CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BIBLIOTECA JUDICIAL "DR. RICARDO GALLARDO"


BIBLIOGRAFÍA DE TESIS

CLASIFICACION T
343.33
M361i
AÑO 2000.
INVENTARIO 013201 PAGINA(S) iv, 126 h.
EJEMPLAR CM 28 cm.
AUTPPAL Marroquin Merino, Higinio Osmin CARRERA Optar al grado de Lic. en Ciencias Jurídicas,
AUTOR(ES) Higinio Osmin Marroquin Merino...[y otros] TITULO Incidencia del consejo criminologíco regional central en el otorgamiento de la libertad condicional
PAIS San Salvador, El Salv. UNIVERSIDAD Universidad de El Salvador
FECHA 13/02/2006
DESCRIPTORES
1. LIBERTAD CONDICIONAL I. Título
MATERIA LIBERTAD CONDICIONAL
TÍTULO Incidencia del consejo criminologíco regional central...
TOPOGRÁFICA Marroquin Merino, Higinio Osmin
CONTENIDO Función de los Consejos criminologicos regionales procedimiento para otorgar la libertad condicional, consejos criminologicos regionales y la libertad condicional en el derecho comparado


Texto
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DEL JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA


“INCIDENCIA DEL CONSEJO CRIMINOLÓGICO
REGIONAL CENTRAL EN EL OTORGAMIENTO DE LA
LIBERTAD CONDICIONAL”


TRABAJO DE GRADUACIÓN PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS


PRESENTAN:
HIGINIO OSMÍN MARROQUÍN MERINO
JUAN JOSÉ PILIA ALBERTO
CRUZ FRANCO GALDÁMEZ


DIRECTOR DE SEMINARIO:
LIC. LUIS ANTONIO VILLEDA FIGUEROA


CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN SALVADOR, NOVIEMBRE DE 2000

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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
RECTORA
DRA. MARIA ISABEL RODRÍGUEZ

VICE-RECTOR ACADÉMICO
ING. JOSÉ FRANCISCO MARROQUÍN

VICE-RECTORA ADMINISTRATIVO
LICDA. MARIA HORTENSIA DUEÑAS DE GARCÍA

SECRETARIA GENERAL
LICDA. LIDIA MARGARITA MUÑOZ

FISCAL GENERAL
LIC. PEDRO ROSALÍO ESCOBAR CASTANEDA

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

DECANO
LIC. FRANCISCO ALBERTO GRANADOS HERNÁNDEZ

VICE-DECANO
LIC. EDGARDO HERRERA MEDRANO

SECRETARIO
LIC. JORGE ALONSO BELTRÁN

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA
LIC. WILMER HUMBERTO MARÍN SÁNCHEZ

DIRECTOR DE SEMINARIO
LIC. LUIS ANTONIO VILLEDA FIGUEROA

CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN SALVADOR, NOVIEMBRE DE 2000

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DEDICATORIA

AL SER SUPREMO Y A SU QUERIDÍSIMA MADRE. Por estar siempre conmigo.

A MIS SINGULARES PADRES: TEONILA MERINO VDA. DE MARROQUÍN Y JUAN FRANCISCO MARROQUÍN CHÁVEZ (de grata recordación). Por haberme traído a este mundo y haber fomentado en mí, las bases y los valores básicos para aprender a vivir.

A MI TÍO, OBVIAMENTE, GABRIEL ARFIDIO MARROQUÍN CHÁVEZ. Por haber tomado una responsabilidad que no le correspondía cual es la de estar, moral y materialmente conmigo en toda mi carrera y en mi vida, pero principalmente cuando más lo he necesitado desde que falleció mi padre. Simplemente gracias.

A TODA MI FAMILIA, especialmente a MIS HERMANOS: Armando, Napo, Lito, Juan, Ana, Nelson, Carmen, María y Alfredo por no haber dudado nunca de mi esfuerzo y motivarme siempre.

A MIS COMPAÑEROS: Por haberme respetado siempre. Pero especialmente a mis compañeros de tesis: Juan José y Cruz por su aporte a la misma.

Desde luego, A LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR en general y en particular a mis MAESTROS pues que sin su instrucción no hubiera sido posible este triunfo académico.

No pueden faltar mis AMIG@S TOD@S: No los nombro porque seguro que se me quedará más de uno (a).
ATTE. HIGINIO OSMÍN MARROQUÍN MERINO

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DEDICATORIA

AL TODOPODEROSO: Creador de este mundo que a pesar de mis rebeliones me ha iluminado siempre, y ha suplido las necesidades espirituales y materiales para poder llegar a obtener este triunfo.

A MIS INCOMPARABLES PADRES: ANA ISABEL ALBERTO Y JOSÉ FRANCISCO PILIA, que en ningún momento me han abandonado y han sido, son y serán el apoyo incondicional en todos los ámbitos de mi vida.

A MIS HERMANOS: Carlos, Tito y Quique, porque de una o de otra forma han contribuido a la consecución de este logro, además de propiciar un ambiente familiar agradable.

A MIS COMPAÑEROS DE TESIS: Osmín y Cruz, ya que juntos hemos sido la fórmula que hoy arroja este resultado académico.

A LOS DOCENTES: de las cincuenta asignaturas impartidas en mi carrera por ser los guías y los expositores de conocimientos prácticos, indispensables para un buen profesional de las Ciencias Jurídicas.

A FAMILIARES Y AMIGOS. Que me han dado palabras de apoyo en los momentos difíciles de mi carrera, y aun más, han contribuido materialmente cuando más lo he necesitado.
ATTE. JUAN JOSÉ PILIA ALBERTO

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DEDICATORIA

DEDICO ESTA TESIS AL SUPREMO SER; que me supo guiar espiritualmente y a mantener esa fe, en todo momento, de alcanzar lo que me propuse.

A MI MADRE NATURALMENTE: Clementina Galdámez Serrano por el inmenso e inclaudicable cariño que a toda prueba me profesa.

A TODOS MIS HERMANOS: Especialmente al Ingeniero Agrónomo Arnulfo Franco Galdámez, cuyo acendrado afecto y apoyo de principio a fin ha constituido la fortaleza en mi lucha.

A TODOS ELLOS: A quienes un día les prometí que me recibiría de Abogado, y sin su apoyo y comprensión no hubiese alcanzado este triunfo académico.

A LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR: Por ser el Alma mater donde he recibido la instrucción necesaria que me permitirá conducirme como profesional del derecho, y, particularmente a los catedráticos que fueron parte fundamental en mi carrera. A la primera, y, a los segundos gratitud y estima al más alto nivel.
CRUZ FRANCO GALDÁMEZ

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CON GRATITUD Y RESPETO

A nuestro Asesor Legal de Tesis Licenciado Luis Antonio Villeda Figueroa, por el alto nivel de profesionalismo mostrado en la conducción y el interés para que lográsemos una investigación veraz y propositiva para las diversas fuerzas vivas del país, identificadas con la solución del fenómeno observado, a efecto de que nuestros esfuerzo jurídico-científico adquiérese la esperada proyección social y que realmente coadyuve a viabilizar en términos más precisos la ejecución del sistema penitenciario vigente.
LOS AUTORES

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ABREVIATURAS UTILIZADAS

Art. art. = Artículo
Inc. = Inciso
Cn. = Constitución de El Salvador
C.Pn. = Código Penal de El Salvador
C.Pr.Pn. = Código Procesal Penal de El Salvador
L.p. = Ley Penitenciaria de El Salvador
C.Pn.E. = Código Penal de España
L.P.E. = Ley Penitenciaria de España
C. Pn.Ar. = Código Penal de Argentina
C.Pn.C.R. = Código Penal de Costa Rica
C.Pn.G. = Código Penal de Guatemala
L.P.G. = Ley Penitenciaria de Guatemala
L. R. P. = Ley de Redención de Penas de Guatemala
P.A.A. = Proyecto Alternativo Alemán
DPLA = Departamento de Prueba y Libertad Asistida
PGR = Procuraduría General de la República
FGR = Fiscalía General de la República
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ÍNDICE

ABREVIATURAS UTILIZADAS

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I.- MARCO DE REFERENCIA
I.- ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN
II.- MARCO HISTÓRICO
III.- MARCO DOCTRINARIO CONCEPTUAL

CAPÍTULO II.- FUNCIÓN DE LOS CONSEJOS CRIMINOLÓGICOS REGIONALES
2.1.- UBICACIÓN DE LOS INTERNOS
2.2.- DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN PENITENCIARIO
2.3.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PROGRESIVO
2.4.- INCIDENCIA EN EL OTORGAMIENTO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

CAPÍTULO III.- PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA LIBERTAD CONDICIONAL
3.1.- INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
3.1.1.- JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Y DE EJECUCION DE LA PENA
3.1.2.- CONSEJO CRIMONOLÓGICO REGIONAL CENTRAL
3.1.3.- FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
3.1.4.- PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
3.1.5.- DEPARTAMENTO DE PRUEBA Y LIBERTAD ASISTIDA
3.1.6.- PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
3.2.- LA LIBERTAD CONDICIONAL ORDINARIA
3.2.1.- NORMATIVA PENAL ANTERIOR
3.2.2.- NORMATIVA PENAL VIGENTE
3.3.- LIBERTAD CONDICIONAL ANTICIPADA
3.3.1.- NORMATIVA PENAL VIGENTE

CAPÍTULO IV.- LOS CONSEJOS CRIMINOLÓGICOS REGIONALES Y LA LIBERTAD CONDICIONAL EN EL DERECHO COMPARADO
4.1.- ALEMANIA
4.2.- ESPAÑA
4.3.- ARGENTINA
4.4.- COSTA RICA
4.5.- GUATEMALA

CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.- CONCLUSIONES
5.2.- RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
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INTRODUCCION

Las páginas que siguen, solo pretenden ser una ayuda, una especie de guía para introducirse en el ámbito de lo penitenciario; pero exclusivamente desde uno de los múltiples temas: la “incidencia del Consejo Criminológico Regional Central en el otorgamiento de la libertad condicional”. Es así que el lector de los siguientes argumentos podrá darse cuenta que la naturaleza jurídica de este esfuerzo investigativo es eminentemente de carácter penitenciario; con lo cual, se logró demostrar que la institución administrativa de los Consejos Criminológicos Regionales y específicamente del Regional Central es influyente y determinante para la efectiva aplicación de la Ley Penitenciaria. Refiriéndonos a la otra variable objeto de estudio, queremos dejar en claro a través de las siguientes páginas que el Consejo Criminológico Regional Central incide y debe incidir en el otorgamiento de la libertad condicional.

Desde que comenzamos a elaborar esta investigación nos propusimos verificar la efectiva incidencia del Consejo Criminológico Regional Central en la concesión de la libertad condicional y también verificar la capacidad de los mismos para la vinculación en la concesión del referido beneficio; y creemos que a lo largo de esta tesis quedará demostrado este propósito.

Ya entrando en materia diremos que la ejecución de la sentencia penal es el reflejo del nivel cultural del país, porque el tratamiento de una persona que está privada del derecho a la libertad ambulatoria, tiene que estar adecuado a un conjunto de medidas que hagan posible el cumplimiento de los fines de la pena. En ese sentido no basta con la existencia de una legislación que incluso muchas veces es adoptada de otras, y en consecuencia, al momento de su aplicación no responde a la realidad de sus destinatarios. Es por ello, que con la entrada en vigencia de la actual ley penitenciaria se establece una nueva forma de funcionamiento de los centros penitenciarios en tanto que, se dice, no serán ya más, lugares que se les tomen como centros de castigo para los internos, sino más bien que se convierten en lugares en los cuales deben mayormente ser readaptados para involucrarse a la vida social y de esta forma dar cumplimiento a la finalidad de la pena establecida en el artículo 27 de la Constitución; y para ello la referida ley crea entre otros organismos de aplicación de la misma, los Consejos Criminológicos Regionales que se encuentran regulados en los artículos 18 numeral 3, 30 y 37 numeral 15 de la Ley Penitenciaria, a los cuales esta ley, les faculta para que tengan incidencia en el cumplimiento de la pena y específicamente para el otorgamiento de la libertad condicional.

Se pretende que la aplicación del sistema progresivo sea beneficiosa a la población reclusa y le proporciona incentivos para que no pase en la prisión el tiempo computado inicialmente. En ese orden de ideas la libertad condicional constituye un beneficio que al interno le otorga tanto el Código Penal en los artículos 85 al 92; y la ley penitenciaria en los artículos 51 y 100; lo cual consecuentemente traería como resultado, la disminución de la sobrepoblación carcelaria. Aspectos todos que son desarrollados en este trabajo y que a continuación hacemos una síntesis del contenido capitular que se desarrolla:

En el capítulo uno se exponen tres apartados a saber: En el primer apartado damos a conocer los antecedentes de investigación sobre el tema, dejando en evidencia con esto, que no existen antecedentes similares al nuestro con lo que se cumple la novedad del mismo. Seguidamente y para efectos de, descubrir la génesis de las unidades de análisis que vale decir solo una de ellas (la libertad condicional) comienza a gestarse en el siglo XIX; desarrollamos el marco histórico con el cual pretendemos ilustrar al lector sobre la evolución de las instituciones estudiadas. A continuación un breve marco doctrinario es desarrollado con el afán de tener un criterio doctrinario que facilite el entendimiento de los conceptos utilizados a lo largo de la tesis. En el capítulo dos iniciamos la esencia de la tesis en donde de manera general se abordan las funciones que la ley penitenciaria le otorga a los Consejos Criminológicos Regionales lo cual pudo ser constatado empíricamente, y desde esa perspectiva nos referimos a cada función. Todo el capitulado de un trabajo de graduación debe tener coherencia lógica entre uno y otro, por ello no debe menospreciarse la importancia de cada capítulo, pero podemos decir que el capítulo tres recoge el contenido principal que esperamos pueda ser fácilmente comprendido por el lector teniendo como parámetros los demás capítulos; ya que en este tercer capítulo se desarrolla el procedimiento para otorgar la libertad condicional tanto con la legislación penal anterior como con la vigente; haciendo un estudio minucioso de las instituciones involucradas en el otorgamiento de la libertad condicional poniendo mayor énfasis en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, el Consejo Criminológico Regional Central y el Departamento de Prueba y Libertad Asistida de la Corte Suprema de Justicia, por ser el protagonismo y relevancia de estas instituciones desde que se inicia el procedimiento hasta que se imponen las reglas de conducta y se controla su cumplimiento. En el capítulo cuatro se desarrolla un apartado por lo demás importante, en el cual se relaciona la legislación internacional que el estudioso de las ciencias jurídicas debe conocer como un requisito en este mundo globalizante no solo en lo económico sino en lo referente a los conocimientos. Y seguidamente con el capítulo cinco se exponen las conclusiones y las recomendaciones que son los argumentos contundentes que como grupo de trabajo llegamos al finalizar la investigación.
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CAPÍTULO I

MARCO DE REFERENCIA

1. Antecedentes de Investigación

Nuestro tema de investigación es novedoso, sin embargo existen algunos trabajos de graduación y algunos congresos que tiene relación con el mismo. En este sentido tenemos como antecedente de investigación la tesis doctoral que versa sobre la libertad condicional como parte de un sistema penitenciario progresivo reformado, y ha sido intitulada como “La Libertad Condicional y su Reglamentación en la Legislación Salvadoreña”, cuyo autor es José Antonio Morales Erlich, ejecutada en el año de mil novecientos sesenta y cuatro. La referida tesis consta de quince capítulos de los cuales al hacer su respectivo análisis se desprende que en efecto es un trabajo completo, en su momento, en donde el autor expone, analiza, critica y concluye con una marcada objetividad y precisión todo lo referente a la libertad condicional, no obstante tiene ciertos vacíos en cuanto a exponer procedimientos prácticos, en relación a las estadísticas de beneficiarios; no es justificar probablemente, pero ello obedece a razones históricas en tanto que, en la época que se hizo el trabajo en mención fue incluso innovador. Lo anterior nos dio un impulso para superar los vacíos registrados y actualizar el tema, adaptándolo a la doctrina moderna y adecuándolo a la legislación vigente.

Otro antecedente a nivel de tesis en torno al problema en cuestión es precisamente el trabajo denominado “La suspensión condicional de la ejecución de la pena y la libertad condicional”, desarrollado por el graduando Pablo Ernesto Reyes Díaz, en el año de mil novecientos ochenta y nueve, en la cual se expone como contenido lo siguiente: Fundamento, efectos, naturaleza jurídica, características, requisitos, procedimientos, revocatoria de beneficio, legislación comparada, fines, de la suspensión y la ejecución de la pena y la libertad condicional. Se observa que en cuanto a la institución de la libertad condicional se hace escueta referencia, con débiles argumentos, no logrando los objetivos propuestos. En cuanto a la institución jurídica referida, se limita a transcribir demasiado lo que ya otros autores han escrito, no haciéndole honor a lo que es su tesis o sostener la misma.

Otro punto que se logra superar con el trabajo que se ofrece es que la legislación penitenciaria sobre la cual se fundamentó el trabajo revisado es hoy día legislación derogada y se propone actualizar algunos aspectos a la luz de la legislación penitenciaria vigente.

De igual manera como antecedente de la investigación se tiene el trabajo de graduación presentado por los autores Juan José Loza Lizama y Jorge Alberto Cornejo Roque, quienes le denominaron al mismo: “Libertad Condicional”, y fue presentado en mil novecientos noventa y cuatro. El contenido de este trabajo está dividido en dos capítulos esencialmente el primero de ellos contiene: Definición de la libertad condicional, antecedentes históricos, los fines que persigue, el fundamento y la naturaleza jurídica. Analizado alrededor de la ya derogada Ley del Régimen de Centros Penales y de Readaptación. El referido capítulo también señala que la libertad condicional en nuestro derecho es discriminatoria ya que no se concede el beneficio a todos los reos que son condenados, hecho que atenta contra el principio constitucional de que todos los hombres somos iguales ante la ley y también con el fin de resocialización que se le asigna a la pena como prevención especial.

Los objetivos que se vislumbran en ese trabajo consisten como sigue: Determinar hasta qué punto beneficia la libertad condicional en nuestro país, hacer una investigación en los tribunales de San Salvador del porcentaje de beneficiarios con la libertad condicional.

En el segundo capítulo se desarrollan los siguientes puntos: Patronato de reos liberados, análisis de la legislación penal salvadoreña, análisis del anteproyecto del Código Penal, ventajas de la libertad condicional, conclusiones y recomendaciones.

En mil novecientos noventa y cinco, el dieciséis y diecisiete de marzo se celebró el denominado Magno Congreso que sirve de antecedente para la presente investigación, cuyo título reza: Hacia una solución al problema penitenciario de El Salvador, el cual fue organizado por la Fundación Salvadoreña de Profesionales y Estudiantes para el Desarrollo Integral (FUNDADIES); como contenido se reflejan los temas siguientes: Funcionamiento del Departamento y plan de Presos sin Condena de la Corte Suprema de Justicia; Causas-efectos y soluciones de la crisis penitenciaria en El Salvador; La Universidad de El Salvador y su Alternativa de Solución al Problema Penitenciario en El Salvador; Los Derechos Humanos de los Reclusos en el Sistema Penitenciario Salvadoreño en comparación con el Derecho Internacional; Explicación de la ley penitenciaria y una alternativa de solución a la crisis penitenciaria.

Como queda reflejado, en ese Magno Congreso se trataron temas, de gran importancia, sin embargo no se vislumbra una solución al problema que en este trabajo se presenta puesto que hace especial énfasis en disminuir la cantidad de presos sin condena a través de agilizar los procesos judiciales, aumentando el presupuesto para este rubro, etc., por lo tanto no se ve como una alternativa efectiva el conceder el beneficio de libertad condicional.

Se tiene como antecedente, además, un estudio socioeconómico y jurídico de la Población reclusa de El Salvador y su familia, denominado “Reos y Realidad de El Salvador” celebrado en mil novecientos noventa y seis, el cual es organizado por FUNDADIES; el referido estudio hace alusión a la libertad condicional, en el apartado denominado alternativas a la prisión, limitándose a definir el concepto de la misma muy escuetamente.

Y el más reciente antecedente se encuentra en el año de mil novecientos noventa y ocho, en una tesis de graduación presentada por José Geovanni Calderón Gil y David Orellana, la cual denominaron: “El Nuevo Modelo de Justicia Penal; Incidencia en la Retardación de Justicia Penal y el Hacinamiento en el Centro Penal La Esperanza San Luis Mariona”; cuyo capitulado es: Capítulo uno: Origen y Evolución de los Sistemas Procesales, Capítulo Dos: El problema de retardación de Justicia en El Salvador, Capítulo Tres: Consideraciones Jurídicos-Legales sobre la Reforma a la Administración de la Justicia Penal en El Salvador, Capítulo cuatro : Resultados de la investigación de campo y Capítulo cinco: Conclusiones y recomendaciones. De todos los antecedentes ya plasmados, este último es el único que hace somera alusión a los Consejos Criminológicos Regionales, puesto que se limitan los autores, a transcribir los artículos de la ley penitenciaria que se refieren a los relacionados Consejos, obviando completamente el problema en este trabajo planteado; así como escueta es la referencia hacia la libertad condicional. Lo anterior, hecho de forma cronológica dio una motivación especial para continuar la investigación iniciada, en tanto que no existe antecedente alguno sobre nuestro tema de investigación.

2. Marco Histórico

El lector de este esfuerzo investigativo notará que el propósito del mismo, es estudiar dos instituciones: Una de carácter eminentemente jurídico: a) la libertad condicional; y la otra de carácter administrativo; b) los Consejos Criminológicos; pero con una estrecha relación entre ambas, ya que la finalidad conjugada de las mismas es el cumplimiento de los fines de la pena que establece la Constitución: La prevención del delito y la resocialización del delincuente.

Como no debemos dejar de lado el estudio de la historia, es que en este capítulo haremos algunas consideraciones que nos permitan llegar al estudio vigente de las instituciones en comento. Con este aborde histórico no pretendemos aburrir al lector, ni mucho menos confundirlo, sino que tenga un panorama general del origen histórico, que al igual que otras instituciones, ha tenido la libertad condicional y el nacimiento de los Consejos Criminológicos. Para ello nos dedicaremos principalmente a desentrañar el origen de la libertad condicional, ya que los consejos criminológicos son una figura de que tiene su nacimiento, en nuestro país, con la promulgación de la Ley Penitenciaria que entró en vigencia a partir del 20 de abril de 1998; razonamiento que no puede hacerse de la otra institución, pues su nacimiento se remonta a siglos anteriores. Es así que comenzaremos por hacer desde la reseña más antigua hasta llegar a nuestros días.

2.1. Derecho Romano y Edad Media.

En historia universal, las edades son definidas como “las divisiones empleadas en las periodizaciones de la prehistoria (edad de piedra y edad de los metales); y de la historia (edad antigua hasta el siglo V; edad media del siglo V a fines del siglo XV; edad moderna desde el siglo XV hasta la Revolución Francesa; y edad contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta la fecha).” (1)

(1) Diccionario Enciclopédico: El Pequeño Larousse, 1997, 2ª Edición, Ediciones Larousse, S.A. de C.V. página Nº 367.

Este sub-capítulo, prácticamente estaría relacionado con la edad antigua y la edad media; ya que si bien es cierto lo hemos denominado “Derecho Romano y Edad Media”, esto se debe a que en la Edad Antigua la mayor parte del mundo occidental estuvo dominado por los Romanos, que impusieron sus concepciones religiosas, políticas y jurídicas.

Comenzaremos diciendo que durante el dominio romano bajo las diferentes formas de organización político social (época monárquica, la República y el Imperio), la clasificación de las personas era en libres y esclavos. Definiendo la esclavitud como la situación en que se encontraba una persona con relación a otra, que tenía sobre ella derechos ilimitados. El esclavo era considerado una cosa; y las causas de adquirir esta situación eran: las guerras, las deudas, el nacimiento, la convivencia, la no inscripción en el censo, ser sorprendido in fraganti al cometer un delito. Incluso en el Pueblo Hebreo la esclavitud era consentida y apoyada por la fe religiosa, tal y como se estipula en La Biblia, en la Primera Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo en el capitulo seis versículo uno, que literalmente dice: “Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina”. Con todo esto lo que se quiere reflejar es el sistema imperante en esta época y que consecuentemente incidió en el quehacer jurídico.

Se preguntará el lector ¿Por qué la importancia de estudiar el Derecho Romano para vincularlo con la libertad condicional? La respuesta es que este derecho es el más conocido en el mundo occidental, ya que de él se derivan la mayor parte de las instituciones jurídicas vigentes; además resulta ser el más interesante por su extraordinaria evolución, que comienza por ser el derecho de un pequeño pueblo y finalmente llega a ser el de uno de los imperios más poderosos de la historia, el Imperio Romano que dominó desde mediados del siglo VIII Antes de Cristo, hasta mediados del Siglo VI después de Cristo.

