LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
II. Que la realidad salvadoreña actual evidencia la necesidad que las víctimas, testigos y otras personas que intervienen en la investigación del delito o en procesos judiciales, así como sus familiares y otras que se encuentran vinculadas con ellas, deben ser protegidas para evitar que sean vulneradas en sus derechos y garantizar la eficacia del juzgamiento.
III. Que para los efectos anteriores es necesario establecer las medidas de protección y atención a las personas a que se refiere el considerando precedente, así como las entidades públicas encargadas de otorgar, dar seguimiento, modificar y suprimir tales medidas, en un marco jurídico que posibilite la implementación de un programa integral de protección para dichas personas, a fin de garantizarles los derechos que a todos los individuos otorga la Constitución.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Gobernación y de los Diputados Ciro Cruz Zepeda Peña, José Antonio Almendáriz Rivas, René Napoleón Aguiluz Carranza, Carlos Mauricio Arias, Elizardo González Lovo, Salomé Roberto Alvarado Flores, Rolando Alvarenga Argueta, Luis Roberto Angulo Samayoa, José Orlando Arévalo Pineda, Efrén Arnoldo Bernal Chévez, Juan Miguel Bolaños Torres, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Isidro Antonio Caballero Caballero. José Ernesto Castellanos Campos, Héctor David Córdova Arteaga, Héctor Miguel Antonio Dada Iréis, Agustín Díaz Saravia, Roberto José D´Aubuisson Murguía, Jorge Antonio Escobar Rosa, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gomero Quintanilla, Vilma García Gallegos de Monterrosa, César Humberto García Aguilera, Nicolás Antonio García Alfaro, Noé Orlando González, Carlos Walter Guzmán Coto, Mariela Peña Pinto, Mauricio Hernández Pérez, José Rafael Machuca Zelaya, Mario Marroquín Mejía, Alejandro Dagoberto Marroquín, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete Navarrete, Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Salvador Rafael Morales, Teodoro Pineda Osorio, Francisco Antonio Prudencio, Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Ileana Argentina Rogel Cruz, Federico Guillermo Ávila Quehl, Héctor Ricardo Silva Argüello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez de Amaya, Oscar Abraham Kattan Milla, José Máximo Madriz Serrano, Alberto Armando Romero Rodríguez, Alba Teresa González de Dueñas, Mario Alberto Tenorio, Rigoberto Trinidad Aguilar, Alexander Higinio Melchor López, Manuel de Jesús Aguilar Sosa, Hipólito Baltazar Rodríguez, Saúl Alfonso Monzón, Oiga Elizabeth Ortiz.
DECRETA, la siguiente:
Capítulo I
Ámbito de Aplicación
Objeto de la Ley
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto regular las medidas de protección y atención que se proporcionarán a las víctimas, testigos y cualquier otra persona que se encuentre en situación de riesgo o peligro, como consecuencia de su intervención en la investigación de un delito o en un proceso judicial.
Sujetos
Art. 2.- Las medidas de protección y atención previstas en la presente Ley, se aplicarán a las víctimas, testigos u otras personas que se encuentren en riesgo o peligro por su intervención directa o indirecta con la investigación de un delito, en un proceso judicial o por su relación familiar, con la persona que interviene en éstos.
Principios
Art. 3.- En la aplicación de la presente Ley, se tendrán en cuenta especialmente los principios siguientes:
b) Principio de Proporcionalidad y Necesidad: Las medidas de protección y atención que se ordenen en virtud de la presente Ley, deberán responder al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria de las mismas, y sólo podrán ser aplicadas en cuanto fueren necesarias para garantizar su seguridad.
c) Principio de Confidencialidad: Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas a que se refiere esta Ley deberá ser reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo, salvo los casos exceptuados por la presente Ley.
Definiciones
Art. 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
b) Medidas de protección. Son las acciones o mecanismos tendentes a salvaguardar la vida, la integridad personal, la libertad, el patrimonio y demás derechos de la persona protegida. Estas medidas pueden ser: Ordinarias, extraordinarias y urgentes.
1) Medidas de protección ordinarias. Son las acciones encaminadas a preservar la identidad y localización de las personas protegidas.
