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          El Proceso de Autorización para el Ejercicio de la Abogacia así como el de Investigación de la Conducta Profesional de los Abogados y Notarios es un acto Administrativo realizado por la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento a la facultad otorgada por el Art. 182 atribución 12ª Constitución de la República, siendo la Sección de Investigación Profesional la encargada de darle cumplimiento a tales obligaciones, tal como se comprueba con el Capitulo III Art. 115 y 116 de la Ley Órganica Judicial.

 

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