Sin embargo, la Libertad Condicional no tiene su cuna en el antiguo Derecho Romano, ni en la Edad Media, a continuación veremos la razón que nos inspira hacer esta alusión negativa. Es que una de las épocas históricas de gran importancia, es la de Roma y la Edad Media; pero en estas épocas solo existieron lugares destinados como Centros de reclusión, para guardar aquellos delincuentes a los que les aplicarían una pena, estos lugares no eran adecuados, ya que no importaba las condiciones en que se encontraba el recluso, sino que el lugar fuera seguro y que no pudieran escapar los convictos, utilizando para ellos los calabozos, sótanos, grandes palacios, las fortalezas, grutas, mazmorras, etc. Encerrando a los delincuentes en estos lugares hasta que llegara el momento de imponerles la pena que merecían de acuerdo al acto, tales como: muerte en sus diferentes formas, mutilaciones, azotes y otras menos gravosas como la esclavitud.

Evidentemente en este momento histórico, la prisión no tiene el concepto de pena, ya que lo que buscaba con el castigo impuesto era la destrucción del hombre. Es por ello que la libertad condicional, como institución del Derecho Penal no surge en ninguna de estas etapas y mucho menos podemos hablar de Consejos Criminológicos (Roma y Edad Media).

Concluiremos este apartado diciendo que en la antigüedad, la prisión era de tipo cautelar, pues con ella se pretendía retener al delincuente mientras se le aplicaba la pena por el delito cometido, por lo que no podemos encontrar en el derecho antiguo, el antecedente más remoto de la libertad condicional, ya que el aparecimiento de esta institución obedece a una fase más avanzada de la cultura jurídica de los pueblos, en donde ya hay una tendencia clara a sancionar al delincuente en lugar de reprimirlo, como una forma de prevenir el delito y a la vez reformar la conducta social.

2.2.- Teorías Modernas del Derecho Penal

Después de haber abordado las edades Antiguas y Media, sin que hayamos encontrado el más mínimo antecedente de las instituciones que estudiamos; llegamos a la edad moderna y contemporánea, diciendo que la primera comienza a gestarse en el siglo XV y termina con la toma de la Bastilla, que marcó el acontecimiento de la Revolución Francesa, en el mes de julio de 1789, considerada por los historiadores como el inicio de la edad contemporánea. Queremos que el lector comprenda que para efectos de este trabajo, hemos tomado ambas edades como la época en que se da el surgimiento y desarrollo de las teorías modernas del derecho penal; de lo cual hacemos las siguientes consideraciones:

Si bien es cierto, el título de este apartado se refiere a las “Teorías modernas del derecho penal”, queremos concentrar nuestra exposición específicamente al derecho penitenciario, de donde partiremos para llegar al momento en que surgen las instituciones estudiadas.

Hasta finales del siglo XVII la prisión fue considerada como un lugar de custodia de los detenidos, es decir, un sitio para asegurar a los delincuentes hasta el momento del juicio. El tránsito de la cárcel de custodia a la cárcel de cumplimiento se relaciona con los cambios sociales y económicos, y también, con el empleo de las fuerzas de trabajo que proporcionan las personas encarceladas. (2)

Desde comienzo del siglo XIX y hasta la actualidad, la pena de prisión se ha convertido en sanción básica de todos los sistemas jurídicos penales. “La idea de reformar al delincuente a través de la prisión se extendió a partir del siglo XIX, coincidiendo con los movimientos que persiguen un trato humano y pedagógico en la prisión para todos los criminales. Esta corriente propugnaba la prevención especial: El correccionalismo". (3)

Como ya se dijo, la privación de libertad fue adquiriendo gran relevancia en esta época (moderna) y supuso un gran avance, dando lugar al desarrollo de la ciencia penitenciaria, especialmente por parte de la doctrina francesa, considerándola algunos autores (Garrido Guzmán, entre otros) como una parte de la penología que se ocupa de las penas privativas de libertad, de su organización y su aplicación, con la finalidad de reintegrar, profesional y socialmente a los condenados. La penología tuvo un gran auge en esos años y es definida por Francis Lieber como “la rama de la ciencia criminal que se ocupa del castigo del delincuente”, (4) definición que responde a esas ciencias penales que recurren al método criminológico y que se enmarcan en el positivismo naturalista que imperaba durante dicha época en el pensamiento jurídico en general, por lo tanto, en las ciencias penales. Sin embargo, Jiménez de Asúa no considera a la penología y al Derecho Penitenciario, formando parte, contrariamente a lo sostenido por Cuello Calón, del Derecho Penal. Esta tensión entre si el Derecho Penitenciario (Doctrina Italiana) o Ciencia penitenciaria (Doctrina Francesa) constituye o no una ciencia jurídica de carácter autónomo se ha ido manteniendo en la doctrina, señalando García Valdés que, con la publicación en España de la Ley Orgánica Penitenciaria (1/1979, de 26 de septiembre) se ha reforzado la posición de los que creen en esa autonomía jurisdiccional, de las fuentes y del objeto científico del conocimiento. Encontramos aquí vestigios del objeto y fin perseguido por la pena y la libertad condicional. Los métodos fueron errados por cierto, ya que el sistema de trabajo ha demostrado ser el medio más eficaz de readaptación de los delincuentes y asimismo de lucha contra la reincidencia.

(2) Comejo Roque, Jorge Alberto y Loza Lizama, Juan José. “Libertad Condicional”. Tesis - UES Derecho, 1994, Págs. 7 y ss.
(3) Gómez de la Torre, Ignacio Verdugo. Manual de Derecho Penal, Parte General Tomo llI, Consecuencias Jurídicas del Delito, Páginas 34.
(4) Lieber, Francis, Citado en: Revista de Justicia de Paz Año ll, Vol. I, Enero-Abril 1999, Publicación de la Corte Suprema de Justicia, Pág. 155.

El Papa Clemente XI marca la división en dos épocas históricas al fundar en 1704 el Hospicio de San Miguel, que incluía la corrección de jóvenes delincuentes, sometiéndoles a un tratamiento propiamente penitenciario -aislamiento nocturno, trabajo diurno- en común encaminado a obtener su reforma moral.

Jhon Howard con su libro “El Estado de las Prisiones”, produjo una revolución profunda en las concepciones penitenciarias de aquellos tiempos; él, Marat y Cesar Veccaría son los puntales en donde se esbozan los principios de recuperación del delincuente y en donde comienza la verdadera forma de encausarse la libertad condicional.

Es probable que con anterioridad al derecho penal científico, se hayan dado algunas formas rudimentarias de libertad condicional, cuando se presumía la enmienda del delincuente, pero fuera de estos antecedentes, nada se ha encontrado sobre la libertad condicional hasta el siglo XIX.

Nuestra institución nace con el concepto moderno de la pena y su complemento inmediato, la buena organización penitenciaria.

Con frecuencia, los tratadistas vinculan el origen de la libertad condicional con el sistema penitenciario inglés e Irlandés de Crofton, sin embargo tratadistas como Jiménez de Asúa reivindican para España el Origen moderno de la institución, afirmando que los mismos ingleses le reconocen prioridad.

En el Código Penal Español de 1822 el arrepentimiento y la enmienda son tenidos en cuenta para conmutar unas penas por otras para la obtención de ciertos privilegios y para la rebaja de la cuarta o tercera parte de la condena que se hubiese impuesto al condenado, siendo el Juez sentenciador quien concedía las rebajas y rehabilitaciones

A la suplica del reo, debía agregarse certificación de los asuntos llevados en el penal, acerca de la conducta del recluso “así por lo relativo a su aplicación al trabajo como en cuanto a sus costumbres y demás acciones”. El Juez también lo recababa a efecto de asegurarse del arrepentimiento y enmienda del condenado.

Aunque el Código tuvo vida efímera por causas políticas, la recompensa de la enmienda mediante la libertad anticipada sobrevivía en preceptos administrativos contra balanceados por la cláusula de retención para los que no se corrigiesen.

La aparición de la Libertad Condicional comienza a gestarse con la implementación de los siguientes sistemas progresivos: a) El Régimen de Macanochie o Mark System; b) El Régimen Irlandés o de Crofton; c) Régimen de Montesinos.

Según el maestro Jiménez de Asúa, fue el General Manuel Montesinos en 1835 quien en España dio, a la libertad condicional el carácter de complemento de un sistema correctivo, que empezaba en el periodo de los hierros, en que el recluso estaba sujeto con cadenas, seguía el periodo de trabajo y concluía con la libertad intermedia. Espencer en su libro “Ética de las Prisiones”, reconoce que el régimen de Montesinos sirvió de base a Croftan para organizar su sistema progresivo.

En los presidios de Ceuta y Mellia (Marruecos), se practicó un régimen progresivo llamado “Circulación Libre”, que terminaban, con una especie de libertad condicional consistente precisamente en la libre circulación de los condenados por esas ciudades africanas especialmente por la plaza de Ceuta.

Aunque la práctica se remonta a 1835, en España se implantó legalmente la libertad condicional hasta en 1914.

En Inglaterra funcionó la libertad condicional como institución, como verdadero medio de apreciar la positiva corrección del delincuente y la mayoría de los autores están de acuerdo en considerar que el origen de la institución tuvo lugar en este país. Según el Alemán Mitternaier la libertad condicional fue establecida por primera vez en 1791, con el nombre de “perdón condicional” para los convictos deportados de Inglaterra a Australia. El sistema fue mejorado en 1840 en Nordforlk al clasificarse los convictos en grados sobre la base de un sistema de vales, “tickets” sobre la buena conducta, reduciendo el tiempo de la condena a los que en determinados tiempos reunían el número de vales al efecto.

En Australia el sistema de vales comprende varios periodos de ejecución, los condenados eran colocados en un “probation gang”, parcela dada a un colono donde el reo vivía en abarranca con cadenas, luego seguía una etapa de libertad precaria, los deportados trabajan para particulares; y finalmente el periodo de libertad condicional en que los penados trabajan libremente en su provecho. El sistema se debió a una comisión nombrada por el gobierno Inglés en vista de la explotación que el trabajo de los deportados hacían los gobernadores de Australia.

En 1832 Francia la implanta para los menores recluidos en la prisión de la Roqyette bajo el nombre de “Liberación Provisoria para los jóvenes detenidos”, extendiéndolos a jóvenes y adultos bien portados en 1850 y 1885. Según dice el penalista José Miro Cardona, los antecedentes de la libertad condicional se hallan en la libertad preparatoria, es decir que se preparaba al delincuente para la libertad plena, imponiéndole ciertas condiciones, previo a lograrla; constituida en Méjico en 1871, por Martínez de Castro.

Alemania la incluye en su Código de 1880; Estados Unidos en 1877, Japón en 1880 y posteriormente todos los países cultos le han venido incluyendo en sus leyes.

A través de su evolución, la libertad condicional va tomando cuerpo con los resultados beneficiosos que produce y por coincidir además con el verdadero sentido humano social de la aplicación de la pena y del régimen carcelario progresivo.

En relación a estas nuevas tendencias adoptadas por el sistema represivo estatal, a nuestro juicio, su implementación ha sido muy atinada, y tal como también lo manifiestan: Elías Newman, Alberto Binder, Javier Martínez Lázaro, entre otros doctrinarios en el tema que nos ocupa, pero habrá que preguntarse ¿Qué beneficios le traen al interno y al sistema en general?, en primer momento modernizar la estructura penitenciaria adecuándose en lo posible a lo ya implementado, en otras sociedades de mayor cultura carcelaria, que la nuestra.

Otro aspecto a mencionar, es el hecho de que por medio de su implementación coadyuva evidentemente a humanizar el sistema penitenciario vigente, a descongestionar y permitir o viabilizar en consecuencia su desarrollo. Los expertos penalistas antes relacionados al abordar los sustitutivos o alternativas a la pena privativa de libertad entre las más principales las libertades condicionales, en el sentido de que estas instituciones evitan los efectos nocivos de la pena, por tanto es conveniente su imposición.

Aunque disentimos con los citados autores, en el sentido de que no siempre todos los sustitutivos a la pena, son tan viables para el sistema nuestro, sucede entonces que por razones diversas y por falta de voluntad de los funcionarios, aunque el código penal vigente las adopte no se hace efectiva.

Por otra parte, a nosotros fundamentalmente nos interesa y compete abordar el sustitutivo a la pena de prisión: La libertad condicional, es ésta pues la que nos ocupa y supone la supervisión y control del delincuente, es además el más habitual de todos los sustitutivos. Con la libertad condicional se da al delincuente la oportunidad de no cumplir totalmente la condena en ciertas condiciones que formalmente determina el sistema punitivo, de acuerdo a Zafaroni, constituye éste la posibilidad de que el condenado a una pena privativa de libertad pueda recuperar su libertad anticipadamente y por resolución judicial”.

De tal manera que, siempre en alusión al referido beneficio, la libertad condicional, si se parte de la idea de que la pena tiene entre otras una finalidad de prevención especial tendiente a la rehabilitación del delincuente, es lógico que el último período de la condena a su definitivo regreso a la sociedad posibilite su integración con ésta. Por ello, según Martínez Lázaro, los ordenamientos penales suelen establecer sistemas que permiten cumplir estos últimos periodos en régimen de semilibertad o libertad controlada” (5) en este sentido la legislación penal de El Salvador reconoce la posibilidad de que el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena conceda la libertad condicional; la institución ya aparecía adoptada en la legislación anterior, pero la nueva legislación penal y penitenciaria vino a ampliarla y a complementaria, es decir, ha estado concebida en forma irrestricta.

(5) Martínez Lázaro, Javier y Racionero Carmona Francisco. La ejecución de la sentencia penal. Publicación de la Corte Suprema de Justicia Febrero 1999 Pág. 107 siguientes.

En el orden mismo, el lapso que falta al penado para darle cumplimiento a la sentencia se considera como situación de libertad a prueba. En la resolución por la que el Juez de Vigilancia conceda el beneficio podrá imponer algunas de las reglas de conducta prevista para los casos de suspensión de la ejecución condena, la libertad condicional puede revocarse por incumplimiento de algunas de estas condiciones, precisamente hablando de éstas, se encuentran reguladas en los artículos 79 y 87 del Código Penal; valoración que corresponde hacer al Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, y se revocará, en todo caso, si el penado comete un nuevo delito y se acuerda la detención provisional. No es preciso por lo tanto, en este último caso que el penado haya sido condenado por un nuevo delito sino que basta la imputación delictiva y la adopción por el Juez o tribunal competente de la medida de la detención provisional y si posteriormente se produce el sobreseimiento definitivo, el favorecido podrá seguir disfrutando de la libertad condicional, transcurrido el periodo de prueba sin revocación de la misma, la libertad se convierte en definitiva. En el caso de que el sobreseimiento fuere provisional consideramos de que es un vacío legal que dejo el legislador al no ser específico en aclarar esta situación dado que no se puede concebir que en un sobreseimiento provisional jamás se puede determinar el dolo y en consecuencia es improcedente desde todo punto de vista que se le revoque el beneficio de la libertad condicional al que aplica, por un hecho precedente, porque por el hecho punible imputable al beneficiario es importante observar que no se ha determinado su culpabilidad y por consiguiente en la secuela del proceso del presunto ilícito cometido no se han establecido los extremos procesales; esta aseveración va en el sentido de que si somos acuciosos la legislación penal y penitenciaria vigente tiene el propósito medular de humanizar el sistema penitenciario y favorecer los casos de incertidumbre jurídica al interno.

El nuevo Código penal recoge dos posibilidades de libertad condicional la ordinaria y la que se denomina anticipada reguladas en los artículos 85 y 86 respectivamente, la primera de ellas exige que se trate de delitos cuyo máximo de prisión excede de tres años y es preciso que el penado haya cumplido las dos terceras partes de la pena, la anticipada se concede cuando el penado merezca dicho beneficio por su conducta en prisión, pero como también en la ordinaria es preciso que el penado observe ejemplar conducta dentro del recinto carcelario y exista informe favorable, la diferencia entre ambas radica en la valoración que el Juez de Vigilancia Penitenciaría y de Ejecución de la Pena realice de las posibilidades de reinserción a la vista de la actividades realizadas y de su conducta durante su estancia en prisión, en este caso el código exige que la pena tenga un límite mínimo, distinción para lo que parecen razones fundadas, aunque es posible que la referencia que hace el artículo 86 C. Pn., a que los condenados que satisfagan las demás exigencias del artículo precedente incluya también la duración de la pena, mientras que la anticipada se precisa la propuesta del Consejo Criminológico Regional, en la norma basta del informe favorable.

En otro orden, se hace imprescindible hacer mención de donde dimana estas teorías penales-penitenciarias modernas, como es sabido ya, el sistema represivo del Estado lo constituye el Derecho Penal, el Derecho Procesal Penal y el Derecho Penitenciario, el primero comprende todas aquellas disposiciones que bajo la amenaza de una sanción define hechos punibles en generales términos; el segundo, tiene como función fundamental la aplicación concreta del Derecho Penal; y, por último el Derecho Penitenciario es aquel que comprende todos aquellos preceptos jurídicos y administrativos que tiene relación, con la aplicación, ejecución y control de las penas, medidas de seguridad y consecuencias accesorias.

“El Derecho de Ejecución Penal principalmente regula la forma y la clase de cumplimiento de las penas que gozan de aceptación generalizada” (6) En tal sentido, nuestra nueva normativa penal y penitenciaria incluye los sustitutivos antes mencionados, y tal como lo estatuye el artículo 85 C. Pn., específicamente aludiendo a la institución penitenciaria denominada Libertad Condicional, constituye en este caso el beneficio más determinante que solventa la situación jurídica del interno y coadyuva a viabilizar el desarrollo del sistema progresivo mismo, una vez por supuesto el condenado le dé fiel cumplimiento a los requisitos y condiciones impuestas por el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, en el marco de lo establecido en los artículos 79, 85 y 86 C. Pn. y 51 y 100 L.p., y evidentemente con el aval previo y con la colaboración interinstitucional con otros organismos de administración penitenciaria y de aplicación, de los primeros, principalmente los Consejos Criminológicos Regionales siendo, el que en esta oportunidad nos ocupa el Consejo Criminológico Regional Central; y del segundo, las Cámaras de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, éstas en su orden, constituyen instancias de aplicación judicial penitenciaria; debemos aclarar que en la actualidad quienes conocen en este grado son las Cámaras de lo Penal respectivas.

(6) Martínez Lázaro, Ob. Cit. Pág. 160.

Esta incidencia competencial le da obviamente legalidad y transparencia en el otorgamiento de dicho beneficio.

En otro orden, algunos doctrinarios sostienen que la viabilidad de esta institución surge pues, del fracaso histórico de la pena de prisión en su función de prevenir la delincuencia, que particularmente en nuestro caso emerge con cierta utopía la materialización del Art. 27 Inc. 3º de la Constitución, allí se basa nuestro sistema penitenciario, no obstante el surgimiento de estas nuevas tendencias penales que si bien es cierto no constituyen una panacea son paliativos para el sistema carcelario nuestro y lo adecua a las políticas criminales globales de nuestros tiempos.

Volviendo a los sustitutivos penales éstos surgen de criterios muy técnicos científicos, tales como las posturas criminológicas, así se menciona la postura evolucionista que propone su sustitución por otras formas no punitivas de resolución de los conflictos que llamamos hechos punibles este enfoque emerge de razones antropológicas y sociales, para centrar su análisis en el sistema penal al que considera generador del delito; porque surge de una definición de estatus criminal que tiene forma selectiva y discriminatoria. De los criterios antes indicados se puede deducir en forma relativa que en parte el propio sistema penal es hasta cierto grado responsable de la estructura del fenómeno criminal, en esa lógica tendría sentido prescindir del sistema penal en el que nos movemos por ser ineficaz, selectivo y criminógeno.

Entre tanto, la propuesta resocializadora sostiene, a diferencia de la primera, manifiesta su lucha por un derecho penal mejor, enfoca una visión humanista y reclama un tratamiento resocializador del delincuente.

De allí, la tendencia de evitar y sustituir las penas cortas de prisión como señala Muñoz Conde en su Manual de Derecho Penal: “El cumplimiento de una pena privativa de libertad puede llevar a producir efectos devastadores en la persona” (7), sin que por otra parte se alcancen las medidas resocializadoras, en este sentido la sustitución de las penas por otras reacciones penales de distinta naturaleza, se basa fundamentalmente en la concepción del derecho penal como “última ratio” y la privación de libertad, como un mal que por razones de política criminal puede ser inevitable pero que hasta donde sea posible tratará de erradicarse. Por otra parte, nuestro legislador siguiendo lo rescatable de estas teorías modernas en su espíritu de adecuarlo en disposiciones legales y que para efectos ilustrativos y siguiendo el tenor literal del considerando segundo de nuestro Código Penal Vigente reza: “...que los estados democráticos de derecho, se han visto en la necesidad de acudir sus normativas penales a la nueva orientación doctrinaria que considera el derecho penal como último recursos (como ya anteriormente señalábamos) para resolver los conflictos sociales y el instrumento más efectivo para lograr la paz y seguridad jurídica de los pueblos, lo cual El Salvador comparte plenamente”.

(7) Muñoz Conde, Manuel. Manual de Derecho Penal. Tiranc lo Blanch Editores, Valencia 1996, Pág. 132.

El cuerpo legal en mención (C. Pn.) sigue esta tendencia y dedica los artículos 74 y 75 al o que denomina reemplazo de la prisión; en cuento a la institución en comento la doctrina por su parte denomina además de como aparece en nuestra legislación, libertad vigilada, libertad controlada y libertad preparatoria, y que para efectos integradores de resocialización supone obviamente la existencia de una estructura pos-carcelaria, de esto podemos agregar categóricamente que en nuestro país existe, si, pero como Derecho Penitenciario no vigente.

2.3.- La Libertad Condicional en El Salvador

La libertad condicional en El Salvador, ha de estudiarse desde el punto de vista histórico señalando que a partir de los códigos penales dictados, el primero en el año de 1826, inspirado en el Código Penal español de 1822; el segundo que entró en vigencia en el año de 1859 el cual rigió hasta el 19 de diciembre de 1881 y un tercer Código Penal que fue promulgado el 20 de diciembre de 1881 y comenzó a regir el 2 de enero de 1882, la institución, como creación jurídica, en estudio no fue contemplada como tal.

No obstante, se contemplaban ya como beneficios en favor de los reos para esa época lo que es el Indulto y la Conmutación. Así verbigracia, en el Código Penal de 1882, estos beneficios se contemplaban a partir del artículo 114, el cual a la letras dice: “Indulto es la remisión de la pena que un delincuente merece por su delito Conmutación es la sustitución de la pena impuesta por otra menor”.

Valga esta enunciación por tanto que se trata de beneficios a los cuales los reos han tenido derecho a través del tiempo, pudiendo ser concedidos incluso “cuando el reo haya hecho anteriormente servicios importantes a la República y su conducta haya sido constantemente buena antes del delito” (Art. 117 Ord. 2º C. Pn.).

Pero además se podía acceder a cualesquiera de los referidos beneficios “cuando con la misma circunstancia de buena conducta anterior tenga el reo una habilidad, destreza, instrucción u otro mérito extraordinario en alguna ciencia, arte, industria u oficio útil”. (Art. 117 Ord. 3º C. Pn.).

Otra razón por la cual se podía gozar del Indulto o de la Conmutación de la pena, se regulaba en el ordinal 4º del artículo 117 del Código Penal en comento, al establecer textualmente que “Cuando hayan mediado en el delito circunstancias extraordinarias de aquellas que no habiendo podido ser previstas probablemente por las leyes, manifiestan que el reo fue contra sus propios sentimientos e inclinaciones arrastrando al delito por algún estímulo poderoso y disculpable, o que en el delito tuvo más parte la pasión, la desgracia, la miseria y la depravación del corazón”. Situación un tanto curiosa se dice, en tanto y por cuanto que, además de no permitirse en la actualidad (lo que establece el numeral cuarto últimamente transcrito), pareciera que el principio de legalidad en materia penal no estaba para esa época debidamente regulado. Más, da lugar a pensar que referido principio se vuelve secundario al preferir hablar de la humanización de la pena.

Fue hasta el 8 de octubre de 1904 con el cuarto Código Penal que se contemplaron los albores de la libertad condicional ya codificada, siendo en este en el cual por primera vez se toma en cuenta la conducta observada de los reos durante el cumplimiento de sus condenas, con el primordial objetivo de estimular al condenado a moldearse a un patrón de conductas genéricas; en tal sentido como un galardón a la misma era condenado el reo a la cuarta parte de la pena, por aquellos delitos que aplicaban para el referido beneficio. En este Código originalmente se le dio la categoría de una gracia o concesión, denominación que en la actualidad está reservada para los ocursos de gracia.

Este Código de 1904 goza de una reforma en 1957, ocasión en la cual a la libertad condicional se le da el verdadero carisma de una institución jurídica, el cual se mantiene en la actualidad; esto se constituyó para el reo en un total derecho, quedando establecida tal reforma en el Art. 55 del Código Penal de esa época, la cual precisaba que se establece la libertad condicional para los sancionados a más de tres años de reclusión que hayan cumplido los dos tercios de la pena impuesta, siempre que reúnan los requisitos siguientes: 1.- ­Que el procesado no haya sido con anterioridad ejecutoriadamente condenado por delito doloso. 2.- Que durante el tiempo de reclusión haya observado buena conducta, justificada con hechos positivos que demuestren que ha contraído hábitos de orden, trabajo y moralidad, y muy particularmente que ha dominado la pasión o inclinación viciosa que le indujo al delito. 3.- Que haya restituido la cosa y reparado el daño en los delitos contra el patrimonio u otorgado garantía suficiente para cubrir su monto; y, en los demás delitos, que haya satisfecho en lo posible, cuando tuviere bienes suficientes para hacerlo”.

