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La Unidad de Género fue creada como Unidad Asesora especializada en el área de los derechos humanos de las mujeres; a partir del día 15 de junio de 2006, por Acuerdo de Corte Plena, máxima autoridad del Órgano Judicial, a su vez se instituyó la Comisión de Género como ente rector del quehacer técnico organizacional de la unidad para la incorporación del enfoque de género en el referido Órgano del Estado. La unidad es un mecanismo institucional para contribuir desde la tarea fundamental de Administrar Justicia del Órgano Judicial con el adelanto de la condición de la mujer salvadoreña.

La creación de la Unidad de Género como mecanismo institucional siendo un eje importante de la modernización de nuestro Órgano Judicial, no sólo ha fortalecido sustancialmente la capacidad del la Institución para lograr los objetivos estratégicos de la Plataforma de Acción aprobada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995 y la Declaración del Milenio aprobada en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2000, además representa un avance cualitativo que nos ubica a la vanguardia en Latinoamérica en la incorporación de la perspectiva de género en la Administración de Justicia.

Pues, Beijing representa un aprendizaje democrático de primer orden, al poner  en el tapete la responsabilidad de los Estados de incorporar a sus políticas las propuestas de la sociedad civil, particularmente de las mujeres. Por su parte,  los Objetivos del desarrollo del Milenio aprobados por 189 países y firmados por 147 jefes de estado, refiere un consenso global sin precedentes.

En ambos esfuerzos globales, se señala la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la humanidad en el mundo, en áreas de desarrollo, erradicación de la pobreza, paz, seguridad, derechos humanos y democracia, es decir lograr avances en los derechos humanos de todos y todas. Particularmente, se reconoce fundamental para el logro del desarrollo, igualdad y paz el avance de los derechos humanos de la mujer hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mismas como formas efectivas para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades y estimular el desarrollo verdaderamente sustentable. 

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Licda. Maria Deysi Barahona de López
Coordiandora de la Unidad de Género

Así la misma Declaración del Milenio, promete explícitamente “Combatir todas las formas de violencia contra la Mujer y aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), 1979 y, reconfirma el papel central que tiene la igualdad de género a partir de la perspectiva de la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer, Beijing 1995 y otras importantes conferencias internacionales que vale la pena recordar en cada uno de sus aportes, en cuanto a la relación entre pobreza, desarrollo, paz y adelanto de condición de las mujeres así:

  • La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1992, cuando señala que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible.
  • La Declaración de Viena sobre Derechos Humanos, 1993. La Declaración y Programa de Acción de Viena reconoce que la violencia contra las mujeres y las niñas constituyen una grave violación de los derechos humanos.
  • La Conferencia del Cairo sobre Población y Desarrollo, 1994.  Reconoce que los derechos reproductivos son derechos humanos y que la violencia de género es un obstáculo para la salud reproductiva y sexual de las mujeres, la educación y el desarrollo. Convoca a los Estados a implementar la Declaración de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.
  • Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, 1995. Donde entre otros compromisos se decide lograr la igualdad y la equidad entre el hombre y la mujer y reconocer y aumentar la participación y función directiva de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural.

Por su parte, en el ámbito regional, se sumaron a este mandato los resultados de las Cumbres de Presidentes de Tribunales y Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica, especialmente la Sexta Cumbre celebrada en España, 2001, al adoptar el Estatuto de Juez Iberoamericano asumiendo los principios de Equidad y de no Discriminación, y el compromiso de crear instancias que trabajen para la incorporación del enfoque de género en las Administraciones de Justicia.

Y en la Séptima Cumbre que dio como resultado la Declaración de Cancún, 2002, al referirse al “Acceso de las Mujeres a la Justicia” advirtieron la necesidad de implantar una perspectiva de género en el marco general del mejoramiento del acceso de la mujer a la justicia. Subrayaron la importancia de adoptar una Política de Igualdad de Género por parte de las altas jerarquías de los aparatos judiciales y afirmaron la necesidad de promover la igualdad de género como Política Institucional Transversal, en todas las áreas y en todos los niveles, tanto en su organización interna, como en la entrega de servicios judiciales a los ciudadanos/as.

En sus acciones estratégicas precisaron la creación de una Unidad permanente que implemente la Política de Igualdad, ya antes mencionada, luego instaron en la inversión de los recursos de manera prioritaria al servicio de las y los justiciables e identificar y procurar la especialización en áreas del servicio de justicia relacionado con problemáticas de las mujeres, puntualmente mencionaron la violencia doméstica (para nuestro medio violencia intrafamiliar).  Lo anterior, basada en el reconocimiento de las diferencias entre las mujeres y los hombres, y la necesidad de considerarlas en todas las acciones que se ejecuten para garantizar respeto a sus derechos, las oportunidades reales para su pleno desarrollo humano y la voluntad institucional de un verdadero acceso a la justicia.

Por su parte,  las Declaraciones de San Juan de Puerto Rico, Managua Nicaragua y San Salvador de los III, IV y V Encuentros de Magistradas de los más altos Tribunales de las Américas y del Caribe, denominado “Por una Justicia de Género”, en sus preámbulos señalaron que la perspectiva de género visibiliza los efectos de la construcción social de hombres y mujeres y pone al descubierto como el hombre y lo masculino son el referente de lo humano en detrimento de las mujeres y de los valores asociados a lo femenino y sugiere nuevas formas de construir los géneros que no estén basados en la discriminación. 

Igualmente acordaron promover la incorporación e institucionalización de la perspectiva de género y el derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres en la Administración de Justicia, en los ejes de modernización y reformas de los Órganos  Judiciales  y promover Planes Estratégicos que den cuenta a corto, mediano y largo plazo con medidas especificas para erradicar la discriminación, la inequidad y la desigualdad en las relaciones de género.  En el marco de tales acciones deberán ser creados mecanismos institucionales,  como la Unidad de Género.

En otro orden de ideas, es preciso reconocer el valor normativo que estas declaraciones tienen, independientemente de su carácter jurídico de soft law o derecho suave. De acuerdo a Bartolomé Clavero al hablar del valor normativo de las declaraciones adopta criterios adoptados por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas a la Luz del Valor Vinculante y con Vistas a la Mayor Eficacia del Derechos Internacional de los Derechos Humanos y dice que las Declaraciones deben verse en los contextos normativos más amplio de las innovaciones ocurridas en los últimos años en las normas internacionales de derechos humanos; puesto que son normas de derechos humanos basadas en los derechos fundamentales de aplicación universal y elaboradas en los  contextos culturales, económicos, políticos y sociales de los pueblos indígenas, criterios perfectamente aplicables a las  declaraciones sobre los derechos humanos de las mujeres. 

Además en su contenido están vinculadas a Convenios y Pactos de Derechos Humanos es decir, las Declaraciones arriba mencionadas al comprometerse a remover obstáculos que imposibiliten el acceso de las mujeres a la justicia y combatir todas las formas de violencia contra la mujer constituyen un desarrollo expreso de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entre otras. 

Cabe recordar y hacer un reconocimiento especial de su visionaria apuesta por una justicia democrática e inclusiva, que la génesis de este esfuerzo sobre la creación de la Unidad de Género, inició desde el año 2000 con el buen desempeño de la Sala de lo Civil, conformada en aquel momento por las Magistradas Dra. Anita Calderón de Buitrago, Dra. Victoria Marina Velásquez de Avilés y el Magistrado Dr. Mauricio Velasco . Visión que ha sido fortalecida en la actualidad por el Magistrado Dr. Miguel Ángel Cardoza y la magistrada Licda. Mirna Antonieta Perla quienes conforman la Comisión de Género.