se comprometen a respetar lo derechos y libertades sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, etc., se ve pues que al mencionar el sexo hace referencia a que la mujer está incluida.

El artículo 17 de dicha convención se encuentra un apartado especial para la familia y en su numeral cuarto se establece que los Estados partes deben tomar medidas apropiadas, para asegurar la igualdad de derechos y adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio y en caso de disolución del mismo.

Un vez más en este instrumento se reitera el goce de todos los ciudadanos a los derechos políticos, en el Art. 23.

Finalmente después de recorrer un largo camino reconociendo en instrumentos jurídicos de carácter internacional, los derechos humanos de las mujeres, la Organización de Estados Americanos reconoce que la violencia genérica contra la mujer constituye una violación a sus derechos humanos, prueba de ello es la aprobación de la Convención Belem do Pará.

C. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CONOCIDA COMO CONVENCIÓN DE “BELEM DO PARÁ”.

Esta convención fue aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA), EL 9 DE JUNIO DE 1994, y el Estado de El Salvador se adhiere a ella el 10 de agosto de 1995ª través del Decreto Legislativo número 430, publicada en el Diario Oficial número 154, tomo 328 de fecha miércoles 23 de agosto de 1995.

C.1. DOCTRINA QUE FUNDAMENTA LA CONVENCIÓN “BELEN DO PARÁ”.

La doctrina que fundamenta la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer está orientada a la protección de los derechos de la mujer, a que a esta no se le vea como un objeto, ya no más tortura ni violencia sobre su persona, pues se llega al convencimiento de la necesidad de hacer frente a esta situación para procurar soluciones positivas, mediante este instrumento jurídico que es una alternativa para discutir el alto índice de violencia existe en el continente latinoamericano.

El fundamento de la Convención Interamericana es la Convención Interamericana es la prevención a través de mecanismos jurídicos, psicológicos y sociales, la sanción y eliminación.

La doctrina que ampara dicha convención es una doctrina social, utilitarista, humanitaria, pues ubica en una posición de participación e integración a la mujer con el propósito que esta sobresalga en el campo laboral, político, social y cultural que se le reconozcan sus derechos como tal y que se den las condiciones necesarias para que se cumplan.

C.2. CONTENIDO JURÍDICO DE CONVENCIÓN “BELEM DO PARÁ”.

La convención refleja una conceptualización feminista de la legislación internacional sobre derechos humanos y reconoce que la violencia de género es una violación a los derechos fundamentales de las mujeres, que incluyen el derecho a la vida, la libertad, la seguridad, etc.

Este instrumento da un concepto de violencia en el artículo 1, el cual literalmente dice: “Para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta, basada en su género”, es decir por el hecho de ser mujer pertenecer al sexo femenino, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como el privado.

Además en esta Convención se establece en el artículo 5 que toda mujer puede ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos sociales y culturales y que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. Sigue señalando en el artículo 6 que una vida libre de violencia incluye la no discriminación, a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en la inferioridad.

Merecen especial atención los artículo siete y ocho, pues en ellos se basa la investigación de este trabajo; el primero de ellos establece que los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, POLÍTICAS ORIENTADAS A PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR DICHA VIOLENCIA y en llevar a cabo las siguientes medidas:

Velar porque los funcionarios, personal y agentes e instituciones cumplan con el deber de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia; actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; esto quiere decir que las instituciones como a Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, y Procuraduría General de la República, deben actuar inmediatamente tengan conocimiento de un acto de violencia; incluir en la legislación interna normas que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; en nuestro país después de la ratificación de dicha Convención se ha incluido en la legislación penal el delito de violencia intrafamiliar en el artículo 200.

También se establecen en el artículo 7 que para prevenir la violencia se deben adoptar medidas jurídicas, para conminar al agresor de abstenerse de hostigar , intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad.

Además los Estados tiene el compromiso de tomar medidas, para modificar o tolerancia de la violencia intrafamiliar. Así como también establecer los procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido víctima de violencia; incluir entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; en nuestro país con la Ley contra la violencia intrafamiliar, los jueces de familia son los encargados de imponer dichas medidas y un ejemplo de ellas es la prohibición al agresor de visitar el lugar de trabajo de la víctima.

Básicamente se puede afirmar que el contenido de este artículo se encuentra desarrollado en la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y se considera que con esto en alguna medida el Estado de El Salvador está cumpliendo con el compromiso que adquirió al ratificar dicha convención.

En el artículo 8 de la Convención el Estado adquiere el compromiso de adoptar, medidas específicas, inclusive programas para prevenir la violencia contra la mujer, ya sea incluyendo en los programas de educación formales y no formales, mecanismos que puedan contrarrestar prejuicios y costumbres que legitiman dicha violencia.

También el Estado se compromete a implementar programas para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policía y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.

Vale la pena mencionar que el cumplimiento de este compromiso adquirido por el Estado, específicamente constituye el problema de investigación de este trabajo de graduación, pero en este capítulo sólo se hace mención de dicho compromiso, el nivel de cumplimiento por parte del Estado; es tratado en los capítulos que siguen.

Además, con la ratificación de esta Convención el Estado adquiere el compromiso de implementar programas especializados para la atención de la mujer objeto de entidades públicas o privadas; así también programas encaminados a concientizar al público sobre el problema de la violencia y los mecanismos legales que protegen a las víctimas, ofreciendo además a estas, el acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que les permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social.

Los medios de comunicación también juegan un papel muy importante en la prevención de la violencia en contra de la mujer; por tanto, el Estado como suscriptor de esta Convención adquiere el compromiso de implementar programas en los cuales, se den las directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer.

Es importante detectar las causas, consecuencias y frecuencia con que se da la violencia en contra de la mujer. En este sentido, el Estado también adquiere el compromiso de implementar programas de investigación y recopilación de estadísticas y demás información que esté orientada a lo anterior, para así poder evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Por último se establece en este artículo que el Estado debe implementar programas mediante los cuales se promueva la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias a proteger a la mujer objeto de violencia.

Básicamente se puede afirmar que todos los compromisos que el Estado adquiere en el artículo ocho en alguna medida están cumplidos a nivel formal, a través del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. (ISDEMU).

El artículo 9 de esta Convención habla de la situación de vulnerabilidad en la que se puede encontrar una víctima de violencia, esto significa que está se caracteriza por ser discapacitada, menor de edad, o esta situación socioeconómica desfavorable; en ese sentido los Estados se componen a prestar especial atención a las mujeres víctimas de violencia que tenga teles condiciones.

El artículo 10 requiere que los Estados que han ratificado la convención incluyan en sus informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), información sobre las medidas adoptadas contra la violencia y para asistir a las mujeres afectadas, así como sobre dificultades en su aplicación.

El articulo 11 proporciona a los Estados partes de la Convención y a la (CIMI), la posibilidad de solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), opciones sobre la interpretación de la Convención. Esto es importante porque la Corte tiene la facultad de resolver sobre lo que los Estados deben hacer; además la (CIM) puede pedir a la Corte una interpretación de los compromisos adquiridos por loe Estados en el artículo 8 y también puede intervenir en casos dirigidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte.

El articulo 12 es muy importante, pues otorga a las mujeres (cualquier persona, grupo, o entidad no gubernamental reconocida) el derecho a presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denuncias o quejas de violación por un Estado parte, pero antes debe agotarse todos los recursos eficaces de la Ley interna que de conformidad con el artículo 7 de la misma Convención, debe establecer cada Estado; pero no obstante si no hay un proceso debido o acceso a las soluciones y la decisión se demora sin justa razón, una mujer o una Organización de mujeres puede denunciar los vacíos y la discriminación en las leyes y la forma de aplicarlas.
El resto de los artículos de la Convención, es decir de los artículos 13 al 25 son disposiciones meramente generales, pues estos se refieren básicamente a cuestiones de interpretación de formas de adhesión de los Estados a la misma, el derecho de reserva de los Estados, someter a enmienda la misma etc.

Lo importante de considerar es que esta Convención constituye un instrumento determinante para terminar con la impunidad y avanzar en el derecho fundamental de las mujeres a vivir libres de violencia y plenamente participes de los derechos humanos.

2.2.3.LEGISLACIÓN SECUNDARIA SALVADOREÑA.

A. CÓDIGO PENAL (1998)

De acuerdo a nuestra Constitución, el legislador salvadoreño debe crear toda la normativa necesaria para desarrollar los principios constitucionales., al referirse a la prevención y sanción de la violencia en contra de la mujer, Código Penal contiene ciertos artículos que se encamina a lo anterior. A continuación se mencionan los hechos ilícitos de violencia hacia la mujer que se encuentran tipificados y sancionados en la ley penal.