2) Medidas de protección extraordinarias. Son las acciones que brindan seguridad integral a las personas protegidas, de manera temporal o definitiva, por condiciones de extremo peligro o riesgo.
3) Medidas de protección urgentes. Son las medidas ordinarias y extraordinarias que se aplican de manera inmediata y provisional, de acuerdo al riesgo o peligro, y que se brindan mientras se resuelve sobre la aplicación definitiva de las mismas.
c) Medidas de atención. Son aquellas acciones complementarias destinadas a preservar la salud física o mental de las personas protegidas, a satisfacer sus necesidades básicas y a proporcionarles asesoría jurídica oportuna.
Organismos y sus Competencias
Comisión Coordinadora del Sector de Justicia
Art. 5.- La Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, en adelante la Comisión, además de las funciones y atribuciones que le señala su Ley Orgánica será el ente rector del Programa de Protección de Víctimas y Testigos.
Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia
Art. 6.- La Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia, en adelante la Unidad Técnica, además de las funciones y atribuciones que le señala su Ley Orgánica, será el organismo administrador del Programa de Protección de Víctimas y Testigos.
Atribuciones de la Comisión
Art. 7.- La Comisión, en el marco de la presente Ley, tendrá las atribuciones siguientes:
b) Evaluar el desempeño de los organismos intervinientes en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos.
c) Organizar la Unidad Técnica Ejecutiva para garantizar la aplicación de la presente Ley.
d) Crear los Equipos Técnicos Evaluadores que fueren necesarios por razones del servicio.
e) Someter a la aprobación del Presidente de la República los reglamentos que fueren necesarios para facilitar la ejecución de la presente Ley.
f) Conocer y resolver de los Recursos de Revisión que se interpongan en contra de resoluciones de la Unidad Técnica.
g) Las demás que esta Ley y su Reglamento le señalen.
Atribuciones de la Unidad Técnica
Art. 8.- La Unidad Técnica, en el marco de la presente Ley, tendrá las atribuciones siguientes:
b) Conocer las solicitudes de medidas de protección y atención formuladas por el Órgano Judicial, la Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Policía Nacional Civil, y el interesado.
c) Identificar, autorizar, implementar, modificar y suprimir las medidas de protección y atención destinadas a las personas que califiquen para recibir los beneficios del Programa, debiendo considerar para ello el dictamen de los Equipos Técnicos Evaluadores.
d) Organizar, dirigir y administrar los albergues o casas de seguridad, para brindar las medidas a que se refiere la presente Ley.
e) Encomendar, cuando fuere procedente, la ejecución material de las medidas de protección a la Unidad o Departamento correspondiente de la Policía Nacional Civil y, cuando se tratare de testigos privados de libertad, a la Dirección General de Centros Penales.
f) Requerir, cuando el caso lo amerite, a otras instituciones públicas los servicios para el cumplimiento de sus atribuciones, quienes deberán atenderlas en tiempo y forma, guardando la reserva que el caso requiera, so pena de responsabilidad.
g) Informar a las autoridades que hubieren solicitado la protección, sobre la modificación o supresión de todas o algunas de las medidas autorizadas.
h) Realizar pagos, celebrar contrataciones y autorizar erogaciones para el cumplimiento de sus funciones.
i) Proponer la creación de los Equipos Técnicos Evaluadores que fueren necesarios por razones del servicio.
j) Proponer la celebración de convenios de consulta y cooperación y mantener las relaciones a nivel nacional e internacional con organismos e instituciones públicas o privadas, para facilitar el cumplimiento de esta Ley. La Unidad Técnica coordinará con el Ministerio de Relaciones Exteriores lo que fuere pertinente.
k) Las demás que la Comisión, esta Ley y su Reglamento le señalen.
Equipos Técnicos Evaluadores
Art. 9.- La Unidad Técnica estará apoyada por Equipos Técnicos Evaluadores, en adelante Equipos Técnicos, integrados por un miembro representante de la Policía Nacional Civil del nivel ejecutivo, un abogado, un psicólogo y un trabajador social.
