El artículo 217 de la Constitución de 1950 dió base constitucional a la promulgación de la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos decretada el 24 de abril de 1959; La Constitución Vigente consigna en su artículo 240 el mismo contenido de aquella Constitución y las multas aplicables se imponen de acuerdo a la Ley de Procedimiento para la Imposición del Arresto o Multa Administrativa. 

 

Detectar el eventual incremento patrimonial de los funcionarios y empleados públicos, - así como de su grupo familiar -, realizado durante el tiempo de su ejercicio, e iniciar el juicio especial por enriquecimiento ilícito en que se establezca su existencia.

Vigilar la honradez de los funcionarios y empleados públicos, precaviendo, detectando y sancionando el enriquecimiento ilícito en el desempeño de sus funciones, para lo cual le corresponde la aplicación de la Ley sobre El Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.

 

 

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