Presidente de la Sala de lo Penal expone propuesta de reformas a la Ley Orgánica Judicial para fortalecer la labor jurisdiccional en Chalatenango

El magistrado presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, participó —en calidad de delegado del presidente del Órgano Judicial— en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa, donde presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica Judicial. La propuesta fue impulsada por la Comisión de Modernización del Órgano Judicial, presidida por el magistrado Luis Javier Suárez Magaña.

Durante su intervención, el magistrado Quinteros Espinoza expuso una serie de propuestas orientadas a fortalecer y optimizar la estructura jurisdiccional en el departamento de Chalatenango, entre las cuales destacan:

• El cambio de denominación del actual Juzgado de lo Civil y Mercantil de Chalatenango, que pasaría a llamarse Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de Chalatenango.
• La conversión del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango, manteniendo su sede en esa misma localidad.

Ambos juzgados estarían facultados para conocer procesos y diligencias en materia laboral, así como los regulados por el Código Procesal Civil y Mercantil.

Asimismo, se propone ampliar la competencia territorial del Juzgado de Instrucción de Tejutla y del Juzgado de Instrucción de Chalatenango. Este último asumirá los nuevos casos en materia penal que eran asignados al Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María.

Además, que la carga penal antigua en trámite, incluidos los casos inactivos o suspendidos de dicho juzgado, se distribuyan de manera equitativa entre ambos juzgados.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos institucionales para modernizar la administración de justicia, mejorar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio brindado, a través de una distribución más eficiente y especializada de la carga judicial.

San Salvador, 15 de julio de 2025.