A dichos equipos les corresponderá:
b) Recomendar a la Unidad Técnica las medidas de protección y atención que considere técnicamente convenientes para cada caso.
c) Solicitar a las instituciones públicas o privadas la información necesaria para fundamentar con mayor acierto su dictamen.
d) Gestionar la asistencia necesaria para las personas sujetas a protección.
e) Cumplir con las demás actividades que la Unidad Técnica le encomiende.
Clases y Medidas de Protección
Medidas de Protección Ordinarias
Art. 10.- Son medidas de protección ordinarias:
b) Que se fije la sede que designe la Unidad Técnica como domicilio de las personas protegidas, para efectos de citaciones y notificaciones.
c) Que las personas protegidas sean conducidas a cualquier lugar donde hubiere de practicarse alguna diligencia o a su domicilio, de la manera que disponga la Unidad Técnica.
d) Que durante el tiempo que las personas protegidas permanezcan en los lugares en que se lleve a cabo la diligencia, se les facilite un sitio reservado y custodiado.
e) Que las personas protegidas comparezcan para la práctica de cualquier diligencia, utilizando las formas o medios necesarios para imposibilitar su identificación visual.
f) Que la persona protegida rinda su testimonio en ambientes no formales, ni hostiles, y que se grabe su testimonio por medios audiovisuales para facilitar su reproducción en la vista pública cuando sea necesario o la persona no pudiere comparecer.
g) Que se cambie el número telefónico de la persona protegida.
h) Que se impida que la persona protegida sea fotografiada o se capte su imagen por cualquier otro medio.
i) Que se prohíba que cualquier persona revele datos que permitan identificar al protegido.
j) Cualquier otra que estuviere acorde a los principios establecidos en la presente Ley.
Medidas de Protección Extraordinarias
Art. 11.- Son medidas de protección extraordinarias las siguientes:
b) Proporcionar residencia temporal en albergues o lugares reservados.
c) Facilitar el cambio de residencia, lugar de trabajo o centro de estudios.
d) Facilitar la salida del país y residencia en el extranjero de las personas protegidas, cuando las medidas antes señaladas sean insuficientes para garantizar su seguridad. En este caso se podrá considerar la expedición de documentos para una nueva identidad, lo cual será sujeto de un régimen especial.
e) Cualquier otra que estuviere acorde a los principios establecidos en la presente Ley.
Medidas de Atención
Art. 12.- Son medidas de atención las siguientes:
b) Brindar tratamiento médico o psicológico, cuando por sus condiciones socioeconómicas no los pudiere sufragar el protegido. En este caso, podrá gestionarse la atención en las redes hospitalarias públicas o privadas, conservándose rigurosamente las medidas de seguridad y confidencialidad que se consideren pertinentes.
c) Proporcionar los recursos necesarios para el alojamiento, alimentación y manutención en general en los casos de los literales b) y c) del artículo anterior, durante el plazo que la Unidad Técnica estime conveniente, siempre que tales recursos no consistan en dinero en efectivo.
d) Brindar apoyo para la reinserción laboral o escolar.
e) Otorgar asesoría jurídica gratuita.
f) Cualquier otra que estuviere acorde a los principios establecidos en la presente Ley.
Derechos, Obligaciones y Procedimiento
Sección Primera
Derechos y Obligaciones
Derechos
Art. 13.- La persona sujeta a medidas de atención o protección tendrá los siguientes derechos:
b) A recibir un trato digno, con estricto respeto a sus derechos fundamentales.
c) A que se reserve su identidad en los casos establecidos en esta Ley.
d) A recibir asistencia psicológica, psiquiátrica o médica cuando sea necesario.
e) A ser informada sobre el trámite del caso en el cual interviene, ya sea en la fase administrativa o judicial, y especialmente del resultado del mismo.
f) A comunicarse con personas de su grupo familiar o amistades de su confianza, siempre que no se arriesgue su seguridad.
g) A recibir asesoría y asistencia profesional gratuita en todo trámite relacionado con las medidas de protección y atención.
h) A que se gestione una ocupación laboral cuando la medida de protección otorgada implique la separación de su actividad laboral anterior.
i) A que se facilite su permanencia en el sistema educativo, en los casos que se trate de estudiantes.
j) A ser escuchada previo al otorgamiento, modificación o supresión de la medida de protección que se le hubiere conferido.
k) A impugnar las decisiones que a su juicio le ocasionen agravio y que se encuentren relacionadas con las medidas de protección.
l) A prescindir o renunciar de los beneficios del Programa que le hayan sido asignados, en el momento que lo estime conveniente.
