Todo ciudadano tiene la facultad de denunciar ante la Corte Suprema de Justicia, al funcionario o empleado público de quien se sospeche haberse enriquecido a costa de la Hacienda Pública o Municipal, comprometiéndose a señalar la prueba de lo afirmado para no incurrir en difamación.

APLICACIÓN

Todos los funcionarios del aparato estatal y municipal específicamente mencionados en la Ley respectiva y todos los empleados que intervengan en el manejo de fondos públicos cuyo monto promedio mensual sea superior a mil colones.

 

 

 

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