El notariado es una institución jurídica cuyo ejercicio, de acuerdo con la Ley de Notariado, es una función pública, que confiere a quienes la ejercen, la Fé Pública que es privativa del Estado, que consiste en la potestad de asegurar la verdad de los hechos y actos jurídicos y que en virtud de sus aseveraciones serán tenidos por auténticos, mientras no se demuestre judicialmente su falsedad.

La ley establece que los Notarios, Jueces de Primera Instancia en materia de testamentos y Agentes Diplomáticos y Consulares, podrán ejercer la Función Notarial, consistente en recibir e interpretar la voluntad de las partes dándole forma legal, y en impartir autenticidad a los hechos y actos jurídicos ocurridos en su presencia por medio de la interposición de la Fe Pública.

Como funcionario que ejerce Función pública, sus funciones tienen un doble contenido: en la esfera de los hechos, la exactitud de lo que ve, oye o percibe; y en la esfera del derecho, la autenticidad y fuerza probatoria de las declaraciones de voluntad de las partes, consignada en el instrumento redactado de acuerdo a la ley.

Para cumplir en parte con dicha función, los funcionarios citados hacen uso de su Protocolo, el cual está constituido por libros numerados correlativamente, con el objeto de prolongar la eficacia del documento, hacerlo duradero y preservar su integridad y eficacia probatoria, siendo uno de los principios fundamentales del Notariado Latino, que es el que se practica en El Salvador.

 

 

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