Obligaciones
Art. 14.- La persona sujeta a medidas de protección y atención, tendrá las siguientes obligaciones:
b) No divulgar información sobre los lugares de atención o protección de su persona o de otras que están en la misma condición, aun cuando ya no estuviere sujeta al Programa.
c) No revelar ni utilizar información relativa al caso o al Programa para obtener ventajas en su provecho o de terceros.
d) Someterse a las pruebas psicológicas y estudios socio ambientales que permitan evaluar la clase de medida a otorgarle y su capacidad de adaptación a la misma.
e) Someterse al examen y tratamiento respectivo, cuando se trate de prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible.
f) Autorizar cuando sea necesario la práctica de pruebas psicológicas a los menores e incapaces que se encuentren bajo su representación legal o guarda.
g) Atender las recomendaciones que le sean formuladas en materia de seguridad.
h) Abstenerse de concurrir a lugares que impliquen riesgo para la persona protegida.
i) Abstenerse de frecuentar o comunicarse con personas que puedan poner en situación de riesgo su propia seguridad o la de su familia.
j) Respetar los límites impuestos en las medidas de protección y las instrucciones que para tal efecto se impartan.
k) Cumplir las normas establecidas en las medidas de protección y atención que se le han otorgado.
l) Respetar a las autoridades y demás personal encargado de velar por su protección, así como tratarlas con decoro y dignidad.
m) Proporcionar a las autoridades la información que le sea requerida sobre el hecho investigado.
Causales de Exclusión del Programa
Art. 15.- Las personas protegidas podrán ser excluidas del Programa, previo dictamen de los Equipos Técnicos Evaluadores por los motivos siguientes:
b) Negarse a colaborar con la administración de justicia.
c) Realizar conductas que contravengan las decisiones emitidas por la Unidad Técnica.
d) Proporcionar deliberadamente información falsa a los funcionarios o empleados de la Unidad Técnica a fin de ser incluido en el Programa, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente.
Procedimiento
Formas de Iniciación del Procedimiento
Art. 16.- El procedimiento para la aplicación de medidas de protección y atención, podrá iniciarse ante la Unidad Técnica por medio del informe de medidas urgentes a que se refiere el siguiente artículo o mediante solicitud.
Aplicación de Medidas de Protección Urgentes
Art. 17.- Los jueces y tribunales, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional Civil y la Unidad Técnica Ejecutiva, deberán adoptar una o varias medidas de protección urgentes; de acuerdo con el literal b número 3 del Art. 4 de esta ley, en su caso, se informará inmediatamente a la Unidad Técnica.
La Unidad Técnica, dentro del plazo de diez días y previo dictamen de los Equipos Técnicos Evaluadores, confirmará, modificará o suprimirá las medidas de protección urgentes que se hubieren adoptado, notificándolo a la persona interesada y a las autoridades correspondientes.
Solicitud, forma y Contenido
Art. 18.- Los jueces y tribunales, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional Civil y el propio interesado podrán solicitar a la Unidad Técnica en forma verbal o escrita, la aplicación de cualquiera de las medidas ordinarias y extraordinarias y de atención establecidas en la presente Ley.
La solicitud contendrá, en cuanto fuere posible, los datos generales de la persona, la relación sucinta de los hechos, una breve exposición de la situación de peligro que motiva la solicitud, así como cualquier otro elemento que pueda orientar a la Unidad Técnica.
Cuando la solicitud sea verbal, la Unidad Técnica deberá hacerla constar por escrito.
Cuando la persona protegida sea menor de edad, la solicitud podrá ser presentada por su representante legal, la persona que lo tenga bajo su cuidado o por la Procuraduría General de la República, en su caso.
Procedencia de la Solicitud
Art. 19.- Presentada la solicitud, la Unidad Técnica deberá analizar y calificar la procedencia de la misma, debiendo ordenar en su caso a los Equipos Técnicos emitir el dictamen correspondiente.
