CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BIBLIOTECA JUDICIAL "DR. RICARDO GALLARDO"


BIBLIOGRAFÍA DE TESIS

CLASIFICACION T
342
H565r
AÑO 1970.
INVENTARIO 015141 PAGINA(S) 291 h.
EJEMPLAR CM 32 cm.
AUTPPAL Herrera Rubio, Elías CARRERA Optar al grado de Dr. en Jurisprudencia y Ciencias Sociales,
AUTOR(ES) Elías Herrera Rubio TITULO Régimen económico en el derecho constitucional centroamericano
PAIS San Salvador, El Salv. UNIVERSIDAD Universidad de El Salvador
FECHA 07/02/2008
DESCRIPTORES
1. DERECHO CONSTITUCIONAL I. Título
MATERIA DERECHO CONSTITUCIONAL
TÍTULO Régimen económico en el derecho constitucional centroamericano
TOPOGRÁFICA Herrera Rubio, Elías
CONTENIDO


Texto
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES


RÉGIMEN ECONÓMICO EN EL DERECHO
CONSTITUCIONAL CENTROAMERICANO


TESIS DOCTORAL PRESENTADA POR
ELÍAS HERRERA RUBIO


PREVIA A LA OPCIÓN DEL TÍTULO DE
DOCTOR EN JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES


JUNIO DE 1970


SAN SALVADOR EL SALVADOR CENTRO AMÉRICA

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DEDICATORIA:


“EN HOMENAJE EXCLUSIVO A LA NUEVA FACULTAD
DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES”.

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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I

1.- Concepto de régimen.
2.- Régimen Económico.
CAPÍTULO II

REGÍMENES ECONÓMICOS O MODOS DE PRODUCCIÓN HISTÓRICOS
1.- Modos de producción del Régimen de la Comunidad primitiva y del Esclavismo.
2.- Régimen o modo de producción Feudal.
3.- Régimen o modo de producción Capitalista.
4.- Régimen económico o modo de producción Socialista.
CAPÍTULO III
RÉGIMEN ECONÓMICO CONSITUCIONAL
1.- Gestación histórica.
1-A.- Régimen económico legal fundamental o constitutivo precapitalista.
1-B.- Iníciase gestación de la cultura burguesa y de los antecedentes del Derecho Constitucional.
1-C.- Primeras revoluciones burguesas. Surgimiento del Derecho Constitucional positivo y del régimen económico constitucional. John Locke. Surgimiento del Derecho Constitucional Teórico.
1-D.- Revolución democrático-burguesa de Francia. Su preparación ideológica. Perfeccionamiento del Derecho Constitucional Teórico. Mejor fundamentación teórica de la política económica burguesa. Surgimiento de la ciencia económica. Plasmación positiva del progreso teórico del Derecho Constitucional. Constituciones de 1791, 1793 y del año III.
2.- Crisis del modo de producción capitalista.
3.- Democratización de las sociedades y de los Estados capitalistas. Constitucionalización de los nuevos principios económicos y sociales. Definición del régimen económico constitucional. Alcances reales de los nuevos y más avanzados regímenes económicos constitucionales capitalistas. Regímenes económicos constitucionales liberales socialistas y regímenes económicos constitucionales liberales intervencionistas. Régimen económico constitucional comunista o socialista propiamente dicho.
CAPÍTULO IV

REGÍMENES ECONÓMICOS CONSTITUCIONALES CENTROAMERICANOS.
1.- Etapa interior inmediata a la conquista. Estado de transición del régimen de la comunidad primitiva hacia el Esclavismo.
2.- Conquista y Colonia. Estructura Económica Esclavista y Feudal.
3.- Independencia y post-independencia.
3-A.- Ideología política de la hora de la Independencia. Formas jurídico-política adoptadas en definitiva al pasar a la vida independiente. Persistencia de la base económica feudal y derrota de las fuerzas liberales progresistas en las primeras décadas de vida independiente.
3-B.- Difusión de las relaciones capitalistas en el sector agrícola de la economía centroamericana. Resurgimiento de las fuerzas liberales progresistas. Plasmación en la legislación constitucional centroamericana de dicho resurgimiento.
3-C.- Características y limitaciones del desarrollo económico que sirvió de base a los países centroamericanos para consolidarse relativamente como Estados Independientes. Transición a un segundo período de vinculación con el sistema económico liberal abstencionista para impulsar nuestro desarrollo y defender nuestros recursos económicos y nuestra soberanía durante tal transición.
3-D.- Crisis capitalista mundial de 1930. Sus consecuencias económicas, sociales y políticas en la sociedad centroamericana. Persistencia del carácter liberal abstencionista del régimen económico constitucional centroamericano y su más grave inadecuación para el enfrentamiento de la crisis y su secuela de parte de los gobiernos del Istmo. Las mismas dictaduras militares véanse abocadas a la necesidad de cambios en el esquema del régimen económico constitucional liberal individualista.
3-E.- Cambios en la postguerra. Movimientos en la estructura económico-social y en las superestructuras jurídico-políticas.
4.- Actuales regímenes económicos constitucionales centroamericanos.
4-A.- Régimen Económico constitucional de El Salvador.
4-B.- Régimen Económico constitucional de Guatemala.
4-C.- Régimen Económico constitucional de la República de Honduras.
4-D.- Régimen Económico constitucional de Nicaragua.
4-E.- Régimen Económico constitucional de Costa Rica.
5.- Integración económica centroamericana. Realizaciones presentes. Persistencia de las formas latifundistas y feudales del sector agrícola de la economía centroamericana. Situación de las clases en el proceso integrador actual. Negación y distorsionamiento de la orientación y fines de los regímenes económicos constitucionales centroamericanos; y posibilidades que éstos ofrecen a clases y grupos populares progresistas.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como fin, dentro de sus limitaciones, dar una idea científica y objetiva del proceso de desarrollo de los pueblos centroamericanos que ha conducido a éstos hasta el presente momento en que aparentemente son regidos por sistemas o regímenes económicos constitucionales capitalistas de tipo intervencionista. Es decir, que tal proceso es enfocado no con criterio subjetivista o idealista, sino como efecto de la concurrencia de los diversos grupos, clases sociales y factores económicos políticos (de orden interno y externo) que han contribuido a la formación de dichos pueblos como Estados dependientes, para tratar de captar la función exacta que en tal proceso desempeñan pueden llegar a desempeñar dichos regímenes económicos constitucionales.

Para alcanzar el fin relacionado se intenta dar una noción del proceso de desarrollo económico-político del mundo en los capítulos I, II y III. Esta noción comprende el surgimiento del régimen económico constitucional (Capítulo III), en visión o perspectiva histórica que tiende a hacer conciencia de que éste fue gestado por el desarrollo material superior de la etapa feudal de la sociedad, en solución a la necesidad de un marco superestructural jurídico-político que permitiera un nuevo ascenso de aquel desarrollo (que a la hora de la edificación de dicho marco ya perdía su calidad feudal para pasar a asumir la nueva calidad capitalista).

Bosquejado el proceso mundial de desarrollo económico y de gestación del régimen económico constitucional, con el capítulo IV se intenta ubicar el lugar que ha correspondido a Centro América dentro de tal proceso. En este intento se parte, a grandes rasgos, desde el período inmediato anterior a la conquista, en una exposición y análisis de la estructura económica y de los factores externos económico-políticos que han generado las superestructuras jurídico-políticas que de hecho y aparentemente han regido el desarrollo de la todavía emergente nacionalidad centroamericana. Esta exposición y análisis comprende hasta los días que actualmente transcurren, sin omitir una breve referencia al intento de integración centroamericano, que actualmente pasa por su más honda crisis después de haber adquirido su concreción más considerable en el Mercado Común Centroamericano, siempre sin perder de vista la preocupación por captar la verdadera significación y función de las superestructuras jurídico-políticas de los países centroamericanos, y especialmente del régimen económico-constitucional. Se hace una breve exposición y comentario de los actuales regímenes económicos constitucionales de los cinco Estados centroamericanos; previos a la consideración de que su actual posición de evolución más o menos coincidente viabiliza desde el plano legal más elevado a impulsos de los gobiernos y de algunos grupos propietarios en un intento de encontrar una salida al estancamiento del desarrollo centroamericano determinado por la persistencia de las relaciones y formas feudales y latifundistas de su sector económico agrícola y de la conducta liberal-individualista radical de los grupos económicamente dominantes.

Finalmente, hecha la consideración anterior, se concluye en que sobre la base real del acceso de clases y grupos populares y progresistas al plano de las decisiones económico-políticas supremas en todos y cada uno de los países del Istmo, los actuales regímenes económicos constitucionales centroamericanos bien pueden servir de marco superestructural jurídico-político adecuado a un desarrollo económico acelerado y ordenado de la nación centroamericana, que permita a ésta arribar a planos de verdadero progreso social y político y de verdadera autonomía e independencia.
San Salvador, Mayo de 1970.

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CAPÍTULO I

RÉGIMEN Y RÉGIMEN ECONÓMICO. CONCEPTOS

1) Concepto de régimen:

En la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana aparecen: “régimen”: (Etimológicamente. Del latín regimen, régimen). M. Modo de gobernarse o regirse en una cosa; orden, método, sistema, arreglo. Reglamentos o prácticas de un gobierno o de una de sus dependencias.”

En el Diccionario de la Lengua Española se lee: “(Del Latín regimen) M. modo de gobernarse o regirse en una cosa. 2 Constituciones, reglamentos o prácticas de un gobierno en general o de una de sus dependencias”.

En la Enciclopedia Jurídica Española encontramos una amplia explicación conceptual de la palabra régimen: “Derecho Político: Expresión que en el tecnicismo político equivale, en su acepción más general, a gobierno del Estado, en sentido amplio, funcional y estructural; es decir como acción ordenadora y normativa –reglas de vida- y como estructura formal para realizar las funciones del Estado mismo. “El régimen de la vida del Estado –dicen Giner y Calderón recibe, en la más amplia acepción de esta palabra, el nombre de Gobierno”.

Supone el régimen de un pueblo constituido en Estado, o en unidad política, el conjunto de sus instituciones actuando, según un orden jurídico-político, rigiendo, el pueblo mismo regido o rigiéndose o gobernándose mediante tales instituciones, desde fuera o desde arriba, o por sí mismo automáticamente, self fouvernment. En cierto sentido, régimen vale como organización, dinámicamente considerada: así con esa generalidad lo emplea v gr., Taine, cuando en Les Origines de la France contemporaine habla oponiéndolos entre sí, del Ancien régimen y del Regime nonveau: El cambio de organización que Francia experimentan mediante la Revolución, es un cambio de régimen. Francia sufre a fines del siglo XVIII una metamorfosis. “Su antigua organización –dice Taine- se disuelve; rasga por sí misma los más preciosos tejidos, y cae en convulsiones que parecen mortales. Luego, después de sacudidos múltiples y de un penoso letargo, se levanta. Pero su organización ya no es la misma; por un sordo trabajo anterior, un nuevo ser ha substituido al antiguo. En 1808 todos sus rasgos se han fijado y son definitivos: Nobleza, burguesía, campesinos, cada clase tiene entonces la situación, los intereses, los sentimientos, las tradiciones que hoy les vemos.” ¿Que ha pasado en Francia? Repetimos que un cambio de régimen.” Cuando queremos añade Taine comprender nuestra situación presenta, nuestras miradas se dirigen siempre hacia la crisis terrible y fecunda por la cual el antiguo Régimen ha producido la Revolución y la Revolución el Régimen nuevo.” Algo análogo podríamos decir refiriéndose a la España contemporánea y en general a los pueblos modernos: Su historia política –después de la Revolución- resúmese en un laborioso cambio de régimen: Del absolutismo el constitucionalismo. La vida política de España, desde 1808 hasta 1833, quizás más exactamente hasta 1836, entraña la lucha entre el antiguo régimen –régimen absolutista- y el nuevo –régimen constitucional- con sus dos opuestos criterios y formas de gobierno en el más amplio sentido.

Más, el régimen, conservando siempre su significación esencial de ordenación, dirección, gobierno –según normas, según reglas, tiene aplicaciones más concretas, determinadas y limitadas. Así se emplea en el lenguaje político, caracterizándolo por una nota saliente o definidora institucional, como cundo se dice: régimen monárquico, régimen republicano, régimen aristocrático o democrático o régimen feudal, o bien refiriéndose a la estructura general de un gobierno cuando se habla de régimen centralizado o descentralizado o automático. Puede, además referirse el régimen a un aspecto o relación especial del vivir del Estado, y así se dice régimen jurídico, régimen económico, régimen social, régimen administrativo o bien todavía puede considerarse el régimen en una concreción o dirección cualquiera de la vida y del hacer político, y entonces se hablará de un régimen local, provincial o municipal, o de régimen de prisiones, de la beneficencia, universitaria, minero, etc. Más, obsérvese, como indicábamos, que la idea, en el fondo es, naturalmente, la misma”; la de una interna ordenación, que se vive mediante una acción de gobierno, dirección ordenadora de adentro, y bajo la acción de los órganos –e instituciones- adecuados en una continuidad de funciones y de vida”.

El autor español de Derecho Político, Antonio Carro Martínez, expone, entre otras, las siguientes ideas acerca de los regímenes de gobierno: “las constituciones tratan de cristalizar las relaciones de poder. Pues bien, en la vida es devenir, como dice Renán: la transición es el estado habitual de la Humanidad. La Constitución resulta término insuficiente para comprender la realidad política en su devenir histórico; de ahí que al lado del concepto de constitución surja en la Doctrina moderna la idea de régimen. Régimen es una idea que hace relación al ejercicio del poder en su devenir, en su historia, en su movimiento. De ahí que también sea utilizada la palabra movimiento como similar a régimen.

La idea de régimen responde al reflejo real y vivo del funcionamiento de un grupo político.

En conclusión: La Constitución apunta siempre a la formalización de un régimen mientras que el régimen es el contenido de la Constitución…

Santiromano afirma que el Régimen es el principio político fundamental que informa toda la estructura del Estado, y constituye, además, la directriz suprema de su actividad.

Mortati afirma que el régimen es el conjunto de fuerzas políticas y fines que inspira el complejo normativo.

Amorth sostiene que el régimen es un conjunto de principios representantes de cierta ideología política, en cuanto tales principios tienen reflejo en el ordenamiento constitucional y en la vida concreta de la Constitución. El régimen es siempre el conjunto de principios bajo los cuales se relacionan y actúan los gobiernos y gobernados en un país determinado.” (1)

(1) Antonio Carro Martínez: “Derecho Político”. Págs. 195 y sigs.

Como se ve, existe un concepto común o general de régimen que implica “modo de gobernarse o regirse en una cosa; método, sistema, arreglo”. O sea que, en general, régimen es el modo de gobernarse o regirse en cualquier campo de la actividad humana.

El concepto “constituciones, reglamentos o prácticas de un gobierno en general o de una de sus dependencias”, que tiene un contenido particular o concreto, es un concepto legal de régimen por cuanto hace referencias al conjunto de preceptos legales o jurídicos que regulan la actuación del gobierno o de una de sus dependencias, es decir de los órganos y agentes del Estado que encarnan el poder público. Como se hace referencia a la realización particular y múltiple del principio de la legalidad del Estado de Derecho.

Existe también un concepto jurídico-político de régimen, que con amplitud expone la citada Enciclopedia Jurídica Española. Es de los transcritos, el que más interesa a los fines del presente trabajo. En este campo, el término tiene múltiples aplicaciones, más en todas conserva las ideas centrales de ordenación y dirección a gobiernos conforme a normas o reglas. Se trata de un concepto elaborado por juristas en un esfuerzo por explicar, entre otros puntos, el carácter dinámico y cambiante, a través de tránsitos evolutivos y revolucionarios, de la sociedad constituida en Estado.

Lo político y lo jurídico son fenómenos muy vinculados entre sí, como el Estado y el Derecho. El fenómeno político tiene un contenido de actos de poder, pero el poder tiene a ser fluido e inestable por ser la resultante de la correlación de las diversas fuerzas sociales englobadas en el Estado, por cuya razón para cobrar eficacia es organizado bajo forma jurídica por los grupos y clases que lo ejercen. De aquí que el Estado casi en ningún momento actúe fuera del Derecho. Si en un momento de revolución se destruye un ordenamiento legal, pronto, aunque sea provisionalmente, se adopta otro. Pero la necesidad que el poder tiene de la forma jurídica o legal no implica un sometimiento paralizante de aquél o ésta. Lo político en todo momento sigue evolucionando, en movimiento; es la pugna de los grupos y clases sociales entre sí, que en ningún momento deja de impulsar el desarrollo social sobre las causas de la evolución y de la revolución, como se dice antes; y prescinde de la coraza legal o la rompe cuentas veces ésta se opone a sus objetivos, (a los objetivos de la política). El fenómeno político es mucho más dinámicamente cambiante que la forma jurídica o legal porque el primero es emanación directa de las relaciones económicas o de producción. La forma jurídica sólo traza cuadros limitados de desenvolvimientos de las fuerzas o grupos y clases sociales, su precisión y rigidez fijante y plasmante la vuelven muy transitoria; existe solo en tanto el desarrollo social no alcanza planos cualitativamente nuevos.

Por lo que se acaba de decir, resulta explicable el contenido cambiante, evolutivo y revolucionario de la idea de régimen expresado por Taine, en quien nos encontramos con un concepto más de contenido sociológico que de Derecho Político. Historiador, Taine fijó más su atención en el elemento sociológico del Estado francés, que en la forma jurídica de éste. En efecto, fue aquél contenido sociológico el que dio origen a la Revolución Francesa, que terminó de abrir las puertas de la Historia al Régimen nonveau o Social capitalista.

También las ideas que encontramos en Carro Martínez, y en los autores que éste cita fijan más la atención en lo político social que en lo político-jurídico, al expresar lo que debe entenderse por regímenes de gobierno, en comparación con el significado más limitadas de constitución. Lo social, en cambio permanente –como lo expresan dichos autores-, rebasa el marco rígido y limitado de la Constitución, que escrita o no, es muy predominantemente formal.

2) RÉGIMEN ECONÓMICO. CONCEPTO.

Régimen económico es el conjunto de todas las relaciones económicas que se dan dentro de la economía. “También llámase estructura económica, o base u organización socioeconómica de la sociedad”. (2) Estas breves líneas exigen una explicación.

(2) Julio Gómez Padilla: “Introducción a la Economía”. Pág. 14.

Los hombres que siempre han vivido en sociedad, necesita, para subsistir y reproducirse, bienes con qué satisfacer sus necesidades; pero la producción de éstos no la pueden llevar a cabo individual o aisladamente sino que para ello tienen que entrar en relación unos con otros, establecer entre sí diversas relaciones. Estas, que son relaciones de producción, son objetivas, es decir, existen independientemente de la voluntad de los individuos que las contraen. Cada uno al nacer las encuentra establecidas y tienen que someterse a ellas imperativamente, obligado por sus propias necesidades vitales.

A la par de esas relaciones los hombres necesitan medios de producción, tierra e instrumentos, herramientas, para producir aquellos bienes. Pero esos medios también implican relaciones, las de propiedad, en virtud de las cuales pertenecen colectivamente a todos los hombres de la comunidad productiva o bien individualmente sólo a un número reducido de éstos.

Los medios de producción, para que ésta sea posible, tienen que ser puestos en movimiento por los mismos hombres, que así se convierten en trabajadores o productores directos. De manera que las fuerzas productivas las constituyen los trabajadores y los medios de producción. Esta conjunción de hombres y medios de producción es determinada en su carácter social por el colectivo o individual de las relaciones de propiedad, que también imprimen su carácter a todas las otras relaciones de producción. En el régimen de la comunidad primitiva, en que los medios de producción pertenecen colectivamente a la comunidad o en que a pesar de su posesión personal tenían que ser usados colectivamente por su calidad rudimentaria, los hombres que relacionaban necesariamente en plan de cooperación igualitaria y fraterna en el proceso productivo. En cambio en el régimen esclavista, en que ya los medios de producción son de propiedad privada de unos pocos miembros de la población, las relaciones de producción que impone el proceso productivo son de subordinación y explotación, y por esto violentas.

Los medios de producción, a su vez, deben ser producidos como los instrumentos o herramientas adaptados –desbrozamiento- de los campos por medio de los primeros. Los instrumentos de producción que el hombre construyó al principio fueron muy rudimentarios, de piedra y de madera, que muy apenas permitían ejercer dominio sobre la naturaleza, de la que siempre el hombre ha tenido que obtener sus alimentos, vestido, techo, etc. Pero el proceso productivo es algo muy dinámico, que no se para en ningún momento, de la misma manera que no cesa jamás la satisfacción de las necesidades materiales de la sociedad. En el curso de ese proceso se van perfeccionando las fuerzas productivas, es decir, los medios de producción y los mismos productores materiales o trabajadores; y este perfeccionamiento o cambio progresivo determina tarde o temprano, el de las relaciones de producción, de las de propiedad entre ellas.

Como en la etapa primitiva muy poco se podía obtener con los toscos instrumentos de piedra y madera que se habían empezado a producir, lo necesario apenas para no morir de hambre, tales instrumentos imponían, como ya se dijo, la forma colectiva de su uso y del reparto o disposición de lo producido; esto, sin contar con que a lo mismo obligaba la posesión colectiva de la tierra y otros medios, como ya también se afirmó. Más, perfeccionados los primeros gracias a la elaboración de los metales y superadas la capacidad inicial de los productores hácese posible el uso individual de dichos instrumentos, porque en menor tiempo y con menos esfuerzos permitieron obtener una mayor y mejor producción, que sobrepasaba lo que el productor individual necesitaba para su propio consumo. Es decir, se elevó la productividad del trabajo y ésta hizo posible la producción sobre la base del esfuerzo individual en el uso mencionado.

Esa elevación de la productividad del trabajo origina la acumulación de bienes, que junto con la división del primero, o sea, del trabajo, general el intercambio, de donde pronto se pasa a la producción mercantil. Esta hace caer a unos miembros de la sociedad en la pobreza, y eleva a otros a la riqueza por medio de la concentración bajo su dominio de medios de producción y de los frutos de ésta. En el curso de este proceso generado a impulsado por el desarrollo progresivo de las fuerzas productivas, surgen y se perfecciona nuevas relaciones de propiedades, las de la forma privada, que pasan a ser de la sociedad esclavista; régimen social que, así, sucede al de la comunidad primitiva, y en cuyo seno ya no son productores directos todos los miembros de la comunidad, sino que los enriquecidos pasan a ser amos y los desposeídos a ser esclavos, los dichos productores directos.

En el bosquejo anterior se ve iniciado un proceso de desarrollo económico y social, de cambio, que es presidido por el perfeccionamiento de las fuerzas productivas y a tono con ellas después cambian necesaria y forzosamente las relaciones de producción; a determinado grado o de progreso de las fuerzas productivas tiene que corresponder una determinada forma o modalidad de relaciones de producción, que en armonía con dicho progreso permitan alcanzar otro superior. Como ese perfeccionamiento es permanente e indetenible, ha conducido a la sociedad, en el curso de la Historia, de una fase económica a otra cada vez más elevada. La obligada correspondencia entre el carácter y el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, de una parte, y la forma o modalidad de las relaciones de producción, de otra, se ha revelado como una ley del desarrollo social.

Las relaciones de producción no son únicamente las relaciones de propiedad, que aparentemente son relaciones entre hombres y cosas, pero que verdaderamente son relaciones entre hombres y hombres. Las relaciones de producción también no son únicamente las relaciones de propiedad y las relaciones de cooperación, o de subordinación y explotación por medio de las cuales combínase productores directos y medios de producción. Aparte de éstas, existen otras muchas, que se perfeccionan y complican de una a otra fase de desarrollo. En la sociedad capitalista, por ejemplo, son relaciones de producción las que existen entre los hombres que trabajan en las diversas ramas económicas, como las que enlazan la producción urbana con la producción agropecuaria; las que ligan la industria pesada con la de artículos de consumo; las que unen el sector financiero con las otras diversas actividades de la Economía Capitalista; las que tejen la complicada red del mercado, como la compraventa y las de la concurrencia; entre todas las cuales relaciones existe interdependencia.

Esa trabazón de relaciones está sujeta a leyes y principios objetivos que rigen sus efectos. Al mismo tiempo que la ley de la obligada correspondencia y armonía entre las relaciones de producción y el carácter y grado de desarrollo de las fuerzas, productivas, actúan otras, como la de la libre competencia; la de la anarquía de la producción; la del desigual desarrollo de la economía; la de la acumulación, concentración y centralización; etc.

Pues bien, ese complejo de relaciones es lo que constituye el “régimen económico” o “estructuración económica” o “base socioeconómica” u “organización socioeconómica” de la sociedad.

Modo de producción. El proceso productivo supone la unidad de las relaciones de producción y las fuerzas productivas. A esta unidad es lo que se llama economía o modo de producción de la sociedad. Por eso Gómez Padilla considera que el régimen económico “es el conjunto de todas las relaciones económicas que se dan dentro de la economía”.

Quizá sea mejor decir que “régimen económico es el conjunto de todas las relaciones sociales concurrentes al fin de la producción, regidas entre sí y en su desarrollo por leyes y principios propios y objetivos”. Se dice relaciones sociales porque las de producción no dejan de serlo y son de producción o económicas precisamente por darse en y para el proceso productivo.

Como en definitiva el modo de producción no es otra cosa que el resultado de la concurrencia en la realización de la producción social del complejo de las relaciones económicas de la sociedad –pues los medios de producción, elementos físicos del modo, se obran sus efectos sólo en virtud de dichas relaciones-, bien se puede decir: “régimen económico”, o “régimen de producción” en el sentido de modo de producción. Así lo hacen los textos de doctrina. Veamos, como prueba, dos pasajes: “Bajo el régimen económico socialista, el incremento de las necesidades (y del poder adquisitivo) de las masas sobre pasa constantemente al incremento de la producción y por consiguiente lo impulsa hacia adelante”:

“El hundimiento del modo esclavista de producción condujo a la aparición del régimen de producción feudal y a la sustitución del Estado esclavista por el Estado Feudal, de la servidumbre de la globa”. (3)

(3) F. V. Konstantinov y otros. “El Materialismo Histórico”. Págs. 9 y 10; 58 y siguientes; 87; 133.
CAPÍTULO II

REGÍMENES ECONÓMICOS O MODOS DE PRODUCCIÓN HISTÓRICOS

A través del proceso bosquejado anteriormente la sociedad ha pasado del modo originario de producción de la comunidad primitiva hasta el modo socialista de producción, mediando entre ambos, el régimen esclavista, el feudal y el capitalista, sucesivamente y en el orden expresado. Es decir que ha conocido cinco modos de producción.

El marxismo sienta la tesis de que son las relaciones de producción la base concreta o material sobre la cual descanse todo el desarrollo social y de que es el modo de producción, por consiguiente, lo que determina el carácter y estructura de toda la sociedad. Así, a cada modo de producción corresponde una determinada estructura social, con sus propias clases económicas, instituciones políticas y jurídicas, su propio desarrollo científico, artístico y literario, sus propias ideas, etc., que cambian al cambiar el primero, es decir, el modo de producción.

El desarrollo social marca etapas perfectamente diferenciadas entre sí, que corresponden, de las diversas transcurridas, y como ya se deduce, una a cada modo de producción que ha regido. Así cada fase de desarrollo social resulta caracterizada por su propia estructura económica, su propio modo de producción y todas las otras relaciones, formas e instituciones sociales que, como superestructuras, se alzan sobre dicha estructura.

A cada etapa de desarrollo social Marx llama “formación económico-social”, cuyo conjunto total, formado por su base económica y su correspondiente superestructura, constituye el régimen social. En este precisamente, el régimen de que nos habla Taine al distinguir entre el Ancien regimen y el regime Nonveau en “Los Origines de la Franca Contemporaine”. La historia ya dio a la luz a cinco formaciones económico-sociales o regímenes sociales: el Régimen de la comunidad primitiva, el del Esclavismo, el del Feudalismo, el del Capitalismo y el del Socialismo. Esas formaciones económico-sociales son cinco sociedades históricas cualitativamente bien diferenciadas. (4)

(4) F. V. Konstantinov y otros: Ob. Cit. Pág. 17.

1) MODOS DE PRODUCCIÓN DEL RÉGIMEN DE LA COMUNIDAD PRIMITIVA Y DEL ESCLAVISMO.

Ya expusimos algunas ideas sobre el modo de producción de la comunidad primitiva y sobre el esclavista.

En la infancia del género humano. Estadio inferior del Salvajismo, no existe organización económico, alguna. El hombre empieza a descender de las copas de los grandes árboles y su actividad encaminada a obtener sus alimentos es casi la del irracional. Apenas cabe representarse en él un germen de razón.

Es en el Estadio medio del Salvajismo cuando empieza a construir las condiciones materiales que harán posible la primera estructura económica, al producir sus primeros instrumentos de trabajo, por ejemplo la maza, la lanza, el hacha y el cuchillo de piedra, aún no pulimentados (paleolíticos), pero que ya alargan sus manos y aumentan sus fuerzas; y la permiten hacer de la caza un recurso ocasional de alimentación. Descubre el fuego a través del frotamiento, lo que hace la posibilidad de perfeccionar su alimentación, obtenida de la pesca, la caza, raíces y tubérculos amiláceos.

En el Estadio superior del Salvajismo construye el arco y la flecha, ya un producto de facultades mentales superiores, que le permiten hacer de la caza un recurso habitual de alimentación y una de las principales ramas del trabajo; pulimenta sus instrumentos de piedra (neolíticos), que a la vez le sirven como armas de defensa o de ataque; en general, ejerce un mayor dominio sobre la naturaleza. Ya se ha perfilado un modo de producción, cuya consecuencia material más apreciable es el comienzo de residencia fija de aldeas.

Con el uso de la alfarería entre (el hombre) en el Estadio Inferior de la Barbarie, del que ascienda al Estadio medio de la misma con la domesticación de animales, y con el empleo del adobe y la piedra en la construcción de edificios.

Al modo de producción originario corresponde el régimen social de la comunidad primitiva u organización gentilicia y tribal de la sociedad, cuyas formas o estructuras se complican en la misma medida en que se desarrolla y crece el sistema económico, y con éste la población y el territorio; desde la gens, hasta la confederación de tribus dentro de cuyo marco empiezan a dibujarse las primeras grandes líneas del Estado durante el transcurso del Estadio Superior de la Barbarie.

Este, o sea el Estadio Superior de la Barbarie, se inicia con la fundición del hierro, hecho que revoluciona a la sociedad gentilicia al consolidar a la naciente sociedad de clases, que ha empezado a emerger de la producción mercantil. Con esta consolidación la Civilización, y con el invento de la escritura alfabética y su empleo para la notación literaria.

Retrocedamos un poco. Como ya vimos, la escasa potencia de las armas e instrumentos de piedra, y la falta de experiencia productiva de los hombres, imponen el uso colectivo de los mismos, la propiedad Colectiva de la tierra y de otros medios de trabajo y la distribución colectiva de lo producido. Esta estructura económica y modo de producción hacen posible: a) la infancia del régimen de la comunidad primitiva en los estadios medios y superiores del salvajismo; b) el desarrollo de esta organización social en los estados inferior y medio de la Barbarie; y c) el florecimiento de la misma en el Estadio superior de ésta, es decir, de la Barbarie.

En el Estado medio de la Barbarie aparece y se desarrolla la riqueza ganadera, que trae consigo la primera gran división social del trabajo: las tribus pastoriles despréndense del resto de los bárbaros y con ello se inician las condiciones para el cambio. Ya han progresado los medios de producción, los instrumentos, y mucho los mismos productores, se ha elevado la productividad del trabajo, en general se va haciendo posible el logro individual de los medios de subsistencia. Se hace apetecible la fuerza humana de trabajo y así, hace su aparición la esclavitud en los desventurados prisioneros de guerra, cuyo empleo en las labores productivas ya resulta rentable. Empiezan pues, a transformarse las primitivas relaciones comparativas y fraternas de producción, han hecho su aparición otras, nuevas, hasta entonces desconocidas, las relaciones esclavistas.

Todos estos cambios de la base económica empiezan al generar los que necesariamente tenían que seguir en la estructura social. Las relaciones de los sexos, arrancando desde un remoto pasado, sobre el cual la ciencia aún no ha hecho suficiente luz, habían llegado durante la Barbarie, a asumir la forma predominante de un matrimonio todavía de vínculo muy frágil, el llamado matrimonio Sindiásmico, pero que ya daba bastante estabilidad a las relaciones familiares entre un hombre y una mujer determinados. Es decir que en lo fundamental ya se había efectuado el tránsito a lo que en definitiva vendría a ser la familia como unidad social y económica de los pueblos civilizados; después de haber pasado por la forma del matrimonio por grupos, característicos del Salvajismo.

La certidumbre de la paterminada que trajo consigo el matrimonio sindiásmico, y su nueva riqueza (del hombre), la de los ganados, que había pasado de propiedad de la gente o de la tribu a serlo de los jefes de familia en particular, impulsaron al hombre, a desplazar a la mujer de la posición primera, privilegiada, que venía ocupando en el seno de la sociedad gentilicia, entre otros posibles, con el fin que sus hijos pudieran heredar sus nuevos bienes. Insignificante ante éstos la corporación productiva de la mujer antes casi equiparada o hasta superior a la del varón, y realizada esta posición de la hembra con la de madre cierta de sus hijos, se puso el hombre en primer puesto en el hogar y dio el último paso a la conquista de su poder absoluto, que se consolida y eterniza con la caída de lo que se ha llamado derecho paterno y el paso gradual del matrimonio sindiásmico a la monogamia. “Pero esto produjo también un trastorno en el orden antiguo de la gens”.

En el Estadio superior de la Barbarie, la esclavitud, naciente y esporádica en el medio, “llega a ser un elemento esencial del sistema social”, se efectúa la segunda gran división social del trabajo, los oficios manuales de separan de la agricultura, lo que trae la producción directa para el cambio, la producción mercantil; los metales preciosos comienzan a convertirse en la mercancía moneda, dominante y universal, aunque aún no se acuñen y solo se cambian al peso. “La diferencia entre ricos y pobres se asiente junto a la otra entre libres y esclavos; de la nueva división del trabajo resulta una nueva escisión de la sociedad en clases. La desproporción de bienes de los jefes de la familia individuales destruye a las antiguas localidades comunistas en todas partes donde habían mantenido hasta entonces, y con ellas el trabajo común de la tierra por cuenta de las colectividades. El suelo cultivable se distribuye entre las familias particulares; al principio de un modo temporal, y más tarde para siempre; el paso a la propiedad privada completa se realiza poco a poco y paralelamente el tránsito del matrimonio sindiásmico a la monogamia. La familia empieza a convertirse en la unidad económica de la sociedad”.

“Haciéndose más densa la población, obliga a crear lazos más estrechos dentro y fuera. La confederación de tribus consanguíneas llega a ser en todas partes una necesidad; muy pronto sucede lo mismo con su fusión y con la reunión de los territorios de tribus aisladas en territorio colectivo de la nación. El jefe militar del pueblo (rex, basileus, thiundans) llega a ser un funcionario indispensable y permanente. La Asamblea del pueblo créase allí donde aún no existía. Jefe militar, consejo y asamblea del pueblo, son los representantes de la sociedad gentil, que tiende a ser una democracia militar; porque en lo sucesivo la guerra y la organización para la guerra son funciones regulares de la vida del pueblo. Las riquezas de los vecinos excitan la codicia de los pueblos, para quienes la adquisición de las riquezas es ya uno de los primeros fines de la vida…”.

La producción mercantil cada vez más grande eleva el cambio entre productores individuales a la categoría de necesidad vital de la sociedad.

La civilización consolida y aumenta las divisiones del trabajo ya existentes, “y añade una tercera división del trabajo, propia de ella y de capital importancia; crea una clase que no se ocupa de la producción sino únicamente del cambio de los productos, los mercaderes.”

“Junto a la riqueza en mercaderías, y en esclavos, junto a la fortuna en dinero, apareció también la riqueza territorial. El derecho de propiedad sobre parcelas del pueblo, concedido primitivamente a los individuos por la gens o por la tribu, habíase consolidado hasta tal punto que esas parcelas les pertenecían como bienes hereditarios. Lo que en los últimos tiempos había reclamado, ante todo, era quedar libres de los derechos que tenía sobre esas parcelas la colectividad de la gens, derechos que se convertían para ellos en una traba. Quedáronse sin esa traba, pero poco tiempo después sin la nueva propiedad territorial también. La propiedad plena y completa del suelo no significaba sólo facultad de poseerla de una manera absoluta y sin restricción sino que también quería decir facultad de enajenarla. Esta facultad no existió mientras el suelo era propiedad de la gens. Pero cuando el nuevo propietario suprimió de una manera definitiva las trabas impuestas por la gens y por la tribu como propietarios directos, rompió también el vínculo que hasta entonces la unía indisolublemente con el suelo. Desde entonces pudo convertirse el suelo en una mercancía que se vendía y se pignoraba; apenas se introdujo la propiedad territorial, queda inventada también la hipoteca.

“Así fue como la extensión del comercio, el dinero y la usura, la propiedad territorial y la hipoteca, la concentración y la centralización de la fortuna en manos de una clase pocos números hicieron rápidos progresos, simultáneamente con el empobrecimiento de las masas y el aumento numérico de los pobres. La nueva aristocracia de la riqueza, en todas partes donde se habría confundido ya con la antigua nobleza de raza generada por la elección habitual de los sucesores de los Jefes Militares en las mismas familias, sobre todo desde que se introduce el derecho paterno, y que pase poco a poco al estado de herencia, tolerada al principio, reclamada después, usurpada por último, acabó por arrinconar a ésta (en Atenas, en Roma y entre los germanos). Y junto con esa división de los hombres libres en clases con arreglo a sus bienes de fortuna, produjese… un enorme acrecentamiento del número de esclavos, cuyo trabajo forzado formaba la base de todo el edificio social”.

En el tiempo de su mayor prosperidad, el conjunto de los ciudadanos libres de Atenas entera, (comprendiendo las mujeres y los niños) componíase de unos 90,000 individuos; junto a los cuales se contaban 365,000 esclavos del uno y otro sexo, y 45,000 metecos”. En Corinto, en los tiempos florecientes de la ciudad, los esclavos llegaron a 460,000; en Egina a 470,000; en los dos casos su número era el décuplo de los ciudadanos libres.

Dentro del cuadro de la sociedad gentilicia ocupaba su lugar una nueva población originada por la inmigración, extraña a las asociaciones de la gens, “que podía llegar a ser una fuerza en el país que la había acogido, como en Roma, y que además era hasto números para poder ser admitida en las estirpes y tribus consanguíneas”. A esta altura del desarrollo todavía el vínculo de la sangre persistía generando efectos en la organización de la población nativa, que se proyectaban más allá del grupo familiar sobre las gentes, fratrias, tribus y confederación de tribus. Los miembros de la gens figuraban frente a esa masa (formada por la población inmigrante) como corporaciones cerradas, privilegiadas; “la democracia primitiva, espontánea, se había transformado en una detestable aristocracia.” En una palabra, el régimen de la gens, fruto de una sociedad que no conocía antagonismos interiores, no era adecuado sino para una sociedad de esta clase. No había (en ella) más medios coercitivos que la opinión pública. “Pero acababa de surgir una sociedad que, en virtud del conjunto de condiciones económicas de su existencia, había tenido que dividirse en hombres libres y esclavos, en explotadores ricos y en explotados pobres; una sociedad que no sólo no podía conciliar estos antagonismo, sino que, por el contrario, veíase obligada a llevarlos cada vez más a sus límites extremos. Una sociedad de este género no podía existir si no gracias a una lucha incesante de esta clases entre sí, o bajo el dominio de un tercer poder que puesto ostensiblemente por encima de las clases en lucha, pesase sobre sus conflictos públicos y no permitiese la lucha de clases más que en el terreno económico, bajo una forma sediciente lega. La gens había dejado de existir. Fue destruida por la división del trabajo, que escindió en clases a la sociedad, y reemplazada por el Estado”.

Como se ve, la estructura tribal y gentilicia de la sociedad –la gens fue la unidad social del régimen de la comunidad primitiva- llega a su fin cuando llega al suyo el primitivo modo de producción de la misma. Con el esclavismo surge el Estado a través de un proceso que comprende: a) la gradual transformación de unos órganos de la confederación de tribus; b) la sustitución de otros; c) el aparecimiento de la fuerza pública, que ya no era el pueblo en armas, al que en cualquier momento podía oponérsele, y que sire para mantener en la obediencia a los esclavos y para la defensa contra los ataques del exterior; d) el desgarramiento de la constitución gentil, al sustituir el vínculo de la sangre, en la organización de la población por el lugar de residencia de ésta –ya no se dividió a la población sino al territorio-, por la división del trabajo, por la propiedad de la tierra y la renta (que determinan la atribución de los derechos inherentes a la calidad de ciudadanos); y e) la admisión al disfrute de esta calidad de gran número de inmigrantes.

No debe dejarse de decir que la ley fundamental del primitivo modo de producción fue “el aseguramiento de la subsistencia de la comunidad tribal o gentilicia”. Este aseguramiento fue el estímulo de sus productores, la motivación de su conducta como tales.

También el Estado Socialista es Estado Esclavismo.

El Esclavismo se funda sobre la propiedad privada de los medios de producción, entre los cuales, como “instrumento parlante”, tiene que contarse al esclavo. Esta propiedad constituye los títulos legales para la apropiación de los frutos de la producción, que es regido ya no por el fin cardina de aseguramiento de la subsistencia de la comunidad, sino por el aprovechamiento de parte del esclavista del trabajo y producto adicionales, excedentes a los necesarios para la subsistencia del productos directo. En esta la ley fundamental del modo o régimen de producción del esclavismo –el objetivo que estimula del látigo que cae sobre las espaldas de los esclavos en los campos de labranza o en las grandes manufacturas urbanas, en los ergasterios-, surgido de las entrañas mismas de la sociedad gentilicia y cuyo régimen social llega a su cima en el Estado, síntesis de la primera sociedad de clases.

Con todo su horror, el esclavista fue un régimen social superior al de la Comunidad primitiva; sus logros fueron grandiosos: monumentos, palacios, teatros, circos, templos, acueductos, flota marítima y fluvial, grandes sistemas de irrigación, rudimentos de la agricultura, todo creado por el trabajo de grandes masas de esclavos o a base suya; hizo posible la aplicación en la producción, por vez primera en gran escala y basada en las acumulaciones de masas inmensas de esclavos en los centros de trabajo, de la cooperación simple; y al propiciar la división del trabajo en gran escala entre la agricultura y la industria creó las condiciones para el florecimiento de la cultura del mundo antiguo, para la cultura, el arte y la ciencia de Grecia y Roma. Y sin la Grecia y la Roma esclavista no existía “la moderna Europa”. (5)

(5) V. M. Elin y E. Segal: “Cómo el hombre llegó a ser Gigante”. Federico Engels “El origen de la Familia, de la Propiedad y del Estado”, especialmente Págs. 25 y siguientes, 85 y siguientes, 96 y siguientes, 139 y siguientes, 183 y siguientes. F. V. Konstantinov y otros: Ob. Cit. Págs. 58 y siguientes, 170 y 309.

2) RÉGIMEN O MODO DE PRODUCCIÓN FEUDAL.

El mismo florecimiento del Esclavismo condujo a éste a su decadencia y desaparecimiento. En efecto, su auge hizo posible un aumento de la población y de las necesidades de éstas que determinó el crecimiento del mercado. Este hecho obligó a la concentración de enormes masas de esclavos en los centros de trabajo para aumentar la producción. Pero este crecimiento generó hechos contradictorios del mismo. La riqueza social se acumuló y concentró en poder de la reducida clase esclavista, por cuya razón se extendió y ahondó la pobreza de la población libre, que era parte determinante del mercado.

Por otro lado, la creciente reducción de los hombres a la condición de bestias de labor y la consiguiente significación de deshacer y carga que ésta asumía, hicieron germinar en el espíritu de la población no esclava una actitud de desprecio hacia el trabajo. A éste se sumaba la realidad de que las labores productivas rendían poco provecho a los hombres libres, dada la presencia de la forma esclava de trabajo, que a medida que se extendía desplazaba de la producción urbana y agrícola a la población libre. Llevado éste a tales extremos, optó por el cambio de la mendicidad.

El resultado final de tantas contradicciones, a las que se agregaba la actitud de protesta y rebelión de los esclavos, fue una reducción enorme del consumo y el consiguiente derrumbamiento del mercado. Así se hundió Atenas y naufragó el Imperio Romano. La caída de éste en poder en los germanos coincide con la desintegración de su estructura económica esclavista ya caduca y con el desarrollo ascendente de sus conquistadores; quienes cuando en el siglo III comienzan la guerra ofensiva general contra dicho imperio corrían por el Estado superior de la Barbarie, ya con una industria metalúrgica y textil muy avanzada, lejos aún de las formas perfeccionadas del Estado.

Antes del triste fin de quienes fueran dominadores del mundo, empieza a tejerse, de los deshechos del antiguo régimen, la red de las nuevas relaciones de producción feudales. Destruido al mercado, ni las grandes manufacturas urbanas, ni la agricultura en gran escala, única posible sobre la base de relaciones de producción esclavista, rendían beneficios. Dada esta situación, las manumisiones de esclavos eran cada vez más crecientes. Su explotación había dejado de ser rentable, y en las ciudades sólo había lugar para ellos en el servicio doméstico, en las casas de los ciudadanos ricos. Se empezaron a dividir los grandes latifundios en pequeñas parcelas, que se entregaban a arrendatarios hereditarios contra cierta cantidad de dinero; o a aparceros (partiari), más administradores que arrendatarios, a quienes se daba un sexto o un noveno del producto anual; pero preferentemente a colones, obligados a pagar un interés anual fijo, ligados al suelo y que podían ser vencidos juntamente con su parcela. Estos colones, precursores de los siervos de la Edad Media, no podían casarse con mujeres libres y sus uniones eran vistas como un simple concubinato (contubernium).

En las provincias, el régimen seguía la misma suerte. En las Gálias, los pequeños agricultores libres, que aún quedaban, se ponían a cubierto de la opresión de magistrados, funcionarios y usureros, bajo la protección y patronato de un poderoso a quien daban en propiedad sus tierras, de las cuales éste les aseguraba el usufructo durante su ida. Sumada la presión de los funcionarios a la de los señores territoriales, los súbditos del imperio huían a las zonas ya ocupadas por los bárbaros y los que residían en éstas nada temían tanto como volver a la dominación romana.

Los conquistadores, por el servicio de la liberación, quitaban a los ciudadanos romanos las dos terceras partes de sus tierras y se las repartían entre sí al modo de la gens. Con esto se inicia un proceso de confluencia y fusión del retorno a la agricultura de la plebe, de los antiguos campesinos expropiados, y de los esclavos –como consecuencia de la desintegración del Esclavismo- con un nuevo curso de desarrollo de los germanos. Estos, con la emigración y la conquista, tuvieron que abandonar la línea de su desenvolvimiento autónomo y adaptarse al momento histórico del Imperio conquistado. Apremiados por la necesidad de organizar su dominio sobre los pueblos sometidos, los bárbaros pronto inician la estructuración de sus Estados y para ello la transformación de la base comunal de la economía agrícola en relaciones de propiedad privada de la tierra. En Francia, por ejemplo, convertido el Jefe Militar superior en verdadero príncipe, roba las tierras del pueblo, las transforma en dominios reales, y a miembros de su séquito dona extensiones, que más tarde son adjudicadas a los mismos en forma de beneficios. Así surgió una nueva nobleza, de la que saldrían más tarde los señores feudales. Arruinados por un largo período de guerras y saqueos, los campesinos libres franceses, como sus predecesores los colonos romanos de fines del siglo V, en los siglos IX y X tuvieron que colocarse bajo la protección de la nueva nobleza y de la Iglesia, a quienes traspasaban la propiedad de sus tierras, volviéndolas a recibir “a censo bajo formas diversas y variables, pero nunca de otro modo sino a cambio de servicios y gabelas”. Reducidos a esta forma de dependencia, perdieron poco a poco su libertad individual, y al cabo de pocas generaciones la mayor parte de ellos eran siervos. Habíase agrandado el reino de Dios y crecido enormemente los bienes terrenales de la Iglesia. El régimen feudal que daba configurada, después de un proceso de gestación y afianzamiento de cuatro largos siglos.

El retorno a la agricultura fue un progreso, se efectuaba dentro del nivel de desarrollo a que había conducido el Esclavismo, superior al del período en que fueron despojados los campesinos emergidos del régimen de la comunidad primitiva –como propietarios privados de tierras-; despojo sobre cuya base, en parte, se erigió el régimen esclavista. Este fue un sistema totalmente opresor, por cuya razón aplastaba las aptitudes creadoras del trabajador; su iniciativa, sus posibilidades de desarrollo íntegro. Sólo un sistema con un margen de libertad podía permitir un nuevo avance del desarrollo; uno en que desapareciera la actitud del rechazo hacia el trabajo que la opresión esclavista había creado en el espíritu del productor y en que, por el contrario, éste se sintiese vinculado con los medios de producción, atraído hacia éste, interesado en ella, a través de la posibilidad de una economía propia y de la necesidad de proveerse por sí mismo de los medios de subsistencia. Todo esto, dadas las condiciones materiales e históricas del momento, no podía lograrse de otro modo que no fuera aquel retorno a la agricultura, el sistema feudal en general.

Fue así como el modo feudal de producción se hizo descansar: a) En la propiedad parcial del señor feudal sobre el campesino siervo, a quien puede, legalmente, comprarlo, venderlo, castigarlo, jugárselo a las cartas, pero no darle muerto, como el esclavo, -aunque de hecho fuera frecuente que el señor feudal matara a su siervo-; b) en la propiedad individual del siervo y del artesano sobre sus instrumentos de producción –el caballo, aperos de labranza y herramientas-; quienes además eran propietarios de su propia economía, provenientes de su trabajo personal, pues aunque el primero estuviese obligado a entregar al terrateniente noble su trabajo adicional, fuera como prestaciones personales, como renta en especie o en dinero, podía trabajar para sí el resto del tiempo; c) finalmente, en la propiedad del señor feudal sobre los medios de producción, y principalmente sobre la tierra. Esta propiedad sobre la tierra, “como forma de posesión condicional, estuvo sometida a muchas limitaciones en los siglos XII y XIII en Francia (…donde más típicamente se desarrolló el feudalismo…). Numerosos ordenanzas regulaban los derechos hereditarios sobre la base del principio de mayo rasgo y establecían una complicada jerarquía feudal del derecho de propiedad sobre una misma tierra de suques, condes, vizcondes, barones, etc. Pero respecto al campesino siervo explotado, el señor era el auténtico dueño del terreno según el principio de que “no hay tierra sin señor ni señor sin tierra…”. Al principio del Feudalismo el trabajo de los artesanos confundíase con el agrícola. Los terratenientes tenían a su servicio maestros artesanos que cortaban, cosían el calzado y los vestidos de ellos y de su servidumbre, construían sus carros y coches, etc.; pero el desarrollo de la técnica y de las artes de los artesanos condujo al incremento de la productividad del trabajo y nuevamente a la división entre la artesanía y la agricultura. Este desglosamiento del artesano en rama independiente de la Economía y más tarde el del comercio en igual sentido ejercieron una influencia determinante en el desarrollo de las fuerzas productivas. Desde el siglo XI fueron cobrando vida nuevamente en la Europa Occidental las ciudades que desde el Imperio Romano habían quedado agonizando, desiertas unas, invadidas otras por la agricultura; y a su lado levantárose otras nuevas, más densamente pobladas que las del Esclavismo; y todas vinieron a ser centros del Artesano y del Comercio.

A grandes rasgos, el programa que permitieron las relaciones feudales de producción, mucho más alto que el alcanzado por la sociedad esclavista, es el siguiente:

Se pasó de la fundición de los metales en troquelas a la fundición de altos hornos; mejoró la elaboración del hierro; y así extendiéronse considerablemente el arado y el hacha de este metal;

Se alcanzaron algunas innovaciones técnicas, como la prensa de lagar, el molino de viento, etc.

Se logró mayor efectividad de la fuerza de tracción animal en la agricultura y se desarrollaron, y alcanzaron mayor importancia, las labores de labranza, la horticultura, la arvicultura, la viticultura y la oleicultura; se estableció la práctica de nuevos cultivos de cereales, industriales y de nuevas variedades de árboles frutales; en mayor extensión que en la época precedente se desbrozaron los campos para la agricultura; se puso más cuidado en el trabajo de éstos y se difundió la rotación de las siembras por medio del sistema de las tres hojas.

En la hilatura, el uso fue sustituido por la rueca y después por la rueda automática de hilar, que permitía simultáneamente dos operaciones, la deshilar y la de devanar. Se sustituyó el telar vertical por el horizontal, movido a pedal. En la industria de la lana se inventó y aplicó una máquina de torcer;

Los oficios artesanales se diferenciaron y especializaron cada vez más; así, la industria textil constaba de 20 oficios, entre los cuales implántose una división del trabajo siguiendo un orden sucesivo en la elaboración de los materiales, al mismo tiempo que se especializó la producción de diversas clases de tejidos, de lana de seda y de lino.

No obstante el empleo, en varias ramas de la producción, de mecanismos accionados por la fuerza de agua y del viento, los instrumentos de trabajo siguieron siendo, en general instrumentos manuales, pesados, aptos para el trabajo individual solamente.

Los artesanos dividíanse en maestros artesanos, oficiales y aprendices. Agrúpanse en gremios cuyas ordenanzas regulaban rigurosamente la producción, el trabajo y el aprendizaje de los oficios. Cada maestro tenía asignada la cantidad de mercancías que podían producir y el número de oficiales y aprendices que podía tener. Tales corporaciones, pues, pretendían: a) evitar la competencia entre los maestros, y además, b) defender el mercado contra extranjeros o más bien extraños y c) impedir el trabajo a quienes no formaran parte de ellas. Para alcanzar estos fines fijaban precios, vigilaban la compra de materiales, ayudaban a los maestros a salir de sus existencias de mercancías y mediante un consejo de éstos reglamentaban la forma de la producción. Dichas organizaciones no encontrábanse tan perfectamente delimitadas entre sí, que una persona no podía pertenecer a dos o más, ejercer distintos oficios, tener más de un taller, ni continuar un trabajo que otra hubiera comenzado.

Los comerciantes se reunían en organizaciones propias, las guildas, que más tarde, junto con las reseñadas anteriormente, fueron organizaciones de lucha contra los señores y las cargas feudales, por la libertad y la autonomía de las ciudades y sus habitantes.

La organización corporativa del artesano funcionó sin mayores tropiezos en los primeros tiempos del ascenso del régimen feudal; pero cuando el progreso económico y social empieza a presionar contra las líneas de la antigua estructura económica, tal organización comienza a deteriorarse. Su proceso de dislocación vino a acelerarse con el aparecimiento, junto al taller artesanal de la manufactura, que representó el período más alto del desarrollo económico del régimen social feudal.

El renacimiento de las antiguas ciudades esclavistas marca el inicio del ascenso y florecimiento del Feudalismo, que, aproximadamente, se extienden hasta el siglo XIII – XIV. Dicho ascenso incrementó la población, hecho puesto de relieve por las cruzadas, e hizo la creación de un mercado interno, fuente de dónde empezaron a brotar las relaciones de la economía monetario-comercial, que más tarde transformadas en capitalistas y difundidas por la manufactura acabarían con el modo feudal de producción y de correspondiente estructural social. En el curso de dicho ascenso fueron cambiando las formas de explotación de campesinos y artesanos de parte de los señores feudales. De la renta en trabajo se pasó a la renta en especie y de ésta a la renta en dinero. Cada una es expresión de un desarrollo más alto de las fuerzas productivas, de un progreso económico general más elevado, y de un nivel superior de cultura del trabajador, quien venía a ser más libre bajo cada nueva modalidad de renta, que no pocas veces tenía un carácter mixto.

El tránsito a la renta en dinero es de una gran significación; marca el paso de la economía feudal de su fase predominantemente natural a la superior en que tal cambio y el dinero adquieren una importancia decisiva, es decir, a la fase de la producción mercantil. Aunque trae un reforzamiento de la explotación despertando en el señor feudal sed insaciable de apropiación del plus trabajo de siervos y artesanos, viene a proporcionar a los primeros una cada vez mayor independencia, enlaza crecientemente a los productores individuales por medio del mercado y vincula en grado cada vez más alto a la sociedad con el producto directo; abre al mismo tiempo el proceso de desintegración feudal.

De los siglos XV-XVI al XVIII se extiende, siempre en la Europa Occidental, el período de la manufactura. La incipiente burguesía europea crea las grandes empresas manufactureras junto a los pequeños talleres artesanales de los gremios, “guiada por la aspiración de incrementar en lo posible la producción de mercancía para abastecer los nuevos mercados del Oriente y América…”. El desarrollo manufacturero acelera la formación y difusión de las relaciones capitalistas, que terminan por enterrar al modo feudal de producción y a su correspondiente superestructura político-jurídica.

La Ley Fundamental del Feudalismo fue “la apropiación de parte del señor feudal del trabajo y del producto adicionales del campesino y del artesano”. Fue este el motor que movió la conducta explotadora de los señores feudales –clero, noblez y terratenientes-. Aparte de esa explotación directa, ha sido jurídicamente en la propiedad parcial sobre el campesino y plena sobre el suelo, en otras diversas formas aplastábase la vida material y espiritual del campesinado sujeto a servidumbre. Por ejemplo, a cambio de protección y del derecho a cultivar pequeñas parcelas de tierras, los señores feudales hacían pesar sobre él buena proporción del peso económico y humano de sus aventuras, acciones de bandidaje y de las constantes guerras de unos contra otros.

En las primeras fases de su desarrollo, la sociedad feudal se caracteriza por una extraordinaria dispersión de la vida económica. El estado refleja esta dispersión presentando un acusado particularmente político y una marcada debilidad del poder central. Cada gran señor feudal es un pequeño rey: no sólo explota a los campesinos sino que dispone de sus tribunales de justicia y órganos de represión sobre ellos; de sus propias fuerzas armadas y de sus propios ejecutores y verdugos. En los tribunales de justicia tomaban asiento contra los campesinos los barones, las curas, los juristas y otros elementos de posición privilegiada. ¿Quién los defendía? Si el señor mataba a uno de ellos, lo que no era infrecuente, contra él no se dictaba sentencia.

El dominio jerarquizado sobre la tierra trascendió a caracterizar a la sociedad y al Estado. Como que “el poder político se distribuyó según la propiedad territorial”, la estructura social y estatal viene a ser una complicada escala de jerarquías en cuya cúspide aparecía el rey. Venían a continuación sus vasallos, los duques, los marqueses, los varones, los condes, etc. Dentro de esta serie, sus elementos, eran a la vez señores y vasallos: señores feudales con respecto a quienes se hallaban por debajo de ellos, ocupaban la posición de vasallos en relación con los de arriba; “el rey era el primero, el soberano supremo”.

El derecho feudal consuetudinario y escrito afianza sensacionaba las relaciones feudales, la desigualdad patrimonial en Francia, efectuada ya la centralización del poder político y solidado y absolutismo monárquico –progresivo a esa hora- a otro del antiguo poder disperso y desafiante de los señores terratenientes, defendía abiertamente los privilegios de los dos primeros, estamentos, la nobleza y el claro, exentos de toda clase de cargas e impuestos; y condenaba a la privación de derechos al tercer estado, del que formaba parte la emergente burguesía. (6)

(6) V. Federico Engels: “El Origen de la Familia, de la Propiedad privada y del Estado”, Págs. 169 y siguientes. F. V. Konstantinov y otros: “El Materialismo Histórico”. Págs. 69 y siguientes; 174. Julio Gómez Padilla: “Introducción a la Economía, Págs. 144, 146, 147, 148. Leon Bloxh: “Luchas Sociales en la Antigua Roma”, Págs. 5-22, 124 y siguientes. Jesús Silva Herzog: “Historia y Antología del Pensamiento Económico, Antigüedad y Edad Media”, Págs. 119 y siguientes, 185 y siguientes.

3) RÉGIMEN O MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA

Como el Feudalismo fue menos opresor que el Esclavismo, permitió a la par de la economías campesina y artesanal, oprimidas una más amplia producción de campesinos y artesanos libres, iniciadores del cambio, posteriormente proveedores de los mercaderes y sobre la base de cuyo trabajo éstos inician el proceso que habría de llevar a la formación de la burguesía.

Antes de aparecer las relaciones propiamente capitalistas, se forma la economía monetaria-comercial o capitalismo menos desarrollado o sistema mercantil simple; que se basa en la producción y cambio de mercancía, efectuados fundamentalmente por los dichos artesanos y campesinos libres, dueños de sus instrumentos de producción; y que poco a poco se fue ampliando. Empezó así a regir la ley del valor, al cobrar importancia en ese momento el trabajo social, medio necesario para producir las mercancías con base en cuya estimación, la del trabajo, precisamente, se efectuaba el intercambio.

Al crecer la producción simple de mercancías aparecen el capital mercantil. “El dinero, que al principio sólo había sido medida de valor y medio de cambio, adquiere una nueva función: comienza a circular como capital mercantil, cuando los comerciantes y otros empresarios compran mercancías para venderlas después con ganancia; cuando los mismos “empiezan a encargar a los artesanos independiente la producción de determinados artículos destinados al mercadeo”. Se invierte así la primera forma de circulación de las mercancías y del dinero como simple medio de cambio, que eran M x D x M, en la que se daban mercancías propias por dinero con el objeto de adquirir otras mercancías de que se carecía; para devenir en otra forma en la que el dinero se cambia por mercancías para convertir éstas otra vez en dinero a través del mercado, pero con lucro o ganancia. Esta segunda forma de circulación es presentada por la fórmula D x M x D.

Al generalizarse y crecer la producción mercantil, el cambio lo efectúan en escala cada vez menor los propios productores, que, por otra parte, van pasando a depender cada vez más del usurero, comerciante y maestro artesano enriquecidos y venidos a empresarios capitalistas. La actuación de éstos últimos inicia la fase de la producción mercantil desarrollada, que ya no descansa en el trabajo directo de quienes llevan a cabo el cambio, los empresarios capitalistas, sino en el de los trabajadores a domicilio y, posteriormente, en el de los trabajadores asalariados. Los nuevos agentes de cambio se apropian en la ganancia o lucro buena parte del producto adicional o plusvalor creado por los productores directos.

En el período de la producción mercantil desarrollada forman el mercado interno, en lo fundamental, los ingresos de los pequeños productores y el salario de los trabajadores, con que se compra la mayor masa de artículos producidos para el consumo de la población. El dinero empleado en la producción mercantil desarrollada conviértese en capital propiamente dicha, capital manufacturera primero y capital industrial, posteriormente; con el último efectúase el tránsito al modo capitalista de producción propiamente dicho. La forma de circulación del capital monetario en éstos períodos deviene en D x M – M’ x D’, en la que el dinero cámbiase por mercancías o sea por medios de producción y fuerza humana de trabajo, que transformadas a través del proceso productivo son cambiantes en el mercado por dinero, siempre aumentado con lucro o ganancia.

También los terratenientes, sin abandonar en mucho sus prácticas productivas, comenzaron a producir para el mercado, al generalizarse el sistema de producción mercantil; y, así, las relaciones feudales de producción se entrelazaron con las emergentes relaciones capitalistas de producción a través del mercado; y el arrendamiento de terrenos con pago de renta en dinero volviose menos excepcional.

Dado el progreso económico que se acaba de bosquejar, el fraccionamiento político del feudalismo devino en un gran obstáculo para el desenvolvimiento de la producción mercantil; conviértese en opresivo, contrario a la libertad económica. Los señores feudales imponían toda clase de tributos por las mercancías que cruzaban por sus dominios, portazgos, peajes, pontajes, etc., y sus continuas rivalidades y guerras impedían la ampliación y estabilidad del mercado, aparte de que facilitaban el saqueo y el pillaje. A la par, las relaciones feudales de producción del campo, con su economía no monetaria, impedían la ampliación del mercado interno, asfixiaban el desarrollo económico. Cada vez más violentamente el avance de las fuerzas productivas y el crecimiento de las relaciones capitalistas de producción chocaban con la estructura político-jurídica feudal ya caduca. El cambio revolucionario de esta última era cada vez más imperativo.

Según el bosquejo anterior, la historia del capitalismo comprende varios períodos: a) el de la cooperación simple; b) el manufacturero; c) el del maquinismo industrial o período ascensional; y, además, el actual, imperialista o monopólico, que se inicia a fines del siglo XIX. Los dos primeros gestáronse y desarrolláronse dentro del feudalismo, y con el tercero iníciase la vigencia del modo capitalista de producción propiamente dicho.

Cooperación Simple. Los mismos artesanos, comerciantes y usureros enriquecidos empezaron a organizar grandes talleres en los cuales pusieron a trabajar artesanos caídos en la pobreza. La producción capitalista simple, pues, que es la que se basa en estas relaciones de producción, se caracteriza por el empleo de trabajadores asalariados sin ninguna o con muy poca división del trabajo dentro del taller. El empresario o capitalista hace laborar simultáneamente a los artesanos, quienes aplican siempre la misma técnica artesanal; así, con el empleo de las mismas herramientas manuales o artesanales; se da principio a la desintegración de la pequeña producción mercantil de los artesanos y campesinos libres; el pequeño taller artesanal empieza a ser desplazado por la naciente empresa organizada por el capitalista a base de cooperación simple.

La Cooperación capitalista simple ofrece ventajas. “La concentración de muchos trabajadores en una sola empresa permite economizar medios de producción, herramientas, almacenes, transporte; facilita el control, etc. No rinden lo mismo los trabajadores aislados que conjuntamente. Se nivelan las diferencias productivas individuales de los obreros; las técnicas mejores tienden a generalizarse. El rendimiento del trabajo individual de los obreros difieren en más o menos del trabajo social medio, pero el trabajo colectivo, por el contrario, tiende a coincidir con él, porque las menores y mayores habilidades de todos los laborantes se compensan; y éste permite una regularidad y estabilidad mayores en la producción, la calidad y el mercadeo de los artículos. La Cooperación simple, en fin, economiza trabajo y releva la eficiencia del esfuerzo; infunde a éste una nueva fuerza productivo-social”.

Período manufacturero. El desarrollo en la cooperación capitalista simple condujo a la manufactura y al desarrollo independiente del capital manufacturero, que se separa funcionalmente del capital mercantil. “La práctica de la producción conjunta de muchos trabajadores desembocó en la división del trabajo y en la invención de herramientas más eficientes y, por consiguiente, en una producción en mayor escala de mercancías. La manufactura sigue conservando en lo fundamental la técnica artesanal, pero organiza mejor el proceso productivo; la división del trabajo pasa a ser una característica esencial suya; la mercancía ya no es el producto de un trabajo individual sino el resultado del trabajo colectivo de muchos obreros. En la sociedad acentúase la división social del trabajo, para producir distintas clases de mercancías; cada empresario trata de producir, con especialidad creciente, una sola. También de los talleres aumenta la división de las labores entre tareas más o menos simples.

En el período manufacturero también se desarrolla bastante el trabajo a domicilio, que es un fenómeno nuevo, pero que a la vez implica una prolongación del trabajo artesanal y familiar feudal. El trabajo a domicilio caracterízase por el lugar en que se ejecuta, la casa del trabajador, con frecuencia ayudado por su familia. Las labores se efectúan, en este caso, naturalmente, por encargo del empresario, a quien la modalidad ofrece la ventaja de pagar bajísimos emolumentos calculados por pieza o a destajo.

Los obreros de las manufacturas trabajan en condiciones penosísimas; sometidos a una explotación terrible. “Las opresivas condiciones de trabajo y las bajísimas remuneraciones del período manufacturado tradujérense en ineficiencia del sistema, en freno del desarrollo capitalista. Pero dentro de tal período se había venido formando el capital industrial, que pasa a ser invertido en la producción de mercancías por medio de máquinas”, gracias a la creciente fuerza de trabajo ofrecida por el asalariado. Las máquinas, aunque con mucho que desear, ya habían empezado a ser producidas y la clase proletaria era cada vez más numerosa. La Manufactura difundió las relaciones capitalistas de producción, agudizó sus contradicciones con el régimen feudal y provocó o aceleró la acumulación originaria de capital, que se lleva a cabo por medio del despojo de los campesinos, la usura, el comercio, el saqueo colonial, la guerra, etc.… Durante su período, siglos XV-XVI al XVIII, se agudiza la lucha entre los señores feudales y siervos sojuzgados, al mismo tiempo que aumentan las contradicciones entre la parasitaria nobleza feudal y la burguesía en vigoroso desarrollo.

Maquinismo Industrial o período ascensional. La especialización de los trabajadores y la división social de la producción, desarrolladas a través de la manufactura, tendieron a aumentar la intensidad del trabajo. A la vez, la división y especialización del trabajo reflejáronse en las herramientas, que propendieron a multiplicarse y a tomarse variadas y también específica. La división del trabajo en las empresas hizo posible la introducción de máquinas cada vez más complejas e ingeniosas. Este proceso de sub-división del trabajo, de simplificación y rutinización de las distintas fases de la producción, de especialización de herramientas, dio paso a la aplicación de motores para la generación del movimiento, hecho de que significó un impulso extraordinario en el ritmo ascendente de la producción. “El paso de la industria manufacturera a la industria mecanizada con motor constituyó una profunda revolución técnica y social”. “La máquina fue un poderoso medio para elevar la productividad del trabajo y, por ende, también la producción de excedentes y las ganancias de los capitalistas a límite enormes”. El capital predominante ya no fue el comercial ni el manufacturero, sino el industrial. El progreso de los transportes y las comunicaciones y la sistemática explotación colonial fueron también estimulante de una industrialización y mecanización cada vez más crecientes. (7)

(7) V. Julio Gómez Padilla. “Introducción a la Economía”. Págs. 144/148 y siguientes.

El paso de las relaciones feudales de producción a las relaciones de producción capitalistas llévase a cabo gracias al desarrollo de las fuerzas productivas, “Fue el paso de la rueca automática a la máquina de hilar… de los talleres de los artesanos a la gran producción a base de máquinas a las grandes fábricas y centros industriales, con cientos, miles y decenas de miles de obreros”. En la agricultura, el desarrollo del capitalismo condujo al paso de la hacienda señorial del terrateniente, en que la tierra era cultivada por medio de primitivos ásperos agrícolas, a las grandes explotaciones agrarias basadas en el empleo de maquinaria agrícola y en la aplicación de la agronomía.

Los nuevos instrumentos de la producción industrial y agrícola, a su vez, imponían una nueva organización del trabajo, exigían del trabajador cierta elevación cultural, capacidad para poner en movimiento y manejar las máquinas; hecho éste que determinó que el capitalismo prefiera al obrero asalariado culto, familiarizado con dicho manejo, y rechazara el siervo analfabeto y sumiso.

El Industrialismo aceleró el proceso, ya iniciado por la manufactura, de divorcio entre los productores directos o sea entre los campesinos y artesanos y que medios de producción para transformarlos en proletarios, en clase social sin otros medios de subsistencia que no fueran su propia fuerza de trabajo. Pero pese al sacrificio de enormes masas de desposeídos, el paso a las relaciones capitalistas de producción fue un progreso enorme; las relaciones feudales en el proceso productivo habíanse convertido en trabas para el desarrollo económico, más concretamente para el de las fuerzas productivas, que pugnaban por nuevas relaciones de producción que les permitiesen un nuevo ascenso.

La base de las relaciones capitalistas de producción es la propiedad privada sobre los medios de producción y la ausencia de propiedades sobre los trabajadores materiales, productores directos u obrero-asalariados, que pasan, a diferencia del esclavo y del siervo de la gleba, a ser jurídica o formalmente libres de toda dependencia personal respecto del empresario o poseedor de los medios de producción. El trabajador del régimen capitalista aparece en el mercado de éste como poseedor de una mercancía, su fuerza de trabajo, único recurso de que puede disponer para la subsistencia propia y de su familia, por manera que aunque jurídicamente pasa a ser libre, económicamente pasa a depender del capital; entre el obrero y los medios de producción que debe poner en movimiento interpónese el capitalista propietario de dichos medios. El arrendamiento o la compraventa de la fuerza de trabajo es, en las condiciones del capitalismo, la única forma en la que pueden combinarse productores materiales y medios de producción. Este hecho económico real ha sido mixtificado por la doctrina del moderno derecho del trabajo. “El proceso capitalista de la producción es, al mismo tiempo, el proceso de la explotación del trabajo asalariado, y el proceso de la acumulación del capital”. (8)

(8) F. V. Konstntinov: “El Materialismo Histórico”. Págs. 72-73.

EXPLOTACIÓN.- “Explotación es una categoría científica que significa, lisa y llanamiento, extraer las riquezas que algo contiene, o sacar beneficio de un negocio o industria mediante la aplicación del trabajo ajeno… explotación quiere decir, referida al empleo de trabajadores, a la apropiación por empresarios privados de las plusvalía obtenida durante el proceso de trabajo. No importa el título ni son aceptables calificativos éticos: hay explotación, como un hecho objetivo y frío, cuando unos hombres como dueños reciben el beneficio del plustrabajo desarrollado por otros hombres en cualquiera empresa. Esta explotación podrá ser mayor o menor, despiadadas o mitigadas; pero éste es un problema distinto, que siempre supone la persistencia de la explotación misma…

No son sinónima entonces, explotación y espoliación. Esta sí es la explotación violenta o inicua. La explotación es un grado máximo de explotación; reduciendo su grado…”

Plusvalía. Al final de cada período productivo, por ejemplo un año, encuéntrase que la riqueza social ha aumentado, es decir, que el trabajo desarrollado por los productores durante dicho tiempo ha producido no sólo lo necesario para reponer las fuerzas productivas gastadas, medios de vida o subsistencia de los trabajadores de sus familias, materias primas, herramientas, etc., sino también para crear un excedente. Esto significa sin referirnos al valor de los medios de producción, que el valor que se crea en el proceso productivo es mayor que el valor de la fuerza de trabajo.

Lo producido sobre los medios de vida necesarios para reponer las fuerzas de trabajo de los obreros y para la subsistencia de sus familias y los medios productivos insumidos, recibe el nombre de plusproducto o bien los de producto adicional, producto ascendente o producto neto. Y es al valor de este producto al que se llama Plusvalía designándose como plustrabajo al trabajo de los obreros que lo produce. La Plusvalía es, pues, el valor nuevo creado a través del proceso productivo, la fuerza de trabajo es, entonces, una mercancía cuyo valor de uso presente la peculiaridad de ser fuente de valor. (9)

(9) V. Julio Gómez Padilla. Ob. Cit. Págs. 151, 249-250, 253-254.

La apropiación por los capitalistas del plustrabajo de los obreros asalariados, a través de la apropiación de la plusvalía, se encubre bajo la forma de pago aparentemente íntegro del “trabajo comprado”. En realidad el capitalista no compra el trabajo sino la fuerza de trabajo; con el salario resarce el obrero no el trabajo obtenido sino solamente el valor de la dicha fuerza de trabajo o sea el de los productos necesarios para la reproducción de ésta y para el mantenimiento de las personas dependientes del asalariado.

El impulso que mueve la producción capitalista es la obtención de ganancia, la producción de plusvalía; es la obtención de ésta, su aseguramiento y apropiación lo que pasa a ser la ley económica y fundamental del régimen económico o de producción capitalista.

En este móvil de la producción burguesa el que ha generado al mismo tiempo que un impulso prodigioso en el desarrollo de las fuerzas productivas y del crecimiento económico en general, los aspectos más negativos y nefastos de tal régimen; esta contradictoria naturaleza de la ley fundamental del capitalismo hizo decir a Marx y Engels: “En su impulso ciego y desmedido, en su hombre canina devoradora de trabajo excedente, el capital no solo derriba las barreras morales, sino que derriba también las barreras puramente físicas de la jornada de trabajo, usurpar al obrero al tiempo de que necesite su cuerpo para crecer, desarrollarse y conservarse sano. Le roba el tiempo indispensable para asimilarse el aire y la luz del sol”. “… durante uno o dos siglos de existencia de la Sociedad Capitalista, se crearon fuerzas productivas más poderosas que en toda la historia precedente de la humanidad.

El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, el empleo de las máquinas, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación de vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la adaptación para el cultivo de continente enteros, apertura de ríos a la navegación, poblaciones enteras surgiendo de la tierra como por encanto. ¿Cuál de los siglos pasados pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajo social? (“C. Marx, El Capital, Trad. Espec. De Wenceslado Rocas, 2ª Ed. México, 1945. T. I, Págs. 292-293” y C. Marx y F. Engels, “Manifiesto del Partido Comunista”, en obras escogidas, Ediciones en lenguas extranjeras, Moscú, 1952, T. I, Pág. 27”). (10)

(10) F. V. Konstantinov y otros: “El Materialismo Histórico”. Págs. 73-75.

