Corte Suprema de Justicia conoce el anteproyecto de Ley del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Coordinación del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ), conoció el anteproyecto de Ley del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, con el propósito de institucionalizar legalmente este servicio y garantizar su permanencia, legitimidad y sostenibilidad.
La magistrada de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del SNFJ, Elsy Dueñas Lovos, expresó: «Este día representa el inicio de una nueva etapa: la de impulsar, desde el ámbito institucional, el proceso de socialización y aprobación de una ley que consolidará al Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales como un pilar esencial de nuestro sistema de justicia».
El anteproyecto de ley es el resultado de un proceso participativo que involucró a funcionarios, actores locales, líderes comunales, quienes, mediante reuniones técnicas y jornadas de validación, brindaron aportes significativos y estratégicos para su elaboración. Esta propuesta cuenta con el acompañamiento de la Misión Internacional de Justicia (IJM), en el marco del programa Fortalecimiento del Sistema de Justicia para Responder a la Violencia contra las Mujeres, Niñez y Adolescencia.
Por su parte, la representante de IJM, Raquel Ramos de Guevara, destacó: «Esta nueva ley será de mucha utilidad para las víctimas y permitirá que el Servicio Nacional de Facilitadores sea finalmente reconocido de manera legal en el país».
Durante la actividad, los consultores, técnicos y representantes de IJM recibieron un reconocimiento por su labor dentro de la comisión encargada de la creación y redacción del anteproyecto de ley.
En los próximos días, se realizará la entrega oficial del documento ante las autoridades de la CSJ, acto que simbolizará la conclusión del proceso de consultoría y marcará el inicio de la etapa para contar con el respaldo legal y jurídico del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales.
San Salvador, 6 de noviembre de 2025.