La resolución que declare improcedente la solicitud, deberá notificarse al peticionario y al propio interesado.
Evaluación
Art. 20.- Los Equipos Técnicos analizarán y evaluarán las condiciones y demás circunstancias de la solicitud o del informe y deberá considerar, para determinar el riesgo o peligro de la persona cuya protección se solicita, entre otros, los aspectos siguientes:
b) Las condiciones de inseguridad del domicilio, lugar de trabajo o de estudio de la persona a proteger.
c) La existencia de amenazas, actos de hostigamiento, seguimiento o intimidación hacia la víctima o testigo.
d) Los demás que pudieren evidenciar la situación de riesgo alegada.
Aplicación de Medidas de Protección Ordinarias y Extraordinarias
Art. 21.- Recibido el dictamen de los Equipos Técnicos, la Unidad Técnica deberá analizar su contenido, resolver sobre la aplicación o no de una o varias de las medidas de protección recomendadas e informar sobre la decisión adoptada.
En todo caso, la resolución que emita la Unidad Técnica será suficientemente motivada.
Duración y Revisión de las Medidas
Art. 22.- Las medidas de protección y atención aplicadas se mantendrán durante el tiempo que persista la situación que las motiva.
La Unidad Técnica ordenará a los Equipos Técnicos, cuando lo considere pertinente, la revisión de las medidas de protección y atención.
Finalización de las Medidas de Protección y Atención
Art. 23.- Las medidas de protección y atención finalizarán por medio de resolución fundada de la Unidad Técnica, previo dictamen de los Equipos Técnicos que determine la extinción del riesgo o peligro.
Las medidas también finalizarán por renuncia expresa de la persona protegida, presentada de forma oral o escrita. En cualquier caso se dejará constancia de las razones que motivan la solicitud.
Cuando la Unidad Técnica resuelva finalizar las medidas de protección y atención, girará las órdenes pertinentes a quienes corresponda para dejarlas sin efecto.
Archivo de Diligencias
Art. 24.- Cuando la Unidad Técnica deniegue las medidas de protección y atención, y no se hubiere interpuesto recurso alguno, ordenará el archivo de las diligencias.
También se ordenará el archivo cuando finalicen las medidas o se excluya del Programa a la persona protegida.
Reserva
Art. 25.- Las diligencias para la aplicación del Programa son confidenciales y únicamente tendrán acceso a ellas las personas que autorice la Unidad Técnica y el juez de la causa, en su caso.
Por consiguiente, queda prohibido difundir o facilitar información que afecte la aplicación y ejecución de las medidas de protección y atención, so pena de incurrir en responsabilidad. Administrativa y/o penal según sea el caso.
Recursos
Revocatoria
Art. 26.- El recurso de revocatoria procederá contra la resolución que otorgue, modifique, deniegue, suprima o finalice las medidas de protección y atención, así como contra la decisión que excluya del Programa a la persona protegida.
El recurso deberá ser interpuesto por los jueces y tribunales, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional Civil o la persona agraviada, mediante escrito dirigido a la Unidad Técnica en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al de la notificación respectiva.
La Unidad Técnica deberá resolver dentro de los tres días siguientes a la presentación del recurso.
Revisión
Art. 27.- Denegada la revocatoria, sólo será admisible el recurso de revisión para ante la Comisión, el cual deberá interponerse en el término de tres días a partir del siguiente al de la notificación de la denegatoria.
El recurso deberá ser resuelto en el plazo de ocho días. Dicha resolución no admitirá otro recurso en sede administrativa.
Actividad Jurisdiccional
Identidad y Declaración de la Persona Protegida
Art. 28.- En el caso de la medida de protección a que se refiere la letra a) del artículo 10 de la presente Ley, la Unidad Técnica informará de manera confidencial al juez de la causa la identidad de la persona protegida, quien deberá mantener los datos en archivo confidencial.
No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, el juez podrá, excepcionalmente, dar a conocer a las partes la identidad de la persona protegida, previa petición debidamente razonada, sólo para efectos del interrogatorio y en circunstancias que no sea observado por el imputado.
