Mesa Judicial

Declaración y Acuerdos Finales Logrados en el marco de la VI Convención Judicial 2013

Al honorable pueblo de El Salvador y a la comunidad internacional, los Magistrados y Magistradas de Segunda Instancia, los Jueces y las Juezas del país, así como los titulares de las diferentes asociaciones de Jueces y Juezas que representan al Demos Judicial salvadoreño, reunidos en la ciudad de San Salvador, capital de  la  República  de  El  Salvador,  el  día  veintisiete  de  noviembre  del  presente  año  y  en  el  marco  de  la Convención Judicial del año 2013, MANIFESTAMOS QUE:

SOMOS CONSCIENTES: de la alta responsabilidad y compromiso que  representa ser juez o jueza en un Estado Constitucional, Democrático y Social de Derecho, a efecto de garantizar a la sociedad salvadoreña su derecho inalienable e irrenunciable a la protección jurisdiccional, de acceso a una pronta y cumplida justicia; que el pueblo salvadoreño merece un servicio judicial eficiente, efectivo, oportuno, transparente e independiente,  que  actúe  con  fundamento  pleno  en  el  respeto  a  los  valores  superiores  y  derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República. 

ESTAMOS CONVENCIDOS: que en una sociedad democrática las transformaciones desde el Estado Legal hacia el Estado Constitucional, Democrático y Social de Derecho son inaplazables e inminentes, que exigen de la institucionalidad del Estado y de manera particular del Órgano Judicial un proceder serio, comprometido, seguro, responsable, decidido hacia una nueva visión de la actuación judicial, que permita reestructurar su marco filosófico, político y jurídico, especialmente en aquellos aspectos que posibiliten la plena garantía de los derechos fundamentales de las personas, y de la sociedad en su conjunto, y del respeto a los principios democráticos y jurídicos de pluralismo, división del poder, equidad, justicia y solidaridad.  

SOMOS CONSECUENTES: con los esfuerzos que otros Órganos o instituciones del Estado actualmente realizan  para  estructurar  estrategias  que  conlleven  al  tratamiento  y  solución  de  los  graves  problemas nacionales,  especialmente  en  el  campo  de  la  criminalidad;  con  el  firme  propósito  de  contribuir  al establecimiento de un marco institucional de entendimiento, que sin perjuicio de la separación efectiva de los Órganos de Gobierno, y en el plano irrestricto del respeto a la independencia judicial, posibilite una  colaboración y coordinación mutua entre éstos, para alcanzar acuerdos que propicien la profundización de la democracia, la justicia y la paz social del país. 

RECONOCEMOS: que las exigencias a la actuación del juez y de la jueza en un Estado Constitucional, Democrático y Social de Derecho son mayores que para el resto de ciudadanos y ciudadanas, y que dichas exigencias tanto constitucionales, legales, administrativas, personales y especialmente éticas, requieren del cambio de muchos paradigmas institucionales e individuales en la búsqueda de la excelencia en la labor jurisdiccional  y  por  ello,  como  muestra  de  buena  voluntad  y  de  autocontención,  hemos  elaborado, consensado, acordado y adoptado nuestro propio Código de Ética Judicial.  

POR TANTO: habiendo analizado los temas centrales de la Sexta Convención Judicial denominada “Independencia y Ética Judicial”, hacemos del conocimiento a los otros Órganos del Estado y autoridades, a todos los integrantes del Poder Judicial, a la comunidad jurídica y académica del país, a los diferentes sectores de la vida nacional, a la comunidad internacional y, especialmente, a toda la sociedad salvadoreña a quienes nos debemos, el contenido de la presente “DECLARACIÓN Y ACUERDOS FINALES LOGRADOS EN EL MARCO DE LA SEXTA CONVENCIÓN JUDICIAL 2013” y que se expresan de la forma siguiente: 

REITERAMOS:  a  la  sociedad  salvadoreña  nuestra  convicción  y  compromiso  de  contribuir decididamente con nuestro actuar independiente, transparente y ético al establecimiento de la justicia y la paz  social  de  nuestro  país  y  a  trabajar  con  mayor  empeño,  ahora  más  que  nunca,  en  la  búsqueda  y consolidación de la institucionalidad, que permita el avance plausible y sostenible del Estado Constitucional, Democrático y Social de Derecho en El Salvador.  

INSTAMOS: a los demás Órganos e instituciones del Estado a que, dentro de un ambiente de buena fe, armonía, coordinación y franco respeto a la independencia del Poder Judicial y a la separación de poderes, integremos nuestros esfuerzos con el propósito decidido de encontrar soluciones reales y respetuosas de los derechos fundamentales de las personas, a los problemas que afectan gravemente a nuestro país.

EXHORTAMOS: a los actores políticos de El Salvador a que, con iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, elaboren los estudios adecuados que permitan establecer las bases para la reestructuración del Gobierno Judicial, que deberá estar cimentado en una mayor participación del Demos Judicial en la toma de decisiones sobre aspectos que guardan estrecha relación con la carrera judicial y la administración de justicia.  

SOLICITAMOS: a la Corte Suprema de Justicia su apertura para la aprobación e implementación de los mecanismos jurídicos y logísticos a efectos de que la Mesa Judicial se convierta en una estructura consultiva y propositiva de carácter institucional que cuente con facultades de deliberación, decisión y ejecución en temáticas y asuntos propios de la carrera judicial, políticas judiciales y del Poder Judicial, en general; además reiteramos, como en otras convenciones judiciales, la necesidad de creación de una relatoría especial sobre Independencia Judicial al seno del Órgano Judicial.  

DEMANDAMOS NUEVAMENTE: a la Corte Suprema de Justicia que todo proceso de modernización del Sistema Judicial, como cualquier proceso de transformación democrático, se realice en consulta con el Demos  Judicial,  incluyendo  aquellos  procesos  que  ya  se  encuentran  en  ejecución,  con  el  propósito  de escuchar a los actores implicados, a fin de garantizar la Independencia Judicial, su eficacia y concordancia con la realidad institucional. Comprometiéndonos como Jueces y Juezas a garantizar a la ciudadanía luchar para que  cualquier  proceso  de  modernización,  no  entorpezca  el  derecho  de  los  justiciables  a  la  protección jurisdiccional y el acceso a la justicia más cercano a su comunidad. 

NOS  COMPROMETEMOS:  a  cumplir  los  principios  y  exigencias  contenidos  en el  Código  de  Ética Judicial recién validado y asumimos desde este momento frente a la sociedad salvadoreña, para propiciar las condiciones necesarias en el espacio judicial que nos corresponde, para que la comunidad salvadoreña tenga la confianza plena en la labor jurisdiccional que ejercemos.

PEDIMOS: a la Corte Suprema de Justicia que a la brevedad posible someta el Código de Ética Judicial a discusión del pleno y su aprobación, el cual formalizará los fundamentos éticos para los jueces y las juezas en su función de brindar a los usuarios del sistema el servicio de calidad que demandan.

Magistrados y Magistradas de Segunda Instancia, Jueces y Juezas de El Salvador.