El crecimiento arrollador de las fuerzas productivas en el período ascensional del crecimiento capitalista significa que en tal período las relaciones de producción se hallan en perfecta consonancia o armonía con el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Pero al mismo tiempo que esto y desde su origen, el modo capitalista de producción muestra su carácter antagónico, lleva en sí contradicciones irreductibles; contradicciones entre el carácter social del proceso productivo que el capitalismo amplia en medida extraordinaria al reunir en una sola empresa por miles a los trabajadores y la forma privada de la apropiación de los bienes producidos; contradicciones entre la tendencia al limitado crecimiento de las fuerzas productivas y los fines limitados de la producción, que limitan constantemente el desarrollo de ésta; entre la producción y el consumo limitado, traducido en condiciones de miseria en la vida de las masas trabajadoras; entre la organización y planificación de la producción dentro de cada empresa por separado y la anarquía de la misma en el seno de la sociedad; entre el obrero y la máquina como instrumento del capital entre el trabajador intelectual y el físico; entre la ciencia y los intereses vitales de la clase trabajadora; entre la economía agrícola y la urbana; entre las metrópolis capitalistas y los pueblos colonizados.

En sus orígenes y en su auge, la economía capitalista fue vitalizada prodigiosamente por una competencia en precios y calidad; unos empresarios luchaban contra otros por el dominio del mercado y por la máxima ganancia; a través de esta lucha que implicaba mejoras técnicas, propaganda y argucias, unos empresarios fueron desplazando a otros y otros, los mas pocos, fueron acumulando fortunas astronómicas y absorbiendo a otras empresas más pequeñas a través de los negocios, muchos de los desplazados cayeron en la ruina o en la quiebra. Lo anterior fue el resultado inevitable del libre juego de las leyes económicas capitalistas de la competencia, de la concentración y de la centralización. (11) El industrialismo o período ascensional del Capitalismo va en Inglaterra y la Europa Occidental de la década del 60 del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX a fines de éste, respectivamente; y en los EE.UU. de fines del siglo XVIII a fines del siglo XIX.

(11) F. V. Konstantinov y otros: Ob. Cit. Pág. 75. Julio Gómez Padilla. Ob. Cit. Pág. 160.

Imperialismo o Monopolismo. Desde fines del siglo XIX, por el juego de sus propias leyes, se acelera el tránsito del capitalismo promonopolista el capitalismo monopolista o imperialista. El imperialismo desarróllase como consecuencia directa, de las particularidades esenciales o fundamentales del Capitalismo competitivo. Las empresas gigantescas, el uso de maquinaria pesada y más compleja, obligan a inversiones enormes de capital que sólo están en posibilidad de llevarlas a cabo quienes por el juego de las leyes económicas antes mencionadas han quedado como dueños y señores del mercado, de las fábricas, de los transportes, de los bancos, es decir, los monopolios. “Las macro-empresas y los monopolios pronto trascienden las fronteras de los países capitalistas más avanzados, vuélvanse internacionales, y substituyen el régimen de competencia por su dominio impecable”. Las empresas monopolíticas ya no obtienen la ganancia media a que en definitiva tradúcese la ganancia máxima que se persigue en el período ascensional o de vigencia plena o verdadera o no interferida de la ley de la libre competencia, sino que alcanzan ganancias muy superiores a la obtenida por las pequeñas o medianas empresas; o sea la ley capitalista de la ganancia media es interferida por la ley de la ganancia monopolítica. Los efectos creadores de la libre competencia son sustituidos por el dominio de los grandes negocios que tienden a controlar el mercado. “La sustitución de la libre concurrencia por el monopolio es el rasgo económico más sustancial, la esencia del imperialismo”. Pero este resultado generado por la misma libre concurrencia “no significa, sin embargo, se hace aún más encarnizado y destructiva”. No cesa la competencia entre los monopolios y las numerosas empresas no monopolistas, pequeñas y medias, sin contar la masa de los pequeños productores, campesinos y artesanos. La competencia más reñida se mantiene entre los mismos monopolios; y aún más, la lucha penetra incluso en el interior de cada uno de ellos. En definitiva, pues, la competencia adopta otras formas.

A finales del siglo XIX cobró mucha importancia la industria pesada que requiere la inversión de grandes capitales. El surgimiento de las empresas gigantescas, aceleró aún más la concentración del capital, el dominio de la economía por pequeños grupos de capitalistas, que a través de los Kartel, consorcios, trusts, etc., devienen en verdaderos zares del petróleo, del acero, del hule, de los negocios de la bolsa y de la banca, en sus propios países y en otras extensas áreas del mundo. “En Estados Unidos, por ejemplo, en 1912, cerca de un tercio de toda la riqueza nacional pertenecía sólo dos trusts, Rokefeller y Morgan o se encuentran subordinada a ellos y antes de la segunda guerra mundial únicamente 250 corporaciones poseían el 65% del potencial de toda la industria de transformación”.

Las corporaciones monopólicas no se limita en su expansión al manejo de la economía en su beneficio, su nuevo poder económico también determina la política del gobierno de las metrópolis capitalistas; los monopolios ponen al servicio de sus intereses la fuerza y poder de sus propios Estados y encauzan las nuevas orientaciones impuestas por las fuerzas populares hacia las formas del capitalismo monopolista de Estado. Esto último ha ocurrido con el Laborismo británico y en otros países de gran desarrollo capitalista liberados, con el concurso de la lucha heroica de las masas trabajadoras, de la dominación fascista.

La dominación monopólica refuérzase aún más por medio de la fusión del capital industrial y el capital bancario, que así forman el capital financiero y dan origen al dominio de la oligarquía financiera. La exportación de mercancías y la búsqueda de mercados de consumo caracterizaron al crecimiento capitalismo ascensional o premonopolista; “la exportación de capitales a otros países, la presión para que los países atrasados aceptan préstamos y “ayudan” y den “facilidades” y “garantías” a la inversión extranjera “deseosa de contribuir al desarrollo económico de éstos países”, es la nota fundamental o característica del período imperialista”. Los países atrasados, de hecho, vuélvense colonias o semi colones de los países monopolistas exportadores de Capital. “Los grandes monopolios luchan por el reparto del mundo, por las fuentes de materias primas, por los mercados, y las llamadas “zonas de inversión de Capital”; provocan conflictos y guerras, fomentan contra-revoluciones. En tales condiciones, el progreso de los países atrasados se hace cada vez más difícil; su economía se deforma, se acomoda a los intereses voraces de los monopolios y de la metrópoli, y por su parte unos países imperialistas se desarrollan más que otros, se aprovechan más que otros del saqueo. Dentro del campo imperialista, pues, juega objetivamente la ley del desigual desarrollo económico de las economías capitalistas y precapitalistas; se acentúan el atraso de los países económicamente rezagados, volviéndose un proceso acumulativo”.

Según datos del economista norteamericano Víctor Perlo, las ganancias medias de los consorcios de los Estados Unidos en el período de 1936 a 1953 aumentaron en siete veces de 1936 a 1940, ascendieron a 6,200 millones de dólares; de 1941 a 1945, a 21,500 millones; de 1950 a 1953 o sea durante los años de la guerra de Corea, ascendieron a 42,300 millones de dólares. “Las ganancias de los monopolios estadounidenses aumentaron de 33,800 millones de dólares en 1948 a 45,500 millones en 1953. “El incremento de estas ganancias se logran mediante el reforzamiento de la explotación de la clase obrera, la intensificación del trabajo, la elevación de los precios y el descenso del nivel de vida de los trabajadores mediante el aumento de los impuestos abonados por éstos, mediante la militarización de la producción y la guerra… La cuota de explotación de los obreros de los Estados Unidos, en estos últimos años, ha aumentado considerablemente. Según los datos del Business Bulletin, en decenas de las ramas más importantes de la industria, el coeficiente de producción por hora de trabajo del obrero ha aumentado desde 1945 (hasta más o menos 1957), en un 30%. Según los datos de la Asociación Obrera de Investigación Científica de los Estados Unidos, la participación de los salarios de los obreros en el valor por ellos producidos de 1939 a 1953, descendió a cerca de la tercera parte. Muchos millones de obreros norteamericanos perciben salarios inferiores al mínimo vital… De 1947 a 1953, el costo de la vida, en Inglaterra, subió en un 40% y en Francia en un 138%. (12)

(12) Julio Gómez Padilla: Ob. Cit. Págs. 160 y siguientes. F. V. Konstantinov y otros. Ob. Cit. Págs. 76 y siguientes. Otto V. Kuusinen y otros: “Manual de Marxismo Leninismo”, Págs. 218 y siguientes, 239 y siguientes.

4.- RÉGIMEN ECONÓMICO O MODO DE PRODUCCIÓN SOCIALISTA.

El socialismo ha empezado a surgir, en sus fuerzas productivas y relaciones de producción en el mismo seno del Capitalismo. En efecto, el Capitalismo, precisamente por el extraordinario desarrollo de las fuerzas productivas, o sea de los medios de producción y de los trabajadores, que hace posible, socializa el trabajo en dimensiones gigantescas. Desde el período de la manufactura, iníciase una configuración de formas de cooperación masiva en el proceso de la producción que es cada vez más extensa y aglutinante. Ya en el período manufacturero cada unidad de mercancía vino a ser el resultado de una labor colectiva y no individual. “Los medios de producción individuales y desperdigados” de los pequeños productores, artesanos y campesinos, son transformados” en medios sociales y concentrados de producción. Paralelamente con la centralización del capital “se desarrolla en una escala cada vez mayor la forma cooperativa del proceso de trabajo, la aplicación técnica consciente de la ciencia, la explotación sistemática y organizada de la tierra, la transformación de los medios de trabajos en medio de trabajos utilizables colectivamente, la economía de todos los medios de producción al ser empleados como medios de producción de un trabajo combinado, social…” La clase obrera cada vez más numerosa, es disciplinada, unida y organizada” por el mecanismo del mismo proceso capitalista de producción” (C. Marx, El Capital, Trad. Española de Wenceslao Roces, 2ª Ed. México, 1945. T. I. Pág. 853). (13)

(13) F. V. Konstantinov y otros. Ob. Cit. Págs. 73 y 76.

Las formas cooperativas de la producción son aceleradamente extendidas y desarrolladas por la máquina, en Inglaterra empiezan hacerse sentir en la vida económica y política, en 1824, año en que los obreros ingleses logran que el Parlamento reconozca que sus sindicatos no son asociaciones ilícitas, a solo sesenta años de haberse inventado la primera máquina de hilar; y en Francia, desde 1931, apenas 15 años después de haberse acelerado en ella el proceso de industrialización; en el último año y en 1834 estallaron dos grandes movimientos huelguísticos de los trabajadores de la seda y Lyno.

La clase obrera empezó a gestarse en el período manufacturero; pasó del Feudalismo al Capitalismo en la edad de su infancia. En los días álgidos de la Revolución Francesa ni siquiera se la menciona como componente del tercer estado. El abate Sieyés, que publicó su folleto “¿Qué es el tercer estado?” precisamente en 1789, dice: “…para que una nación subsista y prospere son necesarios trabajos particulares y funciones públicas; los primeros pesan exclusivamente sobre el tercer estado (es decir sobre los campesinos y la burguesía), y en su parte preponderante y penosa también los segundos. Ahí, pues, “el tiers abraza todo lo que pertenece a la Nación, y lo que no sea el tiers no puede considerarse como perteneciente a la Nación…” (14) Según Taine, en 1808 se han fijado los rasgos del nuevo régimen asentado por la Revolución Francesa y menciona entre esos rasgos” ya fijados, después de la nobleza, solamente dos, los campesinos y la burguesía. La clase obrera estaba tan recién nacida en los días de la Revolución Francesa de 1789 y en los primeros años del siglo XIX, que no era mencionada expresamente como fuerza política o social, sin que pudiera ignorarse que la existencia de la burguesía suponía necesariamente la del joven proletario.

(14) Manuel García Pelayo. “Derecho Constitucional Comparado”. Pág. 465.

La clase campesina, por el contrario, pasa del régimen feudal al capitalista en que las clases sociales fundamentales vienen a ser la burguesía y el proletariado industrial después de haber empezado a gestar en los días de la decadencia del Esclavismo; se trata de una clase con raíces hondas en el pasado del desarrollo económico y social, que para llegar a nuestros días fue formada fundamentalmente por el modo feudal de producción resultante del choque y confusión entre el Imperio Romano de Occidente y sus conquistadores los bárbaros germanos no solo en el trabajo sino en una larga serie de cruentas luchas contra los señores feudales; luchas que, unidas a las de la plebe urbana, culminaron en su liberación como tal clase y para darle en esta calidad una posición propia en el desarrollo económico y social. Pero la posición y la cultura que la vida y la producción urbana proporcionan a la clase obrera han determinado que a la larga y en forma determinante sea ésta la capacitada para dirigir y llevar hasta sus últimas consecuencias los movimientos de democratización de las sociedades de los estados modernos y contemporáneos; liderazgo que desde un punto de vista más general es determinado por la forma irregular y contradictoria del desarrollo de la sociedad capitalista. En no pocos países, sin embargo, ha sido el campesinado el sostenedor de tales movimientos hasta la altura de momentos decisivos en que la clase obrera y otros grupos populares han pasado a dirigirlos. En la vida política, la clase obrera, expresión social más concentrado de la socialización de la economía moderna y contemporánea, empieza a hacer sentir su presencia de nueva fuerza fundamental, con la que no podrá de contar en lo sucesivo en ningún aspecto de la vida del Estado, a partir de la Revolución Cartista en Inglaterra, y de la Revolución de 1848 en Francia.

El trabajador de la producción urbana pasó de las condiciones de miseria del período manufacturero a otras iguales o peores de la fase del industrialismo. “… En el año 1842… los cartistas (en Inglaterra)… elevaron una segunda petición al Parlamento… que no solamente contenía un programa político, sino también un plan de acción social; en él se sostenía que el régimen imperante era una legislación de clase…” (15) “El desarrollo del Capitalismo Francés había dado origen a la formación de una clase obrera en las grandes ciudades a partir de 1830 comienza a dar señales de vida política mediante una serie de insurrecciones, bien que con simples y limitados objetivos económicos y motivados más por la desesperación que por la esperanza. En la revolución de febrero de 1848, que da al traste con la Monarquía, la nueva clase aparece como una de las fuerzas políticas, si bien hay que cuidarse de no exagerar indebidamente este hecho; en primer término, constituye todavía un grupo social ideológico y orgánicamente débil, sus concepciones políticas son confusas, imprecisas, de una estructura más sentimental que racional, y todavía en la línea del radicalismo burgués, (la clase obrera hasta 1848, precisamente, fue orientada por el Socialismo Utópico, cuyo pensamiento, aunque ya avisoraba que sólo desde la cima del poder político podía la clase trabajadora instaurar un régimen social más justo, y la lucha de clases como la vía para llegar a esa cima, era fundamentalmente inmaduro, subjetivista e histórico. Por lo demás, en modo alguno cabe hablar de un radicalismo proletario, aunque en el gobierno provisional hubiera un “ministerio obrero”. En segundo lugar, su fuerza fue pronto aniquilada por la represión de junio de modo que cuando se promulgó la Constitución de (1848) ya no era un factor político activo. Sin embargo la participación de la clase obrera y de la pequeña burguesía (que en 1831 había pasado a fuerza política al reducirse el censo electoral) en los acontecimientos no dejará de notarse en el texto constitucional…”. (15-A)

(15) Mario de la Cueva: “Derecho Mexicano del Trabajo”. Tomo I. Págs. 23 y 30.
(15-A) Manuel García Pelayo: Ob. Cit. Págs. 480 y 481.

En febrero de 1848 ve la publicidad el “Manifiesto Comunista” de Marx y Engels, y a partir de entonces las premisas y conclusiones de Socialismo científico orientan en forma decisiva el movimiento obrero de Europa. Clase joven, que apenas empezaba a madurar, el proletariado se fija, a partir de ese momento, objetivos definidos; el primero, la organización y unificación indestructible en los frentes nacional e internacional de la clase obrera, como únicos e indispensables medios de alcanzar pronto otro, la conquista de mejores condiciones de trabajo y de vida, más humanas; y, finalmente, la conquista del poder político, para hacer posible la vigencia del modo socialista de producción y acelerar la estructuración de toda la sociedad o sea del régimen social correspondiente a éste.

Un hecho histórico particular encuéntrase también en las raíces del Socialismo Científico. Se ve en la filosofía idealista alemana Kant, Fichte, Hegel, la respuesta provocada por la filosofía materialista francesa predecesora y base ideológica fundamental de la Revolución democrático burguesa de Francia 1789-1794; y en la rectitud de la burguesía Alemana y Austríaca del siglo XIX el fruto de aquella filosofía y el temor a las exigencias de las clases populares. Todo lo cual explica, en parte porque la revolución democrático-burguesa Alamana estalló tan tarde, en 1848, y no culminó en el derrocamiento de la monarquía como en Francia. La burguesía alemana no aprovechó, como la de su correspondiente régimen social.

Fue el de Rusia el primer Estado Socialista del mundo, instaurado en octubre de 1917. Después de la segunda guerra mundial y como consecuencia de la misma, dadas las condiciones históricas de los respectivos países, surgen muchos otros en el Centro y Sudoriente de Europa, y en Asia. Este hecho y otras consecuencias políticas y económicas de la misma guerra, como la división del mercado mundial y único del capitalismo en dos, por la formación del mercado socialista mundial, que vino a disminuir enormemente los recursos de aquél el Capitalismo succiona de los países de su órbita, ahondan y extienden la crisis capitalista al mismo tiempo que aceleran los movimientos de liberación nacional y colonial. Esto hace aparecer al primer país socialista de América, Cuba y que en Asia y África se democraticen muchos otros, al hacerles posible la salida del sojuzgamiento que sobre los mismos ejercían Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda y los EE. UU. (15-B)

(15-B) F. V. Konstantinov y otros. Ob. Cit. Págs. 426 y siguientes, 149 y siguientes.

D) DESARROLLO DEL MODO SOCIALISTA DE PRODUCCIÓN

La contradicción básica del Capitalismo no se dan entre la propiedad privada, individual, de los medios e instrumentos de producción instalaciones, fábricas, máquinas, materias primas, tierras, etc. Y la subsecuente apropiación de la inmensa riqueza producida, de una parte, y el carácter eminente e inevitable social del proceso productivo, de otra. De esta contradicción derívase todas las demás, que, alcanzada la etapa imperialista, impiden que el régimen económico capitalista puede seguir siendo la base material; intocada sobre la cual el desarrollo de la Sociedad continúa avanzando sin originar en ésta los trastornos graves que en todos los aspectos económicos, social, cultural, moral del orden nacional e internacional genera.

La contradicción dicha sólo es iniciada en la vía de la solución o desaparece con la socialización gradual otrora de las relaciones de propiedad, es decir, con la socialización de los medios de producción, que, a su vez, determina la distribución más justa o colectiva de la producción. Esta es la característica esencial del modo socialista de producción. Con este paso, a la ley fundamental del Capitalismo, sucede la ley fundamental del Socialismo, la de “la satisfacción de las necesidades de la Sociedad”. Y ya sin las limitaciones de los objetivos individualistas que gobiernan a la producción capitalista o monopolistas, la ciencia y la tecnología, sin tener que chocar con dichos objetivos, cuentan con la posibilidad teórica y, seguramente, real, de hacer avanzar el desarrollo de las fuerzas productivas en forma ininterrumpida y permanente. Tal desarrollo de las fuerzas productivas sería consecuencia de que con la socialización de las relaciones de propiedad pasarían al plano de la armonía estas relaciones y las fuerzas productivas heredadas del Capitalismo y llevadas por éste a un grado extraordinario de desarrollo.

Sin la conquista del poder político es imposible el establecimiento del modo socialista de producción y la construcción de las premisas materiales necesarias para el afianzamiento de este modo y de la correspondiente la francesa, el movimiento popular para destruir las viejas formas feudales de la Sociedad; aquel, no obstante, obligó a la liberación de los campesinos de la servidumbre. Dado lo anterior, mientras Inglaterra y Francia llegan a la mitad del siglo XIX ya como países de gran desarrollo capitalista y la primera como dueña y señora del mercado mundial” en 1850, la parte de los Estados Unidos en la producción industrial del mundo era del 15%, mientras que la de Inglaterra ascendía al 39%, Alemania era todavía un país, en relación con los dos primeros, muy atrasados. (16)

(16) V. Otto. V. Kuusinen y otros: “Manual de Marxismo Leninismo”. Pág. 234.

Pero al iniciarse la segunda mitad del siglo XIX, y en mucha parte como consecuencia de la abolición de la servidumbre, se acelera muy velozmente el desarrollo industrial de Alemania, con cuyo hecho se aproximan hasta coexistir tareas propias de una revolución democrático-burguesa y de una revolución socialista. Fue esta coexistencia, que exigía soluciones con apego a un conocimiento histórico y científico del desarrollo de la sociedad, lo que seguramente inspiró en buena parte a dos alemanes es precisamente, Marx y Engels, a elaborar la teoría de la nueva ciencia social, del Socialismo científico, esa hora por otra parte, ya posible por el desarrollo científico y social de la humanidad.

Exiliado en Inglaterra, Marx funda la Primera Internacional, es el alma de tal organización y desde ese país orienta en lo posible el movimiento obrero de su patria. Conocido por éste el Manifiesto Comunista, crece (dicho movimiento) a través de la Asociación General de Trabajadores Alemanes, fundada en 1863, y del Partido Obrero Social Demócrata, fundado en 1869, que se unen definitivamente a partir de 1875. A unirse dichas asociaciones formulan el programa de Gotha, criticado por Marx precedido por el de Eisenach, formulado en 1869 en el Congreso de Eisenach, en que se fundó la segunda agrupación obrera citada, y seguida por el de Erfurt, salido del Congreso de Erfurt de 1891 y criticado por Engels. Marx había muerte en Londres en 1883.

Sin apego estricto a los principios científicos e ideológicos del Marxismo, más la Asociación General de Obreros Alemanes que el Partido Obrero Social Demócrata, sin embargo, ambos partidos, fundidos en la Social Democracia, Partido Obrero Socialista de Alemania, siguieron el curso nuevo del movimiento democrático exigido por las necesidades históricas del momento y señalado por el Marxismo, hasta 1918, en que se encontraron ante la posibilidad de instruir el segundo estado socialista del mundo. La social democracia fue desviada hacia el Revisionismo de Bernstein, sostenedor de que la Revolución Socialista no es necesaria, de que el mismo progreso económico conduciría, finalmente, a la sociedad hasta el Socialismo, sin necesidad de lucha alguna de la clase obrera contra la burguesía. Coaligada con los partidos católicos, y otros, traiciona a los líderes marxistas Carlos Liebxnecht, Rosa Luxemburgo y Ernesto Thaelmann, asesinados por la burguesía, y funda la República de Weiemar.

La clase obrera rusa, dirigida por Lenin, fundador del primer partido marxista que se apega estrictamente a las conclusiones históricas y lineamientos ideológicos del Socialismo marxista, alcanza la cima del poder político, destruye en un primer momento las formas fundamentales de la sociedad capitalista y, sobre la base material o económica creada por un capitalismo de desarrollo medio, inicia la construcción de las premisas que harían posible, más tarde, el afianzamiento definitivo del modo socialista de producción y estructuración de la sociedad, que sigue, en lo fundamental, inmediatamente a la socialización de los medios de producción de los sectores de la economía más desarrollados. Estas tareas iniciales del paso del Capitalismo al Socialismo no son una cuestión fácil y simple. A este efecto tienen que encaminarse todos los poderes de un Estado nuevo, con nuevas formas orgánicas, titular de un nuevo derecho, que por sobre todo afiance y defienda la nueva forma de propiedad; del Estado de las clases populares y trabajadoras, según el caso, y conforme con las particularidades nacionales e históricas de cada país.

En el caso concreto de la U.R.S.S. con un desarrollo capitalista medio, atrasado, en comparación con el de Inglaterra, Francia y los EE. UU., en el momento en que triunfó la Revolución de Octubre de 1917, el asentamiento de las premisas materiales dichas, con la base técnico-material y recursos alcanzados en la etapa capitalista, implicó un gran sacrificio y mucha capacidad de dirección. En primer momento sólo fue posible la colectivización o socialización de la gran industria urbana, de los bancos, el comercio exterior, transportes y comunicaciones y de un número limitado de haciendas estatales. La tierra, aunque fue expropiada de manos de los terratenientes, de la corona y de las comunidades religiosas, sólo fue dada en usufructo gratuito a los campesinos; no podía hacerse otra cosa en este sector de la economía, en el cual el capitalismo por su desarrollo irregular, por su ley de desarrollo desigual, no había socializado el proceso productivo; millones de campesinos eran propietarios de sus instrumentos individuales de trabajo y de pequeñas parcelas, que por otra parte no podían ser expropiadas. Era otro el medio y la vía a seguir para socializar más tarde la pequeña propiedad agrícola, y también la urbana de muchos pequeños productores, por ejemplo, las de la ayuda económica y técnica a todos los pequeños productores del campo sin cuya alianza no hubiese sido posible la edificación del Socialismo. Poco también de la gran industria, y además fue socializada también la propiedad de la burguesía media.

Junto al sector socialista de la producción, constituido con la expresión de la alta y media burguesía, hubo que dejar subsistir cuatro tipos más de economía, de los cuales los más importantes fueron el Capitalismo privado y el de la pequeña producción mercantil. Después de un proceso de educación de la clase campesina y de desarrollo de los sectores de producción socialista, de dicha clase, sobre la base de una alianza económica entre la ciudad y el campo, a través de una organización en cooperativas de los campesinos pequeños y medios, con el cuidado de desplazar los elementos capitalistas de la circulación de mercancías, fue posible la socialización total de las relaciones de propiedad de la ciudad y del campo. Logrado esto, con el desarrollo acelerado y predominante del premigenio sector socialista de la economía, se cerró el período de transición del Capitalismo al Socialismo y se entró en lo que propiamente es el primer período del Comunismo, generalmente llamado Socialismo.

Este primer período es el que aún corre (en la Unión Soviética). Se estima que sobre la base económica que actualmente se construye, sobre la base técnico material de ese período, y con el desarrollo cultural de los trabajadores que en el mismo alcance, será posible pasar el segundo; fase última e integral, que se desarrollará sobre una base propia y no sobre la creada por el Capitalismo, que sirvió a la precedente. La producción debe ser acrecentada en grandes proporciones, por medio de la técnica más avanzada, que eleve a niveles muy altos la productividad del trabajo; de tal manera que sea posible pasar del principio de distribución del primer período “de cada quien según su capacidad y a cada quien según su trabajo” al del segundo, así enunciado: “De cada quien según su capacidad y a cada quien según sus necesidades”. (17)

(17) V. Jesús Silva Herzog: “Historia y Antología del pensamiento Económico: Antigüedad y Edad Media”. Pág. 33.

En el primer período se considera realizada sólo parcialmente la igualdad de los trabajadores: en la liberación de la explotación capitalista; en el principio de que todos en el nuevo régimen trabajan no para el enriquecimiento privado de un reducido número de miembros de la Sociedad, sino para la subsistencia y mejoramiento de la sociedad todos y cada una de sus miembros; y en el aseguramiento de la efectividad real, no sólo verbal, del derecho al trabajo, al descanso y a la recreación a la seguridad en los casos de los riesgos, a la asistencia médica, y a la instrucción de toda la población, con fundamento ese aseguramiento en la forma socialista de la economía, el desarrollo constante de las fuerzas productivas y la ausencia de crisis económicas.

Afírmase que en el segundo período desaparecerá el producto de la desigualdad económica del primero, consistente en la distribución de los bienes con arreglo al trabajo, impuesta por la limitación del desarrollo correspondiente, que hará posible la satisfacción de la gran diversidad de necesidades y gustos de la sociedad, que se incrementan en la misma medida del crecimiento económico.

En el primer período: coexisten dos formas de propiedad socialista, resultantes de su diverso proceso de socialización: a) una estatal, de todo el pueblo, sobre todos los medios de producción de la industria urbana, sobre transportes, comunicaciones, bancos, granjas, estatales comercio exterior, aguas, productos del subsuelo, etc., y b) una cooperativa-Koljosiana, de todos los campesinos agrupados y organizados en Cooperativas y Koljoses, qu son los Koljoses las unidades de producción de la agricultura; subsiste el intercambio de mercancías y la circulación monetaria entre los dos sectores económicos constituidos por esas dos formas de propiedad; y lo producido se distribuye a través de salarios en el sector estatal y a través de los ingresos por días de trabajo en el sector Koljosiano; para tal distribución, el trabajo se mide por medio del valor y sus formas.

Se espera que en el segundo período: toda la propiedad adquiera la forma única estatal o de todo el pueblo y desparezca gradualmente la circulación mercantil, la economía monetaria y la vigencia de la ley del valor: la inversión del trabajo en la producción sea posible mediarla directamente por la cantidad de tiempo requerida para la elaboración de cada producto: la distribución del trabajo entre las ramas de la producción sea regulada por el incremento de las necesidades de la sociedad en productos: la distribución de lo producido sea posible a través de la complicada red que actualmente teje el intercambio de mercancías: las necesidades de la sociedad regulen la producción; y el cálculo de esas necesidades, que pasará a tener una importancia extraordinaria, permita la planificación económica de parte de los organismos encargados por ésta. Naturalmente, el paso del primero al segundo período del Socialismo es un paso gradual, que se efectúa a través de un segundo proceso de transición.

Socializada o colectivizada totalmente en la U.R.S.S. la producción industrial y agrícola, sólo subsisten las clases trabajadoras fundamentales de obreros y campesinos, y los grupos de trabajadores intelectuales y de los empleados. Se sostiene que una de las características de la Sociedad del segundo período será la desaparición de las diferencias que existen entre el trabajo intelectual y el físico, entre la ciudad y el campo; por efecto de la elevación a niveles, muy superiores de la formación técnico-cultural de todos los trabajadores.

Se entiende que junto a la ley fundamental de “la satisfacción de las necesidades sin cesar crecientes de la sociedad”, la economía sigue siendo impulsada por la de la obligada correspondencia entre el nivel de desarrollo de las fuerzas populares y las relaciones de producción, que, se afirma, pasa a regir sin el obstáculo de contradicciones insalvables o antagónicas por haber desaparecido la forma privada de la propiedad y las clases poseedoras que origina ésta. Otras leyes de la economía Socialista: la del desarrollo planificado; la del desarrollo regular y armónico entre todos los sectores de la unidad económica nacional, etc. No se concibe el Socialismo sin planificación, sin cálculo riguroso, y sin la participación masiva, consciente y democrática de las clases trabajadoras en la formación y ejecución de planes y programas productivos.

Terminemos el presente esbozo con la enumeración de las fuerzas productivas del Socialismo, que cualitativamente ya no se diferencian de las del Capitalismo; máquinas simples, máquinas complejas y combinadas, sistemas automáticos, invenciones de la cibernética, en fin, todos los recursos creados por las Ciencias Naturales Mecánica, Física, Química, Agrobiológica a través de la técnica más avanzada. (17)

(17) F. V. Konstantinov y otros: Ob. Cit. Págs. 426 y siguientes; 441 y siguientes.
CAPÍTULO III

RÉGIMEN ECONÓMICO CONSTITUCIONAL

1) GESTACIÓN HISTÓRICA

1-A. RÉGIMEN LEGAL FUNDAMENTAL O CONSTITUTIVO PRECAPACILISTA

La historia demuestra que el Estado surgió al escindirse la Sociedad en clases económicas. Esta afirmación es un dato histórico y no una hipótesis. Tal hecho no excluye otros factores coadyuvantes, aparte del fundamental económico, que indudablemente también contribuyeron a dicho surgimiento. Es indudable que a la par de la necesidad del mantenimiento de cierta medida de paz y orden internos, imposibles de que fueran espontáneos debido a las diferencias de clases, siguió existiendo la necesidad de la defensa de la comunidad frente a los ataques externos y la del mantenimiento de determinados servicios públicos exigidos por el crecimiento del territorio y de la población que precisamente por su carácter de públicos siempre han estado lejos de ser creados y mantenidos por la actuación individualista de los propietarios privados.

La primitiva comunidad gentilicia o tribal, cuya población estaba vinculada por la sangre, y más tarde los Estados que ya fueron la síntesis de sociedades clasistas organizadas sobre la base de la vinculación de la población con el territorio y la fortuna de los ciudadanos, existieron y existen sólo en virtud de la producción de medios de subsistencia. Esto explica el que en todo momento se haya encontrado íntimamente vinculado con la economía; su forma, es decir, la del Estado, ha sido la más amplia e importante del desarrollo económico y social.

En el seno de la sociedad gentilicia o tribal las relaciones de la población se regulaban por tradiciones y costumbres. Pero al avanzar el desarrollo económico, y aparecer con éste las clases, aparece un derecho consuetudinario, el de crédito, generado por las necesidades económicas; desde entonces queda creada la hipoteca. También es posible ver un derecho consuetudinario en la administración de la justicia penal, en la que se imponía la pena de muerte por hechos muy graves y antinaturales por medio de sentencias dictadas por la comunidad presidida por un jefe de debates; en la “composición” o “compra de la paz”, que sustituye a la venganza familiar que provoca el homicidio o la comisión de daños y en la regulación de las relaciones de familia. (18)

(18) Federico Engels. “El origen de la familia”, Págs. 127, 128, 162, 166, 193, 194.

Como se ve, el Estado y el Derecho tuvieron sus raíces en los mismos hechos y han ocurrido paralelamente en la Historia. Los dos son fenómenos sociales y no surgieron de pronto, sino que a medida que avanzaba el desarrollo social uno y otro también avanzaban hacia su perfeccionamiento. Configurado el Estado, quedó perfeccionado el Derecho y el primero pasó a ser el principal sujeto del segundo, en el que encontró uno de sus mejores medios de dominación.

El Estado siempre, hasta la sociedad capitalista, inclusive, ha servido más y mejor a las clases económicamente dominantes, les ha ayudado a mantener en la obediencia, opresión y explotación a las clases débiles o desposeídas. Como el Estado mismo, esta realidad suya es una consecuencia directa del desarrollo económico y social, complejo y contradictorio, en el que unas clases y grupos se desarrollan o progresan sobre el sacrificio de otros; y aunque tal realidad no es su única función sí ha sido la más constante y característica. A este fin la legislación de todos los Estados históricos ha contenido disposiciones fundamentales o que han servido para el implantamiento del respectivo régimen económico y la fuerza de aquellos o fuerza pública ha estado presta a hacer que se cumplan.

La esencia del Estado Clasista se ha puesto de manifiesto, entre otros, en los hechos siguientes: a) con mucha frecuencia los derechos de los ciudadanos se han atribuido legalmente con base en su fortuna, dando el acceso a las magistraturas más altas a los más ricos, sin que los desposeídos hayan tenido opción a cargo público alguno: b) parte del peso económico del servicio militar y éste mismo se han hecho descansar sobre las clases económicamente débiles, especialmente sobre el campesino; c) el derecho de propiedad sobre medios de producción se ha extendido sobre la persona de los mismos trabajadores; d) los impuestos han pesado más o exclusivamente sobre las clases de más baja capacidad económica; e) siempre que ha sido necesario la coacción extra-económica para imponer la disciplina del trabajo a los desposeídos, el poder público la ha institucionalizado legalmente y la ha aplicado; f) el estado liberal resultó estructurado jurídicamente para servir en forma predominante los intereses de la burguesía, g) las formas modificadas del Estado Liberal, actualmente, predominantes, siguen siendo formas jurídico-políticas adecuadas al mantenimiento del dominio de la clase capitalista.

Por manera que siempre, antes de la estructuración ya socialmente consciente en grado estimable del régimen económico liberal constitucional, ha tendido a existir o a configurarse un régimen económico legal fundamental o constitutivo cuyas normas han dado forma o plasticidad jurídica a la conducta o posición del Estado en el campo de la producción social o de la economía nacional. De estas normas, las principales han sido, como en los regímenes económicos constitucionales contemporáneos, las que han fijado las formas de las relaciones de propiedad sobre los medios de producción y los frutos de ésta…” como el derecho, al igual que el Estado, tenía por principal función defender la propiedad privada contra quienes no la poseían, las leyes más rigurosas de la antigüedad eran las que guardaban relación con la de la propiedad privada. Tales fueron, entre otras, las leyes atribuidas al Rey Dacrón en Atenas y las leyes de la antigua Roma”. En la sociedad esclavista el derecho defendía abiertamente y sancionaba la dominación y los privilegios de la nobleza aristocrática y del dinero y el derecho exclusivo a desempeñar los cargos públicos, la explotación de los esclavos y de los hombres libres desposeídos, así como la privación de derecho de los esclavos, es decir, de la inmensa mayoría del pueblo”. (19)

(19) F. V. Konstantinov y tros. Ob. Cit. Págs. 170. V. Federico Engels. Ob. Cit. Págs. 125 y siguientes, 177. León Bloch, “Luchas sociales en la Antigua Roma”, Págs. 124 y siguientes, 62.

Ya vimos que “el derecho feudal, tanto el consuetudinario como el escrito, afianzaba y sancionaba las relaciones feudales, cuya base económica, en todos los países, independientemente de las formas de la sociedad y de la época de su aparición era la propiedad del señor feudal sobre la tierra y sobre otros medios de producción y su propiedad incompleta sobre el productor, el campesino dependiente o siervo de la gleba”. En todos los países feudales, el estado servía de instrumento para la coacción extraeconómica que obligaba a los campesinos a trabajar para los terratenientes, de instrumentos de sujeción y represión de los campesinos y los artesanos”. El derecho feudal vinculaba a los campesinos al servicio a favor de los terratenientes y consecuentemente el poder público “atrapaba a los campesinos siervos que huían de las garras de una explotación insufrible y se los devolvía a los terratenientes feudales, desencadenando sobre ellos la acción de los tribunales y la represión”.

Es el modo material de producción o régimen económico de la sociedad el que, determinando el tipo de Estado, determina las formas y caracteres del derecho o conjunto de disposiciones legales que en las formaciones económico-sociales anteriores al Capitalismo han adquirido una diferenciación superestructural configurativa de dicho régimen o sistema económico legal fundamental o constitutivo. Repárase en que no se trata del régimen económico integrado por el conjunto de leyes sociales o económicos objetivas, materiales, determinadas por el grado o nivel de desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad, que es un régimen material, básico sino que de un sistema superestructural, normativo o legal, condicionado por los movimientos y cambios del primero. Esto último es puesto claramente evidencia por el cambio que tal sistema o régimen legal sufre a lo largo de la misma etapa feudal cuando la burguesía en ascenso, en los períodos de la acumulación originaria de capital y manufacturero, en virtud del desarrollo de las nuevas relaciones de producción capitalista que encarna, logra que el dicho sistema legal y el poder del Estado feudal ya entonces altamente centralizado gracias al progreso económico capitalista se adecúen también a los intereses económicos. A este respecto dice: “El Materialismo Histórico”: en el período de la acumulación capitalista originaria, cientos de miles, millones de campesinos y artesanos viéronse despojados de sus tierras otros medios de producción, arrojados de sus lugares habituales de residencia y convertidos en indigentes, en mendigos y vagabundos. Una sanguinaria legislación y una cruel represión por parte del Estado ayudaron a los explotadores a obligar a estas gentes a que trabajaran en calidad de obreros solidarios para las empresas capitalistas. Con ayuda e leyes terroristas y monstruosamente crueles, las clases dominantes y su Estado impusieron a esta población expropiada la disciplina del trabajo asalariado. Los pusieron en marcha con el látigo, la marca a fuego y el tormento. La burguesía naciente necesitaba del poder estatal y lo puso a contribución…”, “para regular” los salarios, es decir, para sujetarlos dentro de los límites que convienen a los fabricantes de plusvalía y para alargar la jornada de trabajo y mantener al mismo obrero en grado normal de subordinación” (“K. Marx. Das Kapital Dietz Verlag, Berlín 1955, T. I. Pág. 777”). “Sólo con el desarrollo de la producción capitalista pudo el yugo de las relaciones económicas obligar a los obreros a someterse a la disciplina del trabajo asalariado, sustituyéndose por la coacción económica extraeconómica del trabajo”. (20)

(20) V. F. V. Konstantinov y otros. Ob. Cit. Pág. 167 y siguientes, 171, 173-174. M. A. Dynnik y otros: “Historia de la Filosofía”. Pág. 148.

La no muy precisa delimitación o diferenciación del dicho régimen económico legal de las sociedades estatales pre-capitalistas corresponde a un grado de desarrollo del pensamiento social en que las mismas ciencias naturales no habían logrado circunscribir un campo particular propio como objeto de investigación y actuación. Todas las formas de la conciencia social eran ubicadas dentro de los grandes límites del pensamiento filosófico. El primer gran esfuerzo de diferenciación entre las diversas zonas de esta conciencia fue hecho en el gran sistema filosófico de Aristóteles. “En el pensamiento aristotélico se resumen las ideas filosóficas, científico-naturales y políticas de la antigua Grecia, así como las conquistas de la ciencia indivisa griega hasta finales del siglo IV A. de C.”

Del seno de esta ciencia única, aún no suficientemente diversificada, Aristóteles destacó una serie de dominios científicos (la filosofía, la lógica, las matemáticas, la teoría de la naturaleza inorgánica, la doctrina del mundo orgánico, la teoría del Estado, la economía política, etc.) creando así desde un punto de vista teórico, la posibilidad de que fueran desprendiéndose sucesivamente de esta ciencia indivisa las ciencias particulares”.

“Después de la conquista de Grecia por Roma (en 146 A. de C.), se establecieron estrechas relaciones entre ambos países y, tras de hallar entre los romanos un terreno propicio, la cultura helénica se convirtió en una de las fuentes de la cultura romana”. Grecia dio al mundo antiguo el más grande ideólogo del régimen económico esclavista. “Las concepciones políticas y sociológicas del Estogirita se hallan incluidas de la idea de la necesidad de fortalecer el Estado esclavista”. “Partiendo de esto sostenía que era justo y conveniente que unos hombres fueran esclavos y otros señores”; Aristóteles consideraba perfectamente natural la existencia de la esclavitud y aspiraba a perpetuar el dominio de los esclavistas sobre los esclavos”. Decía Aristóteles que “el que por naturaleza no se pertenece así mismo, sino a otros, es, por su propia naturaleza, esclavo. Y un hombre pertenece a otro aún cuando siendo hombre, se convierte en propiedad”. Para Aristóteles el esclavo no es sino “un instrumento vocal” propiedad del señor, que es un “animal político”, miembro de la sociedad. Roma dio a la Antigüedad los más grandes juristas, que dieron a la institución de la esclavitud la más acabada formulación jurídica y legal”. En la ideología esclavista de la antigua Roma figuraban en lugar preeminente los problemas del Estado, del Derecho y la Moral. En la creación de la teoría del Derecho corresponde un papel muy importante a los pensadores políticos romanos. La esencia de clase del Derecho romano estribaba en sancionar legislativamente la explotación de los esclavos y de las capas más pobres de la población; el derecho romano salvaguardaba la propiedad privada y los privilegios de los esclavistas, a la vez que ponía a los esclavos fuera de la ley. La explotación del hombre por el hombre era considerada como una relación eterna y natural entre los hombres. Con todo, la cultura romana no llevó muy lejos la diferenciación iniciada por Aristóteles entre las diversas formas de la conciencia social emergida por la base económica esclavista grecorromana, y la “cultura esclavista de las postrimerías de la sociedad antigua dejó paso a la barbarie feudal, con la cual el simple hecho de saber leer y escribir se convirtió en algo excepcional. Las raras migajas de la cultura seglar, salvadas de la catástrofe fueron arrastradas por la turbia corriente del fanatismo religioso”.

“Durante largos siglos el catolicismo fue la ideología dominante en la Edad Media Occidental”. Los dogmas de la iglesia eran a la vez axiomas políticos, y los textos bíblicos tenían la validez de una ley en cualquier tribunal. Esta supremacía de la teología en todas las ramas, de la actividad intelectual era, al mismo tiempo, una consecuencia inevitable de la posición que ocupaba la iglesia como síntesis más amplia y la sanción más general del régimen feudal existente (F. Engels, La guerra de los campesinos en Alemania, Trad. Rusa Págs. 33 y 34). La Iglesia, con sus terratenientes feudales constituía un nexo real entre los diversos países; la organización feudal de la iglesia sancionaba con la religión el régimen político seglar de carácter feudal… el clero era entonces la única clase ilustrada. De donde derivaba, por supuesto, que el dogma de la iglesia constituyese también el punto de partida y la base de todo pensamiento. Todo el contenido de estas ciencias: el Derecho, las ciencias naturales y la filosofía, se ajustaba a la doctrina de la Iglesia” (F. Engels, El Socialismo Jurídicos, C. Marx y F. Engels, obras completas, Trad. Rusa, T. XVI, Pág. 295). “La Iglesia de la Europa Occidental poseía hasta una tercera parte de todas las tierras de labor. Al desperdigamiento caótico de los dominios feudales, la Iglesia oponía su organización rígidamente centralizada, con el Papa a la cabeza”.

1-B. INÍCIASE GESTACIÓN DE LA CULTURA BURGUESA Y DE LOS ANTECEDENTES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL.

Correspondería a un nivel superior del desarrollo económico y social del Feudalismo hacer renacer las mejores condiciones de la antigua cultura esclavista, reanimar el interés por las ciencias naturales y reiniciar, en lucha contra la espesa niebla de las concepciones teológicas de la naturaleza y de la sociedad, el progreso del pensamiento científico y social que habría de desembocar, finalmente, en el edificio grandioso de la nueva cultura burguesa, en cuyo seno y urgida por el acelerado ritmo del desarrollo de la base económica o sea de las fuerzas productivas se operaría la diferenciación y particularización definitiva de las diversas zonas de la conciencia social, es decir, circunscribirían su campo propio de investigación y actuación las diversas ramas de las ciencias naturales y sociales. Con esto, a John Locke le sería posible sentar las bases doctrinarias del o sistematizar el nuevo y moderno Derecho Constitutivo o Derecho Constitucional de Inglaterra, a fines del siglo XVII, para que el pensamiento social y filosófico francés del siglo XVIII terminara dicha labor de sistematización. Y con el Derecho Constitucional, que viene a estructural el marco jurídico-político dentro del cual desarróllase la sociedad capitalista emerge, como parte del mismo o de este marco, lo que ya puede ser considerado como un régimen económico legal constitutivo o constitucional perfectamente diferenciado cuya piedra angular viene a ser precisamente burguesa cuyo carácter es proclamado como sagrado y por ello intocable. Se entiende, así, que llamemos constitutivo al régimen económico legal que se insinuaba en las disposiciones que en el seno de las legislaciones de las sociedades precapitalistas afianzaban y defendían las formas de propiedad en que descansaban sus respectivos regímenes económicos materiales o modos de producción. Aún el viejo derecho tradicional o consuetudinario de las sociedades esclavistas inmediatamente pre-estatales vio formarse en su seno un incipiente régimen económico legal del que fue parte el viejo instituto de la hipoteca y el de la prenda en garantía de las mismas personas del deudor, al cual régimen pugnaba por volver la vieja aristocracia reaccionaria y terratenientes de Atenas y otras ciudades-estados de Grecia. (21)

(21) V. M. A. Dynnik y otros: “Historia de la Filosofía”. T. I. Págs. 148 y siguientes, 242 y siguientes, 76.

En los países de la Europa Occidental, donde después de la caída del Imperio Romano y bajo el dominio absoluto de la Iglesia se había producido durante varios siglos cierta decadencia de la ciencia y la cultura, a partir de los siglos XII y XIII aproximadamente, y como resultado del desarrollo de la producción mercantil, del perfeccionamiento de la artesanía, de la ampliación del comercio y del crecimiento de las ciudades, se elevó el interés por la ciencia, se difundieron los conocimientos, entre ellos los herederos del mundo antiguo, de los países árabes y de otros países orientales, y por último, despertó y se desarrolló el pensamiento científico. Aparecieron diversos inventos técnicos y fueron acumulándose conocimientos científico-naturales: se perfeccionó y comenzó a utilizar en la navegación la aguja magnética o brújula, fueron inventados el reloj y los anteojos, la fabricación del papel, etc., la astronomía y la matemáticas cobraron amplio impulso, se dieron conocimientos químicos todavía en el marco de la alquimia. A partir del siglo XIV se extendió la producción de armas de fuego y en la década de los 40’s del siglo XIV tuvo lugar la invención de la imprenta. “El descubrimiento de América y la circunnavegación de África ofrecieron a la burguesía en ascenso un nuevo campo de actividad. Los mercados de las Indias y de China, la colonización de América, el intercambio de las colonias, la multiplicación de los medios de cambio y de las mercaderías en general imprimieron al comercio, a la navegación y a la industria un impulso hasta entonces desconocido, y aceleraron con ello, el desarrollo del elemento revolucionario de la Sociedad feudal en descomposición”.

“La antigua organización feudal o gremial de la industria ya no podía satisfacer la demanda, que crecía con la apertura de nuevos mercados”. (C. Marx y F. Engels, Manifiesto del Partido Comunista…) Desarróllase la acumulación originaria del capital y se inició la formación de la gran producción industrial capitalista por medio de la manufactura, a cuyo lado nacieron las relaciones capitalistas de la producción agrícola. El progreso de la industria y la ampliación del mercado interno contribuyeron al fortalecimiento de los Estados Nacionales modernos que habían emergido. El desarrollo capitalista permite al Rey establecer un sistema tributario para mantener un ejército y una burocracia como instrumento de dominación, “relativiza el poder social de la nobleza y en general todo poder social basado en la propiedad de la tierra, y, finalmente, abre enormes posibilidades al desarrollo del estado llano y que todavía en período de formación actúa como aliado del Rey y no anhela otra cosa que pax et tranquilitas…”

El poder real, apoyándose en los habitantes de las ciudades quebrantó el poderío de la nobleza feudal y estableció grandes monarquías, basadas esencialmente en el principio nacional, en cuyo seno se desarrollaron las naciones europeas modernas y la moderna sociedad burguesa” (F. Engels, Introducción a la Dialéctica de la Naturaleza”. C. Marx y F. Engels, Obras Escogidas, Trad. Española T. II Pág. 53). (22)

(22) V. M. A. Dynnik y otros: “Historia de la Filosofía”, T. I. Págs. 260-261. Manuel García Pelayo: “Derecho Constitucional Comparado”. Págs. 124.

La desintegración del régimen feudal, a través de la centralización del poder político impulsada por el desarrollo de las relaciones capitalistas, y el surgimiento del nuevo régimen social burgués a que estas relaciones iban dando forma, planteó diversos problemas de carácter sociológico a la filosofía y al pensamiento político-social. “De ellos uno de los más importantes era el problema del Estado”, los ideólogos de la burguesía, progresiva a esa hora, sustentaban en oposición a las concepciones teocrático-feudales la idea de un Estado secular, nacional y centralizado. La amenaza que representaban las explosiones revolucionarias de las masas arruinadas de campesinos y artesanos que se alzaban espontáneamente contra la aristocracia dominante planteaba a los ideólogos de la burguesía, cuyas capas más altas respaldaban al estado centralizado, absolutista que sirviendo sus propios intereses fomentaba el comercio y la industria, la necesidad de fundamentar la teoría del Estado “fuerte”, capaz de aplastar no solo la resistencia de los señores feudales, sino también el movimiento revolucionario popular: Corrían los siglos XV y XVI. Maquiavelo (1469-1527), ideólogo de la burguesía italiana, era partidario del empleo de una “mano de hierro” y de la aplicación de cualquier medio para reprimir el descontento de las masas populares explotadas y afirmar en Italia un Estado Secular y único. Consideraba Maquiavelo que el “interés material” era la fuerza propulsora de la historia y que la propiedad privada era el más poderoso: Juan Bodin (1530-1590), partidario e ideólogo del Estado absolutista francés, elaboró una formulación de la idea de la soberanía estatal, y combatió las concepciones reaccionarias de la Iglesia Católica sobre el poder universal del Papa dirigida contra la soberanía de los Estados Nacionales entonces en desarrollo.

Durante la misma época también se oponían a la ideología feudal los partidarios de una democracia plebeya, que soñábamos una transformación radical del régimen social. Aparecieron en esta tenencia ideas relativas a los “Derechos naturales” del hombre, y a la soberanía del pueblo, que se anticipaban al establecimiento de nuevos regímenes políticos que respondieron a los intereses del desarrollo capitalista habrían de suprimir el desmembramiento feudal y las arbitrariedades de los señores”. Sin embargo, las ideas del “derecho natural” y de la “soberanía del pueblo” no podían plasmarse aún, en aquella época, en realidad sólo eran los primeros destellos en el campo del pensamiento político y jurídico o de la postura antiteológica y anticlerical de la filosofía renacentista, materialista, progresiva, que proclamaba el retorno de la atención de la Filosofía y de las ciencias naturales desviadas por la Teología, la religión y el clero hacía un mundo ultra terreno absurdo y fantástico hacia la naturaleza, la Sociedad y el hombre a fin de poder edificar la felicidad honesta y material de éste en el seno de la segunda y con los recursos que ofrece la primera. Será más tarde, que tales destellos, cobradas sus formas históricas en el Estado de Naturaleza, en los mismos “derechos naturales” o individuales (del hombre) y en el “contrato social” sistematizados o formulados por el pensamiento filosófico y social avanzado de los siglos XVII y XVIII encarnarán, por decirlo así, en las superestructuras políticas y jurídicas de la sociedad capitalista que ha empezado a dar a luz la misma sociedad feudal.

1-C. PRIMERAS REVOLUCIONES BURGUESAS. SURGIMIENTO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL POSITIVO Y DEL RÉGIMEN ECONÓMICO CONSTITUCIONAL. JOHN LOCKE. SURGIMIENTO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL TEÓRICO.

Las primeras revoluciones burguesas, desencadenas primero en los países bajos (en los años 67-70 del siglo XVI) y más tarde en Inglaterra (en las décadas del 40 al 80 del siglo XVII), así como los movimientos liberados de los campesinos y artesanos, desplegados en algunos países europeos durante los siglos XVI-XVII, sacudieron a las masas populares y promovieron ideas sociales, cuya realización se convirtió en la tarea de las generaciones posteriores. “Fue una época en la que la vieja sociedad feudal sufrió una profundísima crisis económica, política e ideológica, en la que se terminaron de formar las naciones burguesas y se consolidaron los Estados Nacionales. “Los ideólogos progresivos de la época de las primeras revoluciones burguesas hablaban de los derechos “naturales” humanos, despreciados por los caballeros feudales, reclamaban que las relaciones correspondieran a las exigencias de la “naturaleza” humana. Caracterizando las primeras revoluciones burguesas. Marx subrayaba su significación para toda Europa: “No representaban el triunfo de una determinada clase de la sociedad sobre el viejo régimen político; eran la proclamación de un régimen político para la nueva sociedad europea. En ellas había triunfado la burguesía; pero la victoria de la burguesía significaba entonces el triunfo de un nuevo régimen social, el triunfo de la propiedad burguesa sobre la propiedad feudal, de la nación, sobre el provincialismo, de la concurrencia sobre los gremios, de la participación sobre el mayorazgo, del sometimiento de la tierra al propietario sobre el sometimiento del proletario a la tierra, de la ilustración sobre la superstición, de la familia sobre el linaje, de la industria sobre la pereza heroica, del derecho burgués sobre los privilegios medievales”, (C. Marx La Burguesía y la Conrrevolución, C. Marx y F. Engels, Obras Escogidas, en dos tomos, Trad. Española, T. I., Págs. 54-55, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú, 1951).

Los mercados de las Indias Orientales y de China, la colonización de América, los nuevos productos traídos de allí, así como la gran cantidad de oro y plata puesta en circulación, dieron un vigoroso impulso al comercio, a la navegación marítima y a la industria. Todo ello contribuyó a que se desintegraran las relaciones feudales de producción y se desenvolviera, en cambio, el Capitalismo”. El incremento de la producción manufacturera, la descomposición de las relaciones gremiales que, en gran medida, tenían un carácter patriarcal, el desarrollo del comercio y la ampliación de los vínculos económicos y culturales entre los pueblos aceleraron el ritmo del progreso social y pusieron fin al marasmo de la producción y de la vida social y en general, característico de la época feudal. La burguesía, interesada como estaba en el desenvolvimiento de las fuerzas productivas, necesitaba la ayuda de la ciencia y contribuía a su progreso. Los hombres de ciencia y los pensadores avanzados de la época, expresando las necesidades y los intereses del desarrollo capitalista, tomaban parte activa en el poderoso movimiento ideológico que contribuyó a la formación y consolidación de la Sociedad Burguesa”. El progreso de las ciencias naturales, del que dependía en gran parte el progreso de la producción material, reclamaba apremiantemente que la ciencia se liberara de las trabas de la religión, de la dictadura espiritual de la iglesia. La ciencia, al decir de Engels, debía alzarse contra la iglesia, y en ese alzamiento tomaba parte la burguesía, que necesitaba, a su vez, de la ciencia”. (23)

A partir del siglo XVI, la economía de Inglaterra adquirió poco a poco un carácter capitalista, se desarrollo intensamente la producción manufacturera, que desplazó cada vez más a la industria artesana; se fortaleció la burguesía industrial y comercial, con frecuencia emparentaba con la nobleza, que a la vez, compraba haciendas, el comercio marítimo se amplió con gran rigidez en parte por el desplazamiento de las rutas principales del mar mediterráneo al Océanos Atlántico. La vieja aristocracia feudal entró en una fase de decadencia y la llamada “nueva alianza”, que administraba las tierras en forma capitalista, se situó en el primer plano de la vida económica; de ella dice Engels que “sus costumbres y tendencias tenían mucho más de burgueses que de feudales; conocían perfectamente el valor del dinero…” (F. Engels, “Del socialismo utópico al Socialismo Científico”. C. Marx y F. Engels, Obras Escogidas, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú, 1951, T. II, Pág. 96). Se ahondó la diferenciación de los campesinos y surgió una nueva masa de campesinos sin tierra; transcurría la acumulación de capital que arrojando de los lugares donde residía convirtió a campesinos y artesanos en braceros, indigentes y mendigos. “La burguesía, que aún no era los suficientemente fuerte para tomar el poder político en sus manos, apoyaba a la monarquía feudal absolutista de los Tudors. Uno de los pilares que sostenían el destino (de estos) era el peligro social”. (Archivo de Marx y Engels, T. VIII, Pág. 404, Leningrado, 1946). La nobleza dominante y la burguesía ascensional necesitaban un fuerte poder centralizado”. (24)

(23) V. M. A. Dynnik y otros: Ob. Cit. T. I. Págs. 298-300.
(24) V. M. A. Dynnik y otros: Ob. Cit. T. I. Págs. 316-317, 25. V. M. A. Dynnik y otros. Ob. Cit. Págs. 325, 376-377.

Durante la primera mitad del siglo XVII, las diferentes trabas feudales y, ante todo, el Estado Feudal-Absolutista impedían que el capitalismo se desarrollara rápidamente y “la burguesía” y la “nueva nobleza” habíanse fortalecido a tal grado que ambas clases comenzaron a aspirar al poder. La revolución burguesa se puso a la orden del día cuando la burguesía, aliada con la nueva nobleza, luchó contra la monarquía, contra la nobleza y contra la Iglesia dominante. (“C. Marx, la burguesía y la contrarrevolución, C. Marx y F. Engels, Obras Escogidas, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú, 1951, T. I. Pág. 54). En 1624, estalló la guerra civil Iglesia, que terminó con la ejecución de Carlos I y el establecimiento del protectorado de Oliverio Cromwell”. Si bien hasta entonces Cromwell había encabezado la revolución, apoyándose en las amplias mesas del pueblo, “una vez en el poder comenzó a apoyarse en las capas altas de la burguesía en los jerarcas de la City en las capas superiores de la nueva nobleza, allegadas a aquella”. Al continuar la lucha contra las relaciones feudales, los partidarios de Cromwell cifraron entonces su tarea inmediata en el aplastamiento del movimiento popular que crecía amenazadoramente dirigido contra las formas burguesas de explotación al mismo tiempo que aspiraba a profundizar la revolución. Poco después de la muerte de Cromwell (1958) triunfó temporalmente la reacción feudal: los Estuardos volvieron del exilio para ocupar el trono inglés.

La restauración de la dinastía de los Estuardos (1660) no podía hacer volver sus pasos hacia el pasado a la Sociedad inglesa y llegó a su fin en 1688 cuando el príncipe Guillermo III de Orange dio un golpe de Estado y entregó el poder… a los capitalistas y terratenientes elaboradores de plusvalía”. Con este compromiso entre burguesía y nobleza, que se lleva a cabo a expensas del pueblo y, en primer lugar, de los campesinos, que a mediados del siglo XVII se diferenciaron para dejar de ser una de las clases de la Sociedad Feudal sustituida por los braceros y granjeros capitalistas, se cierra el paso a las tendencias radicales de la revolución y se inicia la consolidación del régimen económico y social burgués. La revolución Inglesa del siglo XVII y las relaciones sociales instauradas posteriormente, como resultado del compromiso entre burguesía y nobleza, tuvieron su ideólogo el filósofo Juan Locke (1632-1704). (25)

(25) V. M. A. Dynnik y otros. Ob. Cit. Págs. 325, 376-377.

Hacia fines del período de los Tudors (que gobiernan a Inglaterra de 1485 a 1603) el Parlamento había comenzado a independizarse del rey y a afirmar su voluntad. La vieja clase feudal, en lucha contra la centralización y el fortalecimiento del poder real, iniciados en Inglaterra mucho más temprano que en el Continente, había hecho valer privilegios y garantías frente al rey. Así, por ejemplo, el pacto medieval más conocido y citado o “pacto baronum”, celebrado entre barones y el rey Juna Sin Tierra en 1215, reconocido siglos más tarde como Carta Magna, y era un estatuto pactado entre los “fremen” ingleses de la época y el Rey, en que se reconocían unos privilegios y garantías a los primeros frente al segundo. Se pretendió, pues, someter al Rey a ciertas limitaciones en su poder. Destruida la composición de la Sociedad Feudal inglesa por el desarrollo de las relaciones capitalistas y generadas las clases de la nueva Sociedad burguesa, los viejos derechos, privilegios y garantías cambiaron de supuestos reales y de titulares, y así dejaron de ser derechos, privilegiados y garantías particularizados para venir a tener un carácter general como derechos, libertados y garantías del pueblo inglés. La Vieja Carta Magna pasa a ser proclamada como texto tipo de las libertades fundamentales del pueblo” en los siglos XVII-XVIII; se le cita en apoyo de los nuevos documentos que en el curso de la lucha entre la Monarquía y Parlamento van plasmando poco a poco lo que viene a ser más tarde Monarquía Constitucional de Guillermo de Orange.

Las nuevas clases poseedoras de la sociedad inglesa del siglo XVII encauzan a través de la vieja institución parlamentaria su lucha contra el absolutismo monárquico. Se trataba de decidir si el aptum organum para el gobierno había de seguir siendo el Consejo en Manos del Rey que en la época de consolidación y apego del absolutismo inglés había sido la institución más importante con sus miembros nombrados por el monarca; que en el aspecto legislativo y fiscal ejercía (el Consejo) los nuevos poderes demandados por los cambios y los que le prestaba la decadencia del Parlamento; y que, además tenía atribuciones judiciales con jurisdicción originaria que ejercía a través de unos subcomités, de los cuales algunos como la Cámara Estrellada, independizáronse más tarde. Por manera que así se reunían en el poder real la Facultad de promulgar leyes con el poder de hacerlas cumplir, y en consecuencia de si Inglaterra iba o no a seguir la línea del absolutismo continental. La tesis parlamentaria niega que el rey sea logibus solutos, y afirma la supremacía del derecho tradicional, pues el Parlamento basa sus pretensiones en las antiguas costumbres y privilegios afirma que la autoridad ilimitada sólo es posible por la Corona en Parlamento; que es principio esencial al derecho inglés la primacía del estatuto sobre la ordenanza; que los privilegios parlamentarios son válidos frente a la Corona; y que la prerrogativa está normativizada y es susceptible de ser limitada por el estatuto. La tesis parlamentaria es defendida en los discursos parlamentarios, en las decisiones judiciales y por Selden; y a ella pertenece también la defensa de las libertades civiles de los ingleses, mantenida por Elliot, Pin y Hampden, y que posteriormente desemboca en la teoría del “pacto social” y de los “derechos naturales”.

Durante el reinado de Jacobo I los acontecimientos y resultados más importantes son: a) La petition of Rights, firmada por el Rey el siete de junio de 1628; primera restricción estatuaria puesta al monarca desde el advenimiento de los Tudors”; con arreglo a ella no podrán establecerse tributos sin el consentimiento del Parlamento; nadie podrá ser detenido y juzgado más que por la ley ordinaria; queda suprimida la aplicación de la ley marcial y anulada la obligación del pueblo de alojar soldado; b) Intervención del Parlamento en las funciones ejecutivas; abolición en 1641 de la Cámara Estrellada y de otros tribunales de prerrogativa, como contrarios a los derechos y libertades de los ingleses; sumisión de los ministros del Rey a juicio del Parlamento (impeachment); pretensión al nombramiento y destitución de los miembros del consejo y principalmente cargos de prerrogativas en resumen se trataba de sustituir al gobierno del Rey y del Consejo por el del Parlamento.

El 19 de enero de 1649 fue ejecutado Jacobo I, “y el 19 de mayo del mismo año el Parlamento promulga un acta en la que declara que Inglaterra es una Commonwealth y Estado libre gobernada por los representantes del pueblo y “sin rey alguno a Cámara de los lores”. Se introduce un gobierno militar, y a través de una serie de documentos, entre los que se destaca el Instrument of Government, se intenta dar a Inglaterra una constitución escrita.

Aún bajo la Restauración monárquica siguió la evolución hacia la monarquía constitucional democrático-liberal. En 1679 es promulgada el Acta de Hábeas Corpus, en cuya virtud nadie podrá ser detenido sin mandato judicial, debiendo ser presentado el cuerpo del preso ante el tribunal en el plazo de 20 días; no se podrá reencarcelar a una persona por el mismo cargo ni podrá trasladarse al preso a una presión fuera del reino; y se sancionará a los funcionarios que infrinjan lo anterior, sin que puedan ser cubiertos por el perdón real. En este mismo período de la restauración nacen los partidos políticos, Whigs y Tories, fruto inmediato de la guerra civil; que vienen a jugar más tarde importantísimo papel en el desarrollo de la Constitución Británica; y que después de combatirse entre sí, únense en 1688 para derrocar a Jacobo II y hacer que fuera sucedido por Guillermo de Orange.

Con Guillermo de Orange, iníciase un gobierno parlamentario sobre base oligárquica y un asentamiento de los principios liberales. Ya el texto que se refiere a la vacante producida por la huída de Jacobo II supone la caída de los restos de la doctrina del derecho divino de los reyes: “que el Rey Jacobo II ha tratado de subvertir la Constitución del Reino rompiendo el contrato originario entre el Rey y el pueblo, y que… ha violando las leyes fundamentales y se ha marchado fuera del reino…” La presencia del nuevo fundamento del poder real se asentúa en otros dos documentos constitucionales; el Bill de derechos de 1689 que Guillermo y María hija mayor de Jacobo II casada con Guillermo juran para ocupar el trono, y el Acta de Establecimiento, por la que entra a reinar con base en las condiciones que en ella se establecen la Casa de Hannover. “La monarquía queda vinculada jurídicamente a estos documentos, debiendo ejercer su función con arreglo a sus preceptos y a los principios en que jurídicamente se sustentan”.

El Rey queda sometido al Common Law y al Derecho estatuario; no tiene poder para suspender a dispensar el cumplimiento de los estatutos; no podrá sostener un ejército sin permiso del Parlamento y convocará a éste en plazo fijo de 3 años, según la Triennal Act; los jueces pasan a gozar de inamovilidad. Pero más que las limitaciones establecidas en los estatutos (Bill de Derecho, Acta de Establecimiento, la Mutiny y la Triennial Act), aquellos derivan de las convenciones y de la institución del Gabinete, que empieza a desenvolverse a partir de este período.

Con arreglo a la Triennial Act (1649), como se dice, el Rey convocará al Parlamento en plazo fijo de 3 años, pero desde 1688 al Parlamento se reúne anualmente, porque la ley que autoriza el mantenimiento del ejército solo se aprueba para un año y porque las concesiones dinerarias para el Rey son también anuales. En esta época ya no se discuten las facultades legislativas del Parlamento. (26)

(26) V. Manuel García Pelayo: “Derecho Constitucional Comparado”. Págs. 144 y siguientes, 151, 249 y siguientes. Antonio Carro Martínez: “Derecho Político”, Pág. 174.

JOCH LOCKE. Locke nació en la familia de un abogado, cursó filosofía, ciencias naturales y medicina en la Universidad de Oxford. En 1667 se incorporó activamente a la vida política, militando en el partido de los Whigs. En 1682 emigró a Holanda, de donde salió pudo regresar después del golpe de Estado de 1688. Sus trabajos publicistas en defensa de la monarquía constitucional de Guillermo de Orange le granjearon una importante influencia política.

Los Whigs (más tarde Liberales), descendían de los secuaces de Cromwell, eran partidarios de la tolerancia religiosa, al menos para los protestantes; se pronunciaban por los derechos del Parlamento frente a la Corona, y estaban socialmente vinculados a los puritanos de las regiones industriales y comerciales, y a los terratenientes a fines a los intereses comerciales. La Tories (futuros conservadores), descendían de los caballeros del bando realista; eran clericalesen sentido anglicano, trataban de extirpar el catolicismo y el puritanismo, considerando al anglicanismo como son substancial a la nación inglesa; eran partidarios de una Corona fuerte, pero guardando los derechos del Parlamento; socialmente estaban vinculados a la antigua propiedad y sociedad rural. Ya las elecciones de 1679 se hicieron a base de lucha y propaganda de partidos.

El compromiso a que llegaron la aristocracia feudal y la burguesía, después de la Revolución de 1688, dejó una huella indeleble en la posición política de Locke, en cuya obra, “dos tratados sobre el gobierno” (1690) tiene su punto de arranque la teoría del Estado constitucional capitalista. En dicha obre Locke fundamenta la Constitución de Guillermo de Orange, defendiéndola frente alos absolutistas y a los partidarios de los Estuartos, por un lago, y frente a los republicanos demócratas, por otro.

“Como Hobbes, Locke partía en sus disquisiciones de la teoría del estado natural de los hombres y del origen contractual del poder estatal. Defendía así mismo la propiedad privada, la economía monetaria y la política económica que fomentaba el comercio y la industria.

En el Estado natural, razona Locke, todos los hombres son iguales y libres, bien entendido que la libertad, bajo el control de la razón, no se identifica con la arbitrariedad. El Estado, creado por el mutuo consentimiento de los hombres, debe garantizar los bienes del estado natural y salvaguardar los derechos humanos inalienables; derecho a la vida, a la libertad personal y a la propiedad privada. Su fin supremo es proteger la propiedad privada, que no se halla suficientemente garantizada en el estado natural, pese a todos los beneficios que éste depara.

Locke ve en el régimen parlamentario el mejor sistema estatal, que debe actuar conforme a la voluntad de la mayoría. “La Revolución burguesa inglesa asumió su dimensión democrática formulada en el principio de la igualdad, de la participación activa de las masas populares en su realización; y en lucha contra la Iglesia dominante, en buena parte bajo la bandera religiosa. Los puritanos concebían “a la Iglesia como una sociedad de iguales basada en el consentimiento y en la que, por tanto, todos los miembros están llamados a contribuir de modo igual a la decisión común y a conducir la actividad de la Iglesia”. Estas ideas comienzan a ser trasladadas al plano político durante la guerra civil, ante todo por el grupo de los igualitarios (Levellrs); “que afirman la igualdad natural de todos los hombres en poder, dignidad, autoridad y majestad”, y por consiguiente, que todo gobierno ha de formarse en el consentimiento; que desprecian, en general, las leyes consuetudinarias de Inglaterra y quieren fundar el gobierno sobre la pura razón. El Agreement of the People, o proyecto de constitución, redactado por este partido, está casi totalmente en la línea democrática moderna: la soberanía no pertenece al Parlamento, sino al pueblo, de manera que los poderes de aquél son puramente allegados; el pueblo es el conjunto de los individuos que forman la nación y no una serie de corporaciones y un complejo de derechos adquiridos; es, pues, el consentimiento de los individuos manifestado por elecciones frecuentes, y no el derecho tradicional, lo que otorga autoridad al Parlamento”.

Puesto que después de las transformaciones de la Sociedad inglesa y de la Revolución de la misma, aquella no representa más una articulación de grupos corporativos, sino un conjunto de individuos, se planteaba el problema de qué voluntad debía valer como voluntad de la totalidad, es decir, como voluntad del pueblo. Locke se planteaba este problema y lo resuelve en el sentido tomando un ejemplo de la mecánica de identificar la voluntad de la totalidad con la voluntad de la mayoría. El filósofo aduce las siguientes razones: a) puesto que los hombres mediante su consentimiento (pacto), han dado lugar a un cuerpo político, y considerando que un cuerpo ha de tomar la dirección hacia la que le impulsa la mayor fuerza, es claro que aquél ha de moverse hacia dónde le lleva la mayoría, pues de otra suerte sería imposible la actuación y existencia del cuerpo; b) si la minoría pudiera eludir las decisiones de la mayoría, entonces los individuos quedarán desvinculados, no existiría cuerpo político y el pacto carecería de sentido; c) la única alternativa a la mayoría sería la unanimidad, más de ésta es casi imposible de conseguir; d) puesto que el consentimiento individual es el único título para el ejercicio del poder, es claro que la mayoría tiene derecho a ejercer éste, ya que cuenta con mayor número de consentimientos que la minoría. En resumen, “el acto de la mayoría pasa por el de la totalidad”, y consiguientemente, “la mayoría tendrá el derecho de obrar y de imponerse al resto”.

Locke, consecuente con su concepción del pacto social antes bosquejadas, no considera como absoluta la sumisión de los individuos a la voluntad de la mayoría, toda vez que el Estado, es decir, el cuerpo en el cual se desarrolla la regla de la mayoría, ha surgido precisamente para garantizar los derechos individuales o ya permitiría este último a las clases dominantes ingleses restringir, mediante los requisitos de fortuna y otros medios, la realización del principio de igualdad a través del ejercicio de los derechos electorales. La mayoría de Locke era el hecho la mayoría del Parlamento elegido por la burguesía y la aristocracia; así divorciado (el Parlamento), en el fondo, de las masas populares.

Locke también inicia la teoría de la división de poderes. Ya hace una clara distinción de los poderes y competencias del Estado. Afirma que existen: el Poder Legislativo, encargado de hacer las leyes y definir los delitos y las penas; el Poder Federativo así llamado por él, que se refiere a las relaciones con el mundo exterior, encargado de declarar la guerra, mantener relaciones diplomáticas, etc., el Poder Ejecutivo, encargado del orden interno del país; y un cuarto, el Poder de Prerrogativa, que es el poder residual, que se mantiene en manos de la Corona. El filósofo no hizo compartimientos estancos de éstos poderes; sólo afirmó que todos deben someterse a uno, que ésta por sobre los demás, es decir, al Poder Legislativo; no llegó a concebir mecanismos especiales ni un equilibrio de poderes del Estado, para limitar éstos en garantía de las libertades individuales.

“Locke atribuía una importancia decisiva a la agricultura, organizada en un sistema capitalista y al mismo tiempo hablaba del libre juego de las fuerzas económicas, con lo cual superaba las concepciones de los economistas clásicos burguesas.

“La teoría Lockeana del Estado sirvió de modelo a la constitución burguesa inglesa, tan envidiada por la burguesía de los países que gemían aún bajo el yugo de la autocracia”. (27)

(27) V. Manuel García Pelayo: Ob. Cit. Págs. 170-171. Antonio Carro Martínez: Ob. Cit. Págs. 243 y siguientes. M. A. Dynnik y otros: Ob. Cit. T. I. Págs. 380-381.

El desarrollo y la consolidación del Capitalismo, a su vez, desarrollan y consolidan el régimen jurídico-político parlamentario durante el transcurso del siglo XVIII. Emerge una nueva institución, el Gabinete, que hace vale su propia personalidad frente a la del Rey hacia mediados del siglo; afirmado este nuevo órgano, crea una situación en cuyo seno viene el germen de la figura del primer ministro, y surge el supuesto del gobierno parlamentario o sea la necesidad de que aquél, el Gabinete, posea la confianza del Parlamento, con la consiguiente fiscalización parlamentaria de la política del Ejecutivo. Ya en 1782 se formó un ministerio (el segundo de Buckingham) basado más en el apoyo parlamentario que en el real; este proceso culmina más tarde, en estrecha conexión con el principio de homogeneidad política del Gabinete.