El artículo 56 del Código Penal referido, establece las condiciones a que está sujeto el favorecido, al precisar que “el beneficio establecido en el artículo anterior deberá ser acordado por el juez mediante una resolución en que especificará las condiciones a que, durante el período de prueba, estará sujeto a la libertad el favorecido, tales como la obligación de abstenerse de bebidas alcohólicas y la sujeción a las medidas preventivas de seguridad que se indiquen”.

Asimismo, se establece en el artículo 57 P.n. el periodo de prueba al cual estará sometido el favorecido, precisando literalmente que “el período de prueba a que estará sujeto quien goce del beneficio de la libertad condicional, comprenderá el tiempo que le falte al beneficiado para cumplir la condena que se le hubiera impuesto y una tercera parte más de la misma.

Si durante el periodo de prueba el reo cometiere un nuevo delito o violare las condiciones que el juez le hubiere impuesto, se revocará la libertad condicional y se hará efectiva la parte de la pena que haya dejado de cumplir, sin perjuicio de la que le correspondiere por el nuevo delito cometido.

Transcurrido el término de prueba sin que el favorecido hubiere dado lugar a que se revoque el beneficio concedido, la libertad se tendrá como definitiva y la pena se considerará extinguida en su totalidad”.

Menester es enfatizar, que para esa época no existía un ente responsable de darle seguimiento a la conducta demostrada por los internos en un centro penal concreto, como en la actualidad existen y nos referimos precisamente a los Consejos Criminológicos, como necesario es también decir que el derecho se caracteriza por ser eminentemente evolutivo, cambiante ajustándose precisamente a las distintas realidades que se suscitan.

Es por ello que en el Código Penal subsiguiente, es decir, el que entró en vigencia en 1974 se da un giro sustancial en lo medular, a que ciertos delitos no gozan del beneficio de dicha institución. Es así como en el título cuarto denominado “PENAS”, el capítulo cuarto intitulado “Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena y Libertad Condicional” se regula, a partir del artículo 94 del referido Código Penal, la libertad condicional, estableciendo el mismo que “el juez ordenará la libertad condicional del delincuente primario condenado a más de tres años de prisión, que hubiese cumplido las dos cuartas partes de la pena, siempre que reúna los requisitos siguientes:

1.- Que hubiere observado buena conducta demostrada por hechos positivos durante la ejecución de la pena y esté capacitado para desempeñarse en una ocupación u oficio;

2.- Que hubiere satisfecho los daños y perjuicios a que hubiere sido condenado en la sentencia, cuando tuviere bienes suficientes para hacerlo; o parcialmente habida consideración a su capacidad económica.

Cuando se trate de concurso real de delitos además de los requisitos establecidos, procederá la libertad condicional si el imputado hubiere cumplido las tres cuartas partes de la totalidad de las penas impuestas.

No obstante lo dispuesto en el inciso primero, no gozarán de este beneficio los condenados por cualquiera de los delitos de hurto simple, hurto calificado, robo, delitos contra la paz pública, secuestros, homicidios agravados, en los casos establecidos en el No. 8 del artículo 153 P.n. y los delitos contra la existencia y contra la organización del Estado.

El art.153 C. Pn. establece “se considerará homicidio agravado, el cometido: No. 8 habiendo precedido al homicidio el rapto, secuestro, sustracción de menores o detención ilegal de la víctima o cuando el homicidio fuere consecuencia de violación”.

Desde luego que al concedérsele la libertad condicional a un reo, así como su nombre lo dice, la libertad no es definitiva, llevando por tanto algunas obligaciones inherentes las cuales tiene que cumplir el beneficiado con tal derecho, es así como el juez que la conceda mediante resolución especificará las condiciones a que estará sujeta la libertad del favorecido, así lo establece el art. 95 del Código Penal en análisis. En este sentido, las obligaciones son las mismas que regulaba el art. 88 C. Pn. entre las cuales se encuentra las de “someterse a las medidas de tutela del patronato respectivo, si lo hubiere; residir o abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y de uso de sustancias estupefacientes o alucinógenas y dar cumplimiento al compromiso de reparar el daño dentro de los plazos o formas que se le fijen”. Se establece además un período de prueba en el sentido de que la persona que goce del beneficio que se estudia, estará a prueba durante el lapso que le falte al beneficiario para cumplir la condena que se le hubiere impuesto y una tercera parte más de dicho lapso. (Art. 96 C. Pn).

El beneficio de la libertad condicional se puede dejar sin efecto, se puede revocar bien sea porque la persona beneficiada cometa un nuevo delito o bien porque no cumpla con las condiciones señaladas (Art. 97 y 98 C. Pn.), teniendo esta revocatoria como efecto el hecho de cumplir el resto de la pena, sin perjuicio de la pena correspondiente por el nuevo delito cometido (Art. 99 C. Pn.).

Y finalmente la libertad se tendrá como definitiva y la pena se considerará extinguida en su totalidad, si durante el periodo de prueba a que se refiere el artículo 96 no hubiere sido revocada la libertad condicional” (Art. 100 C. Pn.).

Modernamente, como señala Mapelli Caifarena, la libertad condicional es “... un instituto jurídico penitenciario que el recluso, concurriendo determinadas circunstancias, pueda cumplir en libertad el último periodo de la condena, siempre que durante ese tiempo no vuelva a delinquir”. (8)

(8) Mapelli Caiferana, Citado en: Proyecto de Asistencia Técnica en los Juzgados de Paz, Año II, Vol. I, enero-abril 1999, Pág. 139.

En el Código Penal actualmente en vigencia, a partir del veinte de abril de 1998, se incluye esta institución dentro de las formas sustitutivas de las penas privativas de libertad, destacándose así por una solución que es discutida por parte de la doctrina que entiende que esta medida habría de incluirse en la misma fase de ejecución propia del ámbito penitenciario, y como una forma más de cumplir la pena privativa de libertad; discusión que no compartimos ya que la referida institución tiene características propias del derecho penal y de lo penitenciario.

Se contempla un supuesto ordinario de concesión en el artículo 85 C. Pn., así como un supuesto privilegiado en el artículo 86 C. Pn., las obligaciones que puedan imponerse las regula el Art. 87 C. Pn. y su revocatoria y efectos son los artículos desde el 88 al 92 C. Pn. los cuales los regulan.

En cuanto al supuesto general de concesión los requisitos para procedencia de la medida los establece el artículo 85 C. Pn. los cuales son: 1) “que se hayan cumplido las dos terceras partes de la condena impuesta”; requisito objetivo que sitúa al penado en el último tramo de la condena y le permite acceder a una situación de libertad más allá del régimen de semilibertad que prevé el artículo 100 de la Ley Penitenciaria; 2) “que merezca dicho beneficio por haber observado buena conducta, previo informe favorable del Consejo Criminológico Regional”; requisito por demás novedoso en tanto que es en la ley penitenciaria vigente que se crea por vez primera la institución de los Consejos Criminológicos; la buena conducta habrá de basarse en la ausencia de sanciones disciplinarias y en la participación en actividades de carácter educativo, culturales, deportivas, etc. y se valorará de acuerdo con los postulados de la Ley Penitenciaria; 3) “que haya satisfecho las obligaciones civiles provenientes del hecho y determinadas en la resolución judicial, garantice satisfactoriamente su cumplimiento o demuestre su imposibilidad de pagar”; este requisito resulta muy frecuente en la legislación comparada, bien como necesario para la concesión, bien para su mantenimiento, introduciendo un elemento retributivo de “compensación” y de protección a la víctima que no habrá de apreciar como de impunidad la situación de su agresor.

Como supuesto especial, en el caso de concurso real de delitos “... además de los requisitos establecidos, procederá la libertad condicional si el condenado hubiera cumplido las dos terceras partes de la totalidad de las penas impuestas”.

Un caso privilegiado es el que la libertad condicional puede concederse cuando se haya cumplido solo la mitad de la condena, dándose el resto de los requisitos ordinarios, se produce cuando el condenado merezca el beneficio anticipadamente “... por haber desarrollado actividades laborales. culturales, ocupacionales o de otra índole susceptible de igual valoración, y exista respecto de los mismos un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social” (Art. 86 C. Pn.) siendo necesario en este caso que el expediente se inicie a propuesta del Consejo Criminológico Regional, pues se trata de permitir el anticipo de la medida que supone la excarcelación a aquellos que, con su conducta en prisión, hubiesen demostrado un especial ánimo de rehabilitación que de este modo pretende beneficiarse.

En cuanto a la revocación, la condición esencial a que se somete el liberado condicionalmente es la de no delinquir durante el resto de la condena que le quedaba por cumplir, pues este es el tiempo a que se contrae la duración del período de prueba (Art. 88 C. Pn.), de forma tal que si mientras no se revoca la medida, “… la libertad se tendrá como definitiva y la pena se considerara extinguida en su totalidad...” (Art. 92 C. Pn.).

No obstante no es esta, con ser la principal, la única obligación que contrae el liberado toda vez que, de acuerdo con el tenor del Art. 87 C. Pn., se establece para el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, la obligación, pues el precepto se redacta como imperativo, de especificar mediante resolución las condiciones, “... a que estará sujeta la libertad del favorecido durante el periodo de prueba...”, siendo estas condiciones las reguladas en el Art. 79 del Código Penal actual: “1) Comenzar y finalizar la escolaridad primaria, si no la tiene cumplida, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o institución que determine el Juez; 2) Abstenerse de concurrir a determinados lugares; 3) Abstenerse de consumo de cualquier droga o del abuso de bebidas alcohólicas; 4) Cualquiera otra que fuese aconsejable conforme a las particulares circunstancias del caso".

La comisión de un nuevo delito provoca la revocación de la libertad condicional, revocación que será obligada siempre que el delito cometido sea doloso, ni el delito culposo ni la comisión de una falta provocará este efecto, y se decretare la detención provisional del deliberad, requisito éste que trata de preservar el principio de presunción de inocencia exigiendo la adopción de la detención provisional a modo de garantía de la seriedad de los indicios existentes contra el condicionalmente liberado, de modo que “si resultare sobreseimiento definitivo, el favorecido podrá seguir gozando del beneficio expresado” (Art. 85 pn.). Desde luego que también procederá tal decisión por incumplimiento de algunas de las otras condiciones señaladas (Art. 90 C. Pn.). Ha de indicarse que el efecto de la revocación (Art. 91 C. Pn.) es la obligación de cumplir el resto de la pena pendiente, sin perjuicio, como es lógico, de la pena correspondiente al nuevo delito cometido.

Por último, no se aplicará la libertad condicional a los sujetos reincidentes, habituales, a los que hayan conciliado antes del nuevo delito, en los últimos cinco años, una infracción similar, o a los que pertenezcan a organizaciones ilícitas o con finalidad ilícita, bandas o pandillas criminales, a los que realicen su conducta en grupos de cuatro a más personas, en los casos de los delitos que lesionen o pongan en peligro la vida, la integridad personal, la libertad ambulatoria, la libertad sexual o el patrimonio” (Art. 192-A C. Pn.).

3) Marco Doctrinario Conceptual

De nada vale a un país tener las más perfectas leyes penales para tener éxito en su lucha contra la delincuencia si ellas no tienen el complemento indispensable de un buen régimen penitenciario. De este último depende en definitiva que el hombre que ha violado las normas de convivencia social y se ha hecho acreedor a una condena, se convierta en el futuro en un delincuente habitual, con el consiguiente peligro para la seguridad social, o en un ser socialmente readaptado, al que mediante un acertado método de reeducación se ha conseguido corregir y convertirlo en un ser útil para la sociedad.

De ahí la trascendental importancia que reviste el sistema penitenciario en la lucha contra la criminalidad y la necesidad de organizar las cárceles de acuerdo a la delicada función que deben cumplir, esto es, lograr la readaptación social de los internos.

De los diversos sistemas penitenciarios que han sido tratados por juristas y doctos en la materia, el que más se adapta a la finalidad antedicha, es sin lugar a dudas, el régimen progresivo. Aunque no profundizaremos en su estudio vale decir que tiene una estrecha relación con nuestra variable de estudio: la libertad condicional.

El sistema progresivo ha sido desarrollado por diferentes autores y se encuentra incorporado en la legislación de países civilizados. Nuestra legislación no es la excepción y es así como con algunas modificaciones ha sido retomado en la ley penitenciaria a partir del artículo 95.

“En doctrina se ha sostenido que la progresividad del régimen consta de los siguientes periodos: 1) Período de Observación, 2) Período de tratamiento y 3) Período de prueba, Asimismo en el período de prueba pueden darse las siguientes posibilidades: a) la incorporación del interno a establecimiento o sección de establecimiento que se base en el principio de la autodisciplina; b) la posibilidad de obtener salidas transitorias del establecimiento; c) el egreso anticipado por medio de la libertad condicional” (9). Como vemos la libertad condicional constituye la última etapa del tratamiento penitenciario del penado en un sistema progresivo. En este periodo, que es la transición entre el encierro absoluto y la libertad completa es necesario someter al condenado a una discreta vigilancia y prestarle la ayuda necesaria para enfrentar con éxito las dificultades que ha de encontrar al dar sus primeros pasos en la vida libre.

La libertad condicional como el complemento lógico de los sistemas penitenciarios y especialmente del progresivo ha sido definida según dice Urbano Marín: “Es la facultad que se concede al penado de vivir libremente todo el tiempo que le falte para extinguir su condena por haber demostrado su regeneración mediante el buen comportamiento observado durante su reclusión, y en el de que una vez liberado, no infringirá ciertas normas ni prohibiciones, y que cualquier contravención a las mismas le hará perder su libertad." (10)

(9) Martínez Lázaro, Ob. Cit. Pág. 290.
(10) Urbano Marín, La libertad Condicional en Chile, 1941, Págs. 43-44.

Esta definición prácticamente se encaja en las condiciones que nuestra legislación requiere para su otorgamiento y vigilancia con la variante que exige tanto el código penal como la ley penitenciaria, siendo necesario el informe de los Consejos Criminológicos Regionales para concederla o denegarla; constituyendo dicha institución la otra variable de nuestro estudio. La libertad condicional se funda, en una presunción de enmienda del recluso, que deriva de la conducta observada por el mismo durante su encierro. Se le concede al penado una libertad revocable y se le sujeta al cumplimiento de ciertas obligaciones y a la vigilancia de la autoridad competente (DPLA). Si pudiera tenerse la certeza de su reforma, se le concedería la libertad definitiva y sin ninguna condición, pero como los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena encargados de apreciar la readaptación del condenado no son profetas, ni podemos pretender que lo sean, se somete al liberado a un periodo de prueba que nos ha de demostrar en la práctica sí aquella presunción de enmienda sea fundada o no.

Si la presunción resulta confirmada por los hechos, al vencer el período de prueba la libertad condicional se transforma en definitiva, y a contrario sensu, el delincuente vuelve a la cárcel a continuar su tratamiento penitenciario.

El nombre mismo de la institución indica que la libertad acordada al delincuente no es definitiva sino condicionada. El carácter esencial de la institución radica en la posibilidad de que el liberado sea reintegrado a la prisión si no cumple con las normas de conducta que le han sido impuestas. El carácter provisional y revocable de la liberación tiene, necesariamente, que despertar en el liberado el temor de volver a la cárcel si no se conduce bien, y ese temor es un freno saludable que obra sobre el condenado, precisamente, en circunstancias en que mayores son las acechanzas y tentaciones que le ofrece la vida libre.

"La libertad condicional es una medida de carácter penitenciario, es decir que forma parte del régimen penitenciario, o mejor dicho, es el coronamiento lógico de esta".

La institución liberadora es la fase final o culminación de un sistema progresivo de ejecución de las sanciones penales privativas de libertad. Es un período de transición entre la prisión y la libertad absoluta; transición que es indispensable. La transición brusca entre el encierro absoluta y la libertad completa, puede determinar que el condenado vuelva a delinquir, en cambio, si está en libertad bajo condición de que observe buena conducta, la amenaza de ser reintegrado a la prisión, obrará como un estimulante para conducirse bien.

Merced a la libertad condicional se puede efectuar una mejor individualización de la pena, pues como dice Saleilles, “la individualización hecha por el Juez en la sentencia es demasiado genérica todavía, es decir, solo aproximada, y por lo tanto, insuficiente”. (11)

La institución da oportunidad de estudiar con mayor detenimiento, a lo largo del cumplimiento de la pena la personalidad del delincuente y determinar con más exactitud el momento en que el encierro ha dejado de ser necesario y, en consecuencia, el momento en (que la liberación debe efectuarse. Por ello, Jiménez de Azúa considera la libertad condicional como “un complemento del total sistema de las penas ulteriormente determinadas”. (12)

Se ha dicho que la libertad condicional favorece la hipocresía de los penados, que se comportan correctamente para obtener la libertad cuanto antes, y que los peores delincuentes son los mejores presos. Tal crítica ha sido brillantemente rebatida por Mansini (13), al hacer notar que una ficción o simulación de buena conducta observada por el condenado, que cumple durante largo tiempo una pena, lo convierte en una naturaleza tan especial que adquiere, aunque sea en forma simulada, hábitos de moralidad y trabajo, de forma tal que cuando vuelve al seno de la sociedad no se reconocería en él al sujeto de antes; se le encontrará reformado, correcto y sin que el mismo lo haya advertido, es decir, que ha adquirido una regeneración sensible y aunque quiera tener otra conducta no lo podrá. Poco importa que la transformación de la conducta obedezca al cálculo y al interés, porque lo cierto es que el delincuente habrá aprendido a dominar las malas inclinaciones, y aunque no será por razones de índole moral, habrá adquirido hábitos de disciplina y de trabajo fortalecido sus frenos inhibitorios en tal forma que, al reintegrarse a la vida social, comprenderá que no le conviene volver al delito.

Se ha alegado también que la libertad condicional atenta contra la santidad de la cosa juzgada. Ya en el congreso penitenciario internacional de Estocolmo en 1878, se aprobó el siguiente voto referente a esta cuestión: “Que la libertad condicional no contraría a los principios de la cosa juzgada, presenta tales ventajas para la sociedad y los penados que debe recomendarse a la consideración de los gobiernos”. (14)

(11) Seleilles Raymond, La Individualización de la pena. Traducción Española, Madrid 1914, Pág. 345, Editorial Hijos de Remus.
(12) Jiménez de Azúa, Luis. La Sentencia Indeterminada. Págs. 108-109, segunda edición Buenos Aires 1948, Editorial Pannedille.
(13) Manzini Vicenzi, Tratado de Derecho Penal Italiano, 4ª Edición 1961, Tomo II Pág. 65.
(14) Cornejo Jorge Alberto, Ob. Cit. Pág. 32.

A parte de que la libertad condicional no atenta contra la cosa juzgada debe destacarse que la pretendida santidad de esta última, que se funda en los valores jurídicos: orden y seguridad, cede cuando la realización de un valor de mayor jerarquía como lo es la justicia así lo exige.

Finalmente, se ha objetado la posibilidad de comprobar por medios humanos, sin temor a caer en el error, la presunta corrección del sancionado. Tal objeción carece de fundamento pues es, precisamente en virtud de esa imposibilidad de determinar con certeza si el penado se encuentre o no socialmente readaptado que se concede la libertad condicional, para comprobar su corrección. De lo contrario, si hubiese algún medio que permitiese verificar la enmienda del recluso, se le concedería la libertad definitiva y entonces la liberación condicional carecería de objeto.
CAPÍTULO II

FUNCIÓN DE LOS CONSEJOS CRIMINOLÓGICOS REGIONALES

El 20 de abril de 1998 entra en vigencia la actual Ley Penitenciaria en El Salvador, (según Decreto Legislativo Número 1027), en vista de que la Ley del Régimen de Centros Penales y de Readaptación (vigente desde 1973) estaba ya en total desarmonía con la Constitución, ésta vigente desde 1983, en la cual se establece que la actividad del Estado está encaminada a velar porque toda persona sea respetada en todos sus derechos fundamentales; premisa que toma mayor relevancia cuando alguna persona se encuentra detenida provisionalmente; así el artículo 27 inciso 3º Cn. establece que es obligación del Estado organizar los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo procurando su readaptación y prevención de los delitos; ley penitenciaria que se decreta bajo los considerandos señalados y precisamente para cumplir con ello, es que se aprueba la misma. Ley, efectiva y adecuadamente estructurada, con instituciones idóneas para concretar su objetivo readaptador, que minimice los efectos nocivos del encierro carcelario.

Alrededor de lo ya expresado, es que se crean organismos judiciales y organizamos administrativos de aplicación de la ley; le daremos especial atención a los organismos administrativos, y concretamente al Consejo Criminológico Regional Central que al igual que los demás Consejos Criminológicos Regionales y el mismo Consejo Criminológico Nacional constituyen una pieza esencial de la política Penitenciaria; los cuales están formados por un equipo de especialistas en ciencias de la conducta como son: criminólogos, médicos, abogados, profesionales en trabajo social y en ciencias de la educación; que se encargan, entre otras funciones que les señalan la ley, de aplicar métodos científicos con la finalidad principal de modificar la conducta de los internos, facilitándoles el camino para alcanzar lo que se busca: la reinserción al grupo social.

Las funciones de dichos organismos que en adelante se detallan, son decisivas para que el régimen penitenciario, aplicando el sistema progresivo, se encamine a los fines ya establecidos. A continuación las referidas funciones:

2.1.- Ubicación de los Internos

Aquí hemos de referirnos al destino de los internos en un centro concreto, al ingresar al sistema penitenciario, en base al estudio de sus condiciones personales, que ha de ponerse en conocimiento del Juez en Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena (Art. 104 L.P.) una vez superado el período de estancia en un centro de admisión como a lo largo de la condena. Y es que se ingresa al sistema por orden escrita emanada de autoridad judicial competente entregada al Director del centro respectivo. El interno ha de ser sometido a un examen médico. Como pudimos darnos cuenta, en reiteradas visitas y entrevistas a los miembros del Equipo Técnico adscrito al Centro Penal “La Esperanza”, se lleva un control estricto de los internos; se nos proporcionó un formato de Expediente, el cual contiene:

- Copia de la sentencia o de la resolución judicial en el caso de los detenidos provisionalmente, en la cual se ordene su remisión a un centro penitenciario concreto; debe presentarse copia certificada para el Consejo Criminológico Regional respectivo.

- Datos personales del interno y de su familia. Es necesario que conste, en el expediente, la identificación exacta de cada una de las personas que ingresan al sistema, esto incluye: lugar y fecha de nacimiento, sexo, edad, estatura, peso, estado familiar, profesión u oficio, domicilio, residencia y algún otro elemento que sirva para identificarlo sin duda alguna, sin discriminarlo, y evitar así alguna confusión con otra persona que surja por algún homónimo; esto por una parte, y por otra, que cuando sea necesario comunicarle algo de su interés se haga lo más pronto posible. A esto le aunamos la identificación de su familia, que servirá además para concientizar a los referidos internos y si a esto se le suma un buen comportamiento, su reinserción social será cuestión de tiempo.

- Los informes del Consejo Criminológico Regional (Dictamen Criminológico): En el cual se detalla: datos generales del interno, sus antecedentes, factores resistentes al delito, factores impulsores al delito, análisis psicológicos, análisis social, registro de conducta en reclusión, participación en actividades terapéuticos asistenciales, diagnóstico criminológico, adaptabilidad social, índice de peligrosidad, factibilidad de reinserción en la comunidad, ubicación en la fase del régimen penitenciario, pronóstico de reinserción social y las respectivas conclusiones.

- Firma y huellas dactilares; se considera necesaria la firma en tanto que cada persona sabe con precisión como hacerla idéntica cada vez que se le sea exigida por la autoridad competente, o ya sea porque el mismo necesita hacer alguna petición por escrito de acuerdo al derecho constitucional que le asiste; de igual forma es necesario, para un mejor registro, que dejen impresas sus huellas dactilares, sobre la base de que ninguna es igual a otra; lo anterior se vuelve indispensable al momento que ingresa una persona a un centro penitenciario puesto que, es entonces que ha de entregársele un folleto (el cual a la fecha de ejecución de esta tesis no se les entrega), en donde se les explica de un modo claro y sencillo sus derechos fundamentales, obligaciones, prohibiciones y régimen interior del centro, el interno debe acreditar con su firma y huellas dactilares que tal información la ha recibido. Esta información, aunque de manera escueta, la recibe de forma verbal.

- Inventario de Bienes. Esto en razón de que es la misma ley penitenciaria la que prohíbe el ingreso de algunos bienes, como por ejemplo: Joyas, armas, etc., por parte del interno, y que los mismos no pueden ser entregados a sus familiares. Y se registrarán todas las incidencias que se produzcan durante la estancia en prisión, excepto las sanciones que se le impongan durante la estancia en la fase de adaptación.