Delito de violación; violación y agresión sexual agravada; acoso sexual; tipificados y sancionados en los artículos 158,162,165,y 200 respectivamente del Código Penal. Los tres primeros delitos se refieren a conductas ilícitas que constituyen en obligar e intimidar a una persona a realizar conductas sexuales no deseadas. Se trata de proteger la libertad sexual de la mujer; al regular estas conductas como ilícitas, se protege su derecho de realizar actos sexuales con quien y cuando ella lo desee.

La violación constituye el hecho de tener acceso carnal con otra persona mediante violencia, pero el cometimiento de este delito se agrava, es decir que se sanciona con pena mayor cuando se realiza en una menor incapaz, en ascendiente, descendientes, hermanas adoptante o adoptada, o cuando se comete en la prole de la cónyuge o conviviente.

El acoso sexual también se regula como una conducta ilícita, pues por su naturaleza implica también actos sexuales no deseados por quien los recibe, como tocamientos o intimidar a la persona para que realice un acto sexual, coartándose también con dicha conducta la libertad sexual de la mujer.

Por último es importante hacer referencia al delito de violencia intrafamiliar; este delito implica la conducta de un sujeto que se encamina a maltratar a su cónyuge, la persona con quién conviviere maritalmente o los hijos de aquellos, sujetos a la autoridad parental, pupilo, menor incapaz, sometido en su tutela o guarda o en sus ascendientes.

Nuestra legislación penal contempla algunas conductas que se ubican dentro de lo que es la violencia física, psicológica y sexual, para proteger a la mujer de la violencia.

B. CÓDIGO DE FAMILIA.( 1994)

Este código entró en vigencia en octubre de 1994 y tiene por objeto regular de una manera completa y sistemática todo lo referente a la unidad de la familia; la igualdad de los derechos del hombre y de la mujer; la igualdad de los hijos; la eliminación de todo tipo de discriminación; la protección especial y prioritaria de los menores, de los incapaces y de las personas de la tercera edad.

Si el objetivo de esta normativa es la protección de la familia, es indispensable que se procure el bienestar de la mujer, es decir a vivir una vida libre de violencia dentro de la familia; es por ello que en el presente código se regula la misma desde su constitución; es decir desde el matrimonio. Algo novedoso dentro de esta nueva normativa, es que en ella se establece que la falta de matrimonio no afectará el goce de los derechos que se establecen a favor de la familia, lo cual se regula en el artículo 118 que literalmente dice: “La unión no matrimonial que regula este código, es la constituida por un hombre y una mujer que sin impedimento legal para contraer matrimonio entre sí, hicieren vida en común libremente, en forma singular, continua, estable y notoria por un período de tres a más años.

Los integrantes de la unión serán denominados convivientes o compañeros de vida y gozarán de los derechos que se les confieren en este capitulo”.

Con lo anterior queda muy claro que lo que se busca en el Código de Familia, es la igualdad en el goce de los derechos y libertades fundamentales de las personas en tanto son seres humanos agrupados en el seno de la familia.

Otro artículo con el cual se equiparan a un plano de igualdad al hombre y la mujer dentro del matrimonio, es el artículo 36 que establece la igualdad de derechos y deberes y literalmente dice: “Los cónyuges tienen iguales derechos y deberes; y por la comunidad de vida entre ellos se establece, deben vivir juntos, guardándose fidelidad, asistir en toda circunstancia, y a tratarse con respecto, tolerancia y consideración”.

Así también se trata de equiparar a un plano de igualdad a la mujer con respecto al hombre, en lo referente de la familia, pues en este aspecto de manera generalizada y estereotipada descansan en el que trabaja fuera de la casa, que normalmente es el hombre, sin reconocer que la mujer quien trabaja dentro de la misma, también hace un aporte igual o de mayor significación para la familia entera.

Cuando el aporte material es brindado por una persona, esto de lugar al ejercicio de la violencia en términos de economía al interior del hogar, es por ello que en el Art. 38 se plantea que el trabajo doméstico debe ser considerado como una aportación objetiva para la familia, el cual literalmente dice “Los cónyuges deben sufragar en proporción a sus recursos económicos, los gastos de la familia. Si uno de ellos no tuviere bienes ni gozase de emolumento alguno, el desempeño del trabajo del hogar o del cuidado de los hijos se estimará como su contribución a tales gastos. Con el mismo significado que las aportaciones del otro”.

Finalmente, es bueno señala que lo que se busca al tratar de equiparar en un plano de igualdad al hombre y la mujer dentro de la familia, es prevenir la violencia hacia la mujer, pues en ella se establece como una de las causales de divorcio el ser intolerable la vida común; esto significa que si hay maltrato físico, psicológico y sexual, perfectamente la mujer puede hacer valer dichas causales para separarse de su pareja. Dicha situación se regula específicamente en el artículo 106 que literalmente dice “El divorcio podrá decretarse, 3º ) Por ser intolerable la vida en común entre los cónyuges. Se entiende que aplica este motivo, en caso de incumplimiento grave o reiterado de los deberes del matrimonio, mala conducta notoria de uno de ellos o de cualquier otro hecho grave semejante.

Es de hacer notar que el Código de Familia presenta grandes innovaciones en cuanto a la igualdad del hombre y la mujer. Dichos cambios en nuestra legislación surgen a raíz de los compromisos que el Estado ha adquirido al participar en las conferencias y tratados internacionales, donde los Estados se comprometieron a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, específicamente se puede mencionar como ejemplo la Convención Interamericana, conocida como “Belem do Pará”.

C. LEY CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

Esta ley fue publicada en El Diario Oficial número 241, tomo 333, de fecha 20 de Diciembre de 1996, La creación de la presente ley se fundamenta en el Art. 32 de la Constitución de la Republica, en donde se establece que la familia es la base fundamental de la sociedad y el Estado tiene la obligación de dictar la legislación necesaria, para su protección y crear organismos y servicios apropiados para su integración bienestar y desarrollo social, cultural y económico. Dicha ley se encuentra fundamentada en el Art. 144 de la Constitución de la República, en donde se establece que corresponde al Estado adecuar la legislación interna a los tratados y convenciones internacionales referido a la familia, la mujer y el niño; vale la pena hacer mención que la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” es la que fundamenta de manera concreta esta ley.

En ella se establece diferentes medidas para prevenir, sancionar y erradicar las diferentes formas de violencia intrafamiliar las cuales se encuentran enumeradas en el artículo 7, generalmente estas consisten en mecanismos que conminan al agresor para que se abstenga de realizar actos de violencia en contra de la mujer. Esta ley involucra en la dinámica de prevención, sanción y erradicación de la violencia a diferentes instituciones entre las que están: la Policía Nacional Civil; la Procuraduría General de la República; la Fiscalía General de la República; los Juzgados de Paz y Juzgados de Familia.

No cabe duda que con la promulgación de esta Ley el Estado está cumpliendo con el deber que se señala en el artículo 7, literal c) de la Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en el cual se establecen en “el estado debe incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas apropiadas que sean del caso.

En la Ley además, se ha incluido en el Capitulo II, lo referente a las políticas del Estado para la prevención de la violencia Intrafamiliar y específicamente el artículo 6literal g) responde al compromiso adquirido por el Estado en el artículo 8 literal c) de la Convención “Belem do Pará”, pues establece que: Es obligación del Estado prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y con esa finalidad se desarrollarán las siguientes acciones: promover la capacitación del personal de las instituciones involucradas en la dinámica de la violencia intrafamiliar para que asuman un rol eficaz en la erradicación de la misma.
CAPITULO III
POLITICAS DE CAPACITACIÓN IMPLEMENTADAS POR EL ESTADO DE CONFROMIDAD A LA CONVENCIÓN “BELEM DO PARÁ”.

En este capítulo se aborda lo referente a las políticas implementadas por el Estado, en relación a la capacitación del personal involucrado en la administración de justicia, policial y demás funciones encargados de la aplicación de la Ley, así como del personal a cuyo cargo está la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer, en cumplimiento al compromiso adquirido al ratificar la Convención “Belem do Pará” .

El Estado es el ente que constitucionalmente se encuentra obligado a asegurar el pleno goce de los derechos humanos y si la violencia contra la mujer atenta contra la mujer contra estos derechos, está obligado a implementar medidas específicas e inclusive programas para prevenir, sancionar y erradicar el problema, pues el artículo 1 de nuestra Carta Magna señala “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y el bien común.

En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”.

El artículo (2) del mismo cuerpo de Ley señala que “Toda persona tiene derecho a la vida, la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos.

Se garantiza el derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.

