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Vigilar la honradez de los funcionarios y empleados públicos, precaviendo, detectando y sancionando el enriquecimiento ilícito en el desempeño de sus funciones, para lo cual le corresponde la aplicación de la Ley sobre El Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.

El Consejo de Gobierno Revolucionario que asumió el poder el 14 de diciembre de 1948 después del golpe de Estado que derrocó al Presidente Salvador Castaneda Castro, decretó el 20 de diciembre de ese año el Decreto Legislativo Nº 7 de Inmovilización de Bienes Muebles e Inmuebles de Funcionarios Públicos; posteriormente, mediante el Decreto No. 69 de fecha 11 de febrero de 1949 estableció el Tribunal de Probidad cuya finalidad era poder reintegrar el dinero que funcionarios y empleados públicos habían obtenido sin causa justa de la Hacienda Pública.

          
 
 
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