La estancia del interno en el centro de admisión, no podrá ser de más de treinta días los cuales son suficientes para realizar un diagnóstico y observación inicial que acaba de ingresar al sistema penitenciario y que además es el plazo establecido para que el Consejo Criminológico Regional decida la ubicación o destino de los internos, lo cual deberá hacerse según los siguientes criterios de separación: hombres y mujeres; de dieciocho a veintiún años y mayores de veintiún años; los que presenten deficiencias físicas o mentales; condenados por delitos dolosos o culposos; los internos que corran riesgos por el cargo que ostentan o han desempeñado, así por ejemplo: policías; primarios o reincidentes. Estos criterios de separación tienen como parámetros principalmente el hecho de evitar algún tipo de contaminación entre los mismos internos, que hasta el momento no se está efectuando, excepto a separarlos por el sexo y los que se encuentran con medidas de seguridad.

2.2.- Determinación del Régimen Penitenciario

El régimen penitenciario que desarrolla la ley penitenciaria, es una función que se le concede a los Consejos Criminológicos Regionales, el cual para su mejor desarrollo se debe iniciar diciendo que por régimen penitenciario entendemos el conjunto de normas y medidas que persiguen una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y para la retención y custodia de los reclusos. Se trata de integrar todas las actuaciones tratamentales y regimentales, esto es, desde las prestaciones y actuaciones de la administración hasta el régimen disciplinario.

El Régimen Penitenciario que establece la referida ley, tiene como contenido aspectos regimentales concretos: Así el artículo 91 Lp. se refiere años traslados de los internos los cuales se han de realizar respetando la dignidad y los derechos humanos de los internos así como la seguridad de la conducción, (la cual se le notificará inmediatamente a la persona que aparezca en el expediente), y preferentemente de día, no podrán ser nocturnos, salvo autorización expresa de Juez competente, el cual será, en el caso de los penados, el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, previo informe favorable del Consejo Criminológico Regional y, por el Juez de la causa, en el caso de los detenidos provisionalmente, en este caso siempre se notificará al Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, en ambos casos deberá notificarse al Director General de Centros Penales y al Director del establecimientos penitenciario respectivo.

Asimismo el artículo 92 L.p. regula los permisos especiales de salida de todos los internos, sean detenidos provisionales o penados, los cuales podrán gozar de los mismos cuando concurran alguna de las circunstancias siguientes: para participar en actividades culturales dentro de la institución o fuera de ésta y para contraer matrimonio si el funcionario o ministro de la religión no puede acudir al centro penitenciario.

Para el caso de los penados es competente para autorizar tales permisos el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena o por el Director del Centro, y para los detenidos provisionalmente es el Juez de la causa el competente para dar tal autorización. Uno u otro Juez notificará la resolución que deberá establecer la duración y la custodia, en su caso al Director del Centro Penitenciario respectivo. Esta regulación, a nuestro criterio, no es del todo feliz en tanto que se limita solamente a conceder permisos cuando casualmente se dé una causa concreta de las ya señaladas, en ningún caso establece el período de estancia por parte del interno fuera del centro, por lo tanto se debería especificar un tiempo prudencial, el cual proponemos sea acordado por el Consejo Criminológico Regional correspondiente. No obstante estos permisos constituyen un elemento esencial del tratamiento penitenciario en tanto que prepara al interno para regresar a la vida en libertad, por ello se debe ver como una forma paulatina de reinserción social. Permisos que se deben complementar con otros permisos de carácter general que regula la Ley Penitenciaria, así el artículo 98 numeral 1 establece que “el interno podrá disfrutar de permisos de salida” o cuando en el artículo 101 numeral 2 L.p. precisa que “podrá gozar de permisos de salida más amplios”. Sobre los distintos permisos que se regulan se debería, a nuestro juicio, mandar pedir opinión al Consejo Criminológico Regional respectivo, puesto que no se hace.

Otro aspecto regimental concreto, es el registro y la requisa que regula el artículo 93 L.p., con lo cual se trata de evitar la existencia de objetos prohibidos.

Es de diferenciar aquí lo que se refiere a los registros y lo que se refiere a las requisas puesto que el primero se realiza a las personas de los internos así como también a los visitantes, lo cual se hará en privado, mientras que las requisas va referida a las instalaciones, las cuales se deben llevar a cabo periódicamente; naturalmente que en uno y otro caso se respetará la dignidad de las personas. Para una mejor garantía de sus derechos a los internos, se debería de realizar las requisas con la presencia de un miembro del Consejo Criminológico Regional correspondiente lo cual les daría mayor transparencia.

El Régimen Penitenciario que regula la ley, establece el trabajo como otro punto concreto, es a partir del artículo 105 L.p.; el mismo debe ser un instrumento reformador y moralizante del condenado y con ello aumentar la formación o conservación de sus hábitos laborales para que cuando llegue a la vida en libertad encuentre mejores posibilidades de ser recibido por la sociedad, y a la vez capacitado y dotado con recursos económicos; lo anterior gira en torno a que ya en la Constitución como en las Reglas Mínimas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, se establece que se les debe formar hábitos de trabajo a los internos, por lo tanto nosotros consideramos que la Ley Penitenciaria retorna el espíritu de las mismas.

Oportuno es diferenciar que para los detenidos de manera provisional el trabajar es optativo, es una facultad y no un deber como lo es para los penados, salvo que, con autorización del Consejo Criminológico Regional respectivo se encuentre en alguna de las circunstancias que taxativamente regula la ley penitenciaría en los artículos 107 y 108, así tenemos la realización de cursos regulares educativos o cualquier actividad útil, incapacidad física o mental, embarazo o parto, fuerza mayor y edad superior a los sesenta años. Estos y los disminuidos físicos podrán trabajar, sin embargo, si así lo solicitan; en tal caso lo harán prestando servicios que sean adecuados a sus respectiva condición.

El trabajo se podrá hacer tanto para la propia administración como para particulares, en este último caso se hará siempre bajo la supervisión o vigilancia de personal del centro en el cual se encuentra recluido el interno. El asignar el trabajo a los internos estará a cargo de la Oficina Ocupacional que debe funcionar (puesto que aun no funciona) en cada centro, la cual tomará como parámetro las destrezas, aptitudes y habilidades del futuro trabajador.

Seguidamente se regula el sistema de educación como otro aspecto regimental concreto, artículos del 114 al 117 L.p., queremos dejar constancia que en el Centro Penitenciario La Esperanza existe un local habilitado para escuela donde se imparte a los internos la educación básica, con arreglo a los planes de estudio oficiales; esto es básico puesto que cuando los internos obtengan su libertad pueden continuar su educación media o superior. Se debe fomentar en la población interna el deseo de superación en el campo educativo, tomando en cuenta que por la situación especial que viven los mismos y sus problemas de conducta, la educación debe ser múltiple y especializada para poder evitar frustraciones y facilitarles así el desarrollo de sus potencialidades, destrezas favorables, etc. Es importante que los internos sean dedicados al estudio, puesto que en un momento determinado con el dictamen favorable del Consejo Criminológico respectivo, podrán participar como docentes o auxiliares.

A partir del artículo 118 L.p., se regula el aspecto salud, la cual debería ser mayormente preventiva, los centros penitenciarios deben de acuerdo a la ley disponer de servicios de medicina general y áreas especializadas así por ejemplo servicios de odontología, sicología, siquiatría, etc., con el personal y con los medios materiales y de laboratorios necesarios. Está obligada la Administración de cada centro a facilitar prótesis a las personas lisiadas que así lo necesiten y además de ello facilitarles el tratamiento para ser rehabilitados. No obstante lo anterior, a los internos no les está prohibido hacer uso por cuenta propia de servicios extrapenitenciarios, es decir, privados, solo es necesario en este caso que el médico del establecimiento dé un dictamen favorable. Es absolutamente prohibido cualquier experimento que atente contra la vida, salud o integridad de los internos, incluso aunque éstos lo consientan. En este aspecto regimental que regula la ley penitenciaria vigente, ciertamente dan a los internos, asistencia médica en el Centro Penal “La Esperanza”, aunque a decir de un miembro del Equipo Técnico consultado sobre el asunto, no cuentan con todo lo necesario para dar un servicio de mejor calidad (inclúyase personal, equipo, etc.). Pero también es cierto que no participa en este aspecto regimental el Consejo Criminológico Regional lo cual no nos parece del todo feliz por la razón de que se debe de trabajar siempre en coordinación entre todas las instituciones vinculadas al sistema, puesto que es la mejor forma de darle positividad al mismo, sin llegar, desde luego, a hacer un doble esfuerzo para una misma función.

La ley en estudio (L.p.) regula a partir del artículo 128 el Régimen Disciplinario al cual estarán sujetos los internos, el cual parte del principio de afectación mínima que se regula en el artículo 8 L.p., el cual consiste en que las sanciones no contendrán más restricciones que las necesarias para conservar en armonía la seguridad y la vida interna de cada centro penitenciario, no aplicándose cuando sea suficiente la amonestación privada. En un sistema cerrado de convivencia prolongado, es imprescindible la autodisciplina por parte de las personas que lo integran. Esta visión humanista está regulada a partir de la Constitución y se amplía en la ley penitenciaria, puesto que impone a quienes apliquen medidas disciplinarias el límite de que no afectarán ni la salud, ni la dignidad del interno, prohibiéndose expresamente las medidas de carácter corporal como el encierro en celda oscura así como cualquier otra de naturaleza cruel, inhumana o degradante. Ningún interno intervendrá en la imposición o aplicación de sanciones. Las únicas medidas disciplinarias que podrán imponer son:

1) Aislamiento en celda individual por un máximo de 8 días; 2) Aislamiento en celda individual por un máximo de 4 fines de semana; 3) Suspensión de visitas hasta un máximo de 8 días excepto la de abogados y notarios; 4) Privación o limitación de actividades de esparcimiento, por un máximo de 8 días; 5) Limitación a una llamada telefónica o a remitir una carta mensual, que no excederá de tres meses. Tales medidas son taxativas.

El órgano competente para aplicarlas es la Junta Disciplinaria, formada por el Director del centro, un miembro del Consejo Criminológico Regional y un abogado. Una vez recibida la información de una conducta de un interno posiblemente constitutiva de falta disciplinaria, este organismo abrirá un expediente y se notificará al mismo (para notificarle la apertura de expediente al interno no existe regulado un procedimiento específico). Apertura que se comunicará también al Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, al Delegado Departamental o Local de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y al Agente Auxiliar de la Fiscalía General de la República. El interno puede nombrar su correspondiente Defensa; si es necesario aportar prueba, se convocará a las partes a una audiencia oral a celebrar en setenta y dos horas, en la cual después de oír a los interesados que asistieren la Junta resolverá en el mismo acto. En caso contrario, resolverá inmediatamente después del descargo. La resolución que se refiera a las primeras tres medidas arriba enumeradas, es decir, al aislamiento en celda individual por un máximo de 8 días, aislamiento en celda individual por un máximo de cuatro fines de semana y la de suspensión de visitas hasta un máximo de 8 días excepto la de abogados y notarios será recurribles con efecto suspensivo ante el Juez de Vigilancia, así como las sanciones reiteradas de cualquier clase. Todo el procedimiento se hará constar en acta.

En esta parte queremos hacer una crítica puntual: la ley no prevé plazo alguno para efectuar el descargo por parte de la defensa material o técnica del interno.

Además el interno puede por vía de queja (Art.45 L.p.) hacer que intervenga el Juez de Vigilancia cuando se le haya impuesto una sanción disciplinada prohibida por la ley. En caso de urgencia en que sea necesario mantener el orden y la seguridad penal, el artículo 25 L.p., faculta al Director del Centro en cuestión o al Director General de Centros Penales para que, de forma preventiva y temporal, reubiquen a uno o varios internos, al establecimiento más cercano del Juez de la causa, garantizándoles sus derechos y comunicándolo inmediatamente al Juez de Vigilancia, o al competente en su caso. La medida se mantendrá hasta que el Consejo Criminológico Regional se reúna y resuelva lo que corresponda sobre esa reubicación, para lo cual tiene como máximo el plazo de tres días.

2.3.- Implementación del Sistema Progresivo

La entrada en vigencia de la nueva normativa penal y penitenciaria, trae consigo la implementación del sistema progresivo, de tal modo que el interno va pasando por las distintas fases que aquella establece cada una de las cuales tiene una duración determinada, y preceptúa el cumplimiento por parte del interno de determinados requisitos y le permite accesar a derechos y facultades cada vez más amplios, ello sin perjuicio de que no pueda producirse la evolución favorable deseada y no se alcance la progresión de una a la siguiente fase o que la evolución desfavorable o involución motive la regresión; todo esto con matizaciones que haremos para mayor comprensión del amigo lector de esta investigación jurídica-penitenciaria a lo largo de la exposición.

Corresponde al Consejo Criminológico Nacional regular el contenido sustancial concreto de las diversas fases, respetando criterios genéricos que a continuidad se abordan:

A) FASE DE ADAPTACIÓN

Tiene un contenido esencialmente informativo para el interno y de conocimiento de este por parte de los profesionales penitenciarios. El régimen de visitas es muy amplio y las sanciones que se imponen en este periodo no se hacen constar en el expediente del interno. Su duración es de sesenta días, transcurridos los mismos el Consejo Criminológico Regional emite informe sobre la aptitud del interno para progresar a la fase siguiente o inmediata superior, si se declara no apto, se prorroga por un plazo igual. Esta decisión es recurrible ante el Consejo Criminológico Nacional y la de éste ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena.

B) FASE ORDINARIA

Superada la fase que antecede se ingresa a ésta que se caracteriza por la existencia de actividades educacionales, laborales, recreativas, culturales y deportivas. El interno (como ahora le denomina la nueva normativa penal y penitenciaria) debe colaborar en la limpieza del centro penal donde se recluye.

Se velará de especial manera por establecer condiciones de vida digna; ­fomentando las relaciones comunitarias, concluye con el acceso a la Fase de Confianza, decidido por el Consejo Criminológico Regional. También en este caso la decisión de dicha instancia u órgano es impugnable para ante el Consejo Criminológico Nacional y la de éste, ante el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena por tener éste competencia en el centro penal “La Esperanza”, del municipio de Ayutuxtepeque, Departamento de San Salvador, esto en vista de que ese Tribunal tiene competencia e interrelación con la estructura institucional administrativa penitenciaria y que tienen vinculación directa con nuestra principal unidad de observación abordada.

En el mismo orden, aunque no aparezca explicitado en la Ley Penitenciaria va con carácter invívito en la lógica del sistema que al pasar de la Fase Ordinaria a la de Confianza, que se estudia en seguida, no se produce o genera solo por el transcurso del tiempo -cumplimiento de un tercio de la condena- sino que además, el interno o recluso deberá ser merecedor de la progresión por su conducta, participación en actividades culturales, laborales, educacionales, etc., que denoten el “avance de su personalidad” (Art. 99 L.p.), para concluir en esta fase donde a criterio muy nuestro, deberán ser incorporados los sentenciados a arresto a fin de semana y trabajos de utilidad pública cuando se decrete el cumplimiento ininterrumpido de la pena, o en los casos de revocación de la libertad condicional a que nos referimos en seguida: hacerlo como liberados, no tendría sentido por cuanto aquellos ya han tenido contacto directo con la pena privativa de libertad, siquiera sea de un modo limitado y en centros de dependientes de la Dirección General de Centros Penales, y en cuanto a las fases de confianza y de semilibertad supondría una especie de “premio” a quienes en definitiva, han cumplido ya parte de una pena, aunque el término “premio” les parece adecuado a las autoridades de la administración penitenciaria, fundamentalmente al Consejo Criminológico Regional Central no así a los Jueces de Vigilancia Penitenciaría que siempre lo ven como un derecho que tiene el interno y que le confiere la ley en el artículo 9 numeral 13 L.p., criterio este último que con plena convicción compartimos en absoluto.

C) FASE DE CONFIANZA

En torno a esta fase tendremos que aseverar que consiste en la flexibilización de la disciplina, otorgando mayores facultades al interno o recluso: disfrutar de permisos de salida (antes explicados), éstos deberán de tener un régimen jurídico en el que se habrá de determinar si se aumenta el número de visitas y la libertad de ambulación y puede acceder a puestos de mayor responsabilidad siendo sus requerimientos los detallados a continuación: C.a) Haber cumplido la tercera parte de la pena, no obstante, este requisito es prescindible en virtud de las circunstancias (no taxativas) que concurran en el interno (delito cometido, duración de la pena, méritos en la fase ordinaria, características personales). Todo evaluado naturalmente por el Consejo Criminológico Regional respectivo. C.b) Demostrar avances en el desarrollo de la personalidad, siendo indicadores de este extremo sus relaciones con la comunidad penitenciaria y con el exterior, la participación en actividades, su conducta, la realización de trabajo y el resultado de tratamiento si lo recibe.

La decisión del Consejo Criminológico Regional Central, como siempre, es impugnable para ante el Consejo Criminológico Nacional, que debe resolver en el plazo de veinticuatro horas, y, la resolución de éste, es igualmente impugnable para ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena respectivo. Pudiendo aplicarse hasta tres criterios interpretativos al tránsito de la fase de confianza a la siguiente la semilibertad: C.c) Comprender que, aunque como verificamos, la Ley Penitenciaria se limita a exigir un único requisito de carácter temporal el cumplimiento de las dos cuartas partes de la condena o seis meses antes de la libertad condicional, el interno, debe también ameritar la progresión de una fase a otra, y a falta de requerimientos explícitos en la norma, aplicar analógicamente los de fase de confianza, exigiendo un mayor grado de “avance en el desarrollo de su personalidad”. C.d) Un criterio literal pero integrador: La progresión de la Fase de Confianza a la de semilibertad se produciría automáticamente, transcurridos los períodos indicados, salvo que el desarrollo de la personalidad del interno haya sufrido un retroceso, en cuyo caso podrá prorrogarse la estancia en la fase de confianza por encima de las dos cuartas partes de cumplimiento o restando de los seis meses previos a la Libertad Condicional, todo desde luego a criterio del Consejo Criminológico Regional respectivo, contra cuyo acuerdo se puede recurrir administrativa y judicialmente; y C.e) El criterio literal estricto, el tránsito o desplazamiento de una fase a otra se produciría en todo caso, salvo que previamente el interno haya sido regresado de la fase de confianza a la ordinaria mediante decisión firme es decir, agotados ya todos los recursos. En esta interpretación está claro, no cabria ni prórroga ni progresión puesto que el interno agotados los plazos tantas veces reiterados no estaría ya en la fase de confianza sino que en la Fase Ordinaria.

D) FASE DE SEMILIBERTAD

Es la fase previa a la libertad y por lo tanto el interno tiene permisos de salida más amplios, recordemos, una vez más, que tal y como sucede sobre los permisos “generales”, puede trabajar en el exterior, se amplían las visitas, los profesionales del centro colaboran en el proceso de reinserción social y familiar promoviendo su relación con las Instituciones de Asistencia Social Penitenciaria y ayudándole a encontrar trabajo.

Los internos residirán en los Centros Abiertos o de Detención Menor.

El único requisito exigido por la ley es temporal: Cumplimiento de las dos cuartas partes de la condena, es decir, la mitad o seis meses antes del periodo de libertad condicional. Ello sin perjuicio de lo que pueda determinar el Consejo Criminológico Nacional en el ámbito de su competencia general según se ha señalado.

E) LIBERTAD CONDICIONAL

Se presenta desde los artículos 85 y siguientes del Código Penal y 51 de la Ley Penitenciaria, puede considerarse esta institución de Derecho Penitenciario ­como una fase más del Régimen Penitenciario, -sin embargo, en algunas legislaciones por ejemplo en la española no se ve como una fase, sino más bien como un modo de cumplir condena, estando el liberado sometido al control institucional de los entes administrativos y judiciales de ejecución de la pena según el Código Penal de mil novecientos noventa y cinco en ese país-. Atendiendo a las disposiciones antes relacionadas sus requerimientos son: Pena superior a tres años de privación de libertad; cumplimiento de las dos terceras partes o la mitad de condena según los casos; buena conducta; haber satisfecho la responsabilidad civil, haber garantizado su cumplimiento o acreditar la insolvencia.

No se preceptúa que el aspirante a la libertad condicional debe tener asignada una fase regimental determinada, sin embargo, hay que entender que necesariamente deberá hallarse en la de semilibertad (a la que puede accederse desde el cumplimiento de la mitad de la condena). Al ser progresivo el sistema y exigirse, como hemos visto, el cumplimiento de la mitad o dos terceras partes de la condena, la competencia para su concesión corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, que requerirá el informe del Consejo Criminológico Regional respectivo, en los términos señalados anteriormente, recordemos, favorable y por tanto necesario y de propuesta del mismo órgano si se trata de la libertad condicional anticipada. A nuestro juicio, sin embargo, a falta de propuesta también puede otorgarla el Juez en virtud de los mismos razonamientos que se hacen respecto del antes citado informe favorable para la libertad condicional ordinaria.

En el fallo en que se otorgue o conceda la libertad puede el Juez debe imponer normas de conducta o condiciones preceptuadas en el artículo 79 L.p., la situación de la libertad condicional dura todo el tiempo que reste hasta la extinción total de la pena. Cabe, en fin, la revocación y el reingreso en prisión por incumplimiento de las citadas normas de conducta y por la comisión de nuevo delito doloso que determine su detención provisional (es, por tanto, la libertad condicional una institución a “prueba”). En cuando a la detención provisional, entendemos que la interpretación debe ser estricta y que por tanto no debe ser determinante de revocación de la libertad condicional si el Órgano Judicial adopta cualesquiera de las formas sustitutivas previstas en el artículo 295 C.pr.pn.

Un último aspecto a considerar o véase como advertencia, que es preciso hacer relación con las fases regimentales y es que son independientes y no hay correlación con las diversas clases de centros penitenciarios que en adelante se mencionan; en efecto los centros de admisión tienen una finalidad específica y la estancia en ellos una duración predeterminada. Igualmente, los centros preventivos tienen su función concreta, que es la retención y custodiar los detenidos provisionalmente; y es en los de cumplimiento de penas, donde cumple su pena el recluso, con independencia de la fase regimental en que se encuentre. La única referencia a la relación fase regimental-centro, se encuentra establecida en el articulo 78 L.p. y consiste en que el Consejo Criminológico Regional puede permitir a un penado que tiene asignada la fase de semibertad cumplir la pena en un centro de detención menor, asimilándose que, un interno cualquier que sea la fase regimental que tenga asignada, puede ir destinado a cualesquiera de los centros de cumplimiento de penas, sin que se deduzca de la ley penitenciaria que fases pueden cumplirse en los centros penitenciarios abiertos. Parece, más bien, que cualquier fase puede cumplirse en uno de estos centros con tal que el interno “no presente problemas significativos de inadaptación en los centros ordinarios”. Art. 77 L.p.

F) TRATAMIENTO PENITENCIARIO

F.a) Definición y Objetivos

A juicio nuestro el Tratamiento Penitenciario consiste en el conjunto de actividades terapéutico-asistenciales dirigida a la reinserción de los condenados, incluyendo la asistencia post-penitenciaria. Mediante el tratamiento no se inculcarán al interno otros valores que los que voluntariamente acepte o que sean imprescindibles para una convivencia en libertad y respecto a la ley.

F.b.) Características

El tratamiento Penitenciario ha de ser progresivo con la prevención de no confundirlo con las fases regimentales antes examinadas, puesto que son cosas distintas éste se aplica con independencia en la fase en que se encuentra el interno individualizado e integral de modo que contemple todos los aspectos del interno y preferentemente su personalidad. Es además, voluntario para el interno, aunque se tratara no solo con su consentimiento sino también su participación en el diseño mismo. La negativa de aceptarlo o no, puede tener consecuencias desfavorables para aquel.

F.c.) Incidencia Competencial.

La definición y aplicación del tratamiento que procede así como la evaluación periódica de sus resultados, corresponde a los Consejos Criminológicos, cada uno de acuerdo a su competencia así por ejemplo al Consejo Criminológico Nacional marca las pautas y directrices gerenciales que después aplican individualizadamente los Consejos Criminológicos Regionales; la evaluación será considerada como un indicador para la progresión o regresión de la fase regimental.

2.4.- Incidencia en el Otorgamiento de la Libertad Condicional.

El Consejo Criminológico Regional Central, inicia su intervención por solicitud del Órgano Judicial a través del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, quien exige el informe preceptivo del penado que aplicará al beneficio de libertad condicional, siendo esta institución la cual le remite en el término de veinticuatro horas. Consideramos que por ser este término demasiado breve en la práctica no se le da el cumplimiento debido, lo cual al momento de esta investigación pudimos constatar.

Por otra parte, yéndonos a lo que le compete en cuanto a la libertad condicional al Consejo Criminológico Regional Central, éste tiene hoy por hoy, un relativo protagonismo, si observamos su incipiente estructuración legal y material que se motiva por el hecho de que al haber efectuado una labor investigativa sobre sus funciones pudimos evidencia en primer término las condiciones siguientes: que no se están cumpliendo todas las condiciones legales; y esto debido a que no existe en el sistema penitenciario salvadoreño una clasificación de los centros penales y en consecuencia de los internos, aspectos que para nada coadyuvan al desarrollo del sistema tal como lo preceptúa la nueva normativa penal y penitenciaria; sin embargo aun y con todas las limitantes que existen, se está tratando en la medida de lo posible de desarrollar por parte del Consejo Criminológico Regional Central las funciones que a ley le concede.