La resolución judicial que permita conocer la identidad de la persona protegida, deberá estar fundamentada considerando cualquiera de los aspectos siguientes:
b) Que existan relaciones precedentes entre el testigo y los autores o partícipes del hecho delictivo que hagan innecesaria la medida.
c) Que sea la única prueba existente en el proceso.
Declaración de Persona Protegida Menor de Edad
Art. 29.- Cuando se trate de víctimas menores de edad protegidos por la presente Ley y el imputado sea ascendiente o su tutor, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, persona que hubiere actuado prevaliéndose de la superioridad originada por cualquier relación, el Juez impedirá que el menor declare en presencia del imputado, debiendo éste ser custodiado en una sala próxima y representado por su defensor, a efecto de garantizar la contradicción del testimonio.
Disposiciones Generales
Presupuesto
Art. 30.- De acuerdo a la naturaleza e importancia de sus funciones, la Unidad Técnica, tendrá y ejecutará su propio presupuesto dentro del Ramo de Gobernación. Además, podrá utilizar fondos provenientes de patrimonios creados por leyes especiales, así como otros ingresos o bienes que obtuviere a cualquier titulo.
Suscripción de Acuerdos o Convenios
Art. 31.- Para cumplir con sus atribuciones, la Unidad Técnica podrá celebrar toda clase de acuerdos y convenios en los que se establezcan mecanismos de coordinación, colaboración y concertación con entidades públicas, sociales y privadas, guardándose en todo caso la debida confidencialidad.
Colaboración del Órgano Auxiliar
Art. 32.- Para el cumplimiento y aplicación de la presente Ley, la Unidad Técnica podrá solicitar, cuando sea necesario, el apoyo de la Unidad o Departamento que la Policía Nacional Civil designe.
Deber de Colaboración y Coordinación con otras Instituciones
Art. 33.- Todo funcionario, organismo, institución o dependencia del Estado o de las Municipalidades, están obligados a prestar colaboración y auxilio a la Unidad Técnica en las providencias que ésta dictare para el cumplimiento de la presente Ley, así como suministrarle la información que solicite. Asimismo, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, deberán actuar en forma coordinada con la Unidad Técnica para garantizar una efectiva ejecución del Programa.
Para cumplir con sus atribuciones, la Unidad Técnica podrá contar con la colaboración de grupos de trabajo integrados por representantes de instituciones públicas y, en lo posible, de organizaciones privadas que apoyen el cumplimiento de la presente Ley.
Los grupos de trabajo tendrán carácter consultivo; darán opiniones y sugerencias en los aspectos específicos que les fueren solicitados.
Días y Horas Hábiles
Art. 34.- Para la práctica de las diligencias que en esta Ley se atribuyen a la Unidad Técnica y sus dependencias, todos los días y horas son hábiles, exceptuándose lo relativo a la interposición y trámite de los recursos establecidos.
Albergues o Casas de Seguridad
Art. 35.- La Unidad Técnica deberá contar con albergues o casas de seguridad para cumplir con lo dispuesto en la presente Ley. Un reglamento desarrollará el funcionamiento de estos lugares.
También podrá gestionar con otras instituciones públicas o privadas la utilización de casas, albergues o locales adecuados para los fines de esta Ley.
Aplicación supletoria
Art. 36.- En lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las reglas procesales comunes en lo que fuere compatible con la naturaleza del procedimiento administrativo que por esta Ley se establece.
Derogatoria
Art. 37.- A partir de la vigencia de esta Ley, queda derogado el Capítulo VI-BIS "RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PARA TESTIGOS Y PERITOS" del TITULO V "MEDIOS DE PRUEBA" del LIBRO PRIMERO "DISPOSICIONES GENERALES" del Código Procesal Penal, emitido mediante Decreto Legislativo No. 904, de fecha 4 de diciembre de 1996, publicado en el Diario Oficial No. 11, Tomo 334, del 20 de enero de 1997, y demás preceptos legales contenidos en otros ordenamientos que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Vigencia
Art. 38.- El presente Decreto entrará en vigencia ciento veinte días después de su publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil seis.
CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los once días del mes de mayo del año dos mil seis.