La Constitución establece una presunción de existencia de enriquecimiento ilícito, cuando el aumento del capital del funcionario o empleado fuere notablemente superior al que normalmente hubiera podido tener, en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa. Por supuesto, esta presunción puede ser desvirtuada en el juicio demostrando que si existe causa justa del enriquecimiento.

En el curso del juicio son objeto de valoración las condiciones personales del encausado, la cuantía de sus bienes, los ingresos y gastos ordinarios y la ejecución de actos que revelen falta de probidad relacionados con el enriquecimiento.

 

 

 

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