En vinculación inmediata con el principio del rule of law en mucho equivalente al principio constitucional del Estado de Derecho de los países continentales deben considerarse la ratificación, el establecimiento o la garantía de los derechos individuales de los ingleses llevados a cabo durante la época posterior a 1688 o post-revolucionaria por el Bill de Derechos, y las leyes de tolerancia de 1769 y de abolición de la censura de 1695. Por estas leyes se garantiza los ingleses los derechos de petición y de propiedad, la libertad de palabra y de imprenta, el juicio por jurados, la libertad de cultos y la igualdad política para los protestantes.

Los contemporáneos señalaron las siguientes notas de la constitución británica del siglo XVIII:

a) Su historicidad; que tiene su expresión técnico-jurídica en el hecho de que Blackstone considera los grandes documentos ingleses (Carta Magna, Confirmatuim. Petición de Derechos. Bill de Derechos, etc.), como meras declaraciones de derechos y libertades innatas a los ingleses;

b) El sentido de dicha constitución de servir a la efectividad de la libertad individual. Fue esta la opinión de Montesquieu y de De Lolme. Para Blackstone, los ingleses tienen unos derechos absolutos (seguridad, propiedad y libertad) que, si en otro tiempo pertenecieron a toda la humanidad, en sus días sólo eran de los ingleses. “En Blackstone incide el iusnaturalismo con el historicismo… Para afirmar y proteger a aquellos derechos hay otros auxiliares y subordinados dice Blackstone que son: 1) La constitución, los poderes y los privilegios del Parlamento; 2) la limitación de la prerrogativa real; 3) la petición de justicia ante los tribunales; 4) la petición al rey o a las Cámaras por agravios; y 5) el derecho de llevar armas para la defensa propia”;

c) En la Constitución Británica se veía el modelo del equilibro político fuera entre fuerzas, principio o formas. “La interpretación de la Constitución inglesa como mixta es mantenida por Volteira y Montesquieu, y desarrollada jurídicamente por Blackstone: la constitución es una ponderación de elementos monárquicos, aristocráticos y democráticos, los cuales componen el Parlamento Británico, en quien reside la soberanía”.

d) En el seno mismo de la constitución creció la importancia del Parlamento; el mismo Blackstone reconoció la soberanía de éste; para él dicho órgano involucraba un concepto técnico, un cuerpo o puesto por el rey, lores comunes. Pero el contenido fundamental o esencial de esa institución compleja tendía a concentrarse en las Cámaras (Cámara de los lores y Cámara de los Comunes); y la soberanía parlamentaria significaba la de las Cámaras. (28)

(28) V. Manuel García Pelayo. Ob. Cit. Pág. 268 y siguientes.

Consolidada la superestructura jurídico-política burguesa o constitucional o sea el régimen constitucional liberal democrático o democrático burgués o democrático-capitalista de Inglaterra, quedaba consolidado en el mundo el primer régimen económico constitucional que afianzaba en el plano más elevado de la legalidad como piedra angular o columna central de la economía capitalista, con carácter de sagrado, el derecho de propiedad privada burguesa o capitalista.

1-D. REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICO BURGUESA DE FRANCIA, SU PREPARACIÓN IDEOLÓGICA, PERFECCIONAMIENTO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL TEÓRICO. MEJOR FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA BURGUESA. SURGIMIENTO DE LA CIENCIA ECONÓMICA PLAMACIÓN POSITIVA DEL PROGRESO TEÓRICO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONES DE 1791, 1793 Y DEL AÑO III.

El siglo XVIII en Francia fue la época de la preparación y realización de la revolución burguesa.

Caracterizando la situación económica de Francia de fines del siglo XVII y principios del XVIII, decía Marx que en este tiempo la “superestructura financiera, comercial e industrial, o más bien, la facha del edificio social…, parecía burlarse del estancamiento de la rama principal de la producción (de la agricultura) y del hambre de los productores” (“C. Marx, Cartas de N. F. Danielson. C. Marx y F. Engels, Cartas escogidas, Trad. Rusa, Pág. 321. Leningrado, 1953”). En el siglo XVII sólo habían existido en Francia Gérmenes de capitalismo. El absolutismo era sólo un intermedio “aparente” entre la nobleza dominante y la burguesía, clases cuyas contradicciones agudizáronse profundamente en el siglo XVIII, pues los privilegios del estamento feudal y la política del propio Estado feudal-absolutista frenaban cada vez más el desarrollo capitalista. Exigiendo la burguesía, ante esta situación, la abolición del yugo feudal, se hacía portadora a los intereses del “tercer estado”.

Hasta la revolución 1789-1794, la inmensa mayoría de los campesinos franceses hallábanse en una situación de semiservidumbre y dependían totalmente de los nobles.

Durante el siglo XVIII entendiéronse considerablemente las relaciones capitalistas en el campo y con ello se produjo una diferenciación de clase aún más profunda entre los campesinos. La nobleza y el clero, que en conjunto constituían menos del 1% de la población, era poseedores de las riquezas agrícolas fundamentales del país. De la cosecha del campesino, el terrateniente se apoderaba de la casi cuarta parte y la iglesia del diezmo destinado a la glorificación de Dios”. Además, elevados impuestos estatales y muchos otras cargas feudales mataban por hambre a los campesinos; muchos fueron despojados totalmente de sus tierras y cayeron en la mendicidad; según testimonio de un contemporáneo, a mediados de 1739 los habitantes de algunas regiones francesas “comían hierbas y morían como moscas”.

Durante todo el transcurso del siglo XVIII, hasta la revolución se fue ahondando en Francia la contradicción entre las necesidades del desarrollo industrial ya inaplazables y las relaciones feudales de producción que trataban el progreso del país. En esta misma época, pese a las contradicciones políticas y sociales desfavorables comenzaron a desenvolverse grandes empresas capitalistas. El desarrollo industrial era frenado por una caduca reglamentación estatal de la producción, por el régimen corporativo y por la limitación de la oferta de mano de obra libre así como trabas a la venta y transporte de mercancías. Innumerables derechos de tránsito en las fronteras interiores, ausencia de monedas nacionales y medidas estatales únicas, etc., obstaculizaban el comercio interior.

El progreso económico y político de Francia hacía necesaria la destrucción del dominio de clase de los señores feudales, del régimen feudal-absolutista, de las limitaciones corporativas de los gremios, de la política impositiva real y de la dictadura espiritual de la Iglesia, sostén del régimen feudal y de la monarquía absoluta.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII acrecentase el movimiento antifeudal de las masas populares y alrededor de 1780 la crisis revolucionaria llegó a la madurez. La burguesía había conquistado firmes posiciones económicas y aspiraba al poder político sobre la base del descontento creciente de las masas populares. Los ideólogos burgueses se habían planteado la tarea de revolucionar las conciencias del “tercer estado”, y así, a lo largo de todo el siglo, especialmente durante su segunda mitad, prepararon ideológicamente la revolución política y social. La primera necesidad en esta empresa era destruir la ideología feudal religiosa, que justificaba y sancionaba al régimen feudal-absolutista imperante. Había que combatir, antes de asaltar la Bastilla, la servidumbre en las instituciones y en las ideas; arrojar a la religión, a la teología y a las supervivencias de la escolástica medieval de la conciencia de los oprimidos y de los dominios de la ciencia, la educación, el arte y la filosofía.

A diferencia de la revolución inglesa del siglo XVII, la francesa del XVIII y, precisamente, su preparación ideológica realizáronse sin necesidad de ninguna bandera religiosa. La gran labor de preparación fue llevada a cabo por los ilustrados y, en primera línea, por los materialistas clásicos, cuyas doctrinas, convertidas en estandarte político de la burguesía, se enlazan íntimamente. Engels escribió: “Los grandes hombres que en Francia ilustraron las cabezas para la revolución que había de desencadenarse adoptaron ya una actitud resueltamente revolucionaria. No reconocían autoridad exterior de ningún género. La religión, el orden estatal; todo lo sometían a la crítica más despiadada; cuanto existía había de justificar sus títulos de existencia ante el fuero de la razón o renunciar a seguir existiendo”. (F. Engels del Socialismo utópico al Socialismo científico, Carlos Marx y Federico Engels, Obras Escogidas, en dos tomos, Trad. Española, T. II, Pág. 107, Moscú, 1952). (29)

(29) V. M. A. Dynnik y otros: “Historia de la Filosofía”. T. I. Págs. 443 y siguientes.

Los ilustrados y materialistas franceses del siglo XVIII criticaron severamente el régimen político y social del feudalismo como un régimen antinatural e irracional.

Voltaire rechazó la doctrina eclesiástica de la libertad de la voluntad y al admitir la necesidad, la sujeción a leyes en la naturaleza, sostuvo que el hombre es libre cuando puede hacer lo que quiere, pero que no es libre de querer; es decir, no puede querer sin alguna causa. “Esta tesis filosófica de la libertad fue la base teórica de su concepción política. La libertad social consiste, según Voltaire, en actuar conforme las leyes. El pensados ilustrado francés se pronuncia a favor de la libertad individual y de las libertades de palabra y de conciencia, y defiende asimismo el derecho de cada uno a vender libremente su trabajo.”

La doctrina ilustrada de Voltaire, sus ideas antifeudales y sus manifestaciones en pro de las libertades burguesas contribuyeron considerablemente a la preparación ideológica de la Revolución Francesa de 1789-1794.

“Entre los grandes ilustrados franceses de la primera mitad del siglo XVIII Carlos Luis Montesquieu (1689-1755), que fue Presidente del Parlamento de Burdeos.

“La obra fundamental de Montesquieu, “El Espíritu de las Leyes” (1748), es uno de los trabajos sociológicos más importantes del siglo XVIII. En torno a él estalló una aguda lucha ideológica; contra su autor arremetieron los juristas del Rey, los jesuitas, los teólogos y los escolásticos. “La idea fundamental y progresiva de su sociología era la de reconocer que la sociedad, como la naturaleza, se halla sujeta a leyes secundarias. Criticó, el gran ilustrado francés, la tesis de Hobbes acerca de su estado natural del hombre entendido como “la guerra de todos”; según él el estado natural de los hombres es un estado de paz y de igualdad entre ellos.

Montesquieu fue uno de los fundadores de la teoría burguesa del Derecho, al que consideraba fundado en la razón humana.

Pronunciándose contra la monarquía absoluta de Francia, afirmaba que su país no necesitaba reformas al estilo inglés, sino una transformación revolucionaria. Cifró su ideal político en una monarquía constitucional “ilustrada” que garantizara la libertad civil y la división de poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Su doctrina de la división de poderes, que desarrolló las ideas de Locke al respecto, sirvió de base a las teorías políticas de los ideólogos burgueses durante la realización de la revolución burguesa de Francia.

Las ideas sociales y filosóficas de Montesquieu, junto con las de Voltaire, desempeñaron un muy importante papel en la preparación ideológica de la dicha revolución.

Dice Montesquieu que es preciso que los poderes estén divididos para mantener un equilibrio entre todos ellos a fin de que la libertad pública pueda manifestarse. Trata esta cuestión en su obra sociológica ya mencionada, en el libro XI, que titula “La libertad política en sus relaciones con la Constitución”. Dice: “Es cierto que en las democracias el pueblo parece hacer lo que quiere, pero la libertad política no consiste de manera alguna en hacer lo que se quiere, pero la libertad política no consiste de manera alguna en hacer lo que se quiere. En un Estado, es decir, en una sociedad donde hay leyes, la libertad, no puede consistir más que en un poder hacer lo que se debe querer y en no estar constreñido a hacer lo que no se debe querer”, Montesquieu puntualiza entre lo que es el espíritu de la independencia y lo que es la libertad. “La libertad prosigue es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten:

Si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, no existiría más libertad, porque los otros tendrían igualmente el mismo poder: la democracia y la aristocracia no son en absoluto Estado libres por su naturaleza: la libertad política no se encuentran más que en los gobiernos moderados. Pero ella no se encuentra siempre en los Estados Moderados; ella no está más que cuando no se abusa del poder, pero es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder está tentado a abusar de él; va hasta que encuentra límites. ¿Quién lo diría? La virtud misma tiene necesidad de límites”.

Bien, para que quien ejerza el poder no pueda abusar del poder es necesario que el mismo poder pare o contenga al poder; y Montesquieu cree que este equilibrio en el ejercicio del poder se da en la constitución inglesa del siglo XVIII.

Dice Montesquieu que en todo Estado hay tres clases de poderes: El Legislativo, el Ejecutivo de las cosas que dependen del Derecho de gentes; y el ejecutivo de las cosas que dependen del Derecho Civil. Por el Legislativo, el príncipe el Magistrado hace las leyes por un tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que son hechas. Por el Ejecutivo que dependa del Derecho de gentes hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadas, establece la seguridad y previene las invasiones. Y por el Ejecutivo que depende del Derecho Civil castiga los crímenes y juzga las diferencias entre los particulares. Montesquieu termina por llamar a este último el Poder de juzgar y al segundo simplemente Poder Ejecutivo. Dice Montesquieu que la libertad política de un ciudadano es “la tranquilidad de espíritu que proviene de la opinión que cada uno tiene de su seguridad.” Y que para que exista libertad hace falta un equilibrio mecánico entre los tres poderes reseñados. Ante el supuesto real de que quien ejerce el poder tiende a abusar de él, tales poderes deben ser colocados en esferas diferentes y de peso específico parecido para que la sociedad vida dentro de un equilibrio estable; pues, si un órgano detenta el Legislativo y Ejecutivo a la vez, no hay libertad; si detenta el Legislativo o Ejecutivo, y el Judicial, hay mucha menos libertad; y si se concentran los tres poderes en las mismas manos, la libertad desaparece totalmente. De aquí que en ningún caso débense unir los tres poderes en un mismo órgano; deben estar separados, así si uno tiende a abusar, quedan dos que se opondrán a ello y lo reconducirán a su cauce normal. Separados, no es posible que los tres poderes abusen a la vez; los tres se neutralizan entre sí, y se ven obligados a mantener un equilibrio que favorece a la libertad. (30)

(30) V. M. A. Dynnik y otros: Ob. Cit. Págs. 456 y siguientes. Antonio Carro Martínez. “Derecho Político”. Págs. 243 y siguientes.

Elaborada la doctrina de la división de poderes de Montesquieu, el Derecho Constitucional liberal democrático de un gran paso en la formulación de su cuerpo de doctrina, y pronto la revolución francesa de 1789-1794 se encargará de darle plasmación positiva. Aunque las colonias inglesas de América y más tarde la federación de las mismas se anticiparan a Francia en la dicha plasmación, es a ésta a la que le corresponde el mayor mérito en la edificación de cuerpo de doctrina dicho.

“A mediados del siglo XVIII, los representantes de la tendencia materialista pasaron a desempeñar el papel principal en la lucha ideológica de la burguesía francesa contra el régimen feudal absolutista. Los materialistas franceses del siglo XVIII eran los filósofos de la revolución burguesa ya madura: “El espíritu de las leyes había visto la luz en 1748 y su autor había muerto en 1755.

Julián Offrey de la Mattrie (1709-1751), cifró su ideal político en una sociedad regida por leyes nacionales que garantizasen la libertad política o civil de los ciudadanos. Era un convenido de que el derecho de propiedad y la libertad de comercio expresaban los intereses de todos los ciudadanos y significaban la libertad del individuo, pero temía que se concediera libertad a los desposeídos.

Dionisio Diderot (1713-1784) hijo de un artesano, jefe de los enciclopedistas franceses, creía que las costumbres sociales dependen del tipo de legislación y de forma de gobierno; que el Estado cuyas leyes responden a las exigencias de la razón, puede crear las condiciones necesarias para asegurar una vida moral y para hacer que el hombre sea ilustrado, libre y virtuoso. Reivindicando la necesidad de “buenas” y de una forma “racional” de gobierno. Diderot dio un fundamento teórico a la necesidad de sustituir el “irracional régimen feudal por el régimen burgués”.

“Para Diderot era legítimo el poder fundado en un acuerdo entre el pueblo entendiéndose por éste “el tercer Estado” y el monarca. Defendía la soberanía del pueblo y reconocía su derecho a derrocar a cualquier usurpador del poder, incluyendo al “monarca legítimo”, que abusara del poder, villar las leyes y pisoteara los derechos naturales de los ciudadanos. Expresando los intereses de la burguesía francesa del siglo XVIII, exigía que la monarquía absoluta fuera sustituida por un gobierno representativo”.

Claudio Adrián Helvecio (1715-1771), reconocía la existencia de una sujeción a leyes en el desarrollo social, que reducía en última instancia al interés, el egoísmo, en los que veía la “causa oculta” del desarrollo social. Creía el filósofo que el egoísmo bien entendido responde a los intereses de una sociedad organizada “racionalmente”. La teoría de la utilidad, base de las ideas sociológicas y éticas de los materialistas moral y caracterizado por el aprovechamiento mutuo y los servicios recíprocos del capital y del trabajo, expresaba los intereses económicos de la burguesía. Sin embargo, históricamente, tal teoría era un paso de avance en el desarrollo ético y social, que puso al desnudo el carácter reaccionario de las ideas políticas, religiosas y éticas que justificaban la explotación feudal, Helvecio defendía la propiedad privada como derecho humano, sagrado e inalienable, y sostenía que el principio de la igualdad de bienes debía rechazarse por no ser factible ni deseable; pero defendía la igualdad de aptitudes intelectuales opuesta a la desigualdad de casta y feudal. Pero la igualdad de los hombres la concebía de un modo jurídico-formal como igualdad ante la ley. Propugnó el individualismo burgués como la aspiración natural y racional del hombre a la felicidad. Reconoció el derecho del “tercer estado” a hacer la revolución contra los señores feudales, manchados con innumerables crímenes.

“La doctrina sociológica y ética de Helvecio daba un fundamento teórico a la reivindicación de las libertades democráticas burguesas y apuntaba directamente contra las bases mismas del régimen feudal absolutista”. (31)

(31) V. M. A. Dynnik y otros. Ob. Cit. Págs. 466 y siguientes.

“Mientras que la concepción del mundo de Voltaire y Montesquieu y la de los materialistas franceses del siglo XVIII refleja por su carácter de clase los intereses y las aspiraciones de la burguesía francesa durante el período de preparación ideológica de la revolución, la corriente democrática de la ilustración francesas de mediados y de la segunda mitad del siglo, encabezada por Rousseau, reflejaba brillantemente, en sus obras político-sociales, filosóficas y literarias, los intereses y aspiraciones de las eras fundamentalmente pequeños burgueses del “tercer estado”, enemigos del feudalismo e incorporadas a la lucha contra éste.

Juan Jacobo Rousseau (1712-1778), sometió al régimen feudal a una acerada crítica; sus ideas sociales hacen de él una portavoz de los artículos plebeyos democráticos del tercer estado; plantea agudamente el problema de la desigualdad social y caracteriza la sociedad de su tiempo como una civilización de la desigualdad y una cultura extraña y hostil a los intereses del pueblo, a juicio suyo la desigualdad no existía en las primeras fases de la vida social, pues durante el período de estado natural reinó la igualdad entre los hombres, no existió la propiedad privada ni la coerción social. El gran demócrata ilustrado veía las causas de la opresión social de las masas populares en la aparición de la propiedad privada.

La sociedad civil, basada en la propiedad privada, representa para Rousseau un avance sobre el primitivo “estado natural”, pero al mismo tiempo un retroceso, pues aparecen la desigualdad, la miseria toda clase de enfermedades y un embrutecimiento moral. La doctrina rossoniana de la propiedad privada como causa de de la desigualdad implicaba la intuición de que la vida social depende del desarrollo de la economía, pero ponía la fuerza determinante del progreso social en la razón y veía en el aumento de la población y en la corrupción de las costumbres, los factores determinantes de la vida social.

Rousseau sólo se oponía a la gran propiedad privada y al exigir la supresión de la división social en ricos y pobres, proponía una utópica teoría igualitaria sobre la distribución de la misma.

“La teoría democrática burguesa del Estado, que Rousseau contraponía a las doctrinas teocrático-feudales, se deducía lógicamente de su teoría de la propiedad”. A juicio del filósofo, el Estado nacido para salvaguardar, con ayuda de leyes, la propiedad privada, legitimaba la usurpación de los derechos natales del pueblo y la desigualdad de los hombres y condenaban a la mayoría de ellos a la miseria, al hambre y a un trabajo extenuados. “Al igual que su doctrina de la propiedad, la teoría del “Contrato Social” de Rousseau idealiza el “estado natural”, pero, como señalaba Marx, su verdadero contenido no se reducía en absoluto a este “naturalismo”… El “Contrato Social” de Rousseau, que establece, por medio de un pacto, relaciones mutuas y vínculos diversos entre sujetos que son independientes por naturaleza, no descansa de ninguna manera en ese naturalismo. Esta es una ilusión, pura y sencillamente la ilusión estética de las grandes y pequeñas rebinsonadas. En realidad, se trata de una anticipación de la “sociedad burguesa” que se preparaba desde el siglo XVI y que en el XVIII dio un paso gigantesco hacia su madurez”. (Carlos Marx, Constitución a la crítica de la economía política, Trad. Rusa. Pág. 193, Leningrado, 1953).

Por su espíritu revolucionario, la teoría de Rousseau distinguíase de la doctrina de Hobbes sobre el “Contrato”. Hobbes, a quien le cabe el mérito de haber roto en forma absoluta con el origen divino del Estado, sostenía que en el estado natural (presocial) de la humanidad reina un egoísmo absoluto y el mal; que los hombres son iguales por naturaleza, pero la igualdad provoca constantes conflictos y choques entre ellos. El filósofo inglés partió de este principio para declarar “con intrépido cinismo ante su patria”… que consideraba el despotismo como la condición única para asegurar una buena organización del Estado”. Según Hobbes, del estado natural se pasa al Estado Social o político sobre la base de un estado mutuo, de un contrato.

Los súbditos de este Estado son esclavos suyos, partícula del mismo, contra el cual y sus gobernantes no pueden alzarse en absoluto. Rousseau, en cambio, razonaba que si el Estado ha nacido de un contrato, el pueblo tiene derecho a anular un contrato desventajoso y a crear una forma de asociación que responde a sus intereses. (32)

(32) V. M. A. Dynnik y otros. Ob. Cit. Págs. 332-333, 499 y siguientes.

Según Rousseau, las cláusulas del pacto social se reducen a una sola, a saber: “la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad”, pues si los individuos conservan sus derechos, no habrían un poder común sobre ellos y se carecería de cuerpo político. Tal sistema garantiza el principio de igualdad en cuanto que, “dándose cada uno por entero, la condición es igual para todos, y nadie tendrá interés en hacerla onerosa, para nadie” y en cuanto que “dándose cada cual a todos, no se da a nadie. Este cuerpo político exprésase en la voluntad general, que no es la voluntad de todos, pues ésta no es más que una suma de voluntades particulares, mientras que aquella es una resultante del conjunto de las voluntades particulares, con un carácter objetivo y universal. Rousseau razona: “la voz del mayor número obliga siempre a todos los demás es una consecuencia del contrato mismo. Pero se pregunta: ¿Cómo un hombre puede ser libre estando obligado a conformarse con las voluntades ajenas? ¿Cómo los que se oponen son libres aún sometidos a las leyes a las cuales no han dado su consentimiento? Responde a éste que la cuestión está mal planteada. El ciudadano consciente en todas las leyes, aún en aquellas que han pasado a pesar suyo, y hasta en aquellas que le castigan al violar alguna. La voluntad constante de todos los miembros del Estado es la voluntad general; por ella son ciudadanos y libres”.

La representación, según Rousseau; contradice el principio mismo de la soberanía popular. “La soberanía dice no puede ser representada por la misma razón que no puede ser enajenada, consiste esencialmente en la voluntad general, y la voluntad general no se representa en ella misma o es otra, no hay término medio”. “Los representados del pueblo dice Rousseau no son ni deben ser representantes; no son más que comisarios, no pueden decidir nada. Toda ley que el pueblo en persona no ha ratificado es nula, no es una ley”. (33)

Posteriormente, la teoría social de Rousseau se convirtió en la bandera ideológica de los jacobinos, el ala radical pequeño burguesa de la gran revolución de Francia”… El Estado de la razón, el contrato social de Rousseau escribía Engels, pasó y solamente podía pisar el terreno de la realidad convertido en la república democrática burguesa”. (F. Engels, anti-Dübring, Trad. Española de W. Roces, Pág. 26, México, D. F. 1945). (34)

El progreso de las ciencias naturales y del pensamiento social exigido e impulsado por el desarrollo capitalista implicó la liberación respecto de la religión del pensamiento económico y su futura sistematización científica. El primer intento en este sentido es llevado a cabo por el pensamiento mercantilista, que surge con el desarrollo del capitalismo mercantil. “A. Dubois, en su “Historia de las doctrinas económicas”, define el mercantilismo diciendo que es la “teoría del enriquecimiento de las naciones mediante la acumulación de metales preciosos”.

Los mercantilistas más antiguos, como Bodin, agrupan su doctrina principalmente en torno al problema del dinero y de la balanza comercial. Más tarde, otros reconocen la importancia del trabajo para el aumento de la riqueza”.

“… en materia económica, el mercantilismo muestra también una cierta unidad, pues exige que el Estado intervenga con arreglo a un plan en las relaciones económicas, principalmente para reforzar el comercio exterior, así como para la adquisición y establecimiento de colonias”. El mercantilismo ejerció notable influencia en la política económica de las monarquías feudal-absolutistas europeas.

El mercantilismo puso de relieve “la relación de dependencia que existe entre el estado y la vida económica, planteó la cuestión de la riqueza nacional”, más tarde tratada por Smith de manera brillante; y descubrió la unidad de la economía política. El Mercantilismo recibió su nombre del latín mercantor (comerciante), “porque consideraba el comercio como el apoyo fundamental del aumento de la riqueza. (35)

(33) Manuel García Pelayo. “Derecho Constitucional Comparado”. Págs. 171-172, 175-176.
(34) V. M. A. Dynnik y otros. Ob. Cit. T. I. Pág. 503.
(35) Wolfgamg Heller: “Diccionario de Economía Política”. Págs. 299-300.

La posición anticientífica mercantilista fue superada por la Fisiocracia en buena parte. Desde 1750 aparece alrededor del Dr. Quesnay, en Francia, la escuela fisiocrática, como evidente necesidad de sistematización verdaderamente científica de los conocimientos de las leyes y principios que a la altura de desarrollo alcanzado regían la producción social y la distribución de la riqueza producida entre los miembros de la sociedad.

El nombre de la Escuela proviene del griego physis (naturaleza) y sus ideas fundamentales exponen que la vida económica debe considerarse también como un fenómeno natural; que existe un “orden natural” constituido por un conjunto de leyes absolutas, inmutables y universales, que culminan en un orden que es el mejor posible. “Una de las leyes que constituyen ese “orden natural” es precisamente la propiedad, basada en la utilidad social y en la justicia, criterios que se complementan sabiamente cuando uno de ellos entre en crisis. Otro principio básico de tal orden es el de libertad, que se complementa con los de seguridad y desigualdad.

Dicho “orden natural” es distinto del “orden real de las cosas” debido a la ignorancia y a la imperfección de los hombres; el primero es, por decirlo así, el estado salud o normal de la Economía política, y cuando más se aproxime a él la vida, más ventajoso será, porque este orden natural es el mejor posible. De aquí que el ideal fisiócrata fuera la máxima libertad, para que las fuerzas económicas desenvolviéranse por sí mismas; sin embargo se inclinan los seguidores de Quesnay por el despotismos monárquico tratándose de la forma de gobierno adecuada a la realización del orden natural. De tal manera, que el despotismo habría de ser legal en el orden de que promulgaría las leyes naturales, hará que fueran respetadas y el mismo soberanos estaría absolutamente ligado a tales normas. La concepción fisiocrática de la riqueza, se opone completamente a la de los mercantilistas. En efecto, para los fisiócratas la riqueza verdadera es la que se nutre y perpetúa por el consumo mismo. Veían en la tierra, la única fuente de producción que origina este tipo de riqueza; de tal modo que la agricultura resultaba ser la única actividad multiplicadora de productos y valores.

“Dado que el único producto neto es el de la agricultura, el problema siguiente consiste en averiguar cómo circula éste entre las distintas clases sociales de éstas, la única clase productiva es “la que hace renacer mediante el cultivo del territorio, las riquezas anuales del país”. La clase propietaria, por la que los fisiócratas siente un gran respeto, está constituida por el soberano, los poseedores de tierra y los diezmeros. Los demás ciudadanos, dedicados a los otros quehaceres, constituyen la clase estéril. La circulación del producto neto de la agricultura a través de las diversas clases se verifica en el famosísimo cuadro económico de Quesnay este cuadro constituye el primer intento de dar una visión global de la circulación de las riquezas a través de la Sociedad. Los fisiócratas relegan el trabajo humano, como factor productor de valor, a un segundo plazo. En cuanto a la teoría del interés del dinero, la apoyan en el producto que daría la tierra que se supone adquirida con el capital de que se trata.

“En cuanto a los problemas de población, los fisiócratas son partidarios de una población numerosa, hecho que se presenta y no ya como determinante de la riqueza nacional, como en el caso del mercantilismo, sino como una consecuencia de que existe prosperidad”.

El fisiocratismo tiene el mérito de haber comenzado una investigación realmente científica de las leyes económicas y haber recogido al mismo tiempo los fenómenos fundamentales más importantes, como el de la formación del valor y del precio, y especialmente el de la distribución de la renta; fue posible porque a la hora de su iniciación ya la manufactura había difundido las relaciones capitalistas en grado estimable en el agro francés. (36)

“La economía política empieza a desarrollarse como ciencia a la vez que se gesta el modo capitalista de producción. En manos de la burguesía era un arma ideológica contra el feudalismo”. “Cuando la burguesía se lanzó a la palestra histórica como clase progresiva, hallábanse interesada en el conocimiento científico de las leyes que rigen el desarrollo de la producción capitalista y en la eliminación de las relaciones feudales, que se oponían al establecimiento del poder del capital”. Es entonces cuando aparece la economía política burguesa o economía clásica, originaria de Inglaterra. (37)

(36) Wolfgamg Heller: “Diccionario de Economía Política”. Págs. 223-225.
(37) Otto V. Kuusinen y otros: “Manual de Marxismo Leninismo”. Pág. 189.

Recibe el nombre de Escuela clásica aquella dirección de la Economía política que empezando con Adan Smith, convirtió en una ciencia independiente a la teoría de la Economía, cuyos grandes rasgos ya habían sido tratados por los fisiócratas.

A semejanza de la fisiocracia, la Escuela clásica quiere investigar las leyes naturales que dominan vida económica. Dichas leyes pueden agruparse así: a) ley del interés personal, que se conoce también con el nombre de principio hedonístico. Según el mismo, el interés de cada uno es el mejor timón para la sociedad: se afirma que persiguiendo cada individuo su propio beneficio realiza en mejor forma que es posible, el bien de la comunidad. En este el argumento en que ven su más sólido apoyo las clases poseedoras y dominantes. Tal principio, supone, necesariamente, la institución de la propiedad privada;

b) la Ley de la libre competencia que permite que los intereses individuales e armonicen de la mejor manera posible y que lleva a rechazar la intervención del Estado. Es este principio la misma esencial, junto con el anterior, del Liberalismo económico;

c) Ley de la población, cuya más sombría expresión la encuentra en Malthus;

d) Ley de la oferta de la demanda, que determina el precio del mercado de todos los productos. El costo de producción tiende a ser imputado, por los clásicos, exclusivamente de la distribución, que ve la razón determinante de las distintas ramas de la producción en los gastos que requiere la colaboración de trabajo y capital. Desde Malthus y Ricardo se agrega a lo citado la teoría de la renta de la tierra y la teoría de la población.

e) Ley del Salario, que encuentra su explicación en la ley de la oferta y de la demanda. Hay un salario corriente, o de mercado; y un salario natural, o necesario, que viene determinado, a la larga, por el costo de la manutención del trabajador. A este salario natural tiende, según los clásicos, el salario corriente o real del mercado;

f) Ley de la renta, que se basa en el hecho de que todos los productos de una misma clase se venden en el mercado al precio del que ha costado más, de modo que existe una ganancia de tipo diferencial para todos aquellos que fabrican a un precio inferior al del mercado. Esta explicación de la renta la utilizó Ricardo para los productos agrícolas;

g) Ley del Intercambio internacional según la cual cada uno de los cambistas obtiene una ganancia, en contra de las concepciones mercantiles y fisiocráticas que sostenían que una de las partes sufren una pérdida en el cambio”.

Junto a estas leyes, en la propiedad privada véase un instrumento para el máximo bienestar. (38)

(38) Wolfgamg Heller: Ob. Cit. Págs. 201-203.

Adan Smith había viajado a Francia en 1764 y había conocido personalmente a los fisiócratas; y en 1776 apareció su principal obra, “Un estudio sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones; de ella ha dicho Keynes que contiene el punto de partida en la consideración histórica de los problemas económico-políticos. Con antecedentes en William Petty (1623-1687), y complementada con la hora de David Ricardo (1772-1823), la ciencia sistematizada por Smith fue una de las fuentes que sirvieron a Marx para crear la economía política de la clase obrera.

Si la economía política estudia las relaciones de producción de los hombres y las leyes de desarrollo de la producción social y de distribución de los bienes materiales, en las distintas etapas del desarrollo de la Sociedad humana, levantando el edificio de la economía política capitalista, un resultado facundo de la vuelta hacia la naturaleza, la sociedad, el hombre y su vida terrena, de la atención de la filosofía, las ciencias naturales y el pensamiento social en la Edad Media atados a la conexión del mundo y de la vida de la Teología, que los ponía a su servicio para mantener sumida en la opresión y la ignorancia a las masas trabajadoras, a fines del siglo XVIII y en vísperas de la gran Revolución Burguesa de Francia, quedaba integrada la concepción jurídica, política y económica adecuada no sólo al desarrollo capitalista de Francia sino del mundo. Cumplida la fase de la edificación ideológica de la nueva sociedad burguesa, alborean ya los grandes acontecimientos que en Francia terminarán de abrir el portón de la Historia de la nueva formación económico-social de la Humanidad, al régimen capitalista: La gran revolución democrático-burguesa de Francia no tardaría en ocupar el escenario del mundo. El régimen económico constitucional ha sido fundametnado hasta en las más altas cumbres o por los mejores exponentes de la Filosofía materialista francesa del siglo XVIII, la filosofía materialista clásica o del más alto nivel premarxista.

PROCESO REVOLUCIONARIO. Durante el período de la revolución (1789-1794) se produjo un deslinde ideológico-político de las diversas fuerzas antifeudales y se agudizó la lucha entre los ideólogos de la gran burguesía y los ideólogos de las capas democráticas pequeñas burguesas semiproletarias y proletarias; esta lucha se expresó también en el dominio de la filosofía y especialmente en la sociología.

FASE GIRONDINA DE LA REVOLUCION. Una vez en el poder, la gran burguesía, hizo publicar el 26 de agosto de 1789 la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”, aprobada por la Asamblea en esa misma fecha, y por el Rey el 5 de octubre del mismo año. En ella se proclamaban los derechos “naturales”, “inalienables” y sagrados del hombre, la igualdad jurídica formal de todos los ciudadanos, y se afirmaba el principio de la libertad individual, de la libertad de palabra, de cultos, la distribución equitativa de los impuestos, etc., etc. El derecho de propiedad privada se proclamaba también “sagrado e inviolable”.

El 3 de septiembre de 1791 ve la luz la primera constitución revolucionaria, que establece en Francia una forma representativa de gobierno, la monarquía constitucional burguesa con una división de los ciudadanos en “activos y pasivos” de acuerdo con el censo de bienes. En la declaración de 1789 y en la Constitución de 1791, la gran burguesía legitimó sus intereses. (39)

(39) M. A. Dynnik y otros: Ob. Cit. T. I. Pág. 508.

“La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano fue puesta a la cabeza de la Constitución de 1791, que así adquiere una estructura que se haría clásica para el desarrollo posterior del Derecho Constitucional positivo, y que ya se había puesto de manifiesto en algunas de las constituciones de las ex colonias inglesas en América. Tal estructura establece la distinción entre parte dogmática (derechos individuales, límites y obligaciones de poder público estatal) y parte orgánica (estructura: atribuciones y relaciones de los órganos del Estado).

“La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano es el triunfo más alto y la plasmación real más importante en el campo jurídico político de la razón, rescatada de los antros teocráticos” por la filosofía renacentista avanzada de los siglos XV-XVI Nicolás de Cusa, Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, afirmada por los pensadores avanzados del siglo XVII Galileo, Descartes, Spinoza, Libnitz, y afianzada por una parte de los grandes ideólogos prerrevolucionarios franceses del siglo XVIII Voltaire, Montesquieu, La Mettrie. La revolución no estará más en el origen del Estado, de los Reyes y el Derecho. La razón, apoyada en los grandes progresos económicos materiales y en el avance de las ciencias naturales, ha hecho suya la idea de Epicuro de que el Estado se basa en un contrato mutuo entre los hombres, en el contrato social (40) y encuentra el fundamento del Derecho en la misma naturaleza humana; El Estado, en adelanto sólo se justificará en tanto, a través de su estructuración jurídica, salvaguarde los derechos “naturales” del individuo, anteriores y superiores al mismo Estado y a sus leyes positivas. Y uno de estos derechos, el de mayor significación material y social, es el derecho de propiedad privada burguesa o capitalista. Así colocado en lo más alto, en el frontón mismo del nuevo edificio estatal, del Estado capitalista. Ha nacido el moderno Derecho constitutivo constitucional escrito, porque en los sucesivos tendrá a no cobrar existencia sino a través de su formal proclamación por un órgano legislativo, representativo y colegiado en un texto redactado sistemáticamente al efecto; y con esto ha pasado a diferenciarse en forma precisa, como parte de su misma esencia, lo que en adelante será régimen económico constitucional de los Estados capitalistas, cuya columna central es, precisamente, la forma burguesa de la propiedad privada de los medios de producción proclamada por la Revolución como sagrada e inviolable.

(40) M. A. Dynnik y otros: Ob. Cit. T. I. Pág. 122.

La participación de las masas campesinas, de los grupos pequeños burgueses y de la plebe urbana, el hecho de su carácter abiertamente político y el más alto grado de preparación ideológica en lo que cupo puesto de honor a la Filosofía materialista avanzada dieron a la Revolución Francesa un carácter democrático más profundo que el de la iglesia del siglo XVII, todavía preparada y ejecutaba bajo bandera religiosa. Por manera que aún en su primera fase la girondina, a la que corresponden la Declaración y constitución que estamos viendo, ejerció su influencia al pensamiento de los demócratas ilustrados. Por esto dice Manuel García Pelayo que la “Declaración, además de caracterizarse por su adhesión formal a los principios iusnaturalistas, y a los “derechos naturales” que nacen con el hombre uno de ellos el derecho de propiedad, a los que la ley sólo reconoce o declara pero no establece, bajo la influencia de Rousseau, parte de la bondad natural del hombre, agrega García Pelayo que lo decisivo desde el punto de vista jurídico político es que tales derechos naturales limitan la soberanía del Estado en cuanto que éste ha de actuar dentro de los límites que le imponen los mismos y, por consiguiente, bajo la soberanía de la ley; principio que se establecerá patentemente en la parte orgánica de la Constitución. La parte dispositiva de la Declaración contiene tres clases de disposiciones: las relativas a los derechos de libertad, las que se refieren a la igualdad y las que conciernen a otros principios de derecho público.

El carácter histórico concreto de la Declaración exprésase de modo claro en los derechos que regula: la libertad personal, la del pensamiento y su manifestación (palabra, escritura y prensa), y la de propiedad. Con el reconocimiento de la igualdad, piedra angular del elemento democrático de la nueva estructuración estatal, que hundía la estructura social francesa con su ordenación estamental: afírmase la igualdad natural, el derecho de todos a concurrir a la formación de la ley y a optar a los cargos públicos sin más distinciones que su capacidad, y sus virtudes y sus talentos; la ley es, en fin, la misma para todos, y la contribución se repartirá en proporción a la riqueza.

Otros principios de Derecho Público de la Declaración son: la separación de poderes y la soberanía nacional; sin división de poderes dice la declaración y sin el reconocimiento de las libertades individuales, “no existe constitución”, estableciéndose así una de las notas capitales del concepto nacional normativo de constitución.

Con la estructuración de la separación de poderes conságrase, como en la constitución de la Federación norteamericana, consagración expresamente confesada por uno de los propios redactores de ésta, el pensamiento político constitucional de Montesquieu.

Tanto de la declaración de derechos (at. 3º) como la constitución propiamente dicha (T. III y Art. 1º) parte de la afirmación de la soberanía nacional. Se plasma aquí la nueva base de la timación del poder del Estado en un concepto que se prestará en mucha medida a los juegos y recursos de la burguesía y otros grupos dominantes emplearán, y hasta constitucionalizarán, en su empeño por restringir, hasta donde les es posible, el acceso al ejercicio del poder público y de los derechos individuales proclamados a las clases económicamente débiles, medias, pequeño burgueses y trabajadores o desposeídos. Sobre esta base serán reestructuradas los órganos estatales; haciendo a un lado al teórico más consecuente del nuevo Estado democrático burgués, a Rousseau, cuyo concepto de soberanía popular era opuesto a los designios de dominación de la alta burguesía.

En vez de tender a consagrar el pensamiento político de Rousseau, que habiendo vivido en Inglaterra presenció de cerca la corrupción de la representación parlamentaria, se consagró el de uno de los ideólogos de los propios días de la Revolución, de Sieyés, quien excluye del concepto de nación a los estratos privilegiados al decir en su folleto de 1789, ¿qué es el tercer estado?, que para que una nación prospere son necesarios trabajos particulares y funciones públicas: que los primeros pesan exclusivamente sobre el tercer estado campesino y burguesía, y en su parte preponderante y penosa, también los segundos: que “el tiers abraza todo lo que pertenece a la nación, y lo que no sea el tiers no puede considerarse como perteneciente a la nación”; que en tanto un Estado está dividido en estados no constituye una nación. La nación es, para Sieyés, un cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y están representados por la misma legislatura”. La nación debe de ejercer sus poderes mediante representados. Era claro en esta concepción lo que sociológicamente significaba soberanía nacional: soberanía de una clase burguesa madura, económico y políticamente desarrollada, ilustrada y con patrimonio, depositaria de la razón y de las luces”; de un campesinado jurídica o formalmente libre pero que aún distaba mucho de la madurez política y de un proletario industrial incipiente, sumido en la miseria y desorganizado, que ni siquiera es considerado como fuerza política en los estribos de los pensadores políticos e historiadores. En la estructura de la representación exprésase de modo concreto el significado de la primera Constitución revolucionaria; con arreglo al sistema de sufragio quedan totalmente al margen de la actividad electoral unos tres millones de adultos, número que se amplia para los grandes superiores del sistema electoral.

La constitución establece otro principio fundamental del Derecho Público moderno: No hay en Francia autoridad superior a la de la ley: se afirma, así, el Estado de Derecho, no mandan hombres sino leyes, y los órganos del Estado son tales órganos y pueden exigir obediencia sólo en cuanto son expresión de la ley.

La Constitución es todavía monárquica, pero el rey ha pasado a ser delegado de la nación y ha quedado sujeto a las soberanías de la ley; ha quedado, pues, convertido en órgano del Estado; la antigua institución de derecho divino se ha transformado en órgano del derecho positivo. La rigurosa separación de poderes establecida, deja lugar a un manifiesto predominio del Legislativo; el rey no convoca, ni suspende, ni disuelve la Asamblea; tiene veto, pero sólo suspensivo; carece de iniciativa, si bien puede “invitar el cuerpo legislativo a tomar un objeto en consideración”. Formalmente, lo anteriores una acentuación de los elementos democráticos de la constitución de 1791, fruto de su primer momento de la Revolución, cuando la alta burguesía aún no es presa del temor de ver menguado su dominio que más tarde la llevó a posiciones contrarrevolucionarias y conservadoras. A su vez, la Asamblea diciendo de fiscalización sobre el Ejecutivo, pues la persona de rey era sagrada e inviolable, y los ministros sólo estaban sujetos a responsabilidad penal. El predominio de la Asamblea se manifestaba en las importantes atribuciones de índole ejecutiva que se le confirieron: nombramiento de los principales funcionarios, la vigilancia de la administración departamental, la declaración de la guerra, la ratificación de tratados, etc., pudiendo en determinados circunstancias proceder a la deposición del monarca. (41)

(41) V. Manuel García Pelayo: Ob. Cit. Págs. 175 y siguientes, 462-466.

Fase jacobina de la Revolución. La alta burguesía se vuelve reaccionaria y conservadora, Constitución de 1793.

“Asustada por el desarrollo y las proporciones del movimiento revolucionario de las masas populares, la gran burguesía emprendió el camino de la contrarrevolución.

Después de la expulsión de los girondinos del seno de la Convención y del establecimiento de la dictadura jacobina en 1793, se trazó un programa de transformaciones democráticas burguesas y se procedió a su realización. La Constitución jacobina de 1793, que no llegó a entrar en vigor por la guerra civil, defendía el principio de la soberanía popular siguiendo las ideas político-sociales de Rousseau, abolía el censo de bienes, la división de los ciudadanos en “activos y pasivos”, etc.…

La nueva declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que preceda a la Constitución de 1793, se distinguía de la declaración de 1789 por su carácter más acentuadamente democrático-burgués; pero también en ella se consideraba inviolable el derecho de propiedad de los ciudadanos.

La revolución alcanzó su más alto nivel durante la dictadura jacobina, que ajustó cuentas de un modo revolucionario al Feudalismo. El jefe político e ideólogo más destacado de los jacobinos fue Maximiliano Robespierre (1758-1794), discípulo de Rousseau, que propugnó la transformación revolucionaria, democrático-burguesa, de Francia.

Proclamada la República, la gran burguesía, que había traicionado a la Revolución y se había unido a los aristócratas realistas, emprendió el camino de la contrarrevolución. Rubespierre presentó un proyecto de Constitución, que tenía por fundamento teórico las ideas democrático-burguesas de Rousseau. El gran líder jacobino se apoyó en las capas pequeñas burguesas y, en cierto grado, en las masas semiproletarias derrotó a los girandinos.

Juan Pablo Marat (1743-1793), pensador social e investigador científico, fue el jefe político más destacado de la democracia pequeño burguesa. Criticó agudamente al régimen feudal-absolutista y, junto a esto, su concepción revolucionaria caracterizándose por el odio a los opresores de las masas populares, la defensa de los intereses de los pobres frente a los ricos y el reconocimiento del sagrado derecho del pueblo a rebelarse contra sus opresores. Calificó la Declaración de 1789 de engaño de las masas populares y llamó a éstas a profundizar más y más la revolución.

Los intereses de las capas bajas revolucionarias del pueblo eran expresados por los ebertistas, que formaban el ala más radical de los jacobinos. Los ebertistas contraponían el culto católico otro de carácter antirreligioso: “el culto patriótico de la Razón”.

Al lado de las masas populares revolucionarias estaban resueltamente Graco Babeuf (Francisco Noel, 1760-1797), quien criticó la constitución de 1791, la significación explotadora de las libertades burguesas, y, desde las posiciones del comunismo utópico, se manifestó a favor de la supresión de la propiedad privada y de la instauración de un régimen comunista o “sociedad de los iguales”. (42)

(42) V. M. A. Dynnik y otros: Ob. Cit. T. I. Págs. 508-512.

Constitución de 1793. La monarquía fue destuida el 10 de agosto de 1792, y el decreto de 21-22 de septiembre del mismo año dice en su Art. 1º que “la Convención Nacional decretada por unanimidad que la realeza es abolida en Francia”. Se instituye un gobierno revolucionario que concentra en sí todos los poderes y que pasa por tres etapas: en la primera, todo el poder pertenece a la totalidad de la Convención, que en 1793 aprueba la Constitución del período jacobino, cuya acentuada tendencia democrática hace que lleve en su seno la confusión de poderes. La declaración de Derecho que hoy proceda la Constitución y reproduce la mayoría de los de 1989 y expresa un nuevo ideal; social al no reconocer la “domesticidad” de los servicios, que reduce a puras relaciones contractuales, y al establecer el deber de la sociedad de proporcionar socorro, subsistente y trabajo a los ciudadanos que lo necesiten; uno de los derechos proclamados es el de la insurrección.

La constitución no habla de soberanía nacional sino de “soberanía del pueblo”, y manifiesta su carácter democrático, en lo orgánico, en las notas siguientes:

a) El sufragio es universal y directo, y el mandato de los representantes dura solamente un año, principio genuinamente democrático cuyo fin es reducir más que es posible el desgarramiento de la voluntad de los representados. A los mandatarios y gentes del pueblo, por otra parte, la Constitución no otorga inviolabilidad;

b) Las leyes quedan sometidos a la sanción popular; un proyecto aprobado por la Asamblea necesita, para convertirse en ley, que en un plazo de cuarenta días no haya sido objeto de la protesta de la mitad más uno de los colegios municipales. En caso contrario, había que someterlo a una especie de referéndum. Se trata, en definitiva, de un sistema con importantes elementos de democracia directa, pues, además; la iniciativa de reforma constitucional pertenece también al pueblo, y es llevada a cabo por una Asamblea especialmente elegida para ello;

c) El cuerpo legislativo reúne el conjunto de los poderes legislativos y ejecutivos; sus actos, en el primer aspecto, son leyes, en el segundo, decretos. Elige un Consejo ejecutivo de 24 miembros, “encargado de la dirección y vigilancia de la Administración general; no puede actuar más que en la ejecución de las leyes y de los decretos del cuerpo legislativo”. Este consejo nombra, fuera de su seno, a los “Agentes en jefe de la Administración general” que no constituían colegio, y cuya revocatoria correspondía a dicho Consejo Ejecutivo, en tanto que era atribución del legislativo la fijación de su número y funciones.

Con la estructuración expuesta, el legislativo resultaba poderoso y el gobierno dividido en dos órganos; un ejecutivo superior numeroso y una especie de Ministerio en doble dependencia del Consejo Ejecutivo y del cuerpo legislativo.

Constitución del año III.- Fue redactada después de la derrota de los partidos revolucionarios. De ahí que se caracterice por su sentido conservador. También es precedida de una declaración de derechos (y de deberes) de los ciudadanos. Los derechos proclamados lo son con menos entusiasmo y énfasis que en las constituciones anteriores, y en menor número ya porque desaparezcan definitivamente del texto constitucional (como el derecho al trabajo, a los socorros públicos y a la insurrección), ya porque pasan a formar parte del título XIV de la Constitución bajo la rúbrica de “Disposiciones generales” (libertad de opinión, de expresión del pensamiento y de palabra).

La soberanía ya no se hace residir en la “nación” (como en 1791), ni en “el pueblo” (como en 1793), sino en la “universalidad de los ciudadanos franceses”, y la ley queda definida como “la voluntad general expresada por la mayoría de los ciudadanos”; de donde que interesa saber quiénes eran los ciudadanos; según la constitución, para ser ciudadano era necesario, además de las circunstancias ordinarias, pagar una contribución directa que para el derecho de sufragio, fue valorada más tarde entre 150 y 200 jornadas de trabajo. Y a esta limitación cuantitativa de los ciudadanos activos uníase la cualitativa de sus atribuciones, que quedaban reducidas a la elección de los representantes, y aún esto, por sistemas indirectos, y con arreglo a una regulación estricta, fruto de la desconfianza.

En el aspecto orgánico establece la más rígida separación de poderes reconocida en la historia de Francia y, por primera vez, el legislativo se fracciona en dos Cámaras: el Consejo de los Quinientos y el Consejo de los Ancianos. El curso de la Revolución había revelado que la identificación del Ejecutivo y Legislativo, en ventaja del segundo, presentes elementos democráticos de la estructuración de una forma de gobierno, es un factor poderoso de ahondamiento, extensión y afianzamiento de dichos elementos democráticos en deterioro de los elementos liberal individualista cuyo predominio favorece el dominio de las clases poseedoras dominantes. De aquí que se estableciera la rígida separación de poderes que se dice: y no sólo se da este paso sino que, además divídese al mismo Poder Legislativo en dos Cámaras mencionadas, todo junto con las regulaciones de la ciudadanía y de los derechos electorales, a efecto de restringir el despliegue real de la así menguada democracia política burguesa.

El Consejo de Ancianos aprobada o rechazaba en bloque lo votado por el de los Quinientos, y ambos eran permanentes y renovables por tercios todos los

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Este párrafo está incompleto en la Tesis.

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No se instituye Jefe de Estado; el Poder Ejecutivo confíase a un Directorio de cinco miembros elegidos por los Consejos, y la separación entre Ejecutivo y Legislativo es absoluta; por parte del primero no existe proposición, iniciativa, ni realmente, voto, ni derecho de disolución; y el Legislativo no podía influir sobre el Ejecutivo. (43)

(43) V. Manuel García Pelayo: Ob. Cit. Págs. 466-469.

Con la Cn. del año III llega a su fin el proceso revolucionario de plasmación positiva de las concepciones jurídico-políticas burguesas. La revolución ha desembocado ya, más o menos, en lo que la correlación de las diversas fuerzas sociales internas que la han protagonizado, en definitiva logrará que sea la superestructura estatal bajo la cual el nuevo régimen económico o modo de producción capitalista de Francia pronto iniciará su período ascensional y consolidará con ello su nueva estructura social.

La Revolución Francesa tiene, además, en el campo de la cultura material y espiritual, el significado de que en la pluma de sus grandes pensadores y en la espada de Napoleón cambiaron la faz política feudal del mundo para darle una ya en tránsito hacia su desarrollo capitalista.

El régimen económico constitucional, imbíbito en la propia esencia del nuevo régimen político constitucional burgués o capitalista, emerge con éste, naturalmente, como fruto ya maduro del desarrollo de la base material o económica de Francia transcurrido, a través de sus relaciones capitalista de producción, dentro del mismo régimen social de Francia posterior al período de su Revolución burguesa, estarán más o menos en armonía, dentro de lo que lo permite el carácter dialéctico del desarrollo de la Sociedad, para permitirle un avance acelerado: a) su superestructura jurídico-política en su forma democrático-burguesa, a ratos más liberal o mucho más liberal que democrática (como bajo la restauración); b) su régimen económico constitucional afianzado como esencia de dicha superestructura; c) su base o estructura material o económica; d) la Economía política de la hora, clásica, liberal o capitalista, entonces en plena concordancia con el desarrollo alcanzado por la economía mundial. Dicho régimen económico constitucional es parte del régimen general de libertad garantizado por el Estado liberal democrático y adquiere su expresión más concreta, en la libertad o derecho de propiedad individualista burguesa o capitalista.

2.- CRISIS DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA.

Para reemplazar los medios de producción y de vida (máquinas, alimentos, ropa, etc.) sometidos a continuo desgaste y consumo, los hombres han de producir nuevos bienes materiales. Este proceso de renovación constante de la producción se denomina reproducción, la cual tiene lugar lo mismo dentro de cada empresa que en cuanto a la Sociedad en su conjunto se refiere”. La producción es simple, cuando el volumen de la producción no varía, y ampliada cuando el proceso de producción se repite cada año en escala ascendente. Lo propio de capitalismo es la reproducción ampliada”.

El resorte que mueve a la ampliación de la producción bajo el Capitalismo es el deseo de obtener una masa de plusvalía cada vez mayor; a ello mueve también la competencia. “El incremento preferente de la producción de medios de producción es la ley económica de toda reproducción ampliada. De otro modo ésta no podría tener efecto”.

“La tendencia de los capitalista a aumentar ilimitadamente la producción, en unas circunstancias en que el consumo se ve reducido al estrecho marco de la demanda solvente de las masas, halla una salida en el incremento preferente de la producción de medios de producción. La ampliación de la producción de medios de producción bajo el capitalismo, a la vez que una expresión del progreso técnico, es como un refugio provisional para eludir las dificultades de venta originadas por las insuficiencias solvencias de las masas. Ahora bien, la ampliación de la producción, cuando la producción de artículos de consumo se ve limitada por los bajos ingresos de las grandes masas, conduce periódicamente a crisis de superproducción. Como la meta final de la producción es la producción de artículos de consumo, la última de todas las crisis económicas de superproducción, según indica Marx, es la miseria y el limitado consumo de las masas”. He aquí la contradicción fundamental del capitalismo, la que se produce entre el carácter social de la producción y la apropiación capitalista de los bienes producidos.

“La crisis económica es la superproducción de mercancías, la agravación máxima de dificultades para su venta, la caída de los precios y el rápido descenso de la producción. Durante la crisis crece bruscamente la desocupación, desciende los salarios de los obreros que todavía trabajan, las relaciones de crédito se trastornan y sobreviene la ruina de muchos patrones, especialmente de los pequeños.

“Durante la crisis y en el período de depresión que ordinariamente sigue a ella los “stocks” de mercancías se van realizando poco a poco a bajo precio (los precios experimentan una caída). Movidos por el deseo de aumentar la productividad del trabajo, para obtener una ganancia aún con precios bajos, los capitalistas empiezan a renovar el equipo de sus empresas. El mercado se reanima poco a poco y luego experimentan un auge. Esta sucesión de crisis, depresión, reanimación y auge, para volver de nuevo a la crisis, demuestra que la producción capitalista de desarrollo cíclicamente, es decir, que realiza una rotación en la que se repiten una misma fase… La reproducción ampliada capitalista no es un proceso continuo. La sucesión de ascensos, caídas y depresiones, las interrupciones constantes en el incremento de la producción son Ley de la reproducción ampliada capitalista”.

Las crisis son un producto de la contradicción fundamental del capitalismo, existente entre el carácter social de la producción y la apropiación privada del fruto del trabajo. “El carácter social de la producción se manifiesta, primero, en el desarrollo de la especialización de la producción y de la división del trabajo entre las empresas y ramas de la economía, donde las distintas ramas son parte integrante del proceso social de producción en empresas cada vez mayores. Lo uno y lo otro crean enormes posibilidades para que la producción se ensanche. En el período de reanimación, y especialmente en el de auge, el formidable que experimenta la producción, afecta sobre todo a la producción de medios de producción. Mientras se construye nuevas fábricas, líneas férreas, centrales eléctricas, etc., crece en cierta medida la demanda de nueva mano de obra, y por consiguiente, de artículos de consumo, pero este incremento está lejos de hallarse a la altura del que experimenta la demanda de medios de producción. De ahí que tarde o temprano, en virtud de la anarquía de la producción, que en sí encierra el capitalismo, las enormes posibilidades de la gran industria para su ampliación acaban por chocar con los estrechos límites del consumo, con la incapacidad de los mercados para ir a la par del incremento de la producción. La gran masa de productos lanzados al mercado no puede ser absorbida por el comprador medio, pues a ello se opone la limitación de su demanda solvente, de sus ingresos.”

“La acumulación en los medios de producción explica en el carácter periódico de las crisis”. “El bajo nivel de los precios y la agudización de la competencia en el período de depresión obliga a los capitalistas a reemplazar el equipo normalmente envejecido por otro nuevo, es decir, a renovar el capital fijo (utillaje, máquinas, instrumental). A fin de no quedarse atrás de sus competidores, cada patrono trata de disminuir los gastos de producción mediante perfeccionamiento técnico…” La crisis escribía Marx es siempre el punto de partida para nuevas y grandes inversiones de capital. Por consiguiente, si tomamos la sociedad en su conjunto, la crisis crea, en mayor o menor grado, una nueva base material para el siguiente ciclo de rotaciones”. (C. Marx, El Capital, T. II. 1955, Págs. 182 Ed. En ruso.).

“Las crisis son prueba de la creciente discordancia que existe entre las relaciones burguesas de producción y el carácter de las contemporáneas fuerzas productivas. Las crisis de superproducción son una muestra irrefutable del carácter limitado del modo capitalista de producción, de su incapacidad para abrir amplios horizontes al desarrollo de las fuerzas productivas.

Las crisis demuestran que la sociedad moderna podría proporcionar una cantidad incomparablemente mayor de productos destinados a mejorar la vida de los trabajadores si los medios de producción no se emplearan para obtener una ganancia capitalista, sino para satisfacer las demandas de todos los miembros de la sociedad.

“Los avances de la gran industria maquinizada, de la agricultura y las demás esferas de la economía nacional traen como resultado que para la producción de una misma cantidad de productos se necesite cada vez más reducido de obreros. Dicho con otras palabras, el desarrollarse el capitalismo, la parte del capital invertida en medios de producción (capital constante) crece, mientras disminuye la parte invertida en la fuerza de trabajo (capital variable).

Este crecimiento más rápido del capital constante que del variable trae consigo un descenso relativo de la demanda de mano de obra en la producción, aunque el número total de obreros crece a medida que el capitalismo se desarrolla. Bajo este sistema, el progreso técnico condena a la desocupación de millones de hombres…

A. Smith y D. Ricardo suponían que la demanda de mano de obra aumenta proporcionalmente al incremento de la producción y que en el curso de la acumulación capitalista, la situación de la clase obra ha de mejorar obligatoriamente. Lo que en realidad ocurre es que la acumulación capitalista acelera el desplazamiento de los obreros por la máquina y crea el ejército industrial de reserva.

Cuanto mayor son las riquezas sociales, el capital en funciones, el volumen y la energía de su crecimiento, y mayores también, por tanto, la magnitud absoluta del proletariado y la capacidad productiva de su trabajo, tanto mayor es el ejército industrial de reserva… La magnitud relativa del ejército industrial de reserva, crece, por tanto, conforme crecen las potencias de la riqueza. Y cuanto mayor es este ejército de reserva en proporción al ejército obrero activo, más se extiende la masa de la superpoblación permanente, cuya miseria se halla en razón directa a los tormentos del trabajo del ejército obrero activo… Tal es la ley general, absoluta, de la acumulación capitalista. (C. Marx y F. Engels, Obras. T. 23, 1960, Pág. 659, Ed. En ruso).

Cuanto mayor es el ejército industrial de reserva, tanto peor es la situación de los obreros ocupados, porque el capitalista puede despedir a los obreros descontentos y “exigentes” valiéndose de que siempre encontrarán quien los sustituya entre los desocupados.

Bajo el dominio de la propiedad capitalista sobre los medios de producción, el progreso técnico significa el aumento de las ganancias de los capitalistas, mientras que las grandes masas de la población ven que su situación se agrava y que cada vez pueden satisfacer menos sus necesidades”.

La economía clásica o liberal o capitalista, a pesar de los importantes descubrimientos que se apuntó en su saber, fue incapaz (por su carácter clasista, por sus ataduras a los intereses de la clase capitalista) de revelar hasta el fin las contradicciones del capitalismo. Cuando la clase obrera crece amenazadoramente frente a los intereses de la clase proletaria, los economistas clásicos hacen a un lago el análisis científico de las leyes del desarrollo social. En 1830 se habían delimitado ya claramente en Europa Occidental las contradicciones antagónicas de la burguesía y la clase obrera. “A partir de este momento escribe Marx la lucha de clases, práctica y teórica, comienza a revestir formas cada vez más acusadas y más amenazadoras. Al propio tiempo suena la hora de muerte para la economía científica burguesa. En adelante no se trata ya de si es justo o no u otro teorema, sino de si es útil o nocivo para el capital, de si es ventajoso o desventajoso, de si concuerda o no con las ordenanzas de la policía. La investigación desinteresada cede su lugar a las batallas de los escritores a sueldo, la imparcial búsqueda científica es reemplazada por una apología preconcebida y servil”. (C. Marx, El Capital. T. I. Pág. 13, Ed. En ruso).

La primera crisis general de superproducción tuvo lugar en Inglaterra, en 1825. A partir de entonces se vinieron repitiendo, primero cada diez años aproximadamente y luego en períodos menos determinados. Entre 1825 y 1838, Inglaterra conoció trece crisis económicas”. En los otros países capitalistas, que entraron posteriormente en la vía de la gran industria maquinizada, Francia acelera su industrialización a partir, más o menos de 1815, Alemania al iniciarse la segunda mitad del siglo XIX, la crisis tardaron algo más en manifestarse. (44) Consíderase lo que sufrirían las masas trabajadoras de la industria de los países capitalistas europeos, cuando se iniciaron las crisis de superproducción, si en 1814 ordena el gobierno inglés una encuesta para conocer las condiciones de vida de los obreros y se obtiene el siguiente resultado: “15 y 16 horas de trabajo; salarios de hambre; tiendas de raya; falta absoluta de higiene en los centros de trabajo; utilización de las mujeres y de los niños en grandes proporciones, a cambio de salarios muy reducidos”, y “si en el año de 1828 rindió un informe el general Von Horn al Rey de Prusia, en el que decía: “la utilización del trabajo de los niños agota prematuramente el material humano y no está lejano el día en que la actual clase laborante no tenga más sustituto que una masa físicamente degenerada.” (45)

(44) V. Otto V. Kuusinen y otros: “Manual de Marxismo-Lenninismo”. Págs. 210-215; 189 y 190.
(45) Mario de la Cueva: “Derecho Mexicano del Trabajo”. T. I. Págs. 23 y 30.

Las leyes fundamentales del desarrollo capitalista descubiertas por la Escuela Liberal resultaron verdaderas; su vigencia solo es parte del régimen económico capitalista, constitutivo de una fase necesaria del desarrollo de la sociedad. Pero este modo, lo mismo que los precedentes, el Esclavismo y el Feudalismo, basados en formas privadas de propiedad, descansa o consiste en un proceso dialéctico contradictorio diferenciado y complejo, en que unas clases, las poseedoras de los recursos y riquezas económicas de la comunidad, desarrollándose sobre el sacrificio de otras. Es decir, que la economía liberal sólo acertó en el descubrimiento y análisis de una parte de las leyes y principios “naturales”, objetivos del “orden natural”, que decían los fisiócratas, propiamente del desarrollo de la sociedad, y más concretamente, del proceso de las producción social.

3.- DEMOCRATIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES Y LOS ESTADOS CAPITALISTAS, CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS NUEVOS PRINCIPIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN ECONÓMICO CONSTITUCIONAL. DEFINICIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO CONSTITUCIONAL. ALCANCES REALES DE LOS NUEVOS Y MÁS AVANZADOS REGÍMENES ECONÓMICOS CONSTITUCIONALES CAPITALISTAS. REGÍMENES ECONÓMICOS CONSTITUCIONALES LIBERALES, SOCIALISTAS Y REGÍMENES ECONÓMICOS CONSTITUCIONALES LIBERALES INTERVENCIONISTAS. RÉGIMEN ECONÓMICO CONSTITUCIONAL COMUNISTA O SOCIALISTA PROPIAMENTE DICHO.

Reveladas tan dramáticamente por la misma realidad las leyes y principios del régimen económico capitalista no descubiertas y más tarde no aceptadas por la Escuela Liberal, la misma clase obrera emprende la lucha, precisamente desde 1830, en Francia e Inglaterra, principalmente para moderar los efectos de dicho régimen en las condiciones materiales de subsistencia de las masas populares. A mediados del mismo siglo XIX dicha clase empieza a cobrar conciencia clara de la necesidad de que sus esfuerzos no se limiten sólo a alcanzar la humanización de las condiciones de trabajo y un ascenso del nivel de salarios y de vida; de que también debe perseguir la democratización del régimen político como medio de alcanzar el primer objetivo y de aproximarse a la posibilidad de instaurar desde las mismas posiciones del poder público el Régimen Económico y social que habrá de suceder al capitalista.

En esfuerzo común con la clase media, que habrá ascendido a fuerza política activa en virtud de la reforma electoral de 1831, la clase obrera francesa plasma los primeros efectos de su nueva actitud en la Constitución de 1848.

“Decisiones políticas fundamentales de la nueva constitución son la República Democrática y el reconocimiento de derechos y deberes anteriores y superiores a las leyes positivas; toma como principios la libertad, la igualdad y la fraternidad, y como bases la familia, el trabajo, la propiedad y el orden público. Así… junto a la tradición… individualista entran en consideración instituciones y valores de carácter social. La Tabla de Derechos es más amplia que la de las constituciones monárquicas, pero el interés fundamental de la constitución en este aspecto radica ante dodo en que por primera vez, si bien de una manera tímida, se establecen derechos de individuos y de corporaciones a prestaciones del Estado. La República debe proteger a cada uno en su persona, su familia y su trabajo; debe hacer accesible a todos, la instrucción indispensable, asegurar la existencia de los ciudadanos necesitados, ya proporcionándoles trabajo, ya mediante socorros, hasta la constitución alemana de 1919, es decir, hasta las organizaciones obreras no adquirieron influencia constituyente, no se encuentran derechos parecidos en ningún texto constitucional…

A partir de la constitución de 1848 el sufragio universal y directo quedó para siempre restablecido en Francia. (En el sistema de sufragio de la ley de 1831 el censo electoral había sido rebajado a 200 francos y el de elegibilidad a 500; y 25 y 30 años, respectivamente, las edades para ser electo y elegido. Esto suponía que el número de electores pasaba de 90,000 a 200,000 en una nación que contaba con 35,000,000 de habitantes). (45-A)

(45-A) Manuel García Pelayo. Ob. Cit. Págs. 480-482.

En Inglaterra, el proceso de democratización del sufragio iníciase hasta que dicho país ha llegado a ser la primera potencia industrial del mundo. “La reforma de 1867 entiéndese el sufragio a la pequeña burguesía de las ciudades y al arrendatario medio de los campos, pero quedan excluidos los obreros y los pequeños campesinos; una ley de 1873 establece el sufragio secreto, la reforma de 1884 extiende el sufragio a la mayoría de los cabezas de familia, sobre todo del campo; la de 1918 establece el sufragio universal masculino y para las mujeres de más de 30 años; la reforma de 1928 los extiende a todos los ingleses, sin discriminación de sexo mayores de 21 años, y la de 1948 procede a abolir los últimos restos de representación corporativa”.

“El parlamento no es una institución originariamente democrática, sino que surgida en la Constitución estamental se convierte más tarde en órgano de las monarquías liberales, pero no todavía democráticas. Más, como a partir de mediados del siglo XIX la democracia comienza a insertarse plenamente en el Estado liberal, el Parlamento se convierte en instrumento inexcusable para la identificación de la voluntad popular con la ley y, consecuentemente, se inicia el proceso de su democratización, cuyos momentos capitales son los siguientes:

La introducción del sufragio universal en la elección de sus miembros…

La eliminación de los elementos no democráticos, lo que se manifiesta, sobre todo, en un ataque a las Cámaras Altas, mediante…: supresión pura y simple; limitación de sus atribuciones, intervención de elementos populares en su elección…

Más, con la eliminación o neutralización de la Cámara Alta, no sólo se democratiza la composición del Parlamento sino que se democratiza también el proceso legislativo, toda vez que se suprima uno de los frenos característicos que el régimen liberal oponía a voluntarismo democrático, del que era expresión la Cámara popular y frente a la que actuaba como correctivo una segunda Cámara que se decía más alejada a la vehemencia e impresiones del momento.

Convertido el Parlamento en órgano popular más propiamente, democratizado, la democratización se acentúa en cuanto éste ha atraído a sus competencias la fiscalización de los actos del ejecutivo, de modo que la permanencia del gobierno en el poder depende de la confianza del Parlamento.

Democratización del Ejecutivo.

Sistema Parlamentario: en el caso de las Repúblicas, el jefe de Estado es normalmente elegido por el Parlamento, y como se trata de una elección en la que el cuerpo electoral ha intervenido indirectamente, está dentro de la lógica democrática que goce de menos autoridad y competencias que el Jefe de Estado de tipo presidencialista; en general carece de veto y nombra a los ministros, sin embargo el gobierno es responsable ante el Parlamento, si bien y a pesar de tal responsabilidad, tiene una esfera de sesión independiente de la Cámara, puede dimitir y le corresponde, sobre todo, trazar las directivas y no sólo llevarlas a cabo…

Sistema Convencional: en el que el gobierno es un mero Comité Ejecutivo de la Asamblea, nombrado y destituido por ésta.

Sistema Directorial: el gobierno es elegido por el Parlamento, que teóricamente traza también las directivas políticas, pero no puede ser destituido por éste, teniendo ambos igual duración.

Democratización de la Justicia.

“Se ha manifestado en la Institución del jurado, en el nombramiento por elección popular de algunas categorías de Jueces en la participación de representantes mediata o inmediatamente populares en algunos tribunales, especialmente de naturaleza política, en el nombramiento de altos funcionarios judiciales por el Parlamento y, en situaciones revolucionarias, en los tribunales populares. (46)

(46) V. Manuel García Pelayo. Ob. Cit. Págs. 177 y siguientes y 189 y siguientes.

El proceso de democratización iniciado culminará más tarde en una positivización del régimen económico constitucional. Las modestas conquistas de la constitución francesa de 1848, cuyos antecedentes encuéntranse ya, muy anticipada o temprana e inequívocamente en la constitución jacobina de 1793, son ya el primer paso hacia tal positivización.

El estado liberal, cuya estructura resultó propia para hacer efectivo el respeto al carácter proclamado sagrado de la propiedad capitalista de parte, precisamente, de quienes nada poseían que no fuera su fuerza de trabajo, las clases trabajadoras, y, para garantizar sobre la opresión de éstas, la libertad y democracia plenas de la burguesía, pasa en un primer momento a moderar su función de gendarme, una de las muy pocas positivas que ejerce: la huelga, la condición y la asociación profesional, prohibidas y hasta elevadas a la entidad de hechos delictivos en los códigos penales, pierden estas calidades, iniciándose así la democratización de las mismas relaciones económicas o sea de la economía.

Posteriormente, los trabajadores obtienen la existencia legal de sus asociaciones y sindicatos, y, consecuentemente la posibilidad jurídica de celebrar contratos colectivos de trabajo con los patronos. (47)

(47) Mario de la Cueva. “Derecho Mexicano del Trabajo”. T. II. Pág. 245 y T. I. Pág. 26.

Los anteriores logros tradujéronse en la elevación de los salarios y humanización de las condiciones de trabajo.

La potencia del movimiento obrero y la competencia de Inglaterra en el mercado internacional, obligan al gobierno Alemán a la promulgación de un “derecho del trabajo, que fue, en su época, la legislación más completa de Europa”, a concretar, también, esta política social en el establecimiento legal de los seguros de enfermedad en 1883, de accidentes en 1884 y de vez e invalidez en 1889; y aparte de estas disposiciones, que pretendían poner a salvo de los movimientos de los trabajadores a la burguesía alemana, a otras de protección y promoción de la industria nacional. Es decir, el Estado alemán contradice con una actuación positiva en el campo social, que vendrá a llamarse intervencionismo en Economía, la aplicación radical del Liberalismo económico, que la clase capitalista empeñábase en mantener.

Con parte del contenido ideológico de la crítica y la lucha librada contra la expoliación de la clase obrera que caracteriza a todo el período manufacturero y parte del período ascensional del Capitalismo, se forma un cuerpo de doctrina de la nueva rama del Derecho que ha venido a ser el Derecho del Trabajo.

El contenido de este nuevo sistema jurídico divídese en dos partes:

a) El núcleo, formado por las instituciones destinadas a la protección inmediata del trabajador: Derecho Individual del Trabajo, Derecho Protector de las mujeres y de los menores, y Previsión Social;

b) Envoltura protectora o medidas de garantías, Derecho Colectivo del Trabajo, Autoridad del Trabajo, y Derecho Procesal del Trabajo; cuya finalidad es asegurar la creación y la vigencia de las condiciones humanizadas de trabajo.

De la segunda parte, el Derecho colectivo de Trabajo comprende los siguientes institutos: Libertad de Coalición, Asociación profesional, huelga, contrato colectivo de trabajo, instrumentos o institutos o formas jurídicas por medio de los cuales edifícase el Derecho del Trabajo del siglo XIX, pues… “al negarse el Estado a dictar una reglamentación detallada de las condiciones de trabajo, se vieron obligados los obreros a buscar directamente, en pactos colectivos con los empresarios, esa reglamentación que el Estado no dictaba y se negaba a dictar”.

Poco a poco el Derecho común fue siendo modificado en sus principios y la legislación secundaria obligada a dar cabida a las instituciones relacionadas.

