Para determinar el eventual incremento patrimonial se comparan las declaraciones juradas de patrimonio que están obligados a presentar los funcionarios y empleados públicos al inicio y finalización de sus funciones, comprobándose la veracidad de tales declaraciones y, si del examen de ellas se encontraren indicios de enriquecimiento ilícito, se inicia el juicio correspondiente.

 

 

 

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