El Consejo Criminológico Regional Central es considerado como un ente autónomo, y depende del Consejo Criminológico Nacional solo en cuanto a darle seguimiento a las pautas generales dadas por éste y de la Dirección General de Centros Penales, únicamente en lo relativo al presupuesto; lo anterior según lo manifestado por los personeros de este ente de Administración Penitenciaria. Siendo el Departamento de Prueba y Libertad Asistida, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de República y los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria la columna vertebral del sistema progresivo y que el Consejo, a su juicio (sin aportar cifras) han venido a disminuir considerablemente la mora en el otorgamiento de la libertad condicional a la gran población de internos que están aplicando al beneficio, evidenciándose así una mayor celeridad que ha venido a dar la nueva normativa penal y penitenciaria. El Consejo solo trabaja con reos condenados.

En otro orden de ideas, el Consejo incide en el otorgamiento de la libertad condicional, sea ésta ordinaria o anticipada formando un expediente único al beneficiario, tal expediente comprende las áreas de pedagogía, jurídica, social, médica; aunque los miembros de dicho Consejo aclaran que siempre existen vacíos y son honestos al decir que no están ni lo suficientemente contestados ni debidamente documentados los expedientes. El protagonismo de los Consejos Criminológicos se ve obstruido, porque además de las limitaciones ya señaladas referente al presupuesto el cual es demasiado exiguo, cuenta con un personal que además de no ser, algunos de ellos, los más idóneos en sus respectivos cargos es demasiado limitado, como limitadas son sus capacitaciones las cuales no reciben ni periódica ni sistemáticamente. Y en el orden de la función del Consejo Criminológico Regional Central, esta institución, para ser más legalista se involucra no solo con la concesión de las libertades condicionales de tal suerte que, de conformidad al artículo 31 L.p., les compete verificar la ubicación (destino) de los internos en un centro concreto, determinando el tratamiento de cada penado, determinando además la fase regimental de los mismos, dando cuenta o notificando de ello al Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena correspondiente, así como su traslado al Centro Penal que corresponda; parece pues, deducirse de la Ley Penitenciaria con respecto a los puntos ya señalados (ubicación, traslados, asignación de fase regimental y tratamiento), que compete a los Consejos Criminológicos Regionales, y, solo en vía de recurso administrativo en contra de las resoluciones de éstos le corresponde conocer al Consejo Criminológico Nacional y de los fallos de éste será recurrible para ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena competente.

Por otra parte, al Consejo Criminológico Regional respectivo le corresponde: Proponer al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena la concesión de la libertad condicional anticipada, es decir al cumplir la mitad de la condena, en base al artículo 86 C.pn., y de conformidad al Art. 31 numeral cuatro de la Ley Penitenciaria vigente, este rol se efectúa posterior a la recepción de informes psicosociales del interno proporcionados por el equipo multidisciplinario del Centro Penal “La Esperanza” del Municipio de Ayutuxtepeque, Departamento de San Salvador; previo haberse ventilado en sus instalaciones el proceso del beneficio aludido de parte de los defensores de los internos a fin de ilustrar a los funcionarios del Consejo Criminológico Regional que existen para el asistido todos los elementos jurídicos-técnicos y científicos como para que se emita un dictamen favorable, se agregue al expediente único y se haga remitir y proponga una vez exista el informe a favor de beneficiario, al Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena conceder la libertad condicional anticipada a un interno determinado que según sus criterios está apto, como es lógico pensar se sigue substanciando por las partes en este órgano unipersonal, algo de no olvidar es que el informe remitido por el Consejo Criminológico Regional al Juez de Vigilancia, no es para éste vinculante a la hora de fallar en cuanto a conceder o denegar el beneficio tramitado, sino que, éste resuelve no solo en base a los elementos probatorios aportados por las partes intervinientes en el proceso sino que principalmente resuelven basados en la experiencia, bajo criterios eminentemente jurídicos-­técnicos y científicos esto es a través del sistema de valoración de la prueba denominado la sana critica. Esta situación le permite al Juez emitir un fallo más imparcial y más objetivo.
CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL
ORDINARIA Y ANTICIPADA

3.1.- Instituciones Involucradas

Este apartado constituye el contenido más práctico y fundamental de este trabajo de graduación, por lo que expondremos el rol que sobre la concesión, denegación y control del beneficio de la libertad condicional, tanto ordinaria como anticipada, desempeñan los Juzgados Primero y Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena del domicilio de San Salvador; el Consejo Criminológico Regional Central; el Ministerio Público: la Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; y el Departamento de Pruebas y Libertad Asistida de la Corte Suprema de Justicia. A continuación la función que cada ente señalado desempeña referente a tal beneficio.

3.1.1.- Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de Pena

El Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de toda persona privada de libertad, y por el principio de legalidad en la ejecución de la pena, se establece que la garantía de la ejecución de la pena, apoyada en el principio de legalidad es suficiente justificación para sostener la conveniencia de que el control del cumplimiento en el ámbito de la ejecución penal se efectúe por una autoridad distinta a la administración penitenciaria.

El Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena dentro de sus funciones comprende los aspectos de controlador de la legalidad de la ejecución material de la pena y el aspecto garantista del correcto funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, no para sustituir a la administración, sino para proteger los derechos de los internos por medio de la vía judicial, si eventualmente le son violados por la administración penitenciaria. La naturaleza judicial de éste funcionario también da base para que además tenga competencia jurisdiccional para resolver en ciertos asuntos o incidentes que ocurren durante la etapa de ejecución de la pena, y que se mencionan dentro de la enumeración de atribuciones en el Art. 37 de la Ley Penitenciaria.

Si hablamos de la libertad condicional y de la autoridad competente que las concede o deniega, específicamente nos referimos al fallo judicial que emite el Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena respectivo, destacando el primero y segundo porque ha sido con éstos con los cuales hemos tenido un abordaje directo del tema en cuestión.

En otro orden de ideas, es necesario hacer un enfoque objetivo del desarrollo que sigue la substanciación de beneficios penitenciarios especialmente la libertad condicional. La intervención de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena relativa a la concesión o denegación de los referidos beneficios se desprende de los Arts. 37 y 51 de la Ley Penitenciaria, la primera disposición alude a sus funciones legales y la segunda al procedimiento que el Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena deberá observar al momento de emitir su fallo en relación a la libertad condicional sea ésta Anticipada u Ordinaria.

A continuación mencionaremos del Art. 37 L.p., las atribuciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria y la Ejecución de la Pena, en relación a nuestro tema de investigación:

1. Controlar la ejecución de las penas y de las medias de seguridad;

2. Acordar el beneficio de libertad condicional y revocarlo en los casos que proceda;

3. Practicar el cómputo de las penas;

4. Tramitar y resolver las quejas o incidentes a que se refieren los Arts. 45 y 46 y numerales 1, 2 y 3 del Art. 129 de esta ley;

5. Ordenar la libertad por el cumplimiento de la condena o para gozar del respectivo periodo de prueba en los casos donde proceda; así como modificar las reglas o condiciones impuestas, o prorrogar el período de prueba, todo de conformidad al Código Penal; y extender las certificaciones correspondientes;

6. Resolver, por vía de recurso, acerca de la ubicación de los internos en los centros penales y en las etapas que correspondan, según la condición personal, de acuerdo con la ley, los reglamentos y los parámetros previamente establecidos por el Consejo Criminológico respectivo, sin que se apliquen criterios discriminatorios contrarios en la dignidad humana, ni se favorezca indebidamente la situación de algún interno.

En esta disposición hay otros numerales los cuales no mencionamos por no tener relación con nuestra investigación.

Queremos denotar que los juzgados antes indicados no obstante lo incipiente de la implementación de la ley, están desarrollando una labor aceptable y son éstos del criterio de que respecto a la concesión de beneficios penitenciarios, ha existido mayor celeridad y se han ventilado mayor número de beneficios que con la legislación anterior. Pero lo cierto es que no se ha logrado una aplicación idónea, porque en cuanto al cumplimiento de los plazos, a la celeridad presunta en la concesión de libertades condicionales y la relación con el Consejo Criminológico Regional Central básicamente es, al momento, formalista y no determinante en el fallo judicial.

Asimismo, haciendo referencia a la facultad de conceder la libertad condicional, ésta dimana del Art. 51 de la Ley Penitenciaria, porque esta disposición estatuye que “el condenado que reuniere los requisitos previstos en el Código Penal, podrá solicitar al Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena se le otorgue la libertad condicional. El Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena deberá promover el incidente de oficio, cuando fuere procedente.

Recibida la solicitud o de oficio, el juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena solicitará, por el medio que estime conveniente al Consejo Criminológico Regional bajo cuya atención estuviere el condenado, la remisión por cualquier medio de los informes que menciona el Código Penal. Estos informes deberán rendirse en un término perentorio que no excederá de las veinticuatro horas hábiles siguientes.

En la resolución que se otorgue la libertad condicional se especificarán las condiciones o reglas de conducta a que se subordina, todo de acuerdo a lo que establece el Código Penal. Se dará certificación de la resolución al peticionario y al Director del establecimiento penitenciario respectivo, ordenando ponga en libertad inmediatamente al beneficiado.”

Esta disposición, habla de promoción de libertades condicionales ya sea a petición de parte o de oficio por el Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, lo cual es algo que por conocimiento de causa vamos a decir que hasta el momento no se está dando oficiosamente, pero de conformidad a la revisión que hicimos de expedientes en el Juzgado Primero y Segundo de Vigilancia Penitenciaria, sin decir tajantemente que no hay voluntad judicial de coadyuvar de resolver la situación de incertidumbre jurídica de muchos internos, y de mostrar los jueces competentes poca voluntad, lo cierto es que al momento, no pudimos evidenciar la promoción de libertades condicionales oficiosamente, porque incluso no sólo puede promover la libertad condicional simple, sino que también en su defecto de la promoción de la libertad condicional anticipada, cabe entonces el aforismo jurídico “Io que la ley no prohíbe lo permite” y el juez puede actuar con discreción a fin de favorecer al interno.

En otro orden, lo referido al término perentorio con que se deben remitir los Dictámenes Criminológicos del beneficiario es de veinticuatro horas, pero en la práctica no se cumple por parte del Consejo Criminológico Regional Central el referido término.

Ahora bien, no debemos omitir las formalidades con que se realizan las audiencias especiales previas a la de concesión de las libertades condicionales, de revisión del beneficio y de revisión de cómputo. Ya como se lleva o se efectúa la Audiencia de Concesión de la libertad condicional ordinaria y anticipada, de conformidad a las entrevistas que tuvimos con la señora Jueza del Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, nos manifestó que efectivamente se lleva a cabo observando todas las garantías procesales que tiene el juicio oral y público tales como la publicidad, inmediación, oralidad y continuidad, según lo regulado en los Arts. 327, 325, 329 y 333 del Código Procesal Penal, teniendo en consecuencia, intervención todas las partes involucradas en la Concesión de la libertad condicional, como el Fiscal Penitenciario adscrito al tribunal, el Defensor público o particular según el caso, el interno, el Secretario y el Juez que está conociendo de ello. Podemos agregar con toda propiedad que se está cumpliendo lo anterior, a excepción de que al momento los Jueces de Vigilancia no han observado la situación de que el interno previo a la Audiencia, no ha sido en muchas ocasiones asesorado adecuadamente sobre la situación en que se encuentra.

3.1.2.- Consejo Criminológico Regional Central

Analizaremos en este apartado la labor del Consejo Criminológico Regional Central (haciendo notar que lo abordaremos de manera precisa y concisa debido a que ya lo hemos desarrollado en capítulos precedentes), no sólo porque reviste para nuestro esfuerzo investigativo la unidad principal de observación, sino que aparte de constituir una estructura de administración penitenciaria tiene mucho que ver para que los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, concedan o denieguen la libertad condicional simple y anticipada, es decir, constituyen una base técnica profesional con lo que fundamentan los informes para darle la convicción suficiente a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena.

Ya en puntos precedentes hemos evacuado las funciones que le determina la ley en torno al desarrollo del sistema progresivo, y para ser más preciso es en el artículo 31 de la Ley Penitenciaria que tales funciones se desarrollan ampliamente.

De ahí, su protagonismo en la concesión de la libertad condicional, no obstante no ser vinculante los Dictámenes Criminológicos que remiten los Consejos Criminológicos Regionales al momento de que el Juez de Vigilancia Penitenciaria respectivo otorga la libertad condicional Ordinaria ni para la Anticipada. Aunque para esta última si es determinante el Dictamen, pero solo para su promoción no para la substanciación judicial, ni vincula al Juez al momento de emitir el fallo, de conformidad al Art. 31 Nº 4 L.p.

Y esta aseveración, la motivamos no sólo porque a partir del veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho emergen estos Consejos a la esfera jurídica, no obstante no habían cobrado vida física sino hasta mil novecientos noventa y nueve, mientras tanto, eran ante los Jueces de Vigilancia Penitenciaria que el defensor promovía directamente la libertad condicional anticipada.

Otro aspecto a mencionar, es el grado de participación que está teniendo el Consejo Criminológico Regional Central, en base a los aportes que pudimos obtener de las autoridades correspondientes es hasta ahora, que estos entes administrativos están teniendo mayor protagonismo en controlar el desarrollo del Régimen Penitenciario, la clasificación de los internos y clasificación de los Centros Penales esta función tiene su asidero legal en el Art. 31 de la Ley Penitenciaria y vigilar en este sentido toda evaluación conductual del interno y del sistema mismo y por ello por precepto legal tal como lo estatuye como competencia específica el Art. 104 L.p. Que dice: “Todo informe elaborado por el Consejo Criminológico Regional, que decida la ubicación inicial del interno, o su avance o retroceso dentro de las diversas fases del Régimen penitenciario deberá ser agregado al expediente del interno y comunicado, para su conocimiento, al Juez de Vigilancia Penitenciaría y Ejecución de la Pena.”

Esta disposición no divaga de la unidad central observada, porque aunque actualmente por una serie de limitantes humanas y materiales no se está desarrollando con buena voluntad y con visos promisorios de querer hacer bien las cosas, en el sentido de que al llevar este estudio minucioso de la población reclusa y del sistema mismo es el Consejo Criminológico Regional Central quien puede hacer efectivo entre otros beneficios penitenciarios a internos que pudiesen aplicar a libertades condicionales anticipadas como facultad exclusiva competencial.

3.1.3.- Fiscalía General de la República

Como es de esperar, éste es el ente del Ministerio Público de mayor protagonismo en la función de velar por el cumplimiento de la legalidad cuando se concede o se deniega por parte del Juez de Vigilancia Penitenciara la libertad condicional ordinaria (simple) y anticipada a un interno, porque es en sede judicial donde interviene la representación fiscal, y no en sede de administración penitenciaria como además lo dispone la Ley Penitenciaria y que en seguida detallaremos, ejecutada por los Consejos Criminológicos Regionales, fundamentalmente el Consejo Criminológico Regional Central al momento de efectuar los Dictámenes Criminológicos de beneficiarios y formar su expediente único. En ésta sede, según pudimos evidenciar en nuestra investigación, no existe intervención de la Fiscalía General de la República.

Por otra parte, para hablar de competencia fiscal, es imperativo destacar que por mandato constitucional esta entidad rectora de la legalidad y componente del Ministerio Público tiene como una de las principales atribuciones de conformidad a lo que estatuye el Art. 193 numeral 2 de la Constitución “Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad”. En ese orden, cuando ahondamos la intervención fiscal en el derecho de ejecución penal o derecho penitenciario, nos apersonamos a los Juzgados Primero y Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena del domicilio de San Salvador en el que revisamos algunos expedientes y tal como la Ley Penitenciaria establece la participación del Fiscal de Vigilancia Penitenciaria es la que a continuación abordamos:

a) Solicita, el fiscal, al Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena durante la audiencia de concesión o denegación de la libertad condicional en sus dos modalidades, no conceder el beneficio al interno solicitante y en caso de concederlo lo que el fiscal pide es la revocación de tal beneficio, por considerar que no hay suficientes méritos para la concesión de la libertad condicional.

b) Interpone escrito solicitando audiencia especial de revisión de cómputo, en aquellos casos que no se reúnan los requisitos legales para aplicar a la libertad condicional.

c) Solicita audiencia de revisión de la libertad condicional por sostener que el interno no aplica a la libertad condicional por no reunir los requerimientos legales que preceptúan los Arts. 85 y 86 del Código Penal vigente.

d) Interpone recursos de apelación para ante el mismo Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena que concedió el beneficio penitenciario de la libertad condicional y; es éste quien lo remite a la Cámara de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena para que conozca en segunda instancia y dirima el incidente. Sólo que, en relación a que no se han creado tales cámaras, están conociendo y resolviendo las Cámaras de lo Penal respectivas.

De lo anterior relacionado consideramos atinada la idea de ejemplificar y ampliar en términos más precisos y legales la participación integral que la ley le confiere al Fiscal de Vigilancia en el desarrollo del sistema penitenciario. El Fiscal de Vigilancia Penitenciaria tendrá participación directa en la tramitación de toda Queja interpuesta ante el Juez Competente, la cual puede ser generada por tres motivos, siendo ellas: Un menoscabo directo en los derechos fundamentales del interno, o que éste fuere sometido a alguna actividad penitenciaria o sanción disciplinaria prohibida por la Ley, tal como se establece en el Inciso Primero del artículo 45 de la ley Penitenciaria.

A) Todo interno que sea vulnerado en sus derechos establecidos en la Constitución de la República, tratados y leyes, puede interponer una Queja Judicial, entre tales derechos los que se encuentran en el Art. 9 L. P.

B) La actividad penitenciaria desarrollada fuera de los parámetros establecidos en la Ley Penitenciaria o sus reglamentos, también pueden motivar una queja judicial; entre las actividades ilícitas se puede mencionar la de los artículos 71, 87 al 91 L. P.

Dentro de este campo de acción corresponde al Fiscal de Vigilancia Penitenciaria, actuar como parte en la tramitación de las Quejas Judiciales, de las cuales no se establece procedimiento en la ley, pero consideramos que éste se asimila al procedimiento para los incidentes que se analizarán más adelante.

Sin embargo, diremos que el Fiscal de Vigilancia Penitenciaria tiene facultades para investigar los motivos que originaron la queja y participar en la audiencia oral en la que el Juez competente resolverá dicha denuncia.

Luego, de comprobarse los hechos denunciados, debe percatarse que se cumpla la decisión judicial, velando porque se restablezcan los derechos vulnerados al interno y que se apliquen las sanciones a quien resultare involucrado en tales hechos.

El Fiscal de Vigilancia Penitenciaría tendrá participación activa en todos los incidentes que se generen en la etapa de ejecución de la pena ante los tribunales competentes, de conformidad con el artículo 40 de la ley Penitenciaria.

Los incidentes pueden ser promovidos por cualquiera de las partes, es decir el Fiscal de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, y el defensor del reo, sea éste público o particular y serán resueltos en audiencia oral, con la presencia del Juez y de las partes, en la cual deberán cumplirse los principios que rigen el proceso penal común, la resolución dictada puede ser apelada para ante la cámara correspondiente.

Los incidentes de ejecución que puedan ocurrir son todos aquellos que reportan beneficios penitenciarios a favor del condenado, y se refieren a los sustitutivos de la pena privativa de libertad que establece el Capítulo IV del Título III de la Parte General del Código Penal, a partir del artículo 74 al 92 y artículo 46 de la Ley Penitenciaria; siendo ellos los siguientes:

1.- Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, artículo 77 Pn., en relación con el artículo 79 Pn.

2.- Suspensión Condicional Extraordinaria de la Ejecución de la Pena, de conformidad con el artículo 78 Pn.

3.- Libertad Condicional, artículo 85 Pn.

4.- Libertad Condicional Anticipada, artículo 86 Pn., en relación con el artículo 31 numeral 4 L.P.

5.- Conversión de la multa, artículo 52 en relación con el artículo 54 ambos del Código Penal.

6.- Rehabilitación, artículo 109 y siguientes del Código Penal.

7.- Suspensión o cumplimiento de la medida de seguridad, artículo 95 Pn.

8.- Revocatoria de la suspensión condicional del Procedimiento Penal, artículo 24 Pr. Pn.

Cabe mencionar que el artículo 46 de la Ley Penitenciaria no es taxativo, en cuanto a enumerar los incidentes penitenciarios, sino que pueden suscitarse otros, en los cuales debe intervenir también el Fiscal de Vigilancia Penitenciaria.

En la Ley Penitenciaria hay una diversidad de artículos que se refieren a los recursos y de los cuales vamos a hacer un pequeño estudio de manera secuencial de las disposiciones legales que expresamente o en un determinado caso disponen que se pueden recurrir de tal o cual resolución, es importante mencionar que en la Ley Penitenciaria hay interposición de recursos para resoluciones jurisdiccionales y decisiones administrativas.

Como se sabe los recursos es un medio que la ley regula para que, quien se sienta agraviado por una resolución judicial o por una decisión administrativa, pueda impugnarla ante quien emitió dicha resolución o decisión o en su caso por vía de alzada ante la instancia superior que corresponda para que se revoque, modifique o anule la resolución judicial o decisión administrativa.

La intervención del Fiscal de Vigilancia Penitenciaria, en cuanto a la interposición de recurso da inicio de acuerdo al desarrollo de la Ley Penitenciaria en base a lo que regula se artículo 44 L.p. en relación a que el Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena al ordenar el cumplimiento de la Sentencia debe practicar el cómputo del tiempo que el condenado ha estado privado de libertad, esta resolución será notificada a la Fiscalía General de la República es decir al Fiscal de Vigilancia Penitenciaria, resolución de la cual se podrá solicitar Revisión del Cómputo practicado dentro de los tres días de su notificación ante el mismo Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena.

El artículo 46 L.P., que se refiere a los incidentes, que se pudieran dar y los cuales deben ser resueltos por el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena en una sola audiencia oral con las partes que asistieren. De estos incidentes dice la Ley, la resolución será apelable y de dicha resolución podrá interponer recurso el Fiscal de Vigilancia Penitenciaria de acuerdo al artículo 40 L.p. que establece la actuación de la Fiscalía General de la República en los incidentes.

El artículo 47 Inc. 1º L.P., hace referencia a los recursos, el cual expresa “Las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, que no conceden un beneficio penitenciario, declaren o denieguen la extinción de la pena, las referentes a la conversión de la pena de multa, a la fijación, modificación o suspensión de las medidas de seguridad, la revocación de la suspensión condicional del Procedimiento Penal, la suspensión de la ejecución de la pena y la libertad condicional, serán apelables para ante la Cámara de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena”, el artículo 48 L.P., establece la forma de cómo el recurso de Apelación deberá interponerse, la que debe de ser por escrito, debidamente fundado y ante el mismo Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena que dictó la resolución, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al de la notificación respectiva.

El Fiscal de Vigilancia Penitenciaria debe cumplir con estos requisitos al interponer el recurso de apelación, así también de acuerdo al inciso segundo del artículo 48, si el fiscal considera necesario ofrecer prueba, debe hacerlo junto con el escrito de interposición del recurso de apelación debiendo señalar concretamente el hecho que pretende probar con dicho ofrecimiento.

Otros casos en los cuales el Fiscal de Vigilancia Penitenciaria podrá recurrir en base a los artículos 40 y 47 Inc. 2º L.P., aunque la ley no lo diga expresamente son:

a) En los traslados de los internos, artículo 91 L.P., puesto que es Obligación del Fiscal velar por la legalidad, por lo que si considera que el traslado no cumple con las formalidades que la ley establece o que se considere que hay una violación al régimen de libertad o aun a través de las investigaciones realizadas por el Fiscal se puede comprobar algún favorecimiento sin merecerlo.

b) En la fase de adaptación regulada en el artículo 96 L.p. en su inciso último establece que el periodo de adaptación no excederá de sesenta días y posteriormente el Consejo elaborara un informe que determinará si el interno está apto o no para su ingreso a la fase ordinaria. En caso de que el informe sea negativo la adaptación se prolongara por otro término igual. En este caso se podrá apelar para ante el Consejo Criminológico Regional respectivo.

Si bien la Ley Penitenciaria en muchos de sus artículos no menciona la participación del Fiscal de Vigilancia Penitenciaria, para que éste pueda recurrir las diferentes resoluciones, sean éstas de carácter judicial o administrativo, nosotros consideramos que es necesaria su participación, aunque no se judicialicen todas las resoluciones, sino que sean resueltas en sede administrativa, todo en virtud de garantizar los derechos fundamentales de los internos, fundamentado en el principio de legalidad, puesto que todo interno es un sujeto de derecho, titular de toda prerrogativa que no esté afectada por la ley, por una sentencia condenatoria, por una medida de seguridad o una detención provisional.

Salvaguardar, manteniendo un armónico equilibrio, de toda actividad penitenciaria al mismo tiempo todos los derechos inherentes a la persona humana es una prioridad en el Sistema Penitenciario.

En otro orden, al momento de revisar expedientes relativos a la libertad condicional en cualesquiera de sus modalidades, sin ser tajantes en señalar los varios que hemos podido denotar como el que no tienen la participación que supone la Ley Penitenciaria en sede administrativa, los agentes fiscales penitenciarios adscritos principalmente los Juzgados Primero y Segundo de Vigilancia Penitenciaria, que en la mayoría de los casos no siempre se encarga de verificar la legalidad o en cuanto a si es procedente o no la concesión de libertades condicionales porque muchos de ellos creen que su única acción y para ganar mayor notoriedad dentro de la institución es de hacer uso de los medios de impugnación y desvirtuar con drástica oposición las decisiones del Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena.