En este sentido se puede establecer que siendo la persona humana el origen y el fin de la actividad del Estado, este tiene la obligación de velar por el cumplimiento de tales derechos; además sí se parte del principio de igualdad, reconocido en el artículo (3) de nuestra Carta Magna, en donde se prevé, que para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo religión se deduce que el Estado se encuentra obligado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Ello explica que, la Constitución regule en su Capitulo II denominado “ Derechos Sociales”, el tema de la familia definiendo que por ser esta la base fundamental de la sociedad, tendrá la protección del Estado, dictando para ello la legislación necesaria y creando los organismos y servicios apropiados para su integración bienestar y desarrollo social, cultural y económico.

Pero estas obligaciones son desarrolladas y complementadas con otras asumidas en la legislación secundaria, y en materia de protección a los derechos de la mujer, vale referirse a la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, la cual no obstante que es un tratado de carácter internacional, tiene la calidad de Ley al haber sido ratificada por el Estado de El salvador. Para efectos de ilustración es importante exponer de manera somera qué es un tratado y cuales son las etapas de sus proceso de celebración.

El tratado es definido por la Convención de Viena como “un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional” y las etapas para su celebración son la negociación, firma, aprobación y ratificación.

En atención a nuestra legislación, para la celebración de un tratado intervienen las voluntades de dos órganos estatales: el Ejecutivo que es representado por el Presidente de la República y en atención al artículo 168 Nº 4 de la Constitución tiene la facultad de celebrar tratados y convenciones internacionales; someterlos a ratificación de la Asamblea Legislativa y vigilar su cumplimiento; el otro Órgano que interviene es el Legislativo que de acuerdo con el artículo 131 Nº 7 de la Constitución le corresponde a la Asamblea Legislativa ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo con Estados u organismos internacionales, o denegar su ratificación. Después de esta interviene nuevamente el Órgano Ejecutivo, pues de acuerdo con el artículo 135 de nuestra Carta Magna todo proyecto de ley después de discutido y aprobado por la Asamblea Legislativa, se envía a más tardar dentro de diez días al Presidente de la República quien sanciona, promulga y lo hace publicar como Ley de la República.

La Convención “Belem de Pará” ha seguido el proceso antes enunciado, pues la misma fue negociada y firmada por el órgano Ejecutivo a través del ramo de Relaciones Exteriores el 9 de junio de 1994, y posteriormente fue ratificada por la Asamblea Legislativa el 10 de agosto de 1995, adquiriendo el Estado de El Salvador el compromiso de reconocer y dar vigencia a los derechos que contiene, así como a implementar un conjunto de políticas y medidas que tienen por fin prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Como ya se ha observado el presente trabajo se orienta a determinar el estado del cumplimiento del artículo 8 c de la Convención “Belem do Pará”, el cual recomienda a los Estados Partes implementar programas que fomenten la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la Ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de dichas políticas.

Para determinar el nivel de cumplimiento de la Convención, en primer lugar se han identificado las instituciones estatales que estarían implicadas en tal cometido a la luz del artículo 8 literal c) y se ha investigado si desarrollan programas de capacitación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

En lo que respecta al aparato de administración de justicia, se hizo necesario indagar si el personal de los tribunales de familia, ha recibido tal capacitación, pues es ante ellos que se dirimen los conflictos de violencia contra la mujer: también se investigó el papel de la Escuela de Capacitación Judicial pues de capacitar a los funcionarios judiciales.

Siendo el Ministerio Público componente importante en la administración de justicia se investigó sí en las instituciones se investigó sí en las instituciones que lo conforman (Fiscalía General de la República, Procuraduría General y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos) se desarrollan dichos programas de capacitación. Otra institución según el artículo 8 de la Convención, sería el órgano policial, por lo que se investigó si la Asamblea Nacional de Seguridad Pública, por ser la encargada del proceso de formación educativa de los agentes policiales, cuenta con programas de capacitación sobre el tema.

En la última parte literal c) del artículo en mención, se hace referencia al personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer. En nuestro país de conformidad con la Ley, la institución a cuyo cargo está la aplicación de dichas políticas, es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer.(ISDEMU).

A continuación se establece el resultado obtenido de la investigación realizada en cada una de las instituciones citadas.

3.1. INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER, (ISDEMU).

Creado por Decreto Número 644, de fecha primero de marzo de 1996, basado en el principio de igualdad que regula el artículo 3 de la Constitución de la República, ya que el irrespeto a tal principio obstaculiza el desarrollo de la mujer en los ámbitos políticos, económico, social y cultural.

En vista de lo anterior, el Estado crea este organismo con atribuciones y obligaciones propias “que tiene por objeto diseñar, dirigir, ejecutar, asesorar y velar por el cumplimiento de la Política Nacional de Mujer promoviendo en tal sentido el desarrollo integral de la mujer salvadoreña. (50).
…………………………….
(50) Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) Ley de creación del ISDEMU. Pág. 2.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) está constituido por una Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva; la primera está presidida por la titular e la Secretaría Nacional de la Familia o quien el Presidente de la República, y las personas titulares de las siguientes instituciones: Ministerio de Seguridad Pública, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; Ministerio de Justicia; Ministerio de Educación; Ministerio de Trabajo y Previsión Social; Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Ministerio de Agricultura y Ganadería y dos Representantes de Organismos No Gubernamentales Nacionales, debidamente inscritos.

La Dirección Ejecutiva la preside una abogada teniendo dentro de sus atribuciones la administración general del instituto, dirección y seguimiento en la ejecución de la política, planes y proyectos para la mujer. (51).
…………………………………………
(51) Ley de Creación del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la mujer (ISDEMU). Pág. 3, 4 y 5.

ATRIBUCIONES

Dentro de la ejecución de la Política Nacional de la Mujer el ISDEMUA tiene la atribución de formular, dirigir, ejecutar y vigilar el cumplimiento de la Política Nacional de la Mujer, el Instituto tiene otras atribuciones tales como loa de proponer que se adecué la legislación nacional a las convenciones internacionales ratificadas por el Estado de El Salvador. También tiene como atribución dar seguimiento a las plataformas de acción emanadas de las Conferencias Internacionales relativas a la promoción de la Mujer. Otra atribución es la de divulgar, promover y propiciar el efectivo cumplimiento de los Convenios ratificados por el Estado de El Salvador. (52)
……………………………….
(52) Ley de Creación del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. ISDEMU, Pág. 2 y 3.

POLÍTICA NACIONAL DE LA MUJER.

El plan operativo como Política Nacional de la Mujer se enmarcó dentro del plan social del gobierno del presidente de la República doctor Armando Calderón Sol y se programó para ser desarrollada en los años 1997, 1998 y 1999, consagrando entre sus principios la igualdad de todas las personas en la sociedad y condiciones que permitan fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; por eso la Política Nacional de la Mujer se orienta a la inversión en capital humano por medio de la educación, capacitación y la motivación hacia el cambio; teniendo en como objetivos principales mejorar la condición y elevar la posición de la condición y elevar la posición de las mujeres salvadoreñas, logrando su participación en el desarrollo nacional y promoviendo la igualdad entre los géneros, a como el prevenir y detectar el fenómeno de violencia mediante acciones sustantivas que se basen en los preceptos de la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar, partiendo del fortalecimiento y desarrollo del programa de Saneamiento de la Relación Familiar.

Dentro de esta política se describe una estrategia general en la que se plantean diversos elementos, procedentes tanto de los compromisos internacionales como del cuadro normativo general y específico de nuestro país, teniendo como principal destinatario la población femenina. El Órgano Ejecutivo a través del (ISEDMU) es el protagonista del cumplimiento, no obstante de estos compromisos las otras instituciones que conforman la Junta Directiva de ISDEMU, también son responsables de implementar una política a favor de la mujer en el país.

Un aspecto muy importante, que se señala dentro de esta estrategia general, es que en todas las acciones a desarrollar dentro de las respectivas áreas, requieren de dos procesos fundamentales: capacitación e investigación. Estos son los elementos claves para la efectiva implementación de dicha política.

En el desarrollo operativo de la Política Nacional de la Mujer se señalan las siguientes áreas de acción: legislación; educación y capacitación; salud; mujer y trabajo; participación ciudadana y política; familia; violencia; agricultura, ganadería, pesca y alimentación; medio ambiente y medios de comunicación.