Este curso de democratización de los estados y sociedades capitalistas culmina en la constitucionalización de los principios fundamentales de lo que ha sido llamado “Derecho Social”, comprensivo: a) de los principios que fundamentan el Derecho del Trabajo positivo que es desarrollado en la legislación secundaria; y b) de principios que, asidos en el carácter eminentemente cooperativo o interdependiente o social del proceso productivo capitalista, fundamental una nueva conducta de los Estados Capitalistas en el campo de la producción social. El Estado burgués pasa a constituirse con nuevos elementos ideológicos plasmados en reglas y principios económico-político-jurídico que le imponen una conducta no ya económicamente abstencionista o positiva o negativa, como la que le imponía la vieja concepción del laissez faire, laissez passer, que Carlyle definió como “la anarquía con policías”, (48), sino de contendido positivo, activa por principio; en la que el Estado no es ya el simple gendarme que vela por la seguridad del derecho de propiedad o que garantiza la vigencia de una libertad económica individualista absoluta sino que, además de velar por la humanización de las condiciones de trabajo, debe imponer una distribución de los frutos de la producción social lo menos injusta que sea posible y promover en forma directa el desarrollo económico nacional a efectos de alcanzar o hacer posibles condiciones materiales de existencia de todos los habitantes del Estado dignas de la persona humana.

En los textos constitucionales se crean nuevos títulos destinados a la configuración de un régimen social en el nuevo concepto que se acaba de expresar, en el que “el carácter de los derechos que se protegen cambia en absoluto”, porque ya no se trata sólo de los derechos individuales tradicionales sino, además, de derechos y garantías del trabajador en cuanto a tal considerando en la doble dimensión de factor económico fundamental y de ser humano con necesidad de superación integral, del Sindicato de la Familia, de la Cultura y de todo aquél que colocado en supuestos reales de necesidad e incapacidad requiere la asistencia del poder público para subsistir en un plano de dignidad humana. (49) Y los derechos protegidos “no son meras declaraciones de derechos que pretenden ser declaraciones de garantías. Los mismos derechos individuales tradicionales pierden su fundamentación y alcances absolutos que recibieron en su concepción iusnaturalista para devenir razonados en su origen por “la existencia fundamental de la sociedad misma” fuera de cuyo seno el individuo como sujeto de derechos no puede existir, ni ha existido nunca; (50) la parte a la que todavía se llama dogmática es integrada no como consagración de derechos naturales, sino como conceptualización jurídica de un ideal de cultura”; (51) todo a efectos de que el Estado, a quien corresponde obligatoriamente la garantía y satisfacción de los nuevos derechos sociales, pueda, con estos fines, extender eficazmente su acción a las zonas de la vida social, política y económica”, sin más limitaciones que el propio interés colectivo y reconocimiento de un mínimo de libertades individuales, aceptando por la voluntad social como indispensable para que la solicitud que la solidaridad pueda cumplirse y desarrollarse a la vez”.

Como reza la “Exposición de Motivos” del Proyecto de la Constitución Política Salvadoreña de 1950, existe mucha diferencia entre las constituciones vigentes, en lo que se refiere a las denominaciones de los títulos en que se distribuye la materia…” (52), es decir, que no existe un criterio uniforme en cuanto al ordenamiento en los textos constitucionales contemporáneos de las diversas partes integrantes de la constitución en cuanto norma escrita suprema destinada a regir la vida de un pueblo o nación constituida en Estado. Los cambios económico-sociales de las Sociedades Políticas contemporáneas, luego de trascender a las superestructuras jurídica-políticas de las mismas, rompieron la forma típica, ya se podía decir universal, de las cartas constitucionales liberal-individuales, en las que la materia constitucional era dividida en dos partes fundamentales, dogmática y orgánica, agregadas de una tercera, la sistemática; y de las cuales, la dogmática, acorde con la concepción simplificadora liberal-individualista del Estado, no ofrecía la variadísima materia socio-económico-cultural o tratar o regular que hoy día. Tal parte dogmática, redújose en las constituciones francesas, del tipo dicho, a la “Declaración de Derechos” de 1789, o de otros años de la Revolución de 1780-1794, puestas a la cabeza de los textos constitucionales; con la variante de que en algún caso se incluyeron derechos, propios de tales declaraciones, en el título de las “Disposiciones Generales”. O bien redújose, dicha parte dogmática, en las constituciones de otros países, como en las centroamericanas, al título de las “Garantías de la libertad individual”; a veces sólo llamado título de “Derecho y Garantías” o de “Derechos y deberes garantizados por la Constitución”, por sobreentenderse su naturaleza individualista pues no existían otros que las constituciones políticas garantizasen.

(48) Paul A Samuelson: “Curso de Economía Moderna”. Pág. 190.
(49) Mario Flores Macall: “El Derecho Natural y la Constitución Política Salvadoreña de 1950”, en Revista “La Universidad”, números 3 y 4 de julio-diciembre/58, S.S. Pág. 79.
(50) V. Mario Flores Macall: Ob. Cit. Pág. 80.
(51) V. Documentos Históricos de la Constitución Política Salvadoreña de 1950. “Exposición de Motivos”. Pág. 37.
(52) V. Documentos Históricos de la Constitución Política Salvadoreña de 1950. “Exposición de Motivos”. Pág. 37.

Lo importante, para nuestro tema es que, sea en forma propia o aislada, como en el caso de la Constitución nuestra o salvadoreña actualmente vigente, es decir en título propio (Título IX, Régimen Económico, Art. 135 y siguientes), o imbíbito en o como parte de otros títulos en los que se desarrollan o regulan otras cuestiones sociales, como el régimen de trabajo, o hasta como ampliación y adaptación del antiguo régimen de Derechos y garantías individuales, se da en forma o mejor diferenciada cual se regula la nueva actitud y conducta positivas del Estado Capitalista en el campo de la producción social.

Como en la antigua concepción liberal-individualista, la base o columna central de tal régimen económico constitucional viene a ser, como no puede ser de otra manera, el derecho de propiedad privada capitalista, pero ya no con su carácter individualista absoluto destinado a servir exclusiva y plenamente los intereses y voluntad de la base poseedora y dominante; sino con la nueva característica derivada de la función social que debe desempeñar en cuanto factor de producción de bienes, riqueza social destinada a asegurar a los habitantes del Estado condiciones materiales de existencia dignas del ser humano, o sea que ofrezcan la posibilidad de goce efectivo de la “libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”.

Alrededor, pues, del nuevo concepto de propiedad privada capitalista se rige el edificio superestructural del nuevo régimen económico constitucional capitalista: a) con elementos o principios de la antigua concepción económico-jurídico-política liberal todavía conservados en sus alcances originarios como los destinados a defender el modo de producción capitalista de las viejas instituciones económicas feudal-clericales que entorpecían o trataban de libre circulación y disposición de bienes o adecuadamente modificados como la expropiación de bienes, hoy procedente no sólo en caso de vigencia del antiguo concepto de necesidad o utilidad pública sino también en caso de que lo reclame el nuevo concepto de interés social; o como la garantía de “la libertad económica en lo que no se oponga al interés social”; b) con principios nuevos emergidos de la nueva postura o conducta del Estado en el campo de la producción social como el de fomento y protección de la “iniciativa privada, dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del país”; o el de que “el Estado podrá administrar las empresas que presten servicios esenciales a la comunidad, con el objeto de mantener la continuidad de los servicios, cuando los propietarios o empresarios se resisten a acatar las disposiciones legales sobre organización económica y social”. (53)

El régimen económico constitucional que se acaba de bosquejar es complementado por disposiciones importantes de la parte orgánica, que crean recursos jurídico-políticos necesarios a su realización, por ejemplo, atribuciones legislativas y ejecutivas, importantísimas instituciones del Régimen de las Finanzas Públicas o sea de la Hacienda Pública, etc.; y fundamentado o asentado en alguna de las disposiciones propiamente constitutivas del Estado o que establecen los grandes fines u obligaciones de éste, como en nuestra constitución vigente de 1962, cuyo artículo 2 establece que es obligación del Estado Salvadoreño el “asegurar a los habitantes de la república el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”.

La nueva conducta del poder público en el campo de la producción social, se traduce en una intervención destinada a promover un desarrollo ordenado dentro de lo posible y acelerado de la economía nacional a efectos de asegurar la óptima realización de los nuevos fines del Estado. Esta intervención puede asumir diversos grados y modalidades; desde una promoción llevada a cabo a través de acertadas políticas fiscales, de construcción de obras públicas productivas o de infraestructura económica y de imposición de niveles adecuados de salarios y prestaciones económicas a cargo de la clase empresarial, etc., etc., hasta la socialización de las empresas privadas en beneficio de la colectividad (Constitución de Weimar, Art. 156) o la propiedad a favor de la colectividad de las empresas “cuya explotación tenga o adquiera los caracteres de un servicio público nacional o de un monopolio de hecho” (Constitución de la IV Republicana Francesa de 1946) o la organización de un sistema de sano capitalismo de Estado (que debe no ser confundido con el Capitalismo monopolista de Estado que persigue la satisfacción y defensa de la dominación imperialista o monopólica). Desde luego que, como bien dice Manuel García Pelayo, queda claro que la socialización tiene aquí un carácter bien distinto que en las democracias populares, pues mientras que en éstas constituye uno de los supuestos excusables de su existencia política y constitucional, una de sus decisiones fundamentales (que diría Schmidt) cambio, en la Constitución Francesa (de 1946) aparece como una vía o como una directiva para el legislador”. (54)

(54) V. Artículos 135, 136, 138 y 144 de la Constitución Política Salvadoreña. 1962.
(55) Manuel García Pelayo. “Derecho Constitucional Comparado”. Págs. 498-199.

Se insinúa en las líneas anteriores, pese al aspecto gradual, una distinción entre regímenes económicos constitucionales capitalistas de grado intervencionista menos acusado. Los primeros corresponden, consecuentemente, a países de gran desarrollo capitalista y de gran cultura política como Francia e Italia, los segundos corresponden, también consecuentemente, a países de desarrollo precapitalista o capitalista de grado incipiente o de gran desarrollo capitalista pero de cultura política atrasada, como los EE. UU. Toda Constitución es generalmente el reflejo exacto o aproximado de la correlación entre las clases y grupos sociales que luchan entre sí por el control y ejercicio del poder público, sostenidos en mayor o menor fuerza de acuerdo a la naturaleza de la base económica de que emergen como tales. Entronizada constitucionalmente la propiedad privada capitalista como la base fundamental del modo de producción que se pretende desarrollar o mantener, mientras la correlación de fuerzas sociales que hizo posible tal entronización no cambia a favor de aquellas que pugnan por la implantación de modo socialista de producción, se mantendrán predominado los elementos capitalistas del modo de producción o régimen económico material; en concordancia con aquella entronización, que al mismo tiempo que es base fundamental del régimen económico material o modo de producción lo es del régimen económico constitucional o jurídico-político. En el momento en que en un país de gran desarrollo capitalista, con un régimen económico constitucional como el de Weimar o el de la IV República Francesa, empiecen a predominar los elementos socialistas o colectivistas de su modo de producción o régimen económico material, será porque la correlación de fuerzas sociales que se disputan el control y ejercicio del poder estatal habrá cambiado a favor de las fuerzas sociales que pugnan por la socialización o colectivización de la economía; e inmediatamente tales fuerzas abolirán la constitución política para abolir el régimen económico constitucional que se acaba de mencionar, y harán promulgar otra constitución política en que se entronice como base fundamental del régimen económico constitucional y del régimen económico material o modo de producción o economía la forma de propiedad socialista o colectivista (de los medios de producción). Es decir, que es concebible un régimen económico constitucional como el de Weimar sólo en tanto unidad económica nacional es determinantemente capitalista, resultado, que es precisamente, el que se pretende conseguir con un régimen tal, pero no se concibe que una unidad económica nacional determinantemente socialista pueda seguir regida por un régimen económico constitucional como el dicho de Weimar o de la IV República Francesa.

Siendo así un régimen económico constitucional del tipo de los dos aquí citados o sea del tipo representado por las constituciones alemana y francesa que mientras sobrevive no pierde su carácter sólo intervencionista o moderador de los excesos individualistas y antisociales que genera al afianzamiento jurídico-político o constitucional de la propiedad privada capitalista, vale decir, de la clase poseedora de los medios de producción y de los frutos de ésta, para pasar a asumir un carácter franca o abiertamente socialista. Tal carácter intervencionista o sólo moderador es su esencia o razón de ser, derivada de la existencia predominante de la propiedad privada capitalista; si ésta pierde primacía, dicho régimen económico constitucional deja de existir; y con él la constitución política de que es parte. Todo indica, pues que las posibilidades de socialización de la economía a través de un régimen económico constitucional de este tipo, por avanzado que sea, son limitadas en grado sumo.

El primer país en que se llevó a cabo la constitucionalización de las conquistas económico-sociales alcanzadas por la clase obrera, en su lucha por la democratización política y económica de las sociedades políticas capitalistas iniciada desde 1830 y reorientada desde 1848, fue Alemania, en la Constitución de 11 de agosto de 1919, de la República de Weimar, como consecuencia de la desviación de la revolución socialista de ese país hacia el Revisionismo.

En dicha constitución se elaboró un capítulo, el V, significativamente titulado “Vida Económica”, en el que se fijaban, como queriendo hacerse eco de que el trabajo es parte esencial o la parte esencial del modo de producción, los principios del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social o sea del Régimen de Trabajo y Previsión Social que se crea constitucionalmente y los propios del Régimen económico-jurídico-político propiamente dicho que, como el anterior, también se creaba constitucionalmente. Los segundos o principios del Régimen Económico son: la libertad económica del individuo, la libertad de industria y comercio, la libertad de contratación, la garantía de la propiedad privada y la garantía del derecho de herencia. Estos principios son modificados, en forma directa, en su significación y alcance tradicionales por otros que vienen a darles un nuevo contenido y una nueva orientación: a) la vida económica debe organizarse conforme a los principios de la justicia, con el fin de garantizar a todos una existencia digna del hombre; b) la coacción legal… puede emplearse para la realización de las necesidades imperiosas de la colectividad; c) la libertad de industria, comercio y contratación, se garantizan pero en los términos de las leyes respectivas; d) se prohíbe la usura y se declara la nulidad de los negocios jurídicos contrarios a las buenas costumbres; e) la ley fijará el contenido y límites de la propiedad; esta obliga y su uso debe estar al servicio del interés general, f) la repartición y la utilización de la tierra serán controladas por el Estado a fin de impedir abusos y garantizar a cada uno una habitación sana y a las familias, especialmente a las numerosas, un patrimonio forzado de una habitación y una parcela, suficientes a cubrir sus necesidades. La legislación tendrá particularmente en cuenta a los antiguos combatientes. La propiedad raíz puede ser expropiada para satisfacer las necesidades de la habitación, colonización, cultivo e intensificación de la producción agrícola. Los dueños de hacienda tienen obligación de cultivar y explotar las tierras que en beneficio de la colectividad. El aumento del valor de las tierras que no sea debido a la inversión de capital, aprovecha a la colectividad. Las riquezas del suelo y todas las fuerzas económicas naturales quedan bajo la vigilancia del Estado. Las regalías que pertenezcan a los particulares pasan al Estado; g) el Estado, puede, mediante ley e indemnización y aplicando por analogía las disposiciones de expropiación socializar las empresas privadas, en beneficio de la colectividad. El Estado puede participar, hacer participar a los Estados o municipios en la administración de empresas o sociedades económicas o asegurar su influencia en la administración de las mismas. El Estado puede, además, en casos de urgente necesidad, reunir en una sola unidad autónoma empresas o sociedades, con el fin de asegurar la colaboración de todos los factores de la producción, haciendo participar a trabajadores y patronos en su administración y reglamentación, de acuerdo con los principios colectivistas, la producción, creación, distribución, empleo y precio de los productos, así como su importación y exportación. Las cooperativas de producción y consumo y sus uniones, a petición de las mismas deben ser incluidas en la forma colectiva de explotación, teniendo en cuenta su constitución y caracteres.

Como se ve, los principios del nuevo régimen económico constitucional tratan de adecuar la economía a la realización de los nuevos fines del Estado, es decir, a los fines de proporcionar al hombre la posibilidad de desenvolver en un plazo humano, en el que sea posible un desarrollo de la personalidad humana en todas sus proyecciones. Dice a este respecto Mario de la Cueva: “El principio del bienes colectivo explica el contenido del Capítulo Quinto, Vida Económica, y en particular a dos de sus principios, el derecho de propiedad y la intervención del Estado en el fenómeno de la producción”, que “al estado corresponde intervenir en la vida económica para promover el bienestar colectivo…” y que no se trata solamente del “principio de intervencionismo de Estado”, que “más era el triunfo del Socialismo de Estado, y, en consecuencia, la posibilidad de mejorar colectivamente las condiciones de vida de los hombres: que la Escuela Liberal y el Individualismo radical quedaron derrotados”. (55-A)

(55-A) Mario de la Cueva: “Derecho Mexicano del Trabajo”. T. I. Págs. 47 y siguientes.

En consonancia con el cuadro real de fuerzas sociales que hicieron posible la constitución del Estado Alemán en 1919, el régimen económico constitucional de éste estatuía en su Art. 164: “que la legislación y la administración deberán proteger a la clase agrícola, industrial y comercial, evitando el que sea recargada con impuestos y gabelas”.

El régimen de Trabajo y de Previsión Social contiene los nuevos derechos, libertades y garantías del trabajador en cuanto al trabajador y considerando en su calidad humana. Estos nuevos derechos, libertades y garantías vienen a ser en uno de sus aspectos como las previsiones que se refieren a la clase media, una parte de la formulación concreta o programa de la realización de las condiciones de subsistencia de los habitantes del Estado Alemán que éste, conforme a su nueva estructura, debe perseguir, al mismo tiempo estos derechos, libertades y garantías concretamente formulados son en última instancia, una parte (también una parte) de la educación o limitación o condicionamiento concreto de los derechos, libertades y garantías (antiguamente absolutos, ilimitados) constitutivos del régimen económico constitucional propiamente dicho. En este orden de ideas es que dice el Artículo 163 de la Constitución de Weimar: “… A todo ciudadano debe darse la oportunidad de que adquiera, mediante su trabajo, lo necesario para su subsistencia, faltando estas oportunidades, deberá proveerse a su subsistencia…”.

La constitucionalización que estudiamos significa nada menos que el ascenso al plano de la vida jurídico-política mundial de nuevos derechos, libertades y garantías; que vinieron a hacer luz sobre el origen y carácter verdaderos y definitivos de los proclamados en 1789 por la Revolución Francesa y a configurar un nuevo régimen económico y un nuevo régimen social constitucionalista. A este respecto dice Antonio Carro Martínez: “En el siglo XIX cobra cierta relevancia la igualdad que, aún cuando declara en 1789, no había tenido reconocimiento de ningún género. Esto se produce en 1848, con la aparición de la Constitución de la II República Francesa y del movimiento comunista de Marx”; al lado de la libertad se plasma la igualdad, “fuente de la democracia…”. En el siglo XX las declaraciones de las libertades sufren una gran transformación, fundamentalmente a raíz del movimiento social de primeros del siglo. Los derechos sociales se consagran con la primera guerra mundial, al final de la que se produjo la revolución comunista rusa de 1917, que estableció una declaración de derechos totalmente nueva y desconocida para el mundo anterior. Frente a los derechos individuales que venían reconocidos desde la Revolución Francesa, surgen ahora los derechos sociales, que dicen son esenciales y primarios a los derechos individuales. Son el derecho de no tener hambre, el derecho a trabajar, etc.

El aldabonazo para el mundo capitalista, que entonces cubría todo el planeta, excepto lo que más o menos es ahora la U.R.S.S. lo de la Constitución de Weimar de 1919, una de las Constituciones que mayor influjo tuvo en mundo contemporáneo. Esta Constitución establece una tabla de derechos copiada por las constituciones postguerra. Esta tabla tenía cinco secciones, que comprendían:

La primera se refería a las personas individuales (garantías y reconocimiento de sus derechos)j.

La segunda la vida social (matrimonio como base de la familia, etc.)

La tercera, libertad de conciencia (relación entre la Iglesia y el Estado).

La cuarta, el derecho y la obligación de la enseñanza.

La quinta, la vida económica.

Con esto se abre el paso al postconstitucionalismo y a la Declaración mundial de derechos y libertades llevada a cabo por la ONU en 1948”. (55-B)

No iba a escapar al análisis de Carl Schmitt el carácter mixto del Estado Alemán constituido en 1919, ni el origen de este carácter en la concurrencia de las fuerzas o clases sociales con diversos intereses, colocadas en la base económica de que dicho Estado emergió. Sostiene Schmitt que por este carácter mixto, preexistente en los nuevos “Derechos y deberes fundamentales de los Alemanes” de 1919, por el origen de tales derechos y deberes (mismo origen que el del estado que se constituiría) y por la situación internacional en que Alemania se encontraba después de la firma del Tratado de Versalles, no fue posible, en el dicho año de 1919, una proclamación solemne como en “el caso de las Declaraciones de los Estados Americanos de 1776, de la declaración francesa de 1789 y la rusa de 1918, de los dichos “Derechos y Deberes fundamentales de los Alemanes”, de parte de la Asamblea Nacional de Weimar. Después de decir (Schmitt) que “el nuevo Estado Alemán” no había de ser individualista burgués, ni socialista-bolchevista, sino un Estado Social, hacer ver que el constituyente de Weimar “se limitó a colocar, unos junto a otros, diversos principios, un programa de compromiso entre fracciones que no puede ser equiparado, dado su carácter mixto” a los grandes precedentes (de 1776, 1789 y 1918). Es decir, que en un análisis referido a toda la materia tratada en la parte de la Constitución que todavía era y es llamada dogmática, Schmitt hace ver la coexistencia en que entran en la Constitución de los Estados Capitalistas del Siglo XX, los elementos de la vieja concepción liberal individualista con los nuevos elementos democráticos o de contenido socialista o colectivista de que son portadoras las masas trabajadoras y sustentados en la solicitación del proceso productivo llevado a cabo por el programa capitalista. (56)

(55-B) Antonio Carro Martínez. “Derecho Político”. Págs. 310-311.
(56) V. Carl Schmitt. “Teoría de la Constitución”. Págs. 186 y siguientes.

Aparte de la socialización del proceso productivo capitalista, la lucha de la clase trabajadora por la democratización política y económica de las sociedades capitalistas también ha encontrado apoyo en los efectos puramente económicos de las reivindicaciones de esa lucha. En efecto, sólo la elevación del nivel de vida de los trabajadores, el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la democratización dicha ha hecho posible la sobrevivencia del modo capitalista de producción. Las condiciones inhumanas de explotación o sea la expoliación, un bajo nivel de vida y la opresión de los trabajadores, bajan la productividad y el consumo. Esta baja trae una dimensión abismal de las contradicciones del sistema de las crisis de este que precipita la marcha del mismo hacia la imposibilidad de su funcionamiento.

Visto como surge y se configura el régimen económico constitucional liberal individualista y el nuevo régimen económico constitucional capitalista intervencionista o neoliberal, es necesario formular un intento de definición de lo que se cabe entender por régimen económico constitucional. Hemos visto que éste viene a ser esencial del mismo régimen constitucional en general, la parte determinante de la estructuración fundamental del Estado.

Ya se entiende que modo de producción, régimen económico material y régimen económico constitucional no son la misma cosa. El primero es de esencia material, es la misma estructura económica de la Sociedad, que se ha visto; y el segundo es de naturaleza normativa, superestructural. Pero entre ambos conceptos existe una relación íntima, como que generalmente el modo de producción determina la naturaleza del régimen económico constitucional, su orientación fundamental; de dónde que de éste se pueda decir, también generalmente, mucho de lo que se afirma del primero. Esta relación, sin embargo, como ya se deduce, es muy dinámica y cambiante, depende de los movimientos que tengan lugar entre las clases y grupos económicos que pugnan entre sí por el control y ejercicio del poder político; por manera que de acuerdo a estos movimientos puede haber mayor o menor armonía o concordancia entre modo de producción y régimen económico constitucional, si éste no es otra cosa, en definitiva, que el afianzamiento político-jurídico de la forma de propiedad que conviene a los intereses de las clases económicamente dominantes. Y el desenvolvimiento de estos intereses puede o no estar de acuerdo con las mejores posibilidades de desarrollo económico de una sociedad política.

Como hemos visto que en todo momento el régimen económico político supremo o constitutivo de una sociedad política se configura en torno al concepto de propiedad de los medios de producción, hecho prevalece por las clases económicas dominantes, bien se puede decir en la hora presente del desarrollo económico de las sociedades políticas que “el régimen económico constitucional es el conjunto de normas fundamentales, supremas o constitucionales que fijan y defienden las relaciones de propiedad de los medios de producción correspondientes al modo de producción que se pretende afianzar y desarrollar o hacer sobrevivir; y sobre la base de tales relaciones determinan o definen la posición y conducta del Estado en el campo de la producción social”.

La democratización de los regímenes económicos constitucionales capitalistas llegó a su límite máximo a la Constitución de Weimar. En la segunda postguerra mundial surgieron otros regímenes económicos constitucionales del mismo tipo que el de Weimar peo sin exceder límite y hasta sin alcanzarlo, por ejemplo, los de Francia e Italia. La constitución de Francia fue aprobada en referéndum de 13 de octubre de 1946 y la de Italia es de 27 de diciembre de 1947.

La constitución francesa proclama la República social. De esta proclamación dice Manuel García Pelayo: “República Social es un término impreciso, usado por ideologías confusas por un socialismo a los Jarés, que siempre ha tenido considerable influjo en Francia. Pero precisamente por su equivocidad está en su punto en la Constitución, que en lo que se refiere a la estructura económico-social a que quiere dar lugar, no muestra una línea clara y decidida, sino más bien vacilante y tratando de hermanar en su seno el liberalismo burgués con las exigencias de la clase trabajadora y las doctrinas del catolicismo social. Acoge, por ejemplo, el derecho y el deber del trabajo, el derecho a la huelga, a la igualdad de instrucción, etc., pero no se pronuncia por la instauración de un régimen socialista, ni decide tomar sobre sí el dominio de la economía y de la educación que sirva de supuesto a la vigencia efectiva de esos derechos y que asegure al Estado los instrumentos para responsabilizarse de ellos. Hay dos puntos, sin embargo, en la constitución cuyo contenido puede considerarse como despliegue de carácter social de la república.

a) La vía hacia la socialización, las empresas cuya explotación tenga o adquiera los caracteres de un servicio público o de un monopolio de hecho, deben llegar a ser propiedad de la colectividad (preámbulo)…

b) la democracia económica, que se expresa en la participación de los trabajadores en la determinación colectiva de las condiciones de trabajo y en la gestión de las empresas; y, además, en las funciones y atribuciones del Consejo Económico, en el que están representados democráticamente las fuerzas productoras del país (estas instituciones también tienen su antecedente en la Constitución de Weimar, en la que emergieron más o menos con la misma forma, y con las mismas funciones y fines). Más, con todo, se trata de algo que abre posibilidades, para que de por sí no establece nada; de una situación equívoca, tímida o imprecisa…

Y en cuanto que es algo que abre posibilidades, su contenido va a depender de la constelación de las fuerzas políticas francesas”.

“Al tomar en bloque la Declaración de 1789, y al contemplarla con otros derechos individuales (continúa diciendo Pelayo), es claro que la Constitución se pronuncia por el liberalismo. Pero no es fiel a éste en lo que se refiere a la parte orgánica, donde la división de poderes se establece con el fin de hacer efectiva la democracia antes que el liberalismo. En efecto, no hay equilibrio de poderes sino que sobre todos los demás domina uno: el de la Asamblea Nacional, órgano democrático por excelencia, que con arreglo al texto constitucional monopoliza (salvo caso de reforma constitucional) el ejercicio de la soberanía nacional, que forma el supuesto capital de la constitución. Frente a este legislativo democrático dotado de amplios poderes, hay un ejecutivo doblemente débil por lo limitado de sus atribuciones y por su fraccionamiento en dos órganos (Presidente de la República y Presidente del Consejo de Ministros)…”. (57)

(57) Manuel García Pelayo: “Derecho Constitucional Comparado”. Págs. 498-499.

El régimen económico constitucional capitalista francés, analizado en las líneas anteriores, aunado a la estructuración democrática parlamentaria del gobierno, cuyo bosquejo acaba de verse, dio origen a una república burguesa muy democrática. En la actual etapa monopólica, un régimen político así provoca, por su avanzado grado democrático, si la unión de clases trabajadoras que lo hace posible es resquebrajada, formas de gobierno fascista. La Cuarta República francesa sufrió un revés, en su elemento democrático, con la configuración de la Quinta, que debilitó el predominio del Parlamento para fortalecer al Poder Ejecutivo.

En la misma línea del régimen económico constitucional de Francia se sitúan el de Italia, ya mencionado, Inglaterra, parece que el de Finlandia y otros países nórdicos europeos. De la Constitución de Italia dice Mario de la Cueva: “que tiene la misma importancia de la Constitución francesa (de la IV República) y también, como esta última, siguió el camino que marcó la constitución de Weimar”, que “incluyó una norma que existió en la Constitución de Weimar”, contempla “la posibilidad de socializar algunas ramas de la producción”. (57-A)

Un régimen económico de estos puede parar en el llamado Capitalista monopolista de Estado, una de cuyas notas es el aprovechamiento de parte de los Capitalistas de las posibilidades de socialización constitucionales para deshacerse de empresas en quiebra, no rentables, presión que exceden su valor real, pagadas con el dinero de los contribuyentes. Dada esta situación, el declive, ya indetenible, de dichas empresas en poder del Estado recarga los impuestos que pesan sobre las clases populares. Parece ser este el caso de Inglaterra, con la “nacionalización” de algunos sectores de su economía.

En definitiva, la meta más distante que en la persecución o realización de la justicia social permitan alcanzar que en la persecución o regímenes económicos constitucionales de este tipo tan avanzado, como el de la IV República Francesa, es una moderación de la injustica en la distribución de los bienes y servicios producidos por las unidades económicas nacionales o sea del llamado ingreso nacional neto. Bien afianza todavía la clase capitalista, mantiene en pie la injusticia de esa distribución y todos los vicios y corrupción que corren a las sociedades burguesas, hondamente agravados por los extremos de irracionalidad que implanta la fase monopólica o imperialista. Una vez que se hubo alcanzado el sufragio universal de los países de gran desarrollo económico, el capital pasó a mantener su dominio político, entre otros formas, a través de “la corrupción directa de los funcionarios” y de “la alianza entre el gobierno y la bolsa”. (58)

(57-A) Mario de la Cueva: “Derecho Mexicano del Trabajo”. T. I. Págs. 63-64.
(58) Federico Engels: “El origen de la Familia, la propiedad privada…” Pág. 201.

En lo que se refiere al movimiento de la clase obrera, la acumulación enorme de riqueza ha permitido a los monopolios de los países de tales regímenes económicos la formación de los grupos dirigentes de los trabajadores conocido con el nombre de “aristocracia obrera”, que juegan un papel decisivo en la división de aquél.

Alcanzado el poder a través del sufragio en un país de esos por clases populares, los grupos reaccionarios y la burguesía no vacilan en el recurso a la fuerza o a otros antidemocráticos para impedir el acceso real de aquellas al gobierno. Así ocurrió en Francia en 1946. En los próximos años se verá en Italia, Chile país de desarrollo económico capitalista poco más que incipiente pero de gran cultura política, y en la misma Francia, si ya es posible, dado el grado actual del desarrollo democrático mundial, que un país pase del régimen social capitalista al socialista por la vía pacífica y más culta o civilizada de las elecciones.

Con todos sus defectos, la democratización de las sociedades capitalistas es de una significación histórica extraordinaria. “La república burguesa, el Parlamento, el sufragio universal, desde el punto de vista del desarrollo universal de la sociedad, representan un progreso inmenso. La humanidad ha pasado al capitalismo, y solamente éste, gracias a la cultura urbana, ha dado a la clase oprimida de los proletarios la posibilidad de adquirir conciencia de sí misma y de crear ese movimiento obrero mundial, esos millones de obreros organizados como partido en el mundo entero, ese partido socialista que dirige conscientemente la lucha de las masas. Sin el parlamentarismo, sin el sistema electoral, este desarrollo de la clase obrera había sido imposible”. (59)

REGÍMENES ECONÓMICOS CONSTITUCIONALES LIBERALES SOCIALISTAS Y REGÍMENES ECONÓMICOS CONSTITUCIONALES LIBERALES INTERVENCIONISTAS.

Se han configurado, como se ha venido insinuando dos modelos o tipos o esquemas de regímenes políticos constitucionales capitalistas: el plasmado en las constituciones de la República de Weimar y de la IV República Francesa, por ejemplo: y los plasmados en las constituciones de gran número de países de desarrollo capitalista incipiente, como los centroamericanos. Uno y otro modelo son intervencionistas pero el primero, en virtud de su grado de intervención más avanzado y de las posibilidades de socialización de algunas empresas o ramas de la economía que contempla, bien puede ser llamado regímenes económicos constitucional liberal socialista y el segundo, que conserva caracteres más próximos a la antigua concepción del laissez faire, sin la previsión de la posibilidad de socialización que se da en el primer modelo, debe ser llamado, con más propiedad, régimen económico liberal intervencionista.

El “Diccionario de Economía Política” de Wolfgang Heller dice del Socialismo, incluyendo al científico o marxista: “Concepto general que abarca quiénes teorías y tendencias que pretenden sustituir el orden económico y social fundado en el individualismo, por otro que lleve inmediatamente a la victoria al principio social (y de aquí su denominación, del latín societas, sociedad)”. (59-A) De la intervención: “En economía hace referencia a la aplicación por el gobierno o entidad estatal, de cualquier medida de política económica tendiente a producir un beneficio social. Es indiferente el sistema económico en que nos hallemos, así como el régimen de propiedad, para poder hablar de intervención en el sentido en que económicamente se entiende.

La economía intervenida nace por oposición a la economía del laissez faire y concede especial importancia a la acción del Estado en la economía sí, con ello, puede beneficiar a la sociedad”. (60) Y del Intervencionismo: El Estado ha ido adquiriendo en la vida económica moderna un papel preponderante, si bien es evidente que la intervención del Estado se ha manifestado desde antiguo o en la vida económica y hay que admitir que el liberalismo económico puro no es más que una utopía o una deformación interesada de la Historia. Desde siempre el Estado ha recabado impuestos, es decir, ha modificado los flujos individuales del dinero y los bienes y servicios… Sin embargo, el Estado por lo general, no se representa más que a determinados grupos sociales o políticos que detentan el poder.

(59) V. F. V. Konstantinov y otros: “El Materialismo histórico”. Págs. 178-179.
(59-A) Wolfgang Heller: “Diccionario de Economía Política”. Págs. 423-424.
(60) Wolfgang Heller: Ob. Cit. Pág. 267.

Para un análisis riguroso de las formas de intervención del Estado, se pueden distinguir:

1) El intervencionismo liberal que admite la intervención conforme (Ropke), que consiste en establecer o restablecer las condiciones de competencia del mercado libre y la estabilidad. Esta intervención implica una acción del Estado sobre el marco institucional de la actividad económica.

2) Planificación flexible. El estado intenta influir las magnitudes globales estratégicas (inversión, consumo, gasto total), pero deja que lográndose una cifra global dada, jueguen libremente los cálculos de los individuos y de las empresas. Utiliza todos los procedimientos de intervención, esforzándose en no dificultar ningún mecanismo esencial de la formación de precios.

3) Planificación de doble sector, o planificación parcial. Existe una yuxtaposición de un sector público (nacionalizado) y de un sector privado.

4) Planificación integral o imperativa. Es la planificación llevada a cabo en la Unión Soviética. (61)

(61) Wolfgang Heller: Ob. Cit. Pág. 268.

Los conceptos de Socialismo, Intervención o Intervencionismo antes transcritos son muy generales; sólo parcialmente sírvenos para una ordenación del conocimiento en relación con las diferenciaciones operadas entre los diversos regímenes económicos constitucionales del Capitalismo, como consecuencia del proceso de democratización iniciado a mediados del siglo XIX, y entre éstos y el régimen económico constitucional socialista (también emergido del dicho proceso de democratización).

De las formas de intervención que distingue la clasificación copiada, sólo tres puede ser utilizados para la dicha ordenación, son las de los números 1), 2) y 3). Realmente todos los grados de positivización o democratización que representan los nuevos principios económicos y sociales constitucionales que han venido a modificar la originaria actitud abstencionista del Estado capitalista de antes de mediados del siglo XIX, son una intervención. En efecto, antes que se iniciara la lucha de la clase obrera por remediar las graves consecuencias de injusticia social que el sistema capitalista genera, sólo las clases trabajadoras y la clase capitalista participaban directa y activamente en el proceso de la producción social. Esta participación, que configuraba un binomio, se efectuaba en el marco del libre juego de las fuerzas y leyes económicas. Y ha sido bajo la presión, ininterrumpida de la lucha de las masas populares que el Estado ha venido a intervenir directa y positivamente como un tercero en el proceso productivo. Así, actualmente, en los Estados capitalistas el tren de la economía se desplaza impulsado por tres fuerzas: las dos originarias y determinantes, el salariado (clase trabajadora) y la clase capitalista; y una tercera, el Estado, “Intervinientes y coadyuvando” del Capital (dicho en términos legal-procesales).

La actuación de los Estados socialistas propiamente dichos, como la U.R.S.S. en el campo de la producción, no es de intervención. Los socialistas son Estados nuevos, con una estructura totalmente adaptado no para intervenir, sino para actuar también totalmente, de lleno, en unión con las clases trabajadoras o sea totalmente al servicio de éstos, en la construcción de la base material del régimen de producción socialista y del correspondiente régimen social o bien en el afianzamiento y desarrollo de los mismos, según el período en que dichos Estados se encuentran. Son estados en que, han desaparecido los supuestos reales de la intervención: No existe propiedad privada, no existe clase capitalista, no existe predeteriorado; sólo hay dos grandes fuerzas sociales, clases trabajadoras y Estado. Siendo así, el número 4) de la clasificación vista no corresponde al criterior que la rige; dicha clasificación sólo es correcta totalmente hasta el número 3) inclusive. La planificación económica total corresponde a una posición del Estado en el campo de la producción social cualitativamente diferente a la posición en dicho campo del Estado capitalista, de una cuestión sólo de grado o cuantitativa determinada por el mayor o menor desarrollo económico, social y político capitalista, sino de un cambio verdadero o totalmente esencial.

Ahora bien, dentro de los regímenes económicos constitucionales capitalistas contemporáneos cabe hacer la distinción, ya señalada, entre los llamados socialistas, como el de Francia, y los que con más propiedad pueden o deben ser designados como regímenes económicos constitucionales liberales intervencionistas. Los primeros o regímenes económicos constitucionales liberales socialistas quedan comprendidos en el número 3), de planificación de doble sector o planificación parcial; siempre que el sector estatal o colectivista sea determinado por el principio social, inclusive en las relaciones de propiedad los segundos o liberales intervencionistas, en los números 1) y 2) de la clasificación estudiada, según el menor o mayor grado de intervención de los mismos; y en el mismo número 3) aquellos de éstos que contemplan la posibilidad de un sector capitalista de Estado, que como tal, pretende ser determinado por el principio individualista, como el régimen económico de Honduras.

Los regímenes económicos constitucionales liberales intervencionistas se integran en los textos constitucionales en la forma ya expuesta al bosquejar la culminación en la constitucionalización de la nueva política económica social de los estados capitalistas. Pero como consecuencia de su menor alejamiento de la concepción constitucional originaria del Liberalismo Económico (concordante con un desarrollo capitalista incipiente o con un bajo nivel de cultura política de las masas trabajadoras), el esquema constitucional de estos regímenes no sólo excluye las posibilidades de socialización de empresas o ramas industriales que contemplan los regímenes socialistas sino otras instituciones de contenido acentuadamente democrático, por ejemplo, el consejo económico nacional, con la participación de la clase obrera en su integración y la cogestión, por patronos y trabajadores, de las empresas. Por las mismas razones que acaban de exponerse, dichos regímenes dejan subsistir menos inmodificados los viejos títulos de “Derechos y Garantías Individuales” de sus textos constitucionales y en vez de una posibilidad de socialización prevén, en sus formas más avanzadas la institución de un capitalismo de Estado o sector capitalista estatal de la economía.

Con honestidad administrada, pueden servir mucho al desarrollo de los países de desarrollo precapitalista o capitalista incipiente, y con régimen económico constitucional intervencionista: la política fiscal o impositiva orientada a favorecer a las masas trabajadoras; el comercio con todos los países del mundo, socialistas y no socialistas, la promoción o empresa vigorosa de industrias obras y ramas de la producción que sean necesarias para el asentamiento de las bases de energía eléctrica, la industria pesada, la destrucción de la forma latifundistas y feudal del dominio y explotación de la tierra; la diversificación de la producción agropecuaria; la coordinación y conexión del desarrollo de la agricultura y la industria urbana, haciendo que la segunda procese y transforme los productos de la primera; una política de asistencia y asesoramiento técnicos bien orientada; promoción, asistencia crediticia, asesoramiento y defensa de las sociedades cooperativas de producción en el sector de los pequeños productos y empresarios de servicios; asistencia técnica, préstamos e inversiones provenientes de países cuya colaboración ofreciere menos riesgos políticos y económicos ni no fuese dable, por de pronto, que técnica y préstamos provinieren de algún muy desarrollando del mundo socialista; la construcción o de infraestructura económica; una distribución lo menos injusta que fuera posible del ingreso nacional neto y medidas enérgicas que impidan la fuga de capitales nacionales al exterior y que obliguen la inversión y reinversión industrial; etc., etc.

Es interesante anotar algunas ideas del economista Paul A. Samuelson, relativa a la misma economía norteamericana; “Las actividades del Estado constituyen un sector cada vez más importante de la economía moderna, lo que se refleja en el aumento de los gastos públicos y en el gran desarrollo de la regulación directa de la vida económica por los organismos oficiales…”, “el aumento de los gastos colectivos no es el único hecho importante en este sector sino que a él hay que añadir además de la creciente participación directa del Estado a la producción nacional, la gran expansión de leyes y disposiciones oficiales dictadas para regular la actividad económica.

Quizá la América del siglo XIX se acercó más que ninguna otra sociedad al Estado de laissez faire, que Carlyle definió como la anarquía con policías, con el resultado de cien años de rápido progreso material y de un ambiente de libertad individual, aunque también con crisis económicas periódicas, un derroche agotador de los recursos productivos, extremos de pobreza y riqueza; corrupción de la Administración por los grupos de intereses y riqueza; corrupción de la “Administración por los grupos de intereses dominantes…”.

Ya no puede creer ningún hombre moderno que el mejor gobierno es el que menos gobierna. Gradualmente, y en contra de una continua oposición, se empezaron a aplicar los métodos de Alexander Hamilton para lograr los objetivos de Thomas Jefferson; su interpretaron ampliamente los poderes constitucionales del Gobierno Central y local y se emplearon en proteger el interés público y en vigilar el sistema económico. (62)

(62) Paul a. Samuelson: “Curso de Economía Moderna”. Págs. 188 y siguientes.

Lo afirmado por Samuelson está de acuerdo con lo afirmado por algún constitucionalista, han sido modificadas por el desarrollo económico y social no sólo a través de movimientos políticos es de reforma expresa y formal sino también a través de movimientos políticas es de reforma expresa y formal sino también a través de un proceso consuetudinario, práctico, que tácitamente ha modificado las viejas concepciones político-económicas; es el caso de los Estados Unidos, país con un régimen económico intervencionista, económicamente superdesarrollado pero con masas trabajadoras de bajo nivel de cultura política. Uno de los episodios más notables de este proceso de modificación fue el del New Deal, inaugurado y llevado adelante por el Presidente Franklin Delano Roosevelt.

RÉGIMEN ECONÓMICO CONSTITUCIONAL COMUNISTA O SOCIALISTA PROPIAMENTE DICHO.

Ya rebasado el cuadro de las relaciones capitalistas de producción, la socialización del proceso productivo desemboca en el paso a las relaciones de propiedad colectiva hecho que se da desde luego, con la culminación del proceso de democratización de las sociedades capitalistas, iniciado a mediados del siglo XIX por la clase obrera, en el implantamiento del régimen socialista.

Como se dice antes, el Estado Socialista es una superestructura política conscientemente adaptada al fin de instauración y desarrollo del régimen económico o modo de producción socialista y de su correspondiente régimen social. Así son, principios fundamentales de la Constitución de 1936 de la U.R.S.S.

a) Proclamación del Estado Socialista, que es un Estado nuevo; no se trata de una adaptación y perfeccionamiento, como la que llevó a cabo la burguesía sobre los fundamentos o esencias del Estado absolutista, posible porque se pasó de un régimen económico y social de propiedad privada a otro también de propiedad privada. Se trata de un Estado en que se funden los poderes ejecutivo y legislativo; y cuyos órganos son de compensación colegiada y masiva;

b) Adopción del régimen económico socialista y por consiguiente;

c) De la propiedad socialista o colectiva de todos los recursos o medios de producción, que determina la consiguiente distribución colectiva o socialista de la producción;

Los derechos sociales, derecho al trabajo, al descanso y recreación, a la asistencia médica, a la instrucción, seguros sociales, su enunciación garantizados por la existencia de las respectivas instituciones destinadas a su satisfacción y por el régimen socialista de economía, el constante o desarrollo de las fuerzas productivas socialistas y la ausencia de crisis económicas.

Los derechos individuales resultan condicionados por la estructura socialista de la sociedad política, los fines de esa y las necesidades de su fortalecimiento y defensa. El ejercicio de estos derechos también se enuncia garantizado, por el acceso de todos los ciudadanos al uso de los medios que ofrece el desarrollo social imprenta, papel, órganos de publicidad, etc., etc.

De dicha constitución comenta García Pelayo: “El Artículo 1º define a la Unión Soviética” un Estado socialista de obreras y campesinos”, es decir, que su fundamento económico la forma el sistema socialista de economía y la propiedad socialista de los instrumentos y de los medios de producción”, ya conseguida “como resultado de la liquidación del orden económico capitalista” (Art. 4º). “De aquí se derivan dos consecuencias: 1) que aunque la Constitución reconoce la propiedad privada, sin embargo las formas principales de propiedad, y bajo las que están las partes cuantitativa y cualitativamente preponderantes de las estructuras económicas, son la propiedad estatal y la Cooperativa koljosiana (Arts. 5º y 7º), lo que significa, 2) que la vida económica esté determinada y dirigida por el plan del Estado.

En relación con éste, es claro que un país cuya modo de existencia política está indisolublemente vinculada a una determinada forma económica, lo económico ha de tener un aspecto relevante en el seno de la Constitución, pues constituiría, en este caso, no significa tan sólo organizarse políticamente, sino también económicamente…”.
CAPÍTULO IV

REGÍMENES ECONÓMICOS CONSTITUCIONALES CENTROAMERICANOS

A través de los capítulos anteriores hemos tratado de bosquejar un cuadro del desarrollo económico de la sociedad. Es ésta: Político, social, cultural, científico, militar, etc. Se trata de un proceso complejo, que desde sus inicios ha tenido a rebasar los límites comunitarios o locales o nacionales para asumir proyecciones y dimensiones universales. Hemos visto, por ejemplo, el papel que en el desenvolvimiento del régimen de la comunidad primitiva desempeñaran las tribus a las que se les hizo posible la explotación ganadera en cuanto por ellas inicióse el intercambio entre las mismas y las dedicadas a la explotación agrícola; que la esclavitud se generó en la guerra librada entre tribus; que el Feudalismo en la Europa Occidental fue el resultado de la fusión entre la cultura de los bárbaros invasores del Imperio Romano de Occidente, y la cultura esclavista decadente de éste. Incluso, pues, la guerra, la conquista y la colonización han desempeñado un papel muy importante en el desarrollo económico y social de las comunidades y Estados. Dentro de este proceso, Centroamérica ha tenido el suyo propio. Es el que, a grandes rasgos, veremos en este capítulo, para cobrar noción de cómo, sobre qué base material, ha llegado a ser regida por los actuales regímenes económicos constitucionales.

1) ETAPA ANTERIOR INMEDIATA A LA CONQUISTA. ESTADO DE TRANSICIÓN DEL RÉGIMEN DE LA COMUNIDAD PRIMITIVA HACIA EL ESCLAVISMO.

A la hora de la conquista los pueblos centroamericanos habían alcanzado el Estado medio de la Barbarie; exactamente la altura del desarrollo en que empieza la desintegración o descomposición del régimen de la comunidad primitiva, a través del aparecimiento de formas de propiedad –familiar- que ya tienden a la privada y de formas esporádicas de esclavitud. Dice Engels del dicho Estadio medio de la Barbarie: “Entre los descubrimientos industriales de ese estadio, hay dos importantísimos. El primero es el telar, el segundo la fundición de minerales y el trabajo de los metales. El cobre, el estaño y el bronce, combinación de los dos, eran con mucho los más importantes; el bronce suministraba instrumentos de utilidad y armas de guerra, pero no podían sustituir a los de piedra; esto solo le era posible al hierro, y aún no se sabía cómo obtenerlo. El oro y la plata comenzaron a emplearse en alhajas y adornos, y debía de haber alcanzado un valor subido con relación al cobre y bronce…”. Y refiriéndose directamente a nuestro continente, y expresamente a Centroamérica, escribe: “2º Estadio medio. Comienza… en el Oeste con el cultivo de las hortalizas por medio del riego y con el empleo de los adobes (ladrillo sin coser y seco al sol) y de la piedra para la construcción de edificios.

Comenzamos por el Oeste, porque este estadio no ha sido sobrepujado en ninguna parte hasta la conquista europea.

… Las tribus del noroeste (sic), principalmente las del Valle de Colombia, hallábanse aún en el Estado superior del estado salvaje… Por el contrario, los indios de los llamados pueblos de Nuevo México, los mexicanos, los centroamericanos, y los peruanos de la época de la conquista, hallábanse en el Estadio Medio de la Barbarie; vivían en casas de adobe y de piedra en forma de fortalezas; cultivaban el maíz y otras plantas alimenticias, diferentes según la orientación y el clima, en huertos de riego artificial que suministraban la principal fuente de alimentación; hasta habían reducido a la domesticidad algunos animales; los mexicanos, el pavo y otras aves; los peruanos, la Llama. Además, sabían laborar los metales, excepto el hierro por eso continuaban en la imposibilidad de prescindir de sus armas e instrumentos de piedra. La conquista española cortó en redondo todo ulterior desenvolvimiento autónomo”. (63)

(63) Federico, Engels. “El origen de la Familia, la propiedad privada”. Págs. 28, 29 y 186.

Valentín Solórzano Fernández dice: “Las culturas indígenas que ocuparon nuestro territorio se encontraron en posesión de una técnica muy especial que nunca rebasó los límites de las culturas neolíticas superiores; se podía que se encontraban en la edad del cobre; y su capacidad técnica para trabajar este metal no se remonta más allá del siglo VIII de nuestra era. Parece que la metalurgia provino del sur; prosperó en Centroamérica, y fue llevada posteriormente a México.

… Los otros metales, como el oro y la plata, fueron muy conocidos… con ellos se fabricaban adornos y otros utensilios no dedicados a la producción, sino al uso y al cambio…

Los pueblos guatemaltecos de la pre-conquista, al igual que los mexicanos… solamente dispusieron para los movimientos de tracción, elevación, roturación y carga a distancia, de la fuerza humana de trabajo. No usaron tampoco la fuerza del agua… No parece que hayan usado la rueda con fines de transportación o elevación… El principio de la palanca sí fue conocido y muy usado en las construcciones de carácter monumental y en la tala de árboles…

Las fuentes de la esclavitud eran la captura en la guerra, o bien la venta personal voluntaria, que comúnmente se efectuaba como forma de pagar las deudas. (64)

Julio Gómez Padilla apunta: “Aun no era conocida la propiedad privada de la tierra, ésta era cultivada en común, si bien ya habían comenzado a aparecer la apropiación particular de algunas parcelas para el uso exclusivo de ciertas familias o grupos dirigidos por un jefe o administrador, a semejanza del calpulli azteca… la esclavitud no era ni mucho menos un sistema extendido; lo rudimentario de los medios de trabajo y la baja eficiencia de éste impedían el desarrollo de las relaciones esclavistas de producción.

… Los pocos esclavos y los macehuales (indios libres, pero pobres) eran los sectores sociales oprimidos… (65)

(64) Valentín Solórzano Fernández: “Evolución Económica de Guatemala”. Pág. 19 y siguientes.
(65) Julio Gómez Padilla: “Introducción a la Economía”. Pág. 182.

2) CONQUISTA Y COLONIA. ESTRUCTURA ECONÓMICA ESCLAVISTA Y FEUDAL.

“Después de que los indios fueron sometidos militarmente se inició la etapa de la colonización, que en su primera fase tiene el carácter de brutal despotismo y saqueo.

Inmediatamente se estableció la esclavitud en sus peores formas: el deseo de acumular oro obligó a los conquistadores a someter a grandes masas de población a trabajos forzados en las minas y lavaderos…

Fue también inmediatamente que los indios se sometieron al poder militar de los conquistadores que se iniciaron los repartimientos de indios entre los soldados que acompañaban a Alvarado… En Guatemala, la –encomienda- tuvo su aplicación generalmente en las labores agrícolas, sobre todo cuando se inició el repartimiento de tierras entre los conquistadores…

Los españoles conservaron en la mayor parte de los pueblos conquistados la organización política y económica que tenían los indios antes de la conquista, y así cuando un cacique se sometía, se le conservaba en el carácter de tal y como colaborador de los españoles en el cobro de tributos.

… La encomienda tuvo en su principio un carácter esclavista; los indios encomendados eran herrados y vendidos y además de su trabajo personal para su encomendero, éste los alquilaba a otras personas, recibiendo a cambio cierta cantidad en remuneración.

En 1536 se dictó una orden real referente a Guatemala, Nicaragua e Islas de Barlovento, prohibiendo la esclavitud, pero afirma el Arzobispo García Peláez (Memorias para la Historia del Antiguo Reino de Guatemala) que aquella leyes no se cumplieron, a causa de la resistencia opuesta por los encomenderos quienes a manera de nuevos señores feudales fortalecían su situación económica y política frente al poder público, dando poca importancia a sus disposiciones. La encomienda había creado hondas raíces como sistema de organización económica; los encomenderos gozaban de una descansada situación, debida al aprovechamiento que hacían de todos los frutos de la tierra, contando con la certeza de que el usufructo de su encomienda podrían heredarlo a sus hijos, ya que muchas mercedes habían sido otorgadas por dos vidas. (66)

“La conquista vino a precipitar la descomposición del comunismo primitivo indígena y a impulsar la extensión de la esclavitud. Más tarde, la lucha de los esclavos contra su sojuzgamiento y explotación inhumana, el desarrollo de las fuerzas productivas, las ideas feudales de España reflejadas en las cédulas reales, y las actividades de algunos frailes, fueron morigerando la esclavitud y dando paso a instituciones semiesclavistas y feudaloides. Los indios libres y los liberados siguieron pagando tributos y dando servicios personales a los colonialistas…”. (67)

Dice Solórzano Fernández que “la encomienda estaba tan arraigada en nuestro suelo, que de hecho siguió su curso normal y en lugar de languidecer, tomó mayores impulsos, y fue legalmente la institución colonial por excelencia hasta fines del siglo XVIII; y de hecho engendró los mandamientos coloniales y las formas de trabajo en la vida independiente, durante la cual han subsistido en formas más graves, pero con distinta denominación”. (68)

(66) Valentín Solórzano Fernández: Ob. Cit. Págs. 55 y siguientes.
(67) Julios Gómez Padilla: Ob. Cit. Págs. 182 y siguientes.
(68) Valentín Solórzano Fernández: Ob. Cit. Págs. 64 y siguientes.

El Dr. Ricardo Gallardo escribe: “Del punto de vista histórico se admite corrientemente que ha existido dos momentos capitales, en lo que se refiere a las instituciones jurídicas favorables a los indios. Es sabido, por una parte, que la Conquista española ha significado un trasplante de instituciones feudales europea hacia las Américas. En esa sociedad así caracterizada, de tipo “neo feudal”, el indio estaba encomendado no solamente de hecho, sino también de derecho, y gozaba de una condición jurídica muy semejante a la de los últimos semi-libres de la Edad Media Europea. Hasta cerca de los albores del siglo XIX, los encomenderos continúan vendiendo el uso de los indios, castigándolos como a siervos, lo cual no impide que la encomienda se constituya como una institución para que “nominalmente” éste (el encomendero) “defienda y ampare a los indios”… para que defendiese a sus personas y hacienda”, como rezan las Cédulas y Ordenanzas Reales desde 1509, las que en seguida son resumidas en la Recopilación de Leyes de las Indias (Título 8 y 9 del Libro VI)…” Afirma el Dr. Gallardo que “los criollos… se libraron a una crítica completa de la legislación española; tal como ésta se reflejaba en la “Recopilación… de indias”… sus preceptos no tendían en verdad a la elevación moral y material de la raza oprimida.

“Ese Código, dice José Cecilio del Valle, es una de las causas primeras de nuestra degradación y miseria… son leyes que hablan mucho de obligaciones y de leyes y muy poco de acciones y derechos… leyes que estableciendo el sistema injusto de Encomiendas hicieron renacer en el Nuevo Mundo, con nombre y forma distinta, el sistema feudal que había en el antiguo (Título 9, Libro 6); leyes que estimulaban a conquistar nuevas tierras (Título 3, Libro 4); y no tomaban igual interés en la población de las conquistas; y leyes que han sido origen de la distribución poco justa, de las tierras (Ley 7, Título 7, Libro id; y la de encomenderos, pobladores); … leyes que, por una parte, recomendaban el comercio recíproco de las Provincias (Ley 25, Título 1, Libro 6), y por otra parte, cortaban las relaciones que debían unir a las mismas provincias (Ley 15 y 18, Título 15, Libro 4); leyes que, poniendo obstáculos a la agricultura, estorbos a la industria y trabas al comercio, han embarazado el curso que debían tener las fuentes de riqueza; leyes que en un aspecto presentaban al indio como el ser más privilegiado, y en otro, no le permitían montar una caballería, ni tener bailes, ni haber armas defensivas ni ofensivas. (Ley 33 y 24, Título 1, Libro 6 y 38, ibd.)”.

Concluía José Cecilio del Valle admirándose de que más de cien de éstas leyes se ocupasen de asuntos de protocolo, sobre precedencias y ceremonias, y que no contuviesen título alguno sobre la agricultura…”. (69)

(69) Ricardo Gallardo: “Las Constituciones de la República Federal de Centro América”. T. I. Págs. 22-25 y 56. V. Virgilio Rodríguez Beteta: “Ideologías de la Independencia”. Págs. 174 y siguientes.

Vistas las nociones anteriores, relativas a la situación del indígena, que fue la fuente fundamental de la fuerza humana de trabajo explotada en la economía colonial, para adquirir una ideas más aproximada del desarrollo económico alcanzado por Centroamérica durante la Colonia, son necesarias algunas líneas acerca del régimen del dominio y tenencia de la tierra, de la organización del artesano, de la regulación local de la vida económica y del progreso técnico alcanzado en la producción de bienes.

“Al descubriré la América reinaba el Vaticano Alejandro VI, natural de Valencia, quien procuró afianzar el dominio de la Iglesia en las nuevas tierras descubiertas por Colón, y dar a los reyes católicos, campeones de la fe en Europa, todos los medios para alcanzar ese fin. En su famosa Bula Intercaetara concede a Fernando e Isabel el derecho de dominio sobre todas las tierras que se hallaran, recién descubiertas o por descubrir, allende el mar océano, en virtud del derecho divino con que estaba investido, en su carácter de vicario de Dios en la tierra. Esta concesión fue, en un principio, de carácter general, pero previendo disputas de mayor cuantía que la que ya habían suscitado con Portugal, dispuso el Papal Español trazar una línea imaginaria desde el Polo Ártico hasta el Antártico, cien leguas distante de las Azores y de las Islas Verdes, correspondiendo a España las tierras que quedaran o se descubrieran hacia el Occidente y a Portugal las situadas o descubiertas al Oriente…

La corona española quedó constituida en propietaria universal de todas las tierras recién conquistadas en América, a título de donación pontifical y también de ocupación y de conquista. El Rey delegó en sus súbditos el usufructo, uso o propiedad de las tierras recién adquiridas. Federico Enjuto Ferrán, en un estudio efectuado sobre este tema (“Régimen comunal de la propiedad rústica en América según las leyes de Indias”, Cuadernos Americanos número 6 de noviembre-diciembre, 1944, Pág. 143), clasifica los diversos tipos de propiedad de la tierra en la forma siguiente: a) la absoluta e íntegra propiedad de la Corona sobre todos los territorios descubiertos y conquistados, en nombre de sus reyes, sin excepción de ningún género; b) el derecho de posesión y usufructo legítimo de carácter comunista o comunal, reconocido a los indígenas sobre las tierras que disfrutaban y habían disfrutado anteriormente, así en particular como en comunidad; c) tierras realengas, o de propiedad, exclusiva de la Corona, que podía ceder el uso y aprovechamiento de sus frutos a la población civil, sin excepción de ninguna clase ni distingos raciales o de fortuna; d) los ejidos o tierras de propios, terrenos adscritos a las necesidades de los municipios y para el uso exclusivo y en común de sus habitantes (ley octava Título 3º, del Libro sexto de la Recopilación de Leyes de Indias). Los repartimientos, o sea el derecho de usufructo de las tierras repartidas, particularmente entre los colonos y vecinos españoles adscritos a un municipio y de acuerdo con sus méritos y necesidades… se distribuían ya por gracia real, o bien por medio de subastas”, “vendidas a vela y pregón y rematadas al mejor ponedor, dándoselas a razón del censo al quintar”. Después advierte el carácter temporal y censual directo de la misma. El doctor Silvio Zavala, en su estudio “De encomiendas y propiedad territorial en algunas regiones de América Española… expone argumentos de gran validez para aclarar las relaciones existentes entre la propiedad de la tierra y la encomienda, concluyendo en que el hecho de recibir la gracia de una encomienda no significaba en manera alguna recibir en propiedad la tierra donde estaban asentados los indios dados a este título…

Podríamos decir que si la encomienda o repartimiento de indios no se identificó con la apropiación de la tierra, si fue complementaria de ella, ya que si el encomendero compraba u obtenía la donación de tierras, era lógico que utilizara en su explotación el trabajo de sus indígenas encomendados…” (70)

Dice el Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín que “los artesanos llegados de España, trajeron consigo sus instituciones gremiales, e impusieron sus organizaciones típicamente feudales, en los diversos oficios requeridos en las nacientes sociedades” (71) y Solórzano Fernández escribe que “al fundarse la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala se creó un ayuntamiento de acuerdo con las leyes españolas… Remesal (“Historia General de las Indias Occidentales y particular de la Gobernación de Chiapa y Guatemala”) asegura que existió desde un principio en aquella ciudad un artesano que se ocupaba de proveer a los habitantes de los bienes y servicios que se hacían indispensables… los artesanos se fueron convirtiendo poco a poco en encomenderos, y… en 1936 hubo necesidad de amenazarlos con el despojo de sus encomiendas si no se dedicaban a su oficio.

(70) V. Solórzano Fernández: Ob. Cit. Págs. 48 y siguientes.
(71) Apreciación Sociológica de la Independencia Salvadoreña. Pág. 14.

Siguiendo los lineamientos de la política vigente en aquel entonces en la Península, después de la fundación de la ciudad, las primeras autoridades coloniales se preocuparon de organizar su vida económica en la forma rígida de ordenanzas y aranceles…

La industria urbana tuvo en aquellos primeros y prósperos años mucho incremento, se fundó el gremio de los plateros y el Ayuntamiento, en su oficio de intervenir en la reglamentación de todas las artes nobles, nombró a un marcador de la plata que se elaboraba en la ciudad, en Septiembre de 1553… Para entonces habían quedado organizados todos los gremios artesanos de la capital, según los usos y costumbres del artesanado de las ciudades españolas, es decir, de acuerdo con una estricta reglamentación de todo lo que se refiere a la producción, número y calidad, y un rígido escalafón entre los integrantes. Otros gremios importantes eran los de los jaboneros, calceteros, sastres y zapateros, habiendo también otros no propiamente artesanos como el de los molineros. La intervención municipal es importantísima en el desarrollo de la organización de los gremios… en Santiago de los Caballeros de Guatemala el ayuntamiento intervenía constantemente en todo lo que se refiere a la organización gremial del artesanado.

El ayuntamiento disponía también, en lo que se refiere a los abastos y precios, sobre todo, de aquellos artículos de consumo que por alguna circunstancia podrían escasear.

Las disposiciones del Ayuntamiento en materia económica no solamente abarcaban la vida urbana, sino se dirigían también al comercio exterior.

En 1597, el Ayuntamiento reglamentó las actividades del gremio de hacedores de azúcar, estableciendo el puesto de vendedor de trapiches, quien tendría a su cargo la fijación del precio máximo, medidas de los cubos y valor de los jornales pagados en los trapiches”. (72)

(72) V. Solórzano Fernández: Ob. Cit. Págs. 70 y siguientes.

El avance en el desarrollo económico de Centroamérica durante el dominio colonial fue consecuencia del más alto nivel alcanzado en ese aspecto por España. Relacionado este nivel, todavía muy determinantemente feudal, con el que ya había alcanzado el mundo en su marcha hacia el Capitalismo en Inglaterra y Holanda, resultaba muy atrasado. De este atraso, en parte, proviene el nuestro.

Lo poco que avanzamos en el desarrollo de nuestra economía, no alcanzó a constituir un mercado interno centroamericano y menos alcanzó a conquistar para Centroamérica un lugar importante y estable en el mercado mundial. Este avance se plasmó en el campo artesanal y en el agrícola, que así iniciaron lo que vino a ser el arranque de la producción mercantil o de la etapa mercantil de nuestro desarrollo económico.

Refiriéndose al nivel del desarrollo económico alcanzado por Guatemala, que por su posición privilegiada de ser la provincia sede de la capital del Reino era la más avanzada, a principios del segundo cuarto del siglo XVIII, más o menos al iniciarse la década del 30, escribe Solórzano Fernández: “la industria artesanal alcanza hacia estos años su máximo desarrollo en la vida colonial…

La industria artesanal de tejidos llegó a tener un incremento muy grande, estableciéndose muchos talleres en los cuales se tejían paños y palmillas. En una Gaceta de Guatemala correspondiente a 1729, se habla de un cargamento listo a zarpar de Sonsonate, conduciendo muchas varas de tela de algodón, de la fábrica de la ciudad de Guatemala; y menciona las siguientes clases de tejidos: lona, mantas, maguas o chapanecos y cotines. Las telas se fabricaban no sólo para el consumo interno, sino también para exportarlas al Perú. La fábrica más famosa fue la de Don Francisco Andonegui, quien fabricaba “rayadillo” para exportar a Nueva España, y otras colonias en el sur. No hemos podido obtener datos sobre la forma cómo estaba organizada la incipiente fábrica de Andonegui, pero, seguramente, dadas las circunstancias que privaban en aquella época, debió haber sido de acuerdo con la organización gremial…

Francisco de Fuentes y Guzmán en su Recordación Florida, habla de varios obrajes, donde se fabricaban vestidos de algodón. A estos obrajes que ya eran una evolución con respecto a los telares indígenas, se sumaban cientos de artesanos aborígenes que poseían sus telares propios, y que en muchas ocasiones sembraban, cosechaban, hilaban, tejían y vendían ellos mismos su producto.

La agricultura seguía desarrollándose fundamentalmente sobre: cacao, añil, maíz y otros granos de primera necesidad. El algodón, parece haber sido en esta época uno de los mejores y más extensos cultivos en el país. En un estudio titulado Ensayo Mercantil, del que fue autor Fernando de Echevers, vecino de la ciudad de Santiago de los Caballeros, y escrito allá por el año de 1742… podemos leer lo siguiente: “El algodón es sin duda el fruto más importante y útil, pues con su trabajo de sustenta una gran parte del pueblo, y al fallar esta noble producción, no serían suficientes todos los demás frutos y minas para pagar la mitad del vestuario que necesitan comprar sus habitantes, y en tal caso, sería éste el país más pobre de la América. Algunos años es tan copiosa la producción de este fruto, que en cosecha abandonan mucha parte dejándola que se pierda en el campo por falta de compradores, síguense otros años de esterilidad, por lo que escaséandose los hilados, muchos tejedores de esta ciudad no hallan en qué buscar su sustento, como ha sucedido en estos tres años pasados, que han ajustado la cuenta de más de 600 telares parados. Este desorden es fácil de remediar porque destinado un caudal para compra de algodón en greña en los años abundantes, no sólo se corregiría el desorden sino que siempre estarían en esta ciudad los telares en corriente, con lo que se proveería a las necesidades del reino, y después se enviarían sobre doscientos mil pesos de varios tejidos para Perú y la Nueva España”.

También la riqueza ganadera se incrementó considerablemente en los mismos años en que tuvo su mejor desenvolvimiento la industria artesanal de Guatemala, según afirma Solórzano Fernández. (73)

(73) V. Solórzano Fernández: Ob. Cit. Págs. 143 y siguientes.

Es interesante observar cómo en este ascenso de la economía colonial aparecen entrelazados el desarrollo de la industria artesanal y el desarrollo de la agricultura a través del algodón. Decía Marx que la industria moderna no se concibe sin algodón.

Después del auge que se acaba de reseñar, la economía de la provincia centroamericana más poblada, y en mejor posición política y económica, siguió su desfallecimiento en que toda Centroamérica se encontraba a la hora de su independencia.

“El sacerdote José Mariano Méndez, diputado por Sonsonate a las Cortes de España, presentó el 17 de mayo de 1821, una “Memoria del Estado Político y Eclesiástico de la Capitanía General de Guatemala, que es un balance de la situación general de la colonia durante todo el período de dominación española; de sus nutridos párrafos –dice el Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín- tomamos el siguiente: “a pesar de algunas leyes benéficas, la experiencia constante de los tres siglos corridos, ha demostrado que lejos de advertirse progresos todo ha caminado a una completa destrucción de los pueblos; se ven muchos asolados, que contaban de 14 a 20 mil indios, con sólo 30 y 40 familias; no se han cuidado de instituirlos y civilizarlos para que salgan de la ignorancia, opresión y miseria en que se hallan sumergidos, sin política, industria, artes y comercio, sujetos a corto jornal, que en algunas partes se les paga por recios trabajos y las más veces sin ninguna retribución por llamarlos de oficio los gobernantes, haciéndoles entender que una inveterada corruptela era una legítima y laudable costumbre del servicio personal gratuito que prestan a curas y Alcaldes Mayores, Cofradías, tributos y fondos de comunidades, de que jamás han visto la utilidad de este establecimiento (lo mismo que el Montepío de cosecheros en la Provincia de San Salvador), y, sobre todo, sin escuelas públicas los más pueblos, sin caminos, sin puertos para la fácil extracción de los frutos y con sólo un medio comercio de pocas cosas que sacan cuantiosas utilidades, por los excesivos precios a que venden al contado, aumentándolos en habilitaciones para los repartimientos de las Alcaldías Mayores, cosechas de añil, algodón, bálsamo, cacaos, pimienta, azúcares y ganado vacuno, que toman por lo regular en la mitad del precio de feria; sería cansar el ir especificando el sin número de abusos que se cometen con perjuicio de los pueblos, y con sólo decir que los gobernantes no han tratado más que de hacer su negocio, y no del bien y utilidad común de aquellos indígenas, quedan dicho todo”. (74)

(74) “Apreciación sociológica de la independencia Salvadoreña”. Págs. 27 y siguientes.

3) INDEPENDENCIA Y POSTINDEPENDENCIA.

3-A) IDEOLOGÍA POLÍTICA DE LA HORA DE LA INDEPENDENCIA. FORMAS JURÍDICO-POLÍTICAS ADOPTADAS EN DEFINITIVA AL PASAR A LA VIDA INDEPENDIENTE. PERSISTENCIA DE LA BASE ECONÓMICA FEUDAL Y DERROTA DE LAS FUERZAS LIBERALES PROGRESISTAS EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DE VIDA.

A la estructura económica feudal-esclavista, -más propiamente- semiesclavista y feudaloide colonial correspondió, en las postrimerías de la colonia, una ideología política compleja, cuyas –formas- estaban constituidas por la ideología propia de los colonialistas y otros elementos reaccionarios, por una parte, y por la ideología de los elementos progresistas por otra. Los primeros eran partidarios del absolutismo feudal, y defensores y propagadores del obscurantismo religioso. Los segundos profesaban el liberalismo económico, eran partidarios del constitucionalismo e inclinados a la tolerancia religiosa; los más radicales de éstos eran partidarios de medios revolucionarios más hondas, de la independencia absoluta de España y de la proclamación de la República. Cada ideología es el reflejo de la posición económica y del desarrollo social o político de determinado sector de la población.

La ideología reaccionaria feudal absolutista es propaganda y mantenida por los peninsulares, los más privilegiados en el ejercicio del poder político local, son los altos funcionarios de la Corona. La ideología progresiva, en la primera dimensión señalada, es difundida por los españoles criollos, segundos en el dicho ejercicio del poder político, socialmente resentidos contra los peninsulares, y frenados y obstaculizados en su desarrollo económico, social y político. La dimensión radical de la ideología progresiva, por último expresa las aspiraciones de la plebe urbana y de los grupos constitutivos de lo que venía a ser pequeña burguesía; integrados en su inmensa mayoría por mestizos y mulatos. El campesinado, vale decir, los indígenas, que constituían la mayoría de la población, los pocos negros esclavos que quedaban en las labores agrícolas, igual que los esclavos de la Antigua Grecia, no tuvieron quien expresara sus propios ideales, aplastados por la ignorancia, explotación y miseria; situación que no impidió que algunos fuesen aprovechados por los sectores reaccionarios para defender sus intereses y que otros apoyasen activamente la lucha de los criollos, mulatos y mestizos, y que hasta se revelaran directamente, por propia iniciativa, reaccionando contra la opresión en carne viva que sufrían.

Descubiertos y conquistados cuando ya en Europa Central y Occidental (incluso Inglaterra) está a punto de iniciarse la producción y manufacturera, ya se ha iniciado la acumulación de capitalista originaria y falta poco para que se produzca la primera revolución burguesa –la de los Países Bajos-; colonizados, deformados en nuestro desarrollo, saqueados en nuestra riqueza y explotadas hasta los tuétanos de los huesos en nuestra población aborigen, mientras en la Europa que se ha dicho se consolida el desarrollo de las relaciones capitalistas, se llevan a cabo la revolución democrática-burguesa de Inglaterra, se inicia la Revolución Industrial en esta misma y, finalmente, tiene lugar la guerra revolucionaria de independencia, de los E.E.U.U. y la revolución democrático-burguesa de Francia; nos toca a los centroamericanos recibir el poderoso influjo ideológico generado por el período histórico que se inicia con el Renacimiento, precisamente cuando somos descubiertos, y culmina con la Revolución Francesa, cuyas proyecciones liberal-burguesas son consolidadas por Napoleón. La conquista nos incorporó al proceso de desarrollo universal, así fuera como colonias cuya fuerza de trabajo esclavo y cuyas riquezas contribuyeron a la acumulación capitalista originaria de los países más avanzados de Europa; por manera que el influjo dicho ya lo recibimos como parte del área de desarrollo feudal del mundo y unido –tal influjo- a la brutal opresión foránea y al escaso desarrollo de nuestras fuerzas productivas (frenados en su impulso progresivo por el atraso y la política de España) nos abocó a la necesidad de la independencia y a la posibilidad de un cambio de contenido revolucionario democrático-burgués.

Pero ocurre una cosa muy importante en Centro América. Imbuida de Ideología liberal, en quienes vinieron a ser sus ideólogos ilustrados y al mismo tiempo dirigentes políticos, marcha hacia la revolución primero y de repente hacia la independencia y a la revolución sin contar con todos los elementos que un largo desarrollo económico-social más o menos normal o natural (por decirlo así) formó en las entidades políticas nacionales feudal-absolutista europeas y que precisamente fueron –dichos elementos- los que después de la transformación de las superestructuras jurídico-políticas feudal absolutistas hicieron posible el acelerado desarrollo del modo capitalista de producción y con éste la consolidación y el desarrollo de las nuevas superestructuras liberal-burguesas y liberal-democráticas. Es decir, que cuando nos erigimos en Estado independiente, en Estado liberal republicano, estábamos lejos, de tener una estructura económica o base material que hubiese hecho posible nuestro desarrollo económico capitalista y el de su correspondiente superestructura política hasta un grado de democracia burguesa avanzada que todavía estamos lejos de conocer.

En efecto, a la hora de nuestra liberación carecíamos de una burguesía industrial y comercial desarrolladas y de grupos de terratenientes que explotaran sus haciendas “en forma capitalista” que hubiesen pugnado por la verdadera vigencia de los principios y libertades burguesas; nuestra burguesía, muy incipiente, apenas correspondía a una producción mercantil que empezaba a ampliarse, que producía para un mercado externo inestable y reducísimo, limitado a la Nueva España y el Perú; y nuestra clase terrateniente, fundamentalmente feudal, no contaba con la posibilidad de un mercado interno importante para las materias primas que pudiera producir, sólo contaba con las limitadas posibilidades de la exportación de añil, algunas otras materias primas y cacao que permitían en monopolio metropolitano, las trabas feudales, el atraso técnico y la carencia casi total de infraestructura económica –caminos, puertos, etc.-. Carecíamos, a la dicha hora, de un proletariado campesino, al que las relaciones capitalistas de producción hubiesen impedido que fuera aprovechado en la defensa y perpetuación de la ideología e instituciones feudales; nuestro campesinado, fundamentalmente, tenía otra formación que la feudal esclavista, con su exclusivo contenido ideológico religioso. Y carecíamos, por último, a esa hora, de un proletariado industrial incipiente, como el que participó en las revoluciones democrático-burguesas de Inglaterra y de Francia, que acrecentado y mantenido por un desarrollo capitalista consolidado con la independencia hubiese venido a ser la otra fuerza, junto con la burguesía comercial industrial, que hubiese hecho posible el desarrollo de la democracia burguesa. En resumen, al independizarnos, pasamos a darnos una superestructura jurídico-política que necesariamente tendría que resquebrajarse por carencia de base material; nuestro desarrollo sólo era propio para sostener superestructuras feudales; de ahí que fueran éstas las que sobrevivieran y prevalecieran por mucho tiempo, bajo mera apariencia política liberal-democrática, al romper nuestra dependencia de España.

Ningún documento de la época revela mejor que las “Instrucciones” dadas en 1811 por el Ayuntamiento de Guatemala su diputado en las Cortes de Cádiz, Don Antonio de Larazábal y Arrivillaga, criollo nacido en Guatemala, la ideología democrático-burguesa que, con la onda convicción que generó la opresión, explotación y discriminación colonial, era profesada por los líderes más avanzados de la inquietud política de la época. De tales “Instrucciones” dice el Dr. Gallardo: “constituye un verdadero código no sólo político, sino también penal, administrativo y económico…”. Y en ellas debe verse la primera formulación doctrinaria centroamericana de los principios de política económica o del régimen económico constitucional, que los sectores progresistas del pueblo centroamericano se esforzarían por lograr que rigieran nuestro desarrollo económico durante nuestra vida como Estado independiente. Veamos algunas de sus partes fundamentales:

I.- El objeto de la sociedad es el mejor estar de los individuos que la componen;

II.- El gobierno es obra del hombre; se estableció para su conservación y tranquilidad. La conservación mira a la existencia; y la tranquilidad al goce de sus derechos naturales e imprescriptibles;

IV.- Estos derechos son: la igualdad, la propiedad, la seguridad y la libertad;

V.- La igualdad consiste en que la ley debe ser la misma para todos; ya proteja, ya castigue…

VI.- La libertad es la facultad de hacer cada uno todo lo que no daña a los derechos de otro. Tiene por principio la naturaleza; por regla, la justicia; por garantía, la ley…

VII.- La justicia natural se viola cuando una parte de la nación pretenda privar a la otra del uso de sus derechos de propiedad, libertad y seguridad.

VIII.- La seguridad consiste en la protección conferida por la sociedad a cada uno de sus miembros y a sus propiedades.

IX.- La propiedad personal está bajo la protección de la ley, inviolable al ciudadano, al magistrado y al rey. Sólo las acciones contrarias a la ley la allanan.

XI.- La legislatura es propiedad de la nación; no debe confiarla sino a una asamblea o cuerpo nacional.

XII.- El derecho de propiedad real es aquel por el que pertenece a todo ciudadano el goce y la libre y absoluta disposición de sus bienes y rentas, del fruto de sus trabajos y de su industria.

XIII.- La opresión de un ciudadano ofende al cuerpo social…

XVI.- La garantía social no existe si los límites de las funciones públicas no están determinadas por la ley…

XVII.- Ninguno debe ser privado de la menor porción de su propiedad sin su consentimiento. (75)

(75) Ricardo Gallardo: Ob. Cit. T. I. Pág. 104 y T. II. Págs. 934-936.

Es notable la formulación de los principios anteriores de las mencionadas “Instrucciones”, que bajo el rubro de “Derechos del ciudadano” formaban parte de éstas. Un poco influidas por la ideología de los demócratas ilustrados, acusa la posición de los sectores –los criollos- que entre nosotros venían a ocupar una posición económica y política, con las distintas y diferencias del caso equivalente a la gran burguesía industrial comercial de Francia antes de 1789. En medio del obscurantismo colonial, los ideólogos de esos días captaron con exactitud muchos de los mejores principios doctrinarios que hicieron caer las murallas ideológicas del Feudalismo y fundamentaron la instauración del Estado liberal-democrático en Francia. Así lo revela, por ejemplo, el ordinal VI, en que se formula la definición de la libertad; al establecer como principio de ésta a la naturaleza no se hace sino consagrar la formulación avanzada del concepto de libertad que hicieron Voltaire y Montesquieu, basados, a su vez, en la avanzada concepción, al respecto, de la filosofía materialista del siglo XVII, claramente formulada por Espinoza. (76)

Todo indica, pues, que cuando Napoleón impuso la constitución de Bayona que fue la primera constitución liberal que jurídica o legalmente algo tuviera que ver con los centroamericanos, ya las provincias que pronto constituirán la República Federal de Centro-América estaban en la corriente ideológicas burguesas, con el pensamiento de sus pensadores avanzados, criollos casi en su totalidad.

Después de las experiencias de una nueva vida política vividas por los pueblos centroamericanos bajo la vigencia interrumpida de la Constitución Política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz en Marzo de 1812, y del azaroso período de la anexión de las provincias centroamericanas al imperio mexicano, el 22 de noviembre de 1824 la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América “decretó la primera Constitución Federal del pueblo de Centro América, cuya jura solemne se verificó el 10 de abril de 1825, pero que efectivamente (Art. 211) entró en vigor desde su promulgación a título de ley fundamental de la República. Y sin esperar la sanción d los poderes públicos”. (77)

(76) M. A. Dynnik y otros: “Historia de la Filosofía”. T. I. Págs. 364 y siguientes, 445 y siguientes.
(77) V. Ricardo Gallardo: Ob. Cit. T. I. Págs. 247-248 y 261.

El preámbulo de nuestra primera Constitución Federal de 1824, rezaba: “Congregados en Asamblea Nacional Constituyente, nosotros los representantes del pueblo de Centroamérica… decretamos la siguiente constitución para promover su felicidad; sostenerla en el mayor goce posible de sus facultades; afianzar los derechos del hombre, los principios inalterables de igualdad, seguridad y propiedad…”.

Veamos los artículos de dicho estatuto fundamental que más relación tienen con la cuestión económica o sea los que contienen los principios básicos del antiguo régimen económico liberal-individualista o que coadyuvan a un amplio desenvolvimiento de éstos:
TÍTULO I

DE LA NACIÓN Y SU TERRITORIO

Sección I

De la Nación

Art. 1.- El pueblo de la República Federal de Centroamérica es soberano e independiente.

Art. 2.- Es esencial al soberano y su primer objeto la conservación de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad.

Art. 3.- Forman el pueblo de la República todos los habitantes.

Art. 4.- Están obligados… a contribuir proporcionalmente para los gastos públicos sin exención ni privilegio alguno.
TÍTULO II

DEL GOBIERNO…

Sección I

Del Gobierno y de la República

Art. 8.- El gobierno de la República es popular, representativo federal.
Sección II

Art. 13.- Todo hombre es libre en la República. No puede ser esclavo el que se acoja a sus leyes, ni ciudadano el que trafique con esclavos.

Art. 14.- Son ciudadanos todos los habitantes de la República, naturales del país, o naturalizados en él, que fueren casados o mayores de 18 años, siempre que ejerzan alguna profesión útil o tengan medios conocidos de subsistencia.
TÍTULO X

Garantías de la Libertad Individual

Sección Única

Art. 174.- Ninguna ley del congreso ni de las Asambleas pueden contrariar las garantías contenidas en este título pero sí ampliarlas y dar otras nuevas.
TÍTULO XI

Disposiciones Generales

Art. 175.- No podrán el Congreso, las Asambleas, ni las demás autoridades:

4º.- Tomar la propiedad de ninguna persona, ni turbarle en el libre uso de sus bienes, sino a favor del público cuando lo exija una grave urgencia legalmente comprobada; y garantizándose previamente la justa indemnización.

5º.- Establecer vinculaciones, dar títulos de nobleza, ni pensiones… que sean hereditarias…

6º.- Imponer confiscaciones…

7º.- Conceder por tiempo ilimitado, privilegios exclusivos a compañías de comercio o corporaciones industriales.

8º.- Dar leyes de prescripción, retroactivas…”. (78)

(78) Miguel Ángel Gallardo: “Cuatro Constituciones Federales de Centro América y las Constituciones políticas de El Salvador”. Págs. 1 y siguientes.

La situación fiscal de Centroamérica, a la hora de su independencia era desastrosa: “desde los últimos años de la colonia las rentas públicas no eran suficientes para atender a los gastos ordinarios del Estado. Había un déficit anual de $92,743, por lo que la tesorería de México tenía que enviar anualmente $100,000 para ayudar a los gastos públicos. La deuda de la Real Hacienda para la Tesorería de México llegó a ascender a dos millones, doscientos mil pesos, según reza un informe del capitán general Don Carlos Urrutia y Montoya, fechado el 8 de junio de 1818…

Nace así Centroamérica a su vida libre en la más absoluta pobreza. En el informe del Ministro Tesorero de las Cajas reales…, por medio del cual hace una relación del estado fiscal de la colonia al declararse la independencia, dice que el día que entregó la tesorería 29 de septiembre de 1821… no había en las cajas reales más que $60 y ½ real en efectivo.

Las deudas de la Real Hacienda no paraban allí… la herencia que recibía Centroamérica en materia fiscal era el más desastroso desbarajuste…”. (79)

(79) Solórzano Fernández: Ob. Cit. Págs. 263 y 264.

La economía giraba en torno a la producción de artículos de consumo local y la exportación a Inglaterra de colorantes de origen vegetal o animal, añil y cochinilla.

Los antecedentes de la dominación española son básicamente distintos en Guatemala, y el resto de la región; de ahí que el pasivo colonial fuera mayor en Guatemala, donde estuvo radicada durante más de 3 siglos la administración española, y menos, por ejemplo, en Costa Rica, la provincia más pobre y aislada de aquella época. En 1836 Costa Rica, tenía apenas 78,365 habitantes, de los que el 13 x 100 eran indígenas, muchos dispersos en la selva. El resto eran descendientes de españoles y mestizos. Guatemala, contaba con un elevado porcentaje de población indígena campesina y “con un sector social ya constituido de comerciantes, funcionarios y terratenientes”, en un total de población que excediendo los 600,000 ó los 300,000 habitantes, sobrepasaba en mucho a la de cada uno de los otros Estados y que más o menos equivalía a la de todos juntos. Como se ve, Costa Rica tenía una estructura social, más homogénea, constituida en su inmensa mayoría por criollos y “mestizos, aunque con una base material más reducida pues hereda de la Colonia un minifundio generalizado”. Los demás países, ubícanse entre ambos extremos con diversos grados de homogeneidad racial: “Honduras, por ejemplo, al igual que El Salvador y Nicaragua, es esencialmente mestiza”, pero con una población heterogénea, dispersa y socialmente aislada. “Según cálculos de Ramón de Anguiano, quien no menciona fuente alguna, la población hondureña a mediados del siglo pasado estaba formada por 9,360 españoles. (4.6 x 100); 79,121 mestizos (38.9 x 100); 4,500 negros (2.2 x 100) traídos por los ingleses a la zona de Trujillos para la explotación de madera; 35,392 indígenas (17 x 100) y 75,000 indígenas selváticos (36.3 x 100). Honduras no se integra económica ni políticamente durante la época colonial; carecía de un mercado local y de excedentes de producción orientados al intercambio. George Alexander Thompson, en sus cálculos de la población centroamericana, en 1825, asignó a El Salvador 330,000 h., después de que el acta del congreso de San Salvador, del 22 de noviembre de 1822 indica que la población de dicha provincia llega a 170,000 h. También en El Salvador el peso de los intereses coloniales era fuerte. A Nicaragua Thompson asigna también 330,000 habitantes, pero se afirma “que tenía el territorio más despoblado de toda la región”, que la mayoría mestiza se asentó desde el momento mismo de la conquista en la zona húmeda del pacífico y alrededor de los lagos de Managua y Nicaragua”. (80)

(80) V. Edelberto Torres Rivas. “Estructuras y Procesos de una Sociedad dependiente”. Págs. 35 y siguientes y notas. Ricardo Gallardo: “Las Constituciones de la República Federal de Centro América”. Págs. 16 y siguientes y notas.

En lo anterior encontramos los antecedentes estructurales que nos explican el hecho de que Guatemala y El Salvador necesitasen pasar una violenta reestructuración agraria basada en la expropiación de intereses y privilegios fincados bajo la superestructuras coloniales al intentar el establecimiento de un sistema de dominación basado en los grupos emergentes de nuevos propietarios, que empezaron a ser gestados por la producción de colorantes. En Honduras y Nicaragua no se estableció una economía agrícola de exportación, sólo transitorias explotaciones de materias primas y minerales, como moderna y resinas, oro y plata, etc.

Mientras la estructura económica se limitó a la producción y exportación de grana o cochinilla o del añil, demandados por la industria textil europea, el statu que derivado de la colonia mantúvose y consólidase transitoriamente. El cultivo de la grana y del añil se basan casi exclusivamente en la pequeña propiedad campesina e incluso en el sector de la economía no monetaria. Parece que la economía de los colorantes apenas obligó a simples ajustes en la estructura de la propiedad y de las otras relaciones que se establecen en la misma; funcionó, además como un “sector campesino de exportación”, donde la organización y la técnica fueron una prolongación de la economía de subsistencia. Estos cultivos fueron realizados esencialmente por los mestizos, mientras tanto los grandes propietarios de latifundio improductivo o lo dedicaban a la ganadería o eran dueños de los ingenios u obrajes donde se procesaba –para la exportación- la producción de grana y añil.

La producción de grana cobró mayor proporción y significación social en Guatemala; en El Salvador y Nicaragua también se produjo, pero en menos escala. En El Salvador el cultivo de añil fue prácticamente el principal producto de exportación al desplazar a la grana, que tuvo su auge en la época colonial. En 1850, por ejemplo, se exportaron 2,250,000 libras de añil; en la década del 60 el algodón y el añil llegó a su apogeo al ser exportado por valor de ¢700,000 equivalentes al 24 x 100 del total de las exportaciones; para caer totalmente en 1870. En 1879 el añil había disminuido a un promedio de 1.5 millones de libras; en ese año se produjeron 1,860,000 libras. (81)

(81) Félix Choussy: “Fases de la Evolución de la industria del café en El Salvador”. Economía Agrícola Salvadoreña. Págs. 377 y siguientes. Ministerio de Trabajo: “Esbozo de la situación económico-social en las Materias más estrechamente relacionadas con la seguridad social en la República de El Salvador”. Págs. 19 y siguientes.

La producción y estructura económica aludidas, que fueron una prolongación apenas modificada de la producción y estructura económica coloniales, ya directamente incorporadas al mercado mundial entonces sustentado por el auge capitalista y período del Industrialismo, implicaban la presencia de una verdadera disposición feudal en los órdenes económico y político. ¿Podría un gobierno liberal-democrático y –todavía más- federal lucha contra esa dispersión con posibilidades de triunfar, para sentar las bases de, institucionalizar y consolidar un centro de poder que, a la vez, fortaleciera y defendiese los emergentes vínculos y formaciones nacionales centroamericanos?

Al debilitamiento del poder estatal y al abstencionismo económico que implicaba la superestructura político-jurídica adoptada se agregaba el que el gobierno de la Federación no contaba sino con miseria fiscal y social o nacional. El fraccionamiento y la dispersión política de los Estados precapitalistas de Europa Occidental fueron destruidos y el poder público de los mismos centralizado por las monarquías absolutistas con la fuerza vigorosa y la expedición de su mando altamente arbitrario, asentados en el progreso de las ciudades y en los recursos económicos creados por el naciente capitalismo. La arbitrariedad y la violencia de los caudillos liberales que más o menos a partir del 70 del siglo XIX inician la consolidación del liberalismo fue, así, una necesidad histórica.

Al iniciar su formación como países independientes, los Estados Centroamericanos, se encontraron como propietarios de inmensas extensiones de tierras baldías. Con la independencia se consolidó una situación que se venía configurando lentamente bajo el dominio colonial. Recuérdese que la Corona era propietaria universal a título de donación pontificia de todas las tierras conquistadas y que el Rey delegó en sus súbditos el uso, usufructo y aprovechamiento de las mismas. Dentro de esta situación universal, junto a las tierras realengas, o de propiedad exclusiva de la Corona, coexisten dos formas reconocidas de dominio, ejercidas por particulares: a) las tierras que poseían los indígenas a título de usufructo legítimo, con carácter comunal, en reconocimiento de antiguos derechos anteriores a la conquista; y b) las tierras entregadas en usufructo vitalicio a los “encomenderos y que facilitaron posteriormente la apropiación privada”. En un pasaje de las ya citadas “Instrucciones” a Don Antonio de Larrazábal y Arrivillaga se afirma “que en Guatemala existen dilatados campos, procedentes ya de los mismos ejidos o de las tierras reales” que en nada aprovechan al Estado, pues éstas se venden por un miserable precio, graduando cada caballería por diez o doce tostones o algo más (cada tostón en América era medio duro); y que “mejor fuera repartirlas en pequeños suertes sin pensión alguna, etc.” Advierte el Doctor Ricardo Gallardo que “Larrazábal, al abordar el problema de la tierra y su distribución en el Reino de Guatemala enfoca de cerca el problema que se planteó en América al final de la Colonia, y que luego sería también un problema no menos grave para la República de Centroamérica: el del latifundio” y que “el remedio que Larrazábal entrevió era el aparcelamiento individual en pequeñas superficies, siempre que los titulares poseyeran sus lotes en propiedad” que “este problema debía ser abordado aunque nunca resuelto, posteriormente, por las mismas Cortes (de Cádiz)”.

Durante las mismas postrimerías de la Colonia, revela el mismo pasaje de Larrazábal, en el Reino de Guatemala “se han efectuado repartimientos de tierras… de un modo muy precario y nunca en propiedad” en pretendido beneficio del indio, despojado, explotado por “los Alcaldes mayores, subdelegados”, y un a veces “por sus mismos gobernadores indios.” (82)

(82) Dr. Ricardo Gallardo: Ob. Cit. T. I. Págs. 124 y siguientes.

Como se ve, el régimen de posesión o dominio de la tierra, se perfila al final de la Colonia con caracteres de latifundismo, en perjuicio de las masas indígenas, en su totalidad trabajadoras del campo, y que, así, pasan a la vida independiente en situación determinante de desposeídos.

Mariano Gálvez, como jefe político del Estado de Guatemala, y Francisco Morazán, como Presidente de la Federación, intentaron por primera vez “quebrar la estructura feudal-esclavista de la economía centroamericana. El gobierno de Gálvez suprimió los diezmos a favor de la Iglesia y creó la contribución territorial (Ley de 15 de julio de 1832). Esta contribución deberían pagarla incluso los ejidos de los pueblos, los cuales, por otra parte, quedaban limitados a una legua cuadrada o sean 38 caballerías y dos tercios. El Congreso había decretado en 27 de enero de 1825 que los terrenos baldíos o realengos se redujeran a propiedad privada; pero las tierras comunales fueron muy poco afectadas por la ley de 1825”. Julio Gómez Padilla dice que la dicha ley de 1825 dio motivo para afectar frecuentemente los ejidos de los pueblos y para despojar a los indígenas, que la “remedida para ajustarlos a la ley, era uno de los pretextos usados. Según Ley de 14 de agosto de 1835 se disponía que cuando los ejidos excedieran la medida antes dicha debían pagar la contribución territorial.

Por ley de 28 de abril de 1836 se “autorizaba a las municipalidades para vender sus ejidos, terrenos y otras fincas de cofradías y en 2 de noviembre de 1837 se decreta que debían considerarse baldías todas las tierras realengas (misma disposición ya dictada por el Congreso Federal), en virtud del gran número de solicitudes para obtener tierras de parte de los particulares”.

Gálvez (1831-1838), pues, precedido por el gobierno liberal de Juan Barrundia y Cirilo Flores (que redujo los diezmos en el 50% y procuró contrarrestar la influencia clerical tomando una serie de medidas “como la abolición de las alcabalas sobre mercancías a favor de iglesias y monasterios), emprendió profundas reformas económicas y legales, que tenían por objeto propiciar el desarrollo económico capitalista de Guatemala: establecer la libertad de contratación; reglamentó las relaciones entre patronos y jornaleros; disputo que se repartieran las tierras realengas entre los solicitantes; reformó el sistema tributario; impuso gravámenes a los grandes terratenientes, incluida la Iglesia; suprimió los diezmos; impulsó la industria mediante la exoneración de impuestos por veinte años; protegió la producción de cochinilla, inició el cultivo del café; emprendió la construcción de nuevos caminos. Su política golpeó, pues, a los sectores más retrógrados, aunque desgraciadamente también a los campesinos libres, a quienes siempre afecta el desarrollo capitalista. Fue este su talón de Aquiles. A la vez que tienden a desarrollarse, por primera vez, en Guatemala, las relaciones capitalistas en el campo, se abre el camino para el despojo de los campesinos por los grandes propietarios”. (83)

(83) EN LA TESIS, NO APARECÍA ESTA LLAMADA.

Después de sangrientas luchas entre el partido conservador y el caudillo liberal general Francisco Morazán, este último llegó al poder como Presidente de la República Federal. Morazán también luchó denotadamente contra los viejos sistemas feudales, propugnando por la unidad y por el desenvolvimiento económico nacional centroamericanos; trató de modificar el régimen de propiedad de la tierra, repartiendo numerosos baldíos y expropiando los bienes agrícolas del clero. Expulsadas las comunidades religiosas de Guatemala, sus bienes se constituyeron en una sección de temporalidades, bajo la administración del Estado. Los bienes de los conventos de la Recolección, San Francisco y Santo Domingo fueron rematados entre los agricultores y propietarios que lo solicitaron. En esta forma pasaron muchas tierras propiedad de la Iglesia a constituir pequeños núcleos de propiedad privada”.

Mientras tanto, la situación del gobierno federal seguía aflictiva. Entre 1821 y 1825 el monto del comercio exterior se suplicó y “un clima de optimismo y confianza recorrió toda la región”. Siendo esto sólo un reflujo de una economía agraria, monocultivista y exportadora al mercado mundial, no promovió un desarrollo que hiciera posible la consolidación del régimen liberal progresista. El vacío dejado por España fue rápidamente ocupado por la diplomacia inglesa, interesada en controlar el comercio y la riqueza de las ex-colonias españolas. En Centroamérica empiezan a manifestarse desde entonces “factores estratégicos de naturaleza política, por otra parte; la lucha por el control de la comunicación interoceánica y el predominio militar y comercial en el mar Caribe”. El imperio inglés primero y los E.E.U.U. después, resionaron diplomática y militarmente para impedir el empeño unionista en el istmo. “La era inglesa en Centroamérica se consolida también por la vía de los grandes empréstitos públicos, la libra esterlina establece el primer vínculo con una economía extranjera”. La deuda inglesa, que en esos días contrae la Federación, pasó a constituirse en adelante “en un elemento que facilitó la presión diplomática desembozada”.

El gobierno liberal y progresista de Gálvez es derrocado por la reacción feudal y con ello la Federación “es herida de muerte”. El 13 de abril de 1839 Rafael Carrera ocupa por segunda vez la Ciudad de Guatemala para iniciar el llamado “régimen de los 30 años”, con base campesina. El caudillo indígena consuma la separación del Estado de Guatemala, de la Federación y deja que la economía se desenvuelva con ritmo de Medioevo en el campo; deroga el decreto de 28 de abril de 1936, declarando que en lo sucesivo no podrán enajenarse los ejidos de los pueblos. Apoyado y dirigido por la clase reaccionaria, incluso, desde luego, la Iglesia, este régimen sumo a Guatemala en el atraso más grandes, en todos los aspectos de su vida. Resurgió en buena parte el régimen colonial: “se restablecieron los diezmos y todo el poder económico territorial de la Iglesia así como los monasterios y capellanías”; la vieja Universidad reglamentada con los estatutos de Carlos II El Hechizado, para sustituir a la Academia de Estudios fundada por los liberales, revive el Consulado de Comercio, fundado en 1743 y que conservaba la organización que le dieron las antiquísimas ordenanzas de Bilbao; fue derogada la moderna legislación liberal, terminando con el matrimonio civil y la libertad de testar y fueron mantenidos intactos las instituciones que como los bienes de manos muertas, el censo enfitéutico y las vinculaciones, eran obstáculos insuperables para el paso a una economía de naturaleza capitalista. El terror, aplicado a menudo contra los “herejes” y “ateos”, en nombre de Dios, era uno de los procedimientos políticos empleados y “el hijo de Dios” y “Rey de los Indios” pasa a ejercer una influencia decisiva “en los destinos de Centroamérica al mantener e imponer la división política de los diversos Estados, fue al árbitro incontestable que rigió los destinos de estos países; puso y depuso gobernantes a su antojo”.

El 15 de septiembre de 1842, sin ser oído y vencido en juicio, es fusilado Francisco Morazán en Costa Rica.

“En Honduras, en 1842, se restablecieron como leyes de la República la novísima Recopilación y las Siete partidas (R. Durón, Bosquejo histórico de Honduras, Ministerio de Educación Pública, Tegucigalpa, 1966) y en otros países se volvió por cortos períodos al régimen de estancos y alcabalas territoriales, privilegiados a la iglesia y otras medidas de inmovilidad social”.

El predominio de las fuerzas feudales triunfantes, encarnado en Carrera, se extiende hasta dos décadas después de promediar el siglo XIX o sea hasta la década del 60 inclusive. (84)

(84) V. Solórzano Fernández: Ob. Cit. Págs. 275 y siguientes. Edelberto Torres Rivas: Ob. Cit. Págs. 25 y siguientes. Gómez Padilla: Ob. Cit. Págs. 191 y siguientes. Ricardo Gallardo: Ob. Cit. Págs. 270-271.

3-B. DIFUSIÓN DE LAS RELACIONES CAPITALISTAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE LA ECONOMÍA CENTROAMERICANA. RESURGIMIENTO DE LAS FUERZAS LIBERALES PROGRESISTAS. PLASMACIÓN EN LA LEGISLACIÓN CONSTITUCIONAL CENTROAMERICANA DE DICHO RESURGIMIENTO.

Al iniciarse la década del 60 empieza a decaer la demanda de los colorantes en el Mercado Mundial. Al buscarse un sustituto de lo que hasta entonces había sido espina dorsal de la economía agrícola y monoexplotadora guatemalteca, toda la atención se fijó en el Café. La naciente industria cafetera tropezaba con gran número de dificultades, siendo las principales la de falta de brazos y capitales de trabajo; el crédito territorial no existía, y prácticamente, pues el régimen conservador mantenía la vieja legislación española, que no ofrecía seguridades a las operaciones de ese tipo. No se podía abrir caminos ni contratar la mano de obra necesaria; quienes iniciaron el nuevo cultivo se convencieron de que bajo el sistema político-jurídico feudal vigente no podrían desarrollarse y que era necesario sustituir dicho régimen. Se cobró conciencia de que la salvación de Guatemala era el café, cuya producción exige relaciones económicas más avanzadas que las de la grana, basadas en el pago de salarios; de que se trataba de un cultivo extensivo que necesitaba capitales, tierras, exoneración de impuestos y la reorganización del sistema legal para hacer posible el desenvolvimiento del Crédito.

El 30 de junio de 1871 triunfó la que con razón ha sido llamada revolución liberal, encabezada por el diputado Miguel García Granados y el notario Justo Rufino Barrios, cuya transformación más notable le fue la modificación en el régimen de la explotación y propiedad de la tierra, que medularmente consistió en la creación de condiciones favorables para apropiación privada de grandes extensiones de tierras que constituyeren durante la colonia los terrenos baldíos o realengos.

La distribución de los baldíos, la liquidación de trabas legales para la apropiación de la tierra y un nuevo sentido de la función del crédito son las bases sobre las que se desarrolla la industria cafetera de Guatemala. Por otra parte, la preocupación fundamental del movimiento reformista guatemalteco fue la creación de la mediana empresa agrícola.

Dentro de la nueva organización de empresas agrícolas, las reformistas dejaron subsistir los terrenos comunales y ejidales de muchos pueblos; y a aquellos de éstos que no poseían suficiente extensión de tierras fueron dotados de ejidos.

Las tierras baldías, propiedad del Estado, o tierras realengas coloniales, fueron repartidas entre gran número de agricultores, constituyéndose así la empresa agrícola de propiedad privada, que vino a ser la base del desarrollo económico nacional entonces iniciado.

Por otra parte, el gobierno, consecuente con la política agraria de modificar el mal distribuido sistema de ejidos, dictó el 8 de mayo de 1879 una ley que afectaba los ejidos más grandes, ordenándose a las jefaturas políticas departamentales que concediesen lotes que no bajaran de una manzana ni subieran de una caballería en los terrenos nacionales o ejidos grandes de los pueblos, que fueran apropiados para producir trigo; a todo el que descara dedicarse a la siembra de este grano se adjudicarían en propiedad definitiva a los dos años de posesión.

En los extensos terrenos del departamento de Izabal se repartieron áreas destinadas a la siembra del banano; igual se hizo en Zacapa y en Alta Verapaz. Las tierras propiedad del clero se sumaron el contingente de lotes dispuestos a la adjudicación privada. En el curso del desarrollo agrícola y cuando la propiedad llegó a su plena consolidación, muchos particulares ensancharon sus propiedades a consta de los terrenos comunales. A la larga, los nuevos terratenientes devendrían latifundistas.

En el orden jurídico se introdujeron reformas importantes que hicieron posible la legalización y más fácil tramitación del traspaso de la tierra. Se inauguró el Registro de la Propiedad Inmueble, se emitió el Código de Comercio y se hicieron los arreglos en la legislación para suprimir una serie de supervivencias feudales heredadas de la Colonia. Desaparecieron los censos; se llevó a cabo la supresión del arrendamiento perpetuo y del derecho de laudemio, o contribución que se pagaba al dueño del dominio concreto, cuando se enajenaban las tierras o posesiones dadas en enfiteusis. Se suprimieron los diezmos a favor de la Iglesia; así se liberó a la agricultura de una de sus mayores trabas. Se abolió el Consulado de Comercio y el Tribunal de Alzadas, creándose en su lugar el Ministerio de Fomento.

Un nuevo grupo social, con mentalidad más revolucionaria, tendiendo a constituir una clase capitalista laica e independiente, data de la época de la postre forma. La industria azucarera, la cafetera y las nuevas, como la textil y la cervecera, son expresiones de la actividad de ese nuevo sector dominante. Otros sectores de la población que antes eran grupos étnicos diferenciado “en lo que se refiere a las facilidades para su desarrollo económico”, adquieren en esa época una nueva vida, y desde entonces datas también muchos mestizos acaudalados que han sido elementos muy importantes de la edificación económica de Guatemala. Queda, en esa forma, el sector intermedio de la sociedad colonial integrado a la vida pública, económica y social.

Para la clase indígena la reforma fue el resurgimiento de la época de las violaciones: el café requería grandes cantidades de fuerza de trabajo y para ello hubo que movilizar de nuevo a la clase que tradicionalmente la había proporcionado: Renacieron el mandamiento y el repartimiento colonial, pero ahora eran los jefes políticos quienes desempeñaban el papel que correspondía en la colonia a los alcaldes mayores. Se recurrió a la “habilitación” o “adelanto” de salarios para enganchar trabajadores, llevados luego forzosamente a las fincas. (85)

Dice Edelberto Torres Rivas: “El movimiento de 1871… constituye en realidad una típica reforma agraria burguesa con características específicas impuestas por la sociedad y la época en que se produjo… políticamente señaló la declinación del sector criollo de los latifundistas y de los comerciantes (cuyos intereses estaban estrechamente ligados a los de la Iglesia), vale decir, de la única vieja aristocracia terratenientes de Centroamérica”. (86) Y Julio Gómez Padilla: “En 1871 la pequeña burguesía y la muy incipiente burguesía, bajo el liderato de Justo Rufino Barrios (mestizo de 34 años), rodeado de los hombres más notables y progresistas, impulsaron la Reforma “liberal”… que favoreció el desarrollo mercantil y el paso a un modo de producción ligeramente más avanzado, semifeudal, precapitalista”. “La revolución liberal representa la ruptura del feudalismo de la Iglesia en el campo, a base de la gran propiedad laica, la primera etapa del desarrollo capitalista en el campo –economía cafetera sobre todo-. (87)

(85) V. Solórzano Fernández. Ob. Cit. Págs. 305 y siguientes, 343 y siguientes.
(86) Ob. Cit. Pág. 43.
(87) Ob. Cit. Pág. 193.

En El Salvador, el crecimiento de la producción cafetera sólo se desarrolla o adquiere impuso en la década del 60. En 1856, el caudillo liberal unionista Gerardo Barrios favoreció la siembra y extensión de los cultivos; posteriormente declaró obligatorio el cultivo. En 1882, el poder liberal, representado por el Dr. Rafael Zaldívar, dicta la “Ley de Extinsión de Ejidos Municipales”. En 1853-1859 el café solo representa el 1% del total de las exportaciones salvadoreñas, en 1870 ya significa el 17.4 x 100 de dicho total y en 1873 salta al 30 x 100 del mismo.

“Las luchas entre las diversas facciones políticas que en la historia de El Salvador abarcan toda la segunda mitad del siglo XIX expresan con bastante claridad una pugna subyacente por desbrozar las trabas económicas, legales y eclesiásticas que agobian el campo salvadoreño. Los propósitos reformistas de la burguesía cafetalera quedan expresadas definitivamente en la Constitución de 1886, de corte liberal”, que salvo la interrupción de cinco años bajo la tiranía de Maximiliano Hernández Martínez, estuvo en vigencia hasta 1944. Dicha constitución fue plasmación de la también llamada Revolución liberal encabezada por el General Francisco Menéndez, “dictador y violento como todos los caudillos militares de la época, aunque progresista en sus impulsos de avance social”.

A partir de 1879 el café ocupa ya el primer lugar del comercio de exportación. En 1879 el grano fue exportado por un valor de más de dos millones de pesos, exactamente por un valor de ¢2,001,163.35, equivalentes al 48.5 x 100 del total de ventas al exterior; en tal año las exportaciones fueron de ¢4,122,883.05 y al añil correspondió sólo el 34 x 100 de éstas. (88)

(88) V. F. Schoussy, Ob. Cit. Pág. 378. Ministerio de Trabajo de El Salvador: “Esbozo de la situación económico-social en las materias más estrechamente relacionadas con la seguridad social en la República de El Salvador”. Págs. 19 y siguientes.

Las disposiciones legales antiejidatarias aceleran el proceso de extinción de los ejidos; “Extensas tierras útiles que se dedicaban en el mejor de los casos, a cultivos de subsistencia, tales tierras pasaron a poder de propietarios privados, obligados a dedicarlas al cultivo de café”. “Esta política de parcelamiento se acelera en la región occidental del país, y, por lo general, fue una forma de retribuir favores y compensar lealtades políticas”.

En 1891 se dicta la ley de extinción de Comunidades indígenas por presión de “la naciente burguesía rural” se barrió con esta forma de propiedad, a la que se llamó “especie de persona jurídica de la peor laya cuyo régimen estanca la agricultura”.

Como en Guatemala, los cafetaleros resolvieron el problema de la falta de mano de obra a través de las “habilitaciones” o adelantos en dinero.

Y como en Guatemala, también, en 1881 se creó el Registro de la Propiedad Raíz para facilitar el movimiento de tierras y capitales. En la década del 80 aparecen las primeras instituciones bancarias y financieras ligadas al comercio de exportación.

“Las condiciones en que surgen el cultivo del café y el reformismo liberal, adquieren en Costa Rica connotaciones específicas y distintas”. Ya en 1831 son declarados de propiedad privada los terrenos baldíos que durante cinco años hubiesen estado dedicados al cultivo del Café. Cuando en 1845 se hace el primer envío de café a Inglaterra, el país inicia la organización de su sistema económico y político y su paulatina integración al mercado internacional.

En 1840, Braulio Carrillo, primer presidente cafetalero, inicia el reparto gratuito de tierras, política que es continuación por sus sucesores. Casi hasta fines del siglo XIX, la creciente producción Cafetalera se asienta sobre la pequeña y mediana propiedad, que viene a constituirse “en el pivote de un sostenido cambio en el sistema social y político del país a través de un desarrollo pacífico que fue modelando las instituciones actuales”. Lo que Guatemala, El Salvador y en parte Honduras y Nicaragua, lograron 40 años después, y luego de una violenta pugna por desbrozar el camino que conduce al fortalecimiento o modernización del proceso de desarrollo de las relaciones capitalistas mercantiles”, lo consigue Costa Rica casi como consecuencia de un desarrollo natural”. “En aquellos países la expropiación del latifundio religioso o la parcelación de extensos baldíos fortaleció en última instancia el sistema de dominación”, de una minoría de propietarios, “que excluye oficiales del ejército liberal, políticos y comerciantes, inmigrantes con espíritu de empresa y hasta aventureros que veían en el acceso a la tierra el símbolo de poder e influencia el cultivo de café el camino más fácil para una modificación de su ubicación social”. En Costa Rica más bien se estructura un sistema nuevo de dominación considerablemente diferente, y aunque se desvirtúa en sus características originarias ello ocurre hasta después de haber rendido sus mejores posibilidades en los terrenos social y político. El resultado final del proceso de desenvolvimiento de la economía del café, no obstante la diferencia apuntada, entre El Salvador y Guatemala de una parte y Costa Rica de otra, fue la formación en los tres países de una burguesía cafetalera”, que, en términos generales, se hace cargo del poder político, y así, de perfilar a la nación. “En la década del 80 la oligarquía cafetalera costarricense vive su esplendor; la modernización de las instituciones estatales está asociada a la hegemonía del grupo de hacendados cafetaleros liberales. “La llamada generación del 89 consolida la dominación social y política de la dicha oligarquía cafetalera y sienta las bases definitivas de la democracia rural costarricense, que agota sus posibilidades junto con la economía más agroexportadora, en la década del 40 de este siglo”.

Honduras y Nicaragua sirguen un curso un tanto diferente del que llevó a los otros tres países centroamericanos a la formación de una economía portadora cuya columna vertebral vino a ser el café. Ninguna de las dos “constituyen en la segunda mitad del siglo XIX una estructura productiva similar a la de Guatemala-El Salvador”, ni tuvieron condiciones materiales, sociales y políticas favorables a un desarrollo similar al de Costa Rica. De aquí que no lograran la consolidación relativa de una base económica nacional ni se formara una oligarquía cafetalera progresista o con visión económica nueva sino una oligarquía terrateniente tradicional. Fueron las provincias más castigadas por la guerra civil, que favorecía la inestabilidad política; en ellas la reforma liberal fue tardía e incompleta, más bien limitada por la propia estructura económica y social hondureño-nicaragüense, “falta de integración social y ecológica, dispersión propiciada por fuerzas externas e internas, ausencia de una base productiva iniciada durante la colonia, debilidad de los grupos sociales. Tal reforma, no alcanzó, a crear las condiciones que sí logró asentar en el resto de Centro América.

La actividad económica más importante en estos dos países fue la explotación minera del oro y la plata, pero siempre realizada con capital extranjero. “En Honduras se facilitó la expansión de la economía de subsistencia y se impidió la aparición de una agricultura nacional de exportación; que sólo aparece con el banano, organizada por el capital norteamericano, y más tardíamente en Nicaragua con el Café”.

Al peso de las condiciones anteriores, Nicaragua vio agregados los efectos de la guerra filibustera -1855-1859- y los de la ocupación Norteamericana de 1810 a 1830. La lucha contra Walker arruinó la débil economía nicaragüense y su derrota consolidó el poder conservador, iniciándose así un período de más de 30 años de paz política y estancamiento económico.

Por fin en 1892 se imponen las fuerzas liberales encabezadas por José Santos Zelaya, “caudillo militar nacionalista y reformador de gran visión aunque inescrupuloso y arbitrario”. Son abolidos los diezmos religiosos, liquidado el sistema de manos muertas latifundios conventuales. Con la expulsión de las tropas inglesas se consolida el poder liberal y se establece un gobierno centralizado. Más estos progresos fueron relegados porque a comienzos del siglo las presiones externas en torno al canal interoceánico vinieron a distorsionar el proceso de consolidación de una economía de bases nacionales. Zelaya es derrocado en 1909, el negarse al otorgamiento de la concesión canalera a los E.E.U.U., Nicaragua es ocupada por los marinos norteamericanos y este hecho determina “una nueva dimensión del proceso de desarrollo económico y político nicaragüense.

En Honduras, después de 30 años de anarquía, en la década del 70 también se intenta la reforma liberal que en esos días se realizaba en Guatemala, Costa Rica y El Salvador. En 1876 el gobierno del Dr. Marco Aurelio Soto facilitó la adjudicación de la tierra a través del reparto de los inmensos latifundios religiosos y las tierras baldías del Estado, mediante la “Ley de Agricultura” de ese año. El esfuerzo por organizar la nación, que era esencialmente por integrarla y comunicar sus distintas regiones queda frustrado por largos decenios, y la aparición de cultivos comerciales como el café son relegados a segundo término por la producción de banano. Sólo se dotó al país de un cuerpo legal moderno. Y, así, Honduras queda integrada al mercado mundial, a fines del siglo, con el dicho producto de exportación –al banano- que casi desde sus inicios fue manejado por manos extranjeras. Sólo durante una etapa ganadera, o “edad del cuero”, que llega hasta las postrimerías del siglo XIX; se movilizan recursos nacionales y alcanzas influencia económica y política los hacendados de Olancho, Yoro y Choluteca. Los sectores productores nacionales y los grupos dominantes fueron al parecer siempre económicamente dependientes y políticamente debilitados. (89)

(89) Edelberto Torres Rivas: “Estructuras y procesos de una sociedad dependiente”. Págs. 48 y siguientes.

Hemos adquirido noción de los movimientos que tuvieron lugar en la base económica de Centro América desde los días inmediatamente anteriores a la conquista, hasta las últimas décadas del siglo XIX en que se operan cambios importantes en la misma –de acuerdo a su nivel de desarrollo- en su sector agrario. Estos cambios iniciaron en una fase precapitalista a dicha base y, así, la adecuaron un tanto a la superestructura liberal-democrática no emergida de nuestra estructura económica heredada de la Colonia y que, no obstante esto, se pretendió realizar –dicha superestructura- al pasar a la vida independiente luego de haberla formulado en la Constitución Política de 1824 de la República Federal.

También hemos visto, a grandes líneas, como la superestructura jurídica de nivel secundario o sea la legislación secundaria fue modernizada o adecuada a las necesidades del nuevo desarrollo de la economía, es decir, de las clases avanzadas de la época –incipiente burguesía y pequeña burguesía-, de las fuerzas productivas heredadas de la Colonia a las que la Independencia liberó de la peor traba (la opresión y explotación de parte de España).

Ahora cobremos idea de los cambios operados, ya a influjos de nuestra propia base material, en el más alto nivel de las formas político-jurídicas o formas constitucionales de la sociedad centroamericana del siglo XIX.

El mismo Congreso Federal dio impulso a los movimientos separatistas centroamericanos, con el decreto de 30 de mayo de 1838, dictado en San Salvador, en el que declaró: “son libres los Estados para constituirse del modo que tengan por conveniente, conservando la forma republicana popular, representativa y división de poderes”. A partir de esta fecha, la Federación todavía perdura cuatro años, en dolorosa agonía, hasta la muerte de Morazán en 1842. Por manera que un lapso del abyectizante régimen de Carrera transcurrió todavía como gobierno de un Estado de la Federación, de Guatemala.

El carácter conservadoramente feudal y represivo de la legislación secundaria de Guatemala bajo el “régimen de los treinta años” fe fundamentado por una “Declaración (constructiva) de los derechos del Estado y de sus habitantes”, decretadas por la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala el 5 de diciembre de 1839 y publicada el 14 del mismo mes y año. Tal declaración sustituyó a la Constitución del Estado de Guatemala el 11 de octubre de 1825, liberal como la federal de 22 de noviembre de 1824, pero aún menos explícita que ésta.

En el texto de la Dicha declaración se advierte el empeño de mantener intocada, la estructura económica y social colonial feudal sobreviniente. Dos disposiciones de la sección 2 revelan la esencia del tal estatuto:

“Art. 3. Aunque todos los hombres tienen por naturaleza iguales derecho, su condición en la sociedad no es la misma, lo que depende de circunstancias que no es dado nivelar a ningún poder humano”. Es clara, en este artículo, la referencia a la concepción feudal-clerical de la Sociedad y la vida;

Art. 11. Toda propiedad, ya pertenezca a alguna población, corporación o persona, es inviolable…” En esta disposición se afianzaba constitucionalmente nada menos el dominio económico de la Iglesia, la propiedad latifundista de ésta; y la forma ejidal de explotación de la tierra.

Totalmente destruido todo vínculo con la Federación, por decreto de 21 de marzo de 1847, Carrera funda la República de Guatemala bajo el sistema de gobierno de la República de Guatemala”, el 1º de octubre de 1851, que: “Art. 3. Los deberes y derechos de los guatemaltecos, están consignados en la declaración hecha por la Asamblea Constituyente en 5 de diciembre de 1839, que continuará rigiendo como ley fundamental.

Efectuados los cambios que la estructura económica agraria necesitaba para adecuar a la nueva economía cafetalera, las transformaciones de la organización jurídica secundaria indispensables para el desenvolvimiento de las relaciones capitalistas de tal economía, y consolidadas éstas por medio del nuevo poder dictatorial liberal progresista que supo sobreponerse y derrotar en forma determinante a la reacción feudal, el nuevo régimen social, edificando por la Revolución liberal guatemalteca de 1871 fue afianzando en la Constitución decretada por una Asamblea Constituyente en 11 de diciembre de 1879. Dicha Constitución, reflejó del progreso económico y social y político iniciado, es más explícita y categóricamente liberal-democrática que la federal de 1824 (indudablemente frenada por los grupos reaccionarios que también formaron parte del Poder Constituyente que la formuló y sin duda por algunos lastres de ideología clerical de los mismos constituyentes de pensamiento avanzado, todo revelado más que nada por el Art. 11, que consagraba la intolerancia religiosa). Veamos algunos de sus disposiciones que así lo revelan.

“Art. 18. La instrucción primaria es obligatoria; la sostenida por la nación es laica y gratuita”.

“Art. 20. La industria es libre. El autor o inventor goza de la propiedad de su obra o invento por el tiempo que señale la ley, más la propiedad literaria es perpetua”.

“Art. 21. Todos pueden libremente disponer de sus bienes; siempre que al hacerlo no contravengan a la ley.

Las vinculaciones, sin embargo, quedan absolutamente prohibidas y toda institución a favor de manos muertas, exceptuándose solamente las que se destinen a favor de Establecimientos de Beneficencia.”

“Art. 25. Se garantiza el derecho de asociación y de reunirse pacíficamente y sin armas.”

“Art. 28. La propiedad es inviolable; sólo por causa de interés público, legalmente comprobado puede decretarse su expropiación…”

“Art. 29. Todo servicio que no deba prestarse de un modo gratuito en virtud de la ley, o de sentencia fundada en ley, debe ser justamente remunerado. (90)

Aunque el régimen Clerical obscurantista de Carrera ejerció su influencia a todo lo largo del istmo, las consecuencias de ésta no podían ser iguales en todos los países. Como se ha visto, El Salvador, después de Guatemala, fue la provincia centroamericana que a la hora de la Independencia había alcanzado un más alto nivel de desarrollo económico; contaba ya con un naciente mercado interno y con un sector agrícola que producía para la exportación. Este sector fortaleció económica y políticamente a la clase social a él dedicada, fundamentalmente formada por el estrato de los criollos y muchos de cuyos miembros fueron la casi totalidad de los próceres de nuestra independencia. A la par de esto, el mestizaje operó una homogenización de la población, aunque mucho menor que la de Costa Rica, mucho mayor que la de Guatemala. Con esta base económica y estructura social, no heredamos la hondura y extensión de las supervivencias feudales que Guatemala. Nuestro artesanado, por ejemplo, fue progresivo, no dominado por la ideología feudal, como el de Guatemala. (91) Es explicable, así, que nuestra superestructura político-legal que cubre el período comprendido entre 1824 y 1896 no sufriera la regresión y estancamiento extremos que la de Guatemala durante la presidencia vitalicia de Carrera; y fuera, frente a la ésta, hasta progresiva. Por ejemplo, la Constitución Salvadoreña de 22 de febrero de 1841, en la que todavía no se supone fundada la República, incluso es más liberal y democrática que la federal de 1824 y la del Estado de 12 de junio del mismo 1824. En su Art. 3 establece la tolerancia de otros cultos que el católico y en el 12 que “ningún eclesiástico podrá ser nombrado Diputado, Senador, Presidente, ni obtener otro algún destino de elección popular”.

(90) “Digesto Constitucional de Guatemala”.
(91) V. Alejandro Dagoberto Marroquín. “Apreciación Sociológica de la Independencia Salvadoreña”. Pág. 103.

Todo lo anterior explica el apoyo dado a Morazán por el pueblo salvadoreño, y el amor del gran caudillo hacia la tierra cuscatleca, expresado mejor que nada por el legado de sus restos a la misma.

Aún la constitución de 19 de marzo de 1864, dictaba bajo la influencia predominante de las fuerzas conservadoras, mantuvo en su texto formulaciones importantes de corte liberal. Así, en el Título 19, “Los hechos y deberes garantizados por la Constitución”, aparece el Art. 76, que consagra nada menos que el principio fundamental de la “Escuela Clásica de Derechos Naturales”; “El Salvador reconoce derechos y deberes anteriores y superiores a las leyes positivas. Tiene por principio la libertad, la igualdad, la fraternidad…”. Y, cosa sorprendente, la parte que completa dicho artículo es la siguiente: “Y (tiene) por bases la familia, el trabajo, la propiedad, el orden público”; uno de los postulados que asignaron el carácter progresivo de la famosa Constitución de la II República Francesa, la de 1848. (92)

(92) V. Manuel García Pelayo: “Derecho Constitucional Comparado”. Pág. 481.

Así como la feroz tiranía feudal de Carrera tuvo una influencia política de dimensión centroamericana, la revolución liberal guatemalteca de 1871, que puso fin a aquélla, proyectó la suya en el ámbito de la destruida Federación. Fueron parte de esta proyección las constituciones salvadoreñas de 1871 y 1872, trasuntos, por otra parte, del relativo progreso de nuestra economía agrícola exportadora y del desarrollo de los grupos a ella dedicados. De las dos, la segunda fue más liberal-democrática.

También son plasmaciones superestructurales del poder liberal asentado en la base económica precapitalista de El Salvador, las constituciones de 1880 y 1883.

Por fin los cambios o el progreso de nuestra base material y de nuestra estructura social son fijados o afianzados en la Constitución de 1886, que, así, armonizó al más alto nivel el nuevo grado de desarrollo de nuestras fuerzas productivas con las nuevas relaciones de producción, concretamente, con las nuevas relaciones de propiedad capitalista que las dichas fuerzas calmaban para un desarrollo nuevo o superior suyo. Recuérdese que a partir de 1880 el café ocupaba el primer lugar del comercio de exportación. El propósito de tal armonización dio al movimiento de 1885, encabezado por el general Francisco Morazán, su contenido ideológico; contenido que bien le valió al dicho movimiento el nombre de Revolución Liberal, y a la constitución de 1886, en que aquel contenido recibió plasmación positiva, el ser considerada como “una de las constituciones americanas más notables”.

Veamos algunas de las disposiciones que mejor perfilan a nuestra famosa constitución del siglo XIX, en cuanto régimen económico constitucional liberal que nos rigiera durante medio siglo.

“TÍTULO I.- De la Nación y forma de gobierno”.

Art. 4. El gobierno de la Nación salvadoreña es republicano, democrático, representativo y alternativo…”.

“TÍTULO II.- Derechos y Garantías”.

“Art. 5.- …Toda propiedad es transmisible en la forma que determinan las leyes, quedando en consecuencia, prohibida toda especie de vinculación.

“Art. 6. No pueden imponerse contribuciones sino en virtud de una ley, y para el servicio público”.

“Art. 8. El Salvador reconoce derechos y deberes anteriores y superiores a las leyes positivas, teniendo por principios la libertad, la igualdad y la fraternidad y por base, la familia, el trabajo, la propiedad y el orden público”.

“Art. 9. Todos los habitantes de El Salvador tienen derecho incontestable a conservar y defender su vida, su libertad y propiedad, y a disponer libremente de sus bienes de conformidad con la ley”.

“Art. 11. La República es un asilo sagrado para el extranjero que quiera residir en su territorio…”.

“Art. 12. Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones sin más límites que el trazado por la moral y el orden público. Ningún acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas.”

“Art. 13. Toda persona tiene derecho de permanecer en el lugar que le convenga; y de transitar, emigrar y volver sin pasaporte”.

“Art. 14. Igualmente pueden los habitantes de El Salvador asociarse y reunirse pacíficamente y sin armas con cualquier objeto lícito”.

“Art. 15. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos o servicios personales sin justa retribución y son su pleno consentimiento salvo que por motivos… La ley no puede autorizar ningún acto o contrato que tenga por objeto la pérdida o el irreparable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso…”.

“Art. 18. Se prohíbe la confiscación ya sea como pena o en cualquier otro concepto”.

“Art. 20. Ninguna persona puede ser privada de su vida, de su libertad, ni de su propiedad, sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes…”.

“Art. 23. Todos los hombres son iguales ante la ley”.

“Art. 24. Las leyes no pueden tener efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley sea favorable al delincuente”.

“Art. 31. La propiedad de cualquier naturaleza que sea es inviolable. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, sino por causas de utilidad pública legalmente comprobada y previa una justa indemnización…”.

“Art. 32. Ninguna comparación permanente civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal para conservar en propiedad o administrar para sí bienes raíces, con la única excepción de los destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución”.

“Art. 33. La enseñanza es libre; la primaria es, además obligatoria. La enseñanza que se dé en los establecimientos costados por el Estado será laica…”.

“Art. 34. Toda industria es libre, y sólo podrán estancarse en provecho de la nación, y para administrarse por el Ejecutivo, el aguardiente, el salitre y la pólvora.

No habrá monopolio de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección a la industria. Exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda y a los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna industria”.

“Art. 35. Se garantiza el derecho de asociación, y sólo se prohíbe el establecimiento de congregaciones conventuales y toda especie de instituciones monásticas”.

“Art. 40. Los derechos y garantías que enumera esta constitución, no serán entendidas como negación de otros derechos y garantías no enumeradas; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de Gobierno”.

TÍTULO IV

De los Extranjeros…

“Art. 47. Los extranjeros pueden adquirir toda clase de bienes, no quedando éstos exonerados de las cargas ordinarias o extraordinarias que las leyes establezcan sobre los bienes de los salvadoreños…”. (93)

(93) Miguel Ángel Gallardo: “Custro Constituciones federales de Centro América y las constituciones políticas de El Salvador”. Pág. 216 y siguientes.

La Constitución de 1886, culminación en el pueblo cuscatleco del proceso de la lucha librada entre las fuerzas liberales progresistas y las fuerzas clerical-conservadoras en El Salvador y Centroamérica, desde las primeros y azarosos días de la vida de la República Federal centroamericana, una de cuyas páginas más gloriosas y dolorosas fue el jalón encarnado en la fecunda existencia y muerte de Gerardo Barrios, fue la formulación positiva suprema de nuestra ideología liberal-democrática de fines del siglo XIX; para esta época y nuestro medio, de lo más avanzado, y aunque siempre sin clases económicas que fueran sus adecuadas portadoras, timbre de gloria de los hombres cuya lucha la hizo posible y legítimo orgullo de los salvadoreños. Dentro de ese marco político-jurídico, avanzado, se hizo posible uno de los períodos de desarrollo económico y social más importante de la vida de El Salvador; durante el cual, indudablemente, y dentro de las propias limitaciones de nuestra base material mercantil capitalista, avanzó el desarrollo de nuestras fuerzas productivas y se ampliaron y extendieron las nacientes relaciones capitalistas del sector agrícola exportador. En suma, desde 1886, como en la Guatemala de la misma época, hubo en El Salvador, dentro de lo que era posible, con las limitaciones y características de la clase propietaria cafetalera y las de nuestra economía agrícola monoexportadora, armonía entre nuestra base económica y el régimen económico constitucional que nos diéramos con el estatuto fundamental cuyas disposiciones acabamos de transcribir.

Costa rica, indudablemente, por su casi homogeneidad ética heredada de la Colonia, su sistema de minifundio, también heredado de la Colonia y en un primer momento ampliado (incrementada la exportación de café y como resultado de la competencia en el mercado internacional, en un segundo momento de su desarrollo agrícola, Costa Rica ve desaparecer su base minifundista y surgir el latifundio cafetalero) y su temprana integración al mercado internacional a través del café, pasa a ser a fines del siglo XIX el país centroamericano más desarrollado social y políticamente; es decir, a darse una superestructura político-jurídica y cultural liberal-burguesa más avanzada en cuanto las formas de ésta reciben un mayor contenido de realidad o vital.

La democracia burguesa costarricense de fines y principios del siglo –fines del XIX y principios del XX- se hace notar quizá hasta mundialmente; parece ser que las formas ideológicas y culturales en general fueron en buena parte eficaces en la institucionalización efectiva, no vacía, de la dominación política ejercida por la oligarquía cafetalera. Como que el caso costarricense ha sido el de un país en que no se ha dado el de pobreza degradante de la población campesina que en los otros cuatro. Costa Rica no heredó el pesado problema de una población indígena numerosa aplastada en sus posibilidades de desarrollo por tres siglos de trato y condiciones de supervivencia inhumanas, abyectizantes. Cabe suponer que Costa Rica contó así con una fuerza humana de trabajo de nivel de desarrollo más elevado y constitutiva de una clase social: que hizo imperativos formas más civilizadas de dominación y explotación, con gran predominio de los elementos ideológicos o intelectivos sobre las intimidativos, y que ejerció cierta medida de control del ejercicio del poder público.

Siendo el hombre o productor directo el elemento más valioso de las fuerzas productivas, es comprensible que Costa Rica se acercara mucho más que los otros países del istmo al ideal de una república liberal; no obstante su base económica de grado mercantil capitalista. Hubo, pues, mayor armonía o afinidad o concordancia entre el régimen económico constitucional liberal costarricense de fines del siglo XIX y primeras décadas del XX y su respectiva base económica, que la que en la misma época existió en el seno de los regímenes sociales o formaciones económico-sociales de El Salvador y Guatemala.

Honduras no hereda de la Colonia una base económica feudal de nivel mercantil capitalista inicial; sin duda la base económica con que pasa al período independiente era casi de subsistencia muy embrionariamente mercantil simple. Así, sin mercado interno, economía agrícola de exportación, sólo logra, como se ha visto, su integración al mercado internacional a fines de la pasada centuria y a través del banano, cuya explotación pronto a principios del presente siglo es enajenada en poder de los monopolios norteamericanos. En tales circunstancias, bajo el peso de la deformación y ataduras impuestas por el enclave de la economía bananera, Honduras no logra avanzar sino muy a la zaga de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, en su esfuerzo para sentar las bases materiales de un poder central integrador que pudiera dar contenido real nacionalista a la superestructura político-jurídica liberal que la reforma lograr formular bajo el liderado de Marco Aurelio Soto. Honduras vendría a ser y seguirán siendo, junto con Nicaragua, el área más desprotegida, ante la explotación e intervención norteamericana, de la incipiente nacionalidad centroamericana.

También la base material heredada de la Colonia por Nicaragua no fue suficiente para alcanzar en la segunda mitad del siglo XIX el nivel de desarrollo social y político que lograron El Salvador, Guatemala y Costa Rica a través de sus economías agrícolas exportadoras fundamental o determinantes cafetaleras. “También en Nicaragua se transformó el ejido colonial al impulso de la influencia liberal”, pero lo que surgió fue un sector ganadero orientado hacia el mercado interno (y costarricense). Fue la ganadería la que “llenó en parte el vacío creado por la falta de desarrollo del sector exportador desde el punto de vista del funcionamiento interno de la economía nicaragüense (Naciones Unidas, Análisis y proyecciones del desarrollo económico, Nicaragua, Nueva York, 1966, Págs. 2 y 3). Como en Honduras, la débil estructura económica, agregada de la invasión filibustera y de la ocupación yanqui, no permitió que la reforma estructural y superestructural iniciada por Zelaya ahondara las bases materiales en que pudiera sustentarse y consolidarse un poder central integrador nacionalista nicaragüense, vale decir un régimen económico constitucional liberal modernizante al estilo de los instaurados por las Revoluciones liberales de 1871 y 1885, respectivamente, de Guatemala y El Salvador.

3-C. CARACTERÍSTICAS Y LIMITACIONES DEL DESARROLLO ECONÓMICO QUE SIRVIÓ DE BASE A LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS PARA CONSOLIDARSE RELATIVAMENTE COMO ESTADOS INDEPENDIENTES. TRANSICIÓN A UN SEGUNDO PERÍODO DE VINCULACIÓN CON EL SISTEMA CAPITALISTA MUNDIAL. INADECUACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO LIBERAL ABSTENCIONISTA PARA IMPULSAR NUESTRO DESARROLLO Y DEFENDER NUESTROS RECUROS ECONÓMICOS Y NUESTRA SOBERANÍA DURANTE TAL TRANSICIÓN.

El istmo pasa de su status colonial a formar parte de la comunidad internacional de países independientes en los momentos en que el desarrollo capitalista del mundo (protagonizado por la Europa Occidental y los E.E.U.U.) ha iniciado ya el recorrido de expansión industrial maquinizada, que impulsa a la búsqueda de mercados para los productos de la industria y/o de zonas productoras de materias primas. Esta situación internacional, dado el estado de miseria, aislamiento o desintegración económica, en suma de atraso, en que España dejó sumidas a las provincias centroamericanas al término de su dominación, representó grandes riesgos y atentados para la autonomía de nuestra muy incipiente nacionalidad centroamericana y hasta para su total independencia; al mismo tiempo que nos ofreció el único curso viable para consolidarse como países independientes gracias a nuestra posibilidad de participación en el comercio mundial fundamentalmente a través de los colorantes y del café.

El cambio de relaciones de producción en el campo que impuso la economía cafetalera, a través de los movimientos revolucionarios liberales, cobró su mayor significación en la destrucción del dominio económico que la iglesia ejercía. El progreso de las fuerzas productivas que ese cambio propició fue muy limitado, las posibilidades de mecanización que el cultivo del café ofrece son reducidas y el alto porcentaje de fuerza de trabajo humano que exige “no necesita ningún tipo de calificación”. El avance tecnológico de la agricultura, pues, siguió siendo atrasado y ello contribuyó a que la masa de trabajadores agrícolas siguiera arrastrando una existencia miserable, sin estímulos y sujeta a malos tratamientos. Sin que contáramos todavía con un desarrollo industrial urbano importante, en tales condiciones de desarrollo agrícola el fortalecimiento o diversificación del mercado interior, o su integración a la escala nacional de cada país centroamericano, no podía contar con grandes posibilidades; y, por otra parte, esto no parece haber sido preocupación fundamental, como paso próximo a dar una búsqueda de un desarrollo más científico e independiente, del nuevo grupo dominante, es decir, de la oligarquía cafetalera.

En la estratificación social los campesinos (indígenas en Guatemala; mestizos e indígenas en Honduras, Nicaragua y El Salvador; y casi todos blancos en Costa Rica) pasaron a ser la base del sistema a constituirse en la fuente más importante de la riqueza productiva; la situación de “marginilidad” de esta clase aseguró la integración de los otros grupos y clases sociales que a la larga y en alguna medida se alcanzó. Agregados a esta situación los efectos de la ley de concentración y centralización que rigen el desenvolvimiento de las relaciones capitalistas de producción –más visiblemente concretados en la configuración del latifundismo cafetalero-, el flujo de esta estructura económica hacía el plano de las superestructuras político-legales determinó en este plano la formación y mantenimiento, “por la pequeña aunque poderosa oligarquía terrateniente centroamericana”, de una estructura real de poder que garantizaba a ésta orden interno, mano de obra obediente y barata (“V. C. Furtado. “Desarrollo y subdesarrollo”. Eudeba. Buenos Aires. 1964. 2ª Edc. Pág. 215”) y una infraestructura de servicios públicos construida para servir a la economía cafetera. (94)

(94) V. Ministerio de Trabajo de El Salvador: “Esbozo de la situación económico-social de las materias más estrechamente relacionadas con la seguridad social…”. Pág. 22.

La inalternabilidad de las condiciones locales de producción, en las que el nivel de salarios en el factor de más fácil regulación viene a ser aspecto o elemento constante del sector de nuestra economía de que depende nuestro desarrollo. La capitalización, es el caso de la economía centroamericana, en las condiciones esbozadas, se hizo posible más que por una conducta previsoramente adoptada por la aristocracia cafetalera con vista a la superación de nuestro atraso económico, por la enorme proporción de los excedentes del trabajo agrícola de que esa aristocracia pasó a apropiarse, “la mentalidad resultante de ganancias siempre imprevistas, fuera de todo control y sin correspondencia con la inversión o el esfuerzo planeado, limitó los alcances de la aventura empresarial en el campo; el crecimiento “en profundidad”, dentro o fuera de las zonas rurales, no correspondía a la mentalidad cafetalera”; el crecimiento intentado fue, en el mejor de los casos, un crecimiento extensivo”. El elemento dinámico del sistema no era el volumen de inversiones racionalmente aplicadas y perseguidas sino la fluctuante demanda externa.

Todo lo anterior explica la unilateralidad, los limitadísimos alcances y la lentitud de nuestro desarrollo económico, causa, a la vez, de nuestro atraso político y general.

Agréguese a las características y limitaciones de la propia economía cafetalera, los hechos de que el café desplazó, por su nivel de precios y consiguientes rendimientos superiores a los de todo otro producto de exportación y por su creciente demanda, a otros varios cultivos que también para exportar se llevaban a cabo, “y puso en manos del sector parcelario minifundista (el más tradicional y debilitado) la agricultura para el mercado interno”.

“A pesar de tratarse de una oferta inestable sujeta a las contrataciones cíclicas del capitalismo competitivo, la participación relativa del café centroamericano en el comercio mundial del grano aumentó rápidamente en los tres últimos decenios del siglo XIX. La producción centroamericana alcanzó su punto máximo en la penúltima década del siglo pasado con casi un 14 x 100 en la producción mundial”. A partir de entonces, la época de oro del café centroamericano correspondió a los primeros treinta años de su expansión y termina aproximadamente a comienzos del presente siglo. En adelante no podrá recuperar su importancia ni aún durante la época de auge inflacionario que siguió a la Segunda Guerra Mundial”.

Mientras la industria cafetera centroamericana recorre las últimas fases del período hasta aquí bosquejado y determina la formación de la estructura económica y social brevemente descritas, ocurren en otro sector de la economía centroamericana y en el ámbito mundial del Capitalismo hechos, que concurriendo con el agotamiento de “las posibilidades desarrollistas de la industria cafetera”, hunden a Centroamérica en una larga crisis que rompe la relativa correspondencia que el progreso general alcanzado a partir de la década del 70había establecido entre nuestra base económica y nuestras formas político-jurídicas, vale decir, entre la dicha base y el régimen económico constitucional liberal que la regían en su desenvolvimiento. Veamos a grandes líneas cuáles son esos hechos.

Desde los mismos momentos en que nos independizamos de España, se hacían sentir la influencia de los E.E.U.U. en el Caribe y Centroamérica pero correspondiendo esos momentos al período industrial maquinizado, el contenido y forma de esa influencia eran más políticos que económicos. Más, a fines del mismo siglo XIX iníciase la transformación del capitalismo mundial competitivo en Capitalismo monopolista, al mismo tiempo que la guerra librada en Cuba entre España y los Estados Unidos es ganada por éstos en 1898. A partir de este momento se libra una competencia económica en el Caribe entre Inglaterra y E.E.U.U., en la que terminan por ser desplazados los ingleses. Fortalecida así la influencia norteamericana en El Caribe, pronto los monopolios de esa nacionalidad empezarían a penetrar en la economía centroamericana. Los mismos gobiernos liberales, sin duda apremiados por la crisis del mercado mundial del café”, “signadas por la declinación de los precios” y por los trastornos monetarios –reforzados por los grupos que con tales trastornos favorecíanse en sus intereses y fiscales que seguían a las primeras, entregaron gratuitamente a los monopolios yanquis los ferrocarriles construidos con recursos nacionales. Es oportuno hacer constar que “el arribo de la inversión foránea, cualquiera que sea la modalidad inicial, es posterior al surgimiento de grupos sociales que como los hacendados (cafetaleros), jugando el doble papel de productores para el mercado exterior y organizadores de una autoridad central, realizan el intento más logrado hasta entonces por organizar la vida económica y política de las naciones centroamericanas”.

Desde fines del siglo XIX empezó a ser cultivado el banano por productores locales en Honduras, Guatemala y Costa Rica. Transportistas norteamericanos compraban el producto, a precios bajos, y lo trasladaban a los mercados norteamericanos. Posteriormente pasan a producirlo desplazando a los productores nacionales y por medio del sistema llamado “integración vertical”, a través de compañías subsidiarias, los mismos monopolios explotan el ciclo completo de cultivo y comercialización del fruto. Así se consolida el enclave bananero. A su dominio y control pasan la producción bananera y los transportes ferroviarios y marítimos centroamericanos. A las concesiones y donaciones ferroviarias sumáronse las portuarias y de enormes extensiones de tierra. También las “inevitables pugnas internas de la oligarquía liberal” o entre ésta y el conservadurismo facilitan o consolidan esas “concesiones” creyendo encontrar en ellas una nueva coyuntura para consolidar su respectivo dominio.

La significación del banano puede ser apreciada en tres aspectos: 1) en su volumen exportación; a principios del presente siglo se exportó un promedio de 10 millones de racimos y a finales de la década del 20 alcanzó un promedio de 38 millones; 2) su influencia o efectos en el desarrollo económico, social y político; 3) Su peculiar posición de fuerza no integrada al complejo unitario económico e institucional de cada país centroamericano y menos a la fluida o desdibujada nacionalidad centroamericana, contra cuyo fortalecimiento y consolidación atenta.

El volumen pudiera, por su cuantía, indicar la presencia de un poderoso factor de desarrollo. Lejos está de que así sea. “De todas las condiciones que favorecieron el establecimiento de las plantaciones bananeras, la libre exportación de utilidades (que no sólo adopta la forma de repatriación de ganancias sino de capital) y la libertad de importación-exportación son dos rasgos que tipifican, en Centroamérica, el funcionamiento de la economía de enclave”. La concesión económica es inexcusablemente acompañada de un fuero legal protector “por el que no pasan las leyes y acciones del Estado”. Las compañías bananeras por lo general sólo pagaron impuestos al Estado 30 ó 40 años después de su radicación. A fines de los años 20, el banano contribuía en Guatemala con 1.9 x 100 de su valor total de exportación en tanto que el café contribuía con el 8.7 x 100 de ese valor. En Costa Rica, el café pagaba impuestos por valor de 11.8 x 100 y el banano solamente el 1.4 x 100. Del total de ingresos al gobierno de Guatemala recibió el 13 x 100 por impuestos deducidos del café y el 0.4 x 100 por impuestos deducidos del banano; Costa Rica recibió el 6 x 100 de sus ingresos totales en concepto de impuestos por exportación de café y sólo 0.9 x 100 de impuestos por exportación de banano (Ch. D. Kepner Jr. Y J. E. Soothil. “El imperio del banano”. Editorial Triángulo. Buenos Aires, 1957).

El enclave bananero se aprovechó de la inestabilidad y trastornos monetarios; que tanto daño hicieron a las débiles economías de los países centroamericanos desde los días coloniales hasta bien entrado el presente siglo.

Honduras, por su débil y poco diferenciada estructura económica y social, por su falta de integración económica y política, por el aislamiento de su costa atlántica frente a los valles del interior en donde ha vivido asentada la mayor parte de su población, ha sufrido más hondamente los efectos deformantes del enclave bananero. Por ejemplo, la considerable cantidad de salarios y sueldos pagados a obreros y empleados en buena proporción revierte a las arcas del monopolio a través de los establecimientos comerciales de éste establecidos todo a lo ancho y largo del territorio hondureño ocupado por el enclave; las plantaciones ocupan un promedio de 30,000 obreros y empleados, que reciben como promedio el 15 x 100 de los ingresos nacionales, calculados en 200 millones de lempiras en 1950 (P. Vinelli y otros, “Estudios sobre la economía de Honduras”, misión de FMI, Banco Central de Honduras, 1950).

Lo dicho basta para explicarnos porque contra el considerable volumen de las operaciones de los monopolios bananeros el impulso al progreso económico recibido de los mismos ha sido pequeño. Por este impulso recibido en definitiva, con sólo inversiones originarias muy pequeñas los monopolios recibieron gratuitamente recursos nacionales de inmenso valor y toda clase de facilidades y posibilidades de extraer y trasladar, incontroladamente de parte de gobiernos y pueblos centroamericano, inmensas riquezas la metrópoli. Por ejemplo, en Honduras, la United Fruit Co., pasó a producir el banano en 1912; en 1913 la Tela Railroad Co. (subsidiaria de U. F. Co.) pasa a controlar parte del sistema ferroviario hondureño y en 1924 la UFCO tenía 27,000 acres cultivados, es decir, tres veces la extensión de sus cultivos en Colombia y Guatemala y cinco veces las de Panamá y Costa Rica (Ch. D. Kepner Jr. Y J. Soothil, “El Imperio del Banano”, Editorial Triángulo, Buenos Aires, 1957), sobre un total de 400,000 acres poseídos.

En cuanto a los efectos sociales y políticos, lo que menos ha podido esperarse es que hayan tenido a una integración de elementos de contenido nacional; al contrario, los monopolios han alimentado en Honduras el espíritu de dependencia respecto de los mismos –monopolios- de los grupos dominantes, el aldeanismo político frente al ideal centroamericanista, el separatismo y la reacción. Los monopolios pues en Centroamérica, participan en el juego de poder, favoreciendo la inestabilidad política; por ejemplo una competencia iniciada en el mercado vendedor de Nueva Orleáns por precios o calidad del banano se trasladó al ámbito local hondureño al favorecer las luchas políticas intestinas; un monopolio apoyaban a los conservadores y otro a los liberales; la pugna terminó en 1920 cuando la UFCO compró las propiedades de la Cuyamel.

Las plantaciones bananeras, pues, tienen efectos importantes tanto sobre el sistema económico, como sobre los sistemas políticos y sociales. En el aspecto político el principal es una sostenida limitación de las posibilidades históricas de autonomía. La permanencia de este efecto en el proceso de formación del Estado Nacional dé por resultado un ordenamiento político “que facilita, o sanciona, la hetereconomía con que actúan los grupos y clases dominantes”. (95)

(95) V. Edelberto Torres-Rivas: “Estructuras y Procesos de una sociedad dependiente”. Págs. 77 y siguientes, 94 y siguientes; 104, 122 y 123.

La consolidación del poder económico y político de los E.E.U.U. en el Caribe y Centroamérica, que fue parte o consecuencia del proceso del paso de la etapa ascensional del Capitalismo mundial a la etapa monopolista o imperialista, significa para el istmo centroamericano el fin de un primer período de dependencia económica en el que no obstante ésta y los ataques recibidos del Imperio Inglés los países centroamericanos disfrutaron de una relativa independencia política en cuya virtud lograron cierta consolidación de elementos nacionales centroamericanos y locales de cada uno. Durante ese período, gracias a la relativa estabilidad del mercado internacional del café de los años 1870-1896, “se avanza en el esfuerzo por constituir una estructura institucional y política a través de un poder unitario fuerte, en condiciones de tomar decisiones dentro de un nuevo status de legitimidad; termina la situación de “fronteras fluidas” y “se integran algunas regiones económicas importantes, fundamentalmente por la construcción de ferrocarriles e instalaciones portuarias, servicios telegráficos y de energía eléctrica, etc.”. Se consolidó y modernizó un tanto la hacienda cafetalera, aumentó la población urbana y disminuyó la dispersión feudal (“Mariños Otero”, “Una contribución al conocimiento de la estructura social de Honduras”, en Economía Política No. 15, Tegucigalpa, Honduras, 1966, Págs. 30 y siguientes”).

Hasta el período anterior a la Primera Guerra Mundial las sociedades centroamericanas se habían configurado en buena medida como exportadores al mercado europeo o importadores del mismo de bienes manufacturados; se encuentran atadas también al mismo por razones financieras; la etapa ascensional del Capitalismo tuvo su centro en Europa, sobre todo en Inglaterra. Esta, a mediados del siglo XIX, eran el “Taller de todo el mundo”, la que proporcionaba artículos industriales a todos los países a cambio de materias primas y comestibles. En 1950, la parte de los Estados Unidos en la producción industrial del mundo era del 15 x 100, mientras que la de Inglaterra ascendía al 39. “Al pasar al imperialismo todo cambió por completo. En el último cuarto del siglo XIX, el monopolio británico sufrió rudos golpes por el rápido progreso de países capitalistas como los Estados Unidos”. Entre 1870 y 1913 la industria mundial se hizo cuatro veces mayor, siendo el momento en los Estados Unidos de nueve veces… En vísperas de la primera guerra mundial… la parte de Norteamérica era superior a la de Inglaterra y Alemania juntas”. (96) Para Centroamérica comenzó a cambiar la situación “con el deterioro paralelo de la influencia europea (Inglesa) y el surgimiento del capitalismo norteamericano”. El Caribe y el istmo centroamericano fueron convertidos rápidamente en zonas de inversión y producción exclusiva para el mercado Yanqui, al mismo tiempo que declinan las inversiones europeas y mengua la influencia británica, salvo en Costa Rica, donde continuó casi hasta el período de la Segunda Guerra Mundial. En las últimas décadas del siglo XIX Centroamérica estaba dentro del grupo de los países que vendían más a los Estados Unidos y compraban más a Europa, en un intercambio “triangular” que se fue modificado entre ambas guerras mundiales hasta definirse a favor del intercambio bilateral exclusivo con el mercado del Norte. Durante los primeros años de la década del 30, sin embargo, Costa Rica aún tenía una situación inversa pues vendía al Reino Unido un promedio del 47 x 100 de su exportación total y sólo un 39 x 100 a E.E.U.U., en tanto que compraba sólo un 11 x 100 a Inglaterra y un 52 x 100 a los E.E.U.U.; esta situación cambia rápidamente en la postguerra, adoptando una situación similar a la que con notoria anticipación ofrecía el resto de la región (“Anuario Estadístico de 1932, del Gobierno de Costa Rica”).

El café, después de este cambio, siguió siendo el gran producto nacional; pero a esta vinculación se sumó la que se establece con la inversión privada directa y el control extranjero de sectores económicos nacionales. Se inicia, así un segundo período de dependencia, que complementa y refuerza el primero. En este segundo período se une a la dependencia económica una indudable, dependencia política, acorde con la esencia de la dominación monopolítica. Se pierde la relativa independencia política de que se disfrutó a lo largo de más o menos medio siglo. (97)

(96) V. Otto. V. Kuunsinen y otros: “Manual de Marxismo Leninismo”. Págs. 234-235.
(97) V. Edelberto Torres Rivas: Ob. Cit. Págs. 60 y siguientes, 100 y siguientes.

La base material o económica cafetera hizo emerger su correspondiente estructura social, en cuya base, como se ha visto, aparece la clase campesina y en cuya cúspide se sitúa la oligarquía cafetera y terrateniente, que pasa a ejercer el poder político ya sea directamente o a través de representantes suyos. A la larga las limitadas posibilidades y exigencias de progreso tecnológico de la industria cafetera; y sus posibilidades y características desarrollistas derivadas del destino de su producto (en forma primaria) en el mercado mundial, de la situación no saturada de café de éste (mercado) en siglo pasado y de la seguridad de disposición de una adecuada cantidad de fuerza de trabajo humano o bajísimo niveles de salario; determinaron características conservadoras y hasta parasitarias de la conducta económica de la nueva clase dominante. La oligarquía cafetalera no aprovechó la expansión del mercado cafetalero mundial ni las coyunturas favorables que éste ofreció posteriormente, cuando las declinaciones de precios tendrían a ser más frecuentes, para invertir en el sector urbano de la economía en la medida necesaria para haber sentado las bases de un desarrollo que hubiese dependido menos de factores externos, es decir, del mercado mundial y de los centros de poder político y económico imperialista; o sea, las de un desarrollo autosustentado. En vez de éste dio en expatriar sus ganancias, y atesorar. Asumida esta conducta por el sector de la población llamado a promover el desarrollo, el avance del éste fue muy limitado, desigual y dependiente.

De fines de siglo data la aparición de los primeros sectores de trabajadores urbanos; en las ciudades de San Salvador, Guatemala y San José aparecen las primeras industrias livianas de bienes de consumo (textiles, de alimentos y bebidas) al impulso o como complemento de la economía exportadora. La iniciativa manufacturera, aún escasa, corresponde generalmente a inmigrantes europeos, pero en su totalidad salvo las fábricas instaladas en la Costa Norte de Honduras, se fundan como empresas de capital nacional. La inversión industrial extranjera, con la excepción hondureña, sólo aparece más tarde, cuando el capital inglés y alemán fueron relegados por los efectos irrecusables de la competencia, o como resultado de decisiones provocadas por la Primera Guerra Mundial.

“En el tránsito del siglo XIX al siglo XX se alternan” períodos de relativa bonanza en un cuadro general de constante deterioro de las relaciones establecidas con el mercado mundial”. La guerra mundial de 1914-18 no afectó a la región como las caídas de los precios del café en 1897, 1907 y 1920, cuando toda la estructura social y económica sufrió serias contradicciones. Los precios descendieron a menos de la mitad del promedio que prevalecía al comienzo de la década del 90 (V. D. Wickierzer, The World Coffe Economy, Standford, E.E.U.U. 1943, P. 139).

El resultado de esas etapas de depresión fue, además una creciente concentración de la tierra, proceso que de manera natural se venía operando desde medio siglo atrás; muchos deudores hipotecarios en la imposibilidad de pagar sus créditos cedían sus tierras a los dueños de ingenios y beneficios cafeteros; durante esta época aparece el terrateniente extranjero, especialmente alemán, en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y se convierte en un grupo influyente en el sector de los intermedios exportadores.

Ya en 1907 la crisis se expresó internamente por una aguda escasez de artículos alimenticios, encarecimiento de productos manufacturados y abandono de algunos productivos renglones artesanales.

La depresión de 1897-1900, trascendió también en crisis en el plano político, en El Salvador; en Costa Rica hizo que toda la estructura financiera –pública y privada- se debilitara, se paralizara el comercio interior y se desacreditan el patrón oro (una de las más logradas expresiones del período liberal” (R. Facio, Estudio sobre la economía costarricense, San José, Costa Rica, 1942, Cap. II); en Guatemala se señaló el inicio de una larga dictadura “pseudoliberal”, que inició la entrega de la economía guatemalteca a los monopolios norteamericanos, la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, “que ofrecía, a sangre y fuego, el orden y la seguridad que los intereses externos o internos demandaban”.

La oligarquía cafetalera centroamericana desaprovechó las oportunidades de los momentos de auge y no extrajo las experiencias derivadas de los períodos de crisis; no permitió cambios en la estructura económica agraria resultante de la economía cafetera exportadora ni creó un mercado interno a base de elevación de salarios, prestaciones sociales e inversiones en industrias del sector urbano; se malograron en los mejores frutos que pudieron rendir los períodos de bonanza “como los que predominaron en algunos momentos de la primera etapa de expansión o en el período de la década del 20, anterior a la crisis mundial. Por el contrario en esta década el perfil exportador se fortaleció manteniendo casi intacta la estructura social interna; pero en estos días “la desaprensión de la oligarquía terrateniente se correspondía con el agotamiento de las posibilidades desarrollistas del café”. Las decisiones no reflejaban preocupación o conocimiento de estas limitaciones; la oligarquía reflejaba las debilidades de su formación social y de su comportamiento ideológico; de fuerza progresiva cuando se enfrentó a la vieja reacción colonial-feudal y durante las primeras décadas del Liberalismo había devenido, en buena parte, parasitarias; de fuerza impulsora del progreso económico y social los intereses de los grupos oligárquicos, medio siglo después, se convierten paulatinamente en obstáculos del desarrollo, al agotarse las posibilidades reales “de la sociedad agroexportadora” con la saturación del mercado mundial del único producto de exportación a que la clase dominante obligó a estos países y con la crisis mundial del Capitalismo monopolista de cuyo mercado dimos en depender en tan grande medida.

El período monopólico del capitalismo mundial, representado para nuestro caso por los Estados Unidos, implica la aparición de la inversión privada directa y por lo tanto el control directo de la riqueza de las llamadas sociedades periféricas. En 1897, la región centroamericana tenía ya un volumen de capital norteamericano invertido mayor que cualquier país de América del Sur. En los primeros 30 años del siglo XX la inversión directa norteamericana aumentó en unas 17 veces, pasando de los 11.5 millones de dólares en las postrimerías de la anterior centuria (1897) a más de 200 millones de dólares a fines de la década del 20; más del 40 x 100 de esa inversión se concentró en Guatemala, salvo durante los últimos años de aquel decenio cuando se incrementan notablemente las inversiones bananeras en Honduras; Nicaragua es el país que tiene las cifras de inversión más bajas.

Las inversiones de capital norteamericano empezaron orientándose algunas ramas industrializadas de la agricultura (el banano ya citado y, en menor medida, la caña de azúcar y algunas fibras vegetales) así como hacia el control de vitales servicios públicos de comunicación y transporte terrestre y marítimo (hecho que también ya fue señalado).

Es sabido que el capital británico en Centroamérica casi no revistió la forma de la inversión directa sino más bien la de préstamos públicos. Sólo en Costa Rica el capital inglés era dueño de una línea férrea, con una inversión de 4 millones de libras en la Compañía del Norte; en El Salvador, la primera inversión directa de importancia realizada por este capital durante la última década del siglo pasado también fue hecha en una línea férrea, pero fue rápidamente seguida y superada por capital norteamericano. Al terminar la Segunda Guerra Mundial restaban en Centroamérica inversiones inglesas por valor de 16.2 millones de libras esterlinas, correspondiendo a Guatemala el 60 x 100 de este total.

La Primera Guerra Mundial afectó drásticamente el comercio internacional con Europa y señaló la declinación de Alemania que actuaba como otro importante mercado comprador del café centroamericano; la expropiación de algunas empresas de capital alemán no significó su nacionalización sino su traspaso a propietarios norteamericanos. En esta época los intereses norteamericanos ampliaron su control sobre la economía nacional al adueñarse entre 1910 y 1920, de la industria de energía eléctrica de toda Centroamérica y al establecerse como distribuidores –en forma de monopolio- de los combustibles, y posteriormente del transporte aéreo (Pan-American Airways y TACA). Tales inversiones corresponden a lo que ahora se llama la inversión tradicional norteamericana porque apuntó exclusivamente hacia la agricultura y el sector de los servicios, a excepción de las tempranas inversiones manufactureras que los mismos monopolios bananeros hicieron en Honduras: fabricación de cerveza, jabones, textiles, procesamiento de madera y cría de ganado, que para el resto de Centroamérica sólo aparecen en la década del 50, ya en la postguerra.

El capital privado extranjero en muchos de estos sectores no creó sino substituyó a antiguos propietarios, aprovechando un terreno vacío por la ausencia de empresarios nacionales que, por lo general, orientaban su capital y actividad hacia la agricultura de exportación y el comercio, así como por una inadecuación del aparato estatal para tomar decisiones que, trascendiendo el marco tradicional de actividades, participara activamente en la defensa del mercado nacional. La concepción del laissez faire, laissez passer, seguía dominante en nuestros regímenes económicos constitucionales; la concepción interventora o e la regimentación estatal de la producción social era imposible de aplicar y menos de plasmaría constitucionalmente, dado el tipo de fuerza económica y políticas influyentes en las altas esferas del poder. La oligarquía terratenientes no controló directamente o por medio del sector público los renglones de la actividad productiva donde se asentó la inversión norteamericana directa. La actitud de los artículos dominantes, malformados por la base económica muy predominantemente exportadora –y por ello dependiente- y deformados por el parasitismo de los períodos de prosperidad, se volvió antinacional, antipatriótica, de entregas de la riqueza y de la soberanía centroamericana. “La política gubernamental fue siempre la misma: admisión del capital foráneo sin restricciones, garantía de convertibilidad plena de la moneda, exención, bajos impuestos y otros privilegios, etc.…”.

Más o menos en esta etapa ocurre también la sustitución de la libre esterlina por el dólar en los empréstitos públicos; la deuda que el Estado contrajo en tal período se aplicó menos a propósitos de la inversión productiva que a la amortización de viejas deudas con los acreedores europeos (ingleses especialmente). Lo extraordinario de los gastos públicos es que el servicio de deuda por concepto de empréstitos externos alcanzaba cifras relativamente altas. Por ejemplo, en los primeros años del presente siglo, El Salvador destinaba a tal servicio un 39.9 x 100 de los egresos fiscales. En el presupuesto correspondiente al año de 1930 representó el 30.79 x 100, en números absolutos más de 7 millones de colones. (98) El cambio de acreedores no aligeró el peso del endeudamiento público sino que lo agravó y “se sumó a la configuración de rasgos en virtud de la cual la región centroamericana fue directa y explícitamente a una temprana zona de predominio norteamericano”. (99)

(98) Oscar Quinteros Orellana: “Causas y Efectos de la Ley Moratoria de 1932”. Economía Salvadoreña, Pág. 62. H. C. Wallich y J. H. Adler. Proyecciones Económicas de las Finanzas Públicas. Un estudio experimental en El Salvador. Pág. 72 cuadro 17.
(99) V. Edelberto Torres Rivas: Ob. Cit. Págs. 75 y siguientes; 100 y siguientes, 108 y siguientes.

El breve período de auge de la década del 20 fue aprovechado por los países centroamericanos para adoptar el régimen del patrón de oro y reordenar la circulación monetaria. Los últimos países en adoptar el patrón oro fueron El Salvador en 1920 y Guatemala en 1924, pero la crisis mundial de 1930 causó nuevos trastornos y pospuso en toda la región centroamericana las posibilidades de consolidar la reforma.

3-D. CRISIS CAPITALISTA MUNDIAL DE 1930. SUS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS EN LA SOCIEDAD CENTROAMERICANA. PERSISTENCIA DEL CARÁCTER FUNDAMENTALMENTE LIBERAL ABSTENCIONISTA DEL RÉGIMEN ECONÓMICO CONSTITUCIONAL CENTROAMERICANO Y SU MÁS GRAVE INADECUACIÓN PARA EL ENFRENTAMIENTO DE LA CRISIS Y SU ESCUELA DE PARTE DE LOS GOBIERNOS DEL ISTMO. LAS MISMAS DICTADURAS MILITARES, VÉNSE ABOCADAS A LA NECESIDAD DE CAMBIOS CON EL ESQUEMA DEL RÉGIMEN ECONÓMICO CONSTITUCIONAL LIBERAL INDIVIDUALISTA.

La crisis mundial de 1930 sorprendió a los países centroamericanos en una situación económica, social y política que era la menos adecuada cara enfrentarla con miras a superar civilizadamente sus efectos. Si el régimen económico constitucional centroamericano, como se ha visto, fue por su carácter liberal abstencionista incapaz de promover nuestro desarrollo en forma adecuada a impedir la sujeción de nuestro desarrollo en forma adecuada a impedir la sujeción de nuestra economía a los intereses de los monopolios norteamericanos, en el período anterior al gran colapso de la economía capitalista mundial, más iba a serlo para superar, o moderar siquiera, a breve plazo las consecuencias de éste en los diversos aspectos de la vida de nuestras sociedades políticas.

Como ya se afirma en lo dicho antes, el desarrollo de la economía agrícola alcanzada en la etapa anterior a la crisis mundial redújose a los escasos progresos que el cultivo del café y su unidad productiva, la hacienda cafetalera, exigían y permitían. Se hace muy difícil concretar otros cambios significativos y permanentes del sector agrario. Hemos visto cómo en la misma industria cafetera hubo que recurrir a formas de contenido colonial, como el mandamiento y la habilitación, para obligar al campesino a proporcionar su fuerza de trabajo en las labores de aquella. A la par de estas formas de asalariado no libre del sector cafetalero, emergieron (como para substituir al diezmo) verdaderas instituciones o formas feudales de producción: “fincas chichigua” en que se dan parcelas a los campesinos con la obligación de ir a trabajar a la finca principal en época de siembra, limpia o que implican el pago del censo del arrendamiento de la tierra en especie. Es obvio que estas formas feudales de producción proveían bienes para el consumo local o sea que formaban parte de la economía de subsistencia, cuyo otro componente lo constituía el minifundio. Esta estructura agraria, que sucedió a la feudal-colonial (que subsistiera, más o menos, hasta la década del 60 del siglo XIX), fue ahondada y extendida, sin duda, en sus caracteres negativos, en la misma medida en que crecieron la dimensión del latifundismo generado por la concentración de la tierra, a su vez determinada por las relaciones capitalistas cafetaleras y por crisis periódicas derivadas de las declinaciones de los precios del café en el mercado mundial (declinaciones cada vez más frecuentes por el ascenso en éste de la oferta).

También hemos visto que el desarrollo del sector urbano de la economía era incipiente, que el mercado interior era muy débil. La mentalidad parasitaria de la oligarquía cafetalera no fue substituida por la inversión monopólica norteamericana, que fue aplicada en el sector agrícola y de los servicios; y ya vimos como el enclave bananero vino a ser verdadera factoría perteneciente a la economía yanqui.

La clase dominante, por el escaso desarrollo económico alcanzado no había llegado a grados de diferenciación que pudieran ofrecer la posibilidad de una ampliación renovadora en el dominio y dirección económico-políticos; bien se puede decir que cerraba filas perfectamente en los períodos de crisis, y su “estilo oligárquico bloqueaba todo acceso, a los niveles de decisión estatal, a la influencia de otros sectores”.

En general y determinantemente, los campesinos carecían de organización política y conciencia social; no tenían organización gremial. “En los centros urbanos los estrados medios, de lenta formación, surgían condicionados y dependientes de la oligarquía terrateniente”. Sin industria urbana en crecimiento o en desarrollo teníamos que carecer de grupos importantes dedicados al comercio exterior, de pequeños productores, de transportistas, etc., etc.; y, desde luego, de trabajadores urbanos que pudieran hacerse sentir en los varios aspectos de la vida pública.

Una tal estructura económica y social ya había empezado a dar sus peores frutos; ya la economía y la soberanía centroamericana habían sido enajenadas, fue lo primero que condujo; la marcha hacia la integración económica y geográfica del istmo ya era mediatizada y deformada por los monopolios, que también paraban los esfuerzos de centralización y consolidación del poder político; y Guatemala ya habían pasado por la experiencia de una dictadura larga, sangrienta y hondamente antinacional, la de Manuel Estrada Cabrera. En suma, cuando toca a las puertas el gran colapso mundial de 1929-33, ya en Centroamérica se han agotado, sin haber sido aprovechadas, las posibilidades que en su etapa de expansión ofreciera a la región el mercado mundial del café para sentar las bases de un desarrollo menos dependiente que le hubiera permitido hacerse respetar del imperialismo en defensa de riquezas y soberanía y salvar pronto los efectos de la crisis del capitalismo mundial.

Una tal estructura económica, social y política sólo podía hacerse desembocar, como nos hizo, acaecido el gran colapso mundial del capitalismo, de cuyo mercado dimos en depender tanto para nuestro desenvolvimiento económico, en una larga etapa de estancamiento, en que el pueblo centroamericano era que sufrir uno de los episodios más dolorosos de su historia. Agotadas las posibilidades “desarrollistas” ofrecidas por la economía cafetera, o, si se quiere, abierto un largo período en que las limitaciones de nuestro desarrollo no sería posible disimularlas en tanto no se presentara una recuperación de los precios de nuestro principal producto de exportación, quedaron al desnudo las limitaciones y el anacronismo de la clase cafetalera. Se deteriora la base económica sobre que ha emergido y sustentado el supremo dominio político ejercido por dicha clase y, así, se hace imposible mantener ese dominio con el concurso predominante (por sobre la sola fuerza) de las formas ideológicas y de las superestructuras político-jurídicas; es decir, entra en crisis la legitimidad de aquel dominio.

Antes del gran colapso mundial, algún contenido real tendieron a tener las superestructuras político-jurídicas liberales centroamericanas: Costa rica hasta dio vida a un régimen político burgués muy democrático; El Salvador vivió algunas experiencias democráticas del mismo carácter bajo el mandato de Araujo; y Guatemala tuvo un breve lapso de gobierno democrático capitalista a la caída de Manuel Estrada Cabrera. Costa rica, después de la década del 20, seguirá siendo la excepción centroamericana en el plano de su desenvolvimiento político –sólo será conmocionada, en tránsito hacia su avance, por las corrientes progresistas de la segunda postguerra-, en cuanto éste sigue un curso en el que continúa predominando en forma muy acentuada la legalidad (por sobre la fuerza), sin graves perturbaciones o negaciones de su institucionalidad tradicional. Los otros cuatro países verán sumada al estancamiento económico la barbarie de largas dictaduras militares, como recurso de la oligarquía para el mantenimiento de su privilegio económico y de su hegemonía política.

Con el colapso de 1929, en Brasil y otros países cafeteros se desintegró la ideología de corte colonial que identificaba los intereses del país con los de su comercio exterior (C. Furtado. “Desarrollo y Sub-desarrollo”. Eudeba. Buenos Aires, 1964, 2ª Edic. Pág. 215); pero en Centroamérica debieron pasar 2 décadas de estancamiento para que hiciera crisis aquella orientación. Era creencia generalizada de los grupos dominantes que los países centroamericanos, geográficamente pequeños, mas explorados y sin importantes riquezas mineras, hidrocarburos y otras fuentes de riquezas naturales, estaban destinadas a participar en la división internacional del trabajo como simples productores especializados en un solo producto agrícola. Las actividades derivadas de esta creencia estuvieran alimentadas, hasta una época posterior a la Segunda Guerra Mundial, por los progresos limitados, ya señalados, generados por la industria cafetera.

La crisis mundial del sistema capitalista manifestose de inmediato en una brusca declinación de los precios internacionales del café y producción en la demanda del mismo, y pronto por contracciones en la oferta de productos industriales extranjeros; es decir, por un debilitamiento del comercio exterior. La crisis abre en el istmo un largo período de estancamiento económico y social con agudos efectos en el sistema político, que, concentrado en el dominio de la clase cafetalera, a esa altura ya ha devenido rígido al no haber sabido evolucionar económica y políticamente dicha clase. Por manera que esta rigidez y el consiguiente reforzamiento de la dominación oligárquica, a través de las dictaduras imposibilitan la búsqueda de alternativas para superar, en un plazo menor, las consecuencias del colapso.

Devino un debilitamiento generalizado que se prolongó durante quince años, reanimándose la actividad sólo hasta el período de la post-guerra, cuando vuelven a alcanzarse, en los aspectos más importantes, los niveles de la década del 20. Dependiendo la economía del exterior, la baja de las exportaciones y precios tradujese en decadencia del sector monetario para ocasionar desajustes de lenta recuperación. Entre 1930 y 1945, en general, no aumentó la capacidad productiva interna ni se diversificó la exportación y durante los años 30 los precios del grano sufrieron el descenso más violento y persistente de su historia. (99-A)

(99-A) V. Edelberto Torres Rivas: Ob. Cit. Págs. 127 y siguientes.

En Costa Rica, en 1932 las exportaciones alcanzaron su punto más bajo y no recuperaron el nivel de 1929 sino hasta 1945. En 1926, por ejemplo, se exportó café por 42.4 millones de colones y 23.6 en concepto de banano; en 1932 tales ingresos bajaron a 23.7 y 10.7 millones, respectivamente (Anuario estadístico del año 1932, del Gobierno de Costa Rica). Entre 1931 y 1932 el valor del café costarricense exportado bajó en un 40 x 100; el precio medio por saco de 46 kilos se redujo de 120.52 colones, en la cosecha de 1928-29, a 53.60 colones para la cosecha 1931-32; el comercio exterior se contrajo en 45 x 100 entre 1929 y 1932. En El Salvador, Nicaragua y Guatemala las exportaciones se redujeron en un 55 x 100 promedio en el período de 4 años a partir de 1929. Los precios del café, en toda el área centroamericana, sólo recuperan su nivel en 1946. La disminución en el índice de los precios de exportación de este producto, para un país como El Salvador, donde significaba no menos del 90 x 100 del total de sus exportaciones, lo que equivalía a que fuera la casi totalidad “del haber de nuestro balance comercial”, (100) tenía que producir efectos desastrosos; en 1925 ese índice alcanzó 200 –promedio igual a 100 entre 1934 y 1938-, en 1928 había disminuido al 181 y en 1933 bajó hasta 173 y sólo recupera su antiguo nivel en 1946, es decir, veinte años después. (101) Guatemala en 1930 exportó 125 millones de libras de café, cantidad que sólo logró superar 17 años después; en 1933 la cantidad de café exportada bajó a 78 millones de libras, lo que sumado a la reducción de los precios significaron un ingreso menor de casi el 60 x 100 en los primeros cinco años del decenio; la Segunda Guerra Mundial impidió la recuperación que ya se iniciaba en 1938 (Véase V. D. Wickierzar, The Worlds Economy, Standord, E.E.U.U., 1943, Págs. 173 y siguientes.). En Nicaragua los niveles de producción de café del quinquenio que se inicia en 1924, no volvieron a alcanzarse sino hasta 30 años más tarde. (102)

(100) V. Esbozo de la situación económico-social en las materias más estrechamente relacionadas con la seguridad social en la República de El Salvador, Pág. 22.
(101) H. C. Wallich y J. H. Adler: Ob. Cit. Págs. 39 y 40.
(102) V. Edelberto Torres Rivas: Ob. Cit. Págs. 130 y siguientes.

Los términos del intercambio alcanzaron su etapa más baja en 1932, y sólo lograron recuperarse a finales de la década del 40. A los efectos propios de la crisis capitalista mundial se sumaron los causados por la “guerra de precios” iniciada por Brasil en 1937, y que tuvieron a su vez el (efecto) de impedir la lenta recuperación que se vería intentando; y todavía más, inmediatamente después de este fenómeno dúplice abatiéronse sobre la economía de Centroamérica las consecuencias de la contracción bélica de 1940-1941: Tal concurrencia de factores negativas, todos con origen externo, postergaron hasta el final de la Segunda Guerra Mundial la recuperación económica y la consiguiente reanimación de la estructura social.

En todos los países centroamericanos la crisis agraria se tradujo en abandono transitorio del cultivo cafetalero, desalojos de tierras y desocupación campesina; el desempleo se propagó a las ciudades, afectando gravemente a los sectores laborales y a las clases medias; el comercio y la administración pública debieron reducir sus actividades.

El comportamiento de la economía bananera fue distinto al principio. Honduras obtiene en 1930 la cifra récord de su producción y así, la rebaja en los precios de algunos años después fue compensada por el incremento de la exportación; “por esta circunstancia se dice que la sociedad hondureña resistió mejor la contracción general, pero esto es absolutamente relativo; se produce un ligero superávit comercial en el período 1931-1936 y luego se tornan los términos persistentes desfavorables”. Ya se afirmó en lo dicho del enclave bananero que el ingreso de este sector no se traduce sino en proporción poco significativa del ingreso nacional. Los efectos críticos se concretan en la economía hondureña en una gradual y lenta paralización de sus mecanismos económicos; el producto territorial neto creció a una tasa promedio de 0.7 x 100 en quince años, y sólo en 1946 se registra por primera vez un ingreso per cápita tan alto como el de 1930 (R. Mondragón C. “Tendencias del Desarrollo Económico 1923-1952, Tegucigalpa, Honduras, 1955, Págs. 3-5).

En El Salvador los efectos sociales, a su vez, agudizan el cuadro general de la crisis; el desalojo de tierras y el desempleo rural fueron de graves consecuencias; en la zona cafetalera difícilmente había tierras sin cultivo donde refugiarse o crear líneas defensivas en la economía de auto-abastecimiento. Ya en la Memoria de Hacienda y Crédito Público correspondiente a 1927 decía Don José Esperanza Suay: “Las extensiones de terrenos que aún permanecen sin cultivo, has de ser laboradas por los propietarios y entregados a manos de quienes puedan hacerlo. Es un crimen de lesa patria mantener abandonadas esas tierras que si no son muy numerosas, no por ello dejan de contar con el resultado final; y el Estado está en un deber de establecer gravámenes especiales sobre las tierras sin cultivo…” “La desesperación del agricultor, principalmente del pequeño, era tremenda… el crédito extrabancario, amparado en un código de corte liberal imponía condiciones imposibles de cumplir. Miles de pequeños propietarios… fueron desposeídos por sus acreedores”. (103)

(103) V. Oscar Quinteros Orellana: “Causas y Efectos de la Ley Moratoria de 1932”. “Economía Salvadoreña”. Págs. 54, 55-57; Edelberto Torres Rivas. Ob. Cit. Págs. 132-133.

La política oficial agudizó el profundo malestar social y en los inicios de 1932 estalló un levantamiento campesino en la región occidental del país, que el gobierno militar de Maximiliano Hernández Martínez, con el apoyo de los terratenientes, liquidó con ferocidad; la insurgencia rural costó la vida de más de 30,000 trabajadores del agro y la represión fue extendida a todo el país para limitar las presiones sociales derivadas de la crisis. El hambre, el dolor y la miseria abatieron la campiña –dice Oscar Quinteros Orellana- y una férrea dictadura militar ahogó en sangre el clamor de la masa campesina”.

La rebelión de los campesinos salvadoreños repercutió hondamente en el resto de Centroamérica y alertó a los propietarios agrícolas acerca de la movilización de las masas cuya fuerza de trabajo era la base de su posición económica y política dominante. En Nicaragua, algunos sectores campesinos del a zona noroccidental, en parte acicateados por el desempleo y la miseria provocados en 1930, prestaron apoyo activo al movimiento guerrillero de Sandino; aunque iniciada por motivos distintos, aquella lucha confluyó hacia reivindicaciones de naturaleza agraria; el descontento en las zonas rurales se manifestó en demanda de tierras, “cuya oferta por parte del gobierno central fue uno de los medios que contribuyeron a la pacificación del país”.

El gobierno militar de Ubido, en Guatemala reprimió la agitación social y fusiló en 1933 a un centenar de dirigentes sindicales, estudiantiles y políticos, en tanto que dictaban leyes contra la vagancia para castigar toda forma de descontento en el campo.

En Costa Rica, en 1934, hubo un fuerte movimiento huelguístico en las zonas bananeras, “pero tal conflicto fue canalizado institucionalmente”; país más civilizado, en él la legalidad democrático-formal aparece necesariamente, con la primera instancia de las funciones represivas del Estado de la oligarquía cafetalera.

A pesar de algunas medidas de política social, que la gravedad de la situación y la presión popular obligaron a tomar a los gobiernos centroamericanos (medidas que son el antecedente más próximo de lo que más tarde vendría a ser una nueva concepción de los regímenes económico y social constitucionales, o del régimen económico-social constitucional, si se quiere), en última instancia de dichos gobiernos procedieron con el más puro instinto oligárquico; una manifestación general de éste fue la restricción inmediata del crédito bancario, de las inversiones públicas y de los gastos presupuestarios. “El Estado impulsó una política de fraccionaria que reforzó, a largo plazo, los efectos de la crisis y redujo aún más la posibilidad de movilizar los recursos existentes a través de los escasos instrumentos institucionales de la época”.

En Guatemala, los créditos para inversiones se redujeron de 28 millones de dólares en 1929 a 14 millones en 1944. Y las resoluciones presupuestarias se basaron sobre la disminución de sueldos y salarios de la burocracia hasta en 40 x 100 en Honduras, Nicaragua y Guatemala. “Lo anacrónico de tales medidas es que, a partir de 1939, se pasó a una política de atesoramiento de superávit fiscales, sobre todo en el período de la Segunda Guerra Mundial”.

La base financiera del Estado, crónicamente débil, sufrió los peores efectos, “contrayéndose su actividad como reflejo del decaimiento general que afectaba a toda la sociedad”. De esta manera, el sector público (débil por principio, basado, como era, en la concepción radical liberal-individualista) vio reducido aún más sus escasas posibilidades de jugar un papel más decisivo en el manejo de la apremiante situación, admitiendo que tendiera a existir algún ejercicio independiente de poder. “Los ingresos públicos, que son un buen indicador del nivel de consumo y/o la productividad alcanzada, disminuyeron en un 40 x 100”. En Guatemala, los ingresos fiscales del año presupuestario 1928-1929, sólo se recuperaron durante los años finales de la Segunda Guerra Mundial. De 15.4 millones percibidos en el acto fiscal, los dichos ingresos bajaron a 8.2 millones en 1933-34, cifras que con leves incrementos mantuviéronse durante diez años, hasta 1944 (Véase J. H. Adler, E. R. Schlesinger y E. C. Olson, “Las Finanzas Públicas y el desarrollo económico de Guatemala”. F. C. E., México 1952, Cuadro 15 Págs. 62 y siguientes).

En El Salvador, en 1930 el Estado recaudó 21.4 millones de colones y dos años después 14.8 millones; en 1944 tiene lugar al recuperación fiscal con 26.1 millones de colones. (104)

En Honduras y Nicaragua, la situación fue peor, en ambas hubo rebajas hasta del 50 x 100 en lapso de 3 años; la recuperación tuvo lugar en forma lenta en los años 50. (105)

(104) H. C. Wallich y J. H. Adeler. Ob. Cit. Pág. 47. Cuadro 8.
(105) V. Edelberto Torres Rivas. Ob. Cit. Págs. 100 y siguientes; 134 y 136.

Como se ha dado a entender repetidamente, a lo largo del auge de la economía cafetera se siguió manteniendo en la ideología de los grupos dominantes y en las formas literales de la superestructura político-legal y en las formas literales de la superestructura político-legal la concepción originaria del Estado liberal e individualista. Lo indica claramente, aparte de la vigencia de la Constitución salvadoreña de 1886 y de la de Guatemala de 1879 –reformada en 1885, 1887 y 1897, pro no custancialmente en orden de desviarla de esa concepción-, la Constitución política de los Estados Unidos de Centroamérica, de 1898, que se dieron Honduras, Nicaragua y El Salvador, al constituirse ese año los tres países en República Federal, que precisamente parece haber sido echada a pique, a muy poco de constituida, por la primera crisis honda de la economía cafetera monoexportadora, ocasionada por la baja de los precios del grano, en el mercado internacional. Estaba baja generó la depresión de 1897-1900 y parece haber sido la causa, en El Salvador, del derrocamiento violento del Presidente Rafael Antonio Gutiérrez, que, a la vez, rompió la nueva Federación.

Dicha Constitución de 1898 es también de tipo liberal democrática. En ella, todavía no se toca la cuestión económica, de trabajo y social, no se legisla sobre esos aspectos. En lo económico, aparte de la expropiación “por causa de necesidad o utilidad pública” (Art. 36) y de la posibilidad de premiar o conceder privilegios temporales “a los autores de inventos útiles, o a los perfeccionadores de industrias de utilidad general”, sólo establece como atribución del Congreso la de “promover la prosperidad del país”; atribución que para la época y Centro América era, no obstante lo que se acaba de decir, un avance considerable. Aparte de esto, todo lo demás que ofrece contenido económico o financiero, se refiere a lo que tradicionalmente ha constituido el cuerpo físico (integración geográfica) del Estado y sustento, también físico, de sus instituciones, de su mismo ser ideal o cultural y jurídico: a telégrafos, caminos, canales, puertos, aduanas. (106)

(106) M. Miguel Ángel Gallardo. “Cuatro Constituciones federales de Centro América y las Constituciones Políticas de El Salvador”. Págs. 1 y siguientes; 41 y siguientes, 170.

Hemos visto que apenas incipientes a la hora de la Independencia, los elementos capitalistas o grupos sociales progresivos generados por la base económica feudal de la Colonia, fueron fundamentalmente desplazados de las posiciones supremas del poder político, en la primera época independiente, con el triunfo de la reacción clerical en Guatemala. Fortalecidos aquellos elementos, en la medida que se ha visto, gracias a los cambios impuestos por la economía cafetera, la concepción política burguesa o liberal-individualista original era la única que en el cuadro real y total de la sociedad centroamericana seguía siendo posible oponer a la obscurantista de las fuerzas de la reacción.

Dadas la deformación y el estancamiento que la dominación y explotación coloniales causaron a nuestro desarrollo; la naturaleza predominantemente feudal, el escaso progreso de la base económica, con que Centroamérica pasó a su vida independiente, fue poco lo que la concepción política liberal-individualista radical pudo hacer por superar nuestro enorme económico y social; lo poco que en este orden se logró en más o menos las 3 últimas décadas del siglo pasado fue posible, según se reduce claramente, por el carácter dictatorial progresista de los regímenes liberales de esos días, verdaderos frutos del ascenso de la economía cafetalera monoexportadora. Por el carácter de nuestra base material por la unilateralidad, debilidad y caracteres propios de nuestro desarrollo, post-independientes, las clases populares a los grupos medios no pudieron, en un primer momento de éstos, ser portadores de una ideología madura propia y menos pudieron hacer presión para plasmarla en realidad político-social y político-legal encaminada a aprovechar el ascenso o auge económico que se acaba de decir, para impulsar vigorosamente la diversificación agrícola, la industrialización urbana y la formación del respectivo mercado interior a través de la elevación de salarios, prestaciones sociales y obras públicas destinadas a promover la educación y de infraestructura económica.

Si la estructura económica y social centroamericana era imposible que ofreciera otras alternativas reales que las ejecutadas, en momentos en que el poderoso movimiento obrero europeo (sobre una base de desarrollo capitalista en su período ascensional y luego en el período monopolista o imperialista) todavía no había alcanzado a plasmar en la legislación constitucional, aparte del germen ya insertado en la Constitución de la II República Francesa, de 1848, las nuevas concepciones económicas y sociales, éstas no eran del todo desconocidas. Es inobjetables prueba de ello el ya citado precepto de la dicha Constitución francesa de 1848, que desde que apareciera, tempranamente, en la Constitución conservadora salvadoreña de 1864 “Art. 76. El Salvador reconoce derechos y deberes anteriores y superiores a las leyes positivas. Tiene por principios la libertad, la igualdad, la fraternidad; y por bases la familia, el trabajo, la propiedad y el orden público”, se mantuvieran en todas las constituciones de El Salvador hasta la de 1945 inclusive, para desaparecer sólo hasta en la de 1950. (107)

(107) V. Miguel Ángel Gallardo. Ob. Cit. Págs. 128 y siguientes.

El progreso indicado por la avanzada –para los días que corrían y para nuestro país- disposición que se acaba de transcribir, indudablemente tomada por nuestros legisladores de 1864 del Derecho Constitucional francés, era, evidentemente, a influencias del avance democrático de los regímenes sociales capitalistas que, a impulsos de la lucha de la clase obrera, tenía lugar en Europa; lucha y avance que, como ya se vio en capítulo anterior, habiendo sido iniciados en Inglaterra y Francia al iniciarse la década del 30 del mismo siglo XIX (al ponerse en evidencia las limitaciones unilateralidad y contradicciones del régimen económico capitalista) y que ya en el citado año de 1864 hacia grandes progresos en Alemania y alcanzaba la primera sesión de la Internacional en Londres en 28 de septiembre. Y se hace claro que aquél progreso siguió un notable ascenso en los grupos avanzados de los jóvenes países centroamericanos en la Constitución Política de la República Federal de Centro América de 9 de septiembre de 1921, promulgada “en cumplimiento del pacto de unión firmado en San José de Costa Rica el día diecinueve de enero de mil novecientos veintiuno, inspirándose en la letra y el espíritu de dicho pacto y en el sentimiento general de los habitantes de esta parte del continente americano” o sea de Guatemala, El Salvador y Honduras, autores del nuevo intento de reconstrucción política de la emergente nación centroamericana.

En esta constitución ya aparecen disposiciones notables relativas al aspecto económico-social; es el primer cambio importante que puede anotarse en el Derecho Constitucional positivo centroamericano, tendiente a modificar la postura liberal radical de abstención de parte de los poderes públicos en la dirección o encauzamiento de la economía nacional. Y más que disposiciones aisladas representativas de intentos no suficientemente definidos de sustituir las ya inadecuadas y reaccionarias superestructuras político-legales de los países centroamericanos, la Constitución Federal de 1912 contiene un sistema renovado por la influencia de la orientación socio-económico plasmada en la Constitución alemana de Weimar de 1919 y que antes había sentado algunas de sus bases en la Constitución mejicana de 1917. Veamos.

En la sesión VI, que trata de las atribuciones del Poder Legislativo, encontramos las siguientes disposiciones relativas al régimen económico:

Art. 86. Son atribuciones del Poder Legislativo:

6ª. Crear y organizar los servicios de correos, telégrafo, cables y ferrocarriles nacionales, y dictar las leyes a que deban sujetarse lo mismo que las relativas a carreteras, ríos, lagos y canales nacionales. Los ferrocarriles deben estimarse como medio de gobierno, de industria y de comercio…

16ª Promover la prosperidad del país…

27ª Crear y organizar la marina mercante y de cabotaje y los servicios de comunicación inalámbrica y aéreas.

29ª Legislar sobre bancos, procurando unificar su acción en la República.

30ª Decretar leyes sobre marcas de fábrica, patentes de invención o propiedad literaria, pudiendo conceder privilegios por tiempo determinado a los autores o artistas para la reproducción de sus obras y a los inventores o perfeccionadores de alguna industria.

31ª Crear, bajo la dependencia del Despacho respectivo, un departamento administrativo de Agricultura, Industria e Inmigración, que atenderá el fomento de esos ramos en su aspecto más amplio, como fuente de ingresos y base del ensanche económico…

33ª Reglamentar el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de explotación.

34ª Expedir las disposiciones necesarias para hacer efectivas las facultades anteriores y las demás concedidas por esta Constitución a los Poderes de la República”.

Entre las atribuciones del Poder Ejecutivo aparece la de “proveer de modo preferente al pronto establecimiento del servicio de cabotajes entre los puertos de Centroamérica de uno y otro mar, y el establecimiento de servicio de comunicaciones inalámbricas y aéreas en todo el territorio nacional. Entre los ramos de la Administración pública, además de Fomento, se crea el de Agricultura (Art. 114 de la Sección VII).

En el título VI, que trata de la Hacienda Pública Nacional se dispone:

Art. 46. La Federación se reserva exclusivamente:

a) La acuñación de moneda;

b) El servicio de correos, telégrafo y radio telegrafía;

c) La emisión de billetes por medio de un banco o centro bancario, controlada por el gobierno Federal”.

Art. 148. Se creará un cuerpo consultivo de Hacienda Federal adjunto a la secretaría correspondiente que entre otros fines mantenga la independencia económica y dirija la producción de la riqueza nacional”.

Con la institución, significativa, de este cuerpo consultivo se establece la necesaria conexión entre las Finanzas Públicas y la gestión para promover el desarrollo de la economía nacional.

El renovado sistema económico contenido en las disposiciones anteriores es complementado con el título VIII, que trata de Trabajo y Cooperación Social, contentivo de Instituciones indispensables en la estructuración de una unidad económica nacional moderna y humanista. Alguna de las disposiciones más importantes de este título son:

Art. 163. La jornada máxima obligatoria de trabajo asalariado será de ocho horas. Por cada seis días de trabajo habrá uno de descanso.

El patrono es responsable de los accidentes ocurridos a sus operaciones con motivo y en ejercicio de la profesión o trabajo que realicen, a menos que el accidente sea debido a fuerza mayor o caso fortuito, extraño al trabajo, en que se produzca el accidente, o que éste se haya verificado por notable descuido o grave imprudencia del operario”.

Art. 165. El trabajo de las mujeres y el de los hombres menores de catorce años, merece protección especial. La ley deberá reglamentarlo.

Art. 166. Los trabajadores están facultados, individual y colectivamente, para suspender su trabajo siempre que no empleen coacción ni medios ilícitos o violentos, no contravengan a lo estipulado legalmente en los contratos…

Art. 168. Los Estados deben proveer la enseñanza adecuada a los indios, para que adquieran una amplia instrucción primaria, industrial y agrícola.

Art. 171. Se establecerá un Centro técnico bajo el nombre de “Instituto de Reformas Sociales” cuyas atribuciones y deberes serán las siguientes:

b) Promover y estimular la fundación de sociedades de producción, ahorro y consumo, así como las de seguros contra accidentes y sobre la vida.

Especialmente atenderá a la fundación de cooperativas para la construcción de casas higiénicas y baratas.

c) Proteger el matrimonio y la familia, como base y fundamento de la sociedad y organizar el patrimonio de familia”. Y también se crea entre los ramos de la Administración Pública el de Trabajo. (108)

(108) V. Miguel Ángel Gallardo: Ob. Cit. Págs. 60 y siguientes.

Como se ve, con la Constitución federal de 1921 realmente se pasaba de la posición económico-política abstencionista a la posición intervencionista en que el interés social es tenido también por cuenta para gestionar desde las posiciones del poder público, con el peso y la eficacia de éste, el desarrollo económico. Tan promisoria cambio sólo cobró forma legislativa, la nueva República Federal o República tripartida murió al nacer, sólo alcanzó a dictarse la comentada Constitución, una Ley de Amparo y una de Estado de Sitio constitutiva y a aprobar el escudo y la bandera patrios. Así se frustra un esfuerzo que seguramente hubiese preparado mejor a éstos países para enfrentarse a la gran crisis mundial que una década después los encontraría atados por dentro y fuera para poder salvar pronto y con menos sacrificios los efectos de la misma. Leyendo el texto de la dicha Constitución no es difícil encontrar en ella las razones por las cuales seguramente la reacción interna y los monopolios norteamericanos frustraron otro intento que en este caso era de unificación y de notable avance en el desarrollo económico, social y político con el que se superaba al de 1898.

La Constitución federal de 1921 es un verdadero antecedente de las modernas constituciones centroamericanas de postguerra y da una idea del nivel a que en sus posibilidades reales había llegado el incipiente movimiento democrático en los momentos en que es decapitado por las dictaduras militares con que es reforzando el dominio oligárquico de la aristocracia cafetera.

Respecto a lo último dice Edelberto Torres Rivas: “Excluyendo a la nación costarricense, la sociedad centroamericana en su conjunto padeció un reforzamiento de las formas externas de dominación y vio agudizarse el estilo “oligárquico” mediante el cual una élite social conservó su poder inalterable durante tres o cuatro lustros. Pero aunque el contenido social del sector dominante no varió, debió expresar su dominio político por intermedio de líderes militares de clase media. Se inicia así un período durante el cual personalidades de otros grupos son titulares del poder, en nombre y representación de la clase propietaria (cuando los generales sustituyen a los abogados) y se consolida la profesionalización de los ejércitos que emergen, a partir de entonces, como decisivos factores de poder.

El esfuerzo de los aspectos más negativos de la dominación oligárquica, por interpósita persona, lo ilustran las dictaduras de Jorge Ubico, en Guatemala (1931-1944); de Maximiliano Hernández Martínez, en El Salvador (1931-1944); de Tiburcio Carías Andino en Honduras (1931-1949) y de Anastacio Somoza, en Nicaragua (influyente como Jefe de la Guardia Nacional desde 1929, y presidente en períodos que van de 1937 hasta 1956), todos generales de clase media, con excepción del primero…”. (109)

(109) Ob. Cit. Págs. 141-142.

Más, la falta de concordancia y las contradicciones entre nuestra estructura económica, predominantemente agrícola, de desarrollo mercantil capitalista de una parte, y nuestra superestructura político-jurídica liberal-individualista, de otra, no podían seguir intocadas ni siquiera para las sangrientas dictaduras militares inauguradas. Se adoptaron disposiciones y crearon instituciones por sobre todo encaminadas a favorecer y defender los intereses de la clase poseedora dominante, vale decir, cafetalera, hecho que, aunque con esta característica, implicaba la quiebra del principio fundamental de la política económica-liberal individualista radical; abstención del poder público, que se debería preocuparse sólo de la esfera contra los ataques del exterior y del mantenimiento del orden público interno, para no estorbar el libre juego de las fuerzas y leyes económicas “naturales”.

En Costa Rica, en 1933 se implantó el salario mínimo en el campo, se intentaron políticas de protección aduanera y en el mismo año citado se creó el Instituto de Defensa del café con la finalidad de cuidar la calidad de los cultivos, la comercialización y los créditos entre los plantadores. El I.D.C. protegió los intereses de los grandes propietarios, al buscar reducir los costos de transporte y obtener rebajas en los impuestos así como la nacionalización de los seguros marítimos. Los trastornos causados por la Segunda Guerra Mundial obligaron a crear la Oficina de Cuotas de Café, en 1940, que pasó a controlar todo el café producido, no pudiendo venderse nada, interna o externamente, sin su autorización. En el resto de Centroamérica, las medidas estuvieron más bien dirigidas a salvar a los terratenientes deudores o a limitar el desenfreno especulativo llevado a cabo por los bancos y algunos grandes propietarios nacionales y extranjeros. En 12 de marzo de 1932 se dictó en El Salvador una ley moratoria que modifica los términos de los contratos de crédito en los siguientes términos: “Art. 7. Los de sumas garantizadas con hipoteca de inmuebles en la República, incluyendo los créditos personales que se convierten en hipotecarios, quedan en la obligación de reducir en un 40% el tipo de interés convenido en los contratos, siendo estipulado que el tipo de interés que queda no podrá bajar del 6% anual.

Ninguna suma coloca a mutuo, con garantía hipotecaria o personal, antes de la promulgación de la presente ley, podrá devengar intereses que excedan de los límites establecidos en el inciso anterior.

Art. 8. No se tomarán en cuenta, ni en las estipulaciones ni en la conversión de intereses devengados, los recargos y cláusulas penales se hayan convenido, siendo por el mismo hecho, en las actuales circunstancias, declarados nulos e ilícitos”.

Art. 10. Los deudores contra quienes se hubiere iniciando a esta fecha juicio ordinario o ejecutivo para el cumplimiento de obligación hipotecaria o personal podrán acogerse a los beneficiarios de la moratoria, siempre que en aquellos juicios no se hubiere efectuado el remate o adjudicación del inmueble y si el deudor cumple con los requisitos siguientes…”.

“Art. 16. Deróganse las disposiciones de carácter transitorio emitidas antes de la presente ley, y suspéndese en sus efectos las leyes de carácter permanente que se opongan”. “Los intereses afectados reaccionaron e impugnaron la inconstitucionalidad del decreto, por el hecho de que al poderse acoger, a la Moratoria los créditos vencidos, se mutilaba el principio de la irretroactividad de las leyes… consignada en el Art. No. 24 de la Constitución de 1886, a esa fecha en vigencia…”. En septiembre de 1935 se decretó la Ley de Liquidación de Deudas Privadas anteriores al 12 de marzo de 1932; “en ella se establecieron condiciones favorables para que los deudores pudieran amortizar sus obligaciones; se les fijó un plazo hasta de 15 años para pagarlas, se les redujo el tipo de interés y lo que es más importante, se estableció como forma de pago las amortizaciones periódicas de acuerdo con tablas que la misma ley establecía…”. El artículo 1º de esta rezaba: “Quedan sometidas a lo dispuesto por la presente ley, las obligaciones hipotecarias pendientes de pago, voluntario o judicial, contraídas antes de 12 de marzo de 1932 y cuyos efectos han quedado modificados por las leyes de emergencia decretadas para atenuar las consecuencias de la crisis económica.

Asimismo quedan sometidas a lo dispuesto por esta ley, los contratos celebrados por el mismo deudor en escritura pública con posterioridad al 12 de marzo de 1932, en que se haya alterado fundamentalmente la obligación primitiva, debiendo entenderse que para los efectos de esta ley, no se altera fundamentalmente una obligación novada solamente con la prórroga del plazo y capitalización o rebaja de intereses establecidos por las leyes de emergencia”. Por decreto legislativo del 18 de diciembre de 1934 se funda el Banco Hipotecario, destinado a combatir el agiotismo e ilusamente (en la mente con que se decretó la Ley Moratoria) a absorber todas las obligaciones acogidas a la citada ley (Moratoria), estimándose el total de las hipotecarias existentes al 12 de marzo de 1932 en ¢80,000,000.00 de colones (Antonio Osegueda: “26 años del Banco Hipotecario de El Salvador”, 1961, Publicado por el Banco Hipotecario de El Salvador, S. A.)”, suma demasiado elevada para los exiguos recursos con que contaba el Banco al decretarse su fundación”. El Estado salvadoreño promovió también la institución del sistema de Cajas de Crédito Rural. “Los dirigentes de la cosa pública pensaron, que a través de esta institución podía proporcionar la ayuda financiera al agricultor necesitado y promover la diversificación e industrialización de la agricultura”. “… el Banco Hipotecario daría créditos, especialmente al agricultor, en condiciones ventajosas de tiempo, interés y amortización. Las Cajas de Crédito servirían para dar adelante sobre sus frutos al pequeño agricultor. Este era el pensamiento que inspiraba a estos proyectos, que más tarde hechos realidad fueron torcidos por efecto de la condición viciada de su nacimiento”. En el mismo año de 1934, por decreto legislativo de 19 de junio, se creó el Banco Central. Ya en 18 de diciembre de 1929, la Sociedad de Defensa del Café, se había convertido en Asociación Cafetalera de El Salvador, cuyos estatutos se publican en 6 de junio de 1930. Asociación gremial “auspiciada, legislada y subsidiada por el Estado”, que graciosamente le otorga un subsidio en virtud de impuesto fiscal creado a su favor por medio del Decreto del Poder Ejecutivo del 11 de enero de 1930, cuyo producto (el del impuesto) “pasa a formar parte estatuariamente (Art. 25 inciso 1º) de la dotación y tesoro de la Asociación”, que así es capacitada para realizar “una y vigorosa defensa de los intereses terratenientes”. En el mismo molde de la Asociación Cafetalera se fundó la Asociación de Ganaderos de El Salvador. Se creó, también, una institución de Mejoramiento Social, de limitadísimos alcances. Los cambios introducidos persiguieron un fin cardinal: “evitar que el conflicto (la crisis) destruyera la armazón de nuestras clásicas instituciones”. Se pretendía que sobreviviera en lo fundamental, la estructura latifundista, feudal, mercantil y monoexportadora. (110)

(110) V. Oscar Quinteros Orellana. “Causas y Efectos de la Ley Moratoria de 1932”. “Economía Salvadoreña”. Pág. 53 y siguientes, 65-68-69-73. “Pedro A. Daura. “Estudio sobre la Compañía Salvadoreña de Café, S. A.” “Economía Salvadoreña”, Págs. 77-78 y siguientes. Bert. Hoslitz: “El Desarrollo Industrial de El Salvador, Informe de la Misión de N.U.”. Revista de Economía de El Salvador”, Págs. 855 y 910.

En Guatemala en 1933 se fundó la Oficina Central de Café, como dependencia del Ministerio de Agricultura, encargada de dirigir la política cafetalera, promover el consumo en el exterior, proteger a los hacendados y ofrecerles asistencia técnica y financiera.

La producción de café disminuyó relativamente menos que el volumen de exportación, pero los precios, en cambio se reduje a niveles inferiores al 50 x 100.

Con la crisis se suspendieron los pagos de la deuda externa, y al término de 1935 estaban en mora el 100 x 100 de los bonos de Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Honduras y Nicaragua no concurrieron en la década del 20 al mercado de capital de Estados Unidos. Costa Rica debía 8.8 millones de dólares; Guatemala 2.2 y El Salvador, 12.6 (valor nominal). El 77 x 100 del total de 23.6 millones de dólares estaba en poder de los tenedores norteamericanos. Los problemas con las divisas extranjeras también retardaron el pago de la deuda inglesa; en 1939 el valor de los bonos centroamericanos en libras esterlinas en circulación, ascendía a 7.3 millones.

El control de cambios se implantó en Costa Rica, en septiembre de 1932; en Nicaragua y El Salvador. (111)

En toda la década del 30 se produjo una desinversión de capital norteamericana de cerca del 50 x 100, contribuyendo así, con su salida, el capital extranjero al debilitamiento general de la actividad económica. Este capital sólo retornó en la década del 50, pero bajo otras modalidades de funcionamiento. En 1929 el monto total de la inversión norteamericana era de 207.2 millones de dólares y bajó a 121.3 en 1935; es de 149.2 en 1940 y sube a 254.1 en 1950 (Naciones Unidas: “El Financiamiento Externo de América Latina, Diciembre de 1964, cuadro 29, Págs. 33-34).

El cierre del mercado europeo a consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, señaló la culminación de un cambio irreversible, que ya se venía operando en el sentido del comercio exterior, de resultados del cual Centroamérica emergió en la segunda post-guerra vendiendo a un mismo mercado comprador un solo producto y dependiendo del mismo para cubrir sus necesidades manufactureras. En el quinquenio 1930-34 Centroamérica vendía a Estados Unidos un 19.6 x 100 del total de su cosecha de Café y casi un 75 x 100 a Europa; en el quinquenio siguiente (35-39) el porcentaje promedio de café exportado a aquel país aumentó a 39.8 x 100 y en los primeros cinco años de la década del 40 (40-44) creció más del doble hasta llegar a un 87.2 x 100 del total de café exportado por la región. (111)

En lo que se refiere a El Salvador, pasamos de un promedio de 6.60 x 100 de nuestra cosecha cafetalera exportable vendido a E.E.U.U., en el quinquenio inmediato anterior a 1927, a un porcentaje no menor del 73 x 100 de nuestras exportaciones del grano de oro correspondiente al lapso 1950-1955. (112)

(111) V. Edelberto Torres Rivas: Ob. Cit. Págs. 136 y siguientes.
(112) EN LA TESIS, NO APARECÍA ESTA LLAMADA.

Las dictaduras procuraron afianzar, fijar constitucionalmente los pequeños cambios superestructurales y estructurales llevados a cabo, claramente encaminados a consolidar el dominio conmovido de los pequeños grupos cafetaleros dominantes. La crisis generó efectos sociales y políticos de honda resonancia, las masas populares fueron sacudidas con violencia y objetivamente cobraron conciencia de las causas y autores de su sojuzgamiento e inhumana explotación, por manera que el intento de reparación de los deterioros de la base del poder oligárquico tenía que comprender algunas disposiciones aunque fuera de alcance limitado encaminadas a aliviar la situación material o económica de dichas masas. Veamos algunas disposiciones características de la dicha fijación constitucional.

En Guatemala, la dictadura de Manuel Estrada Cabrera fue derrocada por un movimiento popular iniciado en 1920. Tal circunstancia hizo posible un breve respiro de las fuerzas democráticas, que se manifestó en reformas de la Constitución Liberal de 1879 que por lo menos modernizaban la cuestión social. Tales reformas fueron el antecedente de la Constitución federal de la República Tripartita de 9 de septiembre de 1921, y fueron promulgadas el 9 de abril del mismo 1921; su alcance puede captarse en el Art. 20, que autoriza la suspensión individual y colectiva del trabajo y establece la obligación de los patronos de remunerar éste “justamente” y la obligación del Estado de fomentar la instituciones de previsión y solidaridad social y de dictar leyes para la organización general del trabajo y garantizar la vida y la salud de los trabajadores. Se comprende que no se tocará el régimen económico si se sabe que el gobierno de Don Carlos Herrera, que sucedió a la dictadura, era conservador.

De nuevo en el poder el partido liberal con el régimen reaccionario de José María Orellana, “decapita el movimiento popular anticabrerista” y reforma nuevamente la Constitución de 1879 en 21 de diciembre de 1927.

Por medio de las nuevas reformas se podan las democráticas conquistas alcanzadas por la clase trabajadora en 1921, desaparece la facultad de suspender las labores y se rompe el abstencionalismo económico absoluto del Estado al establecer en el Artículo 16 que “Es función del Estado conservar y mejorar las condiciones generales de la existencia y del bienestar de la nación, procurando el incremento de la riqueza pública y privada, creando o fomentando instituciones de crédito y de previsión social; y proveyendo adecuadamente a la solución de los conflictos entre el capital y el trabajo”.

Tales formas fueron ya tan a la medida de los fines de la dictadura militar de Ubico, que éste apenas las tocó por medio de las de 13 de julio de 1935, a la misma Constitución dictada por la Revolución Liberal (de 1871) en 1879, más bien llevadas a cabo para acentuar el elemento represivo del orden constitucional capitalista y para visibilizar al continuismo presidencial. Debe decirse que en el artículo 16 se sentó el principio de que “El interés social prevalece sobre el interés particular”, y que en el artículo 28 se estableció, que “los latifundios cuyo rendimiento no sea adecuado a su extensión y condiciones, serán objeto de un sistema particular de imposición fiscal…”. (113)

(113) “Digesto Constitucional de Guatemala”.

En El Salvador, el sanguinario Maximiliano Hernández Martínez, en 1939, hace decretar y proclamar por una Asamblea Constituyente una nueva Constitución “con el objeto de organizar la vida del país sobre bases justas y firmes, que armonicen los derechos individuales con los de la sociedad y del Estado, a fin de que sean una garantía positiva para la realización de los principios, libertad y solidaridad”. Por medio de la misma constitución el dictador se aseguraba por seis años más en el poder.

Las disposiciones de dicha constitución relacionadas con la economía son:

“Título V. Derechos y Garantías.

Capítulo I.

“Art. 32. Se reconoce la libertad de contratación conforme a las leyes. Para evitar la usura el Estado queda obligado a fomentar la oferta de capital por medio de las instituciones de crédito, y el desarrollo de cooperativas de toda clase.

Art. 55. El ejercicio del comercio y la industria es libre; pero el Estado deberá fomentar el ejercicio del pequeño comercio y de las pequeñas industrias a favor de los salvadoreños.

Art. 56. Corresponde al Estado al régimen exclusivo de los siguientes servicios: acuñación de moneda, correos, telégrafos, teléfonos y radio. La comisión de billetes se hará exclusivamente por un solo banco concesionario del Estado”.

El capítulo II del Título V (Derechos y Garantías), toca la cuestión social (familia y trabajo):

Art. 60. La familia, como base fundamental de la nación, debe ser protegida especialmente por el Estado, el cual dictará las leyes y disposiciones necesarias para su mejoramiento…

Art. 61. Se establece el Bien de Familia en beneficio de los salvadoreños…

Art. 62. El trabajo gozará de la protección del Estado por medio de leyes que garanticen la equidad y la justicia en las relaciones entre patronos y empleados u obreros…

Art. 63. Los conflictos que surgieron entre el capital y el trabajo o entre patronos y empleados u obreros, serán resueltos por el tribunal de arbitraje o de conciliación que una ley especial determinará.

Muy lejos estaría el sanguinario dictador de la ida de hacer que se permitiese o autorízase la suspensión de labores y menos de la de que se legislase sobre sindicalización, institución que ni siquiera en la Constitución federal de 1921 es regulada.

Las demás disposiciones relacionadas directamente con el régimen económico son:

Art. 77. Corresponde a la Asamblea Nacional:

27º. Decretar subvenciones, premios y privilegios temporales a los autores de inventos útiles… y fomentar especialmente la agricultura y la industria manufacturera.

34º. Crear y organizar la marina mercante y de cabotaje y la aviación civil…”.

Art. 105. Son deberes del poder Ejecutivo:

9º. Dirigir y fomentar la educación pública, dando a este ramo la debida preferencia, y fomentar de modo especial las actividades culturales, agrícolas e industriales del país”.
TÍTULO XII

Hacienda Pública Nacional

“Art. 151. Todos los ingresos del Estado constituirán un solo fondo, que estará afecto de manera general a las necesidades y obligaciones del mismo estado. Solo se podrá afectar recursos con fines para el servicio de la Deuda Pública; para compra de parcelación de tierras y construcción de casos baratas con fines de mejoramiento social; y para las instituciones de beneficencia o de instrucción pública y empresas oficiales a que la ley conceda autonomía. En este último caso, la afectación se limitará a los recursos producidos por la empresa o institución de que se trate”.

“Art. 155. …Sólo podrán comprometerse fondos de ejercicios futuros, con autorización legislativa, por medio de presupuestos extraordinarios, para la adquisición o construcción de obras de interés público o administrativo, o para la consolidación o conversión de la Deuda Nacional…

Art. 156. En el caso de escasez o de calamidad pública, podrá el Ejecutivo, el Consejo de Ministros, acordar la liberación de impuestos, temporalmente, a los artículos de primera necesidad…”.

Como se ve, con los preceptos constitucionales transcritos la Constitución martinista se aparta en dirección hacia un Estado interventor en el campo económico-social, en la dimensión y con los propósitos ya expresados, del sistema liberal-individualista radical. Se trata de un intento de apuntar el conmovido poder oligárquico cafetalero, asentado en una estructura económica muy predominantemente agraria, latifundista y feudal, con pequeñas concesiones a las masas explotadas y por medio de cierta ordenación y modernización del sistema crediticio, bancario, monetario y de las finanzas públicas.

De la medida de la limitación de la nueva concepción de la estructura del Estado y del respectivo régimen económico-social constitucional, el mantenimiento del principio básico del iusnaturalismo, en el artículo 59 (de la comentada Constitución de 1939): “El Salvador reconoce derechos y deberes anteriores y superiores a las leyes positivas, teniendo por principios la libertad, la igualdad y la fraternidad…”.

Por otra parte, se fortalece el elemento represivo de la organización constitucional capitalista, por ejemplo, con la institucionalización del ejército, el deber del Ejecutivo de fomentar la educación militar, el nombramiento de los Alcaldes por el Poder Ejecutivo y la ampliación, hasta incluir la proposición para cometer delitos políticos, de los casos en que podría aplicarse la pena de muerte.

La situación económica centroamericana empezó a variar lentamente a partir de 1940, cuando las causas más evidentes de la crisis habían desaparecido, pero las dificultades de orden interno y las externas derivadas de la guerra de precios en el mercado internacional del café provocadas por el gobierno brasileño de Vargas hacían difícil la recuperación que podía esperarse.

El promedio de café exportado en el quinquenio 1934-38 sólo logró alcanzarse hacia finales de la guerra a pesar de que internamente la producción no disminuyó: “el promedio de 1934-38 fue de 311 millones de libras; en el quinquenio siguiente (39-43) disminuyó a 296 millones; en 1944 se exportaron nuevamente 316 millones de libras y los precios comenzaron a subir. En la década del 40 se inicia en los Estados Unidos el sistema de cuotas de exportación y el control unilateral de los precios.

Durante el estancamiento generado por la crisis y bajo la opresión férrea de las dictaduras militares se acumularon situaciones y conflictos sociales que harían explosión en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se fueron acumulando lentamente las condiciones que producirían “la crisis de la república cafetalera y su problemática superación”. Las condiciones adversas en que funcionó el sistema político y el acentuamiento de sus rasgos oligárquicos (gobierno de minorías, exclusión violenta de la oposición política y, en general, bloqueo a la participación en las decisiones de poder de otros grupos sociales, preferente atención a los intereses cafetalero-bananeros, etc.), terminaron por afectar en grado sumo-social y políticamente a las clases populares y a la postre, a todos los otros sectores sociales, incluyendo a importantes grupos de propiedad los rurales.

“Fue este un proceso de acumulación de tensiones sociales y postergación de soluciones; socialmente el estancamiento económico del período que analizamos retardó la modificación de los patronos tradicionales de comportamiento, al reforzar desde la cúspide del poder el paternalismo y el predominio del finquero o hacendado, al facilitar la involución hacía formas de economía natural a la autosuficiencia de varias regiones rurales. La concentración del poder económico dificultó aún más el funcionamiento de la democracia política burguesa, herida de muerte en aquel período cuando no recurrió a todo para salvar el sistema. Pero la “solución” autoritaria sólo fue el procedimiento para hacer pagar el precio de la contracción económica a los sectores populares (entre los que no sólo aparecen los campesinos, sino también sectores laborales urbanos, empleados y burócratas, pequeños propietarios, comerciantes y artesanos, profesionales) y al final del ciclo depresivo, a casi todos los estratos sociales”.

“El balance general de esta etapa es muy desfavorable para el proceso de desarrollo y para la consolidación de la sociedad nacional de Centroamérica. Tal período puso de manifiesto no sólo los efectos y limitaciones de la reforma liberal del período anterior, sino la imposibilidad de modernizar el sistema político y su base económico bajo el cuestionado liderazgo terrateniente-oligárquico; en rigor, la base agraria de la economía cafetalera no podía servir de eje a la renovación social, que de manera impostergable exigía la sociedad centroamericana. Pero probablemente el efecto más importante y a más largo plazo lo constituye el reforzamiento de la pauta que como sociedad dependiente adquiere la región”. A los aspectos político-militares, que se anticiparon, se agrega un encadenamiento económico irreversible en tanto Centroamérica se mantenga como formación capitalista interna que mire las bases de su desarrollo en sus vínculos con el mercado capitalista-mundial. (114)

(114) V. Edelberto Torres Rivas: Ob. Cit. Págs. 140 y siguientes, 142-143.

3-F. CAMBIOS EN LA POSTGUERRA. MOVIMIENTOS EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA-SOCIAL Y EN LA SUPERESTRUCTURA JURÍDICO-POLÍTICAS.

El crecimiento extensivo que, a pesar de frenos y trabas, tuvo lugar a lo largo de varias décadas produjo cambios en profundidad; uno de ellos: el surgimiento de los sectores medios urbanos, por transformación de viejos sectores ligados a la artesanía y al pequeño comercio y por incorporación de otros a la expansión de los servicios, de la burocracia pública y privada y la renovada actividad mercantil (proceso que fue favorecido por la ampliación de la educación formal).

En el ambiente de fines de guerra y postguerra se produce en el mundo una rápida difusión de aspiraciones sociales y políticas y una búsqueda crítica de nuevas soluciones de la problemática nacional e internacional. La inquietud social, asfixiada en Centroamérica bajo formas políticas autoritarias, vióse estimulada por un clima internacional de victorias antifascistas; “y la acumulación de tensiones y problemas superaron en ese momento el cada vez más precario equilibrio de poder hasta despojarlo de toda representatividad. La eclosión social revistió la forma de movimientos populares bajo el liderazgo de intelectuales de clase media que arrastraba especialmente a las masas urbanas”. El mismo año de 1944 fueron derribadas las dictaduras de Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador y de Jorge Ubico en Guatemala. Los movimientos más o menos populares centroamericanos de la época fueron determinantementes, por sus líderes e ideólogos descollantes y por el grado de desarrollo de la sociedad centroamericana de esos días, de contenido ideológico de clase media con aspectos nacional-reformistas. El descontento popular se canalizó, con excepciones particulares, en torno a objetivos difusos de democracia política, libertad en general, respecto a los derechos humanos, en suma, “la reconstrucción de una legalidad burguesa capaz de liquidar la brecha abierta entre el constitucionalismo liberal de fachada y el ejercicio despótico del poder”. Descontando los rasgos particulares de tales movimientos, todos consistieron en la movilización de sectores populares urbanos (artesanos, obreros y otros asalariados, empleados del sector público y privado) dirigidos por importantes sectores de las clases medias (estudiantes, profesionales, maestros y oficiales del ejército, pequeños propietarios y comerciantes).

La emergencia de los grupos medios al plano político no significó su incorporación inmediata, como clase, a la estructura de dominación, “pues se trata de un sector social extremadamente heterogéneo, inicialmente débil e inexperto”; hecho que no niega el importante papel de esos grupos que en las presentes líneas es aludida, como receptores de los nuevos ideales sociales y políticos universalmente divulgados con gran énfasis por la lucha contra las potencias fascistas.

Los partidos tradicionales (liberal y conservador) fueron sustituidos a fines de la década del 40 para dar paso a organizaciones políticas inestables y electoralistas, encabezadas por elementos de clase media; si bien en Honduras y Nicaragua conservaron su denominación, por sus objetivos y el origen social de sus cuadros dirigentes habían empezado a cambiar también. “Al respecto Medina Echeverría indica que la quiebra de la combinación bipartidista tradicional, que acompaña al ocaso del sistema tradicional de la hacienda, es el resultado de una transformación profunda en la que se incluye la aparición de las nuevas clases medidas y la confusión ideológica que se mezcla con estos fenómenos; y agrega que el vacío de poder que se deriva de la inadecuada transformación de los partidos políticos, que forjó, en su momento, el sistema de la hacienda, deja en el aire las raíces de la legitimidad (J. Medina Echeverría, Consideraciones Sociológicas sobre el Derecho Económico de América Latina, Solar Hachete, Buenos Aires, 1967, Págs. 88-94). (114-A)

(114-A) V. Edelberto Torres Rivas. Ob. Cit. Págs. 143 y siguientes.

A partir de 1944 se amplía paulatinamente en algunos países, y violenta pero transitoriamente en otros, la participación popular y la configuración de fuerzas de presión que empujan hacia un cambio que modifique sustancialmente las causas que hicieron de una crisis pasajera (la mundial de 1929-33) una situación de tres lustros de estancamiento. Las fuerzas populares y democráticas, antes caracterizadas, de El Salvador, por ejemplo, derriban a Maximiliano Hernández Martínez y sustituyen la antidemocrática Constitución de 1939 (que con la reformas de 1944 para allanar su continuismo presidencial y sin variar el elemento interventor de la economía sino más bien acentuándolo, el dictador había llevado al grado de fascista en cuanto legalizaba una dictadura que podía asumir los caracteres más opresores, sangrientos y abyectizantes) por la libertad y democrática Constitución de 1886. Más, pronto la reacción se rehace, reprime el movimiento popular y vuelve a consolidarse con el régimen de Salvador Castaneda Castro.

Este dicta una nueva Constitución, de 29 de noviembre de 1945, elaborada sobre la base de la de 1886, de la que se conserva buena parte de elementos democráticos; y penetrada de los elementos económicos y sociales de la de 1939, en lo que la supera en algunos puntos, sin adoptar sus disposiciones opresivas. Así por ejemplo, en el Título XIV, de la Familia y el Trabajo, establece: (Art. 154) que “El Estado protegerá y fomentará la adquisición de la pequeña propiedad rural y la construcción de viviendas cómodas e higiénicas para la población rural y urbana” y que “El inquilinato será reglamentado por la ley”; principios para dictar un Código de Trabajo (Art. 156); que “una ley establecerá el Seguro Social obligatorio con el concurso del Estado, de los patronos y de las trabajadores” y “el derecho de huelga de los trabajadores (Art. 160)…”. (115)

(115) V. “Constitución y Códigos de la República de El Salvador”. Edición 1947, Págs. 7 y siguientes.

En 1948, y ante intentos continuistas de Castaneda Castro, es derribado el régimen de éste y se inicia, con la participación, como en 1944 de oficiales jóvenes del ejército de clase media, un período de renovación del rezagado sistema político salvadoreño. Mediatizado en sus mejores y más radicales impulsos el movimiento de 1948, sin embargo, plasma en un texto constitucional, el de 1950, un régimen económico y social muy superior al que la oligarquía se viera obligada a formular en la Constitución de 1945.

La Constitución actualmente vigente, promulgada en 1962, es la misma de 1950, apenas tocada en su texto en el año dicho, al ser restablecido el orden constitucional, que se alegó haber sido roto con ocasión del derrocamiento del presidente José María Lemus.

Dentro de una concepción democrática, nuestra actual Constitución sí rompe definitivamente con la concepción liberal individualista radical, que por imperativo histórico fuera adoptada por los países centroamericanos a la hora de su independencia; para aproximarnos al esquema formulado en la Constitución de Weimar y en las constituciones de la Segunda Post-Guerra de Francia e Italia, por ejemplo. Dicha aproximación, desde luego, no traspasa los límites de un Intervencionismo propiamente dicho en lo económico-social.

Los sectores populares de Guatemala, con inexperiencia vivida en el mismo año por el pueblo salvadoreño, supieron orientarse mejor. Con una participación más directa, amplia y organizada de las clases trabajadoras dieron al traste con las maquinaciones de la reacción interna y externa y se mantuvieron en el poder de fines de 1944 a junio de 1954, lapso durante el cual se inicia un promisorio desarrollo económico, social y político capitalista. También este movimiento plasmó su ideología en una constitución, la de 13 de marzo de 1945, más avanzada que la nuestra de 1950.

Dice Julio Gómez Padilla: “Desde 1944, pero más desde la promulgación del Decreto 900 (Ley de Reforma Agraria), en Guatemala se inicia el desarrollo capitalista y la lucha anti-imperialista, los cuales a partir de 1954 han querido ser contenidos y han sido medizados.

Constituyeron el contenido de la Revolución de Octubre (de 1944), a nuestro juicio, los siguientes planteamientos o empresas: la ruptura de la estructura semifeudal de la economía agrícola, la ampliación del mercado interno y la justicia distributiva para los oprimidos campesinos, mediante el Decreto 900 (en junio de 1954 se habían repartido ya entre cerca de 100 mil campesinos, casi un millón de hectáreas de tierra ociosa); la electrificación del país (hidroeléctrica Jurín-Marinalá) y la industrialización a través de leyes e instituciones de crédito y fomento industrial; la independencia económica nacional, a través de la construcción de la carretera al Atlántico y el puerto propio de Santo Tomás (después Matías de Gálvez), que liquidaría el dominio portuario y transportista de la United Fruit Company y la IRCA, hoy FIDECA; la diversificación de la producción y de nuestro comercio exterior y la búsqueda de mejores mercados, sin consideraciones políticas estrechas; la reestructuración y desarrollo del sistema bancario nacional; y la equidad en las relaciones obrero-patronales a través de leyes de Trabajo y de Seguridad Social, a más de libertad política y sindical…

Uno de los propósitos revolucionarios que más molestaba al imperialismo, era la defensa de las riquezas naturales de la nación, especialmente la del petróleo.

La Revolución de 1944 era producto de la agudización de las contradicciones internas, agravadas por la guerra antifacista de 1939-45 y la escasez y racionamiento derivados de la misma; era producto del desarrollo de las fuerzas productivas, y el aceleramiento de este desarrollo tendía a profundizarla. La lucha contra los monopolios que asfixiaban a la economía y detenían nuestro desarrollo, estuvo presente desde el principio. Los artículos 98, 99 y 101 de la Constitución de 1945, que planteaban la revisión de contratos y concesiones, son prueba de ello”. (116)

Derribando el régimen de Jacobo Arbenz Guzmán, se da a Guatemala una nueva Constitución, la del 1º de marzo de 1956. “Así, dice Gómez Padilla, vuelven a estar presentes en la determinación de la política estatal los terratenientes latifundistas y la burguesía preimperialista, se entrega en concesiones de derechos petroleros y mineros la riqueza del sub-suelo guatemalteco, se restituyen sus tierras a los grandes terratenientes expropiados por el Decreto 900, se abandona la electrificación y se prorroga el contrato de la empresa Eléctrica”. (117) Pese a los propósitos de hacer regresar a la sociedad guatemalteca, en forma total, a una etapa ya superada, en la dicha Constitución de 1956 se mantiene la posición interventora del Estado en la dirección de la vida económica-social.

(116) “Introducción a la Economía”. Págs. 196 y siguientes.
(117) Ob. y Loc. Cit.

Reprimido nuevamente el movimiento democrático guatemalteco, que se recuperaba de los golpes sufridos desde 1954, roto por la reacción el orden constitucional impuesto por la misma en 1955, la presión popular obliga al gobierno de facto de Enrique Peralta Azurdia al restablecimiento de dicho orden y, así, una constituyente integrada en proporción importante por elementos de tendencias democráticas dicta la constitución actualmente vigente, de 15 de septiembre de 1965, que, aunque lejos de ser lo que la de 1945, formula un régimen económico-social que analizado por grupos y clases progresistas puede permitir un amplio desarrollo capitalista de la sociedad guatemalteca.

Honduras y Costa Rica también son movidos por la corriente renovadora de post-guerra que armonizó en parte las estructuras económicas con las superestructuras político-legales de los estados guatemaltecos y salvadoreños. Proyección de esa conmoción vinieron a ser las constituciones actuales de aquellos dos países. La de Costa Rica es de 7 de noviembre de 1949 y la de Honduras, dictada por el actual régimen antidemocrático y sin duda condicionada por la presión del movimiento popular hondureño, es de 3 de junio de 1965; en ambas supérase la concepción económico-política abstencionista y se afianza un sistema interventor, de planteamiento y dirección de la producción social.

Como consecuencia de un desarrollo económico menor y más tardío que el de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, y de las presiones e intervenciones de los poderes externos, el movimiento popular de Nicaragua no ha podido romper en ningún momento el dominio de la dictadura militar y dinástica que sufre desde que llegara a su fin la ocupación norteamericana, pero la presión sostenida que contra tal dominio ha mantenido aquel movimiento y la pequeña diferenciación social que el crecimiento de la sociedad nicaragüense ha generado o han obligado a la dictadura a modificar la estructura constitucional liberal-individualista de viejo tipo. La Constitución del 1º de noviembre de 1950 también es reflejo, o plasmación de la moderna concepción capitalista que obliga al Estado a promover el desarrollo económico con miras a edificar el bienestar de la sociedad.

Antes de pasar a analizar la letra de las constituciones actualmente vigentes en los cinco países centroamericanos, en lo que puede o debe ser considerado como régimen constitucional, veamos a grandes pasos cuales fueron los movimientos de la base económica durante el período de 25 años que va de 1940 a 1964, a cuyo inicio empiezan a dar las condiciones materiales que aceleran el proceso de cambio más considerables que hasta el presente se ha operado en las estructuras social y política de Centroamérica.

El régimen social más elevado a que podría dar lugar el desenvolvimiento real de la letra de las constituciones dichas es todavía un ideal irrealizado. La traducción en hechos de este ideal depende del cambio en la correlación de fuerzas de las clases y grupos sociales de los países centroamericanos. Este cambio tendrá que efectuarse tarde o temprano y con el costo social del mismo tiene que ver mucho la conducta miope o progresiva que la clase propietaria dominante adopte a partir de los días que concurren.

Es claro que una conducta consecuente de esta clase, con los supuestos necesarios para un desarrollo acelerado y equilibrado, reduciría ese costo para bien de toda la sociedad centroamericana.

Ya se vio que, aunque lentamente, la situación económica empezó a variar en sentido favorable a partir de 1940. Los cambios políticos que se acaban de señalar “fueron acompañados de una relativa reanimación del sistema económico centroamericano generada por la concurrencia de factores aleatorios ajenos a su propia dinámica. La postguerra reavivó el comercio internacional y su breve período inflacionario elevó de nuevo a niveles óptimos los precios del café”. Los productos tradicionales recobraron su demanda en el mercado internacional y, así, los países centroamericanos “recibieron una renovada afluencia de recursos externos”.

El influjo ideológico de los días finales de la guerra (por ejemplo la firma y divulgación de la Carta del Atlántico), la relativa diferenciación y ampliación de la estructura social y las renovadas posibilidades de crecimiento derivadas de la reanimación económica interna indudablemente agudizan o ahondan las contradicciones del régimen social de los países centroamericanos, que seguían con su estructura político-jurídica de esencia fundamentalmente liberal-individualista de viejo tipo y oprimidos por las férreas dictaduras militares. Esta agudización generó la lucha que condujo a los cambios políticos de postguerra. Realizados éstos, armonizada la superestructura económica por los precios de postguerra de nuestro principal producto de exportación, que es reforzado por otros, como el algodón, tiene lugar un relativo desarrollo de las fuerzas productivas y, en general, cierto desarrollo económico.

La demanda de bienes y servicios se favoreció no solamente por el fortalecimiento de la corriente de ingresos provenientes del mercado externo sino también porque al finalizar la guerra Centroamérica tenía un superávit de divisas internacionales que le hizo posible reequipar o crear renglones productivos. En 1937 las reservas monetarias eran de 17 millones de dólares y en 1945 ascendían a 84.1 millones. Esto permitió pagar en la década del 40, casi en su totalidad, la deuda inglesa y la mayor parte de los créditos privados norteamericanos. La deuda pública externa a largo plazo, pendiente de 1945, era de 37 millones de dólares.

El crecimiento de la economía centroamericana de postguerra corresponde al período de prosperidad más prolongado del mercado mundial en el siglo que corre, durante el cual los precios de las materias primas y otros artículos mantuviéronse a un alto nivel en relación a la situación de los 20 años precedentes. En esta coyuntura se intenta ordenar la política fiscal y monetaria, por ejemplo se constituye el sistema de banca central; se procura poner en práctica instrumentos de política económica; y hasta se avanza algo en el plano de las reformas sociales. Debe anotarse que del total de las previsiones económicas, sociales y políticas de las constituciones centroamericanas, el dominio oligárquico (altamente arbitrario) sólo permite traducir en realidad efectiva una proporción muy baja. Este sólo tiene una atenuación notable en Costa Rica.

El aumento del producto territorial bruto (1946-1954) se realiza a una tasa promedio anual por habitante de 4.9 x 100 en Costa Rica y a 3.8 x 100 en El Salvador. En Guatemala, en la década del 50, el producto nacional creció a una tasa anual de 4.5%.

La reanimación en Nicaragua no alcanzó a definirse; más bien hay, a lo largo de este período, un crecimiento desordenado, años de estancamiento, y desde 1956 una profunda depresión de su economía agraria. No hay desplazamiento significativo de la población rural y la rigidez de la estructura social se ve reforzada por el virtual retroceso en algunos sectores de su aparato productivo (Véase CIES, “Desarrollo económico y social en Nicaragua”, octubre, 1962, Págs. 11 y siguientes). “Nicaragua presenta el caso de una tardía incorporación al mercado mundial como consecuencia de una extensa debilidad de los grupos sociales. Aunque desde comienzos del siglo XX se forma una agricultura comercial de exportación con el café, la participación nicaragüense en el volumen centroamericano con el café, la participación nicaragüense en el volumen centroamericano nunca sobreseyó el 10 x 100 de aquel total, y la producción bananera no alcanzó a estabilizarse. Es hasta con los cultivos algodoneros de postguerra que el país realiza el esfuerzo más importante por consolidar su sistema económico y es durante este período que se constituye la infraestructura básica para su desarrollo (electrificación, carreteras y comunicaciones, instalaciones portuarias, estabilidad monetaria, etc.)”.

“En Honduras, el sector exportador recupera sus niveles precios a la crisis hasta 1950; la economía hondureña es la más vulnerable pro su dependencia de una producción que nunca fue controlada nacionalmente; la aguda deformación provocada por el enclave bananero, del que continúa dependiendo, directa o indirectamente el 50 x 100 de la población, ha obstaculizado persistentemente toda posibilidad de desarrollo interno. De ahí que la característica visible del sistema económico sea su debilidad y su desarticulación nacional; así, por ejemplo, la valorización de las tierras de la costa Atlántica (pertenecientes al monopolio bananero) desvalorizó la del resto del país, sumiéndolas en la pasividad y el aislamiento que agrava la casi inexistencia de vías de comunicación. Por cada 100 Km2 había hasta 1950 solamente 3.2 Km2 de carreteras; la región noroccidental del país, la más grande y rica, está aislada geográfica y económicamente”. En toda la década del 50 el producto nacional creció en un 0.7 x 100 por persona. De 1945 a 1963 la tasa de crecimiento anual promedio del PIB fue de 4.0 x 100 pero el crecimiento de la población es mayor del 3 x 100. Entre 1945 y 1953 hubo un período de expansión en las actividades productivas, pero a partir de esa fecha se contrajeron visiblemente (Véase Naciones Unidas, Análisis y proyecciones del desarrollo económico, XI, El Desarrollo Económico de Honduras, México, 1960, Pág. 2.14 y siguientes.).

“En general, el crecimiento de la economía centroamericana en el período que va del fin de la guerra mundial hasta el intermedio de la década del 50 (1944-45 hasta 1955-57) sólo fue una recuperación funcional del sistema con el nivel y ritmo interrumpidos en la década del treinta. Restablecidos los términos de ese funcionamiento normal del sistema económico, la sociedad volvió a enfrentarse, al cabo de 2 decenios y con la población casi duplicada, con los mismos problemas que la aquejaban en los años 20; ellos son principalmente, el retraso de la agricultura de consumo interno, la persistencia, en lo fundamental, en la pauta de monoexportación, la creciente concentración del ingreso y la lentitud del desarrollo manufacturero-industrial”.

Como el crecimiento alcanzado ha sido sobre la base de la posibilidad dependientes del mercado común de materias primas y productos alimenticios agrícolas, como en el pasado, importantes sectores sociales y sobre todo las clases trabajadoras, no recibieron del auge beneficios en extensión e intensidad propios para un desarrollo que sentara bases de autosustentación; no hubo crecimiento en profundidad que excediera los niveles de antes del estancamiento desatado por la crisis mundial capitalista. Se repiten las fallas del esfuerzo productivo concentrado en los cultivos para exportación. Desde 1950 se desemboca en una situación crítica por un crecimiento déficit de géneros alimenticios de consumo popular, contrastando la producción agrícola de consumo interno, a cargo de pequeños propietarios, limítrofes con la economía “natural” en los momentos de crisis, con la especialización de las grandes plantaciones capitalistas orientadas hacia el comercio exterior. Por ejemplo a mediados de la década del 50, ida ya la bonanza fugaz de postguerra, se produce la primera crisis algodonera y prácticamente se paraliza la economía nicaragüense; tiene lugar entonces una desinversión real por abandono de grandes extensiones de tierra cultivada y de la maquinaria utilizada en la preparación del algodón, después de haber abandonado en 1950 al iniciarse el boom algodonero, rubros tradicionales. Agréguese a esto que durante los años precedentes a la nueva caída de precios de nuestros productos de exportación en el mercado mundial se produjo también una concentración de la tierra y hubo, como ya se sospecha, fenómenos regresivos en la distribución del ingreso. “Los censos agropecuarios de 1950, que por primera vez y de manera confiable se realizaron, sacaron a luz el alto grado de monopolización de la tierra cultivable en un extremo resulta enteramente racional para la mentalidad del cafetalero; y la concentración del ingreso en sus manos en las épocas de auge, inevitable. En el período de bonanza post-bélico el grupo cafetalero vio incrementados sus ingresos sin que las masas asalariadas del campo se beneficiaran con alza alguna de su salario real y en el período siguiente de contracción del ingreso por la caída de los precios se produjo desempleo. Es decir que el desenvolvimiento económico de la época postbélica expresó claramente que (no obstante los cambios de la estructura social con la mejor diferenciación de los grupos medios urbanos, el embrionario asalariado industrial urbano de las emergentes líneas de producción de bienes de consumo y una ya perceptible diferenciación de grupos económicos, influyentes también el plano político, operada en el seno de la oligarquía por su aplicación a ramas nuevas de la economía) los rasgos del comportamiento económico tradicional de la aristocracia cafetalera seguían manifestándose con gran fuerza y determinando en el mismo sentido los deplorables caracteres del desarrollo económico centroamericano, que así seguía atado a los altibajos del mercado mundial y dependiendo en mucho de la deformante economía monopólica o imperialista.

Una fuerte corriente de ingresos no siguió (durante el período de auge de post-guerra) el camino de la inversión productiva en el campo de la economía centroamericana. Se multiplicaron las construcciones de residencias de lujo, surgieron “los típicos barrios elegantes de las capitales de los países subdesarrollados”, crecieron sin control las importaciones suntuarias y hubo un traslado masivo de capitales al exterior; “esta desacumulación” de recursos fue un rasgo clásico de los capitalistas centroamericanos y, al parecer, de toda la región latinoamericana”. La salida de capital privado de Centroamérica no se conoce exactamente. Por la no repatriación de los ingresos de exportación, por ejemplo, la burguesía cafetalera ha dejado buena parte de su cuota en las utilidades en el exterior; a la cabeza de tal movimiento se encuentran los propietarios salvadoreños y guatemaltecos, que han sido exportadores constantes de capital y que desde fines de 1946 hasta fines de 1962 tenían en el exterior 116.5 y 65.9 millones de dólares respectivamente. (117)

(117) V. Edelberto Torres Rivas: Ob. Cit. Págs. 153-160.

El comportamiento económico, que se acaba de señalar, de la clase poseedora más poderosa de Centroamérica, en El Salvador fue en violación, inobstaculizada, del artículo 135 de nuestro régimen económico-constitucional, vigente desde 1950, cuya letra prescribe que “El régimen económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano”. Tal violación, que implicó también la del Art. 136 que garantiza la libertad económica, en lo que no se oponga al interés social; la del Artículo 137 que “reconoce y garantiza la propiedad privada en función social”; la del artículo 2 que establece la obligación del Estado de “asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”, fue tolerada y hasta propiciada en varios sentidos por el régimen antidemocrático, represivo, arbitrario y corrupto de Oscar Osorio.

Veamos, en lo que se refiere a El Salvador, algunas otras cifras que precisan más la idea de la cuantía de los recursos que en el lapso de bonanza de la postguerra no fueron aprovechados en todas sus posibilidades en la promoción de nuestro desarrollo. En 1957 el ingreso obtenido por la venta de café fue de ¢274,610,000.00 (100 x 100); en 1961 tal ingreso bajó a ¢175,300,000.00 (63.84 x 100); la diferencia entre ambos años fue de ¢99,310,000.00 (36.16 x 100) (Revista Mensual del Banco Central de Reserva de El Salvador, enero 1962).

La anterior es la suerte de las constituciones centroamericanas, así se divorcia su letra y la de la legislación secundaria de la realidad económico-política y económico-social. Así funciona en buena parte, el sistema político centroamericano en la época de postguerra, en que su primer período debió obligarse al sector cafetalero a contribuir adecuadamente a un desarrollo que a esta hora nos tuviera una mejor situación socio-económica y política. Contra esta posibilidad, la oligarquía dispuso de recursos creados con el concurso indispensable de las masas asalariadas del campo, hambrientas, desnudas y analfabetas, así como que nos hubiese seguido rigiendo el antiguo régimen económico constitucional liberal-individualista. (118)

(118) V. Bert. F. Hoselitz. “Desarrollo Industrial de El Salvador”, en Revista de Economía de El Salvador, Págs. 426 y siguientes. Oscar Quinteros Orellana: “Causas y Efectos de la Ley Moratoria de 1932”, en “Economía Salvadoreña”. Pág. 75.

La monoexportación, continuada durante la postguerra, empezó a modificarse sin embargo, lo cual no significa un cambio en la estructura del sistema mismo puesto de manifiesto como nuevas formas de participación en el mercado mundial, sólo se trata de una diversificación en la pauta tradicional. Los nuevos cultivos más importantes son el algodón y la caña de azúcar, “que crean condiciones para intentar una modernización de la agricultura de exportación”. Nuevos ítems productivos en el sector primario y bajo control de capitalistas nacionales son la carne y el camarón, “en torno a los cuales han empezado a surgir empresas modernas de ganaderías y pesca”.

Las exportaciones centroamericanas de algodón ascendieron de 4.3 millones de dólares en 1950 a 125.3 millones en 1964, correspondiendo más de 40 x 100 de este total a Nicaragua; a partir de esa fecha las ventas de algodón sufrieron algunas dificultades. La producción de azúcar para la exportación pasó de 2.3 millones de toneladas en 1950 a 6.5 millones en 1964.

Aunque se trata de productos destinados al mercado internacional de demanda fluctuante, han favorecido la transformación del latifundio improductivo en una plantación capitalista moderna y, consecuentemente, “la aparición de un tipo de empresario agrícola modernizante en términos del contexto nacional”. La organización de la producción algodonera, azucarera y ganadera (en menor extensión), con métodos innovadores (créditos bancarios, aceptable nivel técnico, mano de obra asalariada, arrendamiento capitalista de la tierra, etc.), por parte de los nuevos empresarios creó un movimiento que ha iniciado cambios sociales en el campo.

Se puede decir que este tipo de empresarios rurales, como los que invierten en la manufactura urbana, son predominantemente, en más de un sentido, sólo desprendimientos del sector terrateniente tradicional, es decir, “que en último término se trataría de una manifestación del proceso que inducido desde afuera” ha empujado a la larga a la transformación de la burguesía oligárquica, en la medida y con las características que se van diciendo.

La influencia de capital privado se renovó en rigor durante la década del 50 y fue, inicialmente y en buena medida, una mera reinversión de utilidades de las compañías existentes; al finalizar la década y acentuadamente en la del 60, era evidente que la nueva corriente inversionista “se movía en dirección de la industria manufacturera, la exploración y refinación del petróleo y otras”.

En 1944 las inversiones norteamericanas directas en Centroamérica eran de 173.1 millones de dólares y en 1950 habían ascendido a 254.2 millones. Casi la mitad de esa cantidad, como en el pasado, se colocó en Guatemala y apenas el 3.5 x 100 correspondió a Nicaragua. En 1960 llegaron a la cifra de 471.4 millones de dólares. En el primer quinquenio de la década del 50 un 62 x 100 del capital extranjero fue a parar al sector privado, en tanto que en el segundo un 61 x 100 se orientó hacia el Estado y sus instituciones. En la década del 60 cambia nuevamente hacia la adopción de la forma de inversión directa, vale decir, apoyado en el sector manufacturero privado.

De los 471.4 millones de dólares dichos, 161.4 fueron donaciones oficiales y 107 millones, préstamos a largo plazo, en tanto que 142.7 millones constituyeron inversiones directas. Estas últimas empezaron a orientarse hacia la industria manufacturera, especialmente a partir de las ventajas relativas ofrecidas por el mercado común, sin que por éste se abandonaran las llamadas “inversiones tradicionales” en la agricultura y cuyo sistema sí ha sufrido variaciones.

La producción del banano se mantuvo prácticamente estacionaria en 1.8 millones de toneladas de 1950 a 1964, de donde que su participación relativa en el comercio de exportación haya disminuido y el algodón le haya desplazado del 2º lugar en Guatemala y sólo predomine en Honduras, que ha sido desplazada del primer lugar de la producción mundial por Ecuador.

Ahora la inversión norteamericana se reparte entre la tradicional en el sector primario (agrícola) y la manufactura industrial; pero ésta se ha orientado hacia la industria tradicional o de bienes de consumo como alimentos, y textiles, bebidas y otros “con el exclusivo propósito de satisfacer la demanda interna”, por manera que se ha venido a suplantar en este sector a la iniciativa privada nacional y a limitarla aún más o a predominar indisputadamente sobre ella en forma de asociación a la misma. No debe olvidarse que tal tipo de inversión se realiza a través de grandes consorcios internacionales.

Dice Edelberto Torres Rivas: “El Retrato centroamericano en el camino de la industrialización es todavía notorio y lento los avances a causa de la estructura social que soporta aquel esfuerzo y por los factores políticos –internos y externos- que la dirigen y dinamizan. Hoy día el sector industrial contribuyo con 15 x 100 del producto nacional, en tanto que para América Latina ese porcentaje es del 24%. Un centroamericano puede consumir menos de la mitad de productos industriales que los que tiene a su disposición un latinoamericano (y la sexta parte de los que consume un argentino) a pesar de que los habitantes de esta región alcanzan teóricamente a los 2/3 del ingreso latinoamericano. De tal suerte que a la falta de un mercado consumidor preexistente, y que no es definitivamente la causa del retraso industrial, se agrega la ausencia de una oferta dinámica. El camino seguido hasta ahora permite dudas sobre si es éste el tipo de crecimiento apropiado para la sociedad centroamericana en tanto que el sector industrial se mostró incapaz de contribuir al aumento de la productividad nacional y servir como vehículo de absorción ocupacional. También cabe preguntarse si el precio de tal crecimiento –hoy día- deba ocasionar problemas en la balanza de pagos, déficit fiscales, altos precios para el consumidor popular y, sobre todo, menores posibilidades de decisión autónoma.” (118-A)

(118-A) V. Edelberto Torres Rivas. Ob. Cit. Págs. 160-165.

La industrialización interna y la diversificación del comercio exterior, como objetivos nacionales centroamericanos propuestos inicialmente por los movimientos populares (que se inician en la década del 40 con el derrocamiento de las dictaduras militares) para superar nuestra situación de dependencia y nuestro ya crónico letargo económico sólo fueron adecuadamente interpretados por la Revolución guatemalteca de 1944, que también las puso en práctica con efectos promisorios que no se hicieron esperar. En Guatemala, pues, y como consecuencia de la más directa y determinante participación de las fuerzas populares en el plano de las decisiones políticas y económicas de alcance nacional que se toman a partir de Octubre de 1944, sí en buena medida se tradujo a términos de realidad efectiva la letra de la avanzada y nacionalista Constitución de trece de marzo de 1945. Este estatuto prescribía: “El Estado orientará la economía nacional en beneficio del pueblo a fin de asegurar a cada individuo una existencia, digna y provechosa para la colectividad.

Es función primordial del Estado fomentar las actividades agropecuarias y la industria en general, procurando que los frutos del trabajo y benefician de preferencia a sus productores y la riqueza alcance al mayor número de habitantes de la República. (Art. 88).

“El Estado reconoce la existencia de la propiedad privada y la garantiza como función social, sin más limitaciones que las determinadas en la ley, por motivos de necesidad o utilidad pública o de interés nacional”. (Art. 90).

“Quedan prohibidos los latifundios. La Ley los calificará y consignará las medidas necesarias para su desaparición. Los latifundios existentes por ningún motivo podrán ensancharse, y mientras se logran su reducción en beneficio de la colectividad serán objeto de gravámenes en la forma que determine la ley.

El Estado procurará que la tierra se reincorpore al patrimonio nacional…”. (Art. 91)

“El Estado proporcionará a las colectividades y cooperativas agrícolas instrucciones técnicas, dirección administrativa, maquinaria y capital”. (Art. 94).

“El Estado prohibirá la creación o limitará el funcionamiento de empresas que absorban o tiendan a absorber en perjuicio de la economía nacional, la producción de uno o más ramos industriales, o de una determinada actividad comercial. Una ley determinará lo relativo a esta materia”. (Art. 99)

“Se declara de urgente necesidad social el establecimiento de sociedades cooperativas de producción, así como la legislación que las organice y fomente”. (Art. 100)

“La forma y condiciones de la reversión, revisión y renegociación de concesiones y contratos administrativos, será determinadas por la ley”. (Art. 101)

Y en el mismo Art. 1 que constituida al Estado se probará que “Guatemala es una República libre, soberana e independiente, organizada con el fin primordial de asegurar a sus habitantes el goce de la libertad, la cultura, el bienestar económico y la justicia social…”.

Y el Art. 22 establecía como “función del Estado conservar y mejorar las condiciones generales de la nación y procurar el bienestar de sus habitantes de instituciones de crédito y previsión social”. (119)

Dice Julio Gómez Padilla (120) que era evidente “que la Revolución de Octubre venía avanzando… en beneficio del desarrollo nacional de la economía”.

Con la excepción, pues, de la Guatemala de 1944-54, aunque los hechos empujaron, en Centroamérica, hacia la industrialización, “que, en la década del 50 se convierte en sinónimo del desarrollo, modificándose en tal sentido la dinámica y la orientación de la actividad estatal, de las clases sociales y, sobre todo, de los factores externos de poder”, aquélla se realiza más en beneficio de estos factores o sea de los monopolios norteamericanos, que se han abierto amplio camino para explotar nuestro mercado interno en medida ampliada por la disponibilidad de nuestra fuerza humana de trabajo pagada a salarios de bajos niveles y por las ventajas y facilidades ofrecidas en el plano fiscal, que en beneficio de los sectores populares: Todo, a la sombra de la protección que ofrece la asociación con el capital nacional y la acción de gobiernos atados a los grupos poseedores más poderosos, sin base amplia, sólida, estable, en el consenso popular; sin que siquiera la inversión de oriente fundamentalmente a la iniciación de rubros básicos, angulares, para un desarrollo verdadero, de alcance permanente, que no consista sólo en la capacidad de armar piezas prefabricadas o producir objetos de consumo a base de materias primas industrializadas producidas por la industria externa. (120)

(119) “Constitución de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Constituyente el 11 de marzo de 1945”.
(120) Ob. Cit. Pág. 197.
(121) V. Edelberto Torres Rivas: Ob. Cit. Pág. 145.

Pasemos a ver la letra de las constituciones centroamericanas actualmente vigentes, en lo que se refiere al régimen económico constitucional, a las notas más caracterizantes de éste.

4) ACTUALES REGÍMENES ECONÓMICOS CONSTITUCIONALES CENTROAMERICANOS.

4-A. RÉGIMEN ECONÓMICO CONSTITUCIONAL DE EL SALVADOR.

Debemos expresar por decir que nuestra Constitución, proclamada el 8 de enero de 1962, constituye un Estado ya no sólo para garantizar la aplicación de la ley con fines de asegurar la defensa contra el exterior, el orden interior garantizador de la propiedad privada absoluta, libérrima a lo romano, y el funcionamiento de los fines anteriores y el mantenimiento del cuerpo social; sino un Estado que además de “asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad” que no vaya en detrimento de la libertad individual de otros ni del interés social o de las mayorías populares, tiene también la obligación de asegurar a esos habitantes el goce de “la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. (Art. 2)

El legislador de 1962 no hizo sino adoptar el texto de la Constitución de 1950 y con él la fundamentación doctrinaria de ésta. Cabe, pues, traer a mención lo que dijo en la Exposición de motivos la comisión redactora del proyecto discutido para aprobar la dicha Constitución de 1950, refiriéndose al Art. 2 que aquí se comenta: “Este artículo consagra… los fines del Estado promotor del bien público. De esta manera los derechos meramente formales que proclamó la Revolución Francesa se completan, y el Estado queda obliga a actuar, no en beneficio de grupos dominantes no de determinadas clases sociales, sino en beneficio del pueblo entero. Este artículo es indispensable para caracterizar a la nueva Constitución.

… La Comisión estima que no bastarían ensayos o esfuerzos para obtener los propósitos indicados (en el Art. 2), sino que se necesita de la consecución efectiva de todo ello (o sea de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social), porque de esto depende el mantenimiento de la paz social y el progreso ininterrumpido del país.

Esta disposición… puede dar base para una amplia, constructiva y revolucionaria legislación. Aquí se perfila, con singular vigor, el Estado con que la Constitución de 1950 sustituirá al Estado individualista y liberal de 1886”. (122)

(122) “Documentos Históricos de la Constitución Política Salvadoreña de 1950”. Págs. 40-41.

En concordancia o como consecuencia obligada de las obligaciones del Estado establecidas por el Artículo 2, en el título IX, que formula el régimen económico, se establecen las disposiciones o principios político-jurídico-económicos necesarios para el debido cumplimiento de dichas obligaciones. Tales disposiciones son:

“Art. 135. El régimen económico debe responder especialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano”.

“Art. 136. Se garantiza la libertad económica, en lo que no se opongan al interés social.

El Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada, dentro de las condiciones para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del país”.

“Art. 137. Se reconoce y garantiza la propiedad privada en función social.

Se reconoce asimismo la propiedad intelectual y artística, por el tiempo y en la forma determinados por la ley.

El sub-suelo pertenece al Estado, el cual podrá otorgar concesiones para su explotación”.

“Art. 138. La expropiación procederá por causa de utilidad pública o de interés social, legalmente comprobados, cuando la expropiación sea motivada por necesidades provenientes de… calamidad pública, y cuando tenga por objeto el aprovisionamiento de aguas o energía eléctrica, o la construcción de viviendas o de carreteras, la indemnización podrá o no ser previa.

Cuando lo justifique…

Se podrá nacionalizar, sin indemnización, las actividades que hayan sido creadas con fondos públicos”.

“Art. 139. Se prohíbe todo especie de vinculación, excepto:

1º. Los fideicomisos constituidos a favor del Estado, de los municipios, de las entidades púbicas, de las instituciones de beneficencia o de cultura, y de los legalmente incapaces;

3º. El Bien de Familia”.

“Art. 145. Serán fomentadas y protegidas las asociaciones de tipo económico que tiendan a incrementar la riqueza general mediante un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y humanos, y a promover una justa distribución de los beneficios provenientes de sus actividades. En esta clase de ocasiones además de los particulares, podrán participar el Estado, los municipios y las entidades de utilidad pública”.

“Art. 147. El Estado fomentará el desarrollo de la pequeña propiedad. Facilitará al pequeño productor asistencia técnica, crédito y otros medios necesarios para el mejor aprovechamiento de sus tierras”.

Con las disposiciones anteriores, todas tendientes a hacer posible la realización de las provisiones contenidas en el artículo 2, y con este mismo (que mira a la propia justificación del Estado), se perfila perfectamente el nuevo régimen económico constitucional salvadoreño, interventor y positivo.

Los artículos 135, 136 y 137 antes transcritos modifican la vieja concepción fisiocrática y de la Escuela Clásica de Economía de que el individuo al perseguir la consecución o realización de su propio interés por ley económica realiza el interés colectivo. En efecto, establecen como fin preeminente de la política económica, la realización del interés social. Este nuevo sentido fue expresamente admitido, en cuanto a la propiedad privada, en las discusiones que en el seno de la Constituyente precedieron a la aprobación del Art. 137; uno de los defensores del precepto, en su forma como ley positiva actual, expresó que por éste “deja de existir la propiedad absoluta”. Esto mismo sostiene Carl Schmitt, precisamente respecto a la Constitución de Weimar: “incluso la propiedad privada –dice el eminente autor- deja de ser, en la formulación del artículo 153, un derecho absoluto…”. (123)

(123) “Documentos Históricos…”. Pág. 212. Carl Schmitt: “Teoría de la Constitución”. Pág. 192.

El inciso 2º del Artículo 136 asume una gran importancia al prever la necesidad de someter el fomento y protección de la iniciativa privada, “a las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional”. Conforme a esta disposición la actividad económica tiene que ser sometida a planes que contemplen nuestra situación de país con un desarrollo capitalista muy incipiente, a efectos de que nuestro desarrollo no sea entorpecido, deformado o enajenado a los intereses monopólicos externos.

El artículo 138 tiene como contenido un supuesto que incluso tuvo que ser institucionalizado por la concepción liberal-individualista inicial. Así, tal institución siempre ha sido parte de nuestro Derecho constitucional, desde que apareciera en nuestra Constitución Federal de 1924. (124) Dicho supuesto, fue ampliado en las constituciones de 1950 y 1962 para incluir los casos en que el Estado tenga que recurrir a la obtención de bienes de propiedad privada para promover el desarrollo económico tendiente a la realización de sus nuevos fines, establecidos por el artículo 2; es decir, que a la causa de utilidad pública se agregó la causa de “interés social”.

(124) EN LA TESIS, NO APARECE ESTA LLAMADA.

El artículo 142, en la parte final del primer inciso, también ve ampliado un supuesto del derecho constitucional que es anterior a la concepción plasmada en el régimen económico de las constituciones de 1950 y 1962; los estancos o monopolios a favor del Estado o de los Municipios pueden ser establecidos para realizar el interés social.

También es ampliada la hipótesis que se refiere a servicios públicos que tradicionalmente han sido prestados por el Estado (1ª Parte del Inciso 2º del Art. 142), siempre previendo la posible necesidad de la mejor realización del interés social. Y en la 2ª parte del mismo inciso segundo del Art. 142, se establece la obligación concreta del Estado de asegurar la correcta satisfacción del interés social cuando los servicios públicos fueren prestados por empresas privadas.

El artículo 143 estatuye: “El poder de emisión de especies monetarias corresponden exclusivamente al Estado, el cual podrá ejercerlo directamente o por medio de un instituto emisor de carácter público. El régimen monetario, bancario y crediticio será regulado por la ley.

El Estado deberá orientar la política monetaria con el objeto de promover y mantener las condiciones más favorables para el desarrollo de la economía nacional”. Los tres aspectos que regula esta disposición, monetario, bancario y crediticio, son de importancia determinante en el campo del desarrollo económico, por cuya razón y por leyes económicas que rigen su desenvolvimiento y efectos deben estar sujetos a la dirección del poder público.

El abstencionismo estatal de la primera concepción de la política económica capitalista impidió que esos aspectos básicos para el desenvolvimiento de la economía nacional fuesen encausados adecuadamente y ello dio lugar a que la sola persecución de sus intereses por parte de los particulares contribuyera a graves trastornos monetarios e impidiera el desarrollo ordenado del crédito. Los trastornos monetarios atentan contra el desarrollo de la economía nacional y perjudican a las clases económicamente débiles y trabajadoras. El crédito privado individual, imposible de controlar, explota inhumanamente a las mismas clases y no sirve al desarrollo económico ordenado. El crédito es una palanca poderosa del desenvolvimiento de la economía; pero los aspectos negativos y positivos señalados sólo pueden evitarse y alcanzarse, respectivamente, a través de la actuación del poder público. Todo esto hace relación a indispensables instrumentos de política económica que el Estado capitalista contemporáneo no puede dejar de aplicar; de ellos trata nuestro Art. 143 antes transcrito. Mediante esta aplicación, además, el Estado evita serias consecuencias adversas que en el campo financiero propio o público generan los trastornos monetarios que ocasiona el laissez faire.

El inciso primero del artículo 144 pone de relieve el carácter totalmente imperativo del nuevo régimen económico constitucional. En efecto, dicha disposición establece que “El Estado podrá administrar las empresas que prestan servicios esenciales a la comunidad, con el objeto de mantener la continuidad de los servicios, cuando los propietarios o empresarios se resistan a acatar las disposiciones legales sobre organización económica y social…”.

El artículo 145 prescribe una política particular de fomento del desarrollo económico en armonía con la realización del os nuevos fines sociales del Estado. En su parte final se contempla la posibilidad de la gestión pública directa en el campo de la producción social, a través de las llamadas empresas de economía mixta.

PROBLEMA DE LA TIERRA Y RÉGIMEN ECONÓMICO CONSTITUCIONAL.

El artículo 147, legisla sobre el punto que hoy es y durante mucho tiempo ha sido el más crítico de la economía nacional. Se trata del problema de la tierra o sea de la distribución en dominio y de la forma de explotación de la tierra.

Hemos visto que desde el siglo pasado se ha venido operando una concentración de tierras que ha hecho desembocar la estructura agraria en una situación caracterizada por dos extremos: latifundio y minifundio. Y junto a esta situación se da el drama de que una elevada proporción de la población campesina ni siquiera posee vivienda propia.

Como se ha señalado en el Congreso Nacional sobre Reforma Agraria celebrado en enero del corriente año (1970), y como lo hemos visto respecto de toda Centroamérica, el desarrollo de un sector de pequeños productores que se dedican a la producción de géneros alimenticios que no alcanza a cubrir las necesidades internas en la medida de la demanda efectiva y menos alcanzaría a satisfacerlas en la medida de las necesidades nutricionales reales; y la constitución de un sector de grandes productores, que explotando los rubros agrícolas de exportación reciben sus estímulos de los movimientos del mercado internacional por cuya razón mantienen con diferencia las condiciones de bajos salarios y otras, en el campo, que determinan un nivel general de bajos ingresos de la población rural. Esta situación de bajos ingresos, a su vez, determina un bajísimo nivel adquisitivo de esa población que así no sólo sufre condiciones “abyetizantes” de existencia sino que frena nuestro desarrollo económico al no aportar al mercado interno un consumo potencial de indudable gran proporción.

Es bueno anotar que la industrialización del algodón ha sido factor poderoso de desarrollo capitalista de otros países; que es baja la proporción que de la producción nacional de dicho producto transformamos industrialmente y que esa proporción podría aumentar si por medio de los adecuados cambios de la estructura actual de la economía agrícola aumentásemos el poder adquisitivo de la población campesina.

Ha señalado el citado Congreso que el país importa anualmente alimentos, que mediando la citada reestructuración podría producir por valor de 70 millones de colones. Represéntese lo que significaría en sólo cinco años el destino a la circulación interna de esos 70 millones de colones que dejaríamos de mandar al exterior.

Sin reforma agraria, de la que es base en el plano legal-constitucional el artículo 147 antes transcrito, es imposible el desarrollo económico que necesitamos para superar los graves problemas sociales y políticos que sufrimos. Los actuales precios óptimos de nuestros productos agrícolas de exportación son apenas una coyuntura muy transitoria que viene sólo a aliviarnos en nuestra grave situación de dependencia y endeudamiento.

Sin duda las resoluciones del Primer Congreso Nacional de Reforma Agraria, citado, es de lo más actualizado sobre el problema de la distribución de la tierra y del desarrollo de la producción agrícola de este país. Veamos algunos de los aspectos más importantes tratados en tales resoluciones y sólo en sus partes esenciales.

1.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PAÍS. INGRESO Y DEMOGRAFÍA EN EL AGRO.

Extensión.

“… Para hacer análisis adoptaremos convencionalmente una superficie (del territorio nacional) de 20,000 Km2.

En relación al área utilizable no hay acuerdo… pues algunos estiman que son utilizables agrícolamente 1,750,000 Ha., y otros 1,500,000 Ha…

Distribución de las tierras.

Según el II Censo Agropecuario (Nacional), las tierras… se distribuyen de la siguiente manera:

a) Tierras de labranza… terrenos ocupados por cultivos abiertos, anuales en su mayoría… Ejemplos: maíz, maicillo, arroz, frijol, etc.

697,000 manzanas (31%).

(Estos son datos aproximados que presentan alguna duda).

b) Cultivos permanentes… cuyo proceso vegetativo es mayor de un año… café, cacao, cítricos, etc.

229,000 manzanas (10.3%)

c) Pastos sembrados…

144,000 manzanas (6.5%)

d) Pastos naturales

719,000 manzanas (32.2%)

e) Montes y bosques

323,500 manzanas (14.5%)

f) Otras tierras

116,500 manzanas (5.2%)

Recomendación.

Dado que la extensión de El Salvador es muy pequeña es evidente la necesidad de dar a este país una infraestructura… que permita un uso más continuo de tierras disponibles.

Ingreso

El bajo ingreso de la población en general, y especialmente en el sector agropecuario determina patrones de consumo que en muchos casos están por debajo del nivel de supervivencia…

el 8% de la población recibe el 50% del ingreso nacional. Por otro lado la mala distribución del ingreso genera por sí mismo un bajo poder de compra del 61% de la población.

Según un estudio o encuesta “realizada por J. Ambrosini de la OIT; … Informe al Gobierno Salvadoreño sobre asalariados agrícolas”… a base de una encuesta de 23,000 trabajadoras de las distintas zonas del país” los salarios medios diarios del agro son, en colones:

¢2.53
¢1.69
¢3.66
¢1.08

“Otro estudio sobre ingresos realizado por el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA) presenta los siguientes datos:

Ingresos familiares en el agro en ¢ (colones) en el año:
Trabajador sin tierra ¢ 568.
Microfincas ¢ 473
Fincas Sub-Familiares ¢1,048
Fincas Familiares ¢3,583

En este cuadro como en el anterior se hacen evidentes los bajos ingresos en el medio agrícola.

De estos trabajadores dependen otras personas que: por su edad, porque no tienen trabajo o porque se dedican a labores domésticas, determinan que el ingreso disponible sea “muy por debajo de las cifras antes citadas”.

Recomendación:

Conociendo con objetividad la injusta distribución del ingreso, se hace necesario primero hacer una redistribución más equitativa de los medios productivos y remunerar a cada uno de los factores de la producción en función de su aporte a la misma.

Situación demográfica.

No se puede negar que paralelamente a otros problemas existe el problema demográfico, dado que en nuestro país tenemos un alto índice de natalidad y tasas de mortalidad bastante bajas lo cual produce un crecimiento vegetativo de la población bastante elevado”. Por esto 45% de la población no llega a 15 años, hecho que por baja participación laboral de la mujer hace que sólo el 32% de la población sea “económicamente activa”.

Es obvio que cambiada la estructura económica del sector agrícola la composición, dimensión y caracteres de crecimiento de la población ofrecerán una perspectiva social y económica diferente.

Incidencia de la producción agrícola en la Balanza Comercial”.

Es indiscutible la importancia que tiene el sector agropecuario en la generación de divisas ya que en el año de 1967 la contribución de dicho sector en el volumen de exportaciones fue del orden del 68.6%.

… en el año de 1958… el 95% de las divisas fueron generadas por este sector (el agrícola)… dicha declinación obedece, a la constante disminución de los precios de nuestros productos de exportación… provocada por la falta de poder de negociación.

… Se recomienda:

Una política que permita desarrollar el sector agrícola paralelamente al sector industrial el cual debe orientarse hacia la utilización de la materia prima producida en el sector agrícola.

Para lo anterior es necesario:

Una reestructuración de los sistemas productivos, mediante la asistencia técnica, crediticia; y una distribución más equitativa de los factores productivos”.

TENENCIA DE LA TIERRA. FORMAS.

Las formas de tenencia que más se presentan en nuestro país son la propiedad privada, cultivada o administrada directa o indirectamente por su propietario… en arrendamiento; y las tierras en colonia o en aparcería.

Al verificarse el Segundo Censo Agropecuario en 1961, el 50% del total de exportaciones agrícolas estaban poseídas a título de propiedad; el 19% en arrendamiento simple; y el 25%... bajo la forma de colonia o aparcería u otras formas de tenencia… casi la mitad de las unidades agropecuarias estaban… siendo cultivadas por personas que no eran propietarias de tales explotaciones… existe (pues) un elevado número de propietarios ausentistas… (sic).

… Según el Censo Agropecuario de 1961, el 77.5% de la superficie trabajada se encontraba en ese año en posesión de sus propietarios, el 5% en posesión de arrendatarios simples, y el 17.5% bajo otras formas (Colonia y Aparcería principalmente). Es de notar que estas últimas formas de posesión de la tierra son en algunas circunstancias modalidades que implican una mayor traslación del ingreso de los que las cultivan hacia los propietarios de las tierras.

Magnitud de las explotaciones.

… dos modalidades dominan el esquema general agrario… el Latifundio y Minifundio… características extremas de las 226,289 explotaciones registradas en el Segundo Censo Agropecuario de 1961.

El Latifundio

No obstante la pequeñez del territorio nacional y la fuerte presión demográfica sobre el recurso tierra, 2,058 explotaciones mayores de 143 manzanas, que representan aproximadamente el 1% del total de explotaciones, ocupaban, al momento de levantarse el Segundo Censo Agropecuario, 1,031,733 manzanas que representan el 46% de la superficie del país.

En el siguiente cuadro puede observarse el número de explotaciones por tamaño, y la superficie que ocupa cada estrato:

Tamaño de la explotación (en manzanas)
De 143
De 286
De 715
De 1430
3575 y más
Número de explotaciones
1,045
700
189
93
31
Superficie en manzanas
189,305
306,133
183,427
191,239
161,809

La situación anterior está negando a un considerable número de campesinos –jefes de familia y conocedores del campo- la oportunidad no sólo de procurarse un mayor nivel de vida mediante su acceso a la posesión de la tierra, sino también la posibilidad de contribuir en forma directa a la activación de la economía.

El Minifundio


Contrastando con el reducido número de grandes propiedades, nuestra estructura agraria presenta una impresionante cifra de pequeñas fincas o predios rústicos con dimensiones escasas y constituidas en su generalidad por tierras de baja calidad, y sin buenas vías de acceso a los mercados. Según el caso agropecuario de 1961, el número de estas propiedades (menores de 3 hectáreas) ascendía a 175,615 unidades, equivalentes al 78.3% del total y las que únicamente cubrían el 11% de la tierra trabajada”. (124-A)

(124-A) Publicaciones de la Asamblea Legislativa de El Salvador, en los principales órganos de la prensa diaria escrita de la República, iniciadas el 14 de enero de 1970 y finalizadas el 17 del mismo mes, de las resoluciones y recomendaciones aprobadas por el pleno del Primer Congreso Nacional de Reforma Agraria (Diario Latino No. 28648 y siguientes).

Con lo transcrito anteriormente basta para comprender la enorme importancia del artículo 147 en nuestro régimen económico constitucional, dado nuestro grado de desarrollo económico-social y sus características: En íntima relación con los fines del Estado, es decir, con el Art. 2 de la Constitución, constituye la fundamentación legal suprema de una reforma económica nacional vital inaplazable.

Las disposiciones constitucionales hasta aquí comentadas son las más importantes o fundamentales del régimen económico constitucional salvadoreño, pero éste no se agota en ellas y ni siquiera en todo el título IX a él especialmente dedicado; sino que es integrado por otras que regulando cuestiones de competencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo o procedimientos de financiación pública miran el desenvolvimiento de los principios cardinales de dicho régimen. Veamos:

“Art. 123. El Poder Ejecutivo en el ramo correspondiente, tendrá la dirección de las finanzas públicas y estará especialmente obligado a conservar el equilibrio del Presupuesto, hasta donde sea compatible con el cumplimiento de los fines del Estado”. Vale decir, hasta donde sea compatible con el cumplimiento de los fines asignados al régimen económico por el artículo 135 y por el Art. 2.

“Art. 121. Cuando la ley lo autorice se podrá separar bienes de la masa de la Hacienda Pública o asignar recursos del fondo general, para la constitución o incremento de patrimonios especiales del Estado, destinados a instituciones públicas que persigan fines culturales, de salud pública, de asistencia, seguridad social, de fomento económico, o que tengan por objeto incrementar la pequeña propiedad urbana y rural, el servicio de telecomunicaciones y el de correos.

Las dos disposiciones que se acaban de transcribir pertenecen al Título VIII; que trata de la Hacienda Pública; no son nuevas o surgidas con el Derecho Constitucional positivo de 1950 y 1962, pero sí este las amplió en concordancia con la nueva concepción de la política económica; de manera que han sufrido una ampliación y un cambio sustanciales.

Señalan competencias o medidas legislativas particulares las siguientes disposiciones, contenidas en el Capítulo I del Título IV que trata del Poder Legislativo.

“Art. 47. Corresponde a la Asamblea Legislativa:

16º Facultar al Poder Ejecutivo… para que garantice obligaciones contraídas por entidades estatales o municipales de interés público…

19º Establecer y regular el sistema monetario nacional

20º Fijar y unificar las leyes de pesas y medidas, sobre la base del sistema métrico decimal;

24º Decretar premios o privilegios temporales a los autores o perfeccionadores de inventos útiles; beneficios también temporales a las industrias nuevas, y, en caso de indispensable necesidad, subvenciones u otras formas de protección a las industrias de utilidad general…”.

Son éstas, disposiciones de gran importancia para el desarrollo de la economía. Tomadas por el Constituyente de 1950 de la legislación constitucional anterior, han sido ampliadas y adecuadas a las características del nuevo régimen económico. El No. 16 prevé posibilidades y procedimientos de financiamiento público para obras o empresas destinadas a la mejora o ampliación de la infraestructura económica, por ejemplo. El No. 24 prescribe medidas particulares de promoción económica indirecta, que pueden cobrar forma en el campo fiscal con frecuencia.

El desarrollo social no es sólo desarrollo económico. Es más, el desarrollo económico propiamente dicho no es posible sin un desarrollo integral de todos los aspectos de la vida de la sociedad política. Desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo político, pues, son inseparables, en una concepción avanzada, científica y humanística. De aquí que en las constituciones de las sociedades capitalistas modernas se estructura junto al régimen económico, en íntima relación con éste un régimen social o de derechos sociales, que incluye, como parte indispensable y fundamental suya, un régimen de trabajo.

El término régimen social puede ser entendido en diversa amplitud y con predominio de uno u otro elemento de los que integran su concepto. Se habla de régimen social en el sentido de formación económico social; es el sentido más amplio, se refiere a la situación o estado de desarrollo de todos los aspectos de la sociedad en una cualquiera de las etapas diferenciadas o características de su desenvolvimiento; así, por ejemplo, se habla de régimen social capitalista o de régimen social socialista; es éste un sentido más sociológico que político-jurídico, pero que no deja de hacer referencia a leyes y principios de tal desenvolvimiento.

Pero también cabe hablar de régimen social en un sentido más restringido, y en el que predomina el elemento político-jurídico en cuanto conjunto de principios y normas que definen y regulan constitucionalmente los derechos y obligaciones propiamente sociales de la población y de los individuos del Estado. Derechos y obligaciones que se refieren a la educación, el trabajo, a la organización de éste o de las clases en función de la producción, a la familia, a la seguridad social (que tiende inclusiva a la de las clases no trabajadoras pero económicamente débiles) y a la salud. En éste el régimen social que en las constituciones políticas de las sociedades capitalistas contemporáneas estructúrase en relación indisoluble con el régimen económico y que en varios puntos viene a complementar o a terminar de integrar a éste.

En el mismo artículo 135, con que se inicia el propio texto del régimen económico, aparece insinuado nuestro régimen social constitucional, a cuyo servicio es destinado el primero y cuyas bases son los mismos fines estatuidos en el Artículo 2. Y en el propio título IX, destinado al régimen económico, se consignaron disposiciones de un predominante carácter social, que no excluye las importancias consecuencias que su aplicación tiene en el desarrollo de la economía nacional. Refiérese esto al artículo 148: “Se declara de interés social la construcción de viviendas.

El Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda. Fomentará que todo dueño de fincas rústicas proporcione a sus colonos y trabajadores habitación higiénica y cómoda y, al efecto, facilitará al pequeño propietario los medios necesarios”.

El estudio del Régimen Social no es objeto de este trabajo, pero debemos mencionar dos disposiciones del propio texto de este régimen que en su elemento económico revelan aquella relación necesaria o indisoluble que se acaba de decir que entre ambos regímenes, el social y el económico, existe. Esas disposiciones, contenidas en el Capítulo II relativo al Trabajo y Seguridad Social, contenido en el Título XI que formula el Régimen de Derechos Sociales, son:

“Art. 81… El Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador, manual o intelectual, y para asegurar a él y a su familia las condiciones económicas de una existencia digna…”.

Art. 182…. Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, que se fijará periódicamente. Para fijar este salario se atenderá sobre todo al costo de la vida, a la índole de la labor, a los diferentes sistemas de remuneración y a las distintas zonas de producción. Este salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural… “en presencia de estas disposiciones es forzoso concluir en que sólo un Estado interventor de la producción social puede, gracias a una acción planificada, realizar los fines sociales humanísticos de las sociedades políticas capitalistas contemporáneas.

4-B. RÉGIMEN ECÓNOMICO CONSTITUCIONAL DE GUATEMALA.

Dice el Artículo 1 de la Constitución Guatemalteca: “Guatemala es una Nación libre, soberana e independiente, organizada para garantizar a sus habitantes el goce de la libertad, la seguridad y la justicia. Su sistema de gobierno es republicano y democrático representativo…”.

Como se ve, en la misma disposición en que la nación guatemalteca defínese para constituirse, establece los fines supremos para los que se organiza: “garantizar a sus habitantes el goce de la libertad, la seguridad y la justicia”. Y esta libertad no puede ser ya y no es, dado el contexto de la Constitución, la libertad proclamada en el siglo XVIII, socialmente negativa o destructiva –respecto a los intereses de las mayorías- con base en la cual cada hombre podía hacer de sus bienes o medios de producción lo que quisiese (hasta destruirlos o inmovilizarlos) o vender su fuerza de trabajo por salarios que sólo alcanzasen para sub-alimentarse y sub-alimentar a sus familias; no es una libertad meramente formal, sino de contenido positivo, para crear y aprovechar las oportunidades de superación integral que el Estado es obligado a promover.

De la seguridad prevista debe decirse que no puede tratarse sino de una seguridad integral, es decir, política, legal y social, que ponga al individuo y a su familia a cubierto de la opresión, de la arbitrariedad y de la miseria.

Y la justicia, fin del Estado que la disposición menciona, ya no se refiere a la sola justicia conmutativa que el antiguo Estado liberal-individualista debía procurar que rigiera en las relaciones contractuales entre particulares; se trata también de la justicia distributiva, que debe hacer participar a todos los habitantes de Guatemala de los beneficios de la producción social, base o fuente de la vida de la nación y de cada uno de sus habitantes.

El régimen económico de la Constitución guatemalteca es en su letra mucho más extenso que el nuestro, porque tiende a regular expresamente todas las situaciones previsibles y se han inclinado en él una serie de cuestiones cuyo lugar es más propiamente el Régimen Hacendario (Título VI, Capítulo VII) o el Régimen Municipal (Título VI, Capítulo X). Aparte de esto, al configurarlo como “Régimen económico y social” han sido tratados en él cuestiones de contenido preponderantemente social en mayor extensión que en el salvadoreño. Pero en el texto del amplio capítulo en que está contenido el V, del Título III que versa sobre Garantías Sociales, ha sido estructurado, integrado y complementado con otras disposiciones de otras partes de la Constitución, como régimen económico constitucional semejantes al nuestro o que se basa en la misma concepción económico-política. Veámoslo.
CAPÍTULO V

“Régimen Económico y Social.

Art. 123. El régimen económico y social tiene por fin procurar al ser humano una existencia digna y promover el desarrollo de la nación”.

“Art. 124. Se reconoce la libertad de empresa y el Estado deberá apoyarla y estimularla para que contribuya al desenvolvimiento económico y social del país”.

“Art. 125. En esta materia son obligaciones fundamentales del Estado:

Fomentar la actividades agrícolas, pecuarias, industriales o de otra naturaleza.

2º Tomar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales.

Velar por la elevación del nivel de vida de los habitantes del país.

Fomentar y proteger la creación y funcionamiento de cooperativas y proporcionarles la ayuda técnica y financiera necesaria.

5º Fomentar el ahorro y la creación de sistemas de previsión.

6º Auspiciar la construcción de viviendas para que el mayor número de guatemaltecos las adquieran en propiedad.

7º Fomentar la investigación, experimentación y divulgación agropecuarias”.

“Art. 126. El Estado promoverá el desarrollo agropecuario del país para cuyo efecto deberá fomentar y apoyar a las empresas agrícolas y pecuarias que exploten racionalmente la tierra y contribuyan al progreso económico y social. Asimismo deberá realizar programas de transformación y reforma agraria, proporcionando a los campesinos, pequeños y medianos agricultores, los medios necesarios para elevar su nivel de vida y los que tiendan a incrementar y diversificar la producción nacional.

Estos programas serán regulados por la ley de la materia y se basarán en los siguientes principios fundamentales:

1º Inafectabilidad de las tierras que sean objeto de aprovechamiento racional y de aquellas que se consideran necesarias y adecuadas para la ampliación de la empresa respectiva.

Distribución de tierras en propiedad, en la extensión y bajo las condiciones especiales que la ley establezca.

Obligación imperativa del Estado, de habilitar y distribuir las tierras nacionales aptas para la colonización agropecuaria, incorporándola al régimen de propiedad privada…

Inmediata apertura de vías de comunicación con el objeto de habilitar para el desarrollo agropecuario todas las regiones del país apropiadas para el efecto.

5º Obligación preferente de las instituciones encargadas del desarrollo agropecuario nacional, de proporcionar en forma coordinada asistencia técnica, créditos adecuados y capacitación al campesino, al pequeño y mediano agricultor a efecto de lograr la explotación racional y económicamente productiva de la tierra, así como la comercialización de los productos y su distribución.

6º Las tierras ociosas laborales pero no cultivadas, podrán agravarse o expropiarse. La ley determinará la cuantía del impuesto… Además fijará el término prudencial para que el propietario las ponga en producción… Vencido este término, podrá procederse a la expropiación…

9º Protección preferente a los campesinos, y a los pequeños y medianos agricultores mediante una política rural tendiente a dotarlos de tierras, viviendas, educación, salubridad y todo cuanto permita elevar su nivel de vida y el de sus familias”.

“Art. 127. Es potestad del Estado la emisión de moneda y su regulación con el objeto de crear y mantener condiciones monetarias cambiarias y crediticias favorables al desarrollo de la economía nacional.

Con el mismo propósito el Estado fomentará la creación y el fortalecimiento de las instituciones bancarias y financieras, privadas y del Estado, que se consideren necesarias para coadyuvar al desarrollo de las actividades económicas, y velará por su liquidez y solvencia.

Las actividades monetarias, bancarias y financieras estarán organizadas bajo el sistema de banca central. Una entidad estatal descentralizada, autónoma, regirá este sistema…”.

“Art. 128. El Estado podrá, en caso de fuerza mayor y por el tiempo estrictamente necesario, intervenir las empresas que presten servicios esenciales para la comunidad cuando se obstaculice su funcionamiento”.

“Art. 133. Las tierras municipales y los bienes de las comunidades gozarán de la protección especial del Estado, el que vigilará su explotación y aprovechamiento….

La propiedad y la administración de los bienes de comunidades y grupos indígenas, así como de otras comunidades rurales, serán normadas por leyes especiales de carácter tutelar”.

“Art. 134. Se declara de utilidad y necesidades públicas la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales.

Los derechos de explotación de hidrocarburos y minerales se adquirirán de conformidad con la ley, por un término no mayor de cuarenta años, prorrogables hasta por veinte años más”.

“Art. 135. Se declaran de urgencia nacional y de interés social la forestación y reforestación del país y la conservación de los bosques. La ley determinará las formas y requisitos para la explotación nacional de los recursos forestales, incluyendo las resinas, gomas y demás productos similares y fomentará su industrialización. En la explotación de dichos recursos, cuando se trate de los bosques nacionales, tendrán preferencia en igualdad de circunstancias, las empresas guatemaltecas, individuales o colectivas…”.

“Art. 138. El Estado promoverá y orientará y dirigirá la aplicación del proceso de desarrollo de la comunidad para lograr la participación voluntaria de la población en el progreso nacional”.

“Art. 139. Se declara de urgencia nacional la electrificación del país con base en planes formulados por el Estado”.

“Art. 140. Se prohíben los monopolios. El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción de uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria.

Las leyes determinarán lo relativo a esta materia”.

El capítulo V contiene reglas y principios que modifican los postulados básicos del régimen económico constitucional liberal individualista radical, para dar al régimen económico de Guatemala el contenido y la orientación que ya señalamos en el de El Salvador.

Con tales reglas y principios, la economía nacional viene a ser medio de alcanzar “una existencia digna” para todos los guatemaltecos; y están contenidas dichas reglas y principios, en los siguientes artículos, antes transcritos: 123, 124, respectivamente equivalentes a los artículos 135 y 136 de la Constitución Salvadoreña; 126, que expresamente prescribe programas de transformación y reforma agraria, equivalente al 147 nuestro; 127, que, como el 143 del régimen económico salvadoreño, provee al poder público de importación del desarrollo; 138, que considera al elemento más importante de las fuerzas productivas o sea al productor mismo en el problema de su desarrollo como miembro de la comunidad y con miras a su participación en el progreso nacional; 139, que como el anterior descansa sobre supuestos de planificación y se refiere a una empresa, la electrificación, sin cuya realización no es posible el desarrollo de una economía nacional.

Los artículos 123 y 124, suponen, a su vez, los cambios limitativos que el nuevo interés social o sea los nuevos fines del Estado capitalista del siglo XX han introducido en el antiguo concepto de propiedad privada y de libertad económica. La relativización o limitación de estas libertades es establecida en el mismo “Capítulo de las Garantías y Derechos Individuales”. Se trata del Capítulo I, del Título II contentivo del rubro más amplio o genérico de garantías constitucionales, cuyas disposiciones aquí aludidas son:

“Art. 44. Se garantiza el libre ejercicio de los derechos que establece la Constitución, sin más limitaciones que las que se deriven de la necesidad del mantenimiento del orden público y social”. Esta limitación tiene un carácter general, comprensivo, desde luego, del derecho de propiedad y de la libertad económica. En la hora presente del progreso humano ningún orden público o social verdadero y estable se concibe si no es sobre la base de que el Estado persiga la vigencia de la justicia social, la posibilidad de que todos sus miembros puedan acceder a un plano de supervivencia digno del ser humano.

“Art. 69. Se garantiza la propiedad privada.

El Estado tiene la obligación de asegurar al propietario las condiciones indispensables para el desarrollo y utilización de sus bienes. La ley determinará las obligaciones y derechos del propietario…” Presentes los fines del Estado capitalista contemporáneo, el derecho de propiedad ha perdido su carácter absoluto, que se vería fundamentado en el Derecho Natural, para recibir su contenido y límites de las leyes secundarias, vale decir, del régimen económico social positivo del que venga a ser base. Así lo admitió Carl Schmitt respecto de la constitución de Weimar; no obstante que él se resistía a abandonar la vieja posición iusnaturalista. Según el famoso constitucionalista, el derecho de propiedad, así como la libertad de industria y la libertad de contratación, no son enunciados por la dicha constitución alemana en forma incondicionada sino que son garantizados “dentro de los límites o con arreglo a la ley”. Y resulta interesante observar que las formulaciones de las dichas libertades en la Constitución guatemalteca son semejantes o parecidas a las que de las mismas hizo el constituyente de Weimar.

Dice el Art. 73 del Capítulo I de las “Garantías y Derechos Individuales” de la Constitución de Guatemala: “Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes, las cuales dispondrán lo necesario para el mayor estímulo e incremento de la producción”. Como se ve, aquí la libertad económica es reconocida o garantizada pero a salvo de las limitaciones “que por motivos sociales y de interés nacional” le impusieron las leyes.

Schmitt escribe otros derechos reconocidos por la Constitución de Weimar, en cambio son, como dice Hanstzschel, de antemano, sólo relativos, es decir, garantizados, dentro de los límites o con arreglo a la ley; así, las libertades de industria y de contratación, artículo 151, 3: “La libertad de comercio e industria se garantiza con arreglo a las leyes del Reich”, y el artículo 152: “En el intercambio económico la libertad de contratación con arreglo a las leyes”. Incluso la propiedad privada deja de ser, en la formulación del artículo 153, un derecho absoluto; …la propiedad privada (reza el citado artículo 153) es garantizada por la Constitución. Su contenido y sus límites resultan de las leyes… (125)

(125) Carl Schmitt: “Teoría de la Constitución”. Pág. 192.

En el mismo Capítulo de las “Garantías y Derechos Individuales” es también adecuado a la nueva política económica el instituto de la expropiación de la propiedad privada, instrumento político-jurídico indispensable a la realización de la nueva política y de los nuevos fines estatales. Reza el Artículo 71: “En casos concretos la propiedad privada, podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio o interés debidamente comprobados…”.

Del “Régimen hacendario (Capítulo VII, del Título VI que trata del Organismo Ejecutivo), tienen importancia en relación con la ejecución y financiamiento de la política económica del Estado guatemalteco, las disposiciones siguientes:

“Art. 223. Las entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, tendrán presupuesto y fondos privativos, cuando la ley así lo establezca.

Art. 224. La Ley orgánica del presupuesto regulará:

5º Todos los principios técnicos y las medidas necesarias para el desarrollo ineficiente de la acción estatal…”.

Ofrecen interés especial para el desarrollo económico las siguientes disposiciones (de los capítulo I y VI del Título VI dedicado al Organismo Ejecutivo, que se refieren, respectivamente, al Presidente de la República y al Consejo de Estado):

“Art. 189. Son funciones del Presidente de la República:

21. Velar por la conservación de los recursos naturales de la Nación y proveer a su aprovechamiento, transformación y desarrollo, conforme a las leyes.

22. Atender de manera preferente al desenvolvimiento de la enseñanza agrícola, industrial y técnica.

23. Crear y mantener una institución directora y coordinadora y las dependencias necesarias, para organizar y desarrollar planes y programas encaminados a resolver de manera efectiva y práctica la integración de la población indígena a la cultura nacional.

26. Promover el planeamiento y ejecución de obras y servicios públicos de acuerdo con programas de desarrollo previamente aprobados.

27. Promover el adecuado desarrollo del capital y el trabajo como factores de la producción.

“CAPÍTULO IV

Consejo de Estado.

Art. 207. El Consejo de Estado se integrará por:

1º El Vicepresidente de la República, quien lo preside.

2º Dos consejeros por cada uno de los organismos del Estado, designados por el Congreso, el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia, respectivamente.

3º Un consejero designado por los Presidentes de los colegios profesionales reconocidos por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

4º Un consejero nombrado por las municipalidades de la República…

Un consejero por los trabajadores urbanos y otros por los trabajadores del agro, designados por las juntas directivas de los respectivos sindicatos legalmente inscritos.

6º Un consejero por cada uno de los cuatro sectores siguientes: agricultura, industria, comercio y banca privada, designados por las asociaciones respectivas…

Art. 213. Son atribuciones del Consejo de Estado:

1º Opinar sobre la negociación y renegociación de contratos para el establecimiento o creación de servicios públicos y el otorgamiento de sus concesiones.

2º Opinar sobre los proyectos de leyes y demás asuntos que sean sometidos a un conocimiento por los organismos del Estado.

3º Opinar sobre los tratados, convenios y demás arreglos internacionales que requieran la aprobación del Congreso, previamente a la consideración de éste.

5º Someter a consideración del Presidente de la República las iniciativas y las soluciones que a su juicio convengan dar a los problemas generales del país.

Art. 214. El Consejo de Estado sesionará cuantas veces sea necesario. Sus decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos…

El régimen social formulado en la Constitución de Guatemala es tan amplio y avanzado como el de la Constitución de El Salvador o aún más y como éste, contemplando el desarrollo integral de la sociedad guatemalteca, provee a la seguridad económica y superación de las clases trabajadoras y de los otros grupos de población económicamente débiles. Veamos algunas disposiciones que confirman lo que aquí se afirma.

En el Título III, que trata de las Garantáis Sociales, propiamente en el Capítulo I correspondiente a “La Familia”, se ha establecido: Art. 88. “La ley determinará y establecerá un régimen privilegiado en materia de imposición para las familias numerosas. El Estado fomentará la propiedad-hogar en beneficio de la familia guatemalteca”.

En el Capítulo II del mismo título de Garantías Sociales, que trata de la “Cultura”, se prescribe: “Art. 109. La artesanía e industrias populares, típicas de la Nación, gozarán de protección especial del Estado, con el fin de preservar su autenticidad y gozarán de las facilidades crediticias necesarias para promover su producción y comercialización

Art. 110. El Estado fomentará una política que tienda al mejoramiento socio-económico de los grupos indígenas para su integración a la cultura nacional”. Su régimen se instituye en forma nacional, unitaria y obligatoria…”.

Terminamos este breve comentario del régimen económico constitucional de Guatemala concluyendo que responde a los mismos fundamentos y propósitos del régimen económico constitucional de El Salvador.

4-C. RÉGIMEN ECONÓMICO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS.

El régimen económico constitucional de Honduras, pese a circunstancias que podrían indicar lo contrario y sin duda en reacción contra otras –como las de un atraso económico más grave que el de la mayoría de países de la región y su mayor dependencia respecto de los monopolios extranjeros-, es el más explícito, franca y abiertamente interventor; es el régimen económico constitucional centroamericano que más desdibuja la imagen del Estado capitalista policía de los últimos cuarenta años del siglo XVII y del siglo XIX. (126) Vemos esto en la propia letra de la Constitución Hondureña.

Igual que la Constitución de Guatemala, la de Honduras sienta la base de transformación del antiguo Estado liberal en la misma definición primera con que el pueblo hondureño se constituye en República democrática o Estado Capitalista de nuevo tipo. En esta misma definición se establecen los grandes nuevos fines del Estado; asegurar el goce de la libertad, la justicia, el bienestar social y económico y la superación individual y colectiva de sus habitantes. Aquí, como en el caso de El Salvador y Guatemala, el Estado ya no nace, como en la Revolución Francesa, para reconocer y garantizar derechos naturales y preexistentes al mismo, es decir, con el sólo fin jurídico de garantizar la libertad del despliegue vital de cada cual, renunciando a preocuparse por la felicidad y el bienestar de los ciudadanos. Fin o misión que agotábase con la positivización y mantenimiento del orden jurídico porque su contenido estaba, como decía Kant, en los principios a priori de la libertad del hombre, de la igualdad del súbdito, de la autonomía del ciudadano, principios que no eran tanto leyes dadas por el Estado ya constituido, sino condición para adaptar el Estado a los puros principios de la razón. Tampoco nace aquí el Estado para defender, definitivamente a las leyes positivas y por ello devenidos en puros derechos legales, unos derechos privados, los “derechos adquiridos”, reduciendo al mínimo la discreción administrativa cuando la burguesía (al correr el siglo XIX) no pretende afirmarse como fuerza revolucionaria, sino que entra en el período de estabilidad sin anhelar otra cosa que seguridad frente a la administración. (127) En la Constitución de 6 de junio de 1965, el Estado Hondureño nace o se constituye insertando hondamente en su estructura y como elementos esenciales suyos, a las clases trabajadoras y a las clases económicamente débiles, en suma, a las clases populares. La idea y sentimiento específicamente liberales y propios del Estado burgués del Derecho”, son fundidos en dicha Constitución con elementos de “Democracia y reforma social para dar configuración a la nueva superestructura jurídico-política de la Nación hondureña”. (128)

(126) V. Mario de la Cueva: “Derecho Mexicano del Trabajo”. T. II. Pág. 244 y Manuel García Pelayo: “Derecho Constitucional Comparado”, Págs. 29 y siguientes.
(127) Manuel García Pelayo: “Derecho Constitucional Comparado”. Págs. 157 y siguientes.
(128) V. Carl Schmitt. “Teoría de la Constitución”. Pág. 356 y siguientes.

Dice el citado artículo 1: “Honduras es un Estado soberano e independiente, constituido como República democrática, para asegurar el goce de la libertad, la justicia, el bienestar social y económico y la superación individual y colectiva de sus habitantes”.

Es de hacer notar de que el régimen económico formulado en la constitución hondureña, bajo el título Economía Nacional, forma con su capítulo parte de un título, el VIII, en el que, en otros capítulos, son enmarcadas también las instituciones básicas del Régimen financiero público o estatal y de los entes autónomos, obligados a conformar su actuación a los programas del desarrollo económico nacional. Esta integración institucional de economía nacional o de régimen económico y finanzas públicas o estatales es indudable que constituye una mejor base jurídico-política para adecuar y proyectar la actuación del poder público hacia la realización práctica o efectiva de los nuevos fines económicos y sociales del Estado hondureño. Dicha integración da una idea más unitaria del Estado y esos fines, de la íntima e indisoluble relación entre la gestión pública y el desarrollo económico y social de la República. Ya veremos esto en su formulación concreta.
Título VIII

CAPÍTULO I

Economía Nacional

Art. 249. El Estado, por medio de sus poderes Legislativo y Ejecutivo, con el auxilio de un organismo superior de planificación y demás organismos técnicos competentes, formulará y ejecutará el desarrollo económico y social que tendrá por objetivos esenciales alcanzar el más alto nivel de vida y el mayor grado de justicia social para todos los hondureños.

La dirección y coordinación de la política económica general del Estado corresponde al Poder Ejecutivo.

Las Secretarías de Estado y los organismos autónomos y semiautónomos y demás dependencias públicas, ajustarán sus programas, proyectos y actividades a la política económica y social que determine el Estado.

Art. 250. El sistema económico de Honduras debe inspirarse en principios de eficiencia en la producción y de justicia social en la distribución de la riqueza y en ingreso nacionales, fundamentándose en la coexistencia armónica de los factores productivos, de las instituciones económico-privadas que caracterizan el sistema de libre empresa, de los sindicatos de trabajadores, de las empresas públicas, privadas y de economía mixta, de la propiedad privada y municipal y de otras asociaciones e instituciones económicas reconocidas por la ley.

Art. 251. El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares. Pero el Estado, por razones de orden público e interés social, podrá reservarse el ejercicio de determinadas industrias básicas, explotaciones y servicios de interés público y dictar leyes y medidas económicas, fiscales y de seguridad pública, para encauzar, estimular, supervisar, orientar y suplir la iniciativa privada, toda vez que tal intervención, signifique, corregir el deficiente funcionamiento de la economía, o asegurar los beneficios económicos para el mayor número de los habitantes del país.

La acción del Estado dentro de la Economía se manifestará por medio de la aplicación de medidas de política económica definidas y contenidas en leyes de la República.

Art. 252. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior el Estado reconoce y garantiza las libertades de consumo, ahorro e inversión, ocupación, iniciativa, comercio, empresa y otras libertades que tiendan a reforzar el sistema de libre comercio, terminará los requisitos y forma en que tales libertades serán garantizadas.

Art. 253. La intervención del Estado en la Economía tendrá por base razones de orden público e interés social, por límite los derechos y libertades reconocidas por esta constitución.

Art. 254. Se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la Nación. El Estado reglamentará su uso, goce y aprovechamiento de acuerdo con el interés social.

La reforestación del país y la conservación de los bosques se declaran de urgencia nacional y de interés colectivo.

Art. 255. La ley determinará el régimen jurídico a que se sujetará la explotación, conservación y aprovechamiento de los Recursos Naturales.

El Estado podrá otorgar permisos, concesiones y contratos para le explotación de los recursos naturales por períodos que la ley determine. Estas concesiones, contratos y permisos caducarán por infracción o resistencia al cumplimiento de cualquier ley de la República.

Art. 256. El Estado patrocinará la modernización de la tecnología en las actividades agropecuarias y manufactureras. Para este fin establecerá franquicia, subsidios y exenciones de crédito y otros incentivos.

La ley dispondrá que se tomen medidas para establecer centros para la enseñanza en la formación de obreros y directores industriales especializados.

Art. 257. El Estado fomentará la colonización de familias, tanto nacionales como extranjeras exclusivamente agrícolas que vengan a laborar la tierra ociosa para aumentar la producción nacional.

Art. 258. La ley podrá conceder un tratamiento preferencial o reservar determinados campos de inversión al capital hondureño en atención al interés nacional.

La industria y el comercio en pequeñas escalas constituyen un patrimonio de los hondureños y su protección será objeto de una ley.

Art. 259. El derecho de emisión monetaria corresponderá exclusivamente al estado, que lo ejercerá por medio del Banco Central de Honduras, Institución Autónoma de servicio público, que se regirá por su ley orgánica y sus reglamentos.

El régimen bancario, monetario y crediticio será determinado por la ley.

El Estado, por medio del Banco Central, tendrá a su cargo la formulación y desarrollo de la política monetaria, crediticia y cambiaria del país.

Art. 260. El Estado ordenará sus relaciones económicas externas sobre las bases de la cooperación internacional, la integración económica centroamericana…

Art. 261. En la política agraria el Estado fomentará primordialmente el desarrollo de la propiedad rural y de tipo familiar que constituye una unidad económica de producción y el establecimiento de servicios de crédito y educación agrícola favoreciendo de preferencia a las familias hondureñas.

La ley determinará las condiciones de adquisición y las obligaciones del adjudicatario, así como las dimensiones de las unidades de producción que el Estado estime convenientes fomentar en cada zona, de acuerdo con las condiciones técnicas correspondientes.

Art. 262. La ley podrá establecer restricciones, modalidades o prohibiciones especiales para la adquisición, transferencia, uso y disfrute de la propiedad estatal y municipal, por razones de orden público, de interés social o de conveniencia nacional.

Art. 263. Se prohíben los monopolios a favor de personas individuales o jurídicas de carácter particular.

El Estado limitará el funcionamiento de empresas que absorban o tiendan a absorber en perjuicio de la economía nacional, la producción de una o más ramas agropecuarias e industriales, o de una misma actividad comercial o de servicios. Una ley especial determinará lo relativo a esta materia…”.

Hasta aquí las principales disposiciones del capítulo destinado a la Economía Nacional. De ellas merece destacarse el Art. 251, por la posibilidad que depara a la acción estatal en la dirección de la economía y realización del interés social, pues establece que el Estado podrá reservarse el ejercicio de determinadas industrias básicas para encauzar y suplir la iniciativa privada, toda vez que tal intervención signifique aumentar la riqueza nacional o asegurar los beneficios económicos para el mayor número de los habitantes del país. Tal disposición da base a una reestructuración apropiada para un desarrollo acelerado, equilibrado y autosustentado de la economía hondureña. Fíjese la atención en que el precepto constitucional habla de industrias básicas y del aseguramiento de los beneficios para el mayor número de los habitantes el país.

También el Art. 252 posee una nota relevante por demás y es la de que, aparte de la limitación general que los nuevos principios del Estado imponen a las antiguas libertades económicas liberales e individualistas, la mencionada disposición establece expresamente que “la ley determinará los requisitos y formas en que tales libertades serán garantizadas”. Aquí la Constitución es categórica en la determinación del nuevo carácter que en la concepción interventora asume la antigua y anárquica libertad económica capitalista; establece la subordinación de la garantía de esta libertad a lo que la ley secundaria determine al respecto después de contemplar los supremos intereses del desarrollo económico nacional y de una equitativa distribución de los frutos de la producción social entre los habitantes del país. El Art. 252, así, supera totalmente la concepción iusnaturalista de la libertad económica.

El Art. 253 reafirma el fundamento de “la intervención del Estado en la Economía” ya sentado en el Artículo 1.

El Art. 255 provee a la defensa de los recursos naturales y de la soberanía hondureña, que tan irrespetados han sido y son por el dominio monopólico externo. La nacionalidad hondureña y centroamericana exigen con carácter vital e inaplazable la aplicación de tan meritoria disposición constitucional. En el irrespeto a la soberanía hondureña de parte de los intereses foráneos se pone en juego la existencia misma de la futura República centroamericana.

El Art. 260 ha revelado cuán grande es el divorcio entre la letra de las constituciones centroamericanas y sus posibilidades actuales de realización material.

Ni siquiera la forma favorable a las oligarquías dominantes en que se lleva a cabo la integración económica del istmo ha podido ser manejada para mantenerla e impulsarla.

El Art. 261 que contempla la necesidad de la reforma agraria, establece expresamente que “la propiedad rural y de tipo familiar” constituirá una unidad económica de producción, previsión que asume la mayor importancia para el desarrollo de la economía agrícola.

Esta disposición y la siguiente, el Art. 262, seguramente sirvieron el actual gobierno hondureño para desatar y llevar adelante los hechos vejatorios y de despojo, que, desde mayor de 1969, se han hecho sufrir a muchos miles de campesinos salvadoreños que vivían asentados en el agro hondureño, en abierto y total desprecio de los mejores intereses de Centroamérica. Así se desvirtúan en la región los mejores preceptos constitucionales que miran al desarrollo de los pueblos centroamericanos.

Por la situación actual de sujeción de la economía hondureña a los intereses de la dominación monopólica externa, el Art. 263 reviste la misma importancia del Art. 255 y por ello cabe decir de aquél lo mismo que ya se afirmó de éste.

El Capítulo I de la “Economía Nacional” (que se comenta) es integrado con las limitaciones a la antigua propiedad absoluta burguesa correspondiente a la esencia interventora del nuevo Estado hondureño, expresamente formuladas en el mismo antiguo título de los derechos y garantías individuales, encabezado con la designación de (Título III) “Declaraciones, Derechos y Garantías” y que consagra el Capítulo VI a la “Propiedad”. Dice el Artículo 97 de este capítulo: “El Estado garantiza, fomenta y reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o interés público establezca la ley”. Esta disposición es acorde con la enfática orientación del nuevo régimen económico constitucional de Honduras.

En el mismo capítulo de la “Propiedad la expropiación de bienes, indudablemente determinada en el nuevo sentido de la propiedad capitalista que se acaba de ver”.

En el propio Título VIII en que se enmarca el régimen económico, en la Sección III “Presupuesto” correspondiente al Régimen Financiero (Capítulo II), asumen particular importancia, dada su relación con el tercer inciso del artículo 249, las siguientes disposiciones:

“Art. 271… La ley podrá autorizar a determinadas empresas estatales o mixtas para que perciban, administren o inviertan recursos financieros provenientes del ejercicio de las actividades económicas que les corresponde”.

Art. 281. El Presupuesto General de la República deberá integrarse por programas en concordancia con los planes de desarrollo económico y social aprobados”.

“Art. 286. La Ley Orgánica del Presupuesto General del Estado regulará: 2. La integración de los presupuestos por medio de programas que expresen las metas de realización, separando la inversión pública y el financiamiento”.

El régimen económico constitucional hondureño es tan explícito y categórico en la afirmación de su esencia que basta con lo dicho para captar sus caracteres fundamentales, su nueva modalidad capitalista, condicionada por los fines también nuevos del Estado.

No debemos terminar este comentario sin expresar que se observa en la legislación constitucional hondureña una mejor separación entre la formulación literal del Régimen Económico y la del Régimen Social que en las constituciones de El Salvador y Guatemala, no obstante el pronunciado acentuamiento de la nueva orientación del sistema económico constitucional hondureño. Esta orientación, desde luego, plásmase en el Régimen Social, con el que se complementa el económico y cuya caracterización podemos captar en algunas de sus disposiciones que para este objeto transcribimos a continuación:
“TÍTULO IV

Garantías Sociales

La Familia”

Art. 116. Los padres de familia pobres con cinco o más hijos, recibirán especial protección del Estado. En iguales circunstancias de idoneidad, gozarán de preferencia para el desempeño de cargos públicos”.

“Art. 118… El Estado está en la obligación de fomentar la formación de patronatos, juntas directivas y administradoras de centros asistenciales, benéficas o que promuevan el progreso y mejoramiento de las comunidades, creados por iniciativa privada…”.

“Art. 120. El Estado promoverá la crianza y educación de los menores cuyos padres o tutores estén económicamente incapacitados para hacerlo o que carezcan de parientes obligados a proporcionárselos”.
“CAPÍTULO II

Del Trabajo y Previsión Social”.

“Art. 124… 6ª Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo fijado periódicamente con intervención del Estado y de los trabajadores y patronos, suficiente para cubrir las necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural, atendiendo… al costo de la vida… y a los sistemas de remuneración de las empresas…”.

Art. 129. Los trabajadores intelectuales independientes y el resultado de su actividad, deberán ser objeto de una legislación protectora”.

Art. 139. Toda persona tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia en curso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuido. Los servicios de seguro social serán prestados y administrados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, y cubrirá los casos de enfermedad, maternidad, subsidios de familia, vejez, orfandad, paro forzoso, accidente de trabajo y enfermedades profesionales, todas las demás contingencias que afecten la capacidad de trabajar y consumir…”.

Art. 142. La Ley regulará la formación de empresas cooperativas, ya sean comerciales, agrícolas, industriales, de consumo o de cualquier índole, sin que se aluda o adultere el régimen del trabajo establecido en esta constitución”.

“Art. 143. El Estado protegerá al campesino y a este fin legislará, entre otras materias, sobre el patrimonio familiar inembargable” exento de toda clase de impuestos, créditos agrícolas, indemnizaciones por pérdida de cosecha, cooperativas de producción y consumo, Cajas de previsión, escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación agropecuarias, obras para riego y vías rurales de comunicación”.

Como puede verse, los regímenes económicos constitucionales de El Salvador, Guatemala y Honduras están en la misma línea de evolución o cambio. De los tres, quizá pueda decirse que es el de Honduras el que, en un más elevado grado de desarrollo que haga cambiar la actual correlación de fuerzas entre las clases fundamentales que mueven la producción, permitirá una más expedita y vigorosa acción del Poder Público para promover el desarrollo nacional.

4-D. RÉGIMEN ECONÓMICO CONSTITUCIONAL DE NICARAGUA.

Es indudable que la Constitución política de Nicaragua está en la misma línea que las de los otros tres países centroamericanos que hasta aquí hemos visto, en lo que al Régimen Económico se refiere o sea en cuanto al carácter interventor de este régimen en orden a promover y dirigir el desarrollo económico nacional para proporcionar a todos los habitantes del país los beneficios del bienestar económico y la justicia social. Se trata, sin embargo de la constitución que en el aspecto dicho no es tan categórica como la de Honduras, ni tan explícita como las de El Salvador y Guatemala. Aunque en algunas instituciones y medidas el nuevo carácter de la política económica es abierto o franco, en general la formulación de ésta es un tanto reticente.

Posiblemente las circunstancias anteriormente apuntadas movieron, en parte, al profesor Mario de la Cueva a escribir los párrafos siguientes de sus comentarios al régimen constitucional de trabajo en Nicaragua. Dice el tratadista mexicano: Dos hechos llaman aún poderosamente la atención en la vida de nuestros pueblos, el tratado Bryan-Chamorro y el asesinato del patriota César Augusto Sandino; la América espera su reparación. La República de Nicaragua ha sufrido las consecuencias de estos acontecimientos y aun no puede reponerse; Juan Bautista Sacasa, responsable del crimen, continuó en el poder hasta que Anastasio Somoza, autor material del mismo, logró derrocarlo y hacerse nombrar Presidente de la República. América espera, igualmente, la reparación de estos actos. Analizamos, por tanto, el derecho de Nicaragua desde un punto de vista teórico, sin hacer referencia a sus orígenes.

La constitución de Nicaragua representa, en ciertos aspectos, un progreso sobre las anteriores… es importante notar que las declaraciones constitucionales de Nicaragua constituyen un interesante conjunto de principios para una teoría del derecho del trabajo. Y sin embargo, llama la atención que no se hubieran consignado los principios de la organización colectiva del trabajo, asociación profesional, contrato colectivo y huelga; más bien parece que se niegan estos pues el artículo 126 previene que incumbe al Estado autorizar los organismos corporativos, morales, culturales y económicos; aplicando esta disposición, se llegará a una organización corporativa, quizá gremial, pero vigilada por el Estado, lo que equivale a negar la libertad de asociación profesional. (129)

Los rasgos de la formulación legislativa del régimen económico y social de Nicaragua son, seguramente en parte reflejo de la siguiente realidad observada por Edelberto Torres Rivas: En Nicaragua existe una confusión de la esfera política y económica al nivel de los administradores del Estado que perjudica a ambas. (130)

(129) “Derecho Mexicano del Trabajo”. T. I. Págs. 186-187.
(130) “Estructuras y procesos de una sociedad dependiente”. Pág. 188.

Pasemos a ver e propio texto constitucional. En la primera definición o declaración constitutiva del Estado nicaragüense, artículo primero, no se incluyen, como se incluyen en las constituciones de Honduras y Guatemala, los nuevos fines del Estado; y no se habla de ellos expresa y especialmente en ninguna disposición; sólo cabe deducirlos, con fundamento suficiente, de las limitaciones particulares de cada uno de los institutos económico-jurídicos de la vieja concepción liberal burguesa, aparte de que debe vérsele establecidos por el acogimiento de “los principios de la Carta del Atlántico, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los principios de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales”. Este acogimiento tiene lugar en el artículo 9º.

El artículo 1º reza: Nicaragua es un Estado unitario, libre, soberano e independiente. El artículo 9º está contenido, precisamente en el Título Preliminar, en la parte primera de las dos que éste comprende y que contiene las declaraciones constitutivas fundamentales del Estado nicaragüense; y aunque el precepto pareciera referirse solo a las relaciones internacionales, los principios en él acogidos consideran que para el mantenimiento de la armonía y paz internacionales es indispensable conseguir para todos mejores niveles de trabajo, prosperidad económica y seguridad social (Carta del Atlántico). Y por si lo anterior fuera poco, el mismo artículo 9º reconoce los principios que forman el Derecho Internacional Americano para la Organización de la Paz, que, en el artículo 5º del Capítulo II de la “Carta Constituva de la Organización de los Estados Americanos”, establecen (en el inciso “h”) que la “justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera”.

En un mismo título, el IV, sin distinción en capítulos o en otra forma y bajo el rubro genérico de “Derechos y Garantías”, se han consignado los derechos y garantías individuales, los principios y reglas de la nueva política económica del Estado y los nuevos derechos y garantías sociales del pueblo nicaragüense. Veamos lo más característico del régimen económico.

“Art. 63. La propiedad es inviolable. A nadie se puede privar de la suya sino en virtud de sentencia judicial, de contribución general, o por causa de utilidad pública o interés social de conformidad con la ley…” Esta disposición se refiere a la expropiación y contempla expresamente el caso de interés social.

Art. 65. La propiedad, en virtud de su función social, impone obligaciones. La Ley determinará su contenido, naturaleza y extensión”. Este artículo pone a la propiedad capitalista completamente en la línea de la nueva concepción interventora de la política económica del Estado; supera totalmente la posición de la antigua propiedad privada absoluta de Derechos naturales para dar al legislador secundario la potestad de determinar “su contenido, naturaleza y extensión”.

“Art. 66. El Derecho de Propiedad, en cuanto a su ejercicio, está sometido a las limitaciones que impone el mantenimiento y progreso del orden social. La ley podrá gravar la propiedad con obligaciones o servidumbres de utilidad pública y regular las cuestiones de arrendamiento”. Esta disposición concreta más la naturaleza de la limitación social de la propiedad privada; expresa que tal limitación refiérese al ejercicio mismo del derecho y tiene por objeto o causa el mantenimiento y el progreso del orden social. En su última parte, la disposición limita la libre contratación en el caso específico del arrendamiento; previsión de mucha importancia en relación con el bienestar de las clases populares, que por lo general carecen de vivienda propia.

“Art. 68. Por motivo de interés público o social, la ley puede establecer restricciones o prohibiciones para la adquisición y transferencia de determinada clase de propiedad en razón de su naturaleza, condición o situación en el territorio. “Esta disposición por interés público o social haya que limitar no sólo la libre disposición de bienes sino también la libertad para adquirirlos.

“Art. 70. Para fines de interés general, podrá el Estado intervenir en la explotación y régimen de las empresas de servicio público y aún nacionalizarlas, previa indemnización en este último caso”.

“Art. 71. El Estado propenderá a la conveniente división de los latifundios incultivados, y favorecerá la conservación y difusión de la mediana y pequeña propiedad rural”. Este artículo provee a la necesidad de la reestructuración de la economía agrícola, sector de cuyo progreso próximo depende la superación del atraso económico y social de Centro América, en ninguno de cuyos países se ha efectuado la reestructuración que ponga fin al nuevo latifundio (laico) y relaciones de producción feudales que mantuvo, generó y consolidó la economía cafetalera, frustrados y destruidos que fueron por la reacción interna y externa los primeros logros de la Reforma Agraria Guatemalteca iniciada por Jacobo Arbenz Guzmán.

“Art. 85. El Estado reconoce la libertad irrestricta de comercio, lo mismo que la de contratación e industria.

La ley señalará los requisitos y las garantías que le acuerde”. La segunda parte de la disposición salvaguarda el interés social; después de cuya satisfacción debe operar la libertad irrestricta contemplada en el primer inciso, sujeta a los requisitos y a las garantías que le acordare la ley secundaria en vista de tal interés. En esta forma líquida la libérrima concepción del antiguo laissez faire.

“Art. 86. Podrá decretarse el Estado de Emergencia Económico cuando lo exija el equilibrio de la economía monetaria, la protección de la población financiera externa, o la estabilidad y bienestar social de la nación”. En esta disposición aflora o se exterioriza plenamente, como en el artículo 65, el nuevo carácter interventor del Estado nicaragüense en servicio a la realización de los nuevos fines sociales del Poder Público.

“Art. 87. Se prohíben los monopolios en interés privado y toda clase de acaparamientos industriales y comerciales. Sólo en exclusivo interés nacional puede la ley establecer monopolios y estancos del Estado.

Se prohíbe asimismo el otorgamiento de concesiones que signifiquen la constitución de monopolios sobre las riquezas naturales del Estado”. Este artículo es de la mayor importancia en la defensa de la economía y soberanía nacionales, especialmente contra la voracidad y el intervencionismo del imperialismo yanqui.

Art. 88. Una ley de carácter general fijará las condiciones básicas en que puede el Estado otorgar concesiones sobre la explotación de las riquezas naturales. “La previsión de esta disposición complementa la del inciso segundo del artículo anterior.

“Art. 90. Se prohíbe la usura. Es de origen público la ley que señale límite máximo al interés del dinero. La misma ley determinará la pena que debe aplicarse a los contraventores”. Acompañada de una vigorosa promoción del crédito institucionalizado en el sector oficial y privado, encauzado hacia pequeños productores y comerciantes y clases trabajadoras, esta disposición reviste la mayor importancia económica y social; puede contribuir a un desarrollo económico general y a elevar el bienestar de las clases populares.

Entre las atribuciones del Congreso tienen particular importancia, en relación con la política económica, las contempladas en las disposiciones que siguen:

“Art. 148. Corresponde al Congreso en Cámaras separadas:

5) Declarar, fijando su duración, el Estado General de Emergencia económica, cuando así lo exijan las circunstancias anormales del país.

La declaración de tal Estado suspenderá, según se ordene, algunas o todas las garantías consignadas en los artículos 85 (antes transcrito) y 123 (que reza: “Ninguna ley tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal a favor del delincuente”)…

7) Decretar transitoriamente por un lapso no mayor de un año, leyes de inquilinato que alteren la libertad de contratación, pudiendo prorrogarlas las veces que fuere necesario”.

“Art. 149. También corresponde al Congreso en Cámaras separadas, a iniciativa del Poder Ejecutivo:

3) Acordar subvenciones o primas para objetos de utilidad pública que tiendan a establecer nuevas industrias o a impulsar la agricultura”.

En el título de la Hacienda Pública, VIII, deben hacerse notar, en relación con la política económica, las siguientes disposiciones:

“Art. 242. La riqueza del subsuelo pertenecen al Estado, sólo podrá concederse a los particulares su explotación sobre la base de participación del Estado en los beneficios…”.

“Art. 246. El Poder Ejecutivo debe estar autorizado por una ley para disponer de las propiedades inmuebles del Estado y para tomar caudales a préstamos sobre el crédito de la Nación. Todo acto en contravención a este precepto es absolutamente nulo”.

En el capítulo IV del mismo título de la Hacienda Pública se establece la posibilidad de que los servicios que constituyen el dominio industrial y comercial del Estado puedan ser administrados por Consejos o Directores autónomos, cuando así se disponga por la ley para la mayor eficacia del mismo servicio y para el bien público. Y el artículo 275 de dicho capítulo establece que “Podrá admitirse capitales privados en la constitución y ampliación del patrimonio de los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, siempre que así lo disponga el Congreso por una Ley…

El aporte de capitales particulares y representación de los mismos en los Consejos o Directorios nunca serán superiores a los del Estado”.

Estas últimas disposiciones dan una medida del alcance determinante de la intervención que con base constitucional puede el Estado efectuar en el campo de la producción social: Tal intervención puede llegar hasta la constitución de un amplio sector estatal de la economía nacional o sea de capitalismo de Estado; cuyos frutos en beneficio del pueblo nicaragüense dependen de la menor o mayor participación que las clases populares nicaragüenses conquisten en el plano de las decisiones de poder al más alto nivel del Estado.

Como es de advertir, las disposiciones particulares relativas a postulados básicos de la nueva política económica plasmada en la constitución de Nicaragua superan la reticencia que realmente pudiera existir en la formulación general de dicha Constitución.

En cuanto al Régimen de Trabajo, basta lo afirmado, en el párrafo antes transcrito por el profesor Mario De la Cueva, para cobrar noción de sus caracteres. Sólo agregaremos que aunque, como lo hiciera ver este tratadista de Derecho Laboral, no se consignan expresamente en la Constitución nicaragüense las instituciones de la organización colectiva del trabajo –asociación profesional, contrato colectivo y huelga-, éstas, al igual que los fines sociales del Estado, deben verse establecidos por el Artículo 9. En efecto, la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales cuyos principios son acogidos por este artículo hace suyos entre éstos los de asociación profesional, surgida en el campo del Derecho precisamente para ser sujeto llamado a dar vida y defender al contrato colectivo de trabajo, y huelga, en sus artículos 26 y 27 (de la Carta).

De estos artículos dice el profesor De la Cueva: “El artículo 26 garantiza, en la forma más amplia, la libertad de asociación profesional… El Artículo 27 dice que “los trabajadores tienen derecho a la huelga” y agrega “que la ley regula este derecho en cuanto a sus condiciones y ejercicios”. La Carta de Bogotá, al igual que nuestro artículo 123 (de la Constitución de México) otorgó el mismo derecho a trabajadores y patrones en cuanto se refiere a la asociación profesional, pero no admitió la legitimidad del lockout, con lo cual marcó el sentido protector y humano del derecho del trabajo”. (131)

(131) Mario De la Cueva: “Derecho Mexicano del Trabajo”. T. I. Págs. 336 y siguientes.

Esto último resulta hasta asentado los elementos democráticos del Régimen de Trabajo acogido en la Constitución del hermano país centroamericano; elementos reprimidos en la realidad, y parece ser que hasta negados en la legislación secundaria.

Del régimen social en general, dennos una idea las disposiciones siguientes:

“Art. 75. Se establece el patrimonio familiar sobre la base de que será inalienable, inembargable y exento de toda carga pública…”.

“Art. 76. El matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección del Estado”.

“Art. 78. A los padres in recursos económicos los asiste el derecho de reclamar auxilio del Estado para la educación de la prole.

“Art. 79. El Estado procurará el otorgamiento de subsidios especiales para la familia de prole numerosa.

“Art. 101. El Estado promoverá la enseñanza en sus grados secundarios y superiores, lo mismo que la enseñanza técnica de los obreros y las escuelas de orientación agrícola e industrial. Esta disposición asume gran importancia en orden al desarrollo económico nacional.

Art. 107. El Magisterio es carrera pública y el que se ejerce para el Estado da derecho a los siguientes beneficios:

3) A un sueldo básico mínimo, de acuerdo con la dignidad de su profesión y con el costo de la subsistencia en el lugar de su destino;

4) A una jubilación proporcional;

5) A vacaciones retribuidas;

6) A su mejoramiento cultural y profesional costeado por el Estado…”.

Digamos, por último, del régimen económico constitucional de Nicaragua que, como los de El Salvador, Guatemala y Honduras, ha avanzado en lo que a su formulación legislativa se refiere, hacia una posición interventora que bien puede servir de marco superestructural adecuado a un desarrollo económico y social nacionalista, acelerado y ordenado, del pueblo nicaragüense. No debe dejar decirse que, siendo tan importante para el desarrollo integran de un pueblo el desarrollo político, en el aspecto orgánico la Constitución de Nicaragua ofrece graves notas antidemocráticas.

4-E. RÉGIMEN ECONÓMICO CONSTITUCIONAL DE COSTA RICA.

La Constitución de Costa Rica, de 1949, también formula un régimen económico constitucional que tiende a sentar las bases materiales de un régimen social más justo para las clases trabajadoras y otros grupos económicamente débiles. Es decir, también Costa Rica rompe con la concepción del laissez faire, para abrazar una posición interventora del Poder Público en el campo de la producción encaminada a dirigir ésta con los fines que se ha dicho respecto de los otros países centroamericanos: hacer posible para los habitantes del país una existencia digna del ser humano.

El esquema literal de la Constitución tica parécese al de la de nicaragüense. En efecto, en el artículo 1º que es en donde la nación costarricense defínese para constituirse en Estado, no se asignara a éste sus nuevos fines; ni se le asignan en ningún otro artículo del Título I contentivo de las declaraciones constitutivas fundamentales; ni se hace un lugar especial en título o capítulo alguno al régimen económico. Este está contenido, fundamentalmente, en los títulos IV y V de los “Derechos y Garantías Individuales” y de los “Derechos y Garantías Sociales”, respectivamente, en los que se establecen las limitaciones, reglas y principios que configuran dicho régimen o sea la nueva política económica del Estado costarricense. Veamos lo afirmado:
“TÍTULO V

Derechos y Garantías Sociales

Capítulo Único”

Art. 50. El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”.
“TÍTULO IV

Derechos y Garantías Individuales

Capítulo Único

Art. 45. La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya sino es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley…

Por motivo de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social”.

La primera disposición, el artículo 50, es categórica en la afirmación de que, para cumplir su fin social supremo, el Estado organizará la producción y el reparto de la riqueza. Pero esta afirmación choca contra una formalidad un tanto difícil de cumplir, como es la de que la Asamblea Legislativa pueda acordar “limitaciones de interés social” a la propiedad privada sólo con el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros”. En concordancia con esta sobreprotección de la propiedad privada, no existe ninguna disposición que expresa y directamente fundamente, como en las otras cuatro constituciones centroamericanas, una reestructuración del régimen de dominio y explotación de la tierra; apenas en el Art. 69 del capítulo V de los Derechos y Garantías Sociales prescríbese que “los contratos de aparcería rural serán regulados con el fin de asegurar la explotación racional de la tierra y la distribución equitativa de sus productos entre propietarios y aparceros”.

No se piense que Costa Rica, dadas las características de su desarrollo, no tiene problema de reestructuración agraria. Aunque guarda, en relación con los otros cuatro países centroamericanos, un estado de equilibrio mayor en la distribución en dominio de la tierra -81 x 100 de propietarios con 89 x 100 de la tierra en 1950- también sufre “el drama del minifundio” y el de trabajadores agrícolas desposeídos de tierra. Ya vimos que Costa Rica heredó de la colonia un sistema de minifundio, que en el curso del desarrollo agrícola cafetalero fue primero ampliado y después reducido para dar paso al sistema latifundista. Este se formó al impulso de la concentración determinada, a su vez, por las relaciones capitalistas de producción de la economía cafetera, que así, por otra parte, cobró una mejor forma para competir en el mercado internacional. Desde hace muchos años –dice Edelberto Torres- Centroamérica padece de crisis en la oferta de géneros alimenticios de consumo popular (maíz, frijol, arroz, trigo, etc.); desde 1950 se ha desembocado en una situación crítica por un creciente déficit en la producción de dichos géneros; “Costa Rica, Nicaragua y El Salvador presentan con mayor agudeza esta debilidad estructural de su sector primario, la producción agrícola de consumo interno, a cargo de pequeños propietarios limítrofes con la economía natural en los momentos de crisis, contrasta con la especialización de las grandes plantaciones capitalistas que operan orientadas hacia el comercio exterior… los censos agropecuarios de 1950… sacaron a luz el alto grado de monopolización de la tierra cultivable en un extremo y el drama del minifundio en otro”.

A las limitaciones del régimen económico constitucional antes señaladas refiérese, seguramente, también Edelberto Torres cuando dice: “el reformismo figuerista es el mejor ejemplo de las contradictorias limitaciones de la renovación burguesa centroamericana de la postguerra”. Se alude aquí a la llamada “guerra civil” de 1948 encabezada por José Figueres, que reorganizó el sistema electoral, nacionalizó los bancos y renegoció los pactos con las compañías fruteras. Fruto de esa guerra civil es la Constitución que analizamos. (132)

(132) V. Edelberto Torres Rivas. “Estructuras y Procesos de una Sociedad dependiente”. Págs. 149, 157-159, 195.

“Art. 46. Son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria.

Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora.

Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial.

Para establecer nuevos monopolios a favor del Estado o de las municipalidades se requerirá la aprobación de los dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa”.

También ofrecen interés para el desarrollo económico, en el mismo Capítulo V de los “Derechos y Garantías Sociales”, los preceptos siguientes:

“Art. 64. El Estado fomentará la creación de cooperativas, como medio de facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores”. Sin distinguir, este artículo, incluye sin duda, las cooperativas de producción.

“Art. 65. El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar”. Esta disposición y la anterior podrían servir para superar la organización del sector agrícola de la economía costarricense.

“Art. 67. El Estado velará por la preparación técnica y cultural de los trabajadores”.

De las atribuciones de la Asamblea Legislativa tienen particular importancia, para plasmar la política económica interventora del Estado tico, las siguientes, establecidas en el Título IX, que trata del Poder Legislativo:

“Art. 121… Corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:

14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la nación;

No podrán salir definitivamente del dominio del Estado:

a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional;

b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras substancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el territorio nacional;

c) Los servicios inalámbricos;

Los bienes mencionados en los apartados a), b) y c) anteriores sólo podrán ser explotados por la Administración Pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa.

Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos –éstos últimos mientras se encuentren en servicio- no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma alguna del dominio y control del Estado.

15) Autorizar al Poder Ejecutivo para negociar empréstitos y celebrar otros convenios similares que se relacionen con el crédito púbico. Así como aprobar o improbar los que hubieren sido concertados.

Para efectuar la contratación de empréstitos en el exterior, o de aquellos que, aunque convenidos en el país, hayan de ser financiados con capital extranjero es preciso que el respectivo proyecto sea aprobado por las dos terceras partes del total de votos de la Asamblea Legislativa (estas disposiciones, además de proveer al orden del desarrollo económico, miran a la defensa de la economía y soberanía costarricense contra el expansionismo de la economía monopólica externa).

17) Determinar la ley de la unidad monetaria y legislar sobre la moneda, el crédito, las pesas y medidas (esta disposición pone en manos del Estado importantes instrumentos de política económica cuya acertada aplicación puede contribuir apreciablemente al orden y aceleramiento del desarrollo de la economía nacional).

19) Crear establecimientos para la enseñanza y progreso de las ciencias…

24) Formular interpelaciones a los Ministros del Gobierno, y además, por dos tercios de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos”. Las disposiciones de este numeral, último del artículo 121, establecen un recurso político (parlamentario) muy importante para la vigilancia y defensa de los intereses económicos y de la soberanía nacional.

Integra también el régimen económico constitucional costarricense, el de las instituciones autónomas, especialmente tratada en el Título XIV, en el que se establece:

“Art. 188. Las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia en materia de gobierno y administración…”

“Art. 189. Son instituciones autónomas:

1) Los Bancos del Estado;

2) Las instituciones aseguradoras del Estado;

3) Las que esta Constitución establece, y los nuevos organismos que creare la Asamblea Legislativa por votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros.

“Art. 190. Para la discusión y aprobación de proyectos relativos a una institución autónoma, la Asamblea Legislativa oirá previamente la opinión de aquella”.

Finalmente, demos una idea del Régimen Social formulado en la constitución de Costa Rica, transcribiendo algunas de sus principales disposiciones, todas del Título V (con Capítulo Único) relativo a los “Derechos y Garantías Sociales”.

“Art. 51. La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido”.

“Art. 56. El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía…”.

“Art. 57. Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna…”.

“Art. 72. El Estado mantendrá mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios, y procurará la reintegración de los mismos al trabajo.

“Art. 73. Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine…”.

Como puede verse, también el régimen económico constitucional de Costa Rica, al igual que el de los restantes países centroamericanos responde a la concepción contemporánea de la política económica que el Estado capitalista democratizado debe adoptar. Puede concluirse, entonces, que en lo que se refiere a la postura estatal en el problema del desarrollo económico y en cuanto a los fines supremos que debe perseguir este desarrollo, llegado el caso, los países centroamericanos podrían llegar a unificar, o armonizar a través de la legislación secundaria para alcanzar por esta vía los mismos efectos de la unificación, sus regímenes económicos constitucionales. Desde el punto de vista económico legislativo-constitucional puede sostenerse que no hay en el momento actual, escollos insalvables en la marcha hacia la integración económica social y política de Centro América.

De lo anterior tienen conciencia los elementos y grupos de la clase media que insertados en los organismos de la integración centroamericana y en las esferas gubernamentales de los cinco países han venido impulsando el proceso integrador, especialmente a través del Mercado Común del istmo y de lo poco que se ha podido lograr en el campo de la industrialización. Actualmente, esos grupos tratan de hacer sobrevivir lo que se había avanzado en la empresa integradora, en lucha contra actitudes y hechos opuestos del actual régimen del gobierno hondureño, detrás de cuyas espaldas adviértese la presencia del monopolio frutero que distorsiona el desarrollo del hermano país. Porque aunque la integración, en la forma y sobre los supuestos sociales y políticos en que se efectúa hoy día, beneficia mucho más al capital extranjero y nacional que a las clases trabajadoras, seguramente la UFCO ve que el dominio neocolonialista que ejerce en Honduras corre riesgos ante el fortalecimiento de poder político centroamericano que, pese a todo, probablemente favorecería la unificación de Centro América.

Para completar el presente trabajo, dediquémosle unas líneas al proceso de integración dicho, procurando al dar una idea de los limitados alcances de sus realizaciones presentes y de las posibilidades que el régimen económico constitucional de los cinco países hermanos ofrece a dicho proceso sobre la base de que, fortalecida la influencia política de las clases trabajadoras y otros grupos progresistas, se lleven a cabo las reformas estructurales (especialmente del sector agrícola de la economía) que son el supuesto necesario del desarrollo capitalista de cada país en particular y centroamericano.

5) Integración económica centroamericana. Realizaciones presentes. Persistencia de las formas latifundistas y feudales del sector agrícola de la economía centroamericana. Situación de las clases en el proceso integrador actual. Negación y distorsionamiento de la orientación y fines de los regímenes económicos constitucionales centroamericanos y posibilidades que éstos ofrecen a clases y grupos populares y progresistas.

La característica más sobresaliente de la economía centroamericana ha sido la tendencia al estancamiento crónico provocado por la persistencia de factores que desde la década del 30 expresaban ya una manera general de comportamiento del sistema en cuanto a sus limitadas posibilidades para impulsar el desarrollo”. La lentitud de éste se debe en parte al hecho de que ha sido mantenido por los grupos fundamentales vinculados a los movimientos del sector agrícola exportador, a la vez directamente determinados por los del mercado capitalista mundial. Determinando éste por el crecimiento de las grandes potencias capitalistas, y “en general por la línea conflictiva y cíclica del capitalismo mundial”, bien poco es lo que los pueblos y gobiernos centroamericanos han podido hacer hasta el presente para estabilizar el flujo de recursos externos.

Insensible y miope, todavía fuerte en su posición dominante por el escaso desarrollo económico, social y político en que ha mantenido a los pueblos centroamericanos, la oligarquía terrateniente impide, sin excluir los medios más incivilizados, todo intento de reforma básica encaminada a romper la dependencia determinante de nuestras economías respecto del mercado y centros de poder externos y a desarrollar fuentes y recursos sobre la base de un mercado interno ampliado y fortalecido. Unida a esta conducta de la clase dominante y al escaso desarrollo alcanzado, la pequeña dimensión de recursos y mercados de cada uno de los cinco países centroamericanos a efectos de lograr por separado o sea cada uno por sí solo, y dentro de la misma pauta de países exportadores de materias primas y alimentos agrícolas, la superación de su atraso, los nuevos grupos de la diferenciación económica y social determinada por el crecimiento horizontal se han visto conducidos a intentar una salida al estancamiento de la región “a través de la constitución de un mercado horizontal aditivo, capaz de constituir estímulos suficientes para la inversión industrial y la diversificación económica y de dinamizar, así, todo el desarrollo social”. (133)

(133) V. Bert F. Hoselitz: “Desarrollo industrial de El Salvador” en “Rev. de Economía de El Salvador”. T. VIII. Nos. 25-28. Enero-Diciembre, 1956, Págs. 820 y siguientes.

Se ha visto antes que el largo período de estancamiento que va del inicio de la crisis mundial de 1930 hasta la postguerra siguió una relativa reanimación que, al final de cuentas, “sólo restableció los niveles de crecimiento que ya aparecían como posibles finales de década del 20, pero en circunstancias en que la población centroamericana había pasado de 4 millones a 7.8 millones de personas en 1950”. La década del 50 se empezó a signar por los mismos fenómenos de pérdida de impulso del comercio exterior, como consecuencia de la rebaja en los precios del café, y y por un lento crecimiento industrial trabado por las limitaciones del mercado. Y el crecimiento y fortalecimiento de los grupos medios, el liderazgo de éstos y el despertar de las clases trabajadoras sólo lograron, en definitiva, a través de los movimientos político-sociales de postguerra ya señalados, ciertos cambios sociales, cambios fiscales insuficientes y la formulación legislativa económico-constitucional que se acaba de ver. Es decir, que como se ha visto, y con la sola excepción del frustrado intento de Arévalo y Arbens, en Guatemala, en el campo económico no se realiza un cambio a fondo en la base sino sólo un restablecimiento funcional de la vieja estructura material. Siguieron postergados las medidas que volviendo la mirada del mercado internacional para fijarla en el intento y en nuestras propias bases materiales pudieran proporcionar empleo a la nueva población potencialmente activa, aumentar el ingreso, elevar los niveles de vida, modernizar la agricultura orientada hacia el mercado interno, iniciar, en fin, un desarrollo económico no enajenado y sobre base firme. Como esto suponía reformas fundamentales de la estructura agraria latifundista, sobre todo, que sólo podía ser diferidas por el crecimiento extensivo que ofrecía la integración de los cinco mercados locales y de las cinco economías nacionales (más tarde), se encaminaron los pasos hacia el mercado común centroamericano y se fijó la mirada en una integración total de Centroamérica.

El desenvolvimiento de la economía cafetalera inició desde el siglo pasado una diferenciación de los grupos poseedores. Gracias a su dinámica, los comerciantes resultaron mejor colocados en el proceso de producción que se gestaba, “apareciendo por un fin un flujo de capital urbano hacia el agro, primero bajo la forma de préstamos usurarios y después como inversión directa. “Se estructura así una minoría de productores intermediarios que terminan por contribuir con la mayor parte de la cosecha exportable y por controlar dicho comercio. Los orígenes de capital bancario se encuentran en este proceso que llevó a un sector de la oligarquía cafetalera a fundar sus propias instituciones de crédito”; los pequeños y medianos productores pasaron a constituir un apéndice de la dicha oligarquía cafetalera. La reactivación del comercio exterior, en estas condiciones, consolida el poder económico de un grupo social de dueños de la tierra que pasa a ocupar los puestos de mando del sistema político o a influir determinantemente sobre éste; se configura así, definitivamente, la existencia de este sector social, orientado hacia la producción y comercialización del café, y “cristaliza” la formación económico-social exportadora dentro de cuyas posibilidades y limitaciones nos hemos desarrollado hasta el presente. En ella, como hemos visto ya, la clase campesina pasó a ser el “soporte” como la fuente más importante de la riqueza productiva, la base de la pirámide social, en cuya cúspide aparecen, como beneficiarios y dominadores: los comerciantes exportadores-importadores (productores intermediarios) de cuyo grupo se desprende de beneficios e instalaciones de procesamiento del grano cuyo círculo ha tendido a identificarse con el de los anteriores; y, en menos grado, los especuladores rentistas.

Rotando alrededor de este núcleo poseedor de una enorme proporción de la riqueza social se han ampliado y fortalecido los gérmenes de clase media y en el seno del mismo ha acusado sus perfiles un sector comercial-financiero, ha emergido un sector comercial-industrial y, finalmente otros grupos han hecho posible cierta diversificación de la producción agrícola exportable que ha ampliado las relaciones capitalistas en el campo y reforzado el ingreso de divisas internacionales.

La reestructuración constitucional y cierta democratización política, económica y educativa alcanzadas por los movimientos político-sociales que se suceden a partir del levantamiento de abril y mayo de 1944 en El Salvador y el auge económico de postguerra, determinaron una ampliación considerable de las funciones gubernamentales. Esta ampliación a su vez, los cambios de la estructura social señalados por último o se la emergencia de los nuevos grupos medios y propietarios; el incremento de la educación popular que siguió a la democratización de la enseñanza; el mayor dinamismo en la urbanización; el crecimiento de la población, en suma nuestro incipiente desarrollo capitalista, o precapitalista, de la época aquí señalada y el clima nacional e internacional de postguerra creado por la lucha que sostienen las clases trabajadoras y otros grupos progresistas por alcanzar nuevas formas políticas que impulsen el desarrollo económico a niveles que hagan posible la dignificación de la vida de todos los hombres, han obligado en Centro América a un limitado y paulatino reacomodo de las fuerzas sociales en el terreno político. Es por esto, que el proyecto de mercado común y, en general, toda la política integracionista, responden “a una nueva visión y actividades innovadoras” de los nuevos grupos poseedores y medios que acaban de ser repetidamente mencionados; grupos que se perfilan mejor en la década del 50. De ellos “el sector comercial-financiero y el comercial-industrial comparten en la mayoría de los países centroamericanos el liderazgo y la dirección política del Estado junto a la burguesía agro-exportadora tradicional”; y en este arreglo no siempre estable se insertan importantes grupos de la clase media que habiendo renunciado para ello a sus anteriores objetivos radicales aportan en su nueva posición alguna potencialidad renovadora.

A partir de 1944, como se ha visto ya, comienza a manifestarse –especialmente en Costa Rica, El Salvador y Guatemala- la acción de nuevas fuerzas sociales que pugnaban por un cambio sustancial tanto en las relaciones internas de dominación como en aquellas, en el plano externo, asentadas en el mercado internacional, tratando de convertir la coyuntura favorable ofrecida por la postguerra en una política económica interna de nuevo tipo. La definición de una política renovadora que se expresa, por ejemplo en intentos de utilizar instrumentos de la moderna política económica no corresponde a la tradición cultural de la oligarquía primario-exportadora, cuya gestión de clase no hubiese convergido en la acción desarrollista contenida en el proyecto de integración económica, limitada como estuvo durante largos lustros a la búsqueda no siempre activa, en el exterior de buenos precios para sus productos agrícolas. La dinámica de la dependencia limitaba objetivamente la visión reformista de la clase dominante tradicional, circunstancia que en los últimos tiempos, ni siquiera la impulsó a buscar en forma sostenida nuevos mercados.

“En sus orígenes la puesta en marcha de los tratados bilaterales se vio facilitado por la elaboración de una ideología del desarrollo de clase media que identifica desarrollo nacional con industrialización y que encontró coincidencias, al expresar tal orientación, desde los organismos estatales, con las que en la década del cincuenta empiezan a formular organismos técnicos internacionales como la CEPAL; la coincidencia de opiniones movilizó en grado variable a los gobiernos centroamericanos en cuyo seno son influyentes los tecnócratas de clase media”. “Las sociedades centroamericanas no cuentan todavía con un estrato medio cuantitativamente importante (salvo Costa Rica, pero donde se incluye una burguesía rural media); los mecanismos que facilitan su aparición ceden en importancia frente a otros requisitos que como el educativo a los canales políticos y burocráticos se adelantan para facilitar oportunidades de ascenso social”. En virtud de una cierta reanimación económica (cuya duración y profundidad son cuestionables) el apoyo de los nuevos sectores medios centroamericanos se hace posible a través de tres mecanismos, que en sí mismos, son testimonio de la limitada y contradictoria realidad en cuyo seno operan; ellos son: la participación en el consumo, la participación en el gobierno y la participación en los negocios de los grupos empresariales; en los dos últimos casos como representantes de los intereses de los grupos propietarios. Aunque las bases del poder social y político se alteran lentamente, por ahora el proceso no es orientado hacia una mayor o decisiva participación de los sectores no oligárquicos en el ejercicio del poder económico y político supremo.

“Se ha hecho visible un proceso de tecnificación, profesionalización y burocratización en el campo de la empresa privada y en el de la Administración Pública; aquí anejo a la diversificación de las funciones del Estado, hoy aumentadas por las necesidades institucionales del mercado común. Entre los grupos medios se recluta al cuerpo de expertos y cuadros administrativos que la adopción y realización de decisiones de moderna política económica vuelve indispensable”. Y fue señalada su actitud renovadora “por dichos grupos es posible hoy día, por ejemplo, proyectar la utilización de un marco supranacional de crecimiento, establecer políticas a largo plazo, intentar la planificación regional y, en general, un enfoque más racional en la utilización de oportunidades y recursos”. Al sector privado se incorporan ingenieros diseñadores, contadores, publicistas, abogados y economistas, así como la expansión del sector terciario.

Los factores estructurales que facilitan el surgimiento de los grupos medios y la consolidación de su estatus social no han sido creados, desde luego, por los canales de la integración económica pero sí esta facilita la continuación y ampliación de la tendencia de que emergen. Aunque fundamentalmente representan intereses de las clases propietarias y dominantes, como en el resto de América Latina, es evidente la influencia política de estos grupos, “entendida funcionalmente como grado de participación en las instancias nacionales de decisión”.

Dadas la lentitud y limitaciones del desarrollo centroamericano, es de temer que los nuevos grupos medios se ven empujados a una situación de dependencia económica y sicosocial de la burguesía y que, aunque no sean un sector decididamente apolítico, tiendan a posiciones políticas conformistas. Esto, que significa que no han adquirido un desarrollo “gracias al cual los grupos citados se convierten a favor de equilibrio político en una coyuntura crítica, posiblemente explique también el tipo de actuación o el papel del Estado en el proceso de desarrollo y sus dificultades para darle una dimensión decididamente empresarial en el terreno económico”; dimensión prevista o admitida en el régimen económico constitucional de los Estados Centroamericanos.

Posteriormente a la iniciación de la política integracionista puesta en marcha e impulsada por iniciativa y acción gubernamentales, insufladas éstas por la ideología que se ha dicho de los grupos medios, en los propiamente económicos “la integración aparece como una promoción de los empresarios centroamericanos, más influida por los hombres de negocios que por los políticos”, ante cuyo hecho debe tenerse presente la realidad objetiva” del origen o las vinculaciones sociales del empresario emergente con la burguesía tradicional, de conformación oligárquica, que vuelve solidaria, en última instancia, la actitud de la clase propietaria en su conjunto frente a las presiones “modificatorias” del orden social vigente”. (134)

“El clima favorable que creó a su alrededor el libre comercio junto a los incentivos fiscales y crediticios sólo podía ser aprovechado en seguida por los sectores industriales nacionales al remover capacidad ociosa instalada en sus empresas y por los comerciantes intermediarios en el libre tránsito acordado. Hubo además un desplazamiento, más o menos rápido de capitales de la agricultura a la industria y al comercio, especialmente en El Salvador y Costa Rica, en la medida que la rentabilidad de la inversión industrial comienza a ser más segura o más elevada que la de los cultivos tradicionales (café) o de los modernos (algodón y caña de azúcar); no existe ninguna prueba que permita determinar si también se produjo algunas repatriación de las utilidades colocadas en el exterior, y provenientes de las ganancias cafetaleras de los años precedentes; estas estaban normalmente depositadas por sus propietarios bajo la forma de títulos y valores extranjeros o como simples cuentas en bancos del exterior”. (135)

(134) V. Doctor Francisco Villagrán Kramer: “Introducción económica centroamericana”. Capítulos I, VI, VII y IX.
(135) V. Bert F. Hoselits: Ob. Cit. Págs. 821-822.

“Sacudidos los grupos propietarios en su visión local y alertados por una perspectiva de beneficios potenciales, el mercado común empieza a definirse por la formación de grupos sociales dominantes con intereses concurrentes, por encima o a pesar de las tradicionales barreras nacionales; los intereses de clase a mayor escala tienden a sustituir la vinculación nacional o local y un propósito común los estimula, puesta la atención en las determinaciones estratégicas del mercado ampliado”.

“En esta situación se destaca el empuje renovador de los empresarios salvadoreños, que constituyen el núcleo más capitalizado y emprendedor de los cinco países. El sector privado es el mejor preparado para sacar provecho de la coyuntura en El Salvador”. Dada la estructura del sector agrícola de la economía, mantienen incluso a sangre y fuego por la oligarquía terrateniente tradicional local, una gran presión demográfica, sin duda, ha dirigir la atención hacia nuevos renglones de actividad fuera de la agricultura (“El Salvador cuenta con 122 habitantes por Km2, frente a la densidad de 25 habitantes con que cuenta toda Centroamérica, en 1960. Naciones Unidas, Segundo Compendio Estadístico Centroamericano, 1963”). Por otra parte, la burguesía cafetalera salvadoreña ha logrado la mayor concentración del ingreso e impulsado más rápidamente la modernización relativa de la agricultura.

En El Salvador, la honda desigualdad en la distribución de la riqueza social y la oferta de trabajo en aumento han facilitado el crecimiento del sector secundario (“Entre 1950 y 1957 se amplió la capacidad productiva y la tasa de formación bruta de capital alcanzó un promedio de 20%, lo cual es una cifra elevada en términos relativos. Véase CEPAL, “Análisis y Proyecciones del Desarrollo VIII. El Desarrollo Económico de El Salvador”. México, D. F. 1950, Págs. 4-5”). Por último, este país recibió, proporcionalmente, los mayores aportes de capital extranjero en los últimos seis años anteriores a 1969.

Honduras y Nicaragua, por el contrario, han sufrido largo tiempo la falta de grupos económicos que encabecen la consolidación del sistema interno. Ya se vio que en Honduras “el liderazgo económico estuvo siempre enajenado al inversor extranjero y el enclave bananero ha impedido, en lo que va del siglo, hasta la integración física del territorio”. En Nicaragua “sólo es reciente el florecimiento de una diminuta capa empresarial de agricultura moderna, sin experiencia para realizar una adecuada inversión industrial”; además, como ya fue mencionado, existe una confusión de las esferas política y económica al nivel de los administradores del Estado de que perjudica a ambas.

A largo plazo las mayores posibilidades ofrecidas por el mercado común corresponden a los salvadoreños y costarricenses, y especialmente a los últimos por tener una distribución más equitativa del ingreso y mayor poder de compra, más mano de obra calificada, mejores sistemas de comunicación y comercialización, así como mayor estabilidad política que el resto de los países de la zona”.

“El proceso de integración se realiza, esencialmente, como crecimiento industrial a través de un sector industrial que se realiza de manera simultánea con la reordenación del comercio y del sistema capitalista mundial en su conjunto, que en la postguerra desarrolla nuevos rasgos monopólicos y nuevas formas de expansión”.

“El éxito de una política de sustitución de importaciones depende del arreglo que los grupos empresariales centroamericanos, bajo la protección y a veces con la representación del Estado, logran establecer entre sí y, paralelamente, con aquellas fuerzas decisivas que desde el exterior pueden aportar capital, tecnología, y experiencia”. Si se toma en cuenta que la burguesía y los gobiernos centroamericanos sólo quieren, y pueden –dada la base social estrecha o antipopular de su dominio político- volver la mirada hacia el mercado de capitales norteamericanos, “la capacidad de regateo de los grupos económicos locales es mínima en términos de una eventual defensa del mercado nacional en la movilización de los factores productivos dichos”. En este campo “hay más posibilidades de acuerdo sobre el aprovechamiento de las precarias condiciones existentes que en realizar un esfuerzo a fondo por ampliarlas”. Tal posición, más la ideología del desarrollo de la burguesía industrial en proceso de consolidación, arrollaron con los iniciales planteamientos nacionalistas de los movimientos populares centroamericanos de la postguerra”. La política integracionista concebida como proyecto de industrialización dependiente consolidará, en último término, a la burguesía local como clase, pero aliada al capital extranjero –vale decir norteamericano- y penetrada por éste. Así, “la alianza política de los intereses foráneos con la oligarquía terrateniente no se modifica sino que se complementa por la asociación económica con las burguesías locales y, de esta manera, como un círculo vicioso, se estructura una nueva situación histórica de dependencia”.

La etapa del llamado “desarrollo hacia adentro” que el mercado común intenta dinamizar –sobre la base que se ha dicho de una sustitución de importaciones y de la creación de un sector industrial de bienes de consumo inmediato- coincide con la expansión industrial financiera del sistema capitalista en general y de la economía norteamericana en particular”, así como con alteraciones profundas en las relaciones comerciales, culturales y políticas de dicho sistema con el resto del mundo. Esta expansión es una consecuencia del proceso de acumulación capitalista a nivel monopólico y ha desembocado en una tendencia integradora del capital financiero que necesita con urgencia vital una ampliación de los mercados exteriores del sistema capitalista mundial, determinado en sus caracteres por el comportamiento económico-político de los sectores monopólicos de las grandes potencias capitalistas; de donde que el capital exportado por estas tenga que imponer las pautas de desarrollo que a las mismas –vale decir a los monopolios conviene-. Con esto, el proceso de desarrollo nacional dentro de la política del mercado común es determinado por impulsos y decisiones internos de los grupos dominantes centroamericanos para consolidar su conmovida o crítica dominación (“y redefinir, así, las posibilidades del sistema”). Y para establecer nuevas condiciones de vinculación de las sociedades políticas del istmo, y las economías “centrales” o de las grandes potencias capitalistas. “La exportación de capital a la periferia impulsa hoy día –dice Edelberto Torres Rivas- la formación de un sector industrial que responde obviamente más a los intereses del inversionista foráneo y menos a las necesidades estratégicas de la sociedad nacional”.

La doble concurrencia de factores externos e internos representada por la expansión industrial financiera del período monopólico de la economía capitalista mundial y por el desarrollo nacional” en el molde anacrónico del comercio internacional originado el siglo pasado –al cual queda reducido el pretendido “desarrollo hacia adentro” al no tocar reformar la estructura de la economía agrícola y no adoptar en los hechos una decidida y amplia política económica interventora a nivel de capitalismo de Estado o empresarial con participación democrática de las clases populares- ha venido conformando todo el proceso de crecimiento de la sociedad centroamericana para traducirse, por una parte, en una participación creciente del capitalismo extranjero en la manufactura nacional, en la que éste aprovecha con notoria facilidad las ventajas abiertas por la ampliación de los mercados nacionales, a las que se suman las medidas de estímulo y protección acordadas por los gobiernos; y, por otra, en dificultades en el comercio de exportación, que se manifiesta en oscilaciones bruscas en los precios de los productos nacionales y en un constante signo negativo en los términos de intercambio, que no pueden ser compensados con aumentos en el volumen de ventas. (136)

Veamos lo que en cifras significa lo anterior. Las inversiones directas norteamericanas a fines del siglo pasado (1897) alcanzaban, como ya se vio, 12 millones de dólares en las plantaciones bananeras; al término de la década del 40 se desplazaron lentamente hacia la distribución de combustible, exploración petrolera y algunos servicios, como también ya se vio, y en la década del 60 a la producción manufacturera. Es notable el papel cada vez más importante de los préstamos oficiales y privados, que pasaron del 32% del total de la inversión norteamericana en 1955, que pasaron del 32% del total de la inversión norteamericana en 1955 al 65% en 1963. En 1950 el endeudamiento de los países centroamericanos alcanzaba los 120 millones de dólares; en 1962 se eleva a 250millones; a fines de 1964 llega a 370 millones, o sea a un 50% más que en 1962; y en 1966 tal endeudamiento asciende a 430.2 millones de dólares. (137)

(136) V. Edelberto Torres Rivas: “Estructuras y procesos de una sociedad dependiente”. Págs. 42 y siguientes, 169 y siguientes, 186 y siguientes.
(137) Edelberto Torres Rivas: Ob. Cit. Págs. 180 No. 8 y 182 No. 9.

La brecha del comercio exterior, caracterizada por una insuficiencia en aumento de los medios internacionales de pago, ha pasado de los 190 millones de dólares que alcanzó en 1965 a 208.5 millones en 1966 y a 284.2 millones de dólares de déficit en 1967.

Este último año, por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones fue de 1.1% y las importaciones aumentaron en 10.3% “entre 1950 y 1964 las importaciones crecieron a una tasa anual de 4.7 x 100 y el poder de compra de las exportaciones sólo a un 2.6%”. “La solución transitoria ha sido el endeudamiento externo, a través de la financiación del déficit con empréstitos e inversión externa. La integración no alcanza a resolver los problemas de ese desequilibrio externo, sino que, por el contrario, vuelve más sensibles los factores que lo producen”. (138)

(138) Edelberto Torres Rivas: Ob. Cit. Pág. 180 y No. 8.

Dentro del cuadro anterior, en que predominan el gran desequilibrio en nuestro prejuicio de los términos del comercio exterior y el inquietante estado de dependencia de las economías centroamericanas respecto del capitalismo monopolista norteamericano, el sector social favorecido es el de los propietarios en general, y más entre ellos, el de los “empresarios industrial-comercial-financieros de origen nacional y extranjero”, que “excluyen, sin ninguna compensación, a los grupos asalariados del sector manufacturero, y más directamente a la masa campesina”.

Los sectores populares “ni siquiera han recibido beneficios indirectos tales como una ampliación del empleo industrial que, por el contrario, tiende a disminuir a consecuencia de la aplicación de técnicas productivas de labor saving cada vez mayores, o una eficaz aplicación de la legislación laboral y de los servicios de seguridad social”. “Las ventajas y los costos sociales así distribuidos obedecen a una inspiración claramente oligárquica en el estilo de la dominación política y a una voluntad, conscientemente expresada, de hacer pagar el precio del crecimiento y de la integración a los sectores sociales que son los únicos que podrían dinamizar”, hasta transformarlo en verdadero, el proceso de desarrollo, a través de una participación activa que implicara: participación, la más equitativa posible, en el ingreso; y participación, las más elevada que fuera posible determinar por el ingreso, en el consumo. Dice Torres Rivas: “El flujo comercial estimulado por el gradual debilitamiento en las barreras arancelarias y la reactivación en la industria ligera en las líneas de la alimentación y el vestido posibilitó el acceso a ciertos bienes de consumo que corresponden simplemente a patrones universalizados en la postguerra, pero limitados casi a las… capas medias urbanas. Tal consumo, que corresponde sólo a los niveles más elevados del ingreso promedio encontró sin embargo sus propios límites al no incorporar simultáneamente a nuevos grupos sociales ahora incapaces para participar”. “En Centroamérica el 1 x 100 de la población absorbe el 25 x 100 del producto bruto interno, mientras que el 25 x 100 participa en el 50 x 100 (del PIB). En el extremo el 74 x 100 de la población se queda con el 25 x 100 del producto interno restante, un cálculo aproximado supone las existencias de un mercado consumidor que no llega a los 4 millones de personas actualmente”.

“Otro aspecto aún más crítico –escribe Torres Rivas-, desde el punto de vista de la formación del mercado interno, es que la tasa de expansión demográfica es mayor que el crecimiento de la demanda cuando debería ser a la inversa si el cambio social proclamado pudiera facilitar la integración al consumo manufacturero de los grupos sociales hasta ahora ajenos al mismo, tales como las masas campesinas (acentuadamente las indígenas), e incluso los habitantes pobres de las pequeñas ciudades centroamericanas”.

Los sectores populares, pues, están aún al margen de los actuales planes de desarrollo; al margen en su sentido activo como beneficiarios, así como fuerzas sociales con capacidad de presión efectiva o de influencia sobre el nivel de decisión. El predecir que la industrialización –en las condiciones y modalidades que se pretende llevar a cabo en Centro América- es el camino más viable para que los llamados países sub-desarrollados absorban el excedente de mano de obra producido por el crecimiento vegetativo “o por la expulsión rural” no ha resistido la prueba de los hechos; en los últimos 15 años disminuyó en términos relativos la ocupación industrial y creció en términos absolutos y relativos el número de desocupados urbanos”. En 1950 el porcentaje de personas ocupadas en el sector manufacturero fue de 10.8 x 100 y en 1965 apenas había alcanzado el 11.4 x 100 del total, la tasa de desocupación, en cambio, durante períodos iguales, creció de 1.4 x 100 a 5.1 x 100. La población centroamericana pasó en 1967 a más de 13 millones.

Por otro lao, las oportunidades ocupacionales, el nivel de salarios o la redistribución directa o indirecta del ingreso hacia áreas sociales marginales no parecen estar decididamente en el centro de las preocupaciones integracionistas, como ya se dio a entender anteriormente.

El que las clases asalariadas, y en general los grupos populares, paguen el precio del crecimiento, o que este esfuerzo se realice sin incorporarlos activamente está en la esencia misma de las relaciones de clase que el “orden constituido” supone. La estrategia de los grupos dirigentes actuales no admite la creación de mecanismos que posibiliten la defensa y representación de los demás intereses sociales en juego; hecho que es una situación derivada de las condiciones internas de cada país, en donde la organización gremial de los grupos laborales está virtualmente prohibida, como en Nicaragua, o dificultada con la excepción de Costa Rica”. (139)

(139) V. Edelberto Torres Rivas: Ob. Cit. Págs. 183 y siguientes, 191 y No. 22, 192, 196.

Es interesante conocer las observaciones del Dr. Francisco Villagrán Kramer relativas a las organizaciones de empresarios integracionistas centroamericanas: “Los agrupamientos sectoriales de industria y comercio han jugado un mayor papel que otros, como las asociaciones de agricultores y ganaderos; los intereses económicos y sociales de los primeros así lo exigen. Las estructuras levantadas cuentan con la necesaria flexibilidad para canalizar su dinamismo, en tanto que las otras asociaciones gremiales no han reparado con claridad en el campo de acción que tienen abierto, y en buena parte representan fuerzas contrarias a la integración económica por el hecho de que implica un proceso de cambios de estructura. Sin embargo, en su seno existen sectores progresistas que no han podido sobreponerse a los más tradicionales y conservadores. En lo que si están de acuerdo estos agrupamientos es en oponerse a que otros, como los partidos políticos y sindicatos, puedan tener injerencia y cobrar importancia dentro del proceso integrativo.

El argumento que aducen algunos técnicos y empresarios para explicar los éxitos alcanzados por el mercado común es precisamente que “los políticos y los líderes sindicales no han tenido injerencia alguna”. Los políticos, según sostienen, obstaculiza la integración; y los sindicatos plantean exigencias que retrasan el desarrollo del mercado común, como alza de salarios y otras prestaciones…

Los gobiernos, ante estos argumentos y la presión que sobre ellos ejercen los empresarios (no precisamente con criterio moderno), han sido hasta la fecha renuentes a establecer mecanismos y estructuras que aseguren una efectiva participación de los grupos a los que nos referimos, esperando que éstos se limiten a no obstaculizar o entorpecer el movimiento centroamericano. Como puede esperarse, ello repercute en la orientación y estructuración de los órganos de integración, y, además, en permitirles a empresarios y comerciantes acrecentar su predominio e influencia. Los objetivos fundamentales del movimiento se desvían y se crean futuros problemas, por los reajustes que demandará esa situación.

Si se analiza la estructura de la ODECA, tiene que repararse que el Consejo de Trabajo y Previsión Social fue establecido posteriormente al Consejo de Defensa y que el Consejo Legislativo deja poco margen para que las organizaciones políticas, interesadas en promover la integración y el mercado común, puedan actuar.

El Mercado Común Europeo, cuenta con un Comité Económico y Social, al que tienen acceso aparte de los representantes gubernamentales, representantes de los empresarios (patronos) y de los trabajadores. En el caso de la estructura centroamericana, este tipo de representación tripartida y muy limitada, sólo se ha previsto en el Consejo de Trabajo. Ante el Consejo Económico Centroamericano, que es el órgano más importante, por ahora, sólo tienen acceso los empresarios, y ello en forma restringida.

Ningún tipo de desarrollo económico puede tener base firme, estabilidad y potenciales de progreso, sin la participación de todos aquellos sectores sociales y políticos por él afectados”. (140)

Según Torres Rivas “la constitución del Consejo de Defensa Centroamericano y las funciones que se atribuye desde el comienzo, no dejan lugar a dudas acerca de la “filosofía” desarrollista que anima a los grupos de poder hoy dominantes en América Central”. (141)

(140) Francisco Villagrán Kramer. “Integración Económica Centroamericana”. Págs. 294-296.
(141) Edelberto Torres Rivas. Ob. Cit. Pág. 196 No. 127.

De las formas de desarrollo impuestas por los grupos dominantes centroamericanos a través de la integración cabe esperar la ampliación (en parte ya efectuada) de las tendencias de las sociedades centroamericanas que cobrarán relieve después de la Segunda Guerra Mundial: ampliación y cierto fortalecimiento hasta políticas de los grupos medios; ampliación y ahondamiento de la diferenciación de grupos generada por la diversificación económica que tiene lugar en el seno del sector propietario dominante; crecimiento acelerado de la población acompañado de un aumento absoluto del empleo en los sectores agrícolas y urbano de la economía; alguna ampliación real de las conquistas alcanzadas en material social y de trabajo; ampliación de las funciones estatales y progreso de la infraestructura económica realizado por la política económica de los Estados centroamericanos. Este crecimiento horizontal (con algunos efectos en profundidad) puede llegar a reducir la proporción determinante que en los aspectos económicos y político asume en el presente, entre todos los otros grupos y clases del conjunto de las sociedades centroamericanas, el peso del sector propietario tradicional, latifundista y opuesto a los cambios de estructura que se necesitan para liquidar la dependencia económica y política del exterior. Es decir, que dicho crecimiento, puede contribuir a que varía la correlación de fuerzas existentes entre clases y grupos hasta el grado de ofrecer una coyuntura favorable a la conquista de un más alto grado de progreso económico-político de los sectores populares. Todo, en el supuesto de que la ausencia de elementos democrático-populares en el proceso integrador (llevado a cabo “por arriba”) no haga volar en pedazos el edificio que se pretende levantar sin base social amplia que lo defienda de las acciones conflictivas y antihumanas de los monopolios internacionales, firmemente asentados en la economía centroamericana. Al presente ya vive la primera experiencia de esta naturaleza en la confrontación entre Honduras y El Salvador, que amenazó y amenaza con destruir lo poco que ya había alcanzado aquel proceso.

Es claro que la coyuntura de que se acaba de hablar es a largo plazo, incierta y al costo del traslado de enorme proporción de nuestra riqueza a la economía de la metrópoli de la cual dependemos, de la enajenación de nuestra soberanía y de grandes sacrificios de las clases populares; es la coyuntura, en definitiva que el crecimiento (que es sostenible) tiene que ofrecer a la larga y no el plano de solución socialmente consciente de los ingentes problemas económicos sociales y políticos de la región a que acelerada y directamente debiera avanzarse ya y con el propósito en mente de ahorrar en las mayorías el sacrificio que implican vías de crecimiento unilaterales, ilógicas, impuestas por grupos minoritarios antinacionales.

La relativa diferenciación de grupos económicos entre la clase propietaria dominante, la ampliación y fortalecimiento de los grupos, el crecimiento y penosa organización de las clases trabajadoras (organización limitada casi sólo al sector urbano), en suma, el precario desarrollo alcanzado, han ahondado un tanto la incipiente diferenciación política entre Poder Público y clases poseedoras dominantes de principios de siglo. De este fenómeno parte la explicación de que fueran los gobiernos, insuflados –como ya se dijo- de la ideología del desarrollo de los elementos destacados de los nuevos grupos medios que dieran los primeros pasos que llevaron al mercado común y a la integración en general. definido el proceso integracionista, canalizada la inversión de capital extranjero y centroamericano, el poder público sigue participando en el proceso integrador en forma destacada.

Sin la presencia activa del Estado, los sectores sociales que concurren al mercado común, por sí mismos se hubiesen mostrado incapaces de enfrentar y realizar las adecuaciones que el cambio social intentado exige, aparte de que algunas de éstas son de la exclusiva incumbencia del poder público. (142) “Sólo a través de la gestión estatal adquieren sentido los intereses y las relaciones de los grupos sociales que en la sociedad centroamericana promueven actualmente el crecimiento”, pero el ahondamiento de la diferenciación política entre poder público y clases proletarias dominantes no han llegado a romper en ningún momento la relación o el ligamen de subordinación tradicional del primero respecto de las dichas clases proletarias, a cuyos intereses sigue sirviendo fundamentalmente (al poder).

(142) V. Bert. F. Hoselitz: Ob. Cit. Págs. 822 y siguientes.

De aquí que el sistema político que en la realidad pretende erigirse como la representación de todas las fuerzas sociales de la sociedad civil se muestre sujeto a condiciones que determinan rasgos contradictorios graves del desarrollo general del proceso, integracionista. Este intento de representatividad, como consecuencia de la estrechez o del carácter antipopular de su base social, conduce frecuentemente “a cuestionar la legitimidad del orden político que se establece”. Esto, que no es otra cosa que manifestación de la crisis de la dominación oligárquica, “se caracteriza, con la sola excepción de Costa Rica, por el empleo de la violencia física como expresión última de aquel dominio de clase, la exclusión del juego político de la representación de importantes grupos sociales y, en último término, la parálisis del proceso de democratización del sistema”. Y tarde o temprano, el desarrollo económico sin democratización encuentra límite, el desarrollo político es parte indispensable de un desarrollo general de la sociedad verdadera y estable.

Como consecuencia de la subordinación que se acaba de señalar el incremento de las responsabilidades oficiales generado por el crecimiento actual de las sociedades centroamericanas encuentra dificultades en su realización. El sector público no estaba preparado para desempeñar un papel decisivo en el proceso de desarrollo y, concretamente, para llevar a cabo a nivel nacional las reformas (como la agraria) que la unión económica necesita de manera indispensable si ha de realizarse en provecho de las mayorías populares; y más impreparado estaba para participar” en el nivel regional con centros vigorosos de decisión autónoma frente a los poderes monopólicos externos en resguardo de las riquezas del istmo y en prosecución de un desarrollo integral en beneficio real de clases y grupos mayoritarios.

Aún la gestión estatal que no pretende sino adoptar los intereses de los sectores propietarios a los imperativos del proceso integrador es obstaculizada por la debilidad de la base social del poder público.

Distorsionando la política económica que debía poner en práctica los gobiernos centroamericanos si trataran de traducir en realidad los nuevos regímenes económicos constitucionales de los cinco países, las medidas de dichos gobiernos encaminados a realizar la integración desdibujan las viejas formas liberales del Estado para convertir a éste en el centro planificador, impulsor y hasta ejecutor de dichas medidas. Pero éste, es decir, el Estado, aunque la clase proletaria lo sepa factor clave en la edificación del sistema económico y social que pretende, no logra constituirse “como factor dinámico”, por las limitaciones que la misma clase le impone. El sector público, pues, “funciona como ejecutor no siempre eficaz de los requerimientos del sistema económico desde el punto de vista de los sectores propietarios”.

La participación del sector público en la actividad económica general puede establecerse al relacionar el gasto público con el Producto Interno Bruto Centroamericano, relación que para 1965 alcanzó el 13.8 x 100. En cierta manera hasta podría hablarse, junto a la relativa expansión de la actividad oficial, de una crisis que pasa de política a orgánica. Hay un deterioro progresivo de la situación fiscal que se manifiesta en la decreciente participación del Estado en la inversión total centroamericana así como un mayor endeudamiento interno y externo que, como ya se relacionó, en el último decenio se triplicó al pasar de 114.4 millones de dólares en 1955 a 430 millones en 1966. El ahorro público, en relación a la inversión total bajó del 48 x 100 en 1960 al 31.6 x 100 en 1966. (143)

(143) V. Edelberto Torres Rivas. Ob. Cit. Págs. 199-200 y No. 31 de la última página.

El proceso de integración que impone la dominación monopólica en Centro América, en asociación con grupos poseedores nacionales que participan en el ejercicio del poder público y en perjuicio de estos mismos grupos a los que incluso desplaza de las industrias del consumo inmediato cuyo sólo sector es el que se trata de desarrollar, hace sobrevivir y determina la formación de estructuras económicas internas y regímenes políticos dependientes; de donde que con razón se afirma que tanto la integración económica como el proceso de industrialización y modernización que supone, “refinen los términos de la dependencia tradicional sin que desaparezcan totalmente las anteriores formas”.

“Desde el punto de vista de la nacionalidad que el separatismo ha venido configurando en cada uno de los cinco países centroamericanos, la estrategia integracionista también tiene efectos contradictorios”. La unión aduanera y la integración industrial, por ejemplo, establecerán (y en parte ya establecieron) pautas de interdependencia entre los cinco sistemas nacionales que se traducirán en limitaciones dentro del ámbito de la decisión política local para buscar formas de colaboración supranacional que, necesariamente, restringen la soberanía del Estado. Pero esta interdependencia se ve facilitada por la posibilidad de unificación de armonización de los regímenes económicos constitucionales de los Estados centroamericanos de que ya se habló y por la previsión constitucional consignada en cada una de las constituciones de éstos que facilita la ejecución de medidas que tiendan a la restauración de la antigua República Federal de Centro América. En este punto, la constitución que quizá más dificultad ofrecería es la de Guatemala, si bien contiene la previsión dicha. Lo que ofrece un reparo insalvable en este aspecto, es el que las cinco nacionalidades presentes y la emergente nacionalidad centroamericana sean, respectivamente, deformadas y aparentemente edificada para ampliar un mercado y una zona de desarrollo en regalo y gran provecho de los monopolios norteamericanos que ya deforman nuestras economías y socaban las bases de nuestra independencia.

La integración de Centroamérica y su final unificación total incluso podría ofrecer una vía más segura para arribar a planos de verdadera autonomía e independencia, pero para ello tienen que predominar en todos y cada uno de los países centroamericanos “los intereses y fuerzas sociales susceptibles y capaces de reivindicar la formación de bases nacionales para el desarrollo económico y social del istmo”; formación que exige la incorporación efectiva al mercado interno de las masas trabajadoras para cuyo objeto se necesita irremediable e inaplazamiento la reestructuración de la economía agraria, su articulación y armonización con la industrialización urbana y una redistribución radical del ingreso.

Los pasos que se han dado en materia de integración económica no fueron precedidos por cambios que pudieran conducir “a la consolidación de Estado regulador y empresario” y que facilitaron la formación y el fortalecimiento de grupos productores nacionalistas. Hasta hoy, la integración es sólo de los sectores comerciales e industriales.

Al momento, en un nuevo nivel, la sociedad centroamericana en vías de asociación económica y en medio de dificultades cada vez más profunda, continúa, como se ve, con los vínculos externos que, en su momento, determinó la formación de la economía monoexportadora, hoy reforzados por el tipo de industrialización en camino. Esta, sólo es posible, en el marco del mercado capitalista mundial, como industrialización subordinada y que establece no una interdependencia de cooperación, con contenidos de mutuo respeto y ventajas recíprocas, sino una sujeción de las economías nuestras en desarrollo a objetivos de solución o paliación de las profundas e irresolubles contradicciones de la economía monopólica norteamericana a través de inversiones industriales fundamentalmente para trasladar utilidades a la metrópoli y no para reinvertir entre nosotros, capitalización de nuestras economías con recursos financieros condicionados contra nuestro propio desarrollo y a elevadísimas etapas de interés “que se prolongarán probablemente por muchos años sin que podamos aligerar nuestro endeudamiento eterno”, la desnacionalización de la banca nacional, etc.

De cara, pues, a la integración, “vuelve a plantearse el problema del desarrollo” para Centroamérica. Solo una sólida alianza de clases y de grupos populares, patrióticos, democráticos y progresistas –de trabajadores, grupos medios, industriales, agricultores y comerciantes- a nivel de cada uno de los cinco países y centroamericano puede constituir la base social para un Estado fuerte, “capaz de asumir la responsabilidad de la reforma estructural a fondo” necesaria para resolver aquel problema vital que vuelve a plantearse en el camino impuesto a través de la integración que se pretende; de dar contenido real pujante, promisorio a los conceptos hoy vacíos o distorsionados de los cinco regímenes económicos constitucionales del istmo y de los fines de éstos, que no son otros que los mismos fines sociales supremos de los Estados centroamericanos.
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