Hacemos énfasis en los desaciertos fiscales porque son esos los que deben rectificar para que su labor sea apegada al mandato constitucional y a las demás normas secundarias.

3.1.4.- Procuraduría General de la República

Cuando nos referimos a las instituciones involucradas en la concesión o denegación de libertades condicionales es porque existe una marcada relación, para el caso tratado el rol que desempeña la Procuraduría General de la República a la defensa de intereses de internos presupuestariamente insolventes y por consiguiente no pueden contratar los servicios profesionales de un defensor particular.

Lo concerniente al procedimiento que las libertades condicionales observa siempre es en sede judicial y administrativa siendo los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena y los Consejos Criminológicos Regionales respectivamente; porque es en ambos donde se promueve, concede o deniega la libertad condicional, al momento de efectuar nuestra labor y para fundamentar tales cosas nos apersonamos a este ente del Ministerio Público, que el Art. 2 de la Ley de Ministerio Público organiza internamente en las dependencias siguientes: “Secretaría General, Dirección de Asistencia Legal, Dirección de Asistencia Social, Departamento de Planificación, Procuradurías Auxiliares y Centro de Adopción.”

Dentro del campo de asistencia legal cabe destacar la dependencia que realiza las actividades legales relacionadas a la sustanciación de libertad condicional a internos que pueden aplicar a tal beneficio y que no están siendo asistidos legalmente, para ello, tal actuación de asistencia legal se efectúa por medio del Departamento de Defensoría Pública que legalmente tiene como atribuciones las siguientes: 1) Brindar asistencia legal a las personas detenidas a la orden de los tribunales y órganos auxiliares de la administración de justicia que no tengan defensores; y 2) A personas detenidas y de escasos recursos económicos y en los procesos judiciales a solicitud de ellos, del cónyuge, de sus parientes o de cualquier persona de conformidad al Art. 39 literal A de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

A tal dependencia nos presentamos en nuestro carácter personal con el propósito de recoger impresiones, opiniones y críticas de los parientes de beneficiarios sobre la labor que desarrolla en este sentido la figura del defensor público y según impresiones de algunos parientes de beneficiarios, nos manifestaron que, no obstante, comprender que acá no se les asesora con celeridad, prioridad y sensibilidad social la gente llega a esta sede (PGR), porque obviamente no puede contratar otros servicios para que sean defendidos los intereses de sus familiares con mayor profesionalismo y ello, lo pudimos comprobar con casos concretos a la hora de conocer diversos casos en donde la figura del defensor público que sustanciaba libertades condicionales eran en la mayoría de los casos, sustituidos por defensores particulares y aquellos que terminaban los procesos en muy raras ocasiones lograron obtener la concesión de la libertad condicional.

Es imperativo, señalar que no obstante lo supradicho pone en tela de juicio su actuación, no significa que generalicemos porque tal vez dentro del proceso penal sea su labor más diligente y no como en la fase de Ejecución penal, lo cierto es que en las instituciones penitenciaras que nosotros aludimos éstos funcionarios, presentan una imagen muy descolorida e inoperante hasta cierto punto. Lo precedente pues, constituye un desapego al imperativo constitucional presente en el Art. 194 en el romano II, Ord. 2º que estatuye que “Corresponde al Procurador General de la República... dar asistencia legal a personas de escasos recursos económicos y presentar judicialmente en la defensa de su libertad individual y de sus derechos laborales.”

A nivel de ordenamiento jurídico secundario las atribuciones en éste sentido las hace el Art. 23 de Ley Orgánica del Ministerio Público, al Procurador General de la República.

De tal manera que la Procuraduría debe retomar ese rol protagónico de abogado de las personas que no tengan recursos económicos para contratar profesionales del derecho que los represente en el proceso penal, y más aún en la etapa de ejecución de la pena; de tales impresiones, son de las que como resultado de nuestro trabajo investigativo hemos denotado, que su actuación evidencia aparente escepticismo en cuanto a los destinatarios de libertades condicionales y a sus parientes, esto en cuanto a su percepción y cuando se solicita su intervención profesional y en el sentido de que el sector aludido ya prevé incertidumbre en lograr con éxito la concesión de tales beneficios.

3.1.5.- Departamento de Prueba y Libertad Asistida (D.P.L.A.)

El Art. 39 de la Ley Penitenciaria contempla la creación del Departamento de Prueba y Libertad Asistida, que tendrá como funciones básicas la vigilancia y el control de las reglas de conductas impuestas en todos los sustitutivos de la pena de prisión, medidas de seguridad, penas alternativas. Pero también creemos que para dar respuesta a la tesis de que la cárcel no es la única alternativa al delito el Departamento de Prueba y Libertad Asistida cuenta con un Programa de Intervención con la Comunidad, para que se propicie el cumplimiento de penas en libertad.

Siendo así el Departamento de Prueba y Libertad Asistida establece su Visión: Legitimación de un Programa Comunitario de intervención y Prevención, de carácter Psico-Social y Educativo, como un espacio válido para el cumplimiento de penas, dentro de la comunidad, con el apoyo de todos los sectores sociales.

Y su Misión en la siguiente forma: Ser el medio que propicie un seguimiento sistematizado de las condiciones impuestas a todos aquellos beneficiados con sustitutivos de la pena de prisión y medidas de seguridad; así también en las penas alternativas a la prisión.

METODOLOGÍA DE TRABAJO O PROCEDIMIENTO QUE OBSERVA EL ASISTIDO O BENEFICIARIO EN EL D.P.L.A.

Como parte del componente al que alude su marco de intervención (como agregamos en el anexo respectivo), se distinguen cuatro momentos:

Fase de Ingreso (registro administrativo).
Fase de Estudio y Diagnóstico.
Fase de Seguimiento.
Fase de Cierre.

En el orden correspondiente se tiene:

FASE DE INGRESO

El trabajo que ingrese al DPLA será por medio de su Receptor, éste recibirá el Oficio y la Certificación que remitan los diferentes Jueces, corroborando su legalidad, anotará lo correspondiente, (darlo por recibido, etc.) en un Libro de Entrada y llenará la carátula.

Posteriormente remitirá al Asistido a los Inspectores y Asistentes de Prueba para que lo atiendan, en un orden correlativo de atención de casos, que previamente habrá establecido el Inspector de Prueba jefe.

FASE DE ESTUDIO Y DIAGÓSTICO

Esta fase tiene su inicio a partir de la demanda de la autoridad judicial, y finaliza con el establecimiento de una evaluación diagnóstica del asistido, y un plan individualizado de intervención que garantice el seguimiento de la(s) medida(s) impuesta(s) y al mismo tiempo ofrezca un apoyo y soporte para evitar la reincidencia.

Componentes de esta fase.

- Se realiza por medio de entrevista individual al beneficiario o penado. Cumple el objetivo de establecer un formal acercamiento con el usuario y recopilar información inicial del sujeto en relación con su trabajo, familia, parte ofendida y comunidad. Durante la entrevista se le informa de sus deberes y obligaciones, las consecuencias de su incumplimiento y la competencia del DPLA en el proceso que se inicia. Lo anterior se realizará a través de los Instrumentos contemplados en el Protocolo individualizado de Intervención.

- El Referente del caso asumirá la tarea de recogida de información y el establecimiento de un Pre-Diagnóstico, a efecto de poder complementar la información obtenida el Referente del caso podrá llevar a cabo las siguientes acciones:

Entrevista con familiares
Entrevista con colaterales
Observación directa
Elaboración de tests
Petición de pruebas médicas o analíticas

Una vez efectuada la evaluación Pre-diagnóstica se llevará a cabo una reunión de equipo (integrantes del DPLA) en la cual se discutirá y se consensuará el diagnóstico final y el plan de intervención que deberá seguir el asistido. Esta reunión multidisciplinaria de trabajo de casos será presidida por el inspector de Prueba, remitiéndose al Juez de Vigilancia Penitenciaria los acuerdos y los planes de trabajo de cada uno de los asistidos.

FASE DE SEGUIMIENTO

Esta fase tiene por objeto el seguimiento de las condiciones impuestas y de las penas alternativas.

El Seguimiento podrá llevarse a cabo bajo dos diferentes modelos, complementarios entre ambos:

• Modelo de Supervisión
• Modelo de intervención

MODELO DE SUPERVISIÓN

El Modelo de Supervisión se caracteriza por ser un sistema de seguimiento sistematizado, mediante el cual se supervisa el proceso de ejecución de las condiciones impuestas, en los sustitutivos de la pena de prisión, medidas de seguridad y penas alternativas a la prisión, involucrando a la autoridad jurisdiccional y a la comunidad. Este modelo se llevará a cabo mediante los siguientes pasos:

• Coordinación con enlaces comunales (comunicación telefónica, escrita y entrevistas)
• Coordinación con patrono, familia, víctima.
• Entrevista en medio controlado.
• Sistema de apoyo, dada por analítica de dopaje.
• Investigación de campo, (familiares, laborales, institucionales, a la víctima).
• Coordinación con Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales, para la atención de problemas específicos, según las áreas vulnerables, (alcoholismo, carencia de vivienda, terapias psicológicas concretas) del asistido.

MODELO DE INTERVENCIÓN

Dentro del Modelo de Intervención se van a establecer todos los subprogramas específicos con recursos propios del DPLA. Estos subprogramas se elaborarán con el fin de intervenir sobre los asistidos que presenten problemáticas especificas, de las cuales el DPLA considera conveniente intervenir, bien por su envergadura, bien por su especificidad, bien por la carencia en la red de recursos comunitarios.

Este apartado ha de ser flexible y dinámico ya que puede ir continuamente creando, incorporando o suprimiendo subprogramas en función de las necesidades o de su efectividad (por problemáticas, por ámbitos temáticos profesionales, por territorios, etc.).

Los asistidos que se encuentren ubicados dentro del modelo de intervención tendrán como referente a los psicólogos.

Este Modelo también asumirá el seguimiento de las medidas de seguridad.

FASE DE CIERRE

La fase o sistema de cierre se lleva a cabo como consecuencia de haber concluido su periodo de prueba o pena impuesta

Esta fase se caracteriza porque en ella se efectúa la valoración y evaluación de todas las intervenciones realizadas con el asistido. Información que se trasladará mediante informe al Juez de Vigilancia Penitenciaria a los efectos oportunos.

TIPOLOGÍA DE INFORMES

Informes de valoración diagnóstica

Tienen como finalidad, basándose en la detención de la problemática propia del asistido, el diseño de un programa de trabajo que facilite al mismo su proceso de integración social mediante la orientación o solución de su situación, el cual se hará del conocimiento del Juez respectivo para su aprobación.

Informes de seguimiento

Su finalidad es hacer del conocimiento del Juez las incidencias que modifiquen el trabajo con el asistido, sean éstas positivas o negativas, para que dicho funcionario tome la decisión correspondiente.

Informes de finalización

Consiste en la evaluación y valoración hecha por el profesional que ha dado seguimiento al caso, de los resultados de la intervención en el asistido o la finalización del período de prueba correspondiente o la ejecución de la pena no privativa de libertad. De esta manera pues, consideramos y somos de criterio que obstante existir un sin fin de carencia físicas, humanas y presupuestarias y que en lo sucesivo señalaremos la labor de éste ente, pese a todo es encomiable.

En otro orden y, lo sucesivo, trataremos de develar la realidad objetiva de las condiciones en que funciona el Departamento de Prueba y Libertad Asistida.

En representación del Departamento de Prueba y Libertad Asistida (DPLA) el Licenciado Douglas Moreno, nos manifestó con respuestas objetivas despejadas de intereses políticos y de un discurso pro-sistema penitenciario, la libertad con la cual se está desarrollando éste, y, en las condiciones materiales y humanas que permiten que éste ente judicial de Aplicación penitenciaria efectúe su labor como colaborador de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, el relacionado funcionario definió esta instancia como: “APARATO CONTROLADOR DE LA VIDA EN LIBERTAD DE AQUELLOS QUE HAN ESTADO RESTRINGIDOS DE LA MISMA, POR UNA PENA DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD”. De acuerdo con lo expresado por el Lic. Douglas Moreno es importante aclarar que cuando estamos hablando de la libertad condicional en ambas modalidades, habrá que ver su fundamento, y éste es el derecho a la libertad previo al cumplimiento total de la condena en prisión, como un derecho, como un beneficio, que el interno tiene una vez observado un comportamiento integral y legalmente adecuado, así se establece en los Arts. 79, 85, 86 C.Pn., y como derecho del interno, así lo preceptúa el Art. 9 L. Penitenciaría en el numeral décimo segundo y décimo tercero, que aluden a la asistencia letrada, y a que los beneficios penitenciarios a los que tienen derecho (entre ellos la libertad condicional ordinaria y anticipada como los principales), deberán ser resueltas por las autoridades administrativas y judiciales en el marco de criterios técnicos científicos.

Por otra parte, el DPILA, tal como lo expresa el Art. 39 L.P, está legalmente constituido por un inspector, un asistente de prueba que al igual que el jefe, son también abogados, nombrados por la Corte Suprema de Justicia, un psicólogo, un trabajador social, estos últimos nombrados discrecionalmente por el director. La disposición aludida en el primer inciso, habla de que ésta entidad estará al servicio de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena y del “control” de conductas en los casos de suspensión condicional del procedimiento penal, medidas de seguridad, libertad condicional, suspensión condicional de la ejecución de la pena en cualquiera de sus formas y de las alternativas a las penas privativas de libertad.

En otro orden, en cuanto a la colaboración con los Jueces de Vigilancia no hay problema, sin embargo el “control” de las reglas que habla la ley, si bien es cierto, el DPLA, es la única institución que tiene un real protagonismo en su labor multidisciplinaria, individualizan seguimientos a diversos asistidos tanto para aquellos que no han estado en prisión como los que se les impone medidas de seguridad, y alternativas a la prisión, como los que vienen de prisión; tal control estricto, fiscalización o vigilancia directa las veinticuatro horas del día es algo utópico desde todo punto de vista imposible, lo que acá se efectúa, (DPLA), es un seguimiento para cada caso diferente por tener cada condenado o asistido una condición especial muy diferente el DPLA, según palabras de su director o jefe, se les enseña a comportarse, se les enseña a asumir responsabilidades pero sobre todo que muestren sólida convicción y voluntad de ser conscientes y consecuentes de su situación y QUERER CAMBIAR de ello depende el progreso y de que en adelante supere y cumpla moral y legalmente las condiciones judiciales impuestas. Como se puede evidenciar el DPLA, no se desempeña un rol detectivesco, pues es uno de los más protagónicos que las demás instancias judiciales y administrativas de aplicación penitenciaria.

Para éste ente de auxilio judicial penitenciario, los casos que son más factibles reinsertar son aquellos asistidos que no vienen de una prisión, los que cumplen medidas de seguridad, o alternativas a la prisión tales como arresto de fin de semana, arresto domiciliario, etc.

Los casos más complejos en su tratamiento son de aquellos asistidos que vienen de prisión, traen secuelas, psicosis, aberraciones, vicios, etc. que desde luego se les da un seguimiento y tratamiento especial de acuerdo al caso.

Al final de la entrevista el funcionario mencionó algunas limitantes con las que operan de ellos se señalan las siguientes:

• Exiguo presupuesto
• Se deben crear más departamentos de prueba y libertad asistida, en todo el país, principalmente en la zona central (según manifestó el funcionario sólo en esta zona deberían existir en éste momento por lo menos cuatro Departamentos de Prueba y Libertad Asistida.

Porque sólo ellos, no le pueden dar cobertura a tantos internos, para ser más concretos “SE TRABAJA CON TREINTA Y TRES MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE PRUEBA Y LIBERTAD ASISTIDA PARA DOS MIL OCHOCIENTOS ASISTIDOS DEL DPLA, PARA PERSONAS QUE NO ESTÁN EN LA CÁRCEL, SI LO VEMOS POR EL LADO ECONÓMICO ESTO FAVORECE AL ESTADO, PORQUE ES UN GASTO MENOS, DE LO QUE SERÍA TENER ESA GENTE EN LA CÁRCEL Y ANALIZÁNDOLO POR EL LADO HUMANO, ESTAS PERSONAS NO SE VAN A VER AFECTADAS POR EL PROCESO CARCELARIO.”

Esto se menciona porque siendo un ente controlador de toda la zona central y además reiterando que también es un controlador del periodo de prueba de aquellas personas que no han ido a la cárcel y han cometido un hecho delictivo pero, no se va ejecutar en la cárcel, van a cumplir una serie de condiciones en libertad, significa que estará reglamentada, limitada en ciertos aspectos como no ingerir bebidas alcohólicas, consumo de drogas, no visitas a prostíbulos entre otros. Asimismo, agregó que el DPLA se proyecta y tiene como propósito, agregar a su componente humano y profesional, a un educador, en el marco de reinsertar socialmente a “nuestros” asistidos; como primicia y para evitar la reincidencia en conclusión el Departamento de Prueba y Libertad Asistida, trabaja con cinco tipos de asistidos: 1) con liberados condicionados, 2) con los que están en periodos de prueba, 3) suspensión condicional de la pena, 4) suspensión del proceso penal y, 5) con los que están con penas alternativas a la prisión.

Siguiendo el orden de las limitaciones a las que hacíamos referencia tenemos la no aprobación del Anteproyecto de Reglamento de la Ley Penitenciaria que dificulta el desarrollo del sistema.

Se enfrentan serias dificultades para darle seguimiento a las medidas de seguridad y alternativas a la prisión, por no encontrar locales, como iglesias y casas comunales para que los internos cumplan los arrestos de fin de semana y arresto domiciliario.

Al DPLA, también le hace falta una capacitación sistematizada para su personal, en cuanto a recursos materiales especialmente se necesitan vehículos, computadoras, etc. Asimismo cada día se hace más apremiante la apertura de otras regiones como Sonsonate, La Paz y estando la clave en la voluntad y espíritu de sacrificio para realizarlos.

Aunque no obstante, ser este ente un aparataje muy pequeño, pero ha permitido que con los asistidos que se han tratado no estén en la cárcel.

Por otra parte se hace necesario mencionar que como instancia también surgen incidentes y acá, con los fiscales principalmente que tratan desvirtuar ante el Juez de Vigilancia la no transparencia de los informes el incumplimiento del asistido de las condiciones y en lo que de darse estos supuestos alegados por la representación fiscal el Juez revocará las condiciones, seguido de la remisión del asistido a terminar de cumplir la pena en prisión, además se hacen críticas destructivas poco edificantes en cuanto a la labor que en esa instancia se realiza, así por ejemplo la FGR cuestiona los informes que relativo al seguimiento que ha observado el asistido esta instancia realiza. Lo anterior se sustancia en sede de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena.

3.1.6.- Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

Al momento de incorporar este apartado se nos vino en mente que esta instancia sería realmente protagónica y operante en relación a la presencia de sus representantes en todos aquellos procedimientos de libertad condicional (ordinarias y anticipadas), para ante los Consejos Criminológicos Regionales y para ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria como órganos unipersonales competentes para la concesión o denegación del relacionado beneficio. La falta de protagonismo responde a que existe un vacío legal, en cuanto a tener como atribución jurídica, la observancia de beneficios penitenciarios a los internos de orientárseles en cuanto a los derechos que la Ley Penitenciaria les ofrece a su calidad en el art. 9 L.p., que se puede resumir así: Derecho a que se le trate dignamente como persona, a tener relación familiar, asistencia letrada y sobre todo que cualesquiera de las decisiones que tome una autoridad judicial y penitenciaria referente a su persona y beneficios que se le apliquen deben basarse en ciertos criterios técnico-científicos; la citada disposición ejemplifica que ninguna de las autoridades aludidas deben cometer arbitrariedades con su situación jurídico-­penitenciaria, y ninguna de éstas autoridades deberá apartarse de los derechos conferidos por las leyes penitenciarias y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas Sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra del veintitrés de agosto al dos de septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco, que adoptan como normas de que, al interno se le trata humanamente (alimentación, salud, derecho a información, de queja, a la que se le aplique adecuadamente el sistema penitenciario progresivo y a recibir ayuda post-carcelaria entre otras cosas).

Su inoperancia específicamente en observar y asesorar los derechos humanos de internos que están aplicando a beneficios penitenciarios, es porque, no obstante existir en la Ley Orgánica del Ministerio Público el Art. 2 que dispone sus atribuciones, la que a nuestro criterio desglosamos en todos sus numerales únicamente para efectos de ilustración a sabiendas que esta disposición no contiene ningún literal que obligue a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a intervenir en la observación de los aspectos a los que hacemos referencia y el artículo al que nos referimos en su parte final estatuye el objeto de la institución la cual es “velar por la protección, promoción y educación de los Derechos Humanos y por la vigencia irrestricta de los mismos y para tal fin el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos tendrá las siguientes atribuciones:

1.- Velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos, esta es la función genérica, bajo este rubro figuran otras tales como:

2. Investigar de oficio o por denuncia que hubiere recibido casos de violaciones a los derechos humanos.

3. Asistir a las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos;

4. Promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los derechos humanos.

5. Vigilar la situación de las personas privadas de libertad y cuidar que sean respetados los límites legales de la detención administrativa.

6. Practicar inspecciones donde lo estime necesario en orden a asegurar el respeto a los derechos humanos.

7. Elaborar y publicar informes.

Como veremos, no aparece en ninguna de sus atribuciones la intervención en la protección de los derechos humanos, al asesoramiento legal de los demás derechos y beneficios que les confiere la Ley Penitenciaria fundamentalmente los referidos a los beneficios penitenciarios a la población reclusa que este aplicando, particularmente a libertades condicionales ordinarias (simples) y anticipadas.

Semejante inoperancia o no intervención como pudiese llamarse no obstante, no constituye tal, ni es tampoco una arbitrariedad de las autoridades de éste organismo rector de los Derechos Humanos sino que simplemente podría decirse de que éstas, están actuando apegadas a la ley, y por un vacío legal (aspecto que debe ser considerado en una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, para que en el Art. 2 se agregue otro literal que venga a subsanar lo que hoy señalamos.

Otro aspecto a considerar es que su labor se efectúa bajo la perspectiva de que en el Art. 193 de la Constitución de la República establece atribuciones al Fiscal de Vigilancia Penitenciaria, teniendo éste conocimiento de una violación de los derechos fundamentales de los internos, puede ordenar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que investigue dicha violación y presente un informe de lo investigado; procediendo a ejercer las acciones legales pertinentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 45 de la Ley Penitenciaria.

3.2.- Libertad Condicional Ordinaria

3.2.1.- Libertad Condicional con la Normativa Penal Anterior

En la legislación penal derogada, la libertad condicional ordinaria o simple como se le conoce era atribución del juez de lo penal (hoy de instrucción).

A este punto el Art. 94 C. Pn. (derogado) establecía: “El Juez ordenará la libertad condicional del delincuente primario condenado a más de tres años de prisión, que hubiere cumplido las dos terceras partes de la pena siempre que reúna los requisitos siguientes:

1) Que hubiere observado buena conducta demostrada por hechos positivos durante la ejecución de la pena y esté capacitado para desempeñarse en una ocupación u oficio;

2) Que haya satisfecho totalmente los daños y perjuicios a que hubiere sido condenado en la sentencia, cuando tuviere bienes suficientes para hacerlo; o parcialmente, habida consideración, su capacidad económica.

Cuando se tratare de concurso real de delito, además de los requisitos establecidos, procederá la libertad condicional si el imputado hubiere cumplido las tres cuartas partes de la totalidad de las penas impuestas. No obstante, lo dispuesto en el inciso último del Art. 94 C.Pn., derogado no gozarán de este beneficio:

Los delitos de hurto simple, hurto calificado, robo, delitos contra la paz pública, secuestro, homicidio agravado, en los casos establecidos en el No. 8 del Art. 153 y los delitos contra la existencia y organización del Estado.

Si ponemos bajo la lupa esta disposición podremos denotar que excluye de aplicar la libertad condicional al condenado por delitos contra el patrimonio, ampliándose adicionalmente en forma estrecha al homicidio agravado, delitos contra la paz pública y la organización y existencia del Estado y secuestro.

Si somos acuciosos podemos observar que la antedicha disposición contravenía la Constitución en tanto que se da una ruptura con el principio de igualdad que a todos debe dársele el mismo tratamiento. Por cuanto al condenado se debe de aplicar estos beneficios siempre y cuando sean ilícitos de más de tres años de prisión.

Saludable ha sido entonces superar lo que en este artículo se establece en cuanto a que sostiene debe el interno para gozar de la libertad condicional ser reo primario. Lo que la nueva Ley Penal y Penitenciaria ya no exige que sea primario aunque excluye al reo reincidente de aplicara tal beneficio. De ahí, pues que el procedimiento de la libertad condicional presentaba menos celeridad y menos beneficio para el interno como su principal destinatario.