Como se puede observar, dentro de las áreas de acción se contempla un área de educación y capacitación, pero esta se refiere a la educac9ón de la población en general para prevenir la violencia y no específicamente al personal de la administración de justicia y a los que colaboran con esta. Sin embargo, dentro de los objetivos que se señalan para el área de legislación, se establece el objetivo estratégico 1.3. el cual dice que se busca “promover el proceso de capacitación en las materias referidas a la discriminación de la mujer, en los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ministerio Público y Ministerio de Seguridad Pública”.(53) Para el cumplimiento de este objetivo en dicha política se establecen las siguientes acciones: “Desarrollar concertadamente con la Escuela de Capacitación Judicial, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones competentes, talleres de formación de abogados(as) y funciones judiciales a todo nivel, para que hagan uso y potencien las posibilidades del ordenamiento jurídico vigente para asegurar en los hechos la igualdad entre hombre y mujer; concertar con el Órgano Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Seguridad, un proyecto de capacitación sobre género, en la administración y aplicación de justicia concertar la realización de jornadas de sensibilización a los responsables de la formulación, aprobación y aplicación de las leyes, a fin de asegurar que incorporen los derechos e interese de la mujeres”.
…………………………………
(53) Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. (ISDEMU) Política Nacional de la Mujer. San Salvador, septiembre, 1997. Pág. 17.

Así también en la política, en el área de violencia se proponen dos objetivos: “realizar dos capacitaciones anuales para el personal del programa sobre técnicas de abordaje en crisis; tratamiento de casos a víctimas de violencia Intrafamiliar, agresión y delito sexual” y “Realizar un taller semestral para capacitar a los coordinadores y personal operativo de cada institución, perteneciente al Sistema Interinstitucional del programa de saneamiento en la Relación Familiar”. 54
……………………………………………………….
(54) Política Nacional de la Mujer. Ob. Cit. Pág. 42 y 43.

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos precitados, dentro del ISDEMU se han creado 2 áreas organizacionales y estas son: la División de Capacitación y la División de Atención a la Violencia.

DIVISIÓN D CAPACITACIÓN

Es la responsable de diseñar, programar y coordinar la ejecución de procesos de capacitación que faciliten el instrumental teórico-metodológico, en apoyo a la institucionalidad del enfoque de género en las instituciones comprometidas en la ejecución de la Política Nacional de la Mujer”. 55
………………………………..
(55) Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 8ISDEMU). Boletín.

DIVISIÓN DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA.

Esta es la encargada de coordinar el Programa de Saneamiento en la Relación Familiar y este “es un programa que proporciona atención a los miembros de la Familia Salvadoreña, a través de una atención emocional, psicológica, social, médica y legal, a fin de prevenir y ayudar a resolver la problemática de violencia Intrafamiliar” 56.
……………………………………..
(56) Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). “Programa de Saneamiento en la Relación Familiar”. Boletín.

Par poder determinar el grado de cumplimiento del ISDEMU en relación a la implementación de los programas de capacitación se hace necesario revisar los informes de cumplimiento de las acciones de la Política Nacional de la Mujer en los años 1997 y 1998 y el resultado fue el siguiente:

INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MUJER, AÑOS 1997 Y 1998.

En el año 1997, en el informe de cumplimiento de las acciones de la Política Nacional de la Mujer, que presentó (ISDEMU), no se reporta la realización de ningún evento de capacitación. En lo que respecta al año 1998 se reporta que se han impartido “capacitaciones sobre sensibilización en enfoque de género a funcionarios y personal técnico operativo del Órgano Legislativo, al 30% de Diputados y en el Órgano Judicial al 100% de trabajadores sociales y educadores de todos los tribunales de familia de la República.

También informa que se han impartido capacitaciones a funcionarios del Ministerio Público, sobre conceptualización desde la perspectiva de Género para el Análisis de la Legislación Familiar, al 100% Procuradores de Familia delegados en todos los Juzgados de Familia de la República, auxiliares Jurídicos y jefas de Unidad de Familia y el Menor de la Procuraduría General de la República.

De igual forma, se establecen en este informe que se han impartido capacitaciones a funcionarios del Órgano Ejecutivo, sobre la conceptualización desde la perspectiva de Género para el Análisis de la Legislación Salvadoreña para asesores y colaboradores jurídicos de las siguientes instituciones: Ministerio de Justicia, de Trabajo y de Previsión Social, de Agricultura y Ganadería, de Obras Públicas, de Educación, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Secretaría Nacional de la Familia e Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer.

Por último, en este Informe se establece que se realizó un evento de capacitación a funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública: sobre sensibilización desde la perspectiva de género aplicada a la legislación Salvadoreña, siendo sus destinatarios 25 docentes de la Academia Nacional de Seguridad Pública y 10 Subcomisionados”. 57.
…………………………….
(57) ISDEMU: Informe del Cumplimiento de las Acciones de la Política Nacional de la Mujer. 1998 Pág. 8 y 9.

En total se determina en el informe que “se realizaron 18 capacitaciones a todo el personal del programa de “Saneamiento de la Relación Familiar” generando 99 beneficiarios del personal propio y 1,822 beneficiarios de las instituciones suscriptoras del programa, a través de la Colaboración del Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos” 58.
…………………………..
(58) Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ISDEMU Ob. Cit. Pág. 32.

3.2 ÓRGANO JUDICIAL.

Al ratificar la Convención “Belem do Pará” , el Estado se ha comprometido a adoptar medidas y programas para fomentar la educación y capacitación del personal en la Administración de justicia.

El Órgano Judicial de acuerdo a lo establecido en el artículo 172 de nuestra Constitución de la República está compuesto por las siguientes instancia: la Corte Suprema de Justicia, las Cámaras de Segunda Instancia y los deas Tribunales que establezcan las leyes secundarias, correspondiendo a este órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias Constitucional, Civil, Penal, Mercantil, Laboral, Agraria y de lo Contencioso Administrativo, así como en las otras que determine la Ley”. 59
……………………………………
(59) Mendoza Orantes, Ricardo: “Constitución de la República” 18 Edición, San Salvador, El Salvador, Febrero de 1998 Pág. 44 .

Los funcionarios titulares de las instancias antes mencionadas son los Magistrados y Jueces; en tal razón éstos y el personal que colabora con ellos, por ser específicamente los encargados de administrar justicia deben recibir una preparación técnica especial; es por ello que nuestra Constitución designa al Consejo Nacional de la Judicatura la preparación y elección de los profesionales que han de ostentar los cargos antes dichos. El artículo 187 al respecto señala “El Consejo Nacional de la Judicatura es una institución independiente, encargada de proponer candidatos para los cargos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de las Cámara de Segunda Instancia, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz.

Será responsabilidad del Consejo Nacional de la Judicatura, la organización y funcionamiento de la Escuela de Capacitación Judicial, cuyo objetivo es el de asegurar el mejoramiento en la formación profesional de los jueces y demás funcionarios judiciales.” 60.
………………………………
(60) Constitución de la República. Ob. Cit. Pág. 48.

Es en razón de lo anterior que la Escuela de Capacitación judicial, se encarga de la preparación de los funcionarios antes dichos, y se convierte en una unidad reobservación de esta investigación. Debido a que la Convención “Belem do Pará” fue ratificada en agosto de 1995 la investigación sobre la implementación de capacitaciones por parte la Escuela, va del año 1996 hasta la mitad de 1999.

ESCUELA DE CAPACITACIÓN JUDICIAL.

De la Escuela de Capacitación Judicial se reportan los informes de labores correspondientes a los siguientes períodos: 1 de mayo de 1996 al 30 de abril de 1997; del 1 de mayo de 1997 al 30 de abril de 1998; del 1 de mayo de 1998 al 30 de abril de 1999. Según informes en el primer período se realizaron en total 225 Eventos de Capacitación con 5, 277 participantes, habiéndose impartido en 4,324 horas; los participantes fueron personas que se desempeñan como defensores públicos, procuradores de menores, fiscales, jueces de paz, de lo penal, los integrantes de los equipos multidisciplinarios de los juzgados de menores y familia que están integrados: trabajadores sociales, psicólogos y educadores.

De los datos anteriores interesa detectar con qué frecuencia se abordó el tema de violencia Intrafamiliar y de ello se obtuvieron los siguientes datos:
CUADRO Nº 1

CAPACITACIONES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO 1 DE MAYO DE 1996 -30 DE ABRIL DE 1997

Meses
Áreas
Eventos
De horas
Capacitados
Mayo 96
Violencia Intrafamiliar
26
490
519
Junio 96
Violencia Intrafamiliar
33
670
679
TOTAL
59
1,160
1,198
Fuente: Memoria de labores período 1 de mayo de 1996 al 30 de abril de 1997.

En el segundo período, solamente se desarrolló un ciclo o módulo de capacitación, en relación a la temática de violencia contra la mujer bajo la denominación “Justicia y Género”, con un número de no menos de treinta participantes.

En estos períodos al tema de la violencia Intrafamiliar se le dio poca relevancia, pues no se abordó de manear específica, sino que fue inmerso dentro de otros temas. De un total de 225 eventos que se realizaron en el primer período, solamente en 59 se abordó el tema de violencia intrafamiliar; es decir que de 4,324 horas de capacitación sólo en 1,160 se incluyó dicho tema; asimismo, de un total de 5, 277 participantes en las capacitaciones de este período sólo 1, 198 fueron capacitados en esta técnica.

En el tercer período se realizaron 77 cursos por área temática, habiéndose impartido a 510 grupos un total de 11, 390 hora s, ascendiendo el número de participantes a 12, 959, al igual que el período anterior no se establece a que institución pertenecían los capacitados.

Vale la pena mencionar que durante este período a diferencia de los dos anteriores se impartió un mayor número de capacitaciones en relación al tema de violencia, aunque no específicamente con esa denominación sino como “Justicia y Genero”, sin embargo en esta va inmerso el tema de la violencia contra la mujer.

Tal es así que la temática Justicia y Género se ubica en de los cinco primeros lugares de temáticas mayormente abordadas, luego de pasar casi desapercibidos en los períodos anteriores. 61
………………………………………..
(61) Memoria de labores de la Escuela de Capacitación Judicial, período 1 de mayo de 98 al 30 de abril de 1999. Pág. 17.

En el siguiente cuadro se detallan los meses en que se abordó la capacitación en la temática Justicia y Género en el curso que se denominó: “Igualdad Jurídica en la Administración de Justicia” y el número de grupos, horas y participantes a que se impartió.
Cuadro Nº 2
CAPACITACIONES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO 1 DE MAYO DE 1998- 30 DE ABRIL DE 1999.
Meses
CURSO
Grupos
Horas
Destinatarios
Julio
Igualdad Jurídica en la Administración de Justicia
1
40
32
Agosto
Igualdad Jurídica en la Administración de Justicia
3
120
89
Septiembre
Igualdad Jurídica en la Administración de Justicia
4
64
113
Octubre
Igualdad Jurídica en la Administración de Justicia
1
12
11
Noviembre
Igualdad Jurídica en la Administración de Justicia
3
60
77
Diciembre
Igualdad Jurídica en la Administración de Justicia
6
120
153
Febrero
Igualdad Jurídica en la Administración de Justicia
4
68
97
Marzo
Igualdad Jurídica en la Administración de Justicia
168
20
32
Abril
Igualdad Jurídica en la Administración de Justicia
320
60
60
TOTAL
510
564
664
Fuente: Memoria de labores período 1 de mayo de 1998 al 30 de abril de 1999. Ob. Cit. Anexos Págs. 3, 5, 10,13,14,17,19 y 20.

Como se puede observar el área temática justicia- género estuvo entre las primeras 5 temáticas mayormente abordadas en el período; se capacitó 510 grupos con el curso denominado “Igualdad jurídica en la administración de justicia”. De 11,390 horas de capacitación 564 fueron exclusivamente para este concurso de 12,958 participantes, a 664 se les impartió especialmente, en la cual se abordaron los siguientes temas:
-Principio de igualdad en el goce de los derechos humanos en la administración de justicia, derechos humanos en la administración de justicia, derechos humanos y sexismo;
-El sistema sexo género y socialización patriarcal; sistema patriarcal, sexismo y derecho;

-Los componentes del derecho: una alternativa género sensitiva para el análisis del fenómeno jurídico;

-Violencia contra la mujer aspectos generales; la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres, aspectos generales, definiciones, manifestaciones, ciclo de violencia, secuelas y mitos;

-Violencia contra la Mujer y el Sistema Jurídico, análisis del tratamiento de la problemática de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar en El Salvador.

3.3. Ministerio Público.

Como ya se observó la Escuela de Capacitación Judicial imparte capacitaciones para el personal de las instituciones que conforman el Ministerio Público; sin embargo interesa verificar si al interior de cada una de estas instituciones se desarrollan programas de capacitación en torno a la temática de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer.

3.3.1. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

El artículo 193 de la Constitución de la República señala que: “Corresponde al Fiscal General de la República 1º) Defender los intereses del Estado y de la sociedad; 2º) Promover de oficio o petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad…”

La Ley Orgánica del Ministerio Público en su artículo 3 señala las atribuciones conferidas al Fiscal General de la República entre las cuales se puede mencionar las siguientes: “2) Velar por el respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales”. Si la violencia contra la mujer constituye un irrespeto a los derechos humanos el Fiscal General de la República debe velar por prevenirla; entre otra de sus atribuciones esta la “12) Ejercer la acción penal en los casos de estupro y acceso carnal por seducción, violación y rapto, siempre que preceda la denuncia o aviso, en su caso, de la persona ofendida, de sus representante legal o de la persona que por cualquier causa la tenga bajo su custodia”, cuando el juez haya procedido de oficio conforme a la Ley. Todos los delitos antes dichos son el resultado de actos de violencia contra la mujer, por lo tanto el fiscal General de la República tiene como atribución promover la acción penal en esos casos.

La institución cuenta con un departamento que se denomina “Capacitación y Desarrollo” y al investigar en las memorias de labores de los años 96,97 y 98 se pudo verificar que en ninguna de ellas se establece que se hayan impartido capacitaciones específicas con relación a la temática de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer ni temas afines. Ante tal situación, se indagó con empleados de la “Unidad de Delitos contra Menores de edad y La Mujer y su relación Familiar”, resultado que en septiembre de 1998 y julio 1999, el personal de es Unidad recibió capacitación en el ámbito de los”Métodos y Técnicas de investigación de delitos de abusos sexuales”; habiéndose impartido ésta por un equipo proveniente de Texas conformando por un Fiscal, un Sargento de policía y una Licenciada en Enfermería Forense teniendo un tiempo de duración de 2 semanas.

Esta Unidad presta asistencia legal a las víctimas de violencia, cuando el reconocimiento médico legal determina que las lesiones sufridas por la víctima sanarán en un período no menor de diez días”.

Asimismo dicha Unidad presta atención psicológica a las víctimas de delitos de violencia especialmente de delitos sexuales. Por otra parte la Unidad de Política Criminal y prevención del delito, impartió charlas de capacitación sobre la prevención de la violencia contra la mujer, en comunidades y escuelas. Los temas que se abordan son violencia Intrafamiliar, aborto, la familia, desintegración familiar, abuso sexual entre otros; lo cual se hace con la finalidad de concientizar a las mujeres, para que denuncien a los agresores, pues en la mayoría de los casos de violencia que se han conocido muchos de ellos solo llegan a la denuncia y no le dan seguimiento legal, debido a que las víctimas dependen económicamente del agresor o reciben amenazas de paste de este. 62
………………………………….
(62) Entrevista realizada en el Departamento de Política criminal para la prevención del delito de la Fiscalía General de la República.

3.3.2. PROCUARADURÍA GENARAL DE LA REPÚBLICA.

El artículo 194 de la Constitución de la República señala que “Corresponde al Procurador General de la República : 1º9 Velar por la defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores y demás incapaces; 2º) Dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos y representarlas jurídicamente en la defensa de personas de escasos recursos económicos y representarlas judicialmente en la defensa de su libertad individual y de sus derechos laborales.

El artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público señala otras atribuciones del Procurador General de la República y en ninguna de ellas, se contempla nada en relación a la prevención de la Violencia contra la Mujer.

En la actualidad es el Departamento de Relaciones Familiares, el encargado de atender los casos de violencia contra la mujer y en el artículo 49 del cuerpo de Ley precitado se regulan las atribuciones de dicho Departamento, sin embargo en ellas sólo se hace referencia a las cuestiones de cuota alimenticia para los hijos.

Según el informe de labores de esta institución corresponde al período comprendido entre junio de 1996 a mayo de 1997 se realizaron las siguientes capacitaciones:
CUADRO Nº 3

CAPACITACIONES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO JUNIO 1996- MAYO 1997.



El número total de eventos de capacitación en este período fue de 136 de los cuales sólo en 9 de ellos se trató la temática de violencia contra la mujer y de un total de 1, 348 capacitados un poco menos del 10% participó en dichos eventos.

En lo que respecta al informe de labores de esta institución durante el período comprendido entre junio de 1998 a mayo de 1999 no se encontró que hayan realizado capacitaciones en torno a la temática de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.

3.3.3. PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es una institución del estado creada por los acuerdos de paz, en enero de 1992, para garantizar y vigilar el respeto de los derechos humanos. Tal y como lo señala la Constitución de la República en su artículo 194 numeral 1º.