3.2.2.- Libertad Condicional Ordinaria con la Normativa Penal Vigente

La libertad condicional es una institución del Derecho penitenciario que ha tenido opiniones encontradas en cuanto a su naturaleza misma, por un lado algunos señalan que se debe de ver como un premio, como un beneficio pero nosotros somos del criterio que la libertad condicional en ambas modalidades siempre tiene que entenderse como un derecho conferido al interno por su enmienda presunta dentro del Centro Penal a su vez que también consideramos y siendo muy objetivos con el fundamento que sustenta la libertad condicional y es que, esta institución reviste un carácter desafixiante para el sistema penitenciario progresivo que se está implementando en El Salvador en la normativa penal y penitenciaria vigente las disposiciones que retoman la libertad condicional ordinaria y anticipada son los Arts. 85, 86 C.Pn. y 31 No. 4 L.p., respectivamente; así, para el caso tratado el Art. 85 prescribe en cuanto a la libertad condicional lo siguiente: “El juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena podrá otorgar la libertad condicional en los delitos cuyo límite máximo de prisión excede de tres años, siempre que el condenado reúna los requisitos siguientes:

1) Que se hayan cumplido las dos terceras partes de la condena impuesta;

2) Que merezca dicho beneficio por haber observado buena conducta, previo informe del Consejo Criminológico Regional; y

3) Que haya satisfecho las obligaciones civiles provenientes del hecho y determinadas por resoluciones judicial garantice satisfactoriamente su cumplimiento o demuestre su imposibilidad de pagar cuando se tratare de concurso real de delitos, además de los requisitos establecidos, procederá la libertad condicional si el condenado hubiere cumplido las dos terceras partes de la totalidad de las penas impuestas.

Como es de imaginar la libertad condicional ordinaria o simple no obstante desempeñan una labor muy fundamental para el desarrollo del sistema también tiene algunas desviación o aberraciones jurídicas como cuando se concede, queda latente la revocatoria de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena. El Art. 89 C.Pn., nos habla de la revocatoria por un nuevo delito así: “si durante el periodo de prueba el reo cometiere un nuevo delito doloso y se decretare su detención provisional por éste, será revocada la libertad condicional, sin perjuicio de que si resultare sobreseimiento definitivo, el favorecido podrá seguir gozando del beneficio expresado.”

La disposición antes aludida es cuestionable en el sentido de que si el imputado comete un hecho punible en forma dolosa y se le decretare el auto de detención provisional, se revocará la libertad condicional concedida.

Lo anterior constituye una aberración legal, en el sentido de que es imposible que en un auto de detención provisional, se pueda determinar si hubo dolo en la comisión de un ilícito que se le imputa. El proceso lo compone una serie de etapas en donde se puede comprobar los extremos procesales para poder establecer si realmente hubo dolo o no, en su defecto algunas atenuantes en una sentencia condenatoria, en tal sentido no se puede aseverar que exista otra disposición que subsane lo ya relacionado, más aún es el hecho de que la revocatoria se mantiene si su sobreseimiento es provisional.
PROCEDIMIENTO QUE OBSERVA LA LIBERTAD CONDICIONAL

ORDINARIA CON LA NORMATIVA PENAL VIGENTE


Aclaración necesaria: no se presenta por separado el proceso que corresponda a la concesión o denegación de la libertad condicional anticipada porque esta sigue el mismo procedimiento judicial penitenciario, y sólo difiere el ente promotor de este beneficio y que la ley penitenciaria concede exclusivamente al consejo criminológico regional, de conformidad a lo preceptuado en el Art. 31 No. 4, de ese mismo cuerpo legal.

3.3.- La Libertad Condicional Anticipada

3.3.1.- Normativa Penal Vigente

Esta institución constituye al momento una novedad en el sistema progresivo que se está implementando, dado a que la legislación penal y penitenciaria no contaba con este beneficio, es así como la libertad condicional anticipada aparece en el Art. 86 C.Pn., estatuyendo que: “A propuesta del Consejo Criminológico Regional podrá el Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, conceder la libertad condicional a los condenados a penas de prisión que hayan cumplido la mitad de la condena y que satisfagan las demás exigencias del artículo anterior, siempre que merezcan dicho beneficio por haber desarrollado en actividades laborales, culturales, ocupacionales o de otra índole susceptibles de igual valoración y que exista respecto de los mismos un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social” obligaciones inherentes a la libertad condicional.

Esta institución es una muestra clara de cómo el derecho tiene avances notorios, consecuentemente se va ajustando a las nuevas realidades y las leyes secundarias deben desarrollar los preceptos constitucionales, para tales efectos el Art. 27 Inc. tercero de la Constitución de la República demanda una readaptación del reo en la sociedad incorporándolo en forma productiva y no debe perderse de vista el principio de igualdad para no atentar en contra de la misma, naturalmente para que se cumpla este precepto legal el interno en los Centros penales deberán capacitarse en el aprendizaje de una labor u oficio lo que redundaría en un total beneficio para la sociedad en general.

La libertad condicional anticipada aparte de ser una institución penitenciaria novedosa difiere en cuanto a la promoción siendo así, el defensor público, particular mismo inicia sustanciando el beneficio administrativamente ante Consejo Multidisciplinario del centro penal respectivo, el cual emite informe psico­social al Consejo Criminológico Regional, en nuestro caso el Consejo Criminológico Regional Central quien en base a criterios de orden técnico considera a bien proponer al Juez de Vigilancia Penitenciaria para que sea éste quien conceda o deniegue la libertad condicional anticipada, lo anterior con base a lo dispuesto en el Art. 31 numeral cuarto de la Ley Penitenciaria.

Como podemos notar la institución aludida responde a aspectos que se dan en las esferas penales y penitenciarias incorporada principalmente era humanizar al sistema, contribuir a descongestionar evitando hacinamientos, motines y darle carácter viable y promisorio al espíritu con el que son creados los distintos recintos carcelarios de El Salvador.

Personas que pueden promover la libertad condicional ordinaria.

1.- De oficio el juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena. Art. 51 LP.
2.- A solicitud del interno y sus parientes.
3.- El defensor público y particular.

Las personas que pueden solicitar la libertad condicional anticipada.

a.- El Consejo Criminológico Regional Central por medio del director (exclusivamente)
b.- El interno
c.- Defensores (es de aclarar que éstos solamente gestionan para ante el Consejo pero es éste ultimo el encargado exclusivamente de su promoción al juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena (Art. 31 No. 4 L.P.)
d.- El Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena respectivo, oficiosamente.
CAPÍTULO IV

LOS CONSEJOS CRIMINOLÓGICOS Y LA LIBERTAD CONDICIONAL EN EL
DERECHO COMPARADO

Este apartado, que el Reglamento de Graduación lo deja a opción de los estudiantes, tomamos a bien considerarlos, puesto que estamos convencidos que es de suma importancia en tanto que nos permite incursionar en realidades a través del estudio de leyes que regulan la convivencia social en otros países de América Latina y algunos de Europa. Es importante destacar que existen instituciones (ya sea como creación o como dependencia jurídica) que surge en determinadas épocas y en determinadas sociedades, esta afirmación parece obvia, pero queremos partir de ello para poder recorrer la ruta planteada.

4.1.- Alemania

Probablemente parezca excusa para algunos, increíble para otros y hasta falta de interés para aquellos que no tiene idea de la magnitud del esfuerzo realizado. Desde que en la fase de planificación de este trabajo se planteó la posibilidad de investigar, de una u otra forma este tema, y que decidimos partir desde Alemania, siempre hubo disposición en el grupo, sin embargo casi todo esfuerzo iba cayendo en el abismo prácticamente; puesto que no obstante existir en esta época una cibersociedad, lo cual implica acelerados cambios en tecnología que facilita información a través de una serie de direcciones como por ejemplo http://www.iuris.com/, http://www.ipl.sils.umich.edu/, etc., así como también después de haber solicitado a la misma Embajada de Alemania, información sobre el tema como por ejemplo la Ley Penitenciaria de ese país no fue posible, obtenerla. Y es que la referida ley como el Código Penal de ese país, a decir de un representante de esa Embajada solo son consultadas una o dos veces por año, lo cual implica para ellos una inversión sub-utilizada. Aun y con todo, logramos obtener el Proyecto Alternativo Alemán de 1966 en el cual artículo 48 regula la libertad condicional y dice textualmente: “Suspensión del resto de la pena”.

1.- El tribunal de ejecución tiene que suspender condicionalmente la ejecución del resto de una pena temporal privativa de libertad cuando el resto de una pena temporal privativa de libertad cuando el condenado haya cumplido dos tercios de la pena, con un mínimo, sin embargo de seis meses.

2.- El tribunal de ejecución puede suspender condicionalmente la ejecución del resto de una pena privativa de libertad, cuando: 1) el condenado a una pena temporal privativa de libertad haya cumplido la mitad de la pena, ó 2) el condenado a pena perpetua privativa de libertad haya cumplido quince años de la pena y puede hacerse responsable de probar que el condenado se conducirá libre de pena.

3.- Si el tribunal de ejecución prescinde de una libertad otorgada según el inciso 2, ordenará que el condenado, a modo de prueba se pasado a un establecimiento semiabierto.

4.- Si se hubiera imputado a la pena privativa de libertad detención preventiva o alguna otra pena privativa de libertad, ellas regirán como penas cumplidas.

5.- El periodo de vigilancia se establecerá sin consideración a la duración del resto de la pena según el artículo 40 inciso 4. Este artículo (40 Inc. 4 P.A.A.) establece que el tribunal determinará un tiempo de vigilancia de por lo menos dos años y con un máximo de cinco años.

6.- Una petición rechazada de remisión condicional de resto de la pena puede repetirse solo después de seis meses

4.2.- España

En la Ley Penitenciaria de España (Ley Orgánica 1/1979, 26 de septiembre, General Penitenciaria) se “crea una Central Penitenciaria de observación donde actúa un equipo técnico de especialistas para el debido asesoramiento en materia de observación, clasificación y tratamiento de los internos, Central que tiene los fines siguiente: a) completar la labor de los Equipos de Observación y de tratamiento en sus tareas específicas, b) resolver las dudas y consultas de carácter técnico que se formulen por el centro respectivo, c) realizar una labor de investigación criminológica y d) participar en las tareas docentes de la escuela de estudios penitenciarios” (Art. 70 L. p. E.)

Esta Central, a criterio nuestro, es prácticamente el equivalente de los Consejos Criminológicos Regionales en El Salvador.

En España, en cada centro penitenciario, al igual que en El Salvador, existe un equipo técnico, el cual realiza un trabajo sumamente importante para el sistema penitenciaria, empero, la diferencia entre uno y otro radica básicamente que en España estos equipos tiene la potestad de clasificar a los internos, mientras que en El Salvador esa potestad está para los Consejos Criminológicos regionales y por lo tanto no pueden los equipos técnicos salvadoreños realizar esa función aun y cuando son estos quienes investigan a los internos, tiene contacto directo con los mismos e informan a los Consejos Criminológicos Regionales.

Por dicha central pasan solamente los internos cuya clasificación resulte difícil o dudosa para los equipos de los establecimientos.

En España “las penas privativas de libertad se ejecutan según el sistema de individualización científica, separado en grados, el último de los cuales será el de la libertad condicional, conforme determina el Código Penal” Art. 72 L.p.E. Importante es destacar que “cada seis meses como máximo, los internos deberán ser estudiados individualmente para reconsiderar su anterior clasificación (Art. 4 L.p.E.). Por nuestra parte nos parece preferible el sistema español, en cuanto que es el equipo que en cada centros penitenciario existe el que puede clasificar a los internos lo cual es lógico puesto que son ellos quienes tiene un verdadero contacto con los internos.”

La normativa penal española, por su parte, específicamente el Código Penal, (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre), en el Capítulo III denominado “De las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad”, en la sección tercera “De la libertad condicional”, artículo 90, “se establece la libertad condicional en las penas privativas del libertad para aquellos sentenciados en quienes concurran las circunstancias siguientes:”

1º Que se encuentren en el tercer grado de tratamiento penitenciario.
2º Que hayan extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta.
3º Que hayan observado buena conducta, y exista respecto de los mismos un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, emitido por los expertos que el juez de vigilancia estime convenientes.

El juez de vigilancia, al decretar la libertad condicional de los penados, podrá imponerles la observancia de una o varias de las reglas de conducta prevista en el artículo 105 del presente Código.

En efecto, el referido artículo establece las medidas que a continuación se detallan:

a.- Sumisión a tratamiento externo en centros médicos o establecimientos de carácter socio-sanitario.
b.- Obligación de residir en un lugar determinado.
c.- Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe. En este caso el sujeto quedará obligado a declarar el domicilio que elija y los cambios que se produzcan.
d.- Prohibición de acudir a determinados lugares o visitar establecimientos de bebidas alcohólicas.
e.- Custodia Familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado.
f.- Sometimiento a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, de educación sexual y otros similares. Estas medidas están incluidas en la clasificación cuya duración no debe ser superior a los cinco años, y las siguientes pueden lograr a durar un lapso de diez años.
g.- La privación de licencias o del permiso de armas.
h.- La privación del derecho a la conducción de vehículos a motor y ciclomotores.

Es importante señalar que el Código Penal de España se propone simplificar de una parte, la regulación de las penas privativas de libertad, y de otra introduce cambios en las penas pecuniarias, puesto que adopta, al igual la legislación penal salvadoreña, el sistema de días-multa y añade los trabajos en beneficio a la comunidad.

4.3.- Argentina

En Argentina, el Código Penal establece en el artículo trece que “el condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido veinte años de condena, el condenado a reclusión temporal o a prisión por más de tres años que hubiere cumplido los dos tercios de su condena y el condenado a reclusión o prisión, por tres años o menos, que por lo menos hubiese cumplido un año de reclusión y ocho meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener la libertad por resolución judicial previo informe de la dirección del establecimientos bajo las siguientes condiciones:

3.- Residir en el lugar que determine el auto de soltura;
4.- Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de bebidas alcohólicos;
5.- Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia;
6.- No cometer nuevos delitos;
7.- Someterse al cuidado de un patrono, indicado por la autoridad competentes.

Estas condiciones regirán hasta el vencimiento de los términos de las penas temporales y en las perpetuas hasta cinco años más, a contar desde el día de la libertad condicional.

Asimismo en el Código Penal de Argentina en su artículo 14, se establece que “la libertad condicional no se concederá a los reincidentes”, como también a tenor del artículo 15 del mismo cuerpo normativo “la libertad condicional será revocada cuando el penado cometiere un nuevo delito o violare la obligación de residencia.

En estos casos no se computará, en el término de la pena, el tiempo que haya durado la libertad.

El artículo 16 C.Pn.Ar. por su parte, precisa que “transcurrido el término de la condena, o el plazo de cinco años señalado en el artículo 13 sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedara extinguida”.

“Ningún penado cuya libertad condicionada haya sido revocada, podrá obtenerla nuevamente” (Art. 17 C.Pn.Ar.).

Queremos hacer constar que de Argentina no fue posible obtener el equivalente a los Consejos Criminológicos por la razón que hemos señalado, es decir, por falta de información.

4.4.- Costa Rica

En el Código Penal de Costa Rica se establece a partir del artículo 64 lo referente a la libertad condicional al precisa que “todo condenado a pena de prisión podrá solicitar el juez competente, y este facultativamente conceder, la libertad condicional cuando haya cumplido la mitad de la pena impuesta en sentencia ejecutoriada; en este caso el juez pedirá al Instituto de Criminología, para su mejor información y resolución, el diagnóstico y pronóstico criminológicos del penado y un informe en que conste si el solicitante ha cumplido o no el tratamiento básico prescrito”.

El Instituto de Criminología podrá también solicitar en cualquier momento la libertad condicional, si el juez hubiere denegado el beneficio cuando el reo lo solicitó, y al efecto acompañará los documentos a que este artículo se refiere”.

Por su parte en el artículo 65 establece que a libertad condicional podrá concederse cuando se cumpla los siguientes requisitos:

1.- que el solicitante no haya sido condenado anteriormente por delito común sancionado con pena mayor de seis meses; y
2.- Que el Instituto de Criminología informe sobre la buena conducta, servicios prestados, ocupación y oficios adquiridos por el condenado que le permitan una vida regular de trabajo lícito; y acompañe un estudio de su personalidad, de su medio social, así como un dictamen favorable sobre la conveniencia de la medida. Según el artículo 66 “el juez, al conceder la libertad condicional, podrá imponer al condenado las condiciones que determine, de acuerdo con el informe que al respecto vierta el Instituto de Criminología; ellas podrán ser variadas en cualquier momento si dicho Instituto lo solicita”.

La libertad condicional, dice el artículo 64, “será revocada o modificada en su caso:

1.- Si el liberado no cumple con las condiciones fijadas por el juez; y
2.- Si el liberado comete, en el periodo de prueba, que no podrá exceder del que le falta para cumplir la pena, un nuevo hecho punible sancionado con prisión mayor de seis meses”.

“Cuando (…) la libertad condicional haya sido revocada, el beneficiado deberá descontar la parte de la pena que dejo de cumplir. Transcurrido (...) el tanto por descontar en el caso de la libertad condicional sin que haya sido revocada, la penal quedará extinguida en su totalidad” (Art. 68 C.Pn.C.R.).

Es importante recordar que de Costa Rica, al igual que de Alemania y de Argentina, no pudimos obtener toda la información que necesitábamos para el mejor desarrollo de este trabajo, así por ejemplo, aun con el esfuerzo ya señalado, no pudimos obtener la legislación penitenciaria de los referidos países. No obstante en Costa Rica, al igual que en El Salvador, se incluyen a partir del Código Penal las dos principales variables de nuestro estudio, como lo son los Consejos Criminológicos Regionales cuyo referente es en Costa Rica el Instituto de Criminología, y el beneficio de la libertad condicional, al cual, en ambos países no presentan mayores diferencias, puesto que tanto en Costa Rica como en El Salvador puede el reo solicitarla, así como también en caso de que el Juez respectivo lo deniegue puede el Instituto de Criminología y el Consejo Criminológico Regional Solicitarla respectivamente.

4.4.- Guatemala

En este país vecino, el sistema penitenciario se regula principalmente por la “Ley de Redención de Penas” (del 18 de octubre de 1969). En la cual se establece que son órganos para la aplicación de la misma: a) El Presidente del Organismo Judicial; b) La Junta Central de Prisiones; y c) Las Juntas Regionales de Prisiones (Art. 6 L.R.O.). De entre las funciones que la ley de concede al Presidente del Organismo Judicial de Guatemala, se encuentra la de “librar órdenes de libertad de los penados que sean beneficiados con esta ley” (Art. 7 lit. “d” L.R.P.).

Tanto la Junta Central de Prisiones como las Juntas Regionales de Prisiones son organismos multidisciplinarios integrados por profesionales en distintas área del conocimiento. La primera, es decir, la Junta Central de Prisiones consideramos que es el equivalente al Consejo Criminológico Nacional, el cual tiene de entre sus atribuciones organizar las Juntas Regionales de Prisiones; calificar la conducta de los penados y su peligrosidad social; determinar las actitudes, capacidad y condiciones personales de los reclusos condenados, previo a señalar la clase de trabajo a que deban destinarse, entre otras.

De igual manera consideramos que las Juntas Regionales de Prisiones son el equivalente de los Consejos Criminológicos Regionales, afirmación que deducimos al tener a la vista las atribuciones que les confiere la Ley de Redención de Penas de entre las cuales está la de “tramitar los expedientes de rendición de penas; asignar el trabajo a cada recluso condenado, previa determinación de las aptitudes, capacidad y condiciones personales del mismo; determinar la peligrosidad social de los reclusos condenados cuyo expedientes tramita; enviar los expediente terminados a la Junta Centra de Prisiones para los efectos de promover la aplicación de esta ley” (Art. 13 L.R.P.).

Con todo lo anterior existen diferencias puntuales así por ejemplo funcionan “Juntas Regionales de Prisiones donde existen Centros de Cumplimiento de Condena, con excepción del departamento de Guatemala, en donde será la Junta Central la que absorba todas las atribuciones”, regulación que nos parece atinada en tanto que se supone existe efectividad y no hay duplicidad de esfuerzo.

Por otro lado, en esta ley en estudio no se hace una clara referencia al sistema progresivo, por lo tanto existe una diferencia abismal en comparación con la ley penitenciaria de El Salvador en la cual existe un gran avance en este aspecto.

Por otro lado, el Código Penal de Guatemala regula lo referente a la otra variable de nuestra investigación como lo es la libertad condicional, es así que a partir del artículo 78 se establece que “la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de acordar la libertad condicional, previa información que al efecto sus veces”. De igual forma se establece que las condiciones se deberán acordar en la resolución que la concede. Y es que podrá concederse la libertad condicional al reo que haya cumplido más de la mitad de la pena de prisión que exceda de tres años y no pase de doce; o que haya cumplido las tres cuartas partes de la pena que exceda de doce años y concurran, además las circunstancias siguientes:

1.- Que el reo no haya sido ejecutoriadamente condenado con anterioridad por otro delito doloso.
2.- Haber observado buena conducta durante su reclusión, justificada con hechos positivos que demuestren que ha adquirido hábitos de trabajo, orden y moralidad.
3.- Que haya restituido la cosa y reparado el delito contra el patrimonio y, en los demás delitos, que haya satisfecho, en lo posible, la responsabilidad civil a criterio de la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo en el artículo 81 se determina la duración y revocación del régimen de libertad condicional y precisamente “el régimen a que estará sujeto quien obtenga su libertad condicional, durará todo el tiempo que le falte para cumplir la pena impuesta.

Si durante ese periodo incurriere en nuevo delito o violare las medidas de seguridad impuestas, se revocará la libertad condicional y se hará efectiva la parte de la pena que haya dejado de cumplir, sin computar en la misma, el tiempo que haya permanecido en libertad”.

Por su parte el artículo 82 precisa que la pena se extinguirá “transcurrido el periodo de libertad bajo régimen condicional, sin que el beneficio haya dado motivo a la revocación, se tendrá por extinguida la pena”. En cuanto al ente competente para la conceder la libertad condicional existe, como queda demostrado, una gran diferencia entre El Salvador y Guatemala y nos parece que se encuentra mejor Regulado en El Salvador, puesto que es una función ,descentralizada al concedérsela la ley a un Juez, es decir, que no está concentrada en el Presidente del Órgano Judicial.
CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.- Conclusiones

Una vez efectuada la investigación sobre la “Incidencia del Consejo Criminológico Regional Central en el otorgamiento de la libertad condicional”, podemos afirmar categóricamente que en base a la misma, nos cercioramos que tal Consejo tiene un real protagonismo, no obstante carecer de algunos recursos humanos y de capacitaciones a los mismos, así como también carecer de recursos materiales como infraestructura más adecuada, mayor asignación presupuestaria, a efecto de hacer aun más efectiva su importante labor previa a la concesión, por parte del Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, de la libertad condicional en su dos modalidades: ordinaria o simple y anticipada.

El Consejo Criminológico Regional Central pretende, al igual que los demás Consejos Criminológicos, darle estricto cumplimiento a las funciones que le concede la ley penitenciaria, principalmente en el artículo 31 L.p. y además potenciar el contacto directo con el interno, mejorar significativamente su labor en cuanto a que no se vea limitada a elaborar, en base al expediente remitido, el estado psicológico y social del interno o asistido ejecutado por los equipos técnico de cada centro penitenciario, principalmente del centro penal “La Esperanza”, sino que la idea de las autoridades del Consejo Criminológico Regional Central, es auxiliarse de profesionales especialistas que determine y diagnostiquen con suficientes criterios técnicos científicos la situación médica, psicológica, Educacional, y de Resocialización del beneficio. Esta situación sería previo a la elaboración de los informes psicosociales y de formarle el expediente único al asistido, todo ello, conducente para efectos de que los informes vayan suficiente y científicamente documentados y ello coadyuvaría a darle una absoluta y plena convicción, al Juez en cuanto al estado conductual del beneficio, las probabilidades de resocialización o en el otro caso la ineptitud de aplicar al beneficio por no observar los méritos legales y conductuales al momento de la concesión o denegación de las libertades condicionales por parte de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena.

Los Consejos Criminológicos Regionales, particularmente el Central, han gestionado mayor presupuesto específico a la Dirección General de Centros Penales, esa moción no ha prosperado, pero hay visos de que la situación mejorará, porque hablamos esto, de conformidad a una publicación de un rotativo nacional aparece que el señor Director de la Dirección General de Centros Penales, está exigiendo para “echar” andar el sistema doscientos diez millones de colones, esto en el marco de las facultades que le confiere el Art. 21 No. 3 de la Ley Penitenciaria y como el ente responsable de elaborar las políticas presupuestarias, de aprobarse ese presupuesto se estaría asignándole mayor recurso económico al Consejo Criminológico Regional, principalmente, y en consecuencia prosperará la noción de capacitaciones sistematizadas que al momento no existen para todo el personal que labora en la administración Penitenciaria en general.

Que al momento de nuestra investigación el consejo Criminológico Regional Central, no posea un reglamento interno, ni manual de funciones en su defecto, sin embargo si contaban con un anteproyecto de reglamento interno y que por razones de encontrarse aún en deliberación y creación no se nos facilitó una reproducción fotostática del aludido documento.

Que carecen por el momento en su incipiente estructura de Administración Penitenciaría, con el suficiente personal que venga a desafixiar su exceso de trabajo, en el mismo orden de ideas, carecen de secretaría con conocimientos técnico-jurídicos considerándose que debiese por imperativo legal ser así. En ese sentido este factor constituye una limitante en su labor profesional.

Que no obstante, ser los Consejos Criminológicos Regionales (particularmente el Central); organismos nuevos de Administración Penitenciaria están desarrollando una labor de acuerdo a sus limitantes muy aceptable y considerando esa situación si está teniendo protagonismo y concreta incidencia en la concesión o denegación de libertades condicionales ordinarias y anticipadas fundamentalmente. De ahí que le apostamos a su labor y somos de la opinión sin temor a equivocarnos que mejorarán sustancialmente a medida de que se les reconozca con mayor prioridad su labor, y se irán consolidando en el desarrollo del sistema Penitenciario vigente, en tal sentido le vemos un futuro promisorio y muy alentador, sólo es cuestión de que las autoridades competentes muestren mayor voluntad política, jurídica y administrativa a fin de organizarse en todos los aspectos, logren mayor coordinación institucional y mejoren cada día más el contacto con los internos y se identifiquen en la elaboración de los informes psico-sociales fundamentales e indispensables en la implementación del sistema, siendo el interno el principal destinatario favorecido.

* En atención al Departamento de Prueba y Libertad Asistida (DPLA)

- Que al momento, si está actuando con estricto cumplimiento a su jurisdicción tal como lo exige el Art. 39 inciso primero de la Ley Penitenciaria, siendo actualmente una dependencia de la Corte Suprema de Justicia, especializándose como lo preceptúa el Art. 33 número tres de la normativa antes indicada, en un organismo de aplicación penitenciaria.

- Que de esta instancia pudimos diferenciar un mayor protagonismo en cuanto a sus funciones legalmente encomendadas.

- Que dentro de sus limitantes, tratan dentro de las posibilidades darle cobertura a la cantidad de expedientes de internos que se encuentran en el período de prueba de cumplimiento de condiciones judiciales previo a la concepción de libertad definitiva.

- Que este organismo labora con cinco tipos de asistidos así: a) con liberados que han sido condenados, b) con los que están en periodo de prueba, c) suspensión condicional de la ejecución de la pena, d) suspensión del proceso penal, e) con los que están con penas alternativas a la prisión. Y a todos les da un seguimiento integral, individualizado y de conscientización fundamentalmente es decir, que se le hace ver que el interno como ser humano que es, lo indispensable de su voluntad personal de cambio, de superar el problema, se les enseña a diferencias entre Libertad y Libertinaje es decir, conscientizarlos en que no obstante encontrarse en Libertad no deben de abusar de ese derecho y de actuar a libre albedrío, sino que tienen que ser respetuosos de la Ley y cumplir fielmente las condiciones legales impuestas por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena; y esto lo logra el Departamento de Prueba y Libertad Asistida por medio de un tratamiento Psicológico a fin de hacer eficaz el seguimiento profesional, integral e individualizado al asistido, para efectos de que éste cumpla estrictamente las condiciones Jurídicas impuestas en el periodo de prueba.

- Si, nos consta de que está funcionando de manera más organizada en sus diferentes áreas (situación que la haremos ver con anexos respectivos); y que están laborando en el marco de la legalidad, con casos remitidos por los Juzgados Primero y Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la pena, es decir, con aquellos internos que se les ha otorgado libertades condicionales ordinarias y anticipadas, y con internos que cumplen condiciones previo a la aplicación de alternativas a la prisión y de medidas de seguridad.

* En cuanto a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena.

- Es necesario decir, que si bien es cierto la creación de una nueva normativa, le dio mayor celeridad al otorgamiento de beneficios penitenciarios, fundamentalmente los referidos a la Libertad Condicional, esto según sus versiones, situación que no nos constó porque carecen éstos Juzgados de datos estadísticos a efectos de que nos diera plena fe, propiedad y documentásemos esa posición.

- Que evidenciamos una falta de promoción de libertades Condicionales Ordinarias de oficio, promovidas por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, en lo demás, si le están dando entero cumplimiento al Decreto número cuatrocientos veintiséis emitido el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y ocho por la Asamblea Legislativa y que incluye la Reforma Constitucional que vino a derogar el Art. 48 del código Penal aduciéndose inidoneidad de pertinencia a este cuerpo legal, ya que su naturaleza es de carácter procesal. En ese sentido tal disposición, pasó a ser el Art. 441-a del Código Procesal Penal, que preceptúa la conversión de la detención provisional como un mecanismo favorable al reo; a valorar por imperativo procesal al momento de efectuar el computo de la Pena que establece el Art. 44 de la Ley Penitenciaria previo a la concesión de las Libertades Condicionales ordinarias y anticipadas a internos aplicables.

- Que los Jueces Primero y Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena en los procesos de Otorgamiento de Libertades Condicionales la ejecutan bajo los mismos principios de las vistas orales y públicas y que si le dan entero cumplimiento a lo que preceptúa a este caso los Arts. 327, 325, 329 y 333 todos del Código Procesal Penal y relativos a los principios de publicidad, inmediación oralidad y continuidad.

- Que efectivamente si se efectúan audiencias previas a la celebración de la Audiencia de Concesión del beneficio como lo son la Audiencia Especial de Revisión del beneficio de libertades condicionales.

- Que al momento de la Audiencia de concesión de los mencionados beneficios generalmente no se dan incidentes porque para ello se efectúan estas audiencias previas y en el caso de no presentarse una de las partes se señala la nueva fecha y de reincidir esta ausencia pudiese denegarse el beneficio.

- Que además de las condiciones o reglas que rige las libertades Condicionales preceptuadas en el Art. 79 C.pn., en su numeral cuatro se hace una especie de “atarrayazo”; exponiéndose así Art. 79 numeral 4 C.Pn., cualquier otra que fuese aconsejable conforme a las particulares circunstancias del caso; este numeral deja abierta la posibilidad al Juez o Jueza de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, para que en base a criterios de discrecionalidad pueda sugerir condiciones que requieran intervenciones de ONG’S o instituciones privadas especialistas e identificadas con el tratamiento de internos que sufren adicciones, de severos daños emocionales, etc. A afecto de por medio de un seguimiento Terapéutico-asistencial, el asistido o beneficiario sea rehabilitado.

* Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

- Que atinente a la intervención de este ente del Ministerio Público, debe estar involucrado en velar porque se respeten los derechos humanos al interno, cada vez que se ventilan procesos penitenciarios (principalmente tramites de libertades condicionales), el hecho es que nos llama poderosamente la atención que esta institución tenga una nula intervención, es decir que en las audiencias donde se otorga el beneficio, en cuestión y para documentar nuestra aseveración y para mayor convicción al lector consideramos agregar en los anexos, casos concretos que respaldan nuestra posición.

Por otra parte, lo anteriormente observado se debe a que no obstante ser ente defensor de los derechos humanos no aparecen disposiciones constitucionales ni de la Ley del Ministerio Público que le den carácter obligatorio a la presencia del fenómeno que abordamos.

Sin embargo, su intervención es indispensable para que el interno sea tratado dignamente y que tanto en los centros penales como en sede Judicial, se le observen estrictamente el respeto a sus derechos humanos.

* Que la Procuraduría General de la República si tiene un aceptable protagonismo en la promoción de Libertades Condicionales.

- Que no obstante los defensores públicos en la mayoría de procedimientos de libertades condicionales ordinarios (simples) principalmente, su labor no es del todo exitosa, pues al estudiar diversos expedientes del mencionado en los Juzgados Primero y Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador, la función del defensor público acreditado en éstos tribunales han sido sustituidos por defensores particulares. Podemos aducir que se deba a causa que estos no interponen mayor interés, no es que estemos criticando arbitrariamente, porque no obstante existen defensores públicos que actúan de esta manera, tampoco es norma dentro de esta entidad del Ministerio Público porque hay excepciones donde estos funcionarios obtienen la concesión de beneficios pero que en esta oportunidad se nos manifestó que al momento no se estaba autorizado en proporcionarnos con fines de estudio el resto de expedientes con que cuentan los aludidos tribunales.

* Que la labor actualmente efectúa la Fiscalía General de la República por medio de sus agentes auxiliares fiscales como representantes del Señor Fiscal General de la República y principal el Fiscal Inscrito a los tribunales de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena si tiene un gran protagonismo en todos los procesos de concesión de Libertades Condicionales Ordinarias (simples) y anticipadas, esto, en el marco de que evidenciamos en todos los expedientes estudiados siempre se pronunció sobre el beneficio. Sugiere audiencias de revisión de cómputos de la pena, audiencias revisión de la libertad condicional etc.

- Que si bien es cierto, siempre existe participación del Fiscal Adscrito al Tribunal de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, también es cierto que su actuación siempre va destinada a ver la procedencia e improcedencia de acuerdo a sus criterios que fundamentan o motivan y como sería lógico pensar hasta cierto punto que estos, motiven su oposición apelando también si se concede para ante la Cámara de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, pero como aun no están funcionando están conociendo en esta segunda instancia las Cámaras de lo Penal respectivas y tratan de fundamentar siempre que el beneficiario no merece la concesión de la libertad condicional.

- Que los Fiscales en considerable porcentaje denotan poca investigación, porque su rol no los obliga a estar siempre en contra de la concesión de la Libertad Condicional Ordinaria y Anticipada. Pues, en el marco de la lógica, la Justicia y la razón nos indica que un Fiscal en su intervención rio siempre será la de recurrir al fallo Judicial, desvirtuando, haciendo que se revoque, apelando si es que se concede el beneficio, es decir no debería ser siempre tratar de impugnar para ante organismos colegiados de aplicación penitenciaria, porque si bien es cierto esta es su mayor tendencia, su rol básicamente consiste o estriba en verificar la legalidad del otorgamiento del beneficio y no siempre deberá (por lógica), ser para el Fiscal improcedente y si hablamos que éste verifica la legalidad del beneficio, la mayoría de casos es procedente y así, tiene que manifestárselo a los Jueces cuando existe, como es lógico pensar, previos y suficientes elementos probatorios y elementos Jurídicos, Técnicos y científicos como para que el interno pudiese gozar de Libertades Condicionales Ordinarias o Simples como les llaman los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena; y anticipadas según se presenta el caso.

* Que ciertamente las políticas penitenciarias no se han logrado materializar en su totalidad hasta el momento de la investigación, las diversas carteras de Estado Competentes como lo son Ministerio del Interior, de Justicia y Seguridad Publica, La Dirección General de Centros Penales, El Consejo Criminológico Nacional, El Consejo Criminológico Regional principalmente conducidas por funcionarios competentes, están tratando de mostrar una encomiable voluntad de servicio para hacer que en los términos expresados el sistema progresivo que actualmente se ejecuta en los diversos Centros Penitenciarios de El Salvador, muestre paulatinamente un futuro promisorio como hemos podido denotar el esfuerzo pese a las vicisitudes de diversa índole que están pasando las dependencias administrativas, como las de las aplicaciones Judiciales Penitenciaria que están diríamos en “pañales” y que pese a su carencia hacen su mayor esfuerzo para que el sistema se vaya consolidando y expandiendo la estructura.

Se deben tomar en cuenta las sugerencias prácticas que en seguida nosotros hacemos a las autoridades competentes porque lo que el ciudadano común pudiese pensar es que la coyuntura Penitenciaría no apunta a un futuro promisorio, no obstante nosotros somos de la idea de que si se actúa en los términos que técnica y prácticamente señalamos utópico que pudiese parecer para muchos que el sistema penitenciario vigente supere enormemente las falencias y crisis experimentadas en años anteriores en éste campo, puede ser posible, porque te apostamos al sistema confiamos en las autoridades que lo conducen en el sentido que va aumentando gradualmente la sensibilidad penitenciaria, en lo necesario superar malos precedentes, por ello, consideramos que todo apunta si se le da estricto cumplimiento a la ley y a la voluntad de querer ayudar, a solventar y disminuir el fenómeno penitenciario que representa en el país; es así que al momento la materialización del sistema como lo estatuye el Art. 27 Inc. 3º de la Constitución de la República, no se cumple en su totalidad, tal como lo prescribe la referida disposición, pues, nos es grato vaticinar un buen desarrollo que vendrá a modernizar un poco más, en cuanto a la humanización del tratamiento, régimen, fases penitenciarias, y siempre siendo estrictamente respetuosos de los tratados, convenios, reglas mínimas penitenciarias internacionales de los que la República de El Salvador es parte suscriptora de las leyes secundarias y reglamentos, todos estos que tengan relación al Derecho Penitenciario.

5.2.- Recomendaciones

1.- Al Consejo Criminológico Regional Central

1.1.- Efectuar con mayor periodicidad visitas a los internos en los Centros Penales, a efecto de darle estricto cumplimiento a las funciones establecidas en el Art. 31 L. P.

1.2.- Darle carácter obligatorio al nombramiento de la persona que funja como secretario de los Consejos Criminológicos Regionales, en el sentido de que necesaria e indispensablemente tenga conocimiento jurídico o por lo menos que se encuentre cursando la Carrera de Licenciatura en Ciencias jurídicas y que en la Universidad donde estudie esté legalmente acreditada la materia de Derecho Penitenciaria. Todo ello con el medular propósito de que esta persona sepa asesorar adecuadamente a los parientes de los internos de manera clara y convincente relativo a la situación jurídica, Administrativa y Penitenciaria del beneficiario o asistido. No obstante al momento el Art. 30 de la Ley Penitenciaria, no hace mención de estos requisitos, pero que a través de nuestra investigación hemos detectado estas graves carencias de que no exista un personal con conocimientos Jurídicos Penitenciarios; la disposición que antes relacionamos tampoco lo prohíbe que exijan estos requisitos y que para bien del sistema en lo sucesivo se escuche este llamado a las autoridades competentes.

2.- A los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena.

2.1.- Impulsar y favorecer la aplicación y concesión de Libertades Condicionales de oficio, respetando lo que dice la Ley específicamente en el Art. 51 inciso primero de la ley Penitenciaria cuando se refiere a que “el condenado que reuniere los requisitos previstos en el Código Penal podrán solicitar al Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena se le otorgue la Libertad Condicional. El juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena deberá promover el incidente de oficio, cuando fuere procedente” con lo cual se trata de evitar el exceso de pasividad del Juez en la sustanciación de beneficios por esta modalidad, esta sugerencia surge a raíz de que por medio de nuestras investigaciones pudimos evidenciar la nula promoción por esta instancia, tal sugerencia tiene como propósito de que por medio de la concesión de beneficios Penitenciarios previo a criterios técnico-legales los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y de Elección de la Pena coadyuven a disminuir el hacinamiento, la sobre-población carcelería, la inseguridad dentro de los recintos penitenciarios, la falta de control de la convivencia de los internos, la mala alimentación, el maltrato que les dan las autoridades del centro penal respectivo, a ellos y a su familia la falta de atención médica, la incredulidad y escepticismo en la eficacia del sistema de la administración de justicia como causa principal del problema Penitenciario Nacional.

2.2.- Que los jueces de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, les den estricto cumplimiento a los términos procesales cuando se ventilan beneficios penitenciarios, particularmente libertades condicionales ordinarias (simples) y anticipadas.

3.- A la Corte Suprema de Justicia

3.1.- Que asigne al Departamento de Prueba y Libertad Asistida mayor presupuesto a efecto de que desempeñen mejor sus funciones y en consecuencia amplíen su cobertura a fin de ser más efectiva su labor.

3.2.- Capacitar de forma sistematizada el equipo multidisciplinario del Departamento de Prueba y libertad Asistida en el sentido de que éstos logren un mayor nivel Profesional relativos a el tratamiento de los asistidos porque de ello depende el darle seguimiento a los diversos casos que se les presentan los conduzcan y observen con criterios técnicos científicos, el cumplimiento de las condiciones impuestas por los Jueces de Paz, Instrucción y particularmente las que imponen los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena.

4.- A la Fiscalía General de la República.

4.1.- Impartir capacitación técnica y permanente a los fiscales, instruyéndoseles el sentido de que los Procesos de libertades condicionales que substancien a favor de los internos aplicables. Y que al impugnar éstos beneficios siempre se haga bajo criterios de racionalidad y oportunidad procesal.

5.- A la Procuraduría General de la República

5.1.- Sancione drásticamente a los defensores públicos negligentes y aquellos funcionarios que incurriesen o protejan a los procuradores corruptos previa comprobación de su errónea actuación principalmente en los procedimientos de libertades condicionales en sus dos modalidades.

5.2.- Potencie y coordine la comunicación con todas aquellas instituciones involucradas en el otorgamiento de libertades condicionales y con el desarrollo del sistema penitenciario mismo. A las instituciones que nos referimos son todas aquellas que en esta oportunidad son destinatarias de sugerencias. A efecto de discutir en tomo al sistema penitenciaria vigente, su desarrollo y proponer certeras alternativas de solución especialmente con el fenómeno de los internos que son sujetos de aplicación de beneficios penitenciarios en particular caso, el otorgamiento de libertades condicionales para este sector, en aras de descongestionar el sistema y que a su vez se viabilice el mismo.

6.- Al Órgano Ejecutivo

6.1.- Que apruebe en base a su potestad reglada con carácter de urgencia el Reglamento de la Ley Penitenciaria ya que esta situación representa uno de los mayores obstáculos que está teniendo el sistema penitenciario salvadoreño, porque impide que se desarrolle la Ley a plenitud, obstaculiza las fases penitenciarias, el cumplimiento del régimen penitenciario, clasificación de centros penales y de los internos, etc.

7.- Al Ministerio del Interior, en Particular

7.1.- Promover capacitaciones con expertos en Derecho Penitenciario a todo el personal que labore en las instituciones administrativas del sistema.

7.2.- Incrementar el presupuesto a la dirección General de Centros Penales para que sea ésta la que proporcione mayor presupuesto específico a los Consejos Criminológicos del país, principalmente al Consejo Criminológico Regional Central por ser éste quien trabaja con todos los centros penales de la zona central. Y tiene exceso de expedientes de una gran población de internos que están substanciando Libertades Condicionales ordinarias y anticipada.

8.- A la Dirección de Centros Penales y de Readaptación

8.1.- Impartir permanentemente capacitación en Derecho Penitenciario, Derechos Humanos, Relaciones Públicas y Ética a todo el personal de custodias de los Centros Penales, además de que deben llenar el perfil del artículo 83 de la Ley Penitenciaria.

8.2.- Darle estricto cumplimiento a las funciones que les establece el Art. 21 de la Ley Penitenciaria a fin de mejorar modernizar su labor en el desarrollo del sistema.

8.3.- Mejorar las Relaciones con las otras dependencias Administrativas Penitenciarias.

8.4.- Gestione los fondos necesarios al órgano Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, a ONG'S, para que participen y viabilicen de manera integral para el desarrollo del sistema Penitenciario progresivo.

9.- Al Consejo Nacional de la Judicatura

Que le dé estricto cumplimiento al mandato constitucional (Art. 187 inciso 2º de la Constitución de la República) y en atención al considerando número II, de la ley Orgánica del Consejo Nacional de la judicatura. Se constituye en un órgano independiente, controlador de trabajo de los jueces principalmente de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena que son los que tienen que ver con la concesión de libertades condicionales ordinarias y anticipadas, en el sentido de lograr contribuir a una mejor transparencia en la labor judicial y que si se haga el esfuerzo porque se desarrolle una correcta y sana administración de justicia.

10.- A la Junta Directiva de Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador

En el sentido de que con carácter urgente establezca conveníos con las principales instituciones involucradas en la sustanciación de beneficios penitenciarios a la población interna que aplica y para esto, se designen estudiantes con previas evaluaciones sobre el derecho penitenciario y capacitados sistemáticamente en donde se tenga como fundamental contenido establecer en los acuerdo Interinstitucionales que se celebren una alternativa concreta de prácticas Jurídicas para los estudiantes aptos en donde el trabajo a efectuar se haga de la manera más profesional, y exigentemente posible que a su vez éste, no exceda de un año seis meses y que el estudiante asesorado por un abogado de la República por su puesto haya substanciado una determinada cantidad de libertades condicionales.

11.- Al Consejo Criminológico Nacional

Establecer directrices claras para que verdaderamente se vea la evolución del desarrollo del sistema en cuanto a la clasificación de internos de Centros Penitenciarios, régimen y tratamientos penitenciarios que al momento tratan de darle seguimiento los Consejos Criminológicos Regionales y principalmente el Consejo Criminológico Regional Central. Lo anterior se hace ver porque la momento no hemos observado se le esté dando entero cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 29 No. 3 de la Ley Penitenciario.

12.- A la Sociedad en General

12.1.- Que de acuerdo al Art. 15 de la Ley Penitenciaria, retome un mayor protagonismo en la constitución de patronatos o asociaciones civiles post­-penitenciarios como mecanismos propedéuticos-resocializador in extremis (una vez cumplida la sentencia condenatoria y gozar de plena libertad como el más preciado bien Jurídico).

12.2.- Que se tenga un alto nivel de humanismo para con los ex-condenados, o internos que están promoviendo o gozando libertades condicionales A efecto de apoyarles empleándoles y para que estos se incorporen a la sociedad y a la vida productiva del país.

13.- Al Socorro Jurídico de la Universidad de El Salvador

13.1.- Que retome mayor protagonismo en la asignación de casos o procesos de libertades condicionales a aquel sector de los internos que pueden aplicar al otorgamiento o concesión de este beneficio y que no tiene la solvencia económica como, pagarle honorarios profesionales a los defensores particulares a fin de que se resuelvan su situación jurídica penitenciaria, se les asesore en términos sencillos a los parientes de internos que soliciten sus servicios Jurídicos, se les tome su caso e intervenga en estos de acuerdo a la Ley, y aquellos expedientes con la normativa penal derogada actúen directamente, pero siempre en representación de socorro Jurídico y en la normativa vigente se ventile a través del Director del área Penal de esta Unidad de Asistencia Legal, con ello se logrará en gran medida disminuir el problema carcelario en el país y en consecuencia se estaría coadyuvando a solventar la mora procesal que impera en el sistema de Administración de Justicia.

13.2.- Incrementar el número de horas sociales ganadas para aquellos estudiantes que sustancien beneficios penitenciarios específicamente libertades condicionales.

13.3.- Coordinar capacitaciones periódicas y sistematizadas con los mejores penalistas y penitenciaristas que tiene nuestro país, y catedráticos especialistas de nuestra facultad, que tengan verdadera sensibilidad de querer contribuir con el desarrollo del sistema progresivo, y por formar futuros profesionales en esta área para que con sentido ético y diligentemente ventilen los beneficios penitenciarios ya aludidos.

13.4.- Sancione severamente con revocación de horas sociales para aquel estudiante que lleve libertades condicionales que no actúe de acuerdo a los parámetros legales y disciplinarios, es decir que abandone el proceso sin previa notificación al coordinador del área penal, de esta manera se estaría generando mayor grado de operancia, permitiendo adquirir al socorro Jurídico más proyección social como su primordial cometido y le están dando estricto cumplimiento a su imperativo legal y haciendo méritos a su vasta y reconocida trayectoria de servicio a la comunidad que en otrora fuera este componente de asistencia legal.
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BIBLIOGRAFÍA

AUTORES CONSULTADOS

Consejo General del poder Judicial, España. “La Ejecución de la Sentencia Penal” Cuaderno del Derecho Judicial, Editorial Graffset Año: 1994.

Cuello Calón, Eugenio. “Derecho Penal”, Editorial Bosch, Barcelona 17ª, Edición, 1975, Tomo I.

Cuello Calón, Eugenio. “La Moderna Penología”, Editorial Bosh, Barcelona, 1958.

Diccionario Enciclopédico: El Pequeño Larousse, 1997, 2ª Edición Ediciones Larousse.

Garrido Guzmán, Luis. “Manual de Ciencias Penitenciarias Española”. Editorial Ederse, S.A. 1983.

Iraheta Santamaría, Mauricio Roberto y otros, Función del Fiscal de Vigilancia Penitenciaria. Tesis - UES Derecho. 1999.

Martínez Lázaro, Javier y Racionero Carmona, Francisco. “La Ejecución de la Sentencia Penal”, Publicación de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, 1999.

Morales Ehrlich, José Antonio. Tesis Doctoral. “La Libertad Condicional y su reglamentación en la legislación salvadoreña” Tesis-UES. Derecho.

Mapelli Caferana. Citado en: “Proyecto de Asistencia Técnica a los Juzgados de Paz”, Revista Justicia de Paz. Año II, Vol. I, enero-abril, 1999.

Muñoz Conde, Manuel: Manual de Derecho Penal, Tiranc lo Blanch Editores, Valencia, 1996.

Racionero Carmona, Francisco. “Derecho Penitenciario y Privación de Libertad”. Editorial Dykinson, Madrid, 1999.

Seleilles Raymond, La Individualización de la pena, Editorial hijos de Renus, Argentina, 1914.

LEGISLACIÓN NACIONAL

Constitución de la República (1983)
Ley Penitenciaria (1998)
Código Penal Vigente (1998)
Código Procesal Penal Vigente (1998)
Código Penal de 1974
Ley del Régimen de centros Penales y Readaptación (1973)
Código Penal de 1904
Código Penal de 1882
Código Penal de 1859
Código Penal de 1826

NORMATIVAS INTERNACIONALES CONSULTADA

Proyecto Alternativo Alemán
Código Penal de España
Ley orgánica General Penitenciaria de España
Código Penal de Argentina
Código Penal de Costa Rica
Código Penal de Guatemala
Ley de Redención de Pena de Guatemala
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.