Según el artículo 15 literal c) del Reglamento de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los derechos Humanos, entre los funcionarios integrantes de esta institución está el Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer, quien de conformidad con el artículo 20 del reglamento citado, tiene como función el promover, garantizar y supervisar el respeto a los derechos de la mujer y vigilar el cumplimiento irrestricto de los mismos dentro del marco de una defensa integral. Así también deberá proporcionar de manera especial, toda legislación tendiente a obtener y asegurar la igualdad del hombre y la mujer ante la Ley.

En razón de estas atribuciones se investigó en la (PDDH) desarrolla o desarrollado programas de capacitación al personal con la temática de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.

Como resultado de la investigación se obtuvo lo siguiente: En Junio de 1996, la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer, elaboró un plan de trabajo que contempla cuatro programas: “Programa de tutela de los Derechos Humanos de la Mujer; Programa de Difusión y Programación; Programa de Legislación, Investigación y Formación, y el Programa de Derecho Institucional”. (63)
………………………………………….
(63) PADDHM “Análisis del fenómeno legal desde una perspectiva de género”. San Salvador, junio, 1996 Pág. 3.

Dentro del Programa de Legislación, Investigación y Formación se desarrolló un curso de capacitación que se denominó “Análisis del Fenómeno Legal desde una perspectiva de Género” este curso tuvo como principal contribuir a generar una nueva visión en la o el legislador, dotándole de un conocimiento científico que posibilite ver a la mujer desde la condición en que esta se encuentra en la sociedad y legislar con más amplios criterios de equidad ya que la legislación tiene repercusiones inmediatas en los y las operadores del Sistema Judicial:

Como uno de los objetivos de esta capacitación se señala el siguiente: “Que los participantes adquieran herramientas metodológicas para la revisión de la legislación nacional a la luz de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discrinación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”.64.
…………………………….
(64) Procuraduría adjunta para la defensa de los derechos de la mujer. Ob. Cit. Pág. 7.

El contenido de este curso de capacitación fue el siguiente: sexo-género; socialización de los roles de géneros; condiciones de los géneros feminidad y masculinidad; violencia genérica; metodología para el análisis de género del fenómeno legal; principio de igualdad y construcción de matriz para la revisión de la legislación nacional. Dentro de los contenidos abordados en este último tema estuvo la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Esta Capacitación tuvo una duración de 5 meses y se desarrolló en quince sesiones, de seis horas cada una, siendo 90 horas en total. Se inició el 19 de julio y se concluyó el 18 de octubre de 1996. Los participantes fueron 25 personas activas en el quehacer jurídico de diversas instituciones.

En lo referente al período comprendido entre junio de 1997 a mayo de 1998, en esta institución se desarrollaron las siguientes actividades: la elaboración y publicación de la Guía de calificación de las violaciones a los derechos de las mujeres por su condición femenina”; se menciona esta guía, ya que este esfuerzo fue acompañado de una intensa capacitación al personal de tutela de esta situación, a nivel nacional, para que su aplicación respondiera a los principios enunciados.

En este período se desarrollaron los siguientes programas:

A. PROGRAMA DE FORMACIÓN

Este programa se dirige a brindar formación y capacitación sobre los derechos humanos de la mujer, partiendo de la reflexión y el análisis de los casos presentados, siendo sus destinatarios los destinatarios/as de los Tribunales de Familia, Ministro Público, Policía Nacional Civil y miembros de las organizaciones sociales del país.

B. PROGRAMAS DE TUTELA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER.

Este programa busca garantizar un servicio sin estereotipos sexistas en la atención de los casos que han acudido al Sistema de tutela de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y vigilar su disminución progresiva en el sistema de administración de Justicia; se verifican los procedimientos y el análisis de las resoluciones en los casos que han sido calificados bajo la tipología de los derechos de la mujer y se realizan estudios situaciones que permiten emitir recomendaciones sobre aspectos legislativos que guarden relación con los derechos de la mujer.

C. PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y PROMOSIÓN.

Con este programa se pretende contribuir a la sensibilización de la sociedad en su conjunto para el cambio d patrones patriarcales y promover en la mujer el empoderamiento de sus derechos y el acceso a los mecanismos para su exigencia.

D. PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.

Este programa se dirige a propiciar espacios planificados para el estudio, reflexión y análisis de los derechos humanos de la mujer con el equipo humano que integra la unidad, se garantiza el seguimiento y evaluación de las acciones de los programas y asegurar la gestión necesaria para el financiamiento de los programas.

Específicamente en este período se desarrollaron los eventos de capacitación siguientes
CUADRO Nº 4

CAPACITACIONES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO JUNIO 1997-MAYO 1998.
Participantes
Actividades
Horas
Descripción
Participantes
Agosto./97
"Violencia contra la mujer"
5
Taller sobre Violencia contra la mujer, causas, efectos, prevención y protección.
17 oficiales y agentes de la PNC.
Octubre./97
"Violencia intrafamiliar"
8
Taller sobre Violencia contra la mujer, causas, efectos, prevención y protección.
25 agentes PNC departamento de Familia.
Octubre./97 Noviembre./97 Febrero./98 Marzo./98
"Guía para la calificación de violaciones de los derechos humanos de la mujer"
80
5 cursos. Análisis exhaustivo y teoría sobre el principio de igualdad y no discriminación aplicación de guía.
134 profesionales de tutela de la PDDH
Octubre a Diciembre./97
"Fenómeno legal desde una perspectiva de Género"
40
Exposición categorías sexo, género, feminidad y masculinidad, violencia de género, principio de igualdad y metodología para el análisis del fenómeno legal desde una perspectiva de género.
40 profesionales del Ministerio Público, PNC, Órgano Judicial, PDDH.
Marzo. /98
"Mujer y derechos humanos"
4
Distribución de materiales con mecanismos de protección interna e internacional se discutió sobre papel de la PDDH como querellante.
8 Profesionales de tutela de la PDDH.
Junio./98 Julio./98
"Derechos Humanos de la Mujeres"
55
8 Talleres sobre: Bases de la descripción en razón del sexo, y la Ley contra la violencia Intrafamiliar: Papel de PNC.
336 Mandos superiores y oficiales de la PNC.
Junio./98
"Ley contra la violencia intrafamiliar"
6
Taller sobre la violencia contra la mujer y responsabilidades de la PNC en la protección de las mujeres.
30 Agentes de la PNC.
Julio./98
"Repercusiones de la violencia Intrafamiliar".
4
Taller sobre las causas de la violencia contra la mujer, el ciclo de la violencia Intrafamiliar y sus repercusiones en la vida de las mujeres.
35 Jueces de paz y de Familia, Magistrados de familia.
Julio./98
"Ley contra la Violencia Intrafamiliar"
6
Foro- debate sobre la Ley, su espíritu, Instituciones Involucradas, limitaciones en la protección.
17 oficiales y agentes de la PNC.
Abril./98 Mayo./98
"Teoría de Género, elementos básicos y aportes en la atención clínica".
32
Exposición dialogadas sobre los postulados fundamentales de las relaciones de género, se reflexionó sobre las implicaciones que tienen estas a la hora de la atención clínica y se profundizó sobre las valoraciones y actitudes que se convierten en prejuicios y afectan a las mujeres y demás víctimas de la violencia sexista.
70 psicólogos de los centros de Atención psicosocial de la CSJ.
Total
240
712

Fuente: Procuraduría adjunta para la defensa de los derechos humanos de la mujer. Informe de Labores junio 1997 a mayo de 1998.

3.4 Policía Nacional Civil.

El estado de El Salvador al ratificar la Convención Belem do Pará, se compromete a implementar programas para la educación y capacitación del órgano policial.

Según el inciso tercero del artículo 159 del la Constitución de la República, la Policía Nacional Civil tiene a su cargo garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, así como la colaboración en el procedimiento de investigación del delito y todo ello con apego a la ley y estricto respeto a los Derechos Humanos; por tanto: constitucionalmente tienen el deber de intervenir en casos de violencia contra la mujer.

El artículo 1 de la Ley Orgánica de la PNC, establece que dicha institución tendrá por objeto proteger y garantizar el libres ejercicio de los derechos y las libertades de las personas; prevenir y combatir toda clase de delitos; mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad, tanto en el ámbito urbano como rural, con estricto apego a los derechos humanos.

En el artículo 23 de la Ley Orgánica se enuncian las funciones de la institución siendo algunas de ellas:
1. Garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y ordenanzas. (La Convención “Belem do Pará” es una Ley de la República y por tanto, debe la Policía garantizar que esta se cumpla).

2. Proteger y garantizar el libres ejercicio de los derechos y las libertades de los ciudadanos en todo el territorio nacional. (En razón de lo anterior debe entenderse que esta institución debe garantizar a la mujer el derecho a la vida, la integridad física, la salud, etc., y por tanto, si la violencia constituye una violación a esos derechos, deben prevenirla.

Prevenir y combatir toda clase de delito. De lo anterior se puede constatar que la Policía Nacional Civil, posee diversas funciones encaminadas a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, pero para ello los miembros de la Policía Nacional Civil deben recibir una preparación especializada; siendo la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) la entidad encargada de la formación policial.

ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP.)

Creada por decreto número 195 de fecha 27 de febrero de 1992, la ANSP tiene como una de sus atribuciones formar profesionales a los miembros de la Policía Nacional Civil, según requerimientos que ella exija y conforme lo establece la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil.

A efecto de poder determinar si dentro del proceso de formación de los profesionales de la seguridad se incluyen temas encaminados a prevenir, sancionar ye erradicar la violencia contra la mujer, se hizo una verificación de su plan de estudios o maya curricular como se le conoce dentro de la (ANSP), para los distintos niveles y categorías.

NIVEL BÁSICO.

Este nivel comprende las siguientes categorías: agente, cabo y sargento; constatándose en su maya curricular que entre los cursos no se contempla como tema específico la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.

Según personal docente de la (ANSP), “En 1994 El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para el tratamiento del delincuente (ILANUD) desarrolló programas de capacitación a los docentes de la ANSP, pretendiéndose con ello que éstos proyecten los conocimientos a los alumnos de la (ANSP,)

Fue así como en el año de 1996, se comenzó a impartir temas de Género a los alumnos de la ANSP, pero no como temas propios de un plan de estudios o maya curricular, sino como un curso vocacional no evaluado después de finalizado el plan de estudios” 65
……………………………………
(65) Entrevista realizada en la Academia Nacional de Seguridad Pública ANSP, el 3 de noviembre de 1999.

El curso vocacional se denomina “Capacitación en la erradicación de la violencia contra la Mujer, los niños, las niñas y los derechos humanos de estos en El Salvador”. En este curso de proporcionar a los agentes policiales un manual de procedimiento policial en casos de violencia doméstica y entre sus propósitos se contempla “que todo alumno/a que ingrese a la (ANSP), ponga en practica cuando preste su servicio socia, la prevención de la violencia doméstica” 66.
…………………………………………….
(66) Academia Nacional de Seguridad Pública ANSP, “Manual de procedimiento policial en casos de violencia doméstica”.

Dicho manual está compuesto por 2 partes. La primera comprende los siguientes contenidos teóricos: definiciones de violencia doméstica intrafamiliar, física, psicológica y sexual; definiciones de los sujetos que intervienen en los actos de violencia: mujer agredida, agresor; cuales son los delitos sexuales; se dan a conocer las formas para la atención policial frente a la violencia doméstica por parte del departamento de protección a la familia de la (PNC) y una guía de procedimientos policiales para la intervención frente a denuncias por violencia familiar por parte del Departamento de Protección a la Familia, la mujer y el niño, de la Policía Nacional Civil; así también se habla en dicho curso de la legislación de carácter internacional relacionada con la intervención policial en casos de violencia doméstica, señalándose específicamente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de “Belem do Pará”.

La segunda parte, se basa en la doctrina que fundamenta dicha Convención y se refiere a contenido prácticos dando a conocer así a los agentes policiales, los procedimientos a seguir para atender los casos de violencia doméstica.

NIVELES EJECUTIVO Y SUPERIOR.

Estos niveles están comprendidos por las siguientes categorías por los Sub-inspectores, Inspectores e Inspectores jefes y el segundo por los Sub Comisionados, Comisionados y Comisionados Generales.

Dentro del plan de estudios o maya curricular asignada a estos niveles se contempla un curso denominado “Derechos de la Mujer y el Niño”. 67
……………………………………….
(67) Academia Nacional de Seguridad Pública ANSP. Maya curricular nivel Básico y Ejecutivo.

En el caso de los derechos de la mujer se mencionan los contemplados en la Constitución de la República, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así también se da a conocer la manera como se debe intervenir en casos de violencia.

CAPACITACIÓN PARA AGENTES POLICIALES EN EJERCICIO.

En relación con las capacitaciones a miembros del órgano policial en el ejercicio de la profesión, la ANSP tiene previsto desarrollar un proyecto de capacitación para cabos y sargentos en ascenso denominado “los Derechos Humanos de la Mujer”.

Lo más importante de este curso es que se hace un especial énfasis en el principio de igualdad, regulado en la Constitución en el artículo 3; pues el agente policial al representar al Estado en el desarrollo de sus actividades no debe discriminar de ninguna manera a las mujeres ya sean civiles o compañeras policías.

El proyecto de capacitación, indica que debe exponerse a los agentes policiales la manera como pueden evitar el delito de violencia doméstica y es tomando conciencia que esta es una acción contraria a la ley a los derechos humanos y que su misión es proteger y mantener el derecho de la mujer a la vida, a la seguridad y a la integridad física. Se les ha de expresar además que el fracaso en la protección de la mujer contra la violencia en el hogar no puede ser más una clara renuncia a sus responsabilidades. En consecuencia señala que dentro de las obligaciones de los agentes policiales están la de sacar a la luz los delitos de violencia contra la mujer, prevenirlos en la medida de lo posible y tratar a las víctimas con cuidado, sensibilidad y profesionalidad. Señalando alguna medidas específicas que deben adoptar en caso de proceder al arresto de mujeres como: a) “Que la captura de mujeres sea efectuada por mujeres; b) Que las mujeres y sus ropas sean registradas por agentes del mismo sexo; y c) Que las mujeres detenidas estén separadas de los hombres” 68.
…………………………………
(68) Proyecto de capacitación para cabos y sargentos en ascenso. Ob. Cit.

Así también, se les indica a los agentes policiales que al recibir un informe de tortura agresión y malos tratos hacia las mujeres detenidas, deben iniciar de inmediato una investigación exhaustiva e imparcial de los y las miembros de la PNC responsables, para que comparezcan ante la justicia.

Esta información constituye un indicio de que el Estado a través de sus instituciones legales de protección a la mujer, esta interesado en la educación y capacitación del personal que labora en estas. Ha creado además, una entidad específica como es el ISDEMU, para darle cumplimiento a los compromisos adquiridos al ratificar la Convención de “Belem do Pará”, mediante la ejecución de la Policía Nacional de la Mujer. No obstante a pesar de ser ISDEMU el ente sobre el cual recae el protagonismo del desarrollo de dicha política, causa extrañeza al investigar en su informe de labores del año 1997 no se reporte ningún evento de capacitación; no es sino hasta en el informe de labores del año 1998 que se informa sobre la realización de algunos eventos de capacitación que se dirigieron al personal de diferentes instituciones que trabajan y colaboran con la Administración de Justicia y con respecto a estos datos cabe hacer la siguiente observación: Que no contienen de manera detallada la fecha exacta en que se impartieron, la denominación de cada curso, el número de grupos y a que institución pertenecen los participantes, lo que impide obtener información más detallada sobre los eventos de capacitación desarrollados por ISDEMU.

La Escuela de Capacitación Judicial por el contrario, en su informe de labores correspondiente al período comprendido entre el 1 de mayo de 1998 al 30 de Abril de 1999, si detalla de manera específica la fecha en que han desarrollado cada evento y el número de participantes. Este registro también lo lleva la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer.

Por su parte la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República en los períodos mencionados desarrollaron pocos eventos de capacitación sobre la prevención de la violencia contra la mujer. No obstante el personal de esta última institución sí ha participado en las capacitaciones impartidas por el ISDEMU y la Escuela de Capacitación Judicial.


Los miembros del Órgano policial, han participado en eventos de capacitación desarrollados por la Academia Nacional de Seguridad Pública, ISDEMU y la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos.
CAPITULO IV

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEL ESTADO CONFORME A LA CONVENCIÓN BELEM DO PARA.

En el capitulo anterior se ha podido establecer que en alguna medida el personal de las instituciones relacionadas con la administración de justicia, policial y de políticas etc.; ha recibido capacitaciones, para que en el desarrollo de sus actividades practiquen la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.

Pero tales medidas no sólo dependen de tener un personal capacitado, sino además se requiere que existan medidas específicas o acciones en donde se apliquen los conocimientos adquiridos; por lo que se ha debido indagar sobre los niveles de conocimiento del personal de las instituciones mencionadas, acerca de la violencia, sus fuentes, formas de expresión, formas y medidas de prevenirla y erradicarla; lo mismo sobre las medidas y/o programas que se desarrollan con esos propósitos y las dificultades que se enfrentan para su implementación.

4.1. INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER, (ISDEMU).

Una decisión importante adoptada por el Estado de El Salvador, con posterioridad a la ratificación de la Convención “Belem do Pará” fue la creación del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, (ISDEMU), a cuyo cargo estaría la ejecución de la Política Nacional de la Mujer.

En el ámbito de prevención de la violencia el ISDEMU ejecuta el Programa de Saneamiento en la Relación Familiar, el cual ha sido definido por la Coordinadora de la Comisión Evaluadora de la Política Nacional de la Mujer como: “un programa que proporciona atención integral a los miembros de la Familia, a través de una atención, psicológica, social, medica y legal, y su afinidad primordial es prevenir y ayudar a violencia”. Este programa busca contribuir al esclarecimiento de las agresiones contra la vida, la dignidad y la integridad de la Familia Salvadoreña, teniendo un especial interés en el menor y la mujer”.

Ello supone que el programa se dirige a tratar las manifestaciones de violencia en contra de la familia y no de la mujer en exclusivo; dando pie a que se observe que siendo ISDEMU una institución creada exclusivamente para atenderlas y resolver la problemática de necesidades de las mujeres, sus acciones deberían estar orientadas específicamente para ellas y no para la familia dado que para esta ya existe una institución especializada que es la Secretaría Nacional de la Familia y de igual forma para la atención de los menores está el Instituto Salvadoreño de Protección al menor y si bien es cierto la mujer es un elemento importante de la familia, se le deben reconocer sus derechos humanos como sujeto con problemas y necesidades muy específicas.

Es de considerar entonces, que si ISDEMU tiene por objeto promover el desarrollo integral de la mujer salvadoreña, los sujetos destinatarios de sus actividades deben ser especialmente estas.

A fin de cuantificar la atención brindada por el Programa de Saneamiento en la Relación Familiar, se consultaron los informes del cumplimiento de las acciones de la Política Nacional de la Mujer y la indagación aportó los siguientes datos:
CUADRO Nº 5

ÍNDICE DE CASOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO EN LA REALCIÓN FAMILIAR.

TIPO DE CASO ATENDIDO
Nº DE CASOS
NO ESPECIFICA
HOMBRES
MUJERES
Violencia intrafamiliar
2,100
X
Agresión sexual
300
X
Maltrato a menores
600
X
Consejería psicológica
6
X
Jornadas de sensibilización
1,355
X
Jornadas de sensibilización
5,153
X
Terapias de grupo
1,048
X
Terapias de grupo
2,764
X
Tratamiento terapéutico
1,633
X
Tratamiento terapéutico
872
X
Casos remitidos por otras instituciones.
6,277
X
Casos remitidos a la Fiscalía General de la República
553
X
Casos remitidos a la Procuraduría General de la República.
1,913
X
TOTAL
30,568
8,743
4,036
17,789
MUESTRA
100%
28.60%
13.20%
58.19%
Fuente: Instituto Salvadoreño del Desarrollo de la Mujer, ISDEMU.

El cuadro numero 1, es ilustrativo respecto a quienes son los destinatarios del Programa de Saneamiento en la Relación Familiar. Si bien el 58.19% son mujeres, también se atiende a hombres y casos de menores, con lo que se establece que el ISDEMU no dirige su atención exclusivamente a garantizas y proteger a las mujeres, no obstante que fue la principal justificación para su creación.

Este Programa brinda atención y orienta a todas las víctimas de agresión las 24 horas del día y los 365 días del año, por medio del Teléfono Amigo de la Familia TAF.

Una ves se reporta un caso de violencia, se da protección inmediata a la víctima trasladándose un equipo especializado hasta el lugar donde se encuentra la víctima de agresión, brindando atención médica y realizando el respectivo reconocimiento legal de lesiones; así mismo, se brinda asesoría en materia penal y familiar, cuando por la gravedad del hecho se debe iniciar un procedimiento judicial.

Desde luego que este servicio no siempre se presta como lo sostienen quienes lo administran. Organizaciones no gubernamentales que trabajan en la promoción y protección de los derecho de la Mujer, han sostenido que en múltiples ocasiones al solicitar y verificar denuncias de agresiones contra mujeres se ha solicitado el servicio del ISDEMU, y ahí se les ha manifestado que no se les puede atender por estar “saturadas de trabajo”.

Por otra parte, dentro del programa referido, ISDEMU cuenta con un albergue temporal denominado “Albergues la Paz”, en donde se brinda asistencia temporal a mujeres víctimas de la violencia.

Sobre este punto representantes de ONG’S de mujeres sostienen, que el internar a las mujeres víctimas de violencia en el Albergue, no es efectivo para solucionar su problema, pues a la víctima únicamente se le interna por unos días y luego se le vuelve a dejar a merced del agresor; de tal manera que esto es solamente un calmante, pero no una solución definitiva al problema. Según mujeres que han sido beneficiarias de este servicio de internamiento, no ha sido satisfactorio, debido a que el albergue no cuenta con el personal suficiente para atender a todas las víctimas que se encuentran internadas.

Otro aspecto del programa referido, es el de ejecutar actividades preventivas que implican visitas domiciliarias y atención directa dentro de las comunidades para prevenir actos de violencia; desarrollando talleres, conferencias y cursos sobre violencia intrafamiliar con lo que se busca sensibilizar a la población sobre los efectos que provoca la violencia en el seno familiar, la comunidad y la sociedad.

Según fuentes del ISDEMU, para la implementación de este y otros programas trabajan en coordinación con instituciones como: el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Corte Suprema de Justicia; Ministerio de Seguridad Pública(Política Nacional Civil); Fiscalía General de la República; Procuraduría General de la República; Instituto Salvadoreño de Protección al Menor; Alcaldía Municipal de San Salvador; Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos y Ministerio de Educación.

Al contraste lo anterior, con la información obtenida de las entrevistas realizadas al personal de la administración de Justicia, Órgano Policial y Ministerio Público, se pudo constatar que esa coordinación no existe en el nivel que lo sostiene ISDEMU. Estas instituciones incluso manifiestan su desconocimiento acerca del papel del ISDEMU, sobre los contenidos de la Política Nacional de la Mujer y del Programa de Saneamiento en la Relación Familiar.

4.2. ORGANO JUDICIAL

Luego de la Ratificación de la Convención “Belem do Pará”, fue decretada la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, la cual se sustenta filosóficamente y doctrinariamente en dicha convención. En el órgano judicial esta ley le da competencia a los tribunales de familia, para que conozcan del procedimiento judicial en los procesos de violencia intrafamiliar.
Al ser los tribunales de familia los encargados de aplicar la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, ello supondría que los y las jueces sean los sujetos mejor preparados en el conocimiento sobre la violencia, sus implicaciones y su impacto en los derechos de la Mujer; las medidas de prevención y sanción, en base a la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. En razón de lo anterior , con la finalidad de establecer las dificultades que se presentan en la administración de los casos en los que se vulneran los derechos a consecuencia de la violencia intrafamiliar, se indagó y se detectó lo siguiente:

Como resultado de las entrevistas que se hicieron a los y las juezas de familia se logró establecer que la Convención “Belem do Pará” en su opinión constituye una herramienta apropiada para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, al ser un instrumento jurídico internacional ratificado por el Estado y ha servido de fundamento para la elaboración de la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar.

Uno de los compromisos adquiridos por el Estado al ratificar la Convención, es la implementación de programas de capacitación y a tenor de los entrevistados el Estado ha cumplido en alguna medida con ello, pues aunque no se participa de forma permanente y continúa en los procesos en los procesos de capacitación que se desarrolla la Escuela de Capacitación Judicial y otras entidades gubernamentales y no gubernamentales, sí son promovidos los espacios de capacitación sobre el fenómeno de la violencia y su tratamiento.

No hay que perder de vista, que los jueces por ser los encargados de aplicar la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, tiene mucha responsabilidad en la aplicación de sanciones en contra de los causantes de la violencia y por ello el Estado debe garantizar que participen de todos aquellos de capacitación formal e informal en el que se trate esta temática. Máximo cuando el índice de violencia se ha mantenido casi inalterable en los últimos tres años, tal como lo informa la unidad de sistemas administrativos de la Corte Suprema de Justicia.
CUADRO Nº 6 Y GRÁFICA Nº 1

DEMANDAS INTERPUESTAS POR CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EN LOS TRIBUNALES DE FAMILIA DEL CENTRO JUDICIAL ISIDRO MENENDEZ, DURANTE EL PÈRÍODO 1997-1999.


Fuente: Unidad de sistemas administrativos de la Corte